De choros maquiavelos estafa inmobiliaria en venezuela

De choros,
maquiavelos
y estafaos
Estafas inmobiliarias en Venezuela
Gerónimo Pérez Rescaniere

De choros, maquiavelos y estafaos
3
presentación
La clase media venezolana, al igual que el resto de
la población, ha sido vulnerable a las acciones es-
peculativas del capitalismo. La endémica problemáti-
ca de la vivienda, heredada de la aplicación de medidas
neoliberales y el supuesto “libre mercado”, nos llevó
a una crisis que el Gobierno Bolivariano asumió con
una contundente respuesta para proteger a los com-
pradores y resguardar sus bienes inmuebles que habían
sido secuestrados por “maquiladores” de oficio, los em-
prendedores del vampirismo económico. A diferencia
de las prácticas estafadoras del sector empresarial pri-
vado, el pueblo venezolano se está beneficiando de la
Gran Misión Vivienda Venezuela, compromiso solidario
y socialista, humanismo de verdad.
Estafas inmobiliarias en Venezuela
CORREO DEL ORINOCO
Alcabala a Urapal, Edificio Dimase, La Candelaria, Caracas-Venezuela
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Directorio
Hugo Rafael Chávez Frías
Presidente de la República Bolivariana de Venezuela
Andrés Izarra
Ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información
Alejandro Boscán
Viceministro de Estrategia Comunicacional
Lídice Altuve
Viceministra de Gestión Comunicacional
Edición y corrección: Ricardo Romero
Diagramación: Saira Arias
Depósito legal: Lf2692012320758
Impreso en la República Bolivariana de Venezuela en la Imprenta Nacional
y Gaceta Oficial
Febrero, 2012
Descargue nuestras publicaciones en:
www.minci.gob.ve

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Este es uno de los problemas más graves
que tenemos nosotros, el de la vivienda. Y
créanme que yo el problema de la vivien-
da lo he tomado ya como algo personal,
es un problema mío, de Chávez pues, y
no descansaré pero nada, en la búsque-
da de soluciones al drama heredado pro-
ducto de la maldición del capitalismo.
Hugo Chávez Frías

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2010
El miércoles 15 de septiembre de 2010, el departa-
mento de prensa de YVKE Mundial / RNV cuelga en
Internet una noticia que dice: “Ejecutivo Nacional
convocará bancos involucrados en estafas. Hasta el
momento han sido identificadas 31 empresas en todo
el país, en más de 50 urbanismos investigados. Todos
los bancos relacionados con estas empresas inmo-
biliarias serán llamados para que rindan sus declara-
ciones en el procedimiento administrativo que se ha
abierto en el Indepabis. Así lo anunció este martes el
ministro del Poder Popular para el Comercio, Richard
Canán, quien fue entrevistado en el programa Con-
tragolpe, transmitido por Venezolana de Televisión.
Continuaba la noticia:
El Gobierno Nacional instaló este lunes una
mesa de alto nivel para investigar a fondo las
denuncias de cobro ilegal del Índice Nacional
de Precios al Consumidor (INPC) y estafas sis-
temáticas practicadas por diversas empresas in-
mobiliarias, que ha afectado a más de 167.000
familias en el país. Hasta el momento han sido
identificadas 31 empresas incursas en esto, en
más de 50 urbanismos investigados.
El INPC fue regulado en abril de 2008 para fijar
un indicador aplicable a los costos de las viviendas de
acuerdo a la inflación nacional de bienes y servicios.
En 2009 se decretó la prohibición de aplicar el INPC
para la adquisición de vivienda en manera de alícuota

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o porcentajes. No se detalló si éste tendría carácter re-
troactivo, aspecto que plantearía una discordia en la in-
terpretación. El sector de la construcción solicitó ante
el Tribunal Supremo de Justicia una interpretación, la
cual corroboró el dictamen estatal, pero el cobro del
INPC por las empresas continuó de manera ilegal.
Durante la entrevista, Canán comentó que también
existe la coacción de las empresas constructoras hacia
las entidades bancarias. Explicó que, al principio, los
bancos aprueban un crédito habitacional al comprador,
porque algunas inmobiliarias trabajan directamente
con algunos bancos privados. Luego, por coacción de
la misma empresa constructora, las instituciones ban-
carias cancelan el crédito al comprador, que posterior-
mente no tiene cómo responder al pago acordado. “Eso
lo estamos estudiando, porque no puede haber ningún
tipo de coacción por parte de la empresa constructora y
tampoco por el banco”, aseguró el ministro.
Nuevas noticias hablan de la estafa inmobiliaria:
“Dejaron de entregar 150 mil viviendas”. Un total de
150 mil viviendas no fueron entregadas a sus propieta-
rios. Alrededor de 100 mil fueron culminadas, pero no
se entregaron a las personas que pagaron por ellas, con
la intención de que cancelaran cuotas adicionales cal-
culadas de manera ilegal. A esta cifra se suman los ca-
sos de las viviendas que no han sido construidas. Total,
150 mil es la cifra de víctimas por estafas inmobiliarias.
Con la notificación ministerial, si no antes, co-
menzaba la investigación de una de las estafas
más agresivas cometidas en Venezuela. Se inau-
guraba además un trato diametralmente distin-
to al que se le daba a estos casos en los gobiernos
de la Cuarta República. Compárese lo que se va a
leer a continuación con el manejo aplicado a la
bancarrota bancaria de los 90 en la que desapa-
recieron 10.000 millones de dólares. El gobier-
no de Rafael Caldera enviaba las patrullas a ro-
dear los aeropuertos privados de los inculpados,
pero los policías sólo entraban a estos cuando
las avionetas de los ladrones estaban en el aire.
Informa un cable de la Agencia Venezolana de No-
ticias del 19 de noviembre de 2010 los trucos terribles
que usan los tracaleros:
Proyectos habitacionales paralizados, cobro
ilegal del Índice Nacional de Precios al Consu-
midor (INPC), conformación de asociaciones
civiles para evadir responsabilidades, resolución
unilateral de contratos, transferencias a nuevos
desarrollos y entrega de apartamentos en condi-
ciones inferiores a las acordadas, son algunos de
los mecanismos de estafa que la Sala Situacional
Inmobiliaria ha detectado en la compra y venta
dolosa de viviendas en proceso de construcción.
Hay, pues, que recurrir al Instituto para la Defensa
de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios
(Indepabis) para tratar con estas fieras, que siempre se
presentan de lo más ejecutivos, gerenciales y computa-
rizados, nunca con un antifaz y un pañuelo de gitano
amarrado en la parte de atrás de la cabeza, como repre-

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sentan a los bandidos en las comiquitas. Ofrecen, en
la primera etapa, que es la de pre-venta, igual que el
comerciante decente, que también lo hay, “excelentes
planes de pago”, cautivan con propuestas de reservar
hasta con sólo 4.000 bolívares.
Después de la preventa se inicia la fase crucial
del negocio, la opción de compra, en la cual el clien-
te “amarra” la negociación mediante la entrega de un
porcentaje de la inicial del inmueble, que puede oscilar
entre 30% y 40%. Para pagar el resto, las inmobiliarias
establecían un plazo de 18 a 24 meses. A esos pagos se
sumaban, además, cuotas “especiales”, por lo general
tres pagos extras de entre 20 mil y 50 mil bolívares cada
uno. Y decían a sus clientes que hay que hacer el nego-
cio porque después el apartamento valdrá más.
Pero, qué problema, de pronto la cuota inicial crecía
en alrededor de 150%, excusándose el vendedor en una
supuesta escasez o aumento de los precios de los mate-
riales para la construcción.
Disfrazando la estafa
El incremento de las ganancias por retraso de las
obras agarraba aspecto de seriedad al referenciarse con
el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).
El Estado prohibió cobrar el INPC, pero las inmobilia-
rias les exigieron a los compradores firmar un segundo
contrato para camuflar este pago bajo otros conceptos.
Si te retrasabas en el pago de mensualidades y cuotas
“especiales”, debías cancelar una multa. El monto os-
cilaba entre 20 mil y 50 mil bolívares, lo que generaba
que el precio de la vivienda subiera al menos 15%. Pero
no todo era dureza. Se ofrecían transferencias a nuevos
desarrollos habitacionales que supuesta o realmente
estaban más avanzados. Eso sí, debías firmar otro con-
trato con un nuevo precio.

Mata Linda, atropello a los empresarios
que hacen grande a una sociedad
Para el 3 noviembre de 2010, Mata Linda era uno de
los seis urbanismos intervenidos por el Ejecutivo Na-
cional en un procedimiento del tipo que la periodista
Marta Colomina presentaba como una muestra de atro-
pello a los empresarios que hacen grande a una socie-
dad. ¿Eran esto? Adelantado por la empresa CostrucTuy
en el municipio Cristóbal Rojas del estado Miranda, el
proyecto Mata Linda tenía más de cinco años con la
obra paralizada. Al mismo tiempo, los compradores del
Complejo Habitacional Los Pinos II, ubicado en los Al-
tos Mirandinos, eran extorsionados con el cobro ilegal
del INPC. Si no se “bajaban” podían esperar, de hecho,
los “renuentes” tenían entre dos y cuatro años esperan-
do los apartamentos.
El día 4 informó Aurora Hernández, la titular del Inde-
pabis, la entrega de 62 apartamentos a sus propietarios:
“Desde el día de hoy pueden tomar posesión de las
viviendas y hacer las modificaciones que a bien tengan”.
La entrega era realizada con un acta temporal y en
consecuencia los propietarios podían solicitar los servi-
cios de agua, energía eléctrica y gas, entre otros.
“El acta es temporal y no es de protocolización, pero
está blindada desde el punto de vista legal con las atri-
buciones que tenemos desde el Indepabis”, aseguró Au-

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rora Hernández y explicó que similar acto de entrega
de residencias se había ejecutado en el complejo habi-
tacional San José del Ávila e instó a los ciudadanos que
hubieran sido estafados con situaciones similares a que
acudieran al Indepabis en todo el país, para hacer valer
su derecho legítimo a la propiedad.
Unidos por nuestra vivienda
En la Sala Situacional contra la estafa inmobiliaria
instalada en el Consejo Legislativo del estado Yaracuy
(CLEY), se habían recogido más de 120 denuncias por
estafas inmobiliarias, ofertas engañosas, cobros ilegales
e incumplimiento de los lapsos de entrega. Los recla-
mos involucraban principalmente a seis urbanismos.
Como siempre, otra de las acusaciones contra las em-
presas constructoras es por cobro ilegal del INPC.
Los urbanismos en los que se han presentado las irre-
gularidades son hasta ahora Yukarai, Prados del Norte,
Iracoy, El Valle, la Organización Comunitaria de Vivien-
das (OCV) Unidos por Nuestra Vivienda y la OCV Urachi-
che. ¡Cuánta astucia hay en el diseño del nombre Unidos
por Nuestra Vivienda! ¡Cuánta estafadora comprensión
de las muy humanas aspiraciones de la gente! Unidos
por Nuestra Vivienda es un proyecto habitacional de la
empresa Provaferca que, luego de estafar a 131 familias,
se fue del Yaracuy y dejó el terreno hipotecado, aunque
fuera de la comunidad. Debía entregar 131 casas, pero
sólo construyó 40, que se encontraban en mal estado.
Esto de las “Organizaciones Comunitarias de Vi-
viendas” se parece demasiado, pero lo que se dice de-
masiado, a las Organizaciones no gubernamentales
(ONGs). De las ONGs se terminó sabiendo que son
inventos de la CIA, parte de los paquetes de desdemo-
cratización legal que vinieron anexos a los paquetes
económicos. Cuatro gatos se reúnen en un bufete y
constituyen una asociación —tú eres el presidente,
tú eres el vocal de la comunidad, tú el abogado—, le
ponen un nombre (“Alerta popular”, “Observatorio de
prisiones”, “Ojo electoral”, “Democracia de Venezue-
la”, “Alerta democrático”) y a representar a la comuni-
dad se ha dicho… Una comunidad que no los eligió ni
sabe quiénes son, que se entera de que está represen-
tada cuando ve a los flamantes miembros de la ONG
declarando por Globovisión. Eso es estafa de un tipo;
esto de las OCV resultó lo mismo.
El vicepresidente del CLEY, Ángel Gamarra, también
comentó el caso del urbanismo Iracoy, ubicado en el
municipio San Felipe: en 1991 debía concretarse la en-
trega de estas propiedades familiares y en 2010 eso no
había ocurrido. Diecinueve años tenía la gente esperan-
do, tiempo de que un hijo crezca y, de repente, hasta te
haga abuelo.
“En la actualidad —precisó Gamarra— el conjunto
está ocupado por familias que no son las que las paga-
ron originalmente”. ¿La compañía vendió dos veces?
Otra de las estafas es la de la empresa Milenium
3.000, la cual cobró 23.000 bolívares para la reserva de
la parcela en el año 2008 y hasta la fecha no se había
visto la primera casa.
Yaracuy era terreno minado, pues poco después se
descubre el caso de los Townhouse San Antonio. Hay
siete casos de doble venta en la primera etapa del ur-

