Martinetto cambios en el finan universitario

Los cambios en el manejo del financiamiento universitario en el marco
de la Reforma del Estado de los ’901
.
Alejandra Martinetto- 2004
La finalidad del presente trabajo será analizar las regulaciones y leyes dictadas
durante los ’90 en materia de financiamiento universitario y de investigación en C y T, en
el marco de la profunda reforma del estado. Pretendemos demostrar cómo la aplicación
de “recetas” del FMI y del Banco Mundial propendieron a la privatización del nivel superior
de educación (al igual que los otros niveles) y al desfinanciamiento de las universidades
públicas, obligando a éstas a recurrir a distintos tipos de salidas para paliar la falta de
fondos.
En primera instancia realizaré una descripción del contexto en cuanto a los
modelos más legitimados en ese momento en materia económica y las políticas públicas
que en general conformaron un nuevo estado con características diferentes al anterior en
la asignación de roles y en el control de los distintos sectores de la política social, y que, a
mi modo de ver, persisten en la actualidad.
I. Desarrollo y crisis de los Estados de Bienestar
Si tomamos la visión de Habermas para describir los Estados de Bienestar vamos
a encontrar que define para las sociedades modernas tres subsistemas diferenciados;
cada uno funcionando con una lógica específica (Habermas, J. 1999). Estos subsistemas
son: el económico; el político administrativo y el sociocultural. El primero tiene como
finalidad la acumulación de capital y su función específica se da en las relaciones de
mercado. El segundo tiene como finalidad la integración efectiva de los individuos que
participan en los tres subsistemas y su principio rector son las normas jurídicas. En cuanto
al sociocultural, la finalidad es establecer las formas de vida. Los principios por los que se
rige son morales, éticos, religiosos, etc. El autor sostiene que el problema central es cómo
compatibilizar la diferencia de recursos en los subsistemas económicos con la igualdad de
derechos de los subsistemas políticos administrativos y socio cultural. Así, las
instituciones sociales surgen para atender estas tensiones. El subsistema económico es
el dominante y por eso las relaciones de mercado devienen la dominante razón por la cual
se necesitan las instituciones sociales para atender a esta tensión.
Dentro de este contexto, los estados de Bienestar distribuyen “moneda social”:
instrumentos capaces de representar valor pero con mecanismos diferentes de los de
mercado. (Habermas, Op. Cit.).
Por otra parte, el capitalismo tardío se basa en dos procesos: la concentración
económica y la organización del mercado. En estos procesos prevalecen las decisiones
1
Monografía final del Seminario Economía de las políticas sociales, a cargo de la prof. Corina Rodríguez
Enríquez, Maestría en Políticas Sociales de la FSoc. UBA, 2004.

Economía de las Políticas Sociales
Alejandra Martinetto Mail: abmartinetto@gmail.com
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de los individuos privados. La crisis del Estado de Bienestar se da cuando hay una
devaluación de la moneda social. Por lo tanto, la crisis de los EB no es una crisis de tipo
fiscal; en primer lugar hay una pérdida de legitimidad de las instituciones que luego
deviene en crisis de integración social.
Desde otro punto de vista, Gough analiza cuáles fueron los problemas con los
esquemas de EB construidos durante la hegemonía de la teoría keynesiana. (Gough, I.,
2003) Para ilustrarlo, toma el caso estadounidense a partir de la crítica del artículo de O’
Connor (La crisis fiscal del Estado). Su argumento es que la consecuencia de la
expansión del Estado es la expansión del capital monopólico y la crisis fiscal. La inversión
y el consumo estatales son cada vez más necesarios para asegurar la rentabilidad y
aumentar la acumulación privada. Esto se explica por factores estructurales:
- Inversión social necesaria por los riesgos de la inversión y el problema del free
rider (las empresas tienden a invertir menos en capacitación en un contexto de
mercado laboral libre).
- Gasto social necesario para atender a la población excedente (excluida).
Y también por factores políticos:
- Presión de los representantes empresarios, en particular de los que trabajan
con el estado (en Argentina, constructores de autopistas y proveedores del
complejo militar).
- Presión de los sindicatos, que defienden los seguros sociales apoyados por el
capital monopólico (porque subsidian sus propios costos de reproducción de la
fuerza de trabajo). (Esta es una muestra del conflicto entre el sector
monopólico y el sector competitivo).
Así surge la crisis fiscal: brecha estructural entre el gasto y los ingresos públicos,
con lo cual se diferencia de la postura de Habermas.
Las fuentes de financiamiento que utiliza el estado son: Ingresos de empresas
estatales (poco desarrolladas); Endeudamiento: resulta insostenible en el largo plazo;
Impuestos: único mecanismo de endeudamiento genuino; la presión tributaria es
expresión de una manifestación de la lucha de clases. Los límites a su expansión son
equiparables al gasto. Así, los impuestos pasan a ser parte del problema y no la solución.
Una alternativa sería incrementar la proporción de erogaciones sociales que son inversión
social, es decir, volver el gasto social más productivo. De no ser así se produciría una
rebelión impositiva: resistencia a la “explotación impositiva” cuando aquellos sobre
quienes recae la carga sienten que la estructura tributaria es injusta y/o cuando los
propósitos del gasto estatal son rechazados (que es lo que pasa con las argumentaciones
típicas en Argentina ante el no pago de la carga tributaria, por ejemplo). Otra situación
que puede darse es la “rebelión” de los trabajadores del sector público (que funcionan
como ajuste del gasto público) y/o de los clientes de los servicios sociales.

