Es necesario mirar detalladamente, en forma regular, la realidad represiva de los gobiernos post-dictadura, y del actual, con mayor precisión. Este ha retornado, como en los “mejores tiempos” del dictador, a culpabilizar las organizaciones de Derechos Humanos y a Observadores de DDHH’s que el Estado, en forma antojadiza, sin evidencias y con montajes, acusa de terroristas a toda acción por la defensa de los derechos humanos fundamentales

1. El Estado Chileno y la justificación a su represión acusando a
organismos de Derechos Humanos
Posted on 2 de marzo de 2013by adkimvn
Es necesario mirar detalladamente, en forma regular, la realidad
represiva de los gobiernos post-dictadura, y del actual, con mayor
precisión. Este ha retornado, como en los “mejores tiempos” del
dictador, a culpabilizar las organizaciones de Derechos Humanos y a
Observadores de DDHH’s que el Estado, en forma antojadiza, sin
evidencias y con montajes, acusa de terroristas a toda acción por la
defensa de los derechos humanos fundamentales.
Foto de Felipe Durán (archivo) – Allanamiento a Comunidad
Temucuicui
Por José Venturelli - Comisión Ética contra la Tortura
La Organización Mundial Contra la Tortura OMCT, ha venido
insistiendo en que este tipo de acción represiva ha aumentado en el
mundo. Sucede tanto en el campo de la represión directa en las
personas activas en la defensa de los derechos humanos que son
acosadas y, en muchos casos, detenidas y asesinadas.
También vemos como el financiamiento que puedan tener
es restringido y cortado, fuera de las presiones enormes sobre esas
entidades ejercidas por los gobiernos. Y eso va de la mano con la
criminalización y rotulación creciente (e irresponsable) de
que cualquier forma de oposición, es llamada terrorista o se le
atribuyen características de “asociación ilícita terrorista”. Esto les
permite utilizar leyes “anti-terroristas” o equivalentes, haciendo
montajes en las acusaciones y por las que no se preocupan en
demostrar evidencias creíbles y fundamentales.

2. Las leyes anti-terroristas, (luego de Septiembre 11 en Nueva York),
han tomado un carácter secreto que permite violar todo tipo de
derechos fundamentales de cualquier acusado. Una ley de ese tipo
(llamada Ley Hinzpeter) está siendo sumada a la Constitución chilena
que fue hecha en dictadura y permite todo tipo de acciones
represivas. Y, sin embargo, sí pretenden de que ”se vive en un país
con un Estado de derecho objetivo y respetado”.
Dado que el “conflicto Mapuche”, que no es tal, sino la imposición de
una represión sistemática contra este pueblo, al que se le impone un
verdadero Apartheid “a la chilena” y una creciente “guerra sucia”, las
amenazas contra los grupos y observadores de derechos humanos y
extranjeros criminalizados por apoyar estos derechos, deben ser
consideradas con seriedad y cuidado.
El caso de Chile es muy claro dadas las actitudes arrogantes y
atropelladoras del Gobierno y Estado que violan los principios básicos
de la independencia de los poderes del Estado, forzando al Poder
Judicial (que tampoco se resiste mucho por una pasado de
cooperación en el castigo con la dictadura misma) a mantener niveles
represivos que se pretende “legales”, pero sin serlos. Debemos
insistir que todos los estudios y análisis responsables y basados en
evidencias demuestran que Chile no tiene ninguna de las
características terroristas.
Estas características, no son reales en Chile ni que las “acciones
denunciadas” tampoco las tienen. Estos montajes le permiten al
Estado “saltarse” cualquier paso legal y democrático, actuar en
secreto, y poner en listas que limitan y arruinan la vida de quienes no
le agraden políticamente hablando. Esas personas entran en una
puerta giratoria del aparato represivo de funcionamiento permanente.
La prisión preventiva permite mantener personas, sin juicio, por
períodos de muchos meses, hasta años sin ser juzgados. Permite,
además, que sus derechos ciudadanos e, incluso, sus trabajos,
puedan ser prohibidos en forma permanente.
Estas acciones son particularmente graves en el encarcelamiento y en
actos de violencia repetida e ilegitima contra las comunidades
Mapuche. Sin embargo, igual sucede cuando existen acciones por la
defensa de sus derechos en las comunidades y organizaciones
estudiantiles, de pescadores y otros sectores de la sociedad civil. El
sesgo se confirma cuando se trata de magnates y asociados en el
lucro, que raramente son tocados, amonestados o sancionados. Y sus
fortunas, en las que hay que incluir hasta las del Presidente, siguen
inflándose y escalando niveles cada vez mayores entre los magnates
del mundo.