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banismo y dos en la segunda. La constructora Siete 13,
responsable de la obra, estaba vendiendo propiedades
familiares de una tercera etapa que no existe.
Las cosas rentables se repiten, es natural, como en el
caso de los procedimientos de estas empresas: primero
fijaban un precio a las propiedades y luego iban incre-
mentando el costo inicial a pesar de que, entre otras
cosas, muchos de los terrenos donde construían fueron
donados por los municipios.
La Tahona te mata
La noticia, del 10 de noviembre de 2010, bajo la firma
de Yahana Morales está adornada con la fotografía de
cuatro grandes edificios de color rosado (ladrillo) con
bonitas escaleras exteriores y unas terrazas de cemento
cuyo gris afean manchones de agua sucia. El pie de foto
reza: “Las obras del Complejo Urbanístico Terrazas de
La Tahona están listas en un 70%”. El artículo narra:
Las 17 familias que iniciaron la lucha para re-
cuperar los inmuebles por los que llevan cuatro
años de sacrificios, y que fueron estafadas por la
constructora responsable del Complejo Urbanís-
tico Terrazas de La Tahona, aseguran que ade-
más de los perjuicios económicos, han sufrido
daños morales, emocionales y de salud.
“Yo inicié los trámites para adquirir aparta-
mento en este complejo habitacional en el año
2006, cuando supe de su construcción. A mis
35 años de edad me sentía emocionado por la
opción de tener vivienda propia y después de
valorar los riesgos de inversión y sacar cuentas
decidí iniciar las gestiones”, explicó José Luis
Gutiérrez, un contador público víctima de estafa
inmobiliaria por parte de la constructora Edivial
Compañía Anónima.
A mediados del año 2007, Gutiérrez entregó
la inicial del precio de venta del apartamento de
70 metros cuadrados, el cual estaba valorado en
218 mil bolívares. “Nos dijeron que se trataba
de una Asociación Civil y que al pagar nos con-
vertíamos en asociados, por lo que ellos iban a
trabajar con nuestro dinero para adquirir mate-
riales y pagar a los obreros”.
Había evaluado mal los riesgos José Luis Gu-
tiérrez a pesar de ser contador, pues confiesa que
“Con el tiempo supimos que la empresa realizó
transferencias de fondos de nuestra asociación
a otras en las que también tienen participación
y que el terreno donde se edifica la obra aún no
está registrado”.
Este es un caso de estatismo. El simple ciuda-
dano, el simple ser humano, no está capacitado
para luchar con monstruos profesionales de la
estafa. A la hora de dar los reales actuó de acuer-
do a sus posibilidades individuales, pero a la hora
que salió el diablo, sólo el Estado lo podía salvar,
mediante leyes, cuando las hay, y ahora por inter-
venciones ejecutivas fue reivindicado y salvado.
Hasta la fecha había cancelado 305 mil bolíva-
res, es decir, 87 mil bolívares más que el costo es-
tablecido como precio de venta del apartamento.
“Lo más insólito no es lo que he pagado de
más, sino que pretenden que pague hasta llegar
a 605 mil bolívares. La obra aún está en fase gris
(obra limpia) y justo una semana antes de que el

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presidente Chávez anunciara las medidas de ex-
propiación y ocupación inmediata, notificaron
que faltaba un ajuste por aumento de precio del
material, escasez y mora de varios asociados”.
Si un dramaturgo escribiera un parlamen-
to con las palabras de la confesión de José Luis
Gutiérrez, sería acusado de presentar pasquines
políticos, de militante del realismo socialista.
Sigamos oyéndolo:
“Yo soy casado y con un hijo y necesito mi
apartamento, por el que pago puntualmente.
Antes de meterme en esta inversión, que resultó
ser una gran trampa, vivía alquilado. Ahora estoy
arrimado en casa de familiares. En este inmue-
ble tengo colocado todo mi dinero y el sacrificio
de muchos años de trabajo. Pagué cuotas de 21
mil bolívares por mes”.
En una reunión de asociados les hablaron de
un incremento en el precio, que resultó ser el
INPC con otro nombre, y como dijeron que no
estaban dispuestos a pagar esa diferencia, los
amenazaron con dejarlos en la calle. Gutiérrez
confesó que ante la amenaza, llegó a valorar la
posibilidad de pagar.
“Por miedo a perder todo lo que había apor-
tado. Mi temor crecía cada día más, al ver a mi
familia. A mí me ofrecieron el apartamento para
diciembre de 2009, hace casi un año. Sólo 17
familias afectadas iniciamos la cruzada, pero ya
otras se están sumando”, concluyó.
Con la tensión en 180
También ese fue el caso de Carmen Camacho y Ju-
lio César Uzcátegui. Son ingenieros químicos y esposos
desde hace casi tres décadas, tiempo durante el cual
han vivido pagando alquileres, echando dinero en saco
roto. En 2006 decidieron adquirir vivienda propia, pen-
sando en el futuro de sus tres hijas y sus futuros nietos.
“Nos enamoramos del proyecto, que atraía con una
publicidad vistosa y promesas de pronta entrega. Nego-
ciamos la adquisición de un apartamento de 95 metros
cuadrados por un monto de 321.100 bolívares pagade-
ros en 44 cuotas y con una promesa de entrega para
diciembre de 2009”.
Cada fin de semana, el matrimonio Uzcátegui Cama-
cho visitaba el lugar esperando encontrar movimiento
en los terrenos, máquinas o materiales, pero no fue así,
vieron pasar dos años en los que la obra no avanzó.
“Cuando empezó la construcción, nos convocaron a
una primera reunión. Allí nos informaron de un au-
mento en el precio de 3 mil a 5.500 bolívares por metro
cuadrado de construcción, alegando que los precios de
los materiales habían subido. No habían pasado dos o
tres meses cuando nos dijeron que de 5.500 bolívares el
aumento había pasado a 7 mil por metro cuadrado, lo
que elevó el precio del apartamento a 794 mil bolívares,
es decir, 168% más”, concretó.
El retrato de un frente redondo y gris adorna tam-
bién el artículo. Es la terraza del edificio. Abajo un
tanque azul, de plástico, y muchas cabillas al aire ha-
blan de trabajos de construcción, pero no de obra ter-
minada.

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Ante esta situación, Uzcátegui y otros afectados acu-
dieron a la sede del Ministerio del Poder Popular para
las Obras Públicas y Vivienda, el 6 de agosto de 2009, y
a la sede del Indepabis, el 3 de septiembre, para denun-
ciar oficialmente lo que ya consideraban una estafa.
“El ministerio nos instó a no realizar los pagos adi-
cionales, tal y como consta en el expediente número
0877, y así lo hicimos”, puntualizó Carmen Camacho.
El núcleo familiar de estos ingenieros está integrado
por seis personas, entre otras la madre de uno de los es-
posos. No son pobres, viven alquilados en un anexo en
la urbanización Prados del Este, por el que pagan 2.500
bolívares al mes, pero estaban asustadísimos.
“Para completar, donde vivimos nos solicitaron la
desocupación para enero del año que viene y ya no sa-
bemos adónde ir. Mi esposo ha sufrido dos infartos, uno
de ellos producto de este proceso angustioso, por lo que
yo me he visto en la necesidad de seguir la lucha”, acotó
Carmen Camacho.
Cuando les comunicaron el aumento del precio del
inmueble, el señor conversó con el dueño de la cons-
tructora para ofrecerle, en pago, un apartamento en
Mérida, pero “nos dijeron que aceptaban el apartamen-
to para saldar parte de la deuda, pero no nos asegura-
ban fecha de entrega del inmueble ni nos decían si po-
dían mantener el precio. Esa situación casi nos volvió
locos”. Cada vez que veían el calendario y el saldo en
sus cuentas bancarias querían llorar.
La defensa de Marta Colomina
Edivial es otro caso que hubiera ameritado la defen-
sa de Marta Colomina. La abogada Andreína Marchán y
su esposo pagaron la inicial del monto de venta de un
apartamento en Terrazas de La Tahona en 2006.
“Negociamos por un inmueble de 140 metros cuadra-
dos por un precio de 354.900 bolívares, que con el pasar
de los años llegó a 908.975 bolívares. Yo fui una de las que
empezó a pelear con los dueños de la constructora, quizá
por ser conocedora de las leyes y saber que estaba en pre-
sencia de un timo. El desgaste emocional es impresionan-
te, sin hablar de la salud y de los problemas familiares”.
Cuando ella y su pareja negociaron la compra, te-
nían un hijo; a estas alturas ya tienen dos. Viven en la
casa de su suegra. “Los muebles los tengo en un local
alquilado por el que pagamos 4.500 bolívares al mes.
Vivo arrimada y mi esposo trabaja de lunes a lunes, casi
las 24 horas del día. Por culpa de esta estafa he teni-
do problemas con mi familia, pues me decían que era
nuestra culpa por tomar una mala decisión y que segu-
ro perderíamos todo”.
La joven profesional dice que ha perdido su vida so-
cial y que en los últimos años ella y su pareja han en-
tregado “todo el fruto de su trabajo y sacrificio a esta
gente, que no sabe valorar a las personas y las engaña
impunemente. En un momento, llegué a pensar que
de verdad la tenía perdida y que iban a poder más que
nosotros. La emoción no me dejaba pensar bien cuan-
do escuché la medida presidencial por cadena nacional,
lloré de la emoción. “Nos tomaron en cuenta”, era lo
único que pensaba, porque es muy difícil volver a creer
cuando la esperanza se ha perdido”.

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Una parálisis del lado izquierdo del cuerpo
Para Reyna González de Real, los estafadores inmo-
biliarios deben pagar con cárcel su delito, porque no
sólo causan perjuicios económicos, sino morales y psi-
cológicos.
“Yo hice un convenio de asociada por 476 mil bolí-
vares para adquirir un apartamento de 128 metros cua-
drados más 80 metros cuadrados de terraza, eso fue en
2006. Cuatro años después pretendieron que cancelara
1 millón 20 mil bolívares por el mismo inmueble. Para
dar la inicial de compra en el conjunto residencial, ven-
dí un terreno, un carro. Varios de mis familiares ayu-
daron, como mi mamá y mi suegra. En la actualidad
vivo alquilada, pagando 10.500 bolívares por mes, ya
que tuve que buscar un apartamento grande donde cu-
piesen todas mis cosas”.
“Los ahorros de 12 años de matrimonio están aquí,
entre cabillas y bloques. A consecuencia de este proble-
ma, mi esposo sufrió una parálisis del lado izquierdo
del cuerpo, y, a pesar de haber ido a decenas de médi-
cos, no dan con una cura efectiva. Para nosotros eso es
resultado del estrés vivido, de las angustias y miedos de
quedarnos sin apartamento, sin dinero, con tres hijos
y sin techo propio. A mí me salieron dos nódulos en la
garganta por las mismas razones”.
Reyna pide que esto sirva de ejemplo y que los res-
ponsables tengan una sanción administrativa y penal:
“No se puede ir por la vida haciendo daño a familias
inocentes, esperanzadas y con sueños”.
Es lógico, es casi seguro, que muchas de estas per-
sonas de clase media sean adversas a Chávez. O que lo
fueran hasta que sintieron el ácido. Con el duro len-
guaje del concreto, estos ciudadanos aprendían que a
la hora de los millones nadie va a decirles: “Tú te salvas
porque eres escuálido”. Y desde luego, debieron sentir
un alivio inmenso al oír al presidente Chávez procla-
mar en cadena: “Y no descansaré pero nada, en la bús-
queda de soluciones a este drama heredado, producto
de la maldición del capitalismo”.
13 noviembre de 2010
“El año que viene la pesadilla ya debe haber culmina-
do y cada uno de los copropietarios tendrá su vivienda”,
señaló el ministro del Poder Popular para la Vivienda,
Ricardo Molina al día siguiente. Añadió:
“El Gobierno está haciendo entrega de inmuebles
que los urbanizadores no habían otorgado a sus respec-
tivos propietarios, al parecer debido a que pretendían
utilizarlos como herramienta de coacción para el co-
bro ilegal del INPC y cuotas excesivas. El Ministerio del
Poder Popular para la Vivienda y Hábitat continuará la
construcción de 5.042 apartamentos que forman parte
de los seis urbanismos que fueron objeto de expropia-
ción, con la finalidad de que los legítimos propietarios
reciban sus inmuebles”.
Aquel noviembre de 2010 estaba encendido con el
“parao” a las estafas inmobiliarias. El diputado Augusto
Montiel aseveró que aunque no todos los empresarios
son estafadores, muchos se han amparado en la Cámara
Inmobiliaria de Venezuela para cometer delitos contra
las familias.