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Esta interpretación de la crisis del Estado (que tiene raíces marxistas) tiene
similitudes aparentes con las críticas de la Nueva Derecha. Sin embargo difiere en tres
puntos:
La Nueva Derecha interpreta la expansión del Estado como consecuencia de
expectativas crecientes y la persecución de intereses en la arena política. No reconocer la
raíz sistémica de esta expansión (ie., necesidades del capital).
O’ Connor no considera que todo el gasto del Estado sea improductivo, como sí lo
considera la Nueva Derecha. Para ésta, la expansión de gasto es una consecuencia de la
democracia moderna y para O’ Connor es la expansión del capital monopólico. Para la
nueva derecha la solución es elección popular limitada constitucionalmente y para O’
Connor es el socialismo.
Gough discute que algunos de los argumentos de O’ Connor tengan evidencia
empírica. En particular:
1.- Que el gasto improductivo del Estado se expanda más que la inversión social
para subsidiar la acumulación capitalista.
2.- No hay evidencias de la rebelión tributaria, y los impuestos siguen recayendo
sobre el trabajo y el consumo (y no sobre el capital).
3.- Finalmente el planteo de O’ Connor no parece generalizable sin adaptaciones
al conjunto de las sociedades capitalistas avanzadas.
Incluso, las sociedades socialistas también sufrieron de la crisis fiscal. La
diferencia es que mientras éstas últimas colapsaron, las primeras pudieron administrar la
crisis dentro del propio sistema capitalista. De hecho las crisis del EB fueron resueltas
parcialmente mediante diferentes respuestas nacionales: retracción, restricción y
sostenimiento (respuestas acordes a los regímenes de EB).
Si pensamos en este análisis par el caso argentino veremos que es aplicable solo
parcialmente. Primero deberíamos analizar si el EB argentino fue efectivamente
construido en concordancia con las necesidades de los principios keynesianos. La
correspondencia entre las instituciones del EB y las ideas keynesianas deben evaluarse a
la luz de las siguientes premisas:
- Su impacto en la generación de gasto en inversión,
- Sus efectos sobre la propensión al consumo, y de allí en la distribución del
ingreso (particularmente en lo que se refiere al carácter progresivo de la
tributación)
- Su capacidad para estabilizar el ambiente económico y generar expectativas
favorables.
Lo Vuolo analiza si el EB argentino fue construido en concordancia con las
necesidades de políticas keynesianas. (Lo Vuolo, R., 1998). El autor plantea que no
porque el EB se construyó como un conjunto de cuerpos autónomos, donde prevalecían
aquellos de tipo de seguro social. La red de seguridad social se construyó sobre la base
de la red de seguridad laboral, lo que presuponía cierta certeza en el pleno empleo. El

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pleno empleo era asumido como una consecuencia lógica del sistema económico, basado
en un círculo mecánico y virtuoso en los mercados, que permitía el crecimiento simultáneo
e ininterrumpido del empleo y el ingreso agregado. Existió una lectura populista de la
teoría de la demanda efectiva, en particular de los modelos neokeynesianos de
subconsumo. En esta idea se basaba la economía política de la sustitución de
importaciones: El sistema urbano-industrial puede ser alimentado mediante transferencia
desde el sector primario sin afectar la rentabilidad de este último.
La tendencia hacia el pleno empleo de la fuerza de trabajo permite el uso de
incrementos generalizados y autónomos de salarios, como un medio para sostener la
demanda efectiva. El aumento de salarios transferirá los incrementos de productividad del
sector urbano-industrial al conjunto de la economía. Esta forma de funcionamiento evitará
el problema del sub-consumo como un límite a la acumulación del capital. El gasto fiscal
puede ser financiado por impuestos cargados sobre los precios (incluyendo los salarios y
los impuestos sobre exportaciones de bienes primarios), bajo el supuesto de un ingreso
global en constante expansión.
Así, existió una tendencia a la expansión indisciplinada del gasto, sin una paralela
preocupación ni por sus fuentes de financiamiento ni por la estabilización de un adecuado
nivel de inversión productiva. En este sentido, el fortalecimiento de las organizaciones
sindicales llevó a presionar por unificaciones salariales y estabilidad en el empleo,
desconociendo la evolución de la productividad empresaria. Estas distorsiones se fueron
reflejando en incorporación de mano de obra improductiva (especialmente en el sector
público), búsqueda de flexibilidad salarial mediante mecanismo no registrados y simple
enfriamiento de un conflicto latente.
Adicionalmente, el Estado exacerbó la función del subsistema político-
administrativo en su administración de la tensión entre acumulación y legitimación. Desde
este punto de vista, no había gastos públicos que pudieran ser considerados
improductivos. El gasto público debía ser, o inducir, gastos en inversión que reclamaran
empleo productivo. Esta es la base económica del acuerdo social que hace viable el
mantenimiento de las instituciones típicas del EB. En las versiones populistas del EB este
no fue el caso, ya que lo que se propició fue el aumento autónomo y generalizado de los
salarios y los gastos públicos en consumo.
En la mayoría de los países con EB, una característica de éste era la presunción
de una economía cerrada donde se esperaba que la estructura industrial cambiara lenta y
en forma predecible, lo que proveía las bases para la extensión de la seguridad. El
avance de acuerdos regionales y la globalización industrial y financiera transformaron esta
certeza en dudas.
Para el caso argentino, durante el desarrollo del EB la mayoría de las fallas de
mercado fueron transferidas como funciones del estado. Por otra parte, alrededor de las
instituciones del EB fue creado un sistema de estructura de clases, donde amplios grupos
fueron apartados del proceso de mercantilización y los gastos públicos fueron capturados

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para fines particularistas (podríamos definirlo como el desarrollo de un cuasi- EB
corporativista). En tercer lugar, la contradicción entre las funciones dualistas del Estado
definieron tendencias intrínsecas hacia su “crisis fiscal” y por último, los gastos públicos
no sólo afectaron los balances macroeconómicos sino que también definieron la evolución
de la productividad en el sistema económico. (Lo Vuolo, R. Y Barbeito, A., 1998)
El EB argentino mostró claros síntomas de déficit de racionalidad en la década del
‘70. Dos indicadores marcan la senda hacia la crisis de integración sistémica: la inflación y
el déficit fiscal. La inflación puede interpretarse en esta etapa como una expresión del
conflicto distributivo .El déficit fiscal no sólo por el incremento autónomo del gasto sino
también por la insuficiencia de recursos. La brecha del sector externo profundizó estos
conflictos. Estos problemas no pudieron ser resueltos dentro de los principios de
organización del modelo sustitutivo de importaciones. La razón por la cual este déficit de
racionalidad no estalló hasta la hiperinflación de 1989 fue la dictadura militar: el déficit
fiscal lo atendió fundamentalmente con endeudamiento externo. El déficit de legitimación
con represión.
La hiperinflación del ‘89 fue la eclosión del déficit de legitimación de los principios
de organización del EB argentino, y el punto de partida para el profundo proceso de
retracción. El ambiente externo y la hegemonía de un paradigma económico diferente
fueron los fundamentos esenciales para el proceso de reformas del EB. La preocupación
por el pleno empleo será abandonada definitivamente a partir de esta etapa.
Desde el punto de vista de los neoclásicos, la mercancía es la relación social que
regula y subordina a todas las otras. Todo lo que se haga para evitarlo es nocivo para el
orden social (las relaciones sociales están mercantilizadas y es nocivo sostener
instituciones que busquen desmercantizarlas). (Giraldo, C., 2001) Desde esta visión, por
lo tanto, lo mejor es dejar que los individuos interactúen en mercados competitivos, que
aseguran por su propia dinámica la eficiencia. Esto es así porque en ellos los individuos,
que son agentes racionales, actúan de manera de maximizar su situación, igualando sus
costos marginales con sus ingresos marginales.
El concepto de eficiencia al que se refieren los neoclásicos es el de eficiencia de
Paretto: una asignación económica es eficiente si resulta imposible conseguir otra
asignación que mejore la situación relativa de alguien sin empeorar la posición de otros
(Lo Vuolo, R, 1991). La eficiencia se logra porque cada individuo busca maximizar su
utilidad. Tomando el conjunto de las utilidades individuales puede definirse una curva
social de indiferencia que se define como el conjunto de combinaciones de utilidad de las
diferentes personas o grupos de personas que generan a la sociedad los mismos niveles
de bienestar. El objetivo de la utilización eficiente de los recursos económicos escasos es
maximizar el bienestar social, es decir, alcanzar la máxima curva de indiferencia social,
dada la frontera de posibilidades de producción. Si los mercados competitivos permiten
llegar al máximo bienestar social, cuál es la importancia de la intervención del Estado.
Según este enfoque los mercados competitivos son perfectos asignadores de recursos. Si

