El documento habla sobre la necesidad de una nueva Ley de Minería en Bolivia que busque el bien común. Propone que se incluya a todos los actores involucrados como gobiernos locales, sociedad civil y organizaciones sociales en las discusiones sobre la ley para encontrar acuerdos consensuados. También pide que la nueva ley vele por el uso adecuado de los recursos naturales y el incremento del bienestar general de forma sostenible y equilibrada con el medio ambiente.