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Expropiación
El que vamos a narrar a continuación es un caso que
debería ser defendido por una de las periodistas bonitas
de Globovisión, los delincuentes que aquí se nombran
deberían ser entrevistados por el Matacuras, saludados
con el tono exultante (insultante también, pero es otra
cosa) que el Mata ha impuesto. Matar a los comprado-
res de apartamentos es aplicación del mismo sistema
de capitalismo desregulado que parió a Globovisión y
a sus hijos. El caso es que el 31 de octubre de 2010, el
presidente Chávez firmó el decreto de expropiación de
seis desarrollos urbanísticos y dictó medida de ocupa-
ción temporal sobre otros ocho. Y además existe un ter-
cer grupo compuesto por 19 conjuntos habitacionales
sobre los que pesa una medida de enajenamiento que le
permite al Estado supervisar las obras.
En reportaje fechado en Caracas, el 16 noviembre de
2010 (texto: Roy Salas), se especifica:
Desde el año 1996 hasta enero de 2002 miles
de familias venezolanas perdieron sus viviendas
al ejecutarse las hipotecas por los créditos in-
dexados y las llamadas cuotas balón (mucho las
combatió Darío Vivas, acotamos nosotros, aco-
rraló a varios de esos sinvergüenzas). Por esta
situación, en el año 2005, el Ministerio Público
imputó a siete directivos de entidades bancarias
por la presunta comisión de delito de estafa y
usura, y se les dictó medida de prohibición de
salida del país. Entre los empresarios señalados
por la Fiscalía General de la República se en-
contraba quien para la fecha era presidente del
Banco Provivienda (Banpro, liquidado en el año
2009 por falta de fondos).
Cinco años después de aquel señalamiento, el
mismo nombre vuelve a relacionarse con los ca-
sos de estafas en Venezuela. En esta oportunidad
por los cobros ilegales que la constructora Gru-
po Eiffel realizó del INPC y el incumplimiento
de contrato en los seis conjuntos residenciales
que está ejecutando esta empresa.
Algún tiempo antes, el diputado Braulio Álvarez ha-
bía planteado que se realizara un arqueo financiero con
el objeto de determinar cómo empresas inmobiliarias
tracaleras obtenían dinero de los bancos mostrando
como proyecto fotos de urbanismos en marcha distin-
tos a los que se suponía que iban a desarrollar. Notí-
ciese, los funcionarios de los bancos son ingenuos. O
ciegos. Póngales un dedo entre los dientes, verá que no
muerden.
En 2010 volvió el cántaro al agua. El Grupo Eiffel
está a cargo de la edificación de Terrazas de Guaicoco,
Nueva Casarapa, Terrazas de Mampote, Valle de Cha-
ra, Camino Real y Las Haciendas. En conjunto con la
empresa Inversiones Urbania, se encargaron de estafar
a miles de familias con la construcción del complejo
habitacional El Encantado, en Macaracuay.
Por una vivienda de 70 metros cuadrados pedían 300
millones de bolívares viejos. Pero a partir de la ratifica-
ción del Estado de prohibir el cobro del INPC, la edifi-
cación fue paralizada y a los compradores les exigieron
firmar un nuevo contrato con un precio que triplicaba
el monto inicial de la vivienda.

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Hay matices: a la gente pobre le quitan todo: hos-
pital, casa, todo. A la clase media se la aplican con el
apartamento.
Los responsables de El Encantado son los mismos
del Grupo Eiffel. No es raro que políticos de derecha es-
tén en negocios macro, tampoco que negocios y cons-
piración anden juntos, aunque pueden caminar sepa-
rados. En fin, cabe reparar en que socios de Mezerhane
venden apartamentos por un precio y al final cobran
el triple, que socios de la inmensa estafa del Banco La-
tino, en vez de caminar obsesivamente detrás de una
reja de barrotes, estén en trabajos de cuello blanco y
financiando parapetos abocados a “cuidar la limpieza
de las elecciones”.
“La filosofía del Grupo Eiffel es desarrollar urbaniza-
ciones y conjuntos residenciales que apunten a mejorar
sus habitantes”, reseña la página web de la compañía.
Sin embargo, la calidad de vida de los ciudadanos que
firmaron contratos para ser los propietarios de Terrazas
de Guaicoco y Nueva Casarapa no mejoró. Se estable-
cía la construcción de una red de suministro de aguas
blancas y de drenaje de aguas negras y ello nunca se
cumplió a cabalidad. Raro es que Radar de los barrios,
el programa que a gritos, como suponen sus creadores
que se debe hablar en los barrios, muestra desniveles y
filtraciones en edificios y casas hechas por el gobierno,
no se haya dado un paseíto por Nueva Casarapa para
comentar, altisonantemente o en voz bajona si es más
conveniente, filtraciones, ascensores que no funcionan,
ausencia de intercomunicadores que estaban estipula-
dos en el contrato y se pagaron.
Dreamaker´s
Dreamaker´s es un término que puede traducirse
como “hacedores de sueños”, noble labor desde luego
pero, según noticia fechada en Caracas el 19 de no-
viembre de 2010, fueron privados de libertad cuatro
directivos de la empresa Consorcio de Ventas Progra-
madas Dreamaker´s, imputados por el delito de esta-
fa continua, así como de oferta engañosa y asociación
para delinquir. También se remitió a Canadá a otros
dreamaker´s que trabajaban a través del Conjunto Re-
sidencial Villa del Sol, ubicado en el estado Miranda.
En el estado Bolívar fueron apresadas tres represen-
tantes de Inversiones Stiboker, C.A.; Promotora Foncrea,
C.A.; Asociación Civil Provivienda Alta Florida y Proyecto
Villa Lourdes. Estafa agravada en grado de continuidad
fue la acusación formulada contra las ciudadanas y se les
aplicó prohibición de enajenar y gravar inmuebles, ade-
más de bloqueo de las cuentas bancarias de las empresas.
El representante de la empresa Teconca Conjunto
Residencial El Remanso fue detenido en el estado Ba-
rinas, imputado por los delitos de estafa calificada en
grado de continuidad y defraudación. Por este caso, el
tribunal acordó la prohibición de enajenar y gravar so-
bre el inmueble, así como el bloqueo e inmovilización
de cuentas bancarias personales.
Finalmente, en Miranda fue privado de libertad el
representante de la Promotora Mata Linda, arriba men-
cionada, por estafa, asociación para delinquir y oferta
engañosa. El imputado tiene prohibición de enajenar y
gravar y bloqueo de cuentas bancarias, tanto de la em-
presa como personales.

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Chávez lo tomó en sus manos
El caso de las estafas inmobiliarias cobraba una di-
námica endiablada. La gente llevaba su desesperación
a Indepabis, la Fiscalía, tribunales, policías y a los me-
dios. El presidente Chávez lo tomó en sus manos. Poco
después declaraba:
“Si el apartamento está listo, que lo ocupen ya. Yo
respondo por esto. Que me metan preso a mí, que me-
tan preso a Chávez. Pero no podemos dejarnos enre-
dar”.
Es que habían surgido a la superficie entramados ju-
diciales creados por algunos bancos privados y no se le
permitía a los propietarios ocupar sus apartamentos.
Tal cosa denunciaba Nohelia Arocha, titular de apar-
tamento en el conjunto residencial Valparaíso, en San
Diego de Carabobo. Nohelia se había integrado a la co-
ordinación nacional de la Sala Situacional en represen-
tación de los afectados. Señalaba:
“Cuando nosotros dimos la inicial para ese aparta-
mento, ya estaba listo. Pero estamos esperando, porque
el caso de nosotros es que hay un entramado jurídico por
parte de la banca privada. Y por eso hacemos un llamado.
La banca tiene mucha relación con todas estas etapas”.
Chávez giró instrucciones al Servicio Bolivariano de
Inteligencia Nacional (Sebin) y a la Dirección de Inteli-
gencia Militar (DIM) para investigar los nombres de los
bancos privados involucrados en estos casos y además
detectar los procedimientos legales que están dificul-
tando la entrega de los apartamentos a sus propietarios.
“Yo les ruego que denuncien todo, nosotros los pro-
tegeremos. Hay que sacar todo del basurero. Si hay al-
gún funcionario protegiendo los intereses de la banca
privada, habrá que tratarlo como estafador. Hay que de-
nunciarlo”, indicó.
Y uno se pregunta: ¿cuándo se hubieran atrevido a
esto los gobiernos de la Cuarta República? En los días
en que Teodoro Petkoff pactaba con los delegados del
Fondo Monetario Internacional la entrada de un prés-
tamo de 16.000 millones de dólares que ni hacían falta,
ni trajeron los empleos que ofrecían, ni se vieron por
ningún lado, Caldera ofreció un aumento de 10% en los
sueldos para suavizar el impacto del paquete económico
que entraría en vigencia. Pasaban los días y no se veía
la cosa. Cuando un periodista le preguntó al Presiden-
te sobre el aumento, respondió: “Estamos en eso”. No
hubo tal aumento, no le dieron permiso al petulante
presidente jesuita. Respecto a Raúl Leoni, recuerdo que
una vez Fedecámaras, no es que le barajustó el caballo,
es que hizo un amaguito con las riendas: mejor no, el
hombre se asustó, le entró la tembladera y se abstuvo de
un aumento de sueldos que le había ofrecido a sus sin-
dicalistas. Carlos Andrés Pérez usaba un procedimiento
distinto, se rascaba en los matrimonios de los magnates
reyezuelos, los mismos que robaban ahora a la gente.
Continúa el caso de Nohelia Arocha: el conjunto resi-
dencial Valparaíso, ubicado en el municipio San Diego,
estado Carabobo, es parte de los 19 urbanismos a los
cuales se les dictaron medidas especiales para proteger
a sus propietarios. Se establece prohibición de la venta
de las viviendas a otras personas, ocupación temporal
de las sedes administrativas de las empresas y multas a
las mismas.