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los agentes económicos actúan optimizando su situación, se puede maximizar el
bienestar social.
El Estado debería intervenir sólo cuando los mercados no resultan eficientes en los
siguientes aspectos:
- Funciones: distribución – estabilización – asignación.
- Fallas de mercado – bienes públicos
- Externalidades
- Información asimétrica. (Giraldo, C., 2001)
De este último modelo descrito surgen las políticas actuales sugeridas de acuerdo
con el paradigma dominante del mercado (Sintetizadas en el Consenso de Washington) y
que corresponden a las reformas que debía realizar (y realizaron en mayor o menor
medida) los estados latinoamericanos para salir de la situación de crisis económico- fiscal:
i) desregulación.
ii) subsidios a la demanda.
iii) privatización.
iv) impuestos neutrales.
v) descentralización.
vi) disciplina fiscal.
II. El gasto público social en Argentina:
Volviendo al caso argentino, vamos a tomar la conformación del gasto social
teniendo en cuenta los factores antes expuestos que fueron materia de la reforma del
estado de los ’90. Argentina fue uno de los países que aplicó más literalmente las recetas
del FMI y del BM, también avaladas por el BID a la hora de otorgar préstamos a nuestro
país.
Para la ortodoxia que promueve las actuales transformaciones en las políticas
públicas y en los mercados latinoamericanos, Argentina está considerada como uno de
los casos más exitosos por el alcance y rapidez de los cambios (Lo Vuolo, 1998). El
indicador más notable de este fenómeno es que la economía pasó de un proceso
hiperinflacionario en 1989-90, a una tasa de inflación casi nula en los años 93-98.
Pero este indicador constituye solamente el dato más conocido de un proceso de
profunda transformación de los principios de organización social que podría ser uno de los
más llamativos de América Latina y del mundo. Algunos de estos cambios los constituyen,
para Lo Vuolo, los siguientes:

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1. La privatización de prácticamente todas las empresas públicas que prestaban
servicios de uso económico masivo (teléfonos, gas, electricidad, agua, transporte,
siderúrgicos).
2. Promoción y apertura al libre movimiento de capitales.
3. Reducción abrupta de aranceles a la importación y remoción de la mayoría de las
barreras no tarifarias, con lo cual la economía se abrió totalmente al comercio exterior,
al tiempo que avanzó en la conformación de un acuerdo comercial de preferencias con
países vecinos (Mercosur)
4. Desde comienzos de 1991 se implementa la Ley de Convertibilidad entre la moneda
local y el dólar, ligándose la oferta monetaria con una cobertura casi plena de las
reservas del Banco Central y cierta proporción de los títulos en moneda extranjera
emitidos por el gobierno.
5. Fuerte cambio de precios relativos a favor de bienes y servicios comercializables.
6. Re- programación de la deuda externa comprometiéndose al cumplimiento estricto de
pagos en el contexto del Plan Brady, junto con nuevo endeudamiento que aumentó a
más del doble el monto de comienzos de la década del ’80.
7. Cambios profundos en la legislación laboral, reduciendo la estabilidad en el puesto de
trabajo, incorporando figuras de empleo por tiempo parcial y limitado (promocionadas
fiscalmente), bajando los costos de contratación y despido, aliviando las
responsabilidades del empleador frente a accidentes laborales y quiebras de
empresas.
8. Todas las políticas sociales se vieron afectadas por la promoción e imposición de
transformaciones en sus formas de funcionamiento, degradación de sus fuentes de
financiamiento, cambios en la administración, en el régimen de acceso y el tipo de
beneficios. (Lo Vuolo, ídem.).
Estos cambios y otros no detallados, son los que modifican profundamente el
régimen de Estado de Bienestar que Argentina tuvo vigente por casi cuatro décadas, con
las particularidades propias de los arreglos institucionales que tuvieron lugar en ese lapso.
Desde la óptica de Pierson (1995), Argentina durante las presidencias de Carlos S.
Menem (1989-1999), sería el caso latinoamericano más afín con las “revoluciones
neoconservadoras” anglosajonas (Retrechment del EB de Reagan y Tatcher en USA e
Inglaterra respectivamente). Se da como un ejemplo de desmantelamiento extremo:
1. En uno de los EB más desarrollados de América Latina.
2. A diferencia del paradigmático caso chileno, se corresponde con un ambiente de plena
vigencia de las instituciones formales, típicas de la democracia liberal.
3. Las políticas de retracción son aplicadas por una coalición de poder conducida por el
mismo partido político y gran parte de las fuerzas políticas y sociales responsables del
desarrollo del tradicional EB. (Lo Vuolo, ídem.)

