O documento descreve um agravo de instrumento interposto por uma empresa contra decisão judicial que indeferiu pedido de tutela antecipada em ação revisional. A empresa alega que celebrou parcelamento de dívidas fiscais com o fisco paulista e que tal fato suspende a exigibilidade do crédito, ao contrário do decidido pela instância inferior. Pede a reforma da decisão para assegurar o pagamento das parcelas em juízo.
2053 - PRÁTICA JURÍDICA II - MODELO EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - ILEGITIMIDAD...Consultor JRSantana
Peças Demonstrativas, elaboradas pela equipe do Site Peças Processuais, Todos Modelos de Peças são pedidos para elaboração do trabalho para Ganhar a Causa. Eu te Garanto que esse Site é ''100%'' SEGURO. E Garantia em seus Ganhos de Trabalhos Jurídicos !! Quer Saber Mais !! Acesse nosso Site e Fique por dentro dos Brindes que estaremos Disponibilizando a qualquer Momento.
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El documento presenta un modelo de recurso de apelación ante el Tribunal Administrativo Previsional de la ONP. El recurso impugna una resolución que establece el pago de pensiones devengadas solo a partir de la fecha de presentación de la solicitud y no desde la fecha en que se otorgó la prórroga de la pensión, como el recurrente sostiene que debería ser. El recurso incluye la identificación del recurrente, el petitorio principal y accesorio, los fundamentos de hecho y derecho, y las pruebas a presentar.
El documento es un escrito presentado ante un Juzgado de Trabajo en el que se: 1) Varía el domicilio procesal y se proporcionan nuevos datos de contacto; 2) Se informa haber cumplido con el pago ordenado en una sentencia por concepto de remuneración impaga y beneficios sociales; 3) Se solicita la liquidación de intereses legales y costos procesales para realizar el pago respectivo.
Ci 47 solicita se oficie al banco de la nacion sra. claribelMARIACECILIADELCARME
La abogada Ivón Soto Agreda solicita al juez que curse un oficio al Banco de la Nación para que abra una cuenta de ahorros a nombre de la demandante Jessica Elizabeth Rafael Montoya. La sentencia del 15 de junio de 2021 ordenó al demandado Luis Alberto Acuña Briones depositar la pensión de alimentos en dicha cuenta, pero hasta la fecha no se ha generado el oficio correspondiente para abrir la cuenta. La abogada pide al juez que curse el oficio para facilitar la apertura de la cuenta y que el demandado pueda cumplir con el
O documento é um pedido de "Agravo de Destrancamento de Recurso Extraordinário" dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Nele, o advogado argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o Recurso Extraordinário anterior violou a Constituição Federal, especialmente os princípios da legalidade, do acesso à justiça e da motivação das decisões. O advogado requer que o Supremo Tribunal Federal admita o Recurso Extraordinário para analisar a alegada inconstitucionalidade da decisão do STJ.
APELACIÓN DE SENTENCIA EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO: A través del marco normativo peruano se muestra como elaborar un recurso de apelación contra una sentencia (AUTOR JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
El demandante solicita al juez que ordene al demandado pagarle la suma de S/. 11,200.00 nuevos soles, monto de una letra de cambio vencida, más intereses y costos. El demandante alega que el demandado aceptó y no pagó la letra de cambio a pesar de haber vencido. El demandante busca ejecutar el pago de la deuda a través de un proceso ejecutivo y adjunta documentos que respaldan su reclamo.
Este documento contiene cuatro pliegos interrogatorios para los testigos José Efrain Guerrero Carhuachinchay, Siancas Sanchez Janet Maribel, Polonio Yahuana Garcia y Severino Fernandez Bayona. Los testigos declararán en una demanda sobre prescripción adquisitiva de dominio interpuesta por Don Fidel Benites Ruiz.
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Este documento contiene cuatro pliegos interrogatorios para los testigos José Efrain Guerrero Carhuachinchay, Siancas Sanchez Janet Maribel, Polonio Yahuana Garcia y Severino Fernandez Bayona. Los testigos declararán en una demanda sobre prescripción adquisitiva de dominio interpuesta por Don Fidel Benites Ruiz.
La demandante solicita al juez que ordene la división y partición de un inmueble que mantiene en copropiedad con el demandado. La demandante argumenta que ha intentado llegar a un acuerdo con el demandado para dividir el inmueble de manera consensuada, pero que el demandado se ha negado. Por lo tanto, solicita al juez que determine las fracciones resultantes de la partición y adjudique a cada parte su porción correspondiente, de acuerdo a los porcentajes propuestos.
MODELO DE SOLICITUD DE PAGO DE BONIFICACIÓN DIFERENCIAL PARA SERVIDOR NOMBRADO. El servidor nombrado 276 designado en un cargo de responsabilidad directiva tiene derecho a la bonificación diferencial (autor José María Pacori Cari).
MODELO OBSERVACION DE ACUSACION EXP. 1210-2019.docMarioRobles53
El documento es un escrito presentado por un abogado defensor ante un juez. Solicita el sobreseimiento del caso contra su patrocinado, quien está acusado de agresiones contra la mujer o integrantes del grupo familiar. Alega que no existen pruebas suficientes para sustentar la acusación y que los actos de su patrocinado consistieron únicamente en ejercer su autoridad como padre. También observa defectos formales en la acusación fiscal y ofrece testigos y documentos como prueba.
Este documento presenta el alegato escrito de tres demandantes (Nemesia Alberta Lara Santos, Edith Soto Lara y Melvi Soto Lara) en respuesta a una demanda de prorrateo de prestación alimenticia presentada por el demandado Urbano Soto Surichaqui. Las demandantes argumentan que las pensiones alimenticias asignadas a favor de cada una no son suficientes para cubrir sus necesidades y las de sus hijos. También alegan que la demanda del demandado es infundada y que éste mantiene una vida de convivencia con su a
El demandante interpone una demanda de pago de beneficios sociales contra su ex empleador. Solicita el pago de la compensación por tiempo de servicios, indemnización por retención de CTS, vacaciones, gratificaciones y asignación familiar por un monto total de S/. 17,558.85. Trabajó para la empresa demandada desde marzo de 2011 hasta febrero de 2013 como supervisor de equipos. Argumenta que la empresa no cumplió con depositar sus beneficios sociales durante su periodo laboral.
Apersona Constitucion Actor Civil - Omision Asistencia Familiar HUNTER.docxJavierRuizLimache2
El documento es un modelo de constitución en actor civil presentado ante un juez de investigación preparatoria. En él, la agraviada solicita constituirse como actor civil para promover incidentes o recursos que afecten sus derechos y coadyuvar en el esclarecimiento de los hechos relacionados con el delito de omisión de asistencia familiar cometido por el imputado, quien no ha cumplido con el pago de las pensiones de alimentos a favor de la hija de la agraviada. La agraviada fundamenta su petición en que el inc
El abogado Gonzalo Calderón Florián presenta un recurso de apelación contra un auto que lo excluye de la defensa de un procesado y le impone una multa de 1 URP. Alega que ya no ejercía la defensa del procesado desde noviembre de 2021, cuando los familiares del procesado prescindieron de sus servicios y designaron a un defensor público, por lo que no era necesario presentar una renuncia formal. Solicita que se revoque el auto en cuanto a la multa impuesta.
La demandada presenta una contestación a la demanda de régimen de visitas interpuesta por el demandante. Absuelve la demanda solicitando que se establezca un régimen de visitas cerrado sin externamiento. Argumenta que el demandante no cumplió con pasar la pensión alimenticia establecida y solo visitó a la hija 7 veces en 4 años. Adjunta documentos como prueba de lo anterior. Solicita que se admita su contestación a la demanda y se declare infundada.
Este documento es un resumen de 3 oraciones o menos de un expediente judicial sobre una demanda de alimentos. El demandado contestó la demanda alegando escasos ingresos e invalidez parcial, pero el demandante refuta estos argumentos citando pruebas como certificados de trabajo, licencias y publicaciones en redes sociales que muestran que el demandado tiene mayores ingresos como supervisor, agente de seguridad e instructor de armas. El demandante también argumenta que el demandado no ha probado realmente su invalidez o incapacidad para trabajar.
Demanda de impugnacion de paternidad - Peru.docxFernandavale14
Este documento es una demanda de impugnación de paternidad presentada por Santos Félix Ruiz Vásquez contra Sadith Rosalía Ruiz Ávalos. Ruiz Vásquez solicita que se realice una prueba de ADN para demostrar que no es el verdadero padre de Ruiz Ávalos, a pesar de haberla reconocido como hija en el pasado. La demanda se basa en información recogida de que Ruiz Ávalos no es realmente su hija, lo que fue confirmado verbalmente por la madre de ella.
Disposición de bienes de menores de edad y prueba de oficioalmelseg
El documento presenta un caso sobre la autorización judicial para disponer de bienes de menores de edad. La autora solicita retirar dinero de las cuentas bancarias de sus tres hijos menores debido a su estado de necesidad. El juez determina que la autora acreditó su estado de salud delicado, la necesidad de fondos para gastos de los hijos y que sus ingresos no son suficientes. Por lo tanto, autoriza a la autora a disponer de los fondos de las cuentas bancarias de sus hijos menores.
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Peça elaborada pela Equipe de Profissionais do Site Peças Processuais em atendimento a solicitações de advogados, clientes, visitantes ou cadastrados no Home Office Profissional Peças Processuais.
Apresentamos a Solução Para Qualquer Escritório que Desejar ter Sucesso em seus trabalhos. Nosso Site Profissional trás qualquer suporte Jurídico para você ser um vencedor. Ao conhecer nossos trabalhos você verá que nosso site é o melhor do brasil para elaborar e vencer qualquer trabalho na área jurídica!!
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El abogado del ejecutante solicita al 30o Juzgado Civil de Santiago que despache oficios a cinco instituciones y autoridades, incluyendo el Servicio Electoral, Servicio de Impuestos Internos, Servicio del Registro Civil, Carabineros de Chile y Policía Internacional, con el fin de determinar el domicilio actual y posibles salidas del país del ejecutado Oscar Fabián Jara Villagra.
Cristiano Moisés Salas Palomino presenta una demanda de amparo contra la Municipalidad Provincial de Mariscal Nieto por despido incausado. Trabajó como obrero municipal de limpieza pública durante 20 meses y 7 días, pero fue despedido mediante carta el 31 de noviembre de 2009 sin expresar causa. Solicita la nulidad de la carta de despido y su reposición en el puesto de trabajo. Alega que el despido fue arbitrario y vulneró su derecho constitucional al trabajo. Adjunta documentos que acreditan su trabajo y
Cuando se presenta una demanda con muchos errores, Ud. puede presentar en vía de modificación una nueva demanda en forma, como podrá ver en este modelo (AUTOR JOSÉ MARÍA PACORI CARI)
Os embargantes entraram com embargos à execução de dívida decorrente de Cédulas de Produto Rural. Alegam que o valor cobrado pelo exequente está incorreto pois a dívida original era de US$ 6,2 milhões e foi parcelada em 7 vezes, tendo pago as duas primeiras parcelas. Pedem a revisão das cláusulas do contrato consideradas abusivas, como juros de 1% ao mês.
El documento es una solicitud de medida cautelar temporal presentada ante un juzgado de paz mixto. El petitorio solicita la suspensión de la retención de la remuneración del solicitante por una pensión de alimentos, alegando que el beneficiario de la pensión ya no se encuentra en estado de necesidad. El solicitante argumenta que el beneficiario ha culminado sus estudios universitarios y cuenta con un trabajo estable, por lo que ya no depende económicamente del solicitante. De concederse la medida, se notificaría al
El documento explica cómo interponer un Recurso de Agravio Constitucional (RAC) en Perú y proporciona un modelo de RAC. El RAC se presenta ante el Tribunal Constitucional para impugnar una sentencia que declara infundada o improcedente una demanda. El modelo presentado es para impugnar una sentencia que declaró improcedente una demanda de amparo. El RAC debe contener un petitorio, la base legal, el plazo, los antecedentes, el derecho constitucional violado, los fundamentos del recurso, la expresión de ag
Los tres documentos presentan solicitudes legales similares. En el primero se solicita ampliar la delegación de facultades de representación legal a otra abogada. En el segundo se solicita formalizar una denuncia penal contra una persona. Y en el tercero se solicita la devolución de mercadería incautada.
O documento é um pedido de agravo de instrumento interposto por uma empresa contra decisão judicial que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação revisional fiscal. A empresa alega que os encargos, juros e atualizações monetárias cobrados no parcelamento fiscal são excessivos e confiscatórios, e pede a suspensão da cobrança até o julgamento final do processo.
