O documento pede o reconhecimento da extinção da punibilidade de um preso devido à prescrição da pretensão executória. Entre a data do trânsito em julgado da sentença condenatória em 1994 e a prisão em 2010, transcorreram mais de 16 anos, caracterizando a prescrição. O documento argumenta que o Estado perdeu o direito de executar a pena após esse lapso temporal, devendo ser declarada a extinção da punibilidade.
El documento presenta una denuncia penal por difamación agravada contra Cecilia Valenzuela Valencia. Se alega que Valenzuela, a través de sus programas periodísticos, ha realizado reportajes y comentarios con el propósito de lesionar el honor y reputación de Jorge Mufarech. Se detallan 6 instancias específicas entre los años 2003-2004 en las que Valenzuela habría difamado a Mufarech al acusarlo de delitos como encubrimiento y tráfico de influencias, así como calificarlo de "montesinista"
El abogado Rubén Cacique Arevalo presenta varios escritos ante el fiscal adjunto provincial penal del distrito de Campo Verde en representación de José Luis Pacheco García e Iglesia Evangélica Cristiana El Buen Pastor de Pucallpa. En los escritos, designa perito de parte, aporta documentación actualizada a la investigación preliminar sobre el presunto delito de usurpación y daños, y solicita que se realice una constatación fiscal de manera urgente dada la demora.
La demandante solicita al juez que declare consentida la sentencia que reconoció la unión de hecho entre ella y su pareja fallecida, ya que venció el plazo para que la parte contraria presente un recurso. También solicita que se ordene la inscripción de dicha unión de hecho. Adjunta cuatro cédulas de notificación.
El documento presenta dos escritos dirigidos al Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajatambo. El primer escrito interpone una cuestión prejudicial y solicita la suspensión del proceso inmediato hasta que concluya un proceso civil de prorrateo de alimentos. El segundo escrito observa el requerimiento de incoación del proceso inmediato debido a defectos formales y la falta de elementos de convicción, dado que el monto de la pensión alimenticia aún no se ha determinado en el proceso de prorrateo
Este documento presenta un modelo de constitución de una sociedad anónima cerrada sin directorio (S.A.C.) en Perú. Detalla la información de los socios, el capital social, los órganos de gobierno de la compañía (junta general de accionistas y gerencia), y establece las funciones y facultades del gerente general. También incluye un estatuto que regula aspectos como el objeto social, transferencia de acciones, estados financieros y disolución de la sociedad.
MODELO DE DEMANDA DE REIVINDICACIÓN: Se realiza un modelo en el cual verificará los requisitos que debe de observar para este tipo de demandas (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
Este documento presenta una demanda de alimentos ante el juzgado de paz de Yauli, Huancavelica. La demandante solicita una pensión alimenticia de S/ 600 mensuales a favor de sus tres hijos menores de edad cuyo padre es el demandado. Alega que el demandado no ha cumplido con sus obligaciones alimentarias a pesar de contar con los ingresos suficientes para hacerlo. Adjunta documentos que acreditan la paternidad y edad de los menores. Solicita que se declare fundada la demanda.
El documento presenta una denuncia penal por difamación agravada contra Cecilia Valenzuela Valencia. Se alega que Valenzuela, a través de sus programas periodísticos, ha realizado reportajes y comentarios con el propósito de lesionar el honor y reputación de Jorge Mufarech. Se detallan 6 instancias específicas entre los años 2003-2004 en las que Valenzuela habría difamado a Mufarech al acusarlo de delitos como encubrimiento y tráfico de influencias, así como calificarlo de "montesinista"
El abogado Rubén Cacique Arevalo presenta varios escritos ante el fiscal adjunto provincial penal del distrito de Campo Verde en representación de José Luis Pacheco García e Iglesia Evangélica Cristiana El Buen Pastor de Pucallpa. En los escritos, designa perito de parte, aporta documentación actualizada a la investigación preliminar sobre el presunto delito de usurpación y daños, y solicita que se realice una constatación fiscal de manera urgente dada la demora.
La demandante solicita al juez que declare consentida la sentencia que reconoció la unión de hecho entre ella y su pareja fallecida, ya que venció el plazo para que la parte contraria presente un recurso. También solicita que se ordene la inscripción de dicha unión de hecho. Adjunta cuatro cédulas de notificación.
El documento presenta dos escritos dirigidos al Juez del Juzgado de Investigación Preparatoria de Cajatambo. El primer escrito interpone una cuestión prejudicial y solicita la suspensión del proceso inmediato hasta que concluya un proceso civil de prorrateo de alimentos. El segundo escrito observa el requerimiento de incoación del proceso inmediato debido a defectos formales y la falta de elementos de convicción, dado que el monto de la pensión alimenticia aún no se ha determinado en el proceso de prorrateo
Este documento presenta un modelo de constitución de una sociedad anónima cerrada sin directorio (S.A.C.) en Perú. Detalla la información de los socios, el capital social, los órganos de gobierno de la compañía (junta general de accionistas y gerencia), y establece las funciones y facultades del gerente general. También incluye un estatuto que regula aspectos como el objeto social, transferencia de acciones, estados financieros y disolución de la sociedad.
MODELO DE DEMANDA DE REIVINDICACIÓN: Se realiza un modelo en el cual verificará los requisitos que debe de observar para este tipo de demandas (AUTOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
Este documento presenta una demanda de alimentos ante el juzgado de paz de Yauli, Huancavelica. La demandante solicita una pensión alimenticia de S/ 600 mensuales a favor de sus tres hijos menores de edad cuyo padre es el demandado. Alega que el demandado no ha cumplido con sus obligaciones alimentarias a pesar de contar con los ingresos suficientes para hacerlo. Adjunta documentos que acreditan la paternidad y edad de los menores. Solicita que se declare fundada la demanda.
1) Julio Palomar presenta una demanda de interdicto de recobrar contra Domingo Ramírez por haber sido despojado de la posesión de un inmueble que alquilaba. 2) Palomar alega que cumplía con pagar la renta mensualmente pero que el 14 de noviembre, Ramírez ingresó al inmueble con otras personas e impidió la entrada de Palomar. 3) Palomar solicita al juez que ordene a Ramírez restituirle la posesión del inmueble basándose en los artículos
O documento descreve uma contestação trabalhista apresentada por um advogado em nome de uma empresa de cabeleireiros contra uma ex-funcionária. A empresa alega que a reclamante atuava como parceira autônoma e não como empregada, recebendo uma porcentagem dos serviços realizados. Portanto, não existia vínculo empregatício entre as partes e os pedidos da reclamante, como férias e verbas rescisórias, deveriam ser julgados improcedentes.