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El resultado de la reforma fue para el caso del gasto en políticas sociales, el
siguiente:
GASTO PUBLICO SOCIAL CONSOLIDADO
Estructura porcentual
1980 1984 1990 1994 2000** 2001** 2002**
II. GASTO PUBLICO SOCIAL Y EN RECURSOS
HUMANOS 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
II.1. Educación, cultura y ciencia y técnica 20,60 23,73 18,93 19,75 23,59 23,71 22,48
II.1.1. Educación básica 13,96 16,14 12,66 13,16 15,84 16,17 15,26
II.1.2. Educación superior y universitaria 3,13 3,36 2,97 3,41 4,36 4,33 4,11
II.1.3. Ciencia y técnica 1,73 1,45 1,37 1,11 0,97 0,87 0,92
II.1.4. Cultura 0,49 0,63 0,53 0,51 0,66 0,64 0,52
II.1.5. Educación y cultura sin discriminar 1,29 2,15 1,40 1,57 1,76 1,71 1,67
II.2. Salud 21,91 26,36 22,66 23,23 23,17 22,99 22,53
II.2.1. Atención pública de la salud 8,00 9,30 7,65 9,05 9,38 9,53 9,52
II.2.2. Obras sociales - Atención de la salud 11,04 13,04 11,57 9,49 10,00 9,80 9,69
II.2.3. INSSJyP - Atención de la salud 2,86 4,02 3,44 4,70 3,80 3,67 3,31
II.3. Agua potable y alcantarillado 1,63 1,45 0,74 0,85 0,47 0,44 0,47
II.4. Vivienda y urbanismo 5,39 4,57 3,81 2,36 1,82 1,85 1,22
II.5. Promoción y asistencia social 5,07 6,02 4,74 5,57 5,56 5,57 6,17
II.5.1. Promoción y asistencia social pública 3,24 3,87 3,16 4,22 4,55 4,64 5,27
II.5.2. Obras sociales - Prestaciones sociales 1,62 1,85 1,32 0,73 0,56 0,55 0,55
II.5.3. INSSJyP - Prestaciones sociales 0,22 0,30 0,26 0,62 0,45 0,37 0,35
II.6. Previsión social 35,70 31,20 42,71 39,25 37,26 37,03 36,09
II.7. Trabajo 5,49 3,12 2,12 4,33 4,48 4,70 7,71
II.7.1. Programas de empleo y seguro de desempleo 0,18 0,14 0,10 1,14 1,39 1,64 5,11
II.7.2. Asignaciones familiares 5,31 2,97 2,02 3,19 3,09 3,06 2,61
II.8. Otros servicios urbanos 4,22 3,57 4,28 4,67 3,65 3,72 3,33
(*) Provisorio
Fuente: Dirección de programación del Gasto Público Social del Ministerio de Economía y Secretaría de Hacienda

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Lo que se puede apreciar desde los gráficos es lo siguiente:
 20% del PBI - $1500 por habitante/año - $60.000 millones año
 magnitud moderada en el estándar internacional
 evolución pro-cíclica
 concentrado en tres funciones:

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o i) previsión social
o ii) educación
o iii) salud
 baja relevancia del gasto en trabajo, a pesar de los problemas de
desempleo
 baja relevancia del gasto en asistencia social, a pesar de los problemas de
pobreza
 concentración de los seguros sociales en nación
 concentración de los servicios universales en las provincias (Rodríguez
Enriquez, 2004)
En cuanto al financiamiento del gasto, es un tema que tiene que ver con la
justicia distributiva en tanto es la incidencia en el ingreso personal.
Las fuentes de financiamiento que puede utilizar un estado son (como ya señalé
más arriba):
Impuestos: es el instrumento legal sancionado por el Congreso que le transfiere al
estado la potestad de financiar el gasto. Es la vía más genuina de recaudar fondos, pero
depende de la estructura tributaria de cada país. Para el caso argentino, la recaudación
mayor se realiza a través del IVA, impuesto sumamente regresivo que fue recomendado
en su utilización por los organismos multilaterales de crédito.
Endeudamiento: es una vía compleja porque compromete ingresos a futuro para
el pago y nivel de endeudamiento. Por ejemplo, en la actualidad, la deuda argentina
representa una vez y media el PBI.
Realización de activos: tiene que ver con las privatizaciones y la decisión de un
estado de desprenderse de sus empresas. Para el caso argentino, la aplicación de esta
política no fue positiva por los tipos de contratos de privatización que se llevaron a cabo y
que comprometieron al estado, generando poco peso en la baja de la deuda externa.
III. Sector educativo: El caso universitario:
Las evidencias empíricas que se mostraron para justificar la postura neoliberal
propugnada por los organismos multilaterales de crédito, fueron tomadas del caso de
EEUU para el período de los años: ‘50- ‘70: Los argumentos típicos utilizados eran como
los siguientes: Las personas con mayores niveles de educación son las que más ganan.
Para cada edad, quienes tienen mayor nivel educativo presentan los mayores ingresos.
Las tasas de rendimiento son decrecientes con el nivel educativo: la tasa de rendimiento
de la inversión en educación primaria es superior a la secundaria y esta a la universitaria.
Los ingresos aumentan hasta alcanzar un máximo y luego declinan hacia la edad de
retiro. A mayor nivel educativo, mayor es la edad a la que se alcanza el máximo. Para una
misma categoría ocupacional, los ingresos aumentan con el nivel educativo. Para un

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mismo nivel educativo, existe mucha variación de ingresos por categoría ocupacional. Se
verifican diferencias entre la tasa de rendimiento educativo para personas de distinta raza,
sexo y lugar de residencia.
No todos los ingresos son atribuibles a la educación: Influencia de la estratificación
social en los logros educativos; La teoría de las colas; La educación como credencial; La
educación no mejora la distribución del ingreso; Los análisis de rendimiento educativo no
consideran las externalidades; Los análisis costo-beneficio no tienen en cuenta la calidad
de la educación.
Estas argumentaciones generaron el consenso social necesario para la discusión
de la Ley Federal de Educación en 1993 y la Ley de Educación Superior en 1995. Ambas
fueron discutidas por sectores minoritarios de la población, generalmente provenientes del
sector educativo, de Ciencia y Técnica. Ambas leyes tienden a la privatización y
mercantilización de la educación en todos sus niveles, entendiendo esto, no solo como el
aumento de la oferta privada de educación sino también como el ingreso de la empresa
privada en el “negocio de la educación”, de momento que la misma se define como un
“servicio” y por lo tanto como bien que debe competir en el mercado. Vamos a analizar
con más detalle los efectos de la aplicación de esta política en el sector universitario, y en
particular en la investigación que se realiza en instituciones públicas.
Trataré de analizar brevemente la Ley de Educación Superior (LES), sancionada
en 1995, desde las consecuencias políticas y educativas que tuvo para el nivel de
educación superior en Argentina, considerando como punto central el financiamiento de la
educación superior y el desarrollo en Ciencia y Tecnología.
Para comprender el contexto en el que se dio la discusión por la sanción de la
LES, es importante rescatar, brevemente, la historia de la universidad argentina. Una
buena y breve ilustración es la que realiza Atilio Borón en su ponencia de La Habana de
este año. En el comienzo de la misma el autor sostiene:
...nuestras universidades son una parte inherente de nuestra historia y en este
sentido sería difícil encontrar un evento o un hecho principal en la historia de
nuestros países sin notar en él las huellas de la universidad. Debido a su crucial
papel en la educación de los sacerdotes, abogados, administradores, doctores e
ingenieros necesarios para gestionar a los vastos imperios que España y Portugal
habían fundado en esta parte del mundo, los universitarios ejercieron un rol crítico
durante las guerras coloniales y de la Independencia a comienzos del siglo XIX y
los gobiernos nacionales que les siguieron. Ya a comienzos del siglo XX, la
rebelión contra el orden oligárquico tradicional estalla con la Reforma Universitaria
realizada en Córdoba, Argentina en 1918, la cual inflamó las conciencias de las
crecientes clases medias y de los sectores populares en todo el continente
generando importantes cambios sociales, económicos y políticos en casi todos los
países de la región. (Borón, A: 2004)
Particularmente, en Argentina la reforma universitaria del ’18 incidió en la historia
posterior de las universidades nacionales, así como en otros países de la región. Por otra
parte, es importante tener en cuenta que tal como lo destaca Axel Didriksson, “durante
décadas las universidades y otras instituciones de educación superior han sido