[1] A empresa executada apresenta impugnação ao cumprimento de sentença e pede gratuidade da justiça alegando não ter condições financeiras para arcar com as custas. [2] A empresa executada também alega ter sido lesada em seu direito de defesa no processo que resultou em sua despersonalização jurídica, uma vez que seus advogados anteriores não apresentaram defesa nesse processo.
La demandante solicita al juez que ordene la división y partición de un inmueble que mantiene en copropiedad con el demandado. La demandante argumenta que ha intentado llegar a un acuerdo con el demandado para dividir el inmueble de manera consensuada, pero que el demandado se ha negado. Por lo tanto, solicita al juez que determine las fracciones resultantes de la partición y adjudique a cada parte su porción correspondiente, de acuerdo a los porcentajes propuestos.
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Este documento es una demanda de impugnación de paternidad presentada por Santos Félix Ruiz Vásquez contra Sadith Rosalía Ruiz Ávalos. Ruiz Vásquez solicita que se realice una prueba de ADN para demostrar que no es el verdadero padre de Ruiz Ávalos, a pesar de haberla reconocido como hija en el pasado. La demanda se basa en información recogida de que Ruiz Ávalos no es realmente su hija, lo que fue confirmado verbalmente por la madre de ella.
Disposición de bienes de menores de edad y prueba de oficioalmelseg
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2068 - AGRAVO DE INSTRUMENTO CC EF. ATIVO - CPC AtualizadoConsultor JRSantana
1) Agravantes recorrem de decisão que deferiu medida cautelar de arresto de imóvel e crédito da parte ré;
2) Agravantes foram condenados em ação trabalhista junto com agravados de forma solidária;
3) Agravantes alegam que a decisão deve ser reformada pois não preenche os requisitos legais para arresto.
(1) Uma mulher processa um banco após ter seu imóvel colocado em leilão por falta de pagamento de financiamento, alegando que tentou renegociar a dívida sem sucesso. (2) Ela pede gratuidade de justiça por não ter condições financeiras de arcar com custas. (3) Requer tutela de urgência para anular o leilão, alegando risco de dano irreparável.
O documento trata de uma ação de execução de título extrajudicial para pagamento de dívida decorrente de compra e venda de imóvel. O devedor apresenta embargos à execução alegando que há cobrança indevida de parcelas futuras e valores inexatos na planilha de débitos. Pede também gratuidade da justiça alegando falta de condições financeiras. Questiona ainda a ausência de memorial de cálculos com os requisitos legais na petição inicial.
O documento descreve um agravo de instrumento movido por uma empresa contra decisão judicial em processo de revisão fiscal. A empresa celebrou parcelamento de dívida tributária que suspendeu por crise econômica, mas já havia pago quase 10 milhões de um débito original de 1,5 milhão. Pede reenquadramento do saldo devedor.
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Este documento é um agravo de instrumento apresentado por XXXXXXXXXXXXX e sua esposa contra decisão judicial que negou pedido de tutela de urgência. Os agravantes celebram contratos de compra e venda de insumos agrícolas que foram simulados e indexados em moeda estrangeira. Eles pedem a anulação dos contratos e que sejam impedidas adjudicações de bens dados em garantia enquanto o caso está em análise, para evitar prejuízos. O juiz negou o pedido de tutela alegando repetição, mas os ag
Uma professora entrou com uma ação anulatória de leilão contra a Caixa Econômica Federal após ter seu imóvel colocado à venda por falta de pagamento das prestações do financiamento. Ela tentou negociar a dívida diversas vezes devido à perda de emprego e problemas no imóvel, mas a Caixa se recusou. O imóvel foi leiloado sem que a professora fosse avisada, apesar de ter preferência para arrematá-lo. Ela pede anulação do leilão e gratuidade de justi
O documento apresenta embargos à execução de dívida de cotas condominiais. Alega que parcelas referentes aos meses de novembro de 2015, fevereiro, março e abril de 2016 foram quitadas, mas ainda constam na execução. Pede a concessão de gratuidade de justiça alegando não ter condições financeiras de arcar com custas.
O autor move ação revisional de aposentadoria contra o INSS requerendo: (1) o reconhecimento de períodos trabalhados como vigilante armado como tempo de serviço especial; (2) a revisão da aposentadoria por tempo de contribuição para aposentadoria especial ou integral; (3) a concessão de benefícios da gratuidade da justiça e tutela de urgência.
Os requerentes entraram com pedido de tutela antecipada para impedir a consolidação de propriedade rural e arresto de safras pelo requerido, alegando inadimplência de poucas prestações e oferecendo fração do imóvel e ações em caução. Pedem suspensão de medidas até composição da dívida, sob risco de prejuízos à safra e capacidade de negociação. Alegam probabilidade de direito e risco ao resultado útil do processo.
(1) Os agravantes recorrem de decisão que determinou nova perícia imobiliária para avaliar o imóvel penhorado, fixando honorários de R$5.000 a serem pagos pelos agravantes. (2) Alegam que o laudo anterior está desatualizado por ter sido realizado há 3 anos e que os agravantes estão em situação de falência, não podendo arcar com os custos. (3) Pedem efeito suspensivo alegando risco de graves prejuízos caso tenham que cumprir a decisão antes do julgamento do
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O autor move ação revisional de aposentadoria contra o INSS requerendo: (1) o reconhecimento de períodos trabalhados como vigilante armado como tempo de serviço especial; (2) a revisão de sua aposentadoria por tempo de contribuição para aposentadoria especial ou integral; (3) a concessão de benefícios da gratuidade da justiça e tutela de urgência.
O documento trata de um pedido de revogação/suspensão de liminar de imissão na posse de um imóvel desapropriado. Os principais pontos são: (1) A parte autora pleiteou a imissão na posse alegando urgência, mas o imóvel permanece abandonado há mais de um ano; (2) Não houve realização de perícia técnica prévia, contrariando o determinado pela justiça; (3) A parte autora não demonstrou interesse real na área, caracterizando inadequação procedimental e inexistência
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Semelhante a 1014- agravo de instrumento com pedido de efeito ativo (20)
O documento é um pedido de revisão criminal feito por um advogado ao Tribunal de Justiça. Ele alega que houve erro judiciário na condenação do réu pois o juiz não aplicou corretamente o artigo 44 do Código Penal sobre substituição da pena. Além disso, o tribunal omitiu-se sobre a prescrição de um dos delitos e não motivou adequadamente a decisão sobre a fixação da pena. O advogado pede a revisão da sentença com base nesses argumentos.
O documento é um recurso de apelação interposto por advogado em processo previdenciário. Nele, o advogado (1) resume a ação inicial e a sentença recorrida que negou o pedido de pensão por morte, (2) alega que o de cujus já tinha recolhimentos previdenciários anteriores e que a sentença foi omissa em analisar esses argumentos, e (3) requer o recebimento do recurso e sua procedência para reformar a sentença e conceder a pensão por morte.
O documento descreve uma ação de execução onde os executados alegam que a dívida já foi paga. O motivo da manifestação é porque a defesa dos executados não consegue acessar os autos originais físicos, que foram digitalizados de forma incorreta pelo cartório misturando com outra ação, deixando os autos incompletos e impedindo o exercício da ampla defesa.
O documento apresenta contrarrazões de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça que manteve sentença condenando o recorrente a pagar dívida de cartão de crédito. O autor alega que o recurso extraordinário deve ser inadmitido por falta de demonstração da necessária repercussão geral, conforme exigido pela Constituição.
O documento é uma contestação trabalhista que:
1) Alega que a reclamante foi contratada como ajudante de cozinha e não como cozinheira como alegado.
2) Apresenta holerites que mostram o registro na carteira de trabalho e salários pagos.
3) Argumenta que a demissão foi a pedido da reclamante e não houve coação.
O documento resume 4 processos relacionados à cobrança de honorários advocatícios por uma advogada contra um município. A ação principal determinou o pagamento de R$85.618,94, valor que subiu para R$94.000 após atualização. Embargos do município foram rejeitados e ele condenado a pagar 10% do valor atualizado, ou R$13.428,17. O documento recomenda providenciar o pagamento desse valor e novo cumprimento de sentença para a quantia principal atualizada.
O documento é um pedido de habeas corpus impetrado perante o STJ. O réu foi condenado por porte ilegal de munição e recorre alegando (1) atipicidade da conduta com base em precedentes do STF e STJ; (2) contradição na sentença quanto à pena aplicada; e (3) falta de fundamentação do acórdão do TJ ao ignorar os precedentes trazidos pela defesa sobre a atipicidade. Pede a revogação do mandado de prisão expedido em segunda instância antes do trânsito em jul
O documento é uma manifestação de defesa de um advogado em um processo por improbidade administrativa. Ele argumenta que (1) o caso prescreveu de acordo com as novas regras da lei, (2) as novas regras devem ser aplicadas retroativamente se forem mais benéficas ao réu, e (3) as novas regras são mais benéficas nesse caso.
Este documento é uma contestação apresentada por uma advogada em uma ação civil pública por improbidade administrativa movida contra sua cliente, uma médica. A contestação alega que (1) não há provas de que a médica descumpriu sua carga horária ou causou danos ao erário, (2) testemunhas confirmam que ela sempre atendeu todos os pacientes, e (3) portanto, a ação deve ser julgada improcedente.
O documento é um pedido de "Agravo de Destrancamento de Recurso Extraordinário" para o Supremo Tribunal Federal. O advogado alega que a decisão do Superior Tribunal de Justiça que inadmitiu o Recurso Extraordinário violou a Constituição Federal, especialmente os princípios da legalidade, do acesso à justiça e da motivação. O advogado argumenta que o recurso foi tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser conhecido para garantir os direitos constitucionais dos clientes.
O documento é um recurso especial interposto por advogados perante o Tribunal de Justiça contra decisão que negou gratuidade de justiça a seus clientes. O recurso alega que a decisão contrariou a lei federal ao não intimar os recorrentes a comprovarem sua hipossuficiência financeira antes de indeferir o pedido, conforme determina o Código de Processo Civil. Pede a reforma da decisão para conceder a gratuidade pleiteada.
O documento descreve um recurso contra uma decisão que não conheceu de um agravo de instrumento em recurso especial. O agravante alega que a decisão foi excessivamente formalista ao não reconhecer a impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Defende que demonstrou divergência jurisprudencial e prequestionou a matéria, cumprindo os requisitos para o recurso. Pede a reforma da decisão para assegurar o direito de defesa.
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O documento relata um pedido de aposentadoria especial feito por um trabalhador que exerceu atividades de vigilante por muitos anos. O pedido foi negado administrativamente e o caso foi levado à justiça. O documento lista os períodos de trabalho do requerente que ele deseja ver reconhecidos, as provas que pretende produzir como depoimento, testemunhas e documentos, e pede a intimação da empresa para apresentar laudos sobre as condições de trabalho.
O documento é um agravo de instrumento interposto por XXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX contra decisão judicial que concedeu liminar de reintegração de posse de imóvel para a parte adversária. Os agravantes alegam que há conexão entre o processo de reintegração de posse e outra ação tramitando em vara diferente, que discute nulidades no contrato de alienação fiduciária do imóvel, devendo portanto o processo ser remetido àquela vara por questões de competência. Pedem a reforma da decisão liminar.
O documento apresenta contrarrazões a um recurso de apelação em uma ação de divórcio litigioso. A recorrida argumenta que (1) o recurso foi tempestivamente apresentado, (2) o juiz de primeira instância analisou corretamente os fatos do caso ao julgar parcialmente procedente os pedidos da autora, e (3) o recorrente não apresentou argumentos válidos para reformar a sentença. Dessa forma, pede que o recurso seja negado.
2125 - Tutela de Urgência na Execução - Atualizado Novo CPC Consultor JRSantana
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2123 - RELAXAMENTO DE PRISÃO PREVENTIVA - Atualizado Novo CPC Consultor JRSantana
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(1) O autor move ação contra a XXXXXXXXXXXXX e XXXXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX SEGUROS DE SAÚDE) requerendo a portabilidade de carência do seu plano de saúde. (2) A ré contesta a ação alegando não haver contrato com o autor e questionando sua legitimidade passiva. (3) No entanto, jurisprudência indica que as cooperativas XXXXXXXXXXX integram o mesmo grupo econômico e respondem solidariamente, sendo legítima a indicação da ré no polo passivo.