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“Si esos apartamentos están listos, son de ustedes,
no podemos estar enredados en leguleyismos. Todas las
familias que están estafadas, cuyas viviendas y aparta-
mentos ya firmaron y ya fueron concluidos, que vayan
a ocuparlos a partir de hoy”, manifestó el presidente
Chávez otra vez. La oposición no decía ni pío.
Otro conjunto residencial intervenido fue El Fortín,
ubicado en la avenida Intercomunal de Guarenas, esta-
do Miranda. Fue objeto de la medida de expropiación
por parte del Estado venezolano publicada en la Gaceta
Oficial número 39.553 con fecha 16 de noviembre de
2010, dirigida a los conjuntos residenciales cuya cons-
trucción fue paralizada por las empresas inmobiliarias,
afectando de forma directa a los compradores.
“Estamos haciendo un trabajo articulado para que
las familias tengan la seguridad de que, aún vulnerados
sus derechos por la constructora, el Estado venezolano
está garantizando la propiedad y la entrega inmedia-
ta de las viviendas”, señaló el director de Promoción y
Educación del Indepabis, Néstor Velasco, durante una
inspección al referido complejo, donde verificó el grado
de avance de las obras en estas torres.
El conjunto residencial fue emprendido por la cons-
tructora Nueva Casarapa, perteneciente al Grupo Eiffel,
y está conformado por 20 torres de ocho pisos, cada una
de las cuales tiene 32 apartamentos. La construcción de
las torres 15-16 presenta 50% de avance, mientras que
las 17 y 18 están adelantadas en 30% y los edificios 19-
20 tienen un avance de 10%.
El domingo 14 de noviembre, 46 familias afectadas
recibieron sus apartamentos ubicados en las torres 13
y 14 del Conjunto Residencial El Fortín.
Grave era la cosa, muy grave. El 31 de octubre, el
Presidente firmó el decreto de expropiación de seis
desarrollos urbanísticos y dictó medida de ocupación
temporal sobre otros ocho para acelerar la conclusión
de las obras y la entrega a sus propietarios.
Además, existe un tercer grupo compuesto por 19
conjuntos habitacionales sobre los que pesa una medi-
da de enajenamiento que permite al Estado supervisar
las obras.
El Jefe de Estado comentó: “Estos son los zamuros
urbanísticos, constructores que están explotando a la
clase media. Ellos hacen viviendas para la clase media
y la exprimen. Nos hemos dejado de cómicas y estamos
obligados a proteger a la clase media también, no per-
mitiremos que los sigan explotando”.
Detuvieron al ciudadano
El 19 noviembre de 2010, informó el comisario Luis
Roberto Carabín, del CICPC del estado Barinas, que en
procedimiento coordinado con la fiscal cuarta del Mi-
nisterio Público se detuvo a quien hace siete años co-
menzó la construcción de un conjunto residencial de-
nominado El Romanzo, el cual hasta la fecha no se ha
concluido y mantiene en zozobra a 118 personas perju-
dicadas. Era la primera detención bajo la presunción de
estafa inmobiliaria en la entidad.
“Todas las otras denuncias fueron declaradas por
nuestro despacho, se han recabado evidencias, las cua-
les se están colocando a la orden del Ministerio Públi-
co”, indicó Carabín al señalar que el caso El Romanzo
no es el único que se está trabajando, pues se estudian

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otros nuevos y no se descartan próximas detenciones
por presuntas estafas inmobiliarias.
El 7 de diciembre, el Mandatario nacional entrega
212 créditos a familias víctimas de fraude inmobiliario
para que puedan adquirir bienes y remodelar sus vi-
viendas. Fue en un acto realizado en el Batallón Simón
Bolívar, en Fuerte Tiuna. Cada familia recibirá hasta 30
mil bolívares fuertes para el equipamiento de la casa
que será entregada en obra limpia. Explicó Chávez que
los beneficiarios podrán adquirir electrodomésticos en
la Red de Abastos Bicentenario.
Se enfermó apenas a tiempo
Nueve días después, un reportaje firmado por Sandra
Izarra informa que según el diputado Augusto Montiel
“durante las últimas semanas los agraviados del Estado
Carabobo se han abocado a organizarse y a mantener la
presión para que los constructores no sigan ejerciendo
extorsión y todo tipo de acciones irregulares e ilegales
contra las familias”. Por su parte, María Rivero, una de
las personas perjudicadas por la Constructora Coyserca
en la entidad carabobeña, manifestó que esa empresa
prometió la entrega de las viviendas para el año 2008 “y
estamos terminado el 2010 y hay muchas que ni siquie-
ra las han construido”.
Coyserca es la constructora de los urbanismos Mon-
te Mayor, Terrazas de San Diego, Paso Real, Tejados de
San Isidro y Portal de San Luis, y ha afectado a más de
3 mil familias desde 2005. “El caso del urbanismo Te-
rrazas de San Diego es tremendo, son más de 40 torres
y hasta ahora van construidas sólo 20, es decir, el 50%
del urbanismo. Tienen el descaro de decirnos que si
acaso en tres años las van a entregar o las terminarían”,
aseguró Rivero. Destacó que hasta el momento no han
obtenido respuestas por parte de los representantes o
accionistas de Coyserca, a pesar de las medidas aplica-
das en el caso del urbanismo Monte Mayor, introducido
ante el Ministerio Público. Acotó que la constructora
está edificando urbanismos en Panamá, y que además
el representante legal de Coyserca —quien es el mayor
de cinco hermanos, todos accionistas de la empresa—
“ya se fue del país con la excusa de que está enfermo y
debe cumplir un tratamiento”.
Invertir más que los Estados Unidos
La salud está por delante, por supuesto, pero las in-
versiones en Panamá no se abandonaban. De ellas había
escrito detalles Eleazar Díaz Rangel en enero o febrero
de ese 2010 así:
“Venezuela es el país de más crecimiento de visitan-
tes a Panamá en los últimos cinco años: de 19.494 en el
año 2005 pasaron a 197.785 en el 2009”.
Diez veces más. Raro en verdad. Lo que sigue ya no
es raro sino alucinante.
“Pero lo más importante es la migración de capi-
tales para ser invertidos en ese país, en este renglón
Venezuela es el número 1. Solamente el año pasado
aprobaron 134 visas de inversionistas y les rechazaron
51; le siguen los estadounidenses con 73 aprobadas y 25
negadas y los colombianos con 45 aprobadas y 43 nega-
das, seguramente porque sospechaban que eran dólares
lavaditos”.

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“De esas 134 visas aprobadas a venezolanos, 48 fue-
ron de inversionistas para ‘macroempresas’, 72 de pe-
queñas empresas y 14 en el área forestal. Un funciona-
rio panameño aclaró al diario Capital que no aceptan
ni capitales golondrinas ni los que sean producto de
hechos ilícitos. De todas maneras, estos últimos dóla-
res, procedentes casi todos de Colombia, son difíciles
de controlar. Millardos se han invertido en la construc-
ción, y la cantidad de apartamentos vacíos que existen
nos explicaron que era por sospechas de su origen, vin-
culado al narcotráfico”.
“Las estadísticas no revelan las respectivas cantida-
des de dólares invertidos y, seguramente por su mag-
nitud, no será fácil ni imaginarlas. ¿Cuántos habrán
salido de Venezuela el año pasado, llevados por esos
134 inversionistas? Fíjense en la enorme diferencia
entre los inversionistas venezolanos (134) y de quie-
nes les siguen, los estadounidenses, con apenas 73.
Se supone que son millones de dólares adquiridos en
el mercado negro y recibidos de Cadivi. Y ahora uno
debe preguntarse, ¿cuántos de esos millones de dólares
los invirtieron en construcción? ¿Y cuántos eran pro-
ducto de lo que ahora se revela con la gran estafa?”.
El látigo de la contrarrevolución
Alguna vez, en su programa Aló Presidente, el presi-
dente Chávez ha citado una frase de León Trostki: “Para
avanzar, la revolución necesita el látigo de la contra-
rrevolución”. El manejo del problema de la vivienda
en Venezuela parece ser una ilustración triunfante de
la mecánica así descrita. Endémico e injusto, el asun-
to estaba entre los listados programáticamente por la
Revolución Bolivariana, pero tal vez hubiera esperado
solución por varios años si no se hubiese producido la
agresión que significó, para los ciudadanos pero tam-
bién para el gobierno, la estafa inmobiliaria. No es di-
fícil pensar que aceleró la creación de la Gran Misión
Vivienda.
El diario El Universal del domingo 5 de diciembre de
2010 trae un artículo expresivo de nobles preocupacio-
nes antiestatistas, se titula “Construcción de viviendas
bajo el control del Estado / Se imponen más requisitos
para las contrataciones públicas”, y hace una recapi-
tulación de las modificaciones de leyes que han incre-
mentado el poder del Estado para enfrentar el reto de
la vivienda y también de los incentivos creados para la
inversión privada en el sector:
En 2008, el Estado decidió aumentar su partici-
pación en el proceso de construcción de solucio-
nes habitacionales, y ese control ahora se amplía
con la Ley de Emergencia para Terrenos Urba-
nos y Vivienda. Aunque la propuesta, que está
en revisión en la Asamblea, establece incentivos
para fabricar casas al otorgar exoneraciones de
tributos, también contempla mecanismos para
acelerar las expropiaciones de terrenos así como
de los medios que se usan en la construcción.
Hace dos años, el Ejecutivo realizó una reforma
de la Ley del Régimen Prestacional de Vivienda,
en la cual declara de utilidad pública los bienes
y servicios que se utilizan en la planificación del
sector. Ese mismo año asumió la producción de

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los insumos esenciales que se utilizan en la fabri-
cación de unidades habitacionales.
Pero ello no fue suficiente y bajo el argumento
de acelerar la construcción de casas, en 2009 re-
dactó la Ley de Tierras Urbanas, que declara de uti-
lidad pública los terrenos urbanos ociosos y con-
sidera que las tierras tienen función social. Este
marco legal no solo regula las tierras en abandono
por sus propietarios y aquellas que están sin edifi-
car, también permite al Ejecutivo Nacional ocupar
cualquier espacio que considere conveniente.
Si bien esos dos marcos legales establecen re-
gulaciones, el Gobierno va más allá y los construc-
tores se enfrentan ahora a un cerco más estrecho.
En este último trimestre, el primer mandatario
ha insistido en sus discursos en que la producción
de casas la asume como un ‘reto personal’ y por
ello planteó la creación de un marco legal para
el estímulo de la construcción de viviendas, pero
ante la emergencia que se generó por las lluvias
este mes, decidió cambiar el nombre de la ley.
Así, la propuesta de Ley Emergencia incluye
la creación de zonas especiales para situacio-
nes de emergencia y contempla procedimientos
para la ocupación de inmuebles y adquisición de
unidades por la vía de la adjudicación directa.
Sin embargo, esa emergencia se emplea para
un mayor control en el proceso de producción.
El proyecto indica que el Estado puede declarar
de utilidad pública los terrenos ociosos y subu-
tilizados así como los factores y medios para la
construcción de viviendas. Agrega que “cuando
una obra se califique de urgente se procederá a
la ocupación del terreno”.
En las disposiciones se indica que entre las
funciones del Estado estará la fijación de pará-
metros y bandas de precios de los metros cua-
drados de los terrenos para la construcción de
las viviendas. Si bien se reconoce que las unida-
des habitacionales requieren revisiones de pre-
cios, el Gobierno utilizará un indicador, cuyos
parámetros serán fijados por el Instituto Nacio-
nal de Tierras Urbanas, que estará adscrito a la
Presidencia de la República.
Paraelsectorprivadolosincentivosotorgados
son viables, pero considera que el Estado tiene
que definir la calificación de terreno ocioso o
subutilizado, dado que ello puede afectar los
proyectos en ejecución.
A continuación, bajo el subtítulo “Condiciones”, se
enumeran algunos datos concretos del movimiento del
Estado que finalmente se resolvería en la Gran Misión
Vivienda:
-El Ejecutivo impone más condiciones para las con-
trataciones.
-La Ley de Emergencia señala que las empresas pú-
blicas y privadas tendrán que impulsar planes para que
los trabajadores pueden realizar las compras de vivien-
das principales. El texto agrega que aquellas compañías
que le prestan servicios al Estado no serán beneficiadas
de las contrataciones públicas si no cuentan con los
planes de estímulo a los empleados.
-La reforma de la Ley de Contrataciones Públicas se-
ñala que si las empresas paralizan las obras públicas,
el Estado puede establecer medidas preventivas para la