3. La criminalización de las acciones de las organizaciones de Derechos
Humanos ha aumentado en el gobierno actual. Tanto el Presidente
Sebastián Piñera y sus ministros del Interior insisten en el carácter
internacional de los llamados complots terroristas con los que acusan
a personas cuyas acciones no pueden, bajo ningún punto de vista ser
caracterizadas como actos terroristas.
El Estado exige detenciones y la Justicia, presionada en forma ilegal,
cede y detiene en forma preventiva a quienes se les exige arrestar.
Esta es una forma inquietante de presión contra la sociedad civil
porque, en forma paralela han aumentado las incursiones en las
comunidades de diversos tipos. Especialmente, entre las
comunidades Mapuche que se oponen a las violaciones de sus
territorios y de la violación de convenios importantes como el
Convenio 169 de la OIT.
Este convenio permite resolver conflictos que han plagado la vida de
los pueblos indígenas. Más aún, su violación y no aplicación de dichos
convenios implica negarse a buscar el uso de la negociación y de los
métodos pacíficos para resolver situaciones de extrema injusticia que
aumentan la pobreza y la exclusión de las poblaciones mencionadas.
En este contexto hemos visto la tortura practicada en las mismas
comunidades al momento de asaltos masivos contra ellas. Los niños
reciben disparos en sus cuerpos y observan las golpizas que se les
dan a sus padres y hermanos mayores.
Las acusaciones hechas por el estado son llevadas a los más altos
grados de delitos (inexistentes) pero que permiten mantener a los
perseguidos políticos por largos períodos de arrestos preventivos, sin
siquiera llevarlos a juicios. Esto causa un enorme daño a los
detenidos, a sus hijos y familias dado que deben quedarse al margen
de sus acciones y trabajo de la tierra.
El pueblo Mapuche vive en condiciones de gran pobreza y, cuando
son detenidos, (los casos son múltiples) se pierden tiempos de
siembras o de cosechas, llevando a estas familias de la pobreza a una
mayor miseria. Es común que un detenido deba pagar un abogado
que cobran desde 500.000 a más de 1.000.000 de pesos (entre
US$1000 a 3-4.000), cifra imposible para ellos. El ingreso familiar
mapuche se mueve en torno a medio salario mínimo, es decir, menos
de 100.000 pesos chilenos (o US$200 mensuales).
Estos actos represivos incluyen a todos los miembros de las familias
que empiezan a ser acosados y que son detenidos cuando ellos
asisten a las audiencias en los tribunales y piden que sean

4. sobreseídos. La policía entonces actúa en forma violenta. En el
Tribunal de Collipulli, (IXa. Región) más de 15 personas fueron
detenidas (muchos eran menores, incluyendo un niño de 11 años).
Varias personas fueron detenidas antes de salir de sus
comunidades porque la policía pensaba que irían a asistir a esa
audiencia (lo que es perfectamente legal). La intervención policial se
hizo con gran despliegue de violencia.
La OMCT viene discutiendo estas situaciones. Chile aparece en el
mapa internacional (anexo) donde agresiones a los defensores de
Derechos Humanos se llevan a cabo y que, en este momento, los
ministros y prensa oficial piden aumentar. El financiamiento de la
represión va en forma paralela con las declaraciones de las
autoridades más altas del gobierno y, además, se ven las instancias
de aumento del poder bélico, de el armamento y de los cuarteles del
personal para la represión. Los fiscales del Ministerio Público (que son
los acusadores) han hecho muestra de un grado persecutorio
desmedido con rasgos abiertamente racistas.
Revisa el Informe Anual 2013 del OBS aquí: Las Restricciones al
Acceso de los Defensores de Derechos Humanos a la Financiación
Aumentan la Impunidad