Agenda política desde las mujeres

Articulación de organizaciones sociales de mujeres de Bolivia

Agenda Política desde las Mujeres
Elecciones Nacionales 2014
Una Agenda para Despatriarcalizar
Bolivia - 2014

Agenda política desde las mujeres
Elecciones nacionales 2014
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Contenido
1. Introducción
2. La Agenda Política desde las Mujeres
Eje Democratización del poder y participación política de las
mujeres
Eje Desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado y
nueva institucionalidad para las mujeres
Eje Garantías y condiciones para el ejercicio del derecho a vivir
libres de violencia
Eje Autonomía y autodeterminación de los cuerpos de las
mujeres: reconocimiento y condiciones para el ejercicio de
los derechos sexuales y derechos reproductivos
Eje Autonomía económica de las mujeres, acceso equitativo a
recursos, ingresos, trabajo, oportunidades, reconocimiento de
su aporte económico y revalorización del trabajo doméstico y
de cuidado
3. Agenda para la democratización de las organizaciones sociales
mixtas y de mujeres
3.1. Eje Democratización del poder y participación política de las
mujeres
3.2. Eje Desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado
3.3. Eje Garantías y condiciones para el ejercicio del derecho a
vivir libres de violencia
3.4. Eje Autonomía y autodeterminación de los cuerpos de las
mujeres: reconocimiento y condiciones para el ejercicio de
los derechos sexuales y derechos reproductivos
3.5. 3.5. Eje Autonomía económica de las mujeres, acceso equi-
tativo a recursos, ingresos, trabajo, oportunidades, reconoci-
miento de su aporte económico y revalorización del trabajo
doméstico y de cuidado
Anexos
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1. Introducción
La presente agenda política es una construcción colectiva de mujeres diversas que,
desde sus propias identidades y realidades y desde diferentes posiciones ideológi-
co-políticas, hemos logrado consensuar puntos estratégicos comunes —con base
en una alianza consolidada entre las organizaciones sociales mixtas y de mujeres,
la Coordinadora de la Mujer y sus instituciones afiliadas—, como parte de un camino
que ha permitido articulaciones y acciones colectivas trascendentes en el marco del
proceso constituyente, postconstituyente y autonómico.
Es resultado de un largo proceso de acumulación histórica, que expresa nuestras
demandas fundamentales como mujeres en el actual contexto, las que han sido
planteadas en espacios plurales de diálogo y debate político. Constituye un
instrumento que contiene aspectos neurálgicos e indispensables para transformar
las actuales condiciones de dominación patriarcal que son parte del tejido del Estado
y de la sociedad.
La decisión de construir una agenda desde las mujeres para las elecciones
nacionales se debe, por un lado, a la lectura de la realidad que hemos realizado,
identificando avances significativos en la reducción de brechas de desigualdad en
algunos campos, como el educativo, la participación política, así como respecto a la
aprobación de leyes favorables a los derechos de las mujeres, como los establecidos
en la Constitución Política del Estado (CPE) y el cuerpo normativo postconstituyente.
Sin embargo, también encontramos restricciones estructurales para el cumplimiento
de las leyes y la concreción en políticas públicas, servicios y recursos, así como para
lograr condiciones de igualdad para las mujeres en todos los ámbitos de la vida en la
sociedad boliviana.
Esta agenda, construida desde la participación de diversas organizaciones de
mujeres y mixtas, busca cuestionar los límites de la democracia actual y poner en
debate público y en la agenda política las demandas de las mujeres desde una pers-
pectiva de vida cotidiana y de proyección estratégica. La transformación del Estado y
la sociedad boliviana debe contar con la activa intervención de la sociedad civil desde
diferentes espacios; no puede ser delegada únicamente a los partidos políticos, al
Estado y al sistema político vigente, que muestra sus límites estructurales. Histórica-
mente, la participación política de las mujeres desde la sociedad civil ha sido decisiva
en la conquista de nuestros derechos, y hoy se plantea como indispensable para des-
estructurar el patriarcado, que reproduce barreras que mantienen nuestra condición
de opresión y subordinación e impiden el ejercicio pleno de nuestros derechos.
En el marco de la CPE y la legislación postconstituyente —fueron el soporte normativo
para el rediseño estatal con miras a la construcción de un Estado unitario social
de derecho, plurinacional, comunitario, libre, independiente, soberano, democráti-