As classes de modelagem podem ser comparadas a moldes ou
formas que definem as características e os comportamentos dos
objetos criados a partir delas. Vale traçar um paralelo com o projeto de
um automóvel. Os engenheiros definem as medidas, a quantidade de
portas, a potência do motor, a localização do estepe, dentre outras
descrições necessárias para a fabricação de um veículo
A linguagem C# aproveita conceitos de muitas outras linguagens,
mas especialmente de C++ e Java. Sua sintaxe é relativamente fácil, o que
diminui o tempo de aprendizado. Todos os programas desenvolvidos devem
ser compilados, gerando um arquivo com a extensão DLL ou EXE. Isso torna a
execução dos programas mais rápida se comparados com as linguagens de
script (VBScript , JavaScript) que atualmente utilizamos na internet
1014- agravo de instrumento com pedido de efeito ativo
1. XXXXXXXX XXXXX & XXXXX XXXXXXXX
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1
EXCELENTISSIMO SENHOR DOUTOR DESEMBARGADOR PRESIDENTE
DO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
XXXXX XXXXX E XXXXX LTDA., empresa
regularmente inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00, estabelecida na Rua xxxxxx xxxxx
n. 000 – Vila XXXXXX XXXX- São Paulo SP - CEP 00000.000, neste ato representada por sua
sócio diretor XXXXX XXXXX XXXXXXX , brasileiro, solteiro, empresário, portador do RG nº
00.000.000 SSP/SP, inscrito no CPF sob o n. 000.000.000.00, residente e domiciliada à Rua
XXXXX XXXXX , nº 000, XXXXXX XXX, São Paulo, SP – CEP 00000.000, comparece,
mediante seus procuradores judiciais infra assinados e procuração em anexo, com escritório
profissional situado à Rua XXXXXX 000, Vila XXXXXXX XXXX, São Paulo/SP – CEP 00000.00,
onde recebe intimações e notificações, vem, respeitosamente perante esta Egrégia Corte
Estadual, interpor o presente
2. XXXXXXXX XXXXX & XXXXX XXXXXXXX
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2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
“COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO”
com guarida nos arts. 1015 e segs. do Código de Processo Civil, em razão das
justificativas abaixo evidenciadas.
NOMES E ENDEREÇOS DOS ADVOGADOS
O Agravante informa o(s) nome(s) e endereço(s) dos
advogados habilitados nos autos, aptos a serem intimados dos atos processuais
(CPC, art. 1016, inc. IV):
DO AGRAVANTE: Dr. XXXXXX XXXXX XXXXX, inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do São Paulo, sob o nº. 000.000, e Dr.
XXXXX XXXXX XXXXX inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do São
Paulo, sob o nº. 000.000, ambos, com escritório profissional sito Rua: xxxxx 000, Vila
XXXXXXX XXXXX– Fones: (00) 0000-0000 (00) 0000-0000, e-mail:
xxxxxx@uol.com.br - CEP 00000-000– São Paulo/SP.
DO AGRAVADO: representada pela Procuradoria da
Fazenda Estadual - Rua XXXXXXX XXXX, 000, 6º andar CEP 00000-000- São
Paulo – SP, e sua Delegacia Central - na Avenida XXXXX , 300, CEP 00000-000.
DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO
O recurso deve ser considerado como tempestivo. O
patrono da parte Agravante deu-se por intimado da decisão atacada na data de 11
de julho de 2016, o que se constada pela certidão narrativa ora carreada aos autos.
3. XXXXXXXX XXXXX & XXXXX XXXXXXXX
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3
Frente ao prazo processual pertinente (CPC, art. 1003,
§ 5º), temos como tempestivo este Agravo por Instrumento.
FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO – ART. 1017 CPC
O presente Agravo de Instrumento é instruído com cópia
integral do processo originário entre cópias facultativas e obrigatórias, onde se
declara como sendo autênticos e conferidos com os originais, sob as penas da lei.
No mais que sejam observados os comandos
estabelecidos no art. 1015, do CPC.
Nestes Termos, Pede Deferimento.
São Paulo, 00 de xxxxx de 2016.
XXXXXX XXXXXX
OAB/SP 000.000
XXXXX XXXXX XXXXXX
OAB/SP 000.000
4. XXXXXXXX XXXXX & XXXXX XXXXXXXX
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4
MINUTA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
Agravante: XXXXX XXXXXX E XXXXX LTDA
Agravado: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Processo nº 0000000-00.0000.0.00.0000- 8ª Vara da Fazenda Pública de
São Paulo
EXCELENTÍSSIMO DESEMBARGADOR PRESIDENTE
NOBRE DESEMBARGADOR RELATOR
5. XXXXXXXX XXXXX & XXXXX XXXXXXXX
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5
EGRÉGIA CÂMARA JULGADORA
A decisão interlocutória proferida pelo Juízo a quo em que
pese o brilhantismo em outras situações, contudo merece ser retocada considerando
que foi aplicada em inobservância aos postulados constitucionais de acesso a justiça
e prestação jurisdicional.
Passemos a análise do presente recurso interposto em
confronto com a prova produzida contra o despacho exarado ora guerreado.
DA SINOPSE FÁTICA E PROCESSUAL
A ora Agravante ingressou em juízo com AÇÃO REVISIONAL em face da
abusividade das cobranças que vem sendo feitas de forma ilegal e inconstitucional
consoante entendimento firmado e declarado pelo Órgão Especial desta Corte
referente à Lei 13.918/09, aonde perante o juízo “a quo”, vem postulando o correto
enquadramento de seus débitos parcelados conforme abaixo transcrito na própria
exordial revisional:
Em 18/08/2014, celebrou parcelamento junto a
Secretaria da Fazenda de São Paulo, denominado
Programa PEP DO ICMS relativo a créditos não
recolhidos anteriormente e registrados SOB O Nº
PARCELAMENTO 20100883-1.
Tal adesão se deu para regularizar sua situação perante o
fisco estadual referente divida ativa relativa a débitos
fiscais de origem no ICMS, conforme demonstrativo em
6. XXXXXXXX XXXXX & XXXXX XXXXXXXX
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6
anexo (documento anexo 2), tendo realizado o efetivo e
regular recolhimento das parcelas ate 07/06/2016.
Assim como se vê a empresa encontra-se regulamente
inscrita no Parcelamento efetuado com o FISCO conforme descrito acima e somente
veio a juízo em face das ilegalidades dos juros que foram cobrados e continuam a
ser cobrados nas parcelas vincendas, consoante abaixo descrito na própria exordial
revisional:
Diante disso, restando que se encontra provisoriamente
com o crédito suspenso por força do artigo 151, VI, do CTN (Parcelamento), pleiteou
em sede de Tutela de Urgência que lhe fosse assegurado o direito ao pagamento
das parcelas vincendas em juízo, conforme descrito na própria peça exordial:
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7
Requereu em Tutela Antecipatória fosse acolhida a
pretensão da CAUÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO da seguinte forma:
Não obstante o pedido de consignação de pagamento das
parcelas vincendas e o pedido de aceitação da caução e garantia oferecida a
magistrada monocrática INDEFERIU o pleito de TUTELA DE URGÊNCIA nos autos
da AÇÃO REVISIONAL, proferindo o seguinte despacho assim descrito:
8. XXXXXXXX XXXXX & XXXXX XXXXXXXX
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8
Ocorre que o despacho exarado NÃO levou em
consideração o pedido de pagamento em juízo das parcelas vincendas e o
oferecimento de caução e garantia do juízo e ainda que assim não o fosse, a
fundamentação assentada com base na Súmula 112 do STJ, exigindo o
pagamento INTEGRAL EM DINHEIRO, também importa em cerceamento do direito
à tutela jurisdicional conforme adiante restarão cabalmente demonstrados.
Eis a síntese processual e fática narradas.
DA ADESÃO AO PARCELAMENTO E A SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
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9
O crédito tributário é constituído pelo lançamento
conforme art. 142 do CTN, e “tem como principal efeito tornar líquida, certa e exigível
a obrigação já existente.” (ALEXANDRE, 2009, p. 375).
A Administração Tributária, após o lançamento, pode
exigir o cumprimento da obrigação tributária e, em caso de descumprimento, por
parte do sujeito passivo, promover a execução forçada visando garantir seu
recebimento.
Contudo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
acontece sempre que a Administração Tributária fica impossibilitada de efetuar sua
cobrança o que acontece quando ocorre uma das hipóteses do art. 151 do CTN:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de
segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela
antecipada, em outras espécies de ação judicial;
VI – o parcelamento.
Para Alexandre: “As hipótese formam um rol exaustivo,
pois, conforme afirma o art. 141 do CTN, o crédito tributário regularmente constituído
somente tem sua exigibilidade suspensa nos casos previstos no próprio Código”
(2009, p. 376).
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10
O parcelamento, a exemplo do item anterior
DESTACADO, foi acrescentado ao art. 151 do CTN, pela LC 104/01.
Para alguns doutrinadores o parcelamento é apenas uma
espécie do gênero moratória. Não parece, porém que o legislador se daria ao
trabalho de incluir na lei algo que já tivesse sido tratado.
Quando o CTN disciplina a moratória fica claro o seu
caráter de excepcionalidade, e parece ser exatamente esse caráter que a diferencia,
fundamentalmente, do parcelamento.
O parcelamento, não tem caráter de benefício ou favor
fiscal, como a moratória, mas visa criar condições para a recuperação de créditos
fiscais. Tanto que no parcelamento não se excluem multas e juros, nem se permite
ao contribuinte gozar do benefício da denúncia espontânea.
O parcelamento de créditos fiscais pode ser feito tanto
para créditos já constituídos como para créditos não constituídos, sendo que a
jurisprudência tem entendido que o ato de formalização do parcelamento supre a
necessidade do lançamento e considera-se constituído, para todos os efeitos, o
crédito tributário parcelado.
Na espécie desses autos conforme esclarecido no tópico
de narrativa sobre os fatos, ficou claramente registrado que na exordial
revisional foi feito PARCELAMENTO entre a ora Agravante e o Fisco Paulista.
Destarte, restando comprovadamente à efetivação do
parcelamento realizado entre as partes, impõe-se o reconhecimento da suspensão e
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exigibilidade do crédito tributário em discussão na revisional em tramitação no juízo
“a quo”, consoante entendimento jurisprudencial desta e de outras cortes:
EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao desbloqueio de
penhora "on line" Execução que já se encontrava
garantida por penhora anterior - Parcelamento do débito
após a garantia do juízo - Admissibilidade
Parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário (art. 151, VI, do CTN) Suspensão
da execução fiscal - Recurso provido. (TJ-SP - AG:
1704713520128260000 SP 0170471-35.2012.8.26.0000,
Relator: Reinaldo Miluzzi, Data de Julgamento:
22/10/2012, 6ª Câmara de Direito Público).
REMESSA OFICIAL E APELAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DÉBITO TRIBUTÁRIO.
PARCELAMENTO E COMPENSAÇÃO. SUSPENSÃO
DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PARCELAMENTO.
CAUSA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO, CONFORME ART. 151 VI, DO
CTN. REGULARIDADE DOS PAGAMENTOS
COMPROVADA. COMPENSAÇÃO. EXTINÇÃO
PRESUMIDA DOS DÉBITOS SOB A CONDIÇÃO
RESOLUTIVA DA FUTURA HOMOLOGAÇÃO, NOS
TERMOS DO ART. 74, §§ 2º E 4º, DA LEI 9.430/96.
CIRCUNSTÂNCIAS QUE CONFEREM AO
CONTRIBUINTE O DIREITO DE OBTER A CERTIDÃO
POSITIVA DE DÉBITO, COM EFEITOS NEGATIVOS,
NOS MOLDES DO ART. 206 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO
NACIONAL. 1. O parcelamento é uma das causas de
suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com
previsão no art. 151, inc. VI (incluído pela Lei
Complementar n. 104/2001) do CTN, e, estando
comprovada sua regularidade, não pode constituir
impedimento para a expedição da certidão pretendida. 2.
Com respeito à compensação, há que se ter mente o
disposto no art. 74 da Lei 9.430/96, bem como nos seus
parágrafos 2º e 4º (com a redação da Lei 10.637/02), que
atribuem ao pedido, desde o seu protocolo, o efeito
extintivo do crédito tributário, sob a condição resolutiva da
futura decisão de homologação. 3. A Administração
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Pública é regida pelo princípio constitucional da eficiência,
nos termos do caput do art. 37 da Constituição Federal de
1988, o que denota a necessidade da apreciação célere
dos pedidos a ela formulados. 4. Em caso de ineficiência
da Administração, não pode o administrado - no caso, o
contribuinte -, arcar com os ônus da demora, sejam quais
forem as suas causas. 5. Estando a compensação
pendente da decisão homologatória, deve ser
considerado extinto o respectivo crédito, em não havendo
as restrições apontadas no § 3º do citado art. 74. 6. Sob
tais circunstâncias, não pode ser negada ao contribuinte a
Certidão Positiva de Débitos, com efeitos negativos, nos
termos do art. 206 do CTN. 7. Apelação e remessa oficial
improvidas. Sentença mantida.
(TRF-3 - AMS: 22606 SP 2004.61.00.022606-9, Relator:
JUIZ CONVOCADO RUBENS CALIXTO, Data de
Julgamento: 06/11/2008, TERCEIRA TURMA).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
EXECUÇÃO FISCAL. PARCELAMENTO. REFIS.