Francisco Cecchini envió su currículum vitae al Estudio Jurídico Pellegrini para solicitar una pasantía escolar como parte de sus estudios en el Instituto Dr. Abrahán Molina. En su carta, Francisco adjuntó su currículum para que el estudio jurídico pueda revisar sus intereses y habilidades, y solicitó una respuesta a su solicitud.
Escrito judicial de subsanación de la demandaAngel Diaz
Este documento presenta un modelo de escrito judicial para subsanar una demanda que fue declarada inadmisible por el juez. El modelo incluye cuatro secciones: 1) Antecedentes que describen la resolución que declaró inadmisible la demanda, 2) Omisión legal que señala el motivo de la inadmisibilidad, 3) Observaciones en la demanda que detallan las correcciones requeridas, y 4) Subsanación de las observaciones donde se realizan las correcciones solicitadas y se pide que se admita la demanda.
Este documento es un escrito presentado por el abogado Víctor M. Chero Maldonado ante el Presidente de la Sala Corporativa Civil del Santa en Chimbote. El abogado solicita apersonarse en una investigación tutelar a favor de los menores Alan Ronald Arquero González y otros sobre abandono moral y peligro material. También pide 10 minutos para hacer uso de la palabra antes de que se resuelva la apelación en el caso.
Benito Filomeno Tacora Apaza solicita al juez del Juzgado Mixto Constitucional de la Provincia de Azangaro que curse un oficio al demandado para que cumpla con el pago ordenado en la sentencia ejecutoriada, anexando copia de la misma. Solicita además que, de rehusarse el pago, se aplique un apercibimiento de destitución al demandado por incumplimiento de la deuda, de acuerdo a la ley. Finalmente, indica estar exonerado del pago de aranceles judiciales por
En esta Jurisprudencia se desarrolla la institución jurídica del Derecho Administrativo denominada "vía de hecho", se han dado supuestos en los cuales se produce el despido del servidor público sin previa comunicación, situación que nos lleva a la pregunta de si es necesario agotar la vía administrativa en estos casos, con esta jurisprudencia se da respuesta a este asunto, indicándose que no es exigible agotar la vía administrativa (COMPILADOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
El abogado presenta un recurso de hábeas corpus a favor de su defendido Carlos Ramos, quien lleva más de 9 meses en prisión preventiva por un proceso penal por lesiones graves. Argumenta que se ha violado el debido proceso y los plazos máximos de prisión preventiva establecidos en la ley. Solicita que se declare la inmediata libertad de su defendido debido a que no se ha dictado sentencia en más de 9 meses y el delito por el que se le acusa no amerita una prolongación de la prisión preventiva.
El documento presenta una queja y denuncia penal contra el fiscal Oscar Francisco Guerrero Rivera por supuesta infracción disciplinaria e incumplimiento de obligaciones. Se solicita la suspensión preventiva del fiscal mientras se realiza la investigación debido a que sus actos omisivos vulneran la ley y comprometen la legalidad. Se alega que el fiscal ha emitido dictámenes contrarios a la ley y los hechos, lo cual constituye un posible delito de prevaricato. Se pide al jefe de control interno que actúe de acuerdo a la ley
El documento informa que los datos personales proporcionados en el formulario de inscripción para un taller de escritura están sujetos a la Ley de Protección de Datos, y serán utilizados por el Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix para enviar información comercial y sobre sus productos y servicios mediante medios electrónicos. El participante puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contactando al Ayuntamiento por correo electrónico o dirección postal.
Este documento contiene la respuesta de un abogado defensor a una acusación fiscal contra su cliente Jaime Aguilar Terrones por el delito de tráfico ilícito de drogas. El abogado solicita el sobreseimiento de la acusación argumentando que la acusación fiscal no cumple con los requisitos legales y que no existen pruebas suficientes para vincular a su cliente con el delito. Observa que la acusación carece de detalles sobre las circunstancias del hecho y la participación específica de su cliente.
Modelo de apersonamiento, fijación de nuevo domicilio procesal y solicitud d...JasonFelipeArpasiZig1
El documento es un modelo de apersonamiento, fijación de nuevo domicilio procesal y solicitud de reparación civil presentado ante un juzgado penal de Lima. El procurador público especializado se apersona en representación del Ministerio del Interior en una causa penal contra un sentenciado que no ha pagado la reparación civil. Solicita que se requiera al sentenciado el pago de la reparación civil de S/200 establecida en la sentencia y delega su representación a varios abogados.
As autarquias possuem posição jurídica equivalente à administração direta do Estado, embora limitada à sua área de atuação. Seus procedimentos financeiros e regime pessoal seguem as mesmas regras da administração direta e seus bens, atos e contratos são tratados como bens e atos públicos. Sua responsabilidade por danos a terceiros também é equivalente à do Estado.
Extinção da Punibilidade (Teoria Geral da Pena - Direito Penal II)Helíssia Coimbra
Brasileiro apenado com morte na Indonésia
https://www.youtube.com/watch?v=yhoHQ-FCCso
* Não preocupem - se com as falhas no decorrer da visualização, pois elas não aparecerão após efetuar o download.
O documento descreve os crimes contra a liberdade individual no Código Penal brasileiro, incluindo constrangimento ilegal, ameaça e sequestro e cárcere privado. Ele define esses crimes, especifica os bens jurídicos protegidos, elementos dos tipos penais e qualificadoras.
I. O documento descreve as competências do serviço de assistência social no sistema penitenciário brasileiro, incluindo acompanhar diagnósticos médicos, orientar presos e familiares, e promover atividades de recreação.
II. Também define os principais órgãos da execução penal no Brasil, como o Conselho Nacional de Política Criminal, o Departamento Penitenciário Nacional e o Juiz de Execução, e resume suas atribuições e características.
III. Por fim, lista outros atores como o Ministério Público, a Def
O documento discute a evolução da pena e dos sistemas prisionais no Brasil e em Rondônia, além de propor melhorias para uma Vara de Execução Penal. Apresenta a realidade do sistema penitenciário brasileiro e rondoniense, identificando problemas como superlotação e violência. Realiza estudo sobre a Vara de Execução Penal de Porto Velho, analisando sua estrutura e processos. Conclui que o Juiz deve ter atuação fiscalizadora para assegurar a recuperação social dos presos.
A empresa está enfrentando desafios financeiros devido à queda nas vendas e precisa cortar custos. O diretor financeiro recomenda demitir funcionários para economizar em folha de pagamento ou negociar reduções salariais para evitar demissões.