Una agenda para despatriarcalizar
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co, descentralizado, con autonomías— se han impulsado reformas estatales en un
contexto político cuyo signo histórico fue la ampliación de la democracia. No obstante,
la construcción de un Estado Plurinacional, con la consolidación autonómica y de su
carácter laico, presenta desafíos para su concreción; la realidad nos muestra más
bien cómo se reproducen sistemas y lógicas estatales excluyentes en un marco de
estructuras patriarcales renovadas y fortalecidas, sobre las que aquel se asienta.
La mayor presencia cuantitativa de las mujeres en cargos de representación política,
que es uno de los logros más visibles, ha provocado cambios importantes en el
ordenamiento del sistema político. Sin embargo, el que la inclusión de las mujeres
en la vida pública se haya dado dentro de un sistema político androcentrista de
hegemonía masculina en el ejercicio del poder, nos plantea desafíos para el
ejercicio efectivo de nuestros derechos, para profundizar la democracia y generar las
condiciones que nos permitan ejercer el poder político en igualdad de condiciones
con los hombres.
La amplia movilización social que como mujeres hemos desarrollado con nuestra
activa participación en los movimientos sociales y en el proceso constituyente, tanto
por nuestros derechos específicos como por los objetivos de transformación de la
sociedad y del Estado, nos impulsa a enfrentar los retos de esta nueva etapa para
exigir el cumplimiento de la CPE en el marco de la responsabilidad y obligación que le
compete al Estado. Así, buscamos garantizar y generar condiciones para el efectivo
ejercicio de nuestros derechos a través del cumplimiento de leyes y políticas públicas
y la aplicación de recursos y servicios que tengan impacto y logren transformaciones
reales en nuestras vidas cotidianas; pero también para lograr la desestructuración de
un Estado y una sociedad patriarcales.
Ya durante el proceso constituyente el análisis de las mujeres caracterizaba al Estado
como un Estado patriarcal, colonial y capitalista, es decir que sus reflexiones iban
más allá de esquemas liberales que buscan el logro de la “igualdad de género”, la
“igualdad de oportunidades” y la “equidad de género”, que resultan limitados si no se
perfila una mayor transformación estructural, con un nuevo orden estatal resultante
de un proceso despatriarcalizador, descolonizador y de lucha contra las formas de
explotación capitalista. Esta nueva perspectiva produce un giro fundamental en la
lucha de las mujeres —que reconoce que las relaciones de dominación patriarcal
están presentes en toda la sociedad y el Estado, produciendo múltiples relaciones
de opresión de género— y su acción política asume un alcance estratégico de largo
aliento que se basa en acciones y avances de corto plazo.
La coyuntura electoral se muestra como una oportunidad para desplegar acciones
dirigidas a que mujeres y hombres en espacios de decisión demuestren la voluntad
política para asumir con compromiso la Agenda Política desde las Mujeres y puedan
activar los engranajes estatales para su cumplimiento. Por tanto, esta agenda está
dirigida a los candidatos y candidatas y autoridades electas, para que la conviertan
en parte programática y en políticas publicas de la gestión estatal.

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A la vez, se dirige e interpela fundamentalmente al Estado y a toda la sociedad,
ante la necesidad de actuar políticamente en una coyuntura cuyo carácter electoral
presenta espacios de oportunidad para lograr una mayor "democratización de la de-
mocracia", y para poner nuevamente la agenda de las mujeres hacia la despatriarca-
lización en la agenda política, en el debate público, y en los espacios que brinden la
posibilidad de cuestionar el sistema social, económico, cultural y político vigente, que
todavía presenta restricciones para que las mujeres actúen como sujetas sociales y
políticas diferentes pero iguales en el ejercicio de sus derechos, con una ciudadanía
plena y activa, con empoderamiento y condiciones para el desarrollo de sus poten-
cialidades para la contribución a la transformación de la sociedad con un horizonte
despatriarcalizador.
La agenda se organiza en cinco ejes:
1. Democratización del poder y participación política de las mujeres
2. Desmontaje cultural, simbólico y material del patriarcado y nueva institucionali-
dad para las mujeres
3. Garantías y condiciones para el ejercicio del derecho a vivir libres de violencia
4. Autonomía y autodeterminación de los cuerpos de las mujeres: reconocimiento
y condiciones para el ejercicio de los derechos sexuales y derechos reproducti-
vos
5. Autonomía económica de las mujeres, acceso equitativo a recursos, ingresos,
trabajo, oportunidades, reconocimiento de su aporte económico y revalorización
del trabajo doméstico y de cuidado
Los puntos incluidos en la agenda han sido ordenados en torno a estos ejes, que
presentan de manera sucinta los argumentos centrales que justifican las demandas
de las mujeres en el contexto actual. En cada eje se especifica el horizonte despa-
triarcalizador, que contiene los objetivos estratégicos a los que contribuye la agenda.