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requisición de la maquinaria y los equipos así como de
los materiales afectos a las obras.
Así concluía 2010. También con noticias de interven-
ción de la Sociedad Mercantil Promotora La Avileña,
empresa relacionada con el Banco Federal. “Como no
hemos podido protocolizar el documento de condo-
minio y constituirnos en junta de condominio por ra-
zones jurídicas, los compradores decidimos crear una
asociación civil, y con el aporte de mil bolívares por
apartamento ir avanzado en la terminación de algunas
obras, como por ejemplo, la compra del motor que mo-
verá automáticamente la puerta de estacionamiento”,
explicaba César Urbina, titular de uno de los 214 apar-
tamentos íntegramente asignados.
2011
Vendiendo la Torre Eiffel
En alguna parte, debía yo tener 15 años, leí que por
los años cuarenta del siglo veinte un estafador vendió la
Torre Eiffel a un inversionista norteamericano. La his-
toria revivió en mi memoria al topar con las noticias ge-
neradas alrededor del conjunto Las Marites. Lo fabricaba
y mercadeaba una constructora llamada Eiffel y fue tre-
menda estafa. Constituían a Las Marites ocho conjuntos
residenciales, sus constructores huyeron del país.
Atropellando a quienes viajan, el Indepabis entregó una
providencia administrativa y operativa de ocupación tem-
poral de viviendas en la urbanización, situada en el muni-
cipio García del estado Nueva Esparta. El director regional
del Indepabis, Luis López, informó que algunos usuarios
cancelaron la inicial para una casa hace más de cinco años.
El Indepabis emitirá un oficio al jefe de la guarnición mili-
tar, general de división Carmelo Hernández, a los fines de
ejecutar el resguardo de las edificaciones, hasta que cul-
mine el avalúo y se haga la entrega de las viviendas.
Adriana Montero informa: canceló la inicial en 2005
y le ofrecieron la vivienda en Las Marites para el tercer
trimestre de 2006. “En 2008 me llamaron para firmar un
nuevo contrato y alegaron que debía cancelar BsF 50 mil
por concepto de INPC. Aún no tengo mi casa y llevo cua-
tro años viviendo alquilada con mis dos hijos pequeños”.
Cuando las familias cancelaron su inicial creían rea-
lizar el trámite para el crédito. Años después han sa-

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Coordinadora Democrática
El sábado 29 de enero se publica la aclaratoria de
Tarek El Aissami, ministro de Interior y Justicia, acerca
de una operación realizada por el Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional (Sebin): “No se dirigió contra
el diputado Gómez Sigala, sino persiguió detener a un
ciudadano que es requerido por la justicia venezolana
por estar vinculado con las estafas inmobiliarias”. En el
texto no se aclara si hubo allanamiento de la vivienda
del diputado, si que en esa casa parecía estar escondido
el encartado, casado con una hija de Gómez Sigala.
“El diputado —explicó El Aissami en entrevista con
Venezolana de Televisión (VTV)— se presentó al domici-
lio de su hija e informó que su yerno, quien está reque-
rido por la justicia venezolana, se encuentra desde hace
tiempo fuera del país. No se realizó ninguna visita domi-
ciliaria a la casa de ningún diputado”. Sí, Eduardo Gó-
mez Sigala, diputado a la Asamblea Nacional, tiene una
hija casada con el hombre que vende las torres Eiffel. Así
van las cosas. Tal vea no solamente era necesario quitar
el velo corporativo, también otro debería removerse.
Hasta enero de 2011 unas 20 mil familias habían ob-
tenido respuesta a través del Indepabis.
“¡…O le nacionalizo el Banco!”
Por esos mismos días, ya como a las ocho de la no-
che, se vio por televisión una escena donde el presiden-
te Chávez, tras escuchar al presidente del Banco Pro-
vincial por la bocina de un teléfono, exclamó airado:
“¡Cúmplale a las personas que pagaron sus viviendas o
le nacionalizo el Banco!”.
bido que la empresa nunca tramitó el crédito ante las
entidades bancarias y, de ñapa, la vivienda fue vendida
a una tercera persona.
Los medios de comunicación no han obviado su ciu-
dadana preocupación por el caso de Las Marites. Des-
de diciembre de 2010 han venido diciendo de manera
consecutiva y concatenada, que debido a las medidas
de intervención emprendidas por el Estado las familias
venezolanas están siendo afectadas y que sus inmuebles
no son terminados.
En el edificio La Industriosa, en La Urbina, está ubi-
cada la sede administrativa de la constructora Consorcio
Eiffel. El 13 de enero las familias protestaron frente a
esas oficinas para exigir respuestas. El representante de
la sala situacional de los afectados, Carlos Mosquera, ase-
guró que esta instancia también ha hecho acto de pre-
sencia frente a la sede del Consorcio Eiffel, “para quitar
el velo corporativo que está tras la estafa inmobiliaria,
los ilícitos inmobiliarios, el cobro del INPC, la usura, la
especulación”. Exigió a las instituciones del Estado que
se lleven a cabo los juicios penales, así como el segui-
miento civil y mercantil que sea necesario, para que es-
tas empresas respondan por todos los abusos que han
venido cometiendo desde hace más de 12 años. “Eiffel es
un cascarón vacío. Queremos que sus dueños también
respondan por los daños ocultos que tienen las estruc-
turas que han construido, pues no cumplen con las nor-
mas Covenin de construcción”. Tal vez cuando declaraba
esto, el señor Mosquera no sospechaba que entonces iba
a saltar una libre nueva, nueva y distinta. Pero saltó.

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El banquero parece que se había expresado destem-
pladamente, pues, tras eso, el Jefe del Estado dio por
terminada la conversación con brusquedad. Tal vez su
interlocutor había exigido que el país oyera lo que él
argüía -cosa que no pasaba en la transmisión- pues
Chávez, sin complacerlo en el momento, ordenó que en
los días siguientes se le diera todo el espacio que quisie-
ra para expresar sus puntos de vista. Quedó claro que lo
que no le permitiría sería polemizar públicamente con
él, una acción que, si se permite, facilita el descalificar
al Presidente, que escucha expresiones inadecuadas y,
si no se permite, propicia el acusarle de represor de la
libertad de expresión.
El público que asistía al ambiente desde donde ocu-
rría la transmisión aplaudía frenéticamente la belige-
rante actitud presidencial. Eran gente de clase media,
víctimas de estafas y enfrentadas a las amenazas de abo-
gados del banco.
El banquero no hizo uso del espacio televisivo pues-
to a su orden y el 27 de enero de 2011 aparecía la no-
ticia: La directiva de la entidad financiera presentará
un esquema para que todos los recursos sean puestos
a disposición de las construcciones que fueron parali-
zadas y que la entidad “ayudó a que no se culminaran”.
Así de simple. El diputado Augusto Montiel indicaba
que “ellos tuvieron que aceptar que tienen responsabi-
lidad en este asunto y, por supuesto, esto va a favore-
cer a miles de familias que van a tener la oportunidad
de contar que los aportes del ahorro habitacional que
están en las arcas de los bancos privados sean puestos
realmente a disposición de todas las familias”.
Explicó el parlamentario: “En línea directa con la exi-
gencia del Jefe de Estado, todas las empresas construc-
toras, intermediarios y financieras que tengan relación
con el tema de las estafas, se deben poner a derecho y
se responsabilizarán por las cuotas que han tenido en la
afectación de miles de familias venezolanas”.
Tal vez la prensa norteamericana y la española pre-
sentaron este caso como un ejemplo de la “falta de
seguridad jurídica que afecta a Venezuela”. Pudieron
titular: “Chávez amenaza a banca venezolana”, acom-
pañando un antetítulo “institución en apuros”, pero
aquellos que habían visto su apartamento en pico de
zamuro y ahora eran atendidos por un Banco Provin-
cial que de ogro había pasado a manso cordero tal vez
pensaban distinto.
El robo de 1.600 apartamentos
A veces lo estafado no se invertía en el exterior, se uti-
lizaba para comprar divisas y títulos valores que daban
su buena ganancia. A eso lo llaman centrífuga. La obra
se paralizaba incluso por varios años y sólo al obtener
las ganancias en la inversión secundaria le daban con-
tinuidad al proyecto habitacional inicial, naturalmente
sin informarle las ganancias extra a la clase media que
puso ahí sus ahorros ni repartirles su parte. Nada de
eso, a pagar se ha dicho.
Al que se mete a un apartamento a robar lo llaman
ladrón. Al que se roba el apartamento quizá lo llamen
estafador. ¿Cómo se puede llamar al que se roba 1.600
apartamentos? Tal es el caso que describe un cable de
AVN de 27 enero de 2011: “Luisa Ortega Díaz: MP traba-

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ja en más de 1.600 casos de estafa inmobiliaria”. “MP”
es Ministerio Público y el texto explica que mediante el
Plan contra el Fraude, la Estafa y la Usura, implemen-
tado por la institución desde el año 2009, “tenemos 60
fiscales trabajando en estos casos. La responsable es la
fiscal 45, abogada Mercy Ramos”.
Ya se habían dictado 8 privativas de libertad, 5 ór-
denes de captura, 43 prohibiciones de salida del país, 8
instrucciones de presentación periódica ante los tribu-
nales y 12 medidas sustitutivas de libertad, 29 ciudada-
nos tienen solicitudes de inmovilización de cuentas y
38 de prohibición de enajenar y gravar.
El Indepabis por su lado estaba arreando parejo. La
delegación de Aragua citó a 42 empresas constructo-
ras incursas en presuntas estafas inmobiliarias para
acordar actos conciliatorios con las familias afectadas.
Eso lo informó Vicyhomir D´Agosto, coordinadora del
organismo. Conciliación es la fórmula, las empresas
deberán comparecer ante la mesa para hacer actos
de resolución de conflictos en los que se comprome-
tan a cumplirle a las personas que han sido estafadas.
D´Agosto indicó que los resultados de estas mesas serán
elevados a la Vicepresidencia de la República para que
las autoridades nacionales tomen las acciones.
Aragua parecía estar empavada, el Indepabis había
recibido más de 3 mil denuncias sobre estafas inmobi-
liarias. Se lograba la entrega de 16 viviendas por parte
de una constructora, pero eso no es nada, y se ejecutó
la ocupación temporal en el urbanismo Villa Hermosa.
Eso sucedía el 26 de enero de 2011 y ese mismo día
el Ministerio Público acusó a la coordinadora de la Aso-
ciación Civil Alta Florida “por la presunta comisión del
delito de estafa agravada, en grado de continuidad”,
en perjuicio de un grupo de familias a las que habría
exigido constantemente dinero para un proyecto habi-
tacional en terrenos de la CVG, Puerto Ordaz, estado
Bolívar. Los abogados tienen su lenguaje y este tiene
que ser muy preciso, por eso escriben “en grado de con-
tinuidad”, para la gente común eso es cosa obvia, tráca-
las de este tipo, donde hasta el terreno estaba saliendo
de gratis, nunca se van a hacer una sola vez.
Acabar con la impunidad
El ministro Tareck El Aissami notifica la detención
de un ciudadano que está relacionado con la empresa
Constructora Venezolana de Bienes, ubicada en el esta-
do Miranda, por medio de la cual se cometió el delito
de estafa. Esto motivó una extensa exposición del pre-
sidente Chávez, en cadena nacional desde el Palacio de
Miraflores. El Presidente indicó que no pueden seguir
apareciendo personas estafadas sin ningún responsable
que pague por estos delitos.
“Yo le comentaba —resaltó— eso a la fiscal general
(Luisa Ortega Díaz), con todo mi respeto, y a la pre-
sidenta del Tribunal Supremo (Luisa Estela Morales),
con todo mi respeto, pero a la vez con toda mi moral,
porque yo me la paso en esto día y noche. Existe un
informe que indica que muchos funcionarios se niegan
a llevar algunos casos por temor a que les pase lo que
le ocurrió al fiscal Danilo Anderson, asesinado en 2004
en un atentado, quien llevaba la mayoría de los casos
relacionados con el golpe de Estado de abril de 2002 y

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el sabotaje petrolero de 2002 y 2003. No se puede per-
mitir que algunos jueces o fiscales no quieran resolver
los casos por temor a que los implicados sean personas
de gran poder económico”, concluyó.
Para el primer mandatario es necesario que las ins-
tituciones se limpien desde dentro, pues la impunidad
es como un cáncer que se riega y contamina el resto de
los organismos.
Las denuncias por estafas inmobiliarias son innume-
rables, según expresó Chávez, y muchas de ellas no son
procesadas porque no existe la acusación de un fiscal o
la sentencia de un juez.
“No podemos lavarnos las manos como Poncio Pila-
tos; no, yo no vi nada; no, yo estoy sentado en mi tri-
bunal aquí tranquilo hasta que venga una acusación.
Debe haber una corresponsabilidad de todos los pode-
res del Estado, ninguno puede lavarse las manos ante
los crímenes sin criminales”, precisó.
Expresó que cuando se refiere a que no puede seguir
existiendo la delincuencia sin delincuentes es, sobre
todo, con relación a los que poseen poder económico,
pues si se revisan las cárceles venezolanas se verifica
que son ocupadas por los pobres.
A las pocas personas con dinero que se encuentran
en prisión, algunos sectores intentan calificarlas como
presos políticos, perseguidos del gobierno, enfermos;
e incluso los proponen como candidatos a la Asamblea
Nacional.
“¿Vamos a seguir aceptando esto? No podemos se-
guir aceptándolo, me pongo al frente entonces de la lu-
cha por la justicia en Venezuela”, enfatizó.
Expresó que a causa de que muchas instituciones
se cruzan de brazos, los estafadores escapan del país,
transfieren sus fondos a bancos extranjeros, se van para
Miami y pasan a “formar parte de la colonia de exiliados
de Chávez”.
Esto recuerda, añadimos nosotros, el caso de la juez
a la cual el gobierno de Chávez tuvo presa por el sólo
delito de haber soltado a un banquero que le robó a
mucha gente sus ahorros de toda la vida. Pero, pacien-
cia, será liberada y agraciada con una condecoración al
mérito judicial el día que lleguen al gobierno los que
“transfieren sus fondos a bancos extranjeros, se van
para Miami y pasan a “formar parte de la colonia de
exiliados de Chávez”. Paciencia.
La culpa es de la vaca
Mientras época tan feliz llega, continúan cosas como
la siguiente: “Con una medida privativa de libertad
emanada por el ministerio público a través del fiscal
Hamkell Escalona, quedaron detenidos por el Sebin
los dueños de la empresa Sociedad Mercantil Viviendas
Modernas C.A. (Vimoca).
Causa desencadenante: el viernes 14 de enero un
grupo de ciudadanos y ciudadanas ejecutó la ocupación
ilegal (invasión) de un lote de casas baldías que forman
parte del desarrollo urbanístico Mesa de Caracas tercera
etapa, ubicada en la carretera nacional Guanare-Biscu-
cuy, frente de la Unellez en Guanare estado Portuguesa,
viviendas que fueron construidas por la Sociedad Mer-
cantil Viviendas Modernas C.A.