Este documento resume as principais teorias e características da pena no direito penal brasileiro. A pena é definida como um mal imposto pelo Estado ao delinquente por meio da justiça criminal em razão do delito. As principais teorias da pena são: a teoria absoluta/retributiva, que vê a pena como punição proporcional ao mal causado; a teoria relativa/utilitária, que enfatiza a prevenção de novos crimes; e a teoria mista/eclética, que combina os aspectos punitivo e
O documento discute o conceito de pena no direito penal brasileiro, as características e tipos de penas previstas no Código Penal, assim como os direitos e deveres dos condenados e as finalidades da pena. Além disso, aborda brevemente a história da pena e analisa a realidade do sistema prisional brasileiro, concluindo que o mesmo se encontra falido por não alcançar sua finalidade de ressocialização.
O documento descreve as diferentes espécies de penas no Brasil de acordo com a Constituição e o Código Penal, incluindo penas privativas de liberdade como reclusão e detenção, e seus respectivos regimes fechado, semi-aberto e aberto. Também discute critérios para a progressão de regime e decisões judiciais sobre o tema.
1) Julio Palomar presenta una demanda de interdicto de recobrar contra Domingo Ramírez por haber sido despojado de la posesión de un inmueble que alquilaba. 2) Palomar alega que cumplía con pagar la renta mensualmente pero que el 14 de noviembre, Ramírez ingresó al inmueble con otras personas e impidió la entrada de Palomar. 3) Palomar solicita al juez que ordene a Ramírez restituirle la posesión del inmueble basándose en los artículos
O documento descreve uma contestação trabalhista apresentada por um advogado em nome de uma empresa de cabeleireiros contra uma ex-funcionária. A empresa alega que a reclamante atuava como parceira autônoma e não como empregada, recebendo uma porcentagem dos serviços realizados. Portanto, não existia vínculo empregatício entre as partes e os pedidos da reclamante, como férias e verbas rescisórias, deveriam ser julgados improcedentes.
Francisco Cecchini envió su currículum vitae al Estudio Jurídico Pellegrini para solicitar una pasantía escolar como parte de sus estudios en el Instituto Dr. Abrahán Molina. En su carta, Francisco adjuntó su currículum para que el estudio jurídico pueda revisar sus intereses y habilidades, y solicitó una respuesta a su solicitud.
Escrito judicial de subsanación de la demandaAngel Diaz
Este documento presenta un modelo de escrito judicial para subsanar una demanda que fue declarada inadmisible por el juez. El modelo incluye cuatro secciones: 1) Antecedentes que describen la resolución que declaró inadmisible la demanda, 2) Omisión legal que señala el motivo de la inadmisibilidad, 3) Observaciones en la demanda que detallan las correcciones requeridas, y 4) Subsanación de las observaciones donde se realizan las correcciones solicitadas y se pide que se admita la demanda.
Este documento es un escrito presentado por el abogado Víctor M. Chero Maldonado ante el Presidente de la Sala Corporativa Civil del Santa en Chimbote. El abogado solicita apersonarse en una investigación tutelar a favor de los menores Alan Ronald Arquero González y otros sobre abandono moral y peligro material. También pide 10 minutos para hacer uso de la palabra antes de que se resuelva la apelación en el caso.
Benito Filomeno Tacora Apaza solicita al juez del Juzgado Mixto Constitucional de la Provincia de Azangaro que curse un oficio al demandado para que cumpla con el pago ordenado en la sentencia ejecutoriada, anexando copia de la misma. Solicita además que, de rehusarse el pago, se aplique un apercibimiento de destitución al demandado por incumplimiento de la deuda, de acuerdo a la ley. Finalmente, indica estar exonerado del pago de aranceles judiciales por
En esta Jurisprudencia se desarrolla la institución jurídica del Derecho Administrativo denominada "vía de hecho", se han dado supuestos en los cuales se produce el despido del servidor público sin previa comunicación, situación que nos lleva a la pregunta de si es necesario agotar la vía administrativa en estos casos, con esta jurisprudencia se da respuesta a este asunto, indicándose que no es exigible agotar la vía administrativa (COMPILADOR: JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
El abogado presenta un recurso de hábeas corpus a favor de su defendido Carlos Ramos, quien lleva más de 9 meses en prisión preventiva por un proceso penal por lesiones graves. Argumenta que se ha violado el debido proceso y los plazos máximos de prisión preventiva establecidos en la ley. Solicita que se declare la inmediata libertad de su defendido debido a que no se ha dictado sentencia en más de 9 meses y el delito por el que se le acusa no amerita una prolongación de la prisión preventiva.
El documento presenta una queja y denuncia penal contra el fiscal Oscar Francisco Guerrero Rivera por supuesta infracción disciplinaria e incumplimiento de obligaciones. Se solicita la suspensión preventiva del fiscal mientras se realiza la investigación debido a que sus actos omisivos vulneran la ley y comprometen la legalidad. Se alega que el fiscal ha emitido dictámenes contrarios a la ley y los hechos, lo cual constituye un posible delito de prevaricato. Se pide al jefe de control interno que actúe de acuerdo a la ley
El documento informa que los datos personales proporcionados en el formulario de inscripción para un taller de escritura están sujetos a la Ley de Protección de Datos, y serán utilizados por el Ayuntamiento de San Agustín del Guadalix para enviar información comercial y sobre sus productos y servicios mediante medios electrónicos. El participante puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición contactando al Ayuntamiento por correo electrónico o dirección postal.
Este documento contiene la respuesta de un abogado defensor a una acusación fiscal contra su cliente Jaime Aguilar Terrones por el delito de tráfico ilícito de drogas. El abogado solicita el sobreseimiento de la acusación argumentando que la acusación fiscal no cumple con los requisitos legales y que no existen pruebas suficientes para vincular a su cliente con el delito. Observa que la acusación carece de detalles sobre las circunstancias del hecho y la participación específica de su cliente.
Modelo de apersonamiento, fijación de nuevo domicilio procesal y solicitud d...JasonFelipeArpasiZig1
El documento es un modelo de apersonamiento, fijación de nuevo domicilio procesal y solicitud de reparación civil presentado ante un juzgado penal de Lima. El procurador público especializado se apersona en representación del Ministerio del Interior en una causa penal contra un sentenciado que no ha pagado la reparación civil. Solicita que se requiera al sentenciado el pago de la reparación civil de S/200 establecida en la sentencia y delega su representación a varios abogados.
As autarquias possuem posição jurídica equivalente à administração direta do Estado, embora limitada à sua área de atuação. Seus procedimentos financeiros e regime pessoal seguem as mesmas regras da administração direta e seus bens, atos e contratos são tratados como bens e atos públicos. Sua responsabilidade por danos a terceiros também é equivalente à do Estado.
Extinção da Punibilidade (Teoria Geral da Pena - Direito Penal II)Helíssia Coimbra
Brasileiro apenado com morte na Indonésia
https://www.youtube.com/watch?v=yhoHQ-FCCso
* Não preocupem - se com as falhas no decorrer da visualização, pois elas não aparecerão após efetuar o download.