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L
a participación política de las mujeres es una conquista que deviene de un
largo proceso histórico de luchas, con aportes fundamentales a la ampliación
democrática, con el reconocimiento y constitucionalización de los principios
de equidad, no discriminación, igualdad de condiciones para la participación
política, de una progresista legislación que incluye los derechos específicos de las
mujeres y establece la paridad y alternancia.
El cambio fundamental en este ámbito es la visibilización de las mujeres en la política
y su presencia significativa en los espacios públicos estatales —a pesar de la per-
sistencia de la subrrepresentación—, que reconfigura las pautas tradicionales del
sistema político en una relación contradictoria. Por una parte, se produjeron cambios
importantes en la cultura de aceptación a la “presencia de mujeres” en la política y en
el ejercicio de la gestión pública; también hubo cambios en la identidad y subjetividad
de las mismas al asumir responsabilidades de liderazgo, dirigenciales y de gestión
pública, y, en general, se produjeron nuevos términos en la construcción del sentido
y las formas de participación debido a las pautas que promueven la democracia re-
presentativa y participativa en el contexto político actual.
La presencia y participación política de las mujeres ha contribuido a un proceso
complejo de construcción de la subjetividad y la identidad genérica que no es unitaria
ni homogénea; por diferentes cauces y desde distintas posiciones, se resignifica
la condición de ser mujer como sujeto político y se permite su actoría política en
múltiples formas de acción común, tomando en cuenta las formas en que aquellas
viven las múltiples opresiones.
Los cambios políticos han modificado las relaciones entre el Estado y la sociedad
civil y han fomentado el espacio organizacional como el espacio privilegiado de hacer
política, con una presencia significativa de mujeres que se han ido convirtiendo en
actoras políticas, en sus organizaciones, donde también disputan cotidianamente la
posibilidad de participar en los espacios de decisión.
Por otra parte, y en contradicción con estos cambios, subyace la subordinación
de las mujeres marcada por distintos procesos de restricción, lo que hace que su
presencia política se dé en contextos complejos marcados por relaciones de poder
que provocan desigualdad y exclusión social. Es decir que los niveles de participa-
ción política de las mujeres se reconocen como importantes pero insuficientes con
relación al ejercicio de sus derechos políticos. El sistema político vigente incluye más
mujeres en un sistema que no ha cambiado y cuya estructura y funcionamiento se
define por el tejido institucional patriarcal que lo organiza, sostiene y reproduce.
El espacio público como construcción bajo el principio androcentrista y de
masculinización del ejercicio del poder, despliega valores, normas no escritas,
símbolos, representaciones y prácticas que hacen que las mujeres, en su participación
en el nivel estatal, sean receptoras de una distribución desigual del poder. Este hecho
nos lleva a afirmar que la participación y representación política de las mujeres en

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espacios públicos de representación política se traduce en acceso al poder político
solo en casos excepcionales.
El ingreso de las mujeres a la política es irreversible, y esta práctica ha ido enrique-
ciéndose por las articulaciones entre colectivos de mujeres y de éstos con otros
sujetos políticos, encontrando que los derechos específicos y las demandas de las
mujeres están íntimamente relacionados con otros objetivos por las distintas po-
siciones sociales, laborales, culturales y políticas que tienen las mujeres. Esto ha
provocado, por un lado, la construcción de múltiples formas de acción común, y por
otro, ha evidenciado el riesgo de que sus demandas se invisibilicen, sean subordina-
das o, finalmente, excluidas.
Horizonte despatriarcalizador
• Redistribución del poder
• Democratización del sistema político y de representación
• Mujeres con participación y representación política
• Mujeres con poder político
• Mujeres con autonomía política
• Mujeres con ejercicio de derechos
Agenda
Temas estratégicos Acciones estratégicas
Paridad y alternancia • Paridad y alternancia de las mujeres en calidad de
candidatas titulares en las listas electorales.
• Aplicación de paridad y alternancia en las instancias
del Órgano Ejecutivo.
Mujeres titulares como candi-
datas uninominales
• Priorizar a las mujeres como titulares en el registro
de listas de uninominales, según establece la ley,
garantizando su participación en circunscripcio-
nes electorales en las cuales existen condiciones
efectivas de ser electas.