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Antecedentes: en fecha 30 de abril de 2010 los propie-
tarios legítimos de las casas de este desarrollo urbanís-
tico procedieron a denunciar ante el Indepabis la muy
irregular situación de la empresa constructora, todo lo
cual reposa en el expediente Nº 100504-107-G. Ello fue
relacionado ante la Defensoría del Pueblo del estado
Portuguesa en fecha 13 de octubre de 2010 en Expe-
diente Nº P-10-00459 y con fecha 14 de diciembre de
2010 en el Ministerio Público del estado Portuguesa, en
la Fiscalía Primera, bajo la causa Nº 18-fol-1C-860-10.
Señalaron los estafados la práctica de cobro ilegal
del INPC.
Viviendas Modernas C.A. pactó en un primer mo-
mento (2005) la venta de un grupo de viviendas a un
monto promedio de Bs + 65.000,00 con un enganche
imputable a la cuota inicial de Bs 4.000,00. Posterior a
eso les informaban oralmente a los compradores que,
de acuerdo a evaluación de la entidad financiera, el valor
de la vivienda se había incrementado de Bs 65.000,00
a Bs 85.000,00; posteriormente y con el mismo argu-
mento se iba incrementando el costo total de la vivien-
da así como el de la cuota inicial de Bs 85.000,00 a Bs
105.000,00, luego de Bs 105.000,00 a Bs 135.000,00,
después de Bs 135.000,00 a Bs 150.000,00. Actualmen-
te se manejan costos hasta de Bs 290.000,00. En tres
años Viviendas Modernas C.A. incrementó el costo de
las casa en un 107%.
La constructora hacía todas estas modificaciones
de precio oralmente, sin dejar trazas escritas. De igual
manera la empresa no terminó el urbanismo, no pavi-
mentó las calles, no cumplió con los servicios básicos
de vialidad y electrificación. También se rehusaron a
cumplir con las variables que estipula la ley de ordena-
miento urbano respecto a aéreas comunales, sociales,
educativas y sanitarias. Así lo dieron a conocer las fa-
milias afectadas.
En otra práctica no ética ni apegada a la norma co-
mercial, Vimoca tenía un lote de casas cerradas, engor-
dándolas, motivo por el cual un grupo de ciudadanos y
ciudadanas las ocuparon de manera ilegal el viernes 14
de enero de 2011.
Señalaron los estafados: “Esta invasión no se pudo
evitar. ¿De quién es la culpa? Es factible que estemos
ante un modus operandi de construir los urbanismos,
y dejarlos a medio terminar, con los compradores pa-
gando, como ya ocurrió en dos urbanismos construi-
dos anteriormente (La Colonia I y La Colonia II) por
la misma empresa constructora. La mecánica sería así:
por causa de la presión social, son invadidos y poste-
riormente con la ayudita de secuaces en el parlamento
regional, las casas a medio terminar serán compradas
por el Estado venezolano para ser asignadas a los ocu-
pantes ilegales y de esta manera matar los dos pájaros
con el mismo disparo.
Ahí fue donde intervinieron la Defensoría del Pue-
blo, el parlamento regional, Guardia Nacional, In-
depabis, Fiscalía del Ministerio Público y Sebin. Los
propietarios de la empresa constructora quedaron
detenidos por el Sebin luego que la Fiscalía pidiera
una medida privativa de libertad acusándolos de los
delitos de usura agravada, estafa continua y concierto
para delinquir.

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En la sede del Sebin se hicieron presentes diversas
personas víctimas de la estafa. Los diarios publicaron
fotos de montarrales vendidos como calles, viviendas
invadidas, fachada del Sebin.
Madrugonazo al hampa
Janeth Serrano, víctima de estafa inmobiliaria de la
urbanización El Encantado, en El Hatillo, explicó en
Radio Mundial que en el año 2007 hizo la opción de
compra, estipulándose como fecha de entrega el mes de
marzo 2009. “Cumplido el lapso convenido, pretendían
que pagara un monto superior a los 300 mil que se ha-
bía acordado, es decir, 400 mil bolívares más”.
El Encantado consta de cuatro etapas con cuatro
edificios cada una, los cuales están conformados por 96
apartamentos. “La primera parte de la primera etapa la
entregaron, pero con filtraciones y otros vicios ocultos,
violando todas las normas de calidad”.
La señora Serrano denunció que estas empresas cons-
tructoras actuaban con complicidad de la Banca, la cual
exigía como requisito ineludible para aprobar el crédito,
la presentación del nuevo contrato que incluía el pago
del INPC, de lo contrario, negaban las solicitudes.
“Ellos operaban como un cartel y los recursos eran
distraídos e invertidos en bonos y en otros urbanismos.
Incluso, hay en esto dinero que formaba parte de présta-
mos bancarios bajo la modalidad de proyectos sociales.
Esta situación dejó de ser particular para ser un proble-
ma nacional. Aquí hay culpables y deben ser castigados”.
Por su parte, Verónica Guillén, que asistió a la emi-
sora en la misma oportunidad y era afectada del com-
plejo urbanístico El Fortín, en Nueva Casarapa, Guare-
nas, contó que su contrato, firmado en 2007, establecía
13 meses para la entrega del apartamento, lapso que
fue incumplido. Luego pretendían cobrarle el INPC:
“Yo compré en 185 mil bolívares y pretendían que can-
celará 394 mil bolívares, o sea, más del doble por el
mismo inmueble”.
Explicó que el 60 por ciento de la urbanización ya
está culminada, sólo faltan los ascensores y los acaba-
dos. Las 640 familias afectadas del complejo El Fortín
comenzaron a organizarse el 12 de enero de 2009. “448
de 640 apartamentos de esta urbanización ya fueron
entregados, incluyendo 58 gracias a la intervención del
Estado”.
Recordó que el Grupo Eiffel, que hemos pintado pá-
ginas antes en su rufianería y contactos políticos, des-
falcó las cuentas de la empresa tan pronto el Estado
anunció las medidas de intervención en protección de
los compradores.
Esta empresa engloba ocho compañías: Valles de
Chara, Terrazas de Guaicoco, La Hacienda, Camino
Real, El Fortín, Nueva Casarapa, Desarrollo Urbano
Asarco, Camino Real y Constructora Arguna. Tiene de-
sarrollos habitacionales en los estados Carabobo, Truji-
llo, Bolívar, Mérida, Yaracuy, Zulia y Miranda.
Bien poco se obtendrá sobre el tema de las estafas in-
mobiliarias consultando El Universal, El Nacional, Glo-
bovisión. La disyuntiva debió ser peliaguda para los pro-
pietarios de estos medios: los estafadores eran sus amigos
de política y Country Club, pero sus lectores eran del ni-
vel socioeconómico de los estafados. ¿Debían perderlos

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por defender a los panas? Optaron por una política cuya
calificación es adjetivable de astuta: el silencio. Eso sí, El
Nacional publicaba en primera página, a tamaño comple-
to, fotografías de cadáveres producidos por la delincuen-
cia común y refrigerados en la morgue de Caracas.
Se habrán construido dos millones de viviendas
El Universal, jueves 3 de febrero de 2011:
Ejecutivo suma a sus metas de construcción
las viviendas de los privados”. El presidente
Hugo Chávez Frías reiteró que para este año la
meta de construcción de viviendas ascenderá a
150.000 unidades, y en ese objetivo están incor-
poradas las unidades que producirá el sector pri-
vado. El mandatario, en una alocución realizada
desde un Pdval, indicó que ‘las viviendas que
haga el sector privado hay que incluirlas en la
meta nacional’. Para realizar las soluciones ha-
bitacionales de este año se contempla una inyec-
ción de recursos por 33 millardos de bolívares.
De esa cantidad, 30 millardos de bolívares
serán entregados por la banca pública y la ban-
ca privada y 3 millardos de bolívares surgirán
del Fondo de los Consejos Comunales y el Fon-
do Miranda. En horas de la noche, el Presidente
indicó que sumando los esfuerzos de sector pri-
vado, autogestión popular y convenios interna-
cionales, a más tardar en 2020 se habrán cons-
truido dos millones de viviendas, superando así
el déficit habitacional que actualmente existe en
Venezuela. MAH.
Todavía no se llama a la iniciativa Gran Misión
Vivienda Venezuela
Designados 67 fiscales
Una cosa es construir viviendas y otra capturar a los
que se fueron con la cabuya en la pata. Más de mil 500 de-
nuncias de estafas inmobiliarias había recibido el Minis-
terio Público para el 3 febrero de 2011. La fiscal general
de la República, Luisa Ortega Díaz, ratificó la aplicación
masiva de fiscales a la temática inmobiliaria: “Hemos de-
signado 67 fiscales en el territorio nacional, es decir, 60
en las regiones y siete fiscales nacionales para atender las
estafas inmobiliarias. Estos siete funcionarios están coor-
dinando distintas regiones, como por ejemplo Los Lla-
nos, Oriente, Occidente, Central, Los Andes y Guayana”.
Además, en cada de uno de estos despachos fiscales
se designó a un funcionario, exclusivamente para la
atención de las personas. “Se ha desplegado todo un
operativo en el ámbito nacional, para garantizar a las
personas la atención debida y la respuesta oportuna
que ofrece el Ministerio Público”.
Existen 500 investigaciones en proceso. Hasta
ahora se ha acusado a 13 personas, se encuen-
tran todas privadas de libertad y se solicitó una
medida de prohibición de enajenar y gravar sus
bienes, igualmente, congelación de sus cuentas
bancarias. A las empresas que representaban es-
tas 13 personas, también le fue solicitada la pro-
hibición de enajenar y gravar, de la misma forma
la congelación de las cuentas bancarias.