O documento descreve os crimes contra a liberdade individual no Código Penal brasileiro, incluindo constrangimento ilegal, ameaça e sequestro e cárcere privado. Ele define esses crimes, especifica os bens jurídicos protegidos, elementos dos tipos penais e qualificadoras.
I. O documento descreve as competências do serviço de assistência social no sistema penitenciário brasileiro, incluindo acompanhar diagnósticos médicos, orientar presos e familiares, e promover atividades de recreação.
II. Também define os principais órgãos da execução penal no Brasil, como o Conselho Nacional de Política Criminal, o Departamento Penitenciário Nacional e o Juiz de Execução, e resume suas atribuições e características.
III. Por fim, lista outros atores como o Ministério Público, a Def
O documento discute a evolução da pena e dos sistemas prisionais no Brasil e em Rondônia, além de propor melhorias para uma Vara de Execução Penal. Apresenta a realidade do sistema penitenciário brasileiro e rondoniense, identificando problemas como superlotação e violência. Realiza estudo sobre a Vara de Execução Penal de Porto Velho, analisando sua estrutura e processos. Conclui que o Juiz deve ter atuação fiscalizadora para assegurar a recuperação social dos presos.
A empresa está enfrentando desafios financeiros devido à queda nas vendas e precisa cortar custos. O diretor financeiro recomenda demitir funcionários para economizar em folha de pagamento ou negociar reduções salariais para evitar demissões.
Este documento resume as principais teorias e características da pena no direito penal brasileiro. A pena é definida como um mal imposto pelo Estado ao delinquente por meio da justiça criminal em razão do delito. As principais teorias da pena são: a teoria absoluta/retributiva, que vê a pena como punição proporcional ao mal causado; a teoria relativa/utilitária, que enfatiza a prevenção de novos crimes; e a teoria mista/eclética, que combina os aspectos punitivo e
O documento discute o conceito de pena no direito penal brasileiro, as características e tipos de penas previstas no Código Penal, assim como os direitos e deveres dos condenados e as finalidades da pena. Além disso, aborda brevemente a história da pena e analisa a realidade do sistema prisional brasileiro, concluindo que o mesmo se encontra falido por não alcançar sua finalidade de ressocialização.
O documento descreve as diferentes espécies de penas no Brasil de acordo com a Constituição e o Código Penal, incluindo penas privativas de liberdade como reclusão e detenção, e seus respectivos regimes fechado, semi-aberto e aberto. Também discute critérios para a progressão de regime e decisões judiciais sobre o tema.
PRIMEIRO: O documento discute as finalidades da pena, princípios e direitos da Lei de Execução Penal. SEGUNDO: Apresenta os regimes de cumprimento de pena, progressão de regime e o regime disciplinar diferenciado. TERCEIRO: Aborda a competência do juiz da execução penal e os deveres e direitos dos presos.
1) O documento discute questões prejudiciais e exceções no processo penal brasileiro. 2) Questões prejudiciais são questões de fato ou direito que devem ser analisadas antes da questão principal do processo. 3) As principais exceções discutidas são suspeição, incompetência e ilegitimidade.
1) A sentença é a decisão final do juiz que soluciona o conflito trazido ao judiciário, decidindo ou não sobre o mérito da causa.
2) A sentença deve conter relatório, fundamentação e parte dispositiva. A falta de qualquer um desses requisitos gera nulidade absoluta.
3) Existem sentenças condenatórias, quando se julga procedente a acusação, e sentenças absolutórias, quando se julga improcedente a pretensão punitiva.
Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas llamadas monómeros. Existen polímeros naturales, semisintéticos y sintéticos. Los polímeros se clasifican según su origen, mecanismo de polimerización, composición, aplicaciones y comportamiento térmico.
Este documento resume os principais pontos do Direito Penal brasileiro, incluindo a aplicação da lei no tempo e espaço, os elementos constitutivos do crime, as figuras penais como homicídio, lesão corporal e roubo, assim como as penas privativas de liberdade.
Estructura y propiedades de los polimerosalex45360
Un polímero está formado por la unión de moléculas pequeñas llamadas monómeros. Los homopolímeros contienen un solo tipo de monómero, mientras que los copolímeros contienen dos o más tipos diferentes. Existen diferentes tipos de polímeros según la estructura de la cadena, como lineales, ramificados o entrecruzados.
contos de histórias infantis,para trabalhar com alunos de uma sala de AEE ,alunos especiais que estão inclusos no ensino regular, o conto de histórias é muito rico,com eles desenvolvemos a oralidade,a atenção, a escrita ,leitura , imaginação, enfim um momento gostoso na aprendizagem
1. O documento discute os princípios e conceitos fundamentais do Direito Penal, incluindo a legalidade, as finalidades do Direito Penal, o Direito Penal objetivo e subjetivo e os princípios constitucionais do Direito Penal.
2. É apresentada a definição de Direito Penal segundo uma perspectiva formal e sociológica. Também são descritas as teorias funcionalistas sobre as finalidades do Direito Penal.
3. São explicados conceitos como legalidade, anterioridade, reserva legal, entre outros, assim como exce
1) O documento é um pedido de habeas corpus impetrado por um advogado em nome de seu cliente, que está preso. 2) O cliente foi condenado há mais de 16 anos por roubo e apropriação indébita, porém a pena prescreveu devido ao longo tempo decorrido. 3) O advogado pede que seja reconhecida a extinção da punibilidade do cliente em virtude da prescrição da pretensão executória.
O documento é um pedido de habeas corpus impetrado por um advogado em favor de seu cliente preso. O advogado alega que (1) seu cliente foi condenado à revelia em 1994 por supostos crimes de estelionato e falsidade ideológica, (2) desde o trânsito em julgado da sentença em 1994 até a prisão em 2010 transcorreram mais de 16 anos, caracterizando a prescrição da pretensão executória, e (3) portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do cliente.
Este documento é uma representação por excesso de prazo movida perante o Conselho Nacional de Justiça contra um órgão do Poder Judiciário. O requerente alega que um processo em que é parte se encontra com prazo excedido de forma injustificada, em violação à razoável duração do processo e aos deveres funcionais dos magistrados. Solicita a apuração dos fatos e aplicação das sanções cabíveis.
1. O documento descreve uma decisão judicial em um processo criminal contra Rubens Moreira Mendes Filho e José de Carvalho Filho, acusados de crimes de corrupção.