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consideradas como instituciones sociales altamente conservadoras, por la orientación y el
peso de sus estructuras internas y de sus operadores: de su burocracia, de sus
sindicatos, de sus profesores; por su autonomía; por la libertad de cátedra e investigación,
que combinadas conforman una suerte de insularismo. En otros casos, el insularismo se
muestra en una práctica contestataria, igualmente aislacionista” (Didriksson, A. 2000). El
caso argentino no es ajeno a estas cuestiones internas de las universidades públicas.
Ahora bien, la reforma universitaria de los ’90 en Argentina se inscribe dentro de
un proceso de reforma profunda del estado que se da al mismo tiempo en casi todos los
países de la región. La implementación de políticas neoliberales en todos los sectores que
atendía el estado dan como resultado un aumento de la pobreza y de desigualdad social
que nuestro país no había sufrido en épocas anteriores. En el ámbito universitario, tal
como señala Borón, gran parte de las llamadas “reformas universitarias” implementadas
desde la aplicación de recetas neoliberales, “fueron alteraciones originadas en la
necesidad de introducir el “ajuste estructural” también en las casas de estudio superior,
debilitando la capacidad de las universidades públicas de dar respuesta de manera
positiva a los nuevos problemas de nuestro tiempo”. (Borón, 2004).
Para comprender el proceso de sanción de la LES en Argentina, es importante
destacar que el antecedente directo es la sanción de la Ley Federal de Educación del año
1993. En dicha ley, ya se dejan sentadas las bases de la educación superior, dentro del
principio de “subsidiariedad del Estado” (Paviglianitti, 1996). De esta manera, la función
del estado para a ser “favorecer el desarrollo del sector privado a través de medidas
pedagógicas, organizativas y financieras y se materializa en las principales disposiciones
referidas al sector privado” (Paviglianitti, N. 1996).
Resulta interesante tener en cuenta que en el Congreso de la Nación con
anterioridad al envío del proyecto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), por iniciativa de los
legisladores entre 1988 y 1991 se habían presentado siete proyectos le ley general o
federal. De los proyectos, uno fue presentado en el Senado y los otros seis en la Cámara
de Diputados: dos por la Unión Cívica Radical (UCR), dos por el Partido Justicialista (PJ),
uno por la Democracia Cristiana y el otro por la UCR y el partido Socialista Unificado.
(Paviglianitti, 1996).
Sin embargo, el proceso de sanción de la Ley Federal de Educación recién se
inició con el envío por parte del PEN al Senado de la Nación de un proyecto de Ley
Federal de Educación, durante el Ministerio del Prof. Antonio Salonia, el cual “se orientaba
por el principio de subsidiariedad del Estado en los términos en que lo sustenta la
Conferencia Episcopal Argentina, junto con una política de reducción global de los
recursos públicos destinados a la educación pública”. (Paviglianitti, 1996). Luego de una
dura disputa por los términos de los distintos capítulos entre lo votado en Diputados y
modificado en el Senado, el 14 de abril de 1993 se sanciona la Ley Federal de Educación

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bajo el Nº 24.1952
. Vemos aquí plasmados los mismos argumentos que Frigotto analiza y
critica en su artículo respecto del sector educativo. (Frigotto, 1998)
A partir de 1993, con la creación de la Secretaría de Políticas Universitarias, el por
entonces, Ministerio de Cultura y Educación, modifica la estrategia de definición de
políticas para el sector. De un primer momento en donde las propuestas del Poder
Ejecutivo se basaron en discursos más que en definiciones, se pasa a la aplicación
concreta de políticas parciales, diseñadas por los nuevos equipos técnicos del Ministerio y
establecidas a través de decretos o resoluciones, que cambian en esencia el
funcionamiento de la casas de estudios. Estas modificaciones se encontrarán en el
Proyecto de Ley de Educación Superior que posteriormente envía el PEN al Congreso.
(Paviglianitti, 1996).
Las grandes líneas de políticas propuestas por el Ministerio de Cultura y educación
en materia universitaria durante este período se refieren a modificaciones de orden:
 Institucional: Creación de la Secretaría de Políticas Universitarias;
creación de los Consejos de Planificación Universitaria Regional; creación del Consejo
Nacional de Educación Superior; otra medida es la limitación a las universidades
nacionales para la creación de nuevas sedes o unidades académicas (solo podrán
crearlas con la autorización del Consejo Interuniversitario Nacional <CIN>). También se
establece una nueva reglamentación de la Ley de Universidades Privadas Nº 17504.
 al régimen laboral: se da a conocer el documento Bases para la discusión
del régimen Laboral Docente, junto con un proyecto que establece, entre otras cuestiones,
nuevas categorizaciones y dedicaciones del personal docente, las características de la
carrera académica, un nomenclador salarial y el régimen de licencias. El decreto 1610/93
establece un criterio de asignación de un adicional mensual remunerativo no bonificable
aplicable a los cargos de profesores y auxiliares con dedicación semiexlusiva y simple.
Asimismo se crea mediante el decreto 2427/93 el programa de incentivos a docentes
investigadores. En el proyecto de Presupuesto Nacional para el ejercicio 1995 el Poder
Ejecutivo Nacional propone la descentralización salarial de las universalidades
nacionales. De esta manera, las casas de estudio deberán determinar el régimen salarial
y de administración de personal y representar a la parte empleadota en las negociaciones
colectivas de trabajo.
 en el financiamiento y gestión económico- financiera: el PEN envía al
Congreso el Proyecto de Ley de modificación del Régimen económico- financiero de las
Universidades Nacionales, en forma separada y previa al proyecto de Ley de educación
Superior. También se determina la modificación de la administración financiera y de
sistemas de control en la Administración Pública Nacional establecida en la ley 24.156.
Hay que tener en cuenta que una de las fuentes de financiamiento privilegiadas por el
2
Para ampliar la información sobre la ley federal de Educación se puede consultar en la página del Ministerio
de educación de la Nación. Link: http://www.me.gov.ar/leyfederal/