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Efectivo ejercicio de derechos
políticos
• Reconocimiento de las trayectorias de participación
política de las mujeres en la definición de las candi-
daturas de éstas.
• Inscribir a mujeres candidatas en las franjas de
seguridad.
Democratización de los
partidos políticos
• Democratización de las estructuras de los partidos
políticos, garantizando la inclusión de 50% de
mujeres en instancias directivas y de decisión.
• Incluir la agenda de las mujeres como parte de las
agendas programáticas de los partidos políticos y en
los programas de gobierno.
Ejercicio de poder • Efectivo poder de decisión en la participación política
de las mujeres, respetando su autonomía política.
Derecho a la participación
política libre de violencia
• Garantizar que la participación política de las
mujeres esté libre de acoso y violencia política.
• Inclusión en los estatutos y reglamentos de los
partidos políticos de las normas pertinentes de la Ley
N° 243, Ley contra el Acoso y la Violencia Política, y
de la Ley Nº 348, Ley Integral para una Vida Libre de
Violencia
• Garantizar el cumplimiento de las leyes Nº 243 y Nº
348 en el proceso electoral, como competencia del
Órgano Electoral Plurinacional.
Inclusión de la Agenda
Política desde las Mujeres en
la gestión pública
• Implementación de la Agenda Política desde las
Mujeres por mujeres y hombres electos.
• Generar mecanismos efectivos de interlocución
entre las candidatas y candidatos electos y las orga-
nizaciones y movimientos de mujeres.
• Rendición de cuentas sobre el avance y cumplimien-
to de la Agenda Política desde las Mujeres en cada
una de las esferas de la gestión pública.

19
L
a sociedad tiene un sistema simbólico estructurado cuyo núcleo es la supuesta
supremacía masculina. Este sistema es determinante para la producción y
reproducción de la totalidad de la sociedad a través de formas de creación y
recreación cultural, de las representaciones e imaginarios construidos para
legitimar el dominio de lo masculino sobre lo femenino en las relaciones sociales, las
normas, el lenguaje, las instituciones y las formas de ver el mundo.
Este fenómeno cultural, conocido como machismo, genera modelos de masculinidad
que organizan las formas de expresión del poder patriarcal y determinan la discrimi-
nación y exclusión social de las mujeres. No se limita a la opresión hacia las mujeres;
también se desplaza hacia otros sujetos sometidos al mismo poder, como es el caso
de las niñas y niños, jóvenes y otros grupos, por su clase social, su origen étnico o
su preferencia religiosa o política.
El patriarcado define aspectos básicos de la base material de la sociedad a partir de
la organización del poder jerárquico que sostiene las diferencias sexuales como base
de la organización económica. Es así que la división sexual del trabajo sobre la que
se asienta la producción implica una desvalorización del trabajo de las mujeres y, por
tanto, de asignaciones laborales consideradas femeninas; asimismo, de las formas de
apropiación del trabajo, la propiedad, la distribución de la riqueza y de los beneficios
del desarrollo, el mercado de trabajo y las diferentes formas de acceso a recursos e
ingresos, en cuyo escenario las mujeres ocupan posiciones de desigualdad.
La dimensión económica tiene una estrecha relación con la dimensión cultural y
simbólica. En la producción y reproducción de la sociedad patriarcal, las construccio-
nes culturales y simbólicas no se dan de forma independiente; la vertiente simbólica
refuerza la vertiente económica para la constitución y reproducción de las estructuras
políticas de dominación.
La dicotomía entre el espacio doméstico privado como espacio social de desempeño
exclusivo de las mujeres, y el espacio público bajo control y monopolio masculino, ha
generado tensiones frente a los cambios de la sociedad. Las mujeres, al estar tradi-
cionalmente asignadas al espacio privado doméstico, tienen una menor presencia en
el espacio público, lo que ha contribuido a su invisibilización histórica social.
Las transformaciones de la sociedad, la ampliación de la democracia con una mayor
participación política de las mujeres y su creciente presencia como trabajadoras y
generadoras de ingresos, las convierte en sujetos de derechos con una participa-
ción en espacios públicos estatales y no estatales que va en aumento. Esta nueva
situación las coloca en condiciones adversas al enfrentar restricciones para ejercer su
liderazgo y participar en los diferentes ámbitos de la vida social, económica y política,
y para potenciar sus aportes no sólo respecto a la demanda de sus derechos, sino
también respecto a la mejora del conjunto de sus entornos sociales, organizativos,
comunitarios y de la sociedad.