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
1. O parcelamento é causa de suspensão da exigibilidade
do crédito tributário, nos termos do artigo 151, inciso VI,
do CTN. 2. Se, no momento da penhora, a executada já
havia aderido ao parcelamento previsto na lei 11.941/09 -
estando, portanto, os débitos com a exigibilidade
suspensa - qualquer ato tendente a dar andamento à actio
executiva deve ser desconstituído.
(TRF-4 - AG: 332641020104040000 PR 0033264-
10.2010.404.0000, Relator: OTÁVIO ROBERTO
PAMPLONA - Data de Julgamento: 07/12/2010,
SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: D.E.
15/12/2010).
Desta forma, após a análise sistemática das normas,
conclui-se que os efeitos do parcelamento previsto na Lei nº 11.941/2009 são
produzidos, ao menos provisoriamente, a partir do momento em que a Contribuinte
13. XXXXXXXX XXXXX & XXXXX XXXXXXXX
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13
manifesta sua intenção em aderir a referido benefício fiscal, o que obsta a realização
de qualquer ato constritivo por parte da Fazenda Pública. Ainda, de acordo com o
disposto no artigo 127, da Lei nº 12.249/2010, o parcelamento passa a produzir
efeitos, definitivamente, com o deferimento, por parte da autoridade fazendária, do
pedido de inclusão.
Ainda, é importante ressaltar que o deferimento definitivo
produz efeitos retroativos, motivo pelo qual se deve falar em efeitos provisórios como
consequência do requerimento de inclusão formulado pelo Contribuinte, evitando-se,
assim, a realização de atos constritivos incompatíveis com o escopo do
parcelamento previsto na Lei nº 11.941/2009.
Destarte, sendo o parcelamento causa de suspensão da
exigibilidade do crédito tributário, “ex vi” do artigo 151, VI, do Código Tributário
Nacional, e tendo a ora Agravante aderido ao mesmo resta tão somente o
reconhecimento da inexigibilidade do crédito tributário do Fisco Paulista.
DA POSSIBILIDADE DE CAUÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO NA REVISIONAL
O artigo 206, do Código Tributário Nacional - CTN permite
a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal na hipótese em que o crédito
tributário não esteja vencido, em curso de cobrança executiva garantida pela
penhora efetivada ou, cuja exigibilidade esteja suspensa, na seguinte redação,
verbis:
“Art. 206. Tem os mesmos efeitos previstos no artigo
anterior a certidão de que conste a existência de créditos
não vencidos, em curso de cobrança executiva em que
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tenha sido efetivada a penhora, ou cuja exigibilidade
esteja suspensa.”
E a teor do disposto no artigo 7.º, inciso I, da Lei n.º
10.522/02, o ajuizamento de ação com o objetivo de discutir a natureza da obrigação
ou seu valor, com oferecimento de garantia idônea e suficiente ao Juízo, como no
procedimento cautelar de caução, assegura a suspensão do registro junto ao
CADIN, verbis:
Art. 7.º Será suspenso o registro no Cadin quando o
devedor comprove que:
I - tenha ajuizado ação, com o objetivo de discutir a
natureza da obrigação ou o seu valor, com o oferecimento
de garantia idônea e suficiente ao Juízo, na forma da lei;
Nessa linha de entendimento temos que um crédito
tributário exigível, oriundo de divergências de GFIP’s, de diferenças relativas a
parcelamentos, ou simplesmente declarados em DCTF como devidos e não pagos
no vencimento, sendo objeto de “pré-inscrição” e/ou apenas “em aberto” que estejam
a impedir a expedição da Certidão de Regularidade Fiscal podem ser objeto de
garantia ou penhora.
Os permissivos legais do Código de Processo Civil
arrolam a possibilidade da prestação de caução mediante papéis de crédito, títulos
da União ou dos Estados, a ser prestada pelo interessado ou por terceiro.
Sendo a Ação Cautelar de Caução processo com nítido
caráter satisfativo, nada impede a promoção de Tutela de Urgência a um processo
principal que esteja discutido eventual lançamento, ante a previsão do NCPC.
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Entretanto, embora não se possa suspender a
exigibilidade do crédito tributário através da prestação ou extensão dos efeitos da
caução oferecida, por não ser hipótese prevista no artigo 151, do CTN, pode-se,
através de uma TUTELA DE URGÊNCIA, se antecipar os efeitos da penhora a ser
prestada no juízo de uma futura execução fiscal, a fim de permitir a expedição da
Certidão Positiva, com Efeitos de Negativa CPD-EN, prevista no artigo 206, do CTN.
Esse entendimento é pacífico no Tribunal Regional
Federal da 4.ª Região, não só para permitir a expedição de CPD-EN, mas também
evitando a inscrição no CADIN da interessada a teor do disposto no artigo 7.º, inciso
I, da Lei n.º 10.522/2002, conforme se verifica, exemplificativamente, nas ementas a
ser colacionadas, verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO.
ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CAUÇÃO PARA
GARANTIA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CERTIDÃO
POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA (ARTIGO 206,
CTN). POSSIBILIDADE. 1. Perfeitamente cabível o
procedimento do devedor que, em face de crédito
tributário contra si lançado, mas ainda não objeto de
executivo fiscal em que se possa perfectibilizar a penhora,
propõe, em antecipação de tutela nos autos da ação
anulatória, caucionar aquele crédito e, à semelhança dos
efeitos que gerariam a penhora, permitir a concessão da
certidão positiva com efeitos de negativa estampada no
artigo 206, CTN.2. A teor do disposto no artigo 7.º, inciso
I, da Lei n.º 10.522/2002, o procedimento assegura,
igualmente, a suspensão do registro junto ao CADIN.3.
Concretizada a medida no bojo de ação ordinária, nada
obsta venha o credor, fundamentadamente, opor-se ao
valor de avaliação do bem, requerendo a
complementação da garantia.” “AGRAVO DE
INSTRUMENTO. CERTIDÃO DE REGULARIDADE
FISCAL. CAUÇÃO. POSSIBILIDADE.
DESMEMBRAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. 1. É
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admissível o oferecimento de caução em favor da
Fazenda Pública como forma de antecipar os efeitos que
decorreriam da penhora e de obter certidão positiva com
efeitos de negativa (artigo 206 do CTN). Precedentes do
STJ e desta Corte.2. Inexiste previsão legal autorizando o
Poder Judiciário a interferir na administração pública para
o fim de determinar o desmembramento do lançamento
tributário. 3. Agravo de instrumento improvido.”
O próprio Superior Tribunal de Justiça possui
precedentes, tanto nas 1.ª e na 2.ª Turmas, como na 1.ª Seção, favoráveis ao
oferecimento de caução dado por terceiro a fim de garantir o juízo, permitindo assim
a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO. BEM DE
TERCEIRO DADO EM CAUÇÃO. JUÍZO GARANTIDO.
POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO
POSITIVA COM EFEITO, DE NEGATIVA.
PRECEDENTES. 1. Agravo regimental contra decisão
que negou seguimento ao recurso especial da
agravante.2. É possível a obtenção de Certidão Positiva,
com efeito de Negativa, de Débito - CND (art. 205 c/c o
art. 206 do CTN).3. É plenamente cabível a oferta de bem
de terceiro para caucionar a expedição de certidão
negativa de débito em nome da devedora, mormente ante
a autorização expressa do proprietário do imóvel para
tanto.4. Se o credor não exige garantia para a celebração
do acordo de parcelamento, não pode, no curso do
negócio jurídico firmado, inovar. Inexistência de crédito
tributário definitivamente constituído que impeça o
fornecimento da CND requerida, mormente quando o
débito encontra-se com o parcelamento em dia.5. O
entendimento que prevalece na doutrina e na
jurisprudência, após alongada discussão sobre a matéria,
é o de que o seu efeito é simplesmente declaratório. Essa
posição determinou o assentamento doutrinário e
jurisprudencial na linha de que só surge o direito ao
crédito tributário após o lançamento definitivo, isto é, o
formado por decisão administrativa transita em julgado e
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não-impugnada pela via judicial.6. Analisando-se a
sistemática do CTN, tem-se o seguinte raciocínio: a
moratória suspende a exigibilidade do crédito tributário; a
certidão em que consta a suspensão do crédito tributário
equipara-se, “ou tem os mesmos efeitos”, à CND (art. 206
c/c o art. 205) culminando na inarredável conclusão, que
se aplica ao caso em apreço, de que quem obteve
parcelamento de seus débitos tem direito à obtenção de
certidão, nos termos do art. 206 do CTN.7. “A Certidão
Negativa de Débito só pode ser negada se houver crédito
definitivamente constituído. “Mesmo que, na esfera
administrativa, esteja em discussão se o contribuinte tem
ou não direito de compensação, se a contribuição
previdenciária comporta ou não repercussão, a certidão
deve ser expedida” (REsp nº 195667/SC, 1ª Turma, DJ
de 26/04/1999, Rel. Min. GARCIA VIEIRA).8. Com
relação à possibilidade de se garantir o crédito por meio
da ação cautelar, não visualizo óbice para tanto, visto
que, pela necessidade premente da obtenção da CND, a
via escolhida é de toda adequada, encontrando respaldo
no ordenamento jurídico.9. Precedentes das 1ª e 2ª
Turmas e 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça.10.
Agravo regimental não-conhecido.”
Dessa forma, plenamente demonstrado que existe
relevância na fundamentação apresentada, autorizando a determinação judicial até
mesmo em sede de liminar para expedição de Certidão de Regularidade Fiscal aos
interessados que anteciparem garantias de créditos tributários sob exigência. Para
tanto, deve restar comprovada a idoneidade e suficiência da caução ofertada,
respaldados em documentos comprobatórios. Nesse mesmo sentido também a
decisão de concessão de Tutela pelo magistrado do juiz DR. ARI FERREIRA DE
QUEIROZ, de GOIÂNIA:
REQUERIDO: ESTADO DE GOIAS ADV REQTE: 16819
GO - FRANCELMO JOSE ALVES PEREIRA
DESPACHO: PELO EXPOSTO, DEFIRO A LIMINAR
PLEITEADA NA EXORDIAL PARA SUSPENDER A
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EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO E DE
CONSEQUENCIA, DETERMINO A EXPEDIÇAO DE
CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA.
DEFIRO TAMBEM, A INSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO,
FICANDO A REQUERENTE NA OBRIGAÇÃO DE NÃO
ONERAR OU DILAPIDAR OS BENS OFERTADOS,
RESGUARDAN DO SEU VALOR E A GARANTIA
ESTIPULADA, FAZENDO-SE AS NECESSÁRIAS
REPOSIÇÕES DE ESTOQUE AOS NÍVEIS
OFERTADOS, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DESTA
AÇÃO. DETERMINO A ESCRIVANIA QUE LAVRE O
TERMO DE CAUÇÃO, FAZENDO CONSTAR A
OBRIGAÇAO ANTES ESPECIFICADA, A SER ASSINA
DO PELO REPRESENTANTE LEGAL DA
REQUERENTE. CITE-SE O REQUERIDO PARA, NO
PRAZO LEGAL, CONTESTAR A PRESENTE AÇÃO,
ENCAMINHANDO-LHE COPIA DESTA DECISÃO PARA
IMEDIATO CUMPRIMENTO. GOIÂNIA, 21 DE
OUTUBRO DE 2011.
Ora Excelências, a Agravante requereu expressamente
que lhe fosse deferida a possibilidade de prestar caução e garantia do juízo
conforme abaixo descrito na exordial revisional:
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Destarte, restando comprovado nos autos que a ora
Agravante ofereceu espontaneamente CAUÇÃO E GARANTIA DO JUÍZO para
assegurar o crédito tributário ora Revisionado, NADA IMPEDE A CONCESSÃO DA
TUTELA DE URGÊNCIA no sentido de assegurar a suspensão da exigibilidade do
crédito enquanto se discute a ação perante o juízo “a quo”, afigurando-se medida de
indeferimento desproporcional e desarrazoada a rejeição do pleito que sequer teve
fundamentação idônea e adequada à prestação jurisdicional conforme pleiteada,
requerendo assim seja concedida referida TUTELA no efeito suspensivo ativo do
presente agravo sob apreciação desta egrégia Corte Paulista.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DOS EXORBITANTES JUROS DE MORA
COBRADOS PELA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em 22/12/09, o Estado de São Paulo editou a lei 13.918/09, que
estabeleceu uma nova sistemática de cálculo dos juros moratórios incidentes sobre o valor do
crédito tributário (e respectivas multas).
Até então, os juros de mora incidentes sobre os débitos estaduais
eram aplicados com base na taxa referencial SELIC.