2. A defesa de Rubens alega prescrição da pretensão punitiva do Estado, mas o juiz rejeita este argumento.
3. O juiz também rejeita os argumentos da defesa sobre ausência de justa causa e inépcia da denúncia.
O documento trata de uma ação judicial movida pelo Estado de Pernambuco contra o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco (SINTEPE). O Estado alega que a greve deflagrada pelo sindicato em abril de 2015 é ilegal e abusiva, uma vez que o Estado já teria cumprido a lei federal que estabelece o piso salarial nacional para professores. O juiz analisa os argumentos do Estado e entende existirem indícios suficientes para conceder liminarmente a suspensão da gre
O documento é uma exceção de incompetência apresentada por um advogado em uma ação de cobrança movida no Juizado Especial Cível. O advogado argumenta que o autor da ação não tem legitimidade para propor a ação, pois os cheques cedidos eram de uma pessoa jurídica, o que não é permitido no Juizado Especial. Sendo assim, pede a declaração de extinção do processo sem julgamento do mérito.
O advogado apresenta uma exceção de incompetência territorial alegando que o juízo não tem competência para julgar o caso, uma vez que existem outros processos relacionados tramitando na Justiça Federal. Além disso, argumenta que a queixa-crime foi apresentada fora do prazo decadencial de 6 meses previsto em lei.
Este documento é uma reclamação disciplinar apresentada ao Conselho Nacional de Justiça contra um magistrado ou funcionário do poder judiciário. A reclamação descreve os fatos ocorridos, os fundamentos legais e pede a abertura de um processo administrativo disciplinar para apurar os fatos e aplicar as penalidades cabíveis de acordo com a lei.
O documento descreve uma ação judicial movida para obter a restituição de valores de PIS e COFINS pagos indevidamente sobre importações. O Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional a inclusão do ICMS na base de cálculo dessas contribuições para importações. Com base nisso, a autora pede a devolução dos valores pagos a mais.
Civel ação ordinária de cumprimento de contrato cc obrigação de fazerConsultor JRSantana
Este documento descreve uma ação judicial movida por um casal de agricultores contra outro agricultor. Os autores compraram terras do réu mediante contrato que previa pagamento parcelado e escritura definitiva após inventário judicial. Após pagarem parte do valor, os autores querem depositar o restante em juízo e receber a escritura, mas o réu se recusa a dar prosseguimento ao inventário sem receber o saldo. Os autores pedem que o juiz aceite o depósito e condene o réu a cumprir o contrato sob pen
O documento trata de um recurso extraordinário contra uma decisão judicial que negou seguimento a embargos infringentes. O resumo argumenta que o recurso extraordinário deve ser inadmitido por falta de prequestionamento, uma vez que a questão jurídica não foi decidida na instância anterior. Além disso, os embargos infringentes eram inadmissíveis dado que a sentença de primeira instância foi mantida, não havendo reforma do mérito do julgado.
O documento trata de uma ação civil pública movida contra dois réus por atos de improbidade administrativa. O Ministério Público rebate as preliminares de inépcia e prescrição alegadas pelos réus e argumenta que: 1) A petição inicial preencheu os requisitos legais; 2) A prescrição não ocorreu dado que os réus ainda respondem ação penal pelos mesmos fatos; 3) As alegações de mérito não impedem o recebimento da ação.
(1) O documento é um recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça que reformou sentença concedendo mandado de segurança a uma professora. (2) Alega-se divergência jurisprudencial sobre o direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso público. (3) Pede-se que seja conhecido o recurso especial e reformada a decisão do Tribunal de Justiça.
1) O Supremo Tribunal Federal analisou um recurso extraordinário questionando o índice de correção monetária aplicado a precatórios.
2) Foi reconhecida a parcial procedência do recurso, uma vez que o acórdão recorrido divergia da jurisprudência do STF que declarou inconstitucional parte da lei que estabelecia o índice de correção.
3) Quanto ao índice específico a ser aplicado, o STF entendeu ser matéria a ser decidida pelo tribunal de origem, demand
O documento trata de uma ação movida contra o INSS para revisão de benefício previdenciário. A juíza julgou procedente o pedido reconhecendo a aplicação dos novos tetos previdenciários estabelecidos pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 ao benefício do autor.
O documento é uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público contra José Ribamar Souza Moraes, prefeito de Guarinos-GO, para execução de título extrajudicial emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. O Tribunal constatou irregularidades na aquisição de combustíveis para a Polícia Militar e impôs ao prefeito um débito de R$15.887,86, que ele não pagou. O Ministério Público pede que ele seja citado para pagar o valor atualizado ou ter b
O documento é uma resposta à acusação de um processo por crime de ameaça. O advogado argumenta que (1) o acusado estava transtornado e possivelmente sob efeito de drogas durante o incidente, (2) as partes envolvidas já se conheciam e tiveram negócios anteriores, (3) não há provas de que houve intenção específica de ameaçar ou intimidar a vítima.
A recusa do ministro Moraes contraria o entendimento do STFMarcelo Auler
O documento é um recurso de agravo regimental interposto contra decisão judicial que determinou a remoção de matérias jornalísticas publicadas pelo agravante em seu blog. O agravante alega que as matérias tratavam de assuntos de interesse público relacionados à atuação de uma delegada de polícia federal na Operação Lava Jato e que a decisão impôs censura ao seu trabalho jornalístico. Solicita que o recurso seja recebido e o pedido da delegada indeferido.
Liminar de Fux autoriza pagamento de auxílio-moradia a todos os juízes federaisR7dados
1) Juízes federais entraram com ação contra a União requerendo o reconhecimento do direito à ajuda de custo para fins de moradia prevista na Lei Orgânica da Magistratura Nacional.
2) O relator deferiu parcialmente o pedido de antecipação de tutela e reconheceu a competência do STF para julgar o caso.
3) O relator concordou com o parecer do Procurador-Geral da República no sentido de reconhecer o direito dos juízes à ajuda de custo para fins de moradia prevista em
O documento é um pedido de revisão criminal feito por um advogado ao Tribunal de Justiça. Ele alega que houve erro judiciário na condenação do réu pois o juiz não aplicou corretamente o artigo 44 do Código Penal sobre substituição da pena. Além disso, o tribunal omitiu-se sobre a prescrição de um dos delitos e não motivou adequadamente a decisão sobre a fixação da pena. O advogado pede a revisão da sentença com base nesses argumentos.
O documento é um recurso de apelação interposto por advogado em processo previdenciário. Nele, o advogado (1) resume a ação inicial e a sentença recorrida que negou o pedido de pensão por morte, (2) alega que o de cujus já tinha recolhimentos previdenciários anteriores e que a sentença foi omissa em analisar esses argumentos, e (3) requer o recebimento do recurso e sua procedência para reformar a sentença e conceder a pensão por morte.
O documento descreve uma ação de execução onde os executados alegam que a dívida já foi paga. O motivo da manifestação é porque a defesa dos executados não consegue acessar os autos originais físicos, que foram digitalizados de forma incorreta pelo cartório misturando com outra ação, deixando os autos incompletos e impedindo o exercício da ampla defesa.
