El documento describe un proceso de regularización del empleo sumergido en España a través de dos fases. La primera fase ofrece a las empresas la oportunidad de dar de alta a los trabajadores sin sanciones si cumplen ciertas condiciones como el pago de cotizaciones atrasadas. La segunda fase, tras finalizar el periodo voluntario, establece medidas disuasorias como el incremento de las sanciones para evitar el empleo irregular.

1. EMPLEO SUMERGIDO: PROCESO DE REGULARIZACIÓN Y MEDIDAS DE DISUASIÓN A LAS
EMPRESAS
El Real Decreto Ley 5/2011, de 29 de abril, de medidas para la regularización y control del
empleo sumergido y fomento de la rehabilitación de viviendas inicia un proceso de
regularización de situaciones laborables irregulares.
La medida se establece en 2 fases:
PRIMERA FASE
El periodo 7 de mayo a 31 de julio de 2011 (proceso voluntario de regularización).
Se trata de estimular a las empresas que ocupan trabajadores que no han sido dados de alta
en la Seguridad Social, para que, por un lado, reconozcan su situación irregular y den de alta a
los trabajadores, sin que se les proponga sanción alguna, pero sí bajo una serie de condiciones
que deberán cumplir, entre las que se encuentran el ingreso de las cotizaciones de los
trabajadores afectados, dando facilidades para ello, mediante la posibilidad de pago aplazado,
así como la obligación de suscribir un contrato de trabajo con el trabajador afectado, con una
duración mínima de 6 meses.
SEGUNDA FASE
A partir del 1 de agosto de 2011, finalizado el periodo voluntario de regularización, se inicia
otro periodo, mediante el cual se establecen una serie de medidas de carácter estable que
disuadan a las empresas en mantener o en iniciar actividades que den lugar al empleo
sumergido. Las medidas consisten en:
El incremento hasta 5 VECES la cuantía de las sanciones, la clarificación de las distintas
conductas infractoras y creación de otras nuevas, la presunción de conductas objeto de
infracción por obstrucción a la labor inspectora, la aplicación de sanciones accesorias a
infracciones graves que anteriormente no les eran aplicables o, incluso, la exclusión de poder
contratar con el sector público por la comisión de una infracción por falta de alta en la
Seguridad Social, como consecuencia de la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad
Social.
Noelia Rodríguez Suárez
Abogada Dpto. Laboral
AGM Abogados – Madrid
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