No entanto, com a entrada em vigor da lei 13.918/09, os juros de
mora aplicáveis aos débitos tributários no Estado de São Paulo passaram a ser
substancialmente superior à taxa SELIC, que era aplicada para fins fiscais até então e
permanece em vigor em âmbito Federal.
Em vista do elevado valor dos juros moratórios exigidos pelo
Estado de São Paulo com base na lei 13.918/09, diversos contribuintes como no caso dos
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Agravantes que não estão conseguindo arcar com suas obrigações junto ao Fisco,
notadamente em face da crise econômica global e também no Brasil, ainda com toda
estagnação política e econômica que somente no ano passado fizeram FECHAR mais de
100.000 (cem mil) EMPRESAS, implicando que por conta disso, agravaram-se as condições
dos Promoventes, não restando alternativa senão ingressar com medidas judiciais
questionando a sua constitucionalidade, sob o fundamento de que essa sistemática estaria em
confronto com o artigo 24 da Constituição Federal, uma vez que é vedado aos Estados da
Federação estabelecer índice de juros moratórios estaduais superior ao índice utilizado pela
União Federal para o mesmo fim.
Ao analisar o assunto, este Egrégio Tribunal de Justiça Paulista,
por intermédio da Arguição de Inconstitucionalidade 0170909-61.2012.8.26.0000, declarou a
inconstitucionalidade da lei 13.918/09 e afastou a exigência dos juros de mora que excedem a
taxa SELIC.
Os juros de mora para tributos e multas no estado de São Paulo
estão fixados em 0,13% desde que sua sistemática de composição foi alterada pela Lei
Estadual 13.918/2009, como já mencionado acima, afronta o artigo 24 da Constituição Federal,
que veda a aplicação de juros superior ao praticado pela União Federal, que tem como base a
Taxa Selic.
Embora o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal
Federal não se manifestaram expressamente sobre a Lei nº 13.918, de 2009, contudo, há
precedentes nos tribunais superiores de que as taxas de juros estaduais e municipais
não podem ser superiores à Selic. Ambas as Cortes já tem se posicionado
contrariamente ao valor dos juros de mora de cobrado no estado de São Paulo, não
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obstante o Fisco Paulista segue com a cobrança em tributos e multas, inclusive, no
Programa de Parcelamento Especial-PEP acima do previsto na Constituição Federal, que
não pode ser superior à Taxa Selic.
No preâmbulo da Lei Paulista nº 13.918/09 está mencionado que
a norma foi editada para dispor “sobre a comunicação eletrônica entre a Secretaria da Fazenda
e o sujeito passivo dos tributos estaduais”. No entanto, uma leitura mais atenta a este diploma
legal revelou artimanhas engendradas contra o Contribuinte Paulista em débito com a Fazenda
Pública Estadual.
Até a data da publicação da referida Lei, a Secretaria da Fazenda
do Estado de São Paulo utilizava a Taxa SELIC como índice para calcular os juros moratórios
incidentes sobre o valor do ICMS e sobre o valor da multa punitiva para os débitos já
constituídos. Com a vigência da Lei nº 13.918/09 o Fisco Paulista passou a calcular tais juros
de mora aplicando o índice de 0,13% ao dia, ou seja, os juros de mora para os débitos já
constituídos passaram a aproximadamente 50% ao ano.
As modificações trazidas pela Lei nº 13.918/09 foram
incorporadas pelo Regulamento do ICMS através do Decreto Paulista n° 55.437/10.
A fim de orientar os contribuintes a efetuarem corretamente o
recolhimento dos débitos fiscais já devidamente constituídos à data de publicação da lei, o
Comunicado CAT 59/09 veio esclarecer que a Taxa SELIC é aplicável até o dia 22/12/2009 e, a
partir de então, o índice aplicável seria o de 0,13% ao dia.
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Para coibir tal abuso, o Contribuinte, conta hoje com sólida
jurisprudência, alicerçada em uma ADIN 442 de 14/04/2010. Segue abaixo elucidativos
precedentes deste Egrégio TJSP acerca do assunto:
“TJ-SP - Apelação APL 10453764220148260053 SP 1045376-
42.2014.8.26.0053 (TJ-SP) - Data de publicação: 13/08/2015 -
Ementa: AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JUROS DE
MORA LIMITADOS À NORMA FEDERAL. Demanda julgada
parcialmente procedente, apenas para excluir a incidência da Lei
Estadual nº 13.918/2009. Pretensão recursal voltada à aplicação
da referida Lei. Inadmissibilidade. O Órgão Especial deste
Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do STF na ADI
442, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal
à referida Lei Paulista no sentido de que os juros (incluída a
correção monetária) não podem ser superiores àqueles
fixados na legislação federal. Aplicação da taxa SELIC.
Mácula decorrente dos juros de mora que não contamina a
Certidão da Dívida Ativa por inteiro, devendo apenas ser
retificada e substituída, o que não enseja a suspensão do
crédito tributário. Sentença mantida. Recursos não
providos.”
“TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 22310651020148260000
SP 2231065-10.2014.8.26.0000 (TJ-SP) - Data de publicação:
20/02/2015 - Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL.
JUROS DE MORA LIMITADOS À NORMA FEDERAL.
Pretensão de declaração de nulidade da CDA em razão dos juros
de mora exigidos nos termos da Lei Estadual nº 13.918/2009.
Impossibilidade. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça,
seguindo a orientação do STF na ADI 442, conferiu interpretação
conforme a Constituição Federal à referida Lei Paulista no
sentido de que os juros (incluída a correção monetária) não
podem ser superiores àqueles fixados na legislação federal.
Certidão de Dívida Ativa que deverá ser atualizada conforme a
taxa SELIC, sem declaração de nulidade. Decisão mantida.
Recurso não provido.”
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“TJ-SP - Agravo de Instrumento AI 21250671920158260000
SP 2125067-19.2015.8.26.0000 (TJ-SP) - Data de publicação:
19/08/2015 - Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL.
JUROS DE MORA LIMITADOS À NORMA FEDERAL.
Pretensão à exclusão dos juros de mora exigidos nos termos da
Lei Estadual nº 13.918/2009. Possibilidade. O Órgão Especial
deste Tribunal de Justiça, seguindo a orientação do STF na ADI
442, conferiu interpretação conforme a Constituição Federal à
referida Lei Paulista no sentido de que os juros (incluída a
correção monetária) não podem ser superiores àqueles fixados
na legislação federal. Decisão reformada para excluir a cobrança
dos juros de mora exigidos além das taxas estipuladas pela lei
federal. Recurso provido para acolher o pedido subsidiário da
agravante.”
“TJ-SP - Apelação APL 00350580620138260068 SP 0035058-
06.2013.8.26.0068 (TJ-SP) - Data de publicação: 23/10/2015 -
Ementa: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. CDA. JUROS DE MORA. LEI ESTADUAL
13.918/2009. INAPLICABILIDADE NO QUE EXCEDER A TAXA
FEDERAL. Exclusão da Certidão de Dívida Ativa dos juros de
mora previstos na Lei Estadual nº 13.918/2009, que excederem a
taxa federal. Admissibilidade. O Órgão Especial deste Tribunal de
Justiça, seguindo a orientação do STF na ADI 442, no julgamento
da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0170909-
61.2012.8.26.0000, conferiu interpretação conforme a
Constituição Federal à referida Lei Paulista no sentido de que os
juros de mora (incluída a correção monetária) não podem ser
superiores àqueles fixados na legislação federal (taxa SELIC).
Entendimento jurídico que repercute no cálculo da multa de mora.
Sentença de parcial procedência. Manutenção. Recursos não
providos.”
“TJ-SP - Apelação APL 10135047220158260053 SP 1013504-
72.2015.8.26.0053 (TJ-SP) - Data de publicação: 21/10/2015 -
Ementa: RECURSOS OFICIAIS E DE APELAÇÃO. AÇÃO
ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JUROS DE MORA
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LIMITADOS À NORMA FEDERAL. Preliminar. Demanda julgada
parcialmente procedente, para excluir os juros de mora da Lei
Estadual nº 13.918/2009 incidentes sobre os débitos não
parcelados. Necessidade de decotar 'ex officio' a r. sentença,
porque o pedido cingiu-se àqueles incluídos nos parcelamentos.
Por conseguinte, fica prejudicada a análise do apelo fazendário,
bem como da arguição de falta de interesse recursal também da
Fazenda. Mérito. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça,
seguindo a orientação do STF na ADI 442, conferiu interpretação
conforme a Constituição Federal à referida Lei Paulista no
sentido de que os juros (incluída a correção monetária) não
podem ser superiores àqueles fixados na legislação federal.
Aplicação da taxa SELIC. Sentença decotada e reformada no
restante. Precedentes jurisprudenciais deste E. Tribunal de
Justiça. Recursos oficial e voluntário da Fazenda prejudicados,
provido o apelo da parte autora.”
“TJ-SP - Apelação APL 10381768120148260053 SP 1038176-
81.2014.8.26.0053 (TJ-SP) - Data de publicação: 13/08/2015 -
Ementa: RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE
DÉBITO FISCAL. JUROS DE MORA. LEI ESTADUAL
13.918/2009. INAPLICABILIDADE NO QUE EXCEDER A TAXA
FEDERAL. Preliminar. Falta de interesse de agir com relação às
CDA’s que foram objeto de anterior ação de execução fiscal
ajuizada pelo Fisco. Mérito. Pretensão à exclusão do Auto de
Infração e Imposição de Multa dos juros de mora previstos na Lei
Estadual nº 13.918/2009, que excederem a taxa federal.
Admissibilidade. O Órgão Especial deste Tribunal de Justiça,
seguindo a orientação do STF na ADI 442, no julgamento da
Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0170909-
61.2012.8.26.0000, conferiu interpretação conforme a
Constituição Federal à referida Lei Paulista no sentido de que os
juros de mora (incluída a correção monetária) não podem ser
superiores àqueles fixados na legislação federal (taxa SELIC).
Entendimento jurídico que repercute no cálculo da multa de mora.
Possibilidade de ocorrência de protesto e inclusão da empresa no
CADIN e/ou SERASA. Sucumbência recíproca mantida.
Sentença mantida. Recursos não providos.”
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25
Como podemos observar das jurisprudências acima
colacionadas, resta perfeitamente comprovada à arbitrariedade que o Estadão de São Paulo ao
impor aos Agravantes obrigações tributárias tão onerosas, e ainda aplicando correções que
não estão devidamente previstas em lei.
Com efeito, a Lei Estadual n. 13.918/09, regulamentada pelo
Decreto Estadual n. 55.437/10, alterou a redação do art. 96, da Lei Estadual n. 6.374/89,
estabelecendo que a taxa de juros incidente sobre os débitos de ICMS seria no valor
correspondente a 0,13%, cujo montante pode ser reduzido por ato do Secretário da Fazenda
em conformidade com as taxas médias pré-fixadas das operações de crédito com recursos
livres divulgadas pelo Banco Central do Brasil (§ 4º), sendo que em nenhuma hipótese esta
taxa poderá ser inferior à taxa SELIC Taxa do Sistema de Liquidação e Custódia (§ 5º).
Com fundamento neste dispositivo, através das Resoluções SF
ns. 2/10 e 11/10, a Secretaria da Fazenda reduziu esta taxa para o patamar de 0,10% ao dia, o
que, na prática, importa em uma taxa de juros mensal de 3% (três por cento), correspondente a
36% (trinta e seis por cento) ao ano.
Por se cuidar de taxa de juros superior ao índice federal, a
Secretaria da Fazenda, através da Resolução n. 31/12, que revogou a Resolução n. 98/10,
estabeleceu que a taxa de juros “será calculada com base na taxa média pré-fixada das
operações de crédito com recursos livres referenciais para taxa de juros aquisição de bens,
divulgada pelo Banco Central do Brasil” (art. 1º), sendo “obtida por aproximação, buscando-se
a equivalência entre o percentual de juros acumulado linearmente para um período de noventa
dias, e a taxa para operações de aquisição de bens apurada em periodicidade diária,
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26
acumulada exponencialmente no mesmo intervalo.” (art. 2º), sendo apurada mensalmente e
publicada até o vigésimo dia de cada mês, para aplicação no mês seguinte.
Por força do § 3º do art. 2º, esta taxa não pode ser superior a
0,13% (treze décimos por cento) ou inferior à taxa SELIC.
A pretensão da Fazenda Estadual é a de que a taxa de juros
moratórios corresponda ao indicador oficial que reflita o custo do crédito no mercado financeiro,
podendo a Secretaria da Fazenda adotar outro indicador idêntico em caso de extinção,
substituição ou modificação da taxa de juros de operações de aquisição de bens (art. 4º).
O Código Tributário Nacional não estipula que a taxa de juros
moratórios é limitada a 1% (um por cento) ao ano, como se pode verificar da redação do artigo
legal:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é
acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante
da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e
da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta
Lei ou em lei tributária.