O documento apresenta contrarrazões de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça que manteve sentença condenando o recorrente a pagar dívida de cartão de crédito. O autor alega que o recurso extraordinário deve ser inadmitido por falta de demonstração da necessária repercussão geral, conforme exigido pela Constituição.
O documento é uma contestação trabalhista que:
1) Alega que a reclamante foi contratada como ajudante de cozinha e não como cozinheira como alegado.
2) Apresenta holerites que mostram o registro na carteira de trabalho e salários pagos.
3) Argumenta que a demissão foi a pedido da reclamante e não houve coação.
O documento resume 4 processos relacionados à cobrança de honorários advocatícios por uma advogada contra um município. A ação principal determinou o pagamento de R$85.618,94, valor que subiu para R$94.000 após atualização. Embargos do município foram rejeitados e ele condenado a pagar 10% do valor atualizado, ou R$13.428,17. O documento recomenda providenciar o pagamento desse valor e novo cumprimento de sentença para a quantia principal atualizada.
O documento é um pedido de habeas corpus impetrado perante o STJ. O réu foi condenado por porte ilegal de munição e recorre alegando (1) atipicidade da conduta com base em precedentes do STF e STJ; (2) contradição na sentença quanto à pena aplicada; e (3) falta de fundamentação do acórdão do TJ ao ignorar os precedentes trazidos pela defesa sobre a atipicidade. Pede a revogação do mandado de prisão expedido em segunda instância antes do trânsito em jul
O documento é uma manifestação de defesa de um advogado em um processo por improbidade administrativa. Ele argumenta que (1) o caso prescreveu de acordo com as novas regras da lei, (2) as novas regras devem ser aplicadas retroativamente se forem mais benéficas ao réu, e (3) as novas regras são mais benéficas nesse caso.
Este documento é uma contestação apresentada por uma advogada em uma ação civil pública por improbidade administrativa movida contra sua cliente, uma médica. A contestação alega que (1) não há provas de que a médica descumpriu sua carga horária ou causou danos ao erário, (2) testemunhas confirmam que ela sempre atendeu todos os pacientes, e (3) portanto, a ação deve ser julgada improcedente.
O documento é um pedido de "Agravo de Destrancamento de Recurso Extraordinário" dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Nele, o advogado argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o Recurso Extraordinário anterior violou a Constituição Federal, especialmente os princípios da legalidade, do acesso à justiça e da motivação das decisões. O advogado requer que o Supremo Tribunal Federal admita o Recurso Extraordinário para analisar a alegada inconstitucionalidade da decisão do STJ.
O documento é um pedido de "Agravo de Destrancamento de Recurso Extraordinário" para o Supremo Tribunal Federal. O advogado alega que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o Recurso Extraordinário violou a Constituição Federal, especialmente os princípios da legalidade, do acesso à justiça e da motivação. O advogado argumenta que o recurso foi tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido para garantir os direitos constitucionais dos clientes.
O documento é um recurso especial interposto por advogados perante o Tribunal de Justiça contra decisão que negou gratuidade de justiça a seus clientes. O recurso alega que a decisão contrariou a lei federal ao não intimar os recorrentes a comprovarem sua hipossuficiência financeira antes de indeferir o pedido, conforme determina o Código de Processo Civil. Pede a reforma da decisão para conceder a gratuidade pleiteada.
O documento descreve um recurso contra uma decisão que não conheceu de um agravo de instrumento em recurso especial. O agravante alega que a decisão foi excessivamente formalista ao não reconhecer a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Defende que demonstrou divergência jurisprudencial e prequestionou a matéria, cumprindo os requisitos para o recurso. Pede a reforma da decisão para assegurar o direito de defesa.
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O documento relata um pedido de aposentadoria especial feito por um trabalhador que exerceu atividades de vigilante por muitos anos. O pedido foi negado administrativamente e o caso foi levado à justiça. O documento lista os períodos de trabalho do requerente que ele deseja ver reconhecidos, as provas que pretende produzir como depoimento, testemunhas e documentos, e pede a intimação da empresa para apresentar laudos sobre as condições de trabalho.
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O documento é um agravo de instrumento interposto por XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contra decisão judicial que concedeu liminar de reintegração de posse de imóvel para a parte adversária. Os agravantes alegam que há conexão entre o processo de reintegração de posse e outra ação tramitando em vara diferente, que discute nulidades no contrato de alienação fiduciária do imóvel, devendo portanto o processo ser remetido àquela vara por questões de competência. Pedem a reforma da decisão liminar.
O documento apresenta contrarrazões a um recurso de apelação em uma ação de divórcio litigioso. A recorrida argumenta que (1) o recurso foi tempestivamente apresentado, (2) o juiz de primeira instância analisou corretamente os fatos do caso ao julgar parcialmente procedente os pedidos da autora, e (3) o recorrente não apresentou argumentos válidos para reformar a sentença. Dessa forma, pede que o recurso seja negado.
2125 - Tutela de Urgência na Execução - Atualizado Novo CPC Consultor JRSantana
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2125 - Tutela de Urgência na Execução - Atualizado Novo CPC
Incidente de Execução Penal
1. NOME DO PROFISSIONAL
Advogado OAB/SP _________
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EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA _ª
VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DE _________________/UF.
Execução Penal nº ____________
***************************,
devidamente qualificado nos autos do processo epigrafado, que ora
PRESO na Penitenciária de ************************** no Estado de
***************************************, à disposição da Justiça Pública,
através de seu procurador e defensor subscritor, vem “data máxima
vênia”, ante a honrosa presença de Vossa Excelência, com fundamento
no artigo 61 do Estatuto Processual Penal INTERPOR INCIDENTE DE
EXECUÇÃO PARA O RECONHECIMENTO DE EXTINÇÃO DE
PUNIBILIDADE, em face da ocorrência de prescrição da pretensão
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2. NOME DO PROFISSIONAL
Advogado OAB/SP _________
__________________________________________________
executória, consoante razões de fato e de direito substancialmente
deduzidas nas laudas subsequentes:
RATIO SCRIPTA
NOBRE E INSÍGNE
MAGISTRADO:
O ora reeducando encontra-se
condenado á revelia nos autos do Processo nº ************** da __ª Vara
Criminal da Comarca de *********************/UF, às penas de 9 (nove)
anos e 4 (quatro) meses de reclusão em regime inicial fechado, além de
pena pecuniária, por suposta infringência ao disposto no artigo 157
Parágrafo 2º, incisos I e II cc. art. 288, todos do Código Penal,
consoante sentença transitada em julgado em 17.04.1994, ora em
anexo.