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Quizás hizo falta un autobús o una camioneta por-
puesto, pues la fiscal informó que existen 11 personas
más privadas de libertad y cursan otras 25 solicitudes
de privativa de libertad, es decir, se habla de 47 medidas
personales contra las distintas personas involucradas
en las mencionadas estafas.
Esa casa fue vendida cuatro veces
8 febrero 2011, bajo el título “No tenemos dinero ni
techo” reapareció el caso de los estafados por la empre-
sa Venezolana de Bienes en el estado Miranda. Hubo
una reunión de las víctimas con la fiscal Luisa Ortega
Díaz, tanta era la cantidad de gente engañada que el
auditorio resultó pequeño.
La inmobiliaria había embaucado con tres parce-
lamientos: Complejo Habitacional Villas Springfield
Dillages, ubicado en los Valles del Tuy (120 familias);
Condominio Las Villas, actualmente Urbanización Las
Villas Country, en la carretera Charallave-Cúa (200 fa-
milias); y Complejo Habitacional Adonay, en Higuerote
(100 familias).
En nombre de todas y todos, la vocera Aura Urquiola
explicó que la estafa data del año 2000, y que reciente-
mente lograron presentar su reclamo en los tribunales.
Explicó que ahora sus problemas son la “lentitud de la
justicia” y la “invasión de uno de los parcelamientos por
parte de una banda delictiva llamada Los Plateados”.
Recalcó: “No tenemos dinero ni techo, y tampoco
justicia. Se burlan de nosotros y de todos”. Explicó que
“de la Asamblea Nacional le mandaron un comunica-
do a los representantes de Venezolana de Bienes y ellos
se limpiaron la nariz con el mismo”. Y advirtió que al
colectivo que representa lo estafaron con la venta en-
gañosa de unas viviendas que se iban a construir con el
aporte de todas y todos. “Finalmente, no las construye-
ron todas y no nos devolvieron el dinero. Además, las
pocas que se levantaron fueron invadidas”.
La vocera precisó que el monto estafado osciló entre
los 50 mil y los 90 mil bolívares fuertes, porque todos
los meses aumentaban los costos.
José Luis Ferreira, otro de los engañados, denun-
ció que también han sido víctimas de los propietarios
de las tierras que se prestaron para la jugada. Dijo
que, en el caso de Las Villas, las tierras en litigio es-
tán siendo adjudicadas en estos momentos a nuevos
compradores.
Y señaló: “En los tribunales no nos paran. El Indepa-
bis nos pelotea y nos manda para la Fiscalía. En la Fis-
calía nos mandan a los tribunales, y en los tribunales
para todos lados. Nadie nos hace caso”.
Ferreira indicó que su vivienda debió ser entregada
en 2000, el mismo año en el cual hizo la compra con
autofinanciamiento. “Yo di 33 mil bolívares fuertes que
creo que jamás tendré de nuevo”. Vive arrimado en casa
de un familiar, después de haber pagado.
Tomó la palabra Yelitza Rojas para decir: “Nosotros
necesitamos una solución por parte del Estado. En el
caso nuestro han pasado ya 10 años y en el momento
no se le enajenaron los bienes a las personas que nos
estafaron; no sabemos si sus pertenencias fueron saca-
das del país o las vendieron. No sabemos cómo nos van
a responder”.

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Añadió: “Yo vendí una vivienda cómoda que tenía
para hacer esta inversión porque quería tener un mejor
futuro para mis hijos. Estoy viviendo arrimada con una
familiar. Tengo dos hijos y uno de ellos es epiléptico.
No tengo trabajo ni esposo, y me quedé sin dinero. Mis
prestaciones, mi caja de ahorro, todo se lo daba a la
constructora”.
“Desde 2006 ando en la calle con toda mi familia,
durmiendo y viviendo por raticos donde las personas se
compadecen y nos permiten quedarnos”, agregó Ivonne
Madrid, otra de las afectadas por el mismo caso. Final-
mente, una persona le ofreció un espacio en un refugio
que se creó en la Torre Viasa, y ahí vivía.
“Quiero aprovechar la oportunidad que tenemos
ahora con el Presidente, quisiéramos que los distintos
organismos traten de que nos devuelvan nuestro dine-
ro y con ello la estabilidad”.
Ivonne detalló que su grupo familiar es de nueve
personas. “Cuando yo hice la negociación, en febrero
de 2006, me dijeron que en octubre de ese mismo año
me entregaban la casa. Dijeron que las iban a entregar
junto con la inauguración del ferrocarril. Entonces, en
marzo de 2006 yo entregué la casa en la que vivía en
un sector popular de San José, la vendí por 49 mil bo-
lívares. Esa cantidad, que correspondía a 50% del costo
total de la vivienda que estaba comprando, la pagué por
la casa modelo del conjunto Springfield. Esa casa fue
vendida cuatro veces”.
A Iris la soltaron
Rosicela Quevedo representa a un colectivo de afec-
tadas y afectados por la Organización Civil de la Vivien-
da (OCV) Los Soberanos, presidida por una persona
que, supuestamente, “entregaba a las personas los lis-
tados de las viviendas que serían adjudicadas con los
respectivos requisitos”.
La “señora Iris” se presentaba como funcionaria del
Ministerio del Poder Popular para Vivienda y Hábitat, y
exigía requisitos como la apertura de cuentas bancarias
y diversas declaraciones. “Lo más importante de todo
era una suma de dinero, que dependía del urbanismo
donde uno iba a comprar. En mi caso, di 15 mil bolíva-
res por pertenecer a un urbanismo en Chacao”, indicó
Quevedo.
De Iris se supo que había sido detenida por el Cuer-
po de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalís-
ticas (Cicpc). “Ahí fue cuando confirmamos que todo
era una estafa. Ella estuvo detenida un mes y medio,
pero la soltaron bajo presentación con fiadores. El caso
lo tiene la fiscal 39° del Área Metropolitana de Caracas
(AMC), Briccia Alvarado”.
Aproximadamente resultaron estafadas 800 familias.
“Hay gente de todos lados. Unas 150 familias tenemos
comunicación y hemos hecho una denuncia generali-
zada en Fiscalía especificando la problemática y de qué
manera fuimos afectados”, añadió. La sedicente funcio-
naria gubermental solicitaba montos que oscilaban en-
tre 4 mil y 50 mil bolívares.
“Nunca supimos dónde iban a estar las viviendas. En
mi caso, ella nunca me especificó el lugar porque decía

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que podía ser invadido el edificio. Las entregas siempre
se postergaban por una u otra cosa. Uno de los motivos
principales era que el Presidente las iba a entregar per-
sonalmente, pero su agenda estaba muy copada. Otras
razones: a los apartamentos se les estaban reparando
filtraciones”, acotó.
Xiomara Rivero fue estafada con el urbanismo Terra-
zas del Ávila, de la parroquia Santa Rosa del municipio
Iribarren de Barquisimeto, estado Lara. Explicó que el
Sindicato Unitario del Magisterio del estado Lara (Suma-
lara) creó Asoteliv, una asociación civil supuestamente
sin fines de lucro dedicada al fomento de proyectos ha-
bitacionales para familias del entorno educacional.
Rivero dijo que Asoteliv convocaba por radio a las
maestras y los maestros para incluirlos en proyectos
habitacionales. La Asociación estafó a más de 900 per-
sonas al no entregarles la vivienda. Las engañadas y en-
gañados de Lara crearon el Movimiento Cívico Tricolor,
que también congrega a personas afectadas por com-
pras programas de vehículos y otros casos particulares.
Hipotecando las áreas verdes
“Fui estafado por la Asociación Civil Villas del
Shadday, en la calle 3 de mayo de Pampatar. En 2005
llamaron por la prensa a sumarse a esta organización.
Para pertenecer, había que cancelar 10 mil bolívares
fuertes y 30 bolívares mensuales. Aún no empieza el
proyecto y resultamos afectadas un total de 198 per-
sonas. Yo actualmente vivo alquilado y pago 1.500 bo-
lívares. Trabajo como taxista. A esta edad (61 años) en
que uno quiere dejar asegurada a su familia, caí; ahora
debo luchar para que lo que soñé sea una realidad con
el favor de las leyes”.
Y en el estado Monagas: “Soy víctima del Conjunto
Residencial Valle de Luna en el sector Tipuro del estado
Monagas. Este proyecto fue concebido por el presidente
de Mi Casa Entidad de ahorro y Préstamo, para cons-
truir 400 viviendas. No obstante, esta persona constru-
yó 519 viviendas más, por encima de la ley, con un solo
pozo de agua, sin planta de tratamiento y sin aceras.
Además, hipotecó las áreas verdes. El sitio no tiene fac-
tibilidad habitacional ni eléctrica y presenta problemas
ambientales”.
La fotografía de la reunión muestra a un grupo de
personas de clase media que entregan papeles a un fis-
cal que los recibe y los lista.
Soy inocente hasta que tú me declares
culpable
Los medios no podían ganarse el odio de sus lec-
tores, pero el sector empresarial inmobiliario decidió
movilizarse ante las medidas de la fiscal Luisa Ortega
Díaz, y El Universal del 9 de febrero de 2011 publicó un
texto señalando que la Fiscalía está juzgando a priori:
El sector inmobiliario revisa las medidas que
analiza la fiscal, Luisa Ortega Díaz, de ocupa-
ción de los bienes que están en manos de las
constructoras que efectuaron estafas. Los in-
mobiliarios señalaron que el Ministerio Público
está tomando decisiones sin existir todavía una
sentencia al respecto. La intención de la Fiscalía

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es aplicar Ley Contra la Delincuencia Organiza-
da y así dictar medidas de ocupación temporal
sobre los activos de las empresas constructoras.
El presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezue-
la, Aquiles Martini, indicó que se está juzgando a priori
a los responsables de diferentes proyectos sin el debido
proceso y agregó que no se está actuando de manera ra-
zonable con ánimos de esclarecer los hechos. “Yo soy ino-
cente hasta que tú me declares culpable, no es al revés”.
Al igual que Martini, el presidente de la Asociación de Pro-
pietarios de Inmuebles Urbanos (Apiur), Roberto Orta,
indicó que “es necesario analizar las medidas anunciadas
por la Fiscalía, pero si no existe un juicio o una sentencia
no se puede proceder a la ocupación de los activos”.
Según el abogado, Antonio Canova, la Ley contra la
Delincuencia Organizada establece unas causales por
las que se pueden efectuar las confiscaciones de bienes,
y apuntó que las ocupaciones anunciadas por el Minis-
terio Público no están previstas. A su juicio, las autori-
dades se están anticipando, “la Fiscalía se excede”.
Ni Martini, ni Canova ni Orta dijeron que quienes no
podían costear el aumento se retiraban de la negocia-
ción y las inmobiliarias sólo les reintegraban, después
de varios meses, entre 30% y 40% de los pagos, bajo el
argumento de que el dinero se había usado para cubrir
gastos administrativos.
¿Cómo no decir que esto se pudo hacer sólo por el
neoliberalismo? Esto es eso, libertad de contratos, el Es-
tado se ha retirado, se hace la vista gorda, y lo que pac-
tan el comprador y el vendedor es su problema. Así son
las cosas. La vivienda volvía a ser vendida, con un incre-
mento de entre 17% y 30% sobre el precio original.
Respecto a la Ley de Emergencia de Vivienda y Terre-
nos y la limitación en la venta de las casas asignadas por
el Estado, indicó (la Fiscal, Luisa Ortega Díaz) que “ese
es un tema que hay que abordarlo con el Ministerio de
la Vivienda, ellos fijan las condiciones para entregar las
viviendas de interés social”.
El jueves 10 de febrero el asunto mostraría una etcé-
tera inesperada cuando la ministra de Salud, Eugenia
Sader, declaró que algunos hospitales no han culmina-
do su construcción debido a la estafa inmobiliaria.
Explicó:
148 obras hemos terminado. ¿Por qué no hemos
terminado más?, ustedes se preguntarán por
qué no hemos terminado más obras, ¿Ustedes
recuerdan la estafa inmobiliaria reciente? He-
mos hecho un cruce y las empresas protagonis-
tas de la estafa inmobiliaria son las mismas que
cobraron anticipo por obras que iniciaron en los
hospitales y no las han concluido. Se están dic-
tando autos de detención en estos momentos a
todos esos empresarios que cobraron un antici-
po por nuestras obras y las dejaron a la mitad.
Sala de conciliación
Los borrachos de los tiempos de Medina Angarita,
incluso de los de Rómulo Betancourt en la segunda
etapa, decían, cuando aparecía la esposa en actitud de