§ 1º Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são
calculados à taxa de um por cento ao mês.” (grifei) ”
Assim sendo, a lei pode determinar percentual diverso para a
taxa de juros moratórios. Por isso mesmo, já se firmou a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, pela Súmula 283, que a taxa de juros podem exceder o percentual de 12% (doze
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27
por cento) ao ano, sem que isto implique em abusividade, impondo-se sua redução apenas nos
casos em que seja comprovado que os juros cobrados são discrepantes em relação à taxa de
mercado para a operação.
Por outro lado, o Estado não pode cobrar juros superiores
àqueles fixados pela União, em débitos federais (Taxa SELIC), sob pena de
inconstitucionalidade.
O artigo 24, inciso I, da Constituição Federal determina que é
competência concorrente da União, Estados e Distrito Federal legislar sobre “direito tributário,
financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico”.
Os parágrafos do referido artigo determinam, ainda, que a lei
nacional (União) deve dispor sobre normas gerais e a lei estadual, apenas suplementar.
No caso, a lei estadual, em tese, ultrapassou o limite
constitucional estabelecido, motivo pelo qual o artigo 96, da Lei nº 6.374/89, com a
redação dada pela Lei nº 13.918/09, é inconstitucional.
Daí porque a nova sistemática de incidência dos juros de mora
para tributos e multas estaduais, determinada pela Lei nº 13.918/2009, que alterou a Lei nº
6.374/89, foi julgada inconstitucional pelo Egrégio Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo em 27/02/2013, como restou ementado:
“INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - Arts. 85 e 96 da
Lei Estadual n° 6.374/89, com a redação dada pela Lei
Estadual n° 13.918/09 - Nova sistemática de composição dos
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juros da mora para os tributos e multas estaduais (englobando a
correção monetária) que estabeleceu taxa de 0,13% ao dia,
podendo ser reduzida por ato do Secretário da Fazenda,
resguardado o patamar mínimo da taxa SELIC - Juros moratórios
e correção monetária dos créditos fiscais que são
desenganadamente, institutos de Direito Financeiro e/ou de
Direito Tributário - Ambos os ramos do Direito que estão
previstos em conjunto no art. 24, inciso I, da CF, em que se situa
a competência concorrente da União, dos Estados e do DF - §§
1º a 4° do referido preceito constitucional que trazem a disciplina
normativa de correlação entre normas gerais e suplementares,
pelos quais a União produz normas gerais sobre Direito
Financeiro e Tributário, enquanto aos Estados e ao Distrito
Federal compete suplementar, no âmbito do interesse local,
aquelas normas - STF que, nessa linha, em oportunidades
anteriores, firmou o entendimento de que os Estados-membros
não podem fixar índices de correção monetária superiores aos
fixados pela União para o mesmo fim (v. RE nº 183.907-4/SP e
ADI n° 442) - CTN que, ao estabelecer normas gerais de Direito
Tributário, com repercussão nas finanças públicas, impõe o
cômputo de juros de mora ao crédito não integralmente pago no
vencimento, anotando a incidência da taxa de 1% ao mês, "se a
lei não dispuser de modo diverso"-
Lei voltada à regulamentação de modo diverso da taxa de juros
no âmbito dos tributos federais que, destarte, também se insere
no plano das normas gerais de Direito Tributário/Financeiro,
balizando, no particular, a atuação legislativa dos Estados e do
DF - Padrão da taxa SELIC que veio a ser adotado para a
recomposição dos créditos tributários da União a partir da edição
da Lei n° 9.250/95, não podendo então ser extrapolado pelo
legislador estadual - Taxa SELIC que, por sinal, já se presta a
impedir que o contribuinte inadimplente possa ser beneficiado
com vantagens na aplicação dos valores retidos em seu poder no
mercado financeiro, bem como compensar o custo do dinheiro
eventualmente captado pelo ente público para cumprir suas
funções - Fixação originária de 0,13% ao dia que, de outro lado,
contraria a razoabilidade e a proporcionalidade, a caracterizar
abuso de natureza confiscatória, não podendo o Poder Público
em sede de tributação agir imoderadamente - Possibilidade,
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contudo, de acolhimento parcial da arguição, para conferir
interpretação conforme a Constituição, em consonância com o
julgado precedente do Egrégio STF na ADI n° 442 – Legislação
paulista questionada que pode ser considerada compatível com a
CF, desde que a taxa de juros adotada (que na atualidade
engloba a correção monetária), seja igual ou inferior à utilizada
pela União para o mesmo fim - Tem lugar, portanto, a declaração
de inconstitucionalidade da interpretação e aplicação que vêm
sendo dada pelo Estado às normas em causa, sem alterá-las
gramaticalmente, de modo que seu alcance valorativo fique
adequado à Carta Magna (art. 24, inciso I e § 2º) - Procedência
parcial da arguição.
Portanto, indevida é a aplicação dos juros, nos termos da Lei
Estadual n. 13.918/09, e, portanto, não justifica ao caso dos Agravantes.
Por conseguinte, REQUER a Vossa Excelência se digne em
determinar que o Fisco Paulista se abstenha de realizar qualquer ato, com base no
débito em questão.
DA INCONSTITUCIONALIDADE DO PAGAMENTO EM DINHEIRO CONFORME
EXIGÊNCIA DA PARTE FINAL DA SÚMULA 112 DO COLENDO STJ
Com PERMISSA VENIA, o r. despacho interlocutório “a
quo”, merece mesmo ser reformado máxime porque em nosso entendimento feriu
dispositivos constitucionais inclusive se posicionando contra entendimento da
Excelsa Suprema Corte, conforme adiante restará demonstrado.
DA EXIGÊNCIA DA PARTE FINAL DA SÚMULA NÃO VINCULANTE 112 DO STJ E
SUA INCONSTITUCIONALIDADE
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Somos encanzinados com as súmulas, vinculantes ou
não. Não é pelas súmulas “em si”, e, sim, pelo uso que delas se faz. As súmulas
vinculantes não são um mal em si. Na verdade, as súmulas podem servir como um
importante componente para firmar e colocar o selo jurídico em importantes avanços
na jurisprudência, assim como para impedir interpretações que provoquem
retrocesso hermenêutico.
Contudo as súmulas brasileiras são uma espécie de
“jabuticaba”. Só existem por aqui. As suas similares portuguesas (e das Cortes
Europeias), chamadas de “assentos”, foram declaradas inconstitucionais desde 1996
(Acórdão do TC 743/96). Foi uma luta intensa travada — e ganha — pela doutrina
do jusfilósofo António Castanheira Neves, que sempre sustentou a inadequação
desse elemento “normativo” no sistema jurídico português. A análise de C. Neves é
eminentemente hermenêutica, mostrando o caráter metafísico dos assentos. Dizia,
inclusive, que eles representavam – E ISSO SE APLICA ÀS NOSSAS SÚMULAS –
a repristinação da jurisprudência dos conceitos (Begriffjurisprudenz). Cada assento
ou cada súmula seria guardado as proporções e similitudes e diferenças, uma
espécie de pandecta. Isto é, conceitos com pretensões de abarcar de antemão todas
as hipóteses futuras de aplicação.
Mas a súmula brasileira é entendimento equivocado
também pelo fato de se tentar compará-la aos precedentes da common law. Ora, lá
um precedente é feito para resolver casos passados, de forma incidental. Aqui, ela é
feita para justamente fazer o contrário: resolver, com pretensões de lei, todos os
casos futuros. Trata-se, no fundo, de uma forma de antecipação de tutela
hermenêutica. Uma cautelar de sentidos. Uma tentativa de “colocar” para dentro de
um enunciado todas as coisas das quais esse enunciado trata em tese.
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A par do problema de que a Súmula 112 do STJ ser
incompatível com a lei complementar (CTN art. 151) e a Constituição — e isso será
explicitado na sequencia, registramos que a “aplicação” de uma súmula não pode
ser feita a partir de um procedimento ampliativo de restrição que a própria lei
complementar não o fez. Não é possível, portanto, continuarmos a analisar os textos
das súmulas como se ali fosse “o lugar da verdade” e como se o sentido “imanente”
desse texto nos desse as respostas para sua futura aplicação. Cada enunciado
sumular/jurisprudencial tem um “DNA”. Esse “DNA” é a integridade e a coerência de
que fala Dworkin. O “DNA” contém também, necessariamente, os genes da
doutrina.
Nesse diapasão, é que há muito tem sido criticado a
“pretensão sumular”. Explicamos: lamentavelmente, parece que a dogmática jurídica
pretende construir enunciados assertóricos que “abarcam, de antemão, todas as
possíveis hipóteses de aplicação e no caso da súmula em questão, ampliando
restrição não prevista no legislador complementar que já trouxe exigência muito
restritiva quando exigiu que fosse efetuado o depósito INTEGRAL do montante.
Referida súmula são respostas a priori, oferecidas antes das perguntas. Isto é, as
súmulas são uma espécie de “antecipação do sentido”, uma “tutela antecipatória das
palavras” ou, ainda, uma “atribuição de sentido inaudita altera parte...!”
Ora, vivemos em um Estado que se diz democrático de
Direito, e devemos, portanto, nos valer dos princípios previstos na Constituição
Federal para balizar o âmbito da tutela jurisdicional. Neste sentido, a vingar o
entendimento contido na SNV 112, do STJ, tem-se a nítida violação do princípio da
tutela jurisdicional, de acesso à justiça e da separação de poderes, à medida que
resta o contribuinte impossibilitado de exercer qualquer direito de acessar o judiciário
e dele obter pronta resposta a prestação jurisdicional prevista também no artigo 151
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do CTN, pois se torna presumivelmente em ampla maioria impossibilitado de ver sua
pretensão discutida na justiça. Eis, aí, a inconstitucionalidade da SNV 112 do STJ.
E está violada, também, a separação de poderes. Mais
uma inconstitucionalidade. Nitidamente a parte da SNV 112, do STJ, que exige o
depósito EM DINHEIRO “legisla”, criando direito novo. Ou seja, de que modo um
tribunal pode editar um enunciado com pretensões normativas, no e pelo qual
estabelece de antemão RESTRIÇÃO não prevista na legislação complementar que
tão somente exige que o DEPÓSITO SEJA INTEGRAL, mas não exigindo que o
mesmo seja em dinheiro como referida súmula ampliou, favorecendo ainda mais o já
ganancioso FISCO que quer o recebimento integral.
Por último, é despiciendo lembrar que vinculantes
somente são as súmulas do STF, autorizadas pela EC 45. As demais são
meramente aconselhativas. E, no caso, não parece que o STJ tenha feito um “bom
conselho” para a comunidade jurídica.
Numa palavra: as súmulas podem se constituir em
importante mecanismo de reforço à integridade e coerência do direito. Mas, para
tanto, devem ser adequadamente compreendidas — isto é, como textos jurídicos —,
e aplicadas justamente a partir do respeito à integridade e à coerência do direito,
bem como à estrita obediência do dever de fundamentar as decisões.
Consequentemente, tais textos são sujeitos a interpretação.
Por fim, outra questão. Em tempos em que se diz por aí
que o Judiciário não é ativista, este parece ser um bom exemplo de como se faz
ativismo dizendo que não se está fazendo. Ora, há limites semânticos no dispositivo
que estabelece o DEPÓSITO INTEGRAL. O STJ não poderia fazer uma
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interpretação in mala partem. Sim, a interpretação do STJ diz o que o legislador
complementar e a doutrina dominante nunca disseram.
Então, o que houve? O que ocorreu é que, no caso da
SNV 112, o STJ substituiu-se ao legislador. Colocou na lei os juízos éticos, políticos
e morais que não eram os do legislador criando uma RESTRIÇÃO que o artigo 151
nunca quis estabelecer.
Violou não somente os limites semânticos da lei (por isso,
é ilegal), como também violou ou cerceou o direito à tutela jurisdicional e da
separação dos poderes.
Nesse mesmo sentido o Excelso STF em julgamentos de
ADI’s e outras ações já declarou serem inaceitáveis exigências que impeçam ou
cerceiem o direito de acesso ao judiciário e a tutela jurisdicional.