14
PEN en ese momento fueron los organismos multilaterales de crédito, como por ejemplo
el Crédito del banco Mundial- BIRF, de 150 millones de dólares destinado a mejorar la
capacitación docente, desarrollo de posgrados, fortalecer las ciencias básicas e
ingenierías y apoyar los proyectos de reforma global de universidades medianas. En el
marco de la crisis fiscal de 1994, el PEN establece una disminución de los montos de las
partidas asignadas a educación mediante el decreto 2360/94. En este punto nos
detendremos más adelante.
 De orden académico: básicamente se centra en el tema de la evaluación
de la calidad, ya incorporado por el Ministerio de educación en 1991 a partir de la
ejecución del Subproyecto 06 del Banco Mundial. El Ministerio fija criterios y promueve la
firma de convenios en los que el PEN se compromete al financiamiento de dicha tarea a
través de la firma de convenios- tipo con cada universidad. La autoevaluación la financia
la universidad, la evaluación externa, el Ministerio de Educación. A partir del Decreto
256/94 se reglamenta la atribución del ministerio de Cultura y educación con respecto a la
determinación de la validez nacional de estudios y títulos y las habilitaciones e
incumbencias profesionales. También se crea el Programa de Mejoramiento del Sistema
de Información Universitaria a través de la resolución Nº 1069/93. (Paviglianitti, 1996). Por
lo tanto, se puede observar cómo la “calidad” comienza a estar ligada a la posibilidad de
financiamiento para las casas de estudios, tema por el cual se generaría luego un debate
aún abierto acerca del tipo de evaluación que realiza la Coneau y que modelo sería el
más pertinente paralas universidades.
La Ley de Educación Superior3
, sancionada finalmente bajo el Nº 24.521, después
de arduas discusiones en ambas cámaras y de introducir cambios en el proyecto inicial
por la presión ejercida por distintos actores del ámbito académico que no se detallarán en
este análisis. Con ella se cristaliza un proyecto político educativo tendiente a la
instalación de un modelo universitario competitivo entre las instituciones del nivel,
potenciando la fragmentación del sistema de educación superior en su conjunto y
cercenando, en cuestiones de académicas y de gobierno, la autonomía universitaria al
otorgar control político al PEN.(Fernández, M. A. y Ruiz, G., 2002). La ley convalida las
medidas previas del PEN antes mencionadas a través de la creación de instancias de
control y evaluación de las actividades realizadas en las universidades nacionales.
La LES fortalece el centralismo político al institucionalizar mecanismos de
intervención por parte del poder político en la vida universitaria, cercenando la autonomía
efectiva con que deben contar las universidades nacionales. (Fernández, M. A. y Ruiz, G.,
2002). En este sentido, determina los contenidos curriculares mínimos para la formación
del nivel superior, la especificación de las funciones de los órganos de gobierno y el
fortalecimiento de las instancias unipersonales de gobierno con lo cual quiebra una de las
3
Para ampliar la información del articulado de la LES se puede consultar en la página del Ministerio de
educación de la Nación. Link: http://www.me.gov.ar/leysuper.html

15
conquistas más valoradas e innovadoras de la Reforma de 1918, antes mencionada: el
cogobierno universitario. Por otra parte, la ley introduce las lógicas y preceptos
empresariales propuestos por diversos organismos multilaterales de crédito, tales como la
desregulación docente (que ya se planteaban en los decretos que anteceden a la Ley) y la
búsqueda de fuentes alternativas de financiamiento, contemplando, entre ellas, el
arancelamiento de los estudios de grado en contradicción con el principio de gratuidad de
todos los niveles establecido en la Constitución nacional. Se constata en este sector lo
que analizamos más arriba para todas las políticas sociales en el marco de las reformas
del estado. (Giraldo, Lo Vuolo)
Para seguir con la lógica de los temas centrales que modifica la ley, analizaremos
los artículos referidos al régimen económico- financiero y evaluación y acreditación.
Se puede definir a la ley 24.521 como “una ley reglamentarista, del tipo de las
normas propias de gobiernos autoritarios, ya que dadas las prescripciones sobre:
regularidad de estudios y condiciones de ingreso en las universidades con más de 50.000
estudiantes (artículo 50º), títulos de docentes (artículos 36º y 39º), órganos de gobierno
(artículos 52º, 53º, 54º, 55º), entre otros, avanza sobre lo que ha sido y es en el seno de la
comunidad universitaria democrática el principio de plena autonomía”. (Fernández, M. A. y
Ruiz, G., 2002).
También se la puede considerar como una ley de procedimientos y organismos
más que como programática, ya que la ley y sus decretos reglamentarios estipulan las
formas de conformación y funciones de los órganos de gobierno (artículos 52º a 55º), los
mecanismos de evaluación y acreditación institucional y académica (artículos 44º a 47º), y
los criterios para la apertura y cierre de sedes de las instituciones (decreto PEN 1047/99).
En cuanto al tema de los organismos, la ley convalida los ya mencionados
anteriormente como antecedentes, más los que existían previamente:
El CIN y el Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), estaban en
funciones desde administraciones anteriores, pero tanto los Consejos regionales de
Planificación de educación Superior (CPRES) como el Consejo Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria (Coneau), fueron creados durante la gestión menemista como
mecanismos de control bajo la forma de organismos de “coordinación, consulta y/o
evaluación”, que terminaron siendo convalidados por la ley. Los CPRES fueron creados
por Resolución ministerial Nº 1618/93 con el fin de coordinar las universidades públicas y
privadas, con los gobiernos provinciales, el contexto regional y social, teniendo entre sus
funciones la de analizar y sugerir políticas de articulación entre los distintos niveles del
sistema educativo, y examinar las ofertas de formación superior. (Fernández, M. A. y
Ruiz, G., 2002).
Para el caso de la Coneau, había un antecedente que era la Comisión de
Acreditación de Posgrados (CAP), creada en 1994 por el PEN la cual había realizado una
convocatoria en 1995 para la acreditación de maestrías y doctorados académicos,
dictaminando sobre la acreditación de 300 programas de posgrados, que se presentaron