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La posibilidad de transformación de la sociedad patriarcal privilegia la cultura y las
instituciones. Los instrumentos culturales sirven en esta perspectiva de transforma-
ción por el decisivo papel que juegan en la construcción de sistemas simbólicos. En
este sentido, la consolidación del estado laico es condición necesaria para garantizar
el ejercicio de los derechos de las mujeres, tal como el derecho a decidir en libertad
y autonomía.
Desde la acción estatal, la débil institucionalidad y jerarquización del mecanismo de
adelanto de las mujeres imposibilita la gestión transversal de políticas públicas; esta
dificultad se manifiesta en todas las instancias de la gestión pública estatal. Actual-
mente, el Tesoro General del Estado no prioriza en ninguno de sus niveles la asigna-
ción presupuestaria para la inversión pública en favor de las mujeres. Una instancia de
rango ministerial en la estructura del Órgano Ejecutivo permitiría facilitar la gestión de
políticas públicas con una asignación de recursos económicos, materiales, humanos
y de infraestructura para su funcionamiento bajo parámetros de eficiencia, eficacia,
calidad y sostenibilidad.
Una nueva institucionalidad estatal respondería a la necesidad de contar con un ente
rector de las políticas públicas para conseguir la igualdad de género, y podría poner
énfasis en la coordinación sectorial y subnacional para la formulación, aplicación y
seguimiento de políticas transversales y específicas, orientadas a la despatriarcali-
zación del Estado boliviano, sus estructuras, instituciones y prácticas de ejercicio de
poder y violencia hacia las mujeres. Además, garantizaría la elaboración y desarrollo
de un marco normativo y jurídico desde un enfoque de despatriarcalización, desco-
lonización y no violencia hacia las mujeres, efectivizando la inmediata aplicación e
implementación de las leyes que ya han sido aprobadas. También generaría políticas
y estrategias dirigidas a modificar las nociones simbólicas, culturales y materiales
que reproducen el sistema de dominación patriarcal ejercido sobre las mujeres a
través de los sistemas educativos, transformando las instituciones que lo reprodu-
cen, utilizando campañas mediáticas. Finalmente, garantizaría condiciones para el
ejercicio de derechos políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales
de las mujeres que han sido consagrados en la CPE, y promovería políticas públicas
dirigidas a mejorar las condiciones de vida de grupos sociales específicos de mujeres
que se encuentran en condiciones de desigualdad económica.
• Desmontaje material y cultural del patriarcado
• Des-naturalización de la división sexual del trabajo
• Visibilización histórica de las mujeres en su actoría política
• Eliminación del sexismo en la educación