No caso em que pese nossas críticas as súmulas,
ironicamente o próprio STF editou duas súmulas que tratam de matéria semelhante
a que trazemos a baila neste agravo. Primeiramente esclareça que ambas as
súmula 21 e 28, têm íntima ligação e conotações jurídicas, sendo que a primeira
delas de nº 21 assim dispõe:
21 – É INCONSTITUCIONAL A EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO OU
ARROLAMENTO PRÉVIOS DE DINHEIRO OU BENS PARA A
ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ADMINISTRATIVO
A doutrina há muitos anos vinha lutando contra essa
aberração jurídica agora definitivamente extinta, nos seguintes termos: “Como a
interposição de reclamações, ou de recursos, suspende a exigibilidade do crédito
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tributário, a norma que exige o depósito como condição para o conhecimento de
reclamações, ou recursos, além de ser inconstitucional, porque restringe
indevidamente o exercício do direito de defesa, contraria frontalmente o Código
Tributário Nacional” (Hugo de Brito Machado, Curso de Direito Tributário, 12a
ed., Malheiros, 1997,. P. 125). Grifos nosso
É inexigível o depósito recursal por ser uma faculdade do
contribuinte para suspender a exigibilidade do crédito fiscal; a reedição de MP sobre
a matéria viola o art. 62 da CF/88; viola os princípios do contraditório e ampla defesa
e violação do princípio da isonomia, ao requerer depósito somente das pessoas
jurídicas. (José Rubens Hernandez, INNS A exigência (indevida) de Depósito
Recursal, em Revista Dialética de Direito Tributário nº 36, setembro/1998). in
LEANDRO PAUSEN, Direito Tributário,2002, págs. 726/7, Livraria do Advogado,
Editora).
Essa súmula teve como antecedentes os seguintes
julgados:
“Recurso Administrativo – Depósito - §§1º e 2º do
artigo 126 da Lei nº 8.213/1991 –
Inconstitucionalidade. A garantia constitucional da
ampla defesa afasta a exigência do depósito como
pressuposto de admissibilidade de recurso administrativo
(STF - RE nº 389.383-1/SP e RE nº 390.513-9/SP, Pleno,
Rel.: Min. Marco Aurélio, j. 28/03/2007).
“Recurso Administrativo – Depósito Prévio – O Supremo
Tribunal, revendo entendimento anterior, assentou que a
exigência do depósito prévio do valor da multa
questionada, como condição de admissibilidade de
recurso administrativo, ofende o art. 5º, LV, da
Constituição da República.
Agravo regimental provido e convertido em recurso
extraordinário, ao qual se dá provimento, conforme o
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precedente, com ressalva do voto vencido do Relator
deste, para declarar a inconstitucionalidade do art. 250 do
Dec-Lei nº 5, de 15.3.1975, com as redações
sucessivamente ditadas pela L. 3.188, de 22 de fevereiro
de 1999 e pela L. 3.344, de 29 de dezembro de 1999,
todos do estado do Rio de Janeiro. (STF – Ag Reg. nº
398.933-7/SP e Ag Reg. nº 408.914-1/SP, Pleno, Rel.:
Min. Sepúlveda Pertence, j. 28/03/2007).
A súmula vinculante 28 por sua vez assim dispõe:
28 – É INCONSTITUCIONAL A EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO
PRÉVIO COMO REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO
JUDICIAL NA QUAL SE PRETENDA DISCUTIR A
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
A ação judicial a que a súmula vinculante se refere é a
referente à anulação de exigência fiscal, que muitas vezes corre paralelamente a
uma execução fiscal, em que nessa última ação por óbvio o juízo já foi garantido até
mesmo por dinheiro, o que acarretava numa situação sui generis muito embora o
próprio STF e os demais tribunais e juízes de vara mantinham essa absurda e
irracional exigência, em que na realidade o que se procurava era proteger o poder
executivo sob a fantasia do decantado interesse coletivo/interesse público/privado,
que nos dias de hoje já não mais pode prevalecer em face da nova ordem mundial.
JOSÉ XXXX XXX XXXX XXX analisando os princípios
incidentes nas situações objeto dessas súmulas assim se expressa: DEVIDO
PROCESSO LEGAL. O princípio do devido processo legal entra agora no direito
constitucional positivo com um enunciado que vem da Magna Carta inglesa:
“Ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal”
(art. 5º, LIV). Combinado com o direito de acesso à justiça (art. 5º, XXXV), o
contraditório e a plenitude de defesa (art. 5, LV), fecha-se o ciclo das garantias
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processuais. Garante-se o processo – e “quando se fala em processo”, e não em
simples procedimento, alude-se, sem dúvida, a formas instrumentais adequadas, a
fim de que a prestação jurisdicional, quando entregue pelo Estado a cada um o que
é seu, segundo os imperativos da ordem jurídica. Isso envolve a garantia do
contraditório, a plenitude do direito de defesa, a isonomia processual e a
bilateralidade dos atos procedimentais – conforme autorizada lição de Frederico
Marques. (Comentário Contextual à Constituição, 5ª. Ed., Malheiros, 2007).
Portanto, louvável em que pese à crítica ao conceito
sumular brasileiro, a edição dessas duas súmulas vinculantes, para que, pelo menos
esperasse que o erário no mínimo viesse a respeitar esses enunciados uma vez que
os mesmos atingem tanto os procedimentos tanto judiciais como administrativos,
mesmo porque ultimamente os demais poderes vêm desobedecendo ordens
judiciais, postura essa incompatível com o regime democrático e no mínimo um
desrespeito à cidadania.
Não obstante, em que pese o esforço do Excelso STF em
garantir o acesso a tutela jurisdicional, contudo paradoxalmente o Colendo STJ, com
a devida vênia, mais uma vez pende a balança da justiça a favor do ganancioso
Fisco brasileiro, que através do legislador complementar impôs no artigo 151 do
CTN a famigerada exigência de que para suspender a exigibilidade do crédito
tributário o contribuinte, o empresariado nacional já cambaleante pelos abusivos
juros e multas que superam as mais bizarras estatísticas do planeta optou por
inobservar a separação constitucional de poderes e ainda acrescentar RESTRIÇÃO
ao disposto no referido artigo que NUNCA previu além do MONTANTE INTEGRAL
exigência INCONSTITUCIONAL de que também viesse a ser depositado todo em
DINHEIRO.
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Na jurisprudência e no despacho guerreado, a Súmula nº
112 do STJ assinala que o depósito deverá ser integral e em dinheiro.
Quanto à exigência de o depósito ser no seu montante
integral não há qualquer problema, uma vez que tal requisito está insculpido no art.
151, II do CTN. Além de ele ter também a função de garantia para a Fazenda
Pública.
No entanto, o CTN não faz qualquer menção de que o
depósito deva ser feito somente em dinheiro.
A exigência extra legem de depósito somente em dinheiro
traz enorme prejuízo aos contribuintes hipossuficientes economicamente, pois
estes não conseguem suspender o crédito tributário for falta de dinheiro. O mesmo
não acontece com os abastados, pois não encontram dificuldades para suspendê-lo.
Há, sem dúvidas, portanto, ALÉM DE INCONSTITUCIONALIDADE POR AFRONTA
AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E CERCEIO DE TUTELA
JURISDICIONAL, UMA FLAGRANTE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
Diante dessa situação, o STJ deveria mitigar o conteúdo
desta Súmula, já que, sob o fundamento do princípio do acesso à Justiça, poderia
aceitar garantias diferentes para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Aplicando-se, por analogia, a LEF que aceita bens diferentes de dinheiro na
penhora.
Efetuar o depósito é direito subjetivo do contribuinte, isto
é, trata-se de faculdade do sujeito passivo da obrigação tributária como inclusive
mencionado no despacho exarado ora guerreado no presente agravo. Assim sendo,
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o contribuinte poderá a qualquer momento requerer, por meio de uma petição
singela, o depósito, desde que não haja o transito em julgado da decisão.
A jurisprudência pátria desde a década de 90 e dos anos
2000 já comungava dessa assertiva:
DEPÓSITO JUDICIAL. ART. 151, II, DO CTN. O depósito
previsto no art. 151, II, do Código Tributário Nacional é um
direito do contribuinte. O juiz não pode ordenar o
depósito, nem o indeferir. (STJ – REsp 324.012/RS - 1ª
Turma – Relator Ministro Humberto Gomes de Barros
– DJ 05/11/2001).
TRIBUTÁRIO. CPMF. DEPÓSITO JUDICIAL. É direito do
sujeito passivo da obrigação tributária suspender a
exigibilidade do crédito tributário mediante depósito do
seu montante integral. (TRF 4ª Região – AI 97.04.03108-
4/RS – 1ª Turma - Relator Desembargador Gilson
Langaro Dipp – DJ 27/08/1997).
Perceba cultos Desembargadores, que o Estado na ânsia
arrecadatória além de instituir leis flagrantemente inconstitucionais ainda, no caso
em tela, a despeito do STF ter mitigado tais exigências similares nas duas súmulas
anteriormente discutidas, novamente o estado tem a seu favor o próprio
posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça através da Súmula 112,
que com referidas leis acabam sutilmente protegendo e ampliando a força do Fisco
em um manto de presunção de constitucionalidade, exigindo assim aplicação de
imediato, prejudicando a grande massa de contribuintes que desavisadamente e até
mesmo intimidada pela ação do Fisco, acaba desistindo do direito de defesa e tutela
jurisdicional e parcelando um débito que em alguns casos não é nem devedora.
Por conta destas ilegalidades e inconstitucionalidades, o
fato de o Estado, mediante a criação de leis visivelmente ofensivas ao Contribuinte,
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receberem a chancela da nossa mais alta Corte Infraconstitucional, há de se
questionar e repudiar com veemência a parte dispositiva final da Súmula 112 que
exige para suspensão do crédito tributário além de integral, também o depósito em
EM DINHEIRO, notadamente por ser INCONSTITUCIONAL na medida em que
AFETA OS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DA ISONOMIA, AMPLA DEFESA,
SEPARAÇÃO DE PODERES E DIREITO A TUTELA JURISDICIONAL.
Diante do exposto, observa-se que a exigência de
depósito prévio ofende tanto os princípios constitucionais da AMPLA DEFESA E DO
CONTRADITÓRIO, DA ISONOMIA, AMPLA DEFESA, SEPARAÇÃO DE
PODERES E DIREITO A TUTELA JURISDICIONAL como as normas estatuídas no
Código Tributário Nacional, de sorte que não deve prosperar em nosso ordenamento
jurídico.
DA ATUAL CRISE FINANCEIRA GLOBAL E A CONJUNTURA ECONÔMICA
BRASILEIRA
Os efeitos da crise econômica iniciada nos EUA no ano de
2008 e que perduram de forma agravante produziram efeitos nefastos que não ficaram restritos
àquele país, mas se estenderam às economias de todo o mundo e em especial do Ocidente e
na América do Sul. A expansão irresponsável do crédito, a quebradeira de bancos norte
americanos e a queda do índice Nasdaq, para citar apenas algumas das causas que
originaram a crise, redundaram na intervenção do governo estadunidense na economia por
meio da estatização das instituições financeiras, como forma de refrear os efeitos prejudiciais à
economia.
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40
Nesse sentido, os governos de todo o mundo, se viram
obrigados a injetarem altíssimas somas de dinheiro nas empresas como forma de evitar um
colapso ainda mais grave. Para alguns analistas e estudiosos, essa crise demonstrou de forma
cabal o fracasso do fundamentalismo de livre mercado, que preconiza a ideia de que os
mercados se corrigem, comprovando, assim, a importância dos governos para o necessário
equilíbrio econômico. Esse é o entendimento expressado por diversos especialistas, dentre os
quais se destaca George Soros, empresário e investidor, professando o entendimento de que
a crise poderia ter sido evitada:
I think it was, but it would have required recognition that the
system, as it currently operates, is built on false premises.
Unfortunately, we have an idea of market fundamentalism, which
is now the dominant ideology, holding that markets are self-
correcting; and this is false because it’s generally the intervention
of the authorities that saves the markets when they get into
trouble. Since 1980, we have had about five or six crises: the
international banking crisis in 1982, the bankruptcy of Continental
Illinois in 1984, and the failure of Long-Term Capital Management
in 1998, to name only three. Each time, it’s the authorities that bail
out the market, or organize companies to do so. So the regulators
have precedents they should be aware of. But somehow this idea
that markets tend to equilibrium and that deviations are random
has gained acceptance and all of these fancy instruments for
investment have been built on them. The Financial Crisis: An
Interview with George Soros. New York:
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41
http://www.nybooks.com/articles/archives/2008/may/15/the-
financial-crisis-an-interview-with-george-soro/
Muito embora as previsões exageradamente otimistas,
mascaradas e até maquiadas (como hoje se sabe) das contas por parte das autoridades
brasileiras, os efeitos aqui foram sentidos com bastante intensidade e agora ainda agravando-
se notavelmente. A queda das ações na bolsa de valores, a alta do dólar e a ausência de
crédito provocaram efeitos danosos na já combalida economia brasileira. A recessão veio forte
e as empresas e pessoas jurídicas nacionais sentiram os efeitos, ocasionando fechamento dos
postos de trabalho, aumento da inadimplência, declarações de falência, recuperações judiciais
dentre outros.