16
a dicha convocatoria. Una vez sancionada la ley de educación superior, el PEN transfirió
dichos procedimientos de acreditación a la Coneau dando por concluida la tarea de la
CAP. (Fernández, M. A. y Ruiz, G., 2002).
De esta manera, el conjunto de estos organismos se constituyó en instancia y
ámbito de regulación de la actividad universitaria, otorgándoles legalmente muchas
funciones y atribuciones que son cuestionables desde los márgenes de decisión y
autonomía que caracterizaban a las universidades nacionales.
La Ley establece en el artículo 71º como órganos de coordinación y consulta del
sistema universitario los siguientes: el Consejo de Universidades; el CIN, el CRUP y los
CPRES. En el caso de la Coneau, también puede considerársela como parte del esquema
del gobierno del sistema de educación superior debido a que cumple significativas
funciones; entre ellas: la permanencia o cierre de universidades, institutos universitarios,
carreras de grado y posgrado, como también la determinación de la viabilidad de
proyectos institucionales futuros. (Fernández, M. A. y Ruiz, G., 2002).
En cuanto a la autarquía universitaria puede definírsela como la capacidad que
tienen las universidades nacionales para administrar y disponer de los recursos asignados
mediante la ley de presupuesto, así como también la capacidad plena para generar,
administrar y disponer de recursos propios, obtenidos como resultado del ejercicio de sus
funciones esenciales.
Puede sostenerse que en lo relativo a la autarquía económico financiera de las
instituciones universitarias nacionales, entendida como complemento inseparable de la
autonomía, la LES no la garantiza ya que si bien en el artículo 58º se confiere al Estado
nacional la responsabilidad de asegurar los aportes financieros que garanticen el normal
funcionamiento de las instituciones universitarias, se deja librado al poder político la
magnitud de los fondos necesarios para que las universidades cumplan los fines para las
que fueron creadas, al no establecerse ningún criterio al respecto. Por otra parte, si bien
se enuncia en el artículo 59º que las universidades tienen autarquía económico-
financiera, en el artículo anterior se establece que la distribución de los aportes del Tesoro
Nacional entre las Universidades Nacionales se hará bajo la aplicación de criterios de
eficiencia y equidad, subordinándose la repartición de fondos a interpretaciones que el
poder político realice de la realidad. Además se legaliza en dicho artículo 59º un criterio
que rompe con la solidaridad institucional al establecerse en el inciso b la desregulación
salarial entre las universidades nacionales. También se legaliza la obtención de recursos
adicionales a través de “contribuciones o tasas por los estudios de grado”. La gratuidad de
los estudios de grado es un precepto constitucional, no soslayable bajo los argumentos
que plantean que la gratuidad atenta contra la equidad.
En resumen, se plantea el financiamiento universitario como mecanismo de
regulación de la actividad del sector así como su autonomía. Paralelamente se establece
la desregulación económico- financiera de las universidades nacionales. En este contexto
se generan y promueven fuentes alternativas para el financiamiento universitario (entre

17
ellas el arancelamiento de los estudios de grado que aparece como un instrumento que
garantizaría la equidad de la educación superior). Asimismo el PEN adquiere mayor
centralizad (en desmedro del Congreso Nacional) en las instancias de distribución del
presupuesto. Desde el año 1993, se implementan mecanismos de distribución de fondos
entre las universidades basados exclusivamente sobre criterios de eficiencia en el gasto y
la calidad educativa. . (Fernández, M. A. y Ruiz, G., 2002).
Estos breves ejemplos del articulado demuestran a las claras el sentido de la
política que el estado asumió al incentivar la sanción de la LES. Las consecuencias que
ha traído para las universidades nacionales ha sido el definanciamiento, la fragmentación
del sistema de educación superior, la tendencia a la privatización del mismo, la venta de
servicios a empresas privadas para conseguir fondos propios, tendiendo a la privatización
de la producción del conocimiento, la descentralización del tema salarial, generando una
baja en los ingresos de los profesores e investigadores, que se quiere paliar con el pago
atrasado de los “incentivos docentes” que merecen un capítulo aparte para su análisis,
pero que constituyen meros y magros pagos en negro para redondear un sueldo
empobrecido con el correr de los años. Nuevamente, se pueden observar las líneas
comunes en este ejemplo de lo analizado para el gasto en política social en Argentina y la
elación con la aplicación del modelo neoliberal criticado por Frigotto en particular para el
sector educativo.
Por otra parte, una de las políticas científicas más importantes fue la promoción de
proyectos especiales con vinculación Universidad-Empresa como forma alternativa de
financiamiento de las casas de estudio. En 1996 se crea la Agencia Nacional de
Promoción de la Ciencia y la Técnica a través del el FONTAR4
y el FONCyT5
, agencias
nacionales que gerencian y orientan los fondos de la investigación científica a través de
proyectos. Las empresas argentinas pueden aplicar a un crédito fiscal y acceso a créditos
provenientes del BID si los proyectos presentados se orientan a la innovación y la
modernización tecnológica para el caso del FONTAR. El FONCyT evalúa y financia
proyectos que propongan generar conocimiento a través de investigación básica o
aplicada a grupos de investigación de instituciones públicas o privadas. La creación de
estas agencias solapan sus actividades y funciones con el CONICET, órgano que queda
relegado en el manejo de los fondos presupuestarios para el desarrollo de C. y T. Cabe
recordar que el CONICET fue creado por Decreto Ley N° 1291 del 5 de febrero de 1958,
como ente autárquico, respondiendo a la percepción socialmente generalizada de la
necesidad de estructurar un organismo académico que promoviera la investigación
científica y tecnológica en el país.6
4
Fondo Tecnológico Argentino para mas información www.agencia.secyt.gov.ar/fct/fontar.htm
5
Fondo para la investigación científica y tecnológica www.agencia.secyt.gov.ar/fct/fontar.htm
6
Instituido como organismo autárquico bajo dependencia de la Presidencia de la Nación, se lo dotó entonces
de una amplia gama de instrumentos que se juzgaban adecuados para elevar el nivel de la ciencia y de la
tecnología en la Argentina al promediar el siglo y que aún hoy constituyen el eje de sus acciones: las Carreras
del Investigador Científico y Tecnológico y del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo, el
otorgamiento de becas, el financiamiento de proyectos y de Unidades Ejecutoras de Investigación y el