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Agenda1
Nueva institucionalidad
estatal
• Fortalecimiento del Mecanismo de Género1
a nivel central
y en los niveles autonómicos, para la formulación y segui-
miento de políticas transversales y específicas orientadas
a la despatriarcalización del Estado boliviano.
• Formulación de un marco normativo y jurídico y de
políticas y estrategias dirigidas a modificar las nociones
simbólicas, culturales y materiales que reproducen el
sistema de dominación patriarcal y políticas públicas
orientadas a garantizar todas las condiciones para el
ejercicio de derechos políticos, sociales, económicos, cul-
turales y medioambientales de las mujeres consagrados
en la CPE.
• Creación del Ministerio de las Mujeres, con presencia
institucional en los diferentes niveles autonómicos: de-
partamental, municipal e indígena, con las condiciones
materiales y técnicas necesarias: equipo especializado,
con alta capacidad técnica y política, recursos materiales,
infraestructura y presupuesto suficientes y sostenibles,
asignados por el Tesoro General del Estado.
1 • Características y funciones fundamentales de los mecanismos de institucionalidad para las mujeres,
en todos los niveles de gestión nacional y autonómicos:
o Formulación y seguimiento de políticas transversales y específicas orientadas a la despatriarcalización
del Estado boliviano, sus estructuras, instituciones y prácticas de ejercicio de poder y violencia hacia las
mujeres.
o Garantizar la elaboración y desarrollo de un marco normativo y jurídico desde un enfoque de despatriar-
calización, descolonización y no violencia hacia las mujeres y, a su vez, efectivizar la inmediata aplicación
e implementación de las leyes que ya han sido aprobadas.
o Generar políticas y estrategias dirigidas a modificar las nociones simbólicas, culturales y materiales que
reproducen el sistema de dominación patriarcal ejercido sobre las mujeres, a través de los sistemas edu-
cativos, la transformación de las instituciones que lo reproducen y la utilización de campañas mediáticas.
o Formular políticas públicas orientadas a garantizar TODAS las condiciones para el ejercicio de derechos
políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales de las mujeres consagrados en la CPE.
o Garantizar políticas públicas integrales que transformen las condiciones de pobreza y feminización de la
pobreza, considerando a las mujeres más excluidas y discriminadas y a las mujeres jefas de hogar.
o Elaborar y establecer espacios de coordinación para la implementación de sistemas de interaprendizaje,
investigación, generación de conocimientos e información desagregada por sexo, desde una perspectiva
de género, para orientar la toma de decisiones en políticas públicas.
o Coordinación y fortalecimiento de organizaciones sociales y de mujeres para la participación en la defini-
ción, el seguimiento, el control social y la rendición de cuentas sobre las políticas implementadas por el
Ministerio de la Mujer y las instituciones autonómicas.

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Sistema educativo
plurinacional con
democracia de género
• Sistema educativo plurinacional, democrático, sin dis-
criminación y liberador, en que la despatriarcalización
y la descolonización sean las bases y fines del sistema
educativo plurinacional.
• Garantizar un sistema educativo que incorpore en la
currícula de todos los niveles un enfoque despatriarcali-
zador, que cuestione y transforme las relaciones de poder
que oprimen a las mujeres y su invisibilización histórica.
Inversión pública en las
mujeres
• Ley específica de inversión en las mujeres para la imple-
mentación de políticas, estrategias y servicios desde un
enfoque de inversión y no como “gastos recurrentes”.
Medios de comunicación • Cumplimiento de la normativa en relación al tratamiento
sexista, misógino y discriminatorio de la comunicación.
• Diseño de una política pública comunicacional no sexista.
• Compromiso con una comunicación no estereotipada y
no discriminatoria, que reconozca la actoría política de
las mujeres y su protagonismo y que no las muestre
como población vulnerable y las victimice.
• Incluir en la normativa y reglamentación institucional las
disposiciones establecidas en el artículo 23 de la Ley Nº
348, Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida
Libre de Violencia2
.
2
2 Esta nomativa establece; 1) Adoptar los Códigos de Ética y otras medidas de autorregulación, en relación
a la difusión de contenidos discriminatorios vinculados a la violencia hacia las mujeres o que refuerzan
o justifican su tolerancia, o que atentan contra los derechos de las mujeres; 2) Destinar, en el marco
de la responsabilidad social, un espacio mínimo gratuito para la difusión de mensajes que promuevan
los valores establecidos en la presente ley; 3) Difundir informaciones relativas a la violencia contra las
mujeres de forma objetiva, precautelando la defensa de su autonomía, libertad, dignidad, privacidad y
derechos de sus hijas e hijos, restringiendo toda exposición gráfica que constituya humillación o exposi-
ción pública y/o degradante.

25
E
l patriarcado es un sistema de dominio de los varones sobre las mujeres,
a partir de pactos y relaciones que les permiten asegurarse la hegemonía
sobre las mujeres. Es un sistema de prácticas simbólicas y materiales que
establecen jerarquías, configuradas por una estratificación de las socieda-
des en que intervienen otros sistemas de dominación, como el de la clase social, la
raza, la cultura, la etnia y/o la orientación sexual.
La aceptación de estos pactos por parte de las mujeres se produce a partir de que se
los socializa en la familia y en las instituciones políticas, sociales y culturales, como
una forma de organización “natural” de las estructuras sociales y de las realidades
simbólicas en los sistemas de dominación. Cuando las mujeres se rebelan contra
el sistema surge contra ellas la violencia física, psicológica, sexual y simbólica, que
refuerza las prácticas de disciplinamiento