Nesse contexto há que se ressaltar que os efeitos da recessão
acabaram por se traduzir e agravar ainda mais em larga escala inadimplência das empresas
brasileiras que sentiram fortemente os efeitos da crise, senão vejamos nas manchetes dos
principais periódicos nacionais e internacionais:
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Fonte: http://g1.globo.com/economia/noticia/2011/07/entenda-crise-da-divida-dos-eua-e-como-isso-afeta-o-brasil.html
Fonte: http://www.jurisway.org.br/v2/dhall.asp?id_dh=14449
Destarte, como se vê, é inegável que a Agravante está sofrendo
drasticamente em face da crise econômica que afeta todos os brasileiros maiormente com as
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políticas equivocadas que lhe tem sido prejudiciais, a despeito de legislações e no caso até da
súmula 112 do STJ, que deveria lhes proteger, não obstante ao arrepio da Constituição
Federal, contribui para piorar as condições dos empresários brasileiros e de forma geral
prejudicando toda cadeia de produtividade e crescimento do país, senão vejamos:
Fonte: http://www.dgabc.com.br/Noticia/72178/endividamento-prejudica-crescimento-de-industrias
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Fonte: http://www.dgabc.com.br/Noticia/72178/endividamento-prejudica-crescimento-de-industrias
De outro lado em claro contraste, verifica-se que a Agravada
mesmo com enorme crise global continua sendo uma das maiores beneficiárias diante da atual
crise econômica, tendo inclusive contabilizado em seus balanços anuncio de previsão de lucro
em quase 40%:
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Fonte: http://oglobo.globo.com/economia/receita-aumenta-em-quase-40-arrecadacao-com-sistema-big-
brother-17246910
Vale dizer: toda a atual política nacional encontra-se
exclusivamente voltada ao lucro excepcional dos TRIBUTOS arrecadados sem sequer
preocupar-se com a saúde financeira dessas empresas em face da ganância insaciável do
FISCO brasileiro em detrimento dos empresários brasileiros ante o sufocamento imposto por
leis e súmulas inconstitucionais que favorecem a Receita Federal do Brasil em prejuízo do
empresariado gravemente prejudicado com tais políticas governamentais equivocadas.
DA NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
Ressalte-se aqui a expressa necessidade da concessão
da medida e sua importância para a empresa relembrando que a empresa está
pagando em dia os tributos, mas que a medida se faz necessária diante da
abusividade dos encargos cobrados pelo Fisco em sede de discussão na Revisional
em tramitação no juízo “a quo”.
No que tange ao efeito ativo, mostra-se esse
importantíssimo para a salvaguarda do direito da Agravante, em especial porque em
caso de improvimento do agravo o feito prosseguirá seu curso normal e assim ainda
que a agravante venha a interpor apelos extremos, ainda assim restaria prejudicada
com medidas irreversíveis com alto risco de dano irreparável ou de difícil reparação,
restando assim à necessidade de que haja ordem emanada pelo Poder Judiciário no
sentido de CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO ATIVO até a decisão final transitada
em julgado, contra o r. despacho ora agravado.
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O Código de Processo Civil autoriza o Juiz conceder a
antecipação de tutela existindo prova inequívoca e dano irreparável ou de difícil reparação:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode,
conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea
para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.
§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será
concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.
Há nos autos prova inequívoca da ilicitude cometida pela
Agravada, fartamente comprovada por documentos imersos nesta pendenga, maiormente pela
cobrança declarada inconstitucional por esta Corte sob o fundamento da lei 13.918/09, a qual
anuncia a cobrança de juros acima do previsto legalmente.
Portanto, inexiste qualquer óbice ao deferimento da tutela
pleiteada.
De outro contexto, há perigo de dano irreparável, na medida
em que haja risco da inserção do nome da agravante nos órgãos de restrições, podendo
trazer a mesma (como a grande maioria das empresas engajadas no ramo empresarial)
sequelas danosas. Apenas para exemplificar, a mesmo fica impedida de resgatar
talonários de cheques no Banco que tem a conta corrente da empresa, de grande
utilidade, visto que não só tais instituições, como grande maioria destas, entregam os
novos talonários sempre com prévia consulta aos órgãos de restrições. E, diga-se, a
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Agravante utiliza-se de cheques para inúmeros compromissos. Ademais, esta
provavelmente jamais poderá obter novos empréstimos, por mais simples que o seja, e
para qualquer outra finalidade. Não esqueçamos os reflexos de abalo psicológico que tal
situação atrai a qualquer um.
A reversibilidade da medida também é evidente, uma vez que a
Ré, se vencedora na lide, poderá incluir o nome da agravante junto ao cadastro de
inadimplentes.
Há no caso em tela “prova inequívoca” da ilicitude cometida pelo
Fisco Paulista, quando tenta aplica taxas e juros que não são legais, pagando assim um débito
muito maior do que ter seu nome negativado, ficando impedida até de concorrer a processos
licitatórios, o que se encontra fartamente comprovado por documentos imersos nesta
pendenga, e outros documentos que instruem a inicial.
As tutelas jurisdicionais provisórias, como o próprio nome diz, são
tutelas jurisdicionais não definitivas, concedidas pelo Poder Judiciário em juízo de cognição
sumária, que exigem, necessariamente, confirmação posterior, através de sentença, proferida
mediante cognição exauriente.
As tutelas provisórias são o gênero, dos quais derivam duas
espécies: tutela provisória de urgência e tutela provisória da evidência. Uma, exige urgência na
concessão do Direito. A outra, evidência.
A tutela de urgência exige demonstração de probabilidade do
direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (artigo 300). A tutela da
evidência independe de tais requisitos, porque ela é uma tutela “não urgente” (artigo 311).
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Portanto, uma primeira forma de distingui-las é pensar sempre que uma delas, a de urgência,
depende da premência do tempo; já a outra, a da evidência, não.
Nesse contexto, é notório e de bom alvitre que diante de tantas
abusividades ocorridas conforme anteriormente explicitadas seja assegurada a CONCESSÃO
DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, mesmo porque a Agravada em nada será
prejudicada haja vista que de qualquer forma receberá seu crédito atualizado.
DA AUSÊNCIA DE PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE: Cumpre
deixar claro, Excelências, que além dos prejuízos apontados, a concessão da presente
TUTELA DE URGÊNCIA não causará dano algum ao FISCO, ou seja, não há perigo de
irreversibilidade, uma vez que, a qualquer momento, poderá ser revogada a Tutela pleiteada,
retornando a situação fática ao estado anterior.
Assim REQUER sejam sustadas todas as cobranças abusivas
fundadas na lei 13.918/09, por não estarem sendo procedidas conforme as normas vigentes.
Ressalte-se ainda que a exigência do depósito integral em
DINHEIRO, também é INCONSTITUCIONAL conforme delineado anteriormente em tópico
próprio, devendo assim ser mitigada esta parte final da súmula 112 do STJ.
De outra banda, caso a TUTELA que ora se pleiteia não seja
concedida, o que, de fato, não se espera, é patente o perigo de dano irreparável que poderá
sofrer a Agravante quais sejam:
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a) A negativação do nome da empresa, impedindo assim
contratações ou mesmo aquisição de produtos necessários
para desenvolvimento das atividades empresariais;
b) Poderá, inclusive, o FISCO efetuar a cobrança de juros e
constituir em mora a Agravante, e o débito continuar cada
vez mais aumentando;
O fato é Excelência, que as providências acima elencadas não
poderão ser adotadas antes do julgamento final da AÇÃO REVISIONAL perante o juízo “a
quo”. Eis, pois, as razões para a concessão do pleito da TUTELA DE URGÊNCIA.
Pois bem. Data máxima vênia, entende a Agravante que presente
a prova inequívoca a convencer o ilustre julgador pela CONCESSÃO DO EFEITO
SUSPENSIVO ATIVO que ora se pleiteia, pois, como se vê da situação descrita no presente
Agravo, patente não só a prova inequívoca, como a verossimilhança das alegações,
demonstrando o possível prejuízo de difícil reparação e grave ameaça que vem sofrendo, pois
o deferimento da tutela de urgência é conditio sine qua non para que seja garantido o
cumprimento dos efeitos finais da decisão que será prolatada posteriormente na Ação
Revisional que tramita no juízo originário.
Portanto, Excelência, data máxima vênia, presente o fundado
receio de que uma parte cause ao direito da outra (Agravante) lesão grave e de difícil
reparação antes do julgamento da lide. Portanto, data vênia, de rigor que Vossa Excelência,
para evitar o dano, autorize ou impeça a prática de determinados atos, conforme se requer no
pleito liminar desta presente medida.
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Nesse ponto, a Agravante roga pela prudente decisão de Vossa
Excelência no que tange à concessão da TUTELA a fim de que não seja cometida nenhuma
injustiça.
No caso em tela resta demonstrada a presença do abuso de
direito ainda também por parte da Agravada (fumus boni iuris) em virtude das diversas
COBRANÇAS ILEGAIS ocorridas no caso em apreço.
Diante do quadro, bem se percebe que a verossimilhança do
direito alegado e o risco de dano irreparável a Agravante estão presentes, preenchendo os
requisitos próprios constantes do artigo 330 do CPC.
Destarte, diante da argumentação acima, presente está o
requisito da verossimilhança das alegações autorais, o que, aliado ao risco de dano irreparável
verificável com os prejuízos à continuidade dos negócios da sociedade empresarial dos
empresários agravantes, conduz ao deferimento da medida.
Ante o exposto, por ora, REQUER a Agravante, à concessão do
pedido liminar, para que seja:
- Decretado provisoriamente a SUSPENSÃO DA
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO em face da
alegada inconstitucionalidade apontada em tópico próprio.
- Seja sustada as cobranças de juros que não estejam
devidamente previstas em lei conforme a declaração de
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inconstitucionalidade por este Egrégio TJSP em face da lei
13.918/09;
- Que o FISCO se abstenha de negativar o nome da empresa
em qualquer órgão de proteção ao crédito ou se já o tiver
feito que seja excluído;
- Que o FISCO seja impedido de constituir mora nos valores
incontroversos.
- Que seja AUTORIZADO o depósito do montante INTEGRAL
em forma de CAUÇÃO para ASSEGURAR O JUÍZO
independente de que seja em DINHEIRO;
Destarte, requer seja CONCEDIDO O EFEITO ATIVO ao
r. despacho monocrático “a quo” que INDEFERIU O PEDIDO DE TUTELA DE
URGÊNCIA da ora agravante em face da ação revisional contra a FAZENDA
PÚBLICA PAULISTA.
DO PREQUESTIONAMENTO
O despacho interlocutório fundado na Súmula 112 do STJ
contrariou e feriu dispositivos Constitucionais, notadamente os princípios da AMPLA
DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, DA ISONOMIA, DA AMPLA DEFESA, DA
SEPARAÇÃO DE PODERES E DIREITO A TUTELA JURISDICIONAL conflitantes
com as normas estatuídas no Código Tributário Nacional, de sorte que não deve
prosperar em nosso ordenamento jurídico.
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Neste contexto, ressalte-se ainda em prequestionamento
que num futuro Julgamento deveria consagrar todas as questões jurídicas
suscitadas neste agravo com a sua base na Legislação constitucional as quais
mereciam ter sido apreciada pelo magistrado “a quo”.
Assim para efeito de prequestionamento, esclarece a
defesa que entende o despacho interlocutório como tendo sido fundado em
interpretação que CONTRARIOU E NEGOU VIGENCIA aos princípios
constitucionais da AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO, DA ISONOMIA,
AMPLA DEFESA, SEPARAÇÃO DE PODERES E DIREITO A TUTELA
JURISDICIONAL razão que fez a agravante se socorrer mediante o presente
recurso perante este Corte de Justiça.
DA CONCLUSÃO E PEDIDOS
Destarte, diante de todo o exposto e restando claro que a
decisão interlocutória ora guerreada ao decidir da forma como o fez, CONTRARIOU
referidos princípios CONSTITUCIONAIS, razão esta que leva a afetar esta Egrégia
Corte Paulista, na expectativa de que o DESPACHO EXARADO contra a ora
Agravante seja reformado, em face da equivocada interpretação que INDEFERIU A
TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada em absoluta afronta aos dispositivos
constitucionais supracitados.
Ad argumentandum tantum, vem esta Agravante ante as
honrosas presenças de tão nobres e cultos julgadores desta Egrégia Corte Paulista,
com a finalidade de REQUERER seja dado PROVIMENTO LIMINAR ao presente
AGRAVO DE INSTRUMENTO, concedendo-se o Efeito Suspensivo Ativo ao
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despacho retro prolatado na AÇÃO REVISIONAL, por se tratar de medida da mais
lídima, indispensável e salutar JUSTIÇA!
“Não somos nós responsáveis somente pelo que fazemos, mas também pelo que
deixamos de fazer” (John Frank Kennedy).
Nestes Termos, Pede Deferimento.
XXXX XXXXXX,XX, 00 de julho de 2016.
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