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recriminación, “No todo puede ser rigor”. Con ese cri-
terio parece haber actuado el Indepabis al crear un es-
pacio de la investigación determinado para que la cons-
tructora responda ante los daños ocasionados de forma
tangible al denunciante y lograr un acuerdo o solución.
La Sala de conciliación es la primera instancia donde
se invita a las partes a comparecer ante la institución en
una audiencia donde se propongan soluciones tangibles
al conflicto. El Indepabis ha realizado, a partir de No-
viembre del 2010, más de 251 actos conciliatorios. Se
realizaron dos conciliaciones masivas en los casos de las
empresas Visonca Buenaventura y constructora Furcasa.
Hubo 28 acuerdos a ser evaluados y fiscalizados por el
Indepabis para que sean cumplidos a cabalidad, garanti-
zando así la satisfacción de los afectados y las afectadas.
Igualmente se realizaron audiencias masivas con afecta-
das y afectados de los 33 urbanismos que poseen medi-
das de ocupación temporal tales como Terrazas de Guai-
coco, donde el banco accedió a transferir los recursos
que hacen falta para darle continuidad a la obra, la cual
comprende desde la torre A hasta la torre F (124 familias
beneficiadas) para ser entregadas en diciembre de 2011.
La Sala de Sustanciación es la segunda instancia,
en ella se han dictado 4 medidas innominadas de ocu-
pación inmediata del bien. A su vez se dictaron 65 me-
didas de prohibición de enajenar y gravar, a los fines
de “que estas constructoras y urbanizadoras no pue-
dan vender, ceder o traspasar los inmuebles de estas
familias”.
Las mesas técnicas contra las estafas inmobilia-
rias son una de las estrategias del Indepabis donde,
en coordinación con la Defensoría del Pueblo, la Fis-
calía, el Ministerio del Poder Popular de Vivienda y
Hábitat, entre otros organismos, se brinda asesoría en
la misma región, inclusive en el mismo urbanismo, a
todos los que ya han interpuesto su denuncia ante las
distintas instituciones. Además es un espacio para el
estudio de casos puntuales, que por su especificidad
requieren trato particular de alguna de las institucio-
nes, aplicando in situ medidas correctivas y resolucio-
nes necesarias. Los estados Aragua, Miranda, Nueva
Esparta, Bolívar, Carabobo han sido entidades con un
gran número de denuncias, por lo cual han sido las
ciudades iniciales para la instalación de estas mesas
técnicas que, de forma coordinada, irán abarcando el
resto del país.
En un comunicado, el Indepabis hizo un balance de
su gestión de 101 días contados a partir de aquel en
que el Ejecutivo Nacional dictó las medidas de expro-
piación y ocupación temporal.
“Es así como, de la mano con otros entes del Go-
bierno Nacional, ha hecho entrega de 945 viviendas, las
cuales representan un 34.24% de un total de 2.811 vi-
viendas a ser entregadas por la gestión”.
Farándula también
Miércoles 16 de febrero de 2011, 8:24 pm. Foto: cap-
tura de pantalla de VTV: retrato de hombre maduro de
aspecto rudo, con lentes negros y camisa playera. Pie
de foto: “El actor relató que fue víctima de este tipo
por la promotora Residencias Riviera, que opera en el
estado Nueva Esparta”.

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El actor Carlos Villamizar agradeció al presi-
dente Hugo Chávez Frías por las medidas que
tomó en el caso de las estafas inmobiliarias. Vi-
llamizar denunció —en un contacto televisivo
con el programa Dando y Dando transmitido
por VTV— haber sido víctima de este timo por
la promotora Residencias Riviera, que opera en
el estado Nueva Esparta.
Relató que en diciembre 2006, hizo un convenio de
compra-venta por 18 meses para adquirir un aparta-
mento en el edificio Bahía Sal. “Empecé a pagar mis
cuotas religiosamente, lo exigido”.
Asimismo, indicó que el precio inicial del inmueble
era de 227 millones de bolívares. Posteriormente, se
hizo una modificación en el contrato, a través del cual
se le hizo cancelar 6 millones más. Luego la construc-
tora pretendió hacer un cobro por 51 millones de bolí-
vares por concepto de INPC.
Pero la gente de Residencias Riviera no tenía prisa.
Según el contrato, el inicio de la construcción de Ba-
hía Sal era para marzo del 2007, y el ofrecimiento de
entrega era para agosto de 2008. “Cosa que no fue así”,
agregó.
El artista expresó: “Felicito enormemente, como un
ciudadano más de este país, al Indepabis y también al
Presidente de la República por trabajar en favor del ve-
nezolano (…). Doy fe de que es verdad, a mí me han
rescatado mi apartamento”.
Espera que la entrega del inmueble sea para el próxi-
mo 27 de febrero.
Unos grandísimos %+#$*=”?¿!
La noticia, firmada por irojas@cadena-capriles.com,
de febrero 16, 2011, 02:17 am, empieza señalando que
“a solicitud de esa instancia quedaron detenidos ocho
representantes de la Asociación Civil Provivienda Esno-
gue, además de dos directivos de la empresa Inversiones
e Importaciones Ronald Import”. Y continúa: “El grupo
de personas fue imputado por los delitos de estafa agrava-
da, usura y asociación para delinquir en perjuicio de 184
compradores que invirtieron su dinero en el desarrollo
habitacional Valle Encantado, sector Tucutucu de la ciu-
dad de Trujillo. Los denunciantes aseguran que después
de 16 años no se ha dado inicio a la obra y sólo está cons-
truida la casa modelo. Hay 10 personas detenidas”.
En el final de la transcripción, obtenible por Inter-
net, de esta noticia aparece una frase que reza Ingre-
se su comentario, y el siguiente párrafo: “Importante:
Está terminantemente prohibido incluir agravios, ca-
lumnias, insultos, ataques a terceros, lenguaje inapro-
piado o cualquier comentario discriminatorio”. ¿Cómo
ingresar entonces un comentario? ¿Qué se puede poner
para expresar los adjetivos que merecen los promotores
de esta estafa? (No digo que necesariamente los que es-
tán presos, quizá los verdaderos vivos están en Miami
o en las Bahamas). En espera de una mejor idea ex-
presiva apelaremos al lenguaje de las comiquitas, que a
alguien que así roba a los seres humanos lo calificaría
de %+#$*=”?¿!.
En la segunda parte del despacho, bajo el subtítu-
lo de Balance, se acota: De los complejos intervenidos
el pasado 31 de octubre por funcionarios del Instituto

65
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para la defensa de las personas en el acceso a los bienes
y servicios (Indepabis) —33 en total— hasta ahora han
sido detenidas otras 10 personas, representantes de la
empresa Cumberland (Conjunto Residencial La Arbole-
da, ubicado en Trujillo).
El “premito”
Va de cuento: hay un pana que no se llama Genaro y,
justo por ello, lo llamaré así. Lo conocí en los días ini-
ciales de la campaña electoral de Chávez, días de aluvión
donde entraban al chavismo por igual locos y políticos
valiosos, personas de verdad revolucionarias, como Ha-
ydee Machín, y adecos mimetizados. Se realizaban mu-
chas asambleas, discusiones, constituciones de comités
en esos días y en una de esas, que tuvo por ambiente un
salón del Parque Central, vi que se había formado una
cola para sacar carnet del MVR por dos mil bolívares.
Yo también hice mi cola y saqué mi carnet, plastifi-
cado, con su foto y todo, porque la cosa era con tecno-
logía. Después supe que esos carnets no los asignaba el
MVR sino Genaro, que había alquilado esa máquina y
la había puesto a hacer carnets por su cuenta. Emitió
unos 3.000, lo que significó unos seis millones de bo-
lívares. Los carnets vírgenes y el alquiler de la máqui-
na le costaron 300.000 bolívares en total, cosa que me
contó porque nos hicimos amigos. Me confirmó que ni
Miquilena, ni nadie lo había autorizado para ese trabajo
de carnetización, también que las ganancias fueron de
2.700.000 bolívares.
Tomando unas cervezas me narró otros trabajos su-
yos, hechos en los tiempos de la Cuarta República. Una
vez inventó el Premio Mujer Excelsa de las Américas
y se lo ofreció a Blanca Ibáñez. Ella se interesó, entu-
siasmada por las ofertas de delegaciones de las fuerzas
vivas que asistirían al acto de entrega en el Gran Salón
del Hotel Hilton, del enchapado en oro de la estatuilla,
de las veinte y dos notas que aparecerían en los perió-
dicos y en revistas de alcance nacional, noticiando la
asignación del Premio.
Bueno, llegado el día, en el Hilton no sabían nada de
Gran Salón alquilado, ni aparecieron notas invitando
al evento a excepción de una, redactada por el mismo
Genaro e inserta en El Mundo por algún amigo de él.
Tampoco Genaro se comunicó con Miraflores para in-
formar sobre el evento. Noticiada la Disip, en vez de
aplicar conceptos como el de los cien días de perdón,
condujo al encartado a la sede de Los Chaguaramos,
en una patrulla y con algún maltrato, se le sometió a
interrogatorio.
La pregunta persistente era si había intentado faltar-
le el respecto a la primera dama. Él negaba, hablando
con los diminutivos del habla trujillana que ha explici-
tado el poeta Palomares e hicieron a Luis Alberto Cres-
po apuntar en un prólogo a la obra de éste que “nos
convierten a todos en inocentes”. Aducía Genaro, que
es de Valera: “Es que doña Blanquita no comprende que
la platica no me alcanzó para pagar la estatuita”. “Hay
que esperar una semanita, el premito se le va a dar, cla-
ro que sí, prontito”.
¿A qué viene este cuento? No lo voy a decir, pero
si afirmo que así, puede imaginarse, responderían los
estafadores de Cumberland y sus compañías gemelas

67
66
a los estafados. Claro, la comparación es abusiva por-
que a mi amigo aquellos le llevan lo que llaman “una
morena” en viveza, porque él estafaba a avivatos gran-
des, como los Ibáñez Lusinchi o, si tracaleaba a per-
sonas como yo y los otros chavistas que caímos con
el carnet, fue con cantidades modestas, mientras los
constructores les espalillaban a la gente los ahorros
de toda su vida.
Otro despacho titulaba: “Directivo de constructora
Cumberland fue Gobernador y Congresista por AD”. Lo
tantas veces dicho: lo que es del cura va para la iglesia,
el que gobierna con AD deviene empresario, o el em-
presario -parece más el caso- deviene gobernante con
AD y sale más rico. Después tiene su periódico y ya se
sabe para qué.
Es lógico que la parte final del texto rece: “El Minis-
terio Público acusó a 3 directivos y a 4 gerentes de la
empresa Cumberland, C.A., por presuntamente estafar
a 114 familias a través del desarrollo habitacional La
Arboleda II, en el estado Trujillo. Los fiscales 35° nacio-
nal, 2° de esa jurisdicción, Américo Rodríguez y Lenín
Terán, respectivamente, acusaron a tres directivos de la
empresa por el delito de estafa continuada contra fami-
lias afectadas. También fueron acusados por ese mismo
delito los gerentes de operaciones, administración y de
proyectos de Cumberland”.
En tres de los 114 casos presentados, las familias ha-
brían cancelado finalmente el triple del valor real del
inmueble. La empresa habría solicitado un crédito al
Banco Bicentenario para la construcción de las vivien-
das y sólo ejecutó el 17% de la obra.
Además, estaban detenidos directivos del com-
plejo habitacional Lomas de la Hacienda, ubicado en
San Diego, Carabobo, y los del Consorcio Urbanísti-
co del Tuy —Consurtuy— (Mata Linda, Charallave).
Habla Pernalete
La floración era epidémica. El Cicpc en el estado Fal-
cón investigó a siete empresas. Villa Elvia, Las Camelias
y Don Felipe son los tres complejos habitacionales en
los cuales fueron detectadas las irregularidades. Orlan-
do Pernalete, jefe de la subdelegación Cicpc-Punto Fijo,
explicó: “Las empresas mostraban los terreros donde
harían las construcciones, el movimiento de tierra y así
captaban a las víctimas”.
Los estafados cancelaban entre 30 mil y 40 mil bo-
lívares. Aunque Pernalete no precisó la cantidad de
personas afectadas, manifestó que “son cuantiosas las
denuncias”. La fiscalía sexta del Ministerio Público, en-
cargadadelcaso,gestionabaprisiónparalossospechosos.
Ahora con los obreros
El 18 de febrero se noticia que el tema obrero entra
en juego. Concernidos: los que amarran con alambre
las cabillas de las vigas, los que colocan el concreto y pe-
gan los ladrillos que producen los modernos frentes de
color rojo. La Defensoría del Pueblo solicitó al Tribunal
Supremo de Justicia, que designe una junta administra-
dora en las sociedades mercantiles Promotora Parque
La Vega, Promotora Casarapa y Compañía de Inversio-
nes y Desarrollo Coindeca, la cual velará por los dere-
chos de los trabajadores de estas empresas investigadas.

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