Breve reflexión sobre los planes que gobiernos y empresas quieren para la web

1. Criminalización de la red
Hoy en día la red se ha convertido en un medio de comunicación muy a tener en cuenta por los
Estados y empresas. El número de usuarios de internet en España es del 58% de la población un
poco por debajo de los países de la unión europea, donde el número de usuarios de internet ronda el
68% de su población dependiendo del país.
Estas cifras si bien están lejos de la popularidad de la televisión( en más del 90% de hogares
españoles hay una televisión) cada año van en aumento y esto en su situación actual, con una
regulación más laxa y más independiente que otros medios como la televisión o la radio, preocupa e
interfiere con los intereses de Estados y grandes empresas que buscan mantener este medio
controlado para beneficio propio, controlando la información que llega al ciudadano de a pie
modificandola o omitiendola si fuera preciso y restringiendo o eliminando algunas libertades de las
que se podía disfrutar.
Para ello las grandes empresas presionan a los Estados para que modifiquen el marco legal para
no ver reducidos sus beneficios. Quizá el caso más conocido sea el de la ley SOPA( EEUU) que
tuvo su versión un poco atenuada en España conocida como la ley Sinde-Wert (los grandes
impulsores de esta reforma legal). Esta ley pretendía criminalizar a las páginas web que alojaran
archivos; las webs, foros, blogs.. que enlacen contenidos de las páginas que los alojan y a los
programas p2p (peer-to-peer) que compartieran alguna obra protegida por la ley de propiedad
intelectual; y no solo eso si no que un órgano ejecutivo podría secuestrar la página y paralizar su
actividad sin que el afectado pudiera defenderse de manera alguna, solo después de cerrada su
página podría recurrir la acusación ante un tribunal.
Estas medidas creo que reflejan la preocupación de un gran lobbie como lo es el de las grandes
discográficas, productores de cine... que ante un descenso en sus beneficios optan por reducir
libertades al consumidor presionando a los gobiernos en vez de cambiar su modelo de negocio que
quedo anticuado con la propagación del intercambio de archivos sin ánimo de lucro.
Esta situación promete empeorar con el proyecto de la ley Lassalle que pretende ilegalizar las
páginas de enlaces a contenidos protegidos. Si esto sale adelante el tráfico de internet se concentrará
en un menor número de páginas conocidas, ya que el enlace permite conocer otras páginas,
productos, foros de opiniones... Por ejemplo una persona encuentra una página que le parece
interesante, pone un enlace a esta en su blog en el que entra un buen número de gente y así estas
personas pueden acceder a todo el contenido de la página con tan sólo hacer un clic en el
mencionado enlace.
Otro ejemplo de como, esta vez el gobierno español, se pretende poner trabas a la comunicación
entre los ciudadanos es la intención de ilegalizar el convocar manifestaciones “violentas” mediante
las redes sociales, quedando exclusivamente a su juicio lo que es violento y lo que no. Hoy en día
las redes sociales son un factor muy importante en la convocatoria de manifestaciones ya que
permiten transmitir un mensaje a miles de personas en un corto espacio de tiempo “corriendo la
voz” entre los usuarios de estas páginas.
Así los grandes intereses económicos y políticos pretenden poner filtros a la información
disponible en internet y censurando las opiniones, negocios... que vayan en contra de sus intereses
aunque entren dentro de la legalidad y la red se convertirá en lo que ahora son la televisión o la
radio pudiendo manipular la información a su antojo y donde las grandes empresas pueden
publicitarse y llegando a más gente manteniendo así su dominio económico.