18
Otro elemento de la misma política es la Ley de Innovación Tecnológica, Ley
Nacional 23.877 aprobada en 1990 y regulada en 1992, que establece la posibilidad de
crear Unidades de Vinculación Tecnológica7
y desde una normativa nacional, se establece
la posibilidad a los investigadores involucrados en proyectos cuyos resultados sean
comercializables, recibir un porcentaje del mismo.
“Las unidades de vinculación independientes son, por así decirlo, el prototipo
“ideal” de unidad de interfase: funcionan como intermediario entre la empresa
“demandante” y la institución “oferente” de tecnología o capacidades tecnológicas.
Son organizaciones donde prima la lógica empresaria del “negocio” de
tecnología: la clave es encontrar oportunidades de negocio, desarrollarlas y
ofrecer servicios de formulación y gestión de proyectos” (Muñoz, Vívori, Galante,
2001).
Treinta y Cuatro (34) de las 212 Unidades de Vinculación Tecnológicas habilitadas
están vinculadas a Universidades (todas la universidades nacionales salvo la Universidad
de Buenos Aires y a Universidad del Chaco).
Estas políticas tienden a limitar la autonomía universitaria al manejar los fondos
para investigación en temas ya predeterminados, basados sobre todo en la venta de
servicios a empresas, lo que provoca el riesgo de que haya áreas de investigación que se
queden sin posibilidad de financiamiento si ninguna empresa está interesada en “comprar
sus servicios” (por ejemplo, las ciencias sociales, en algunas de sus disciplinas). Por otra
parte, a partir de 2003, el Ministerio de Educación, a través de la Secretaría de Políticas
Universitarias, implementa los proyectos de atención a la urgencia social, para los cuales
maneja fondos que determinan anticipadamente las áreas de interés, generando otra
limitación a la autonomía universitaria en la función que le compete a ésta de analizar la
realidad para indagar los temas importantes para el desarrollo del país a mediano y largo
plazo, por ejemplo, temas que hoy no son de interés para ningún organismo que esté en
condiciones de financiar proyectos. Vemos por lo tanto, que se ha aplicado el modelo
recomendado por los organismos multilaterales de crédito que son los que en definitiva,
financian la mayor parte de la investigación que se realiza en el país.
establecimiento de vínculos con organismos internacionales gubernamentales y no gubernamentales de
similares características. Link: http://www.conicet.gov.ar/
7
Una lista completa y actualizada de las Unidades de Vinculación Tecnológica puede hallarse en
www.perseo.agencia.secyt.gov.ar/ftr/list_uvt.htm

19
Bibliografía citada y/o consultada:
- CASTEL, Robert (1995: 1997): La metamorfosis de la cuestión social. Paidos, Buenos
Aires. Pág.: 14
- GENTILI, Pablo (1997): “Adiós a la escuela pública. El desorden neoliberal, la violencia
del mercado y el destino de la educación de las mayorías”. En: Gentili, P. (comp.):
Cultura, política y currículo. Ensayos sobre la crisis de la escuela pública. Editorial
Losada, Buenos Aires. Pág. 113
- GOUGH, I. (2003): “Instituciones económicas y la satisfacción de las necesidades
humanas”. En: Capital global, necesidades básicas y políticas sociales. Buenos Aires:
Ciepp- Minño y Dávila editores.
- GOUGH, I. (2003): “La crisis fiscal del estado: la contribución de James O’Connor”. En:
Capital global, necesidades básicas y políticas sociales. Buenos Aires: Ciepp- Minño y
Dávila editores.
- HABERMAS, J. (1999): Problemas de legitimación en el capitalismo tardío. Madrid:
ediciones Cátedra. Capítulo 2: “Tendencias a la crisis en el capitalismo tardío”.
- LO VUOLO, Rubén (1998): “Crisis de Integración social y retracción del Estado de
Bienestar en Argentina”. En: Lo Vuolo y Barbeito: La nueva oscuridad en la política
social. Del estado populista al neoconservador. Ciepp/ Miño y Dávila. . Buenos Aires.
Págs.: 188 a 192
- Encuesta Permanente de Hogares (EPH): consultas en el sitio web:
http://www.indec.mecon.gov.ar/dbindec/login.asp
- Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC): consulta en el sitio web:
http://www.indec.mecon.ar/
- MONZA, A. (2002): Los dilemas de la política de empleo en la coyuntura argentina
actual. Buenos Aires, Fundación OSDE/ CIEPP.
- BORON, Atilio (2004): “Reformando las <reformas.> Transformaciones y crisis en las
universidades de América Latina y el Caribe”. Ponencia presentada en: Universidad
2004. Habana, febrero, 2004.
- DIDRIKSSON, Axel (2000): “Tendencias de la educación superior al fin de siglo:
escenarios de cambio”. En: López Segrera, F. Y Filmus, S. (coordinadotes) (2000):
América Latina 2020. Escenarios, alternativas, estrategias. FLACSO, UNESCO. Temas
Grupo Editorial. Buenos Aires.
- FERNANDEZ, María A. y RUIZ, Guillermo (2002): “La Ley de Educación Superior: un
análisis a partir de su contenido”. En Revista: IICE, revista del Instituto de
investigaciones en Ciencias de la educación de la Facultad de Filosofía y Letras. UBA,
Año X, Nº 19. Marzo 2002, Miño y Dávila Editores.
- FRIGOTTO, G. (1998): La productividad de la escuela improductiva. Madrid, Mino y
Dávila editores.
- GIRALDO, C. (2001): Finanzas públicas en América Latina: la economía política.
Bogotá. Ediciones desde Abajo.
- LOPEZ SEGRERA, F. (2002): “Tendencias de la educación superior en América Latina
y el Caribe. El debate a nivel mundial”. Publicado en: Educación permanente, Calidad y
Pertinencia. Op. Cit. Cap V, curso CLACSO.
- PAVIGLIANITI, N. et al.(1996): “Recomposición neoconservadora. Lugar afectado: la
universidad”. Miño y Dávila editores. Buenos Aires.

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