Ocorre que desde o trânsito em julgado
da sentença em 17.04.1994 até a recente data da prisão ocorrida em
05.05.2010, consoante notíciação dos autos do Processo nº
******************* em tramitação perante a __ª Vara Criminal da
Comarca de ____________ no Estado de _______________
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3. NOME DO PROFISSIONAL
Advogado OAB/SP _________
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(consoante docs. em anexo) transcorreram-se, mais de 16
(dezesseis) anos, ininterruptamente, caracterizando-se a
ocorrência da prescrição na modalidade executória, daí sendo
necessário o devido reconhecimento da EXTINÇÃO DE
PUNIBILIDADE, consoante previsto no arcabouço normativo vigente
na República brasileira.
Em que pese Vossa Excelência ter
reconhecido a prescrição da condenação do delito previsto no art.
288 do CP, o que reduziu a condenação em dois anos, verifica-se na
hipótese desses autos, que o delito maior também agora encontra-se
prescrito consoante se verifica dos calculos de pena em apenso nos
autos e portando, inclusive com o reconhecimento do próprio
Ministério Público as fls. 24 do apenso de unificação de penas (docs.
em anexo), consequentemente, sendo necessária ser reconhecida
sua Extinção de Punibilidade, na modalidade de prescrição da
pretenção executória nos moldes previstos no artigo 110 e seguintes
do CP.
Eis a síntese narrada dos fatos.
DO MÉRITO
Na hipótese dos autos é evidente que
entre a data do trânsito em julgado da sentença prolatada que se deu
em 17.04.1994 e a data da prisão ocorrida recentemente em
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4. NOME DO PROFISSIONAL
Advogado OAB/SP _________
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05.05.2010, e estando ausêntes quaisquer causas interruptivas ou
suspensivas, como na espécie dos autos, verifica-se a ocorrência de
prescrição da pretensão executória, acarretando consequentemente de
rigor e imperiosa à necessidade da declaração de extinção da
Punibilidade, em virtude do decurso temporal previsto na legislação
ordinária pertinente, bem como pela ausência de quaisquer causas
interruptivas ou de suspensão, devendo, portanto ser delarada de plano,
como medida de direito.
Com efeito, a referida condenação do
reeducando culminando com seu recolhimento ao sistema prisional
estatal para cumprimento de pena prescrita, constituem violência,
constrangimento e coação ilegais contra o mesmo, uma vez que
transcorreram todos os prazos pela pena em concreto e a pena de
multa aplicada a contar do trânsito em julgado, verificando-se na
hipótese, lapsos temporais superiores aos previstos em lei para o
reconhecimento da prescrição da pretensão executória, não podendo vir
o Estado agora cogitar em executá-las, já que não o fez nos prazos que
a lei determina, conforme prescrevem os arts. 109, incs. IV a VI c/c 110
e 112, inc., I do CP e arts. 114 c/c 118, do mesmo pergaminho legal.
O legislador constituinte, no primeiro
artigo da Constituição da República explicita que o Estado Democrático
de Direito, (...) tem como fundamento a dignidade da pessoa humana
(inc. III), além do que a Carta Magna garante que todos são iguais
perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (art. 5º), tanto que o
sistema penal brasileiro foi enriquecido pelo Pacto de San José da
Costa Rica, admitindo através do Decreto n.º 678/92, que com eficácia
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de lei federal, em seu artigo 11, trouxe a certeza de que, neste país,
como nos demais signatários, toda pessoa tem direito ao respeito da
sua honra e ao reconhecimento de sua dignidade, que segundo os
Ministros do STF CELSO DE MELLO e GILMAR MENDES
(acompanhando os entendimentos doutrinários de FLÁVIA
PIOVESAN e de CELSO LAFER), compõe este Tratado o bloco de
normas constitucionais aderiradas por meio da chamada “cláusula
holandesa”, pela Constituição da República, como estabelecem os §§
2º e 3º do art. 5º. da CRFB.
A demora no conhecimento da
providência de declaração da extinção da punibilidade pela prescrição
considerando a pena in concreto, poderá acarretar também na
responsabilização Estatal.
O resgate da dignidade comprometida
pela força do estigma social em face do processo criminal, conduz a
lembrança da teoria do garantismo penal criada por Ferrajoli por
sustentar a tutela dos direitos fundamentais que devem ser
obrigatoriamente satisfeitos, pois a função teleológica do direito penal
é a imunidade do indivíduo face o autoritarismo oficial e a defesa dos
fracos mediante a isonomia, dignidade da pessoa do imputado e,
portanto, garantia de sua liberdade.
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6. NOME DO PROFISSIONAL
Advogado OAB/SP _________
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No tocante a prescrição da pretensão
executória, fazemos nossas palavras, a do Insígne Ministro do CID
FLAQUER SCARTEZZINI:
“Pacífico é o entendimento de que o direito de punir se tranforma
em direito de executar após o trânsito em julgado da sentença
condenatória.
Como diz Damásio de Jesus, “este é o momento em que o Estado
adquire o poder-dever, de impor concretamente a sanção imposta
ao autor da infração penal pelo Poder Judiciário.
A partir daí, adverte o referido autor, “pelo decurso do tempo, o
Estado perde este poder-dever, isto é, perde o direito de exercer a
pretensão executória.”
Ora, entendo que, desde o momento em que o Estado pode
executar a pena, tem o dever de fazê-lo, se não o faz, se assim não
procede, estabelece-se a inércia estatal, que permite a formação do
prazo prescricional.”(destaques nossos)
Pelas penas concretizadas na
sentença, e por já ter se passado respectivamente mais de 16
(dezesseis) anos da data dos trânsito em julgado da decisão
condenatória no processo que responde o reeducando, ocorreu em
definitivo a prescrição integral das penas reclusivas e pecuniárias, pelo
decurso do tempo, inclusive do previsto na Lei penal, que é de 16
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7. NOME DO PROFISSIONAL
Advogado OAB/SP _________
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(dezesseis), que se dá em consonância com o disposto no artigo 109,
inc. II do CP.
Outrossim, já decidiu o STJ que
tendo havido a prescrição da pena aplicada, esta dever ser
declarada como preliminar: REsp 1742/SP, 5ª. T, rel. Min. Cid Flaquer
Scartezzini, v.u., j.: 12.9.1990, DJU 24.9.1990; REsp 2200/SP, 5ª. T, rel.
Min. Edson Vidigal, v.u., j.: 23.5.1990, DJU 26.6.1990; REsp 296463/SP,
5ª. T, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, v.u., j.: 17.9.2002, DJU
21.10.2002; RSTJ 22/312 e RT 670/354.
Nesse mesmo sentido, aliás, é pacífico o
entendimento do STJ:
“PENAL. HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
EXECUTÓRIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 110, § 1º, c/c os arts. 109, III, e 115, todos do
Código Penal, a prescrição da pretensão executória, na hipótese,
ocorre em 6 (seis) anos, considerando-se que a pena aplicada para
fins de contagem do prazo prescricional não excede a 8 (dois) anos
e a menoridade do réu à época dos fatos.
2. Transitado em julgado o édito condenatório para a acusação em
18/10/99, o prazo para o Estado exercer a pretensão executória
encerrou-se em 17/10/05, sem que o réu tenha iniciado a execução
da pena.
3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade quanto ao
crime a que o paciente foi condenado nos autos da Ação Penal nº
1.152/98 (Primeira Vara Criminal da Comarca de Santo André).” (HC
57621-SP, 5ª. Turma, rel. Arnaldo esteves Lima, ordem concedida,
v.u., j.: 9.8.2007, DJU 10.9.2007)
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“PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS .
PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
ORDEM CONCEDIDA.
1. Nos termos do art. 110, § 1º, c/c os arts. 109, inc. V, e 119, todos
do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, na hipótese,
ocorre em 4 (quatro) anos, tendo em vista que a pena aplicada para
fins de contagem do prazo prescricional não excede a 2 (dois)
anos.
2. Ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição da
pretensão retroativa, uma vez que entre a data da sessão de
julgamento que condenou o paciente (17/1/2006), com trânsito em
julgado para a acusação, até data do recebimento da denúncia
(15/4/1996) transcorreu período de tempo superior a 4 (quatro)
anos.
3. Ordem concedida para declarar extinta a punibilidade quanto aos
crimes imputados ao paciente, em face da prescrição retroativa da
pretensão punitiva do Estado, nos termos dos arts. 107, inciso IV,
c/c os arts. 109, inciso V; 110, § 1º, e 119 todos do Código Penal.”
(HC 56444/MG, 5ª. Turma, rel. Arnaldo Esteves Lima, ordem
concedida, v.u., j: 21.9.2006, DJU 16.10.2006)
Transportando tal entendimento
para a hipótese versada nesses autos, cumpre analisar que o
Estado perdeu o direito a pretenção executória contra o reeducando,
haja vista o decurso do lapso temporal exigido, acarretando, por
conseguinte, a Extinção da Punibilidade, que deverá ser declarada
assím que detectada nos autos.
Destarte, restando entendimento
pacificado das Cortes Superiores, sobre a exata hipótese trazida à
baila nesses autos, não resta outro entendimento, senão o de seja
DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, em virtude da
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ocorrência de prescrição da pretenção executória estatal,
consoante taxativamente previsto nos moldes da legislação e em todo
o arcabouço normativo vigente da República Brasileira.
Vale ressaltar, acerca da
incumbência do Juízo atuar de offício e com eficiência, especialmente
nas situações de extinção de punibilidade consoante previsão do art.
61 do Estatuto Processual Penal, assegurando-se aos condenados
em geral o respeito à sua integridade moral e física, mormente em
situações de prescrição, consoante garantias do artigo 5º da
Constituição da República.
A inobservância de quaisquer
desses preceitos constitucionais também conflitam com as garantias
da Convenção Americana sobre Direitos Humanos que integrada ao
Direito Pátrio por força do Decreto n. 678, de 6.11.1992.
O denominado Pacto de São José da
Costa Rica é direito brasileiro local, positivo e cogente, por força da
disposição do parágrafo 2º do artigo 5º da Constituição da República, no
sentido de que a relação dos direitos fundamentais, pelos mais de
setenta incisos em que se desdobram, é meramente enunciativa,
constituindo numerus apertus justamente para inclusão daqueles
contidos nos tratados de que o Brasil faça parte.
Esse preceito adquiriu intensidade
maior com a vigência do Pacto de San José da Costa Rica,
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implementador da Convenção Americana sobre Direitos Humanos e
integrado ao Direito Pátrio por força do Decreto n. 678, de 6.11.1992,
cujo artigo 7º, item 2, preceitua: Ninguém pode ser privado de sua
liberdade física, salvo pelas causas e nas condições previamente
fixadas pelas Constituições Políticas dos Estados-partes ou pelas leis de
acordo com elas promulgadas.
Os pactos, modalidades de tratados
internacionais, desde que firmados pelo Brasil, tornam-se direitos
fundamentais por força do § 2º do artigo 5º da Constituição da República
Federativa do Brasil. A partir de sua vigência, não mais podem ser
desconsiderados.
A manutenção da condenação do
reeducando, que se encontra PRESO com o processo integralmente
prescrito é, portanto, inconstitucional. Incumbe aos juízes a estrita
observância da legalidade, notadamente aquela de índole constitucional.
Sem isso, os direitos humanos fundamentais constituir-se-ão em meras
declarações retóricas.
Consoante adverte o estudioso José
Augusto Lindgren Alves, "talvez os direitos fundamentais de todos os
homens, mulheres e crianças permaneçam para sempre na dimensão
da utopia. Ainda que permaneçam, a continuidade dos esforços para
sua observância é imprescindível. Sem algum tipo de utopia a história
não levará a qualquer aprimoramento da condição humana. Poderá
constituir tão-somente uma longa viagem circular, tendo como pontos de
partida e de chegada a lei da selva – de uma selva possivelmente
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desertificada em futuro não-distante" (A arquitetura internacional dos
direitos humanos, FTD, 1997, p. 326).
O reeducando não pode permanecer
condenado em um processo manifestamente prescrito e
consequentemente EXTINTO. Ele também não poderá responder por
alterações de competência ou morosidade na apreciação de recursos,
nem por excesso de trabalho ou burocracia do Poder Público. Impõe-se
adoção de sistemática eficiente no controle dos direitos dos
condenados. A ocorrência de prescrição em casos como o presente
constitui manifesta vulneração ao direito do mesmo ante a inobservância
de preceitos constitucionais a que também o Judiciário está
subordinado.
Por último, – reitera-se e enfatiza-se –
a necessidade urgente de seja declarada a EXTINÇÃO DA
PUNIBILIDADE em face da ocorrência de prescrição da pretenção
executória estatal.
DO PEDIDO
Destarte, restando configurado a
ocorrência de prescrição, vem ante a honrosa presença de
Vossa excelência, com a finalidade de REQUERER seja
determinando à EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE em face do
incidente de Prescrição da Pretenção Executória, e
determinando-se a expedição do ALVARÁ DE SOLTURA do
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Advogado OAB/SP _________
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reeducando, por se tratar de medida da mais salutar e
indispensável JUSTIÇA!!!
“Não somos responsáveis somente pelo que fazemos, mas
também pelo que deixamos de fazer - John Frank Kennedy”
Nestes Termos,
Pede Deferimento.
____________/UF, __ de ____ de ****
ADVOGADO SUBSCRITOR
OAB/UF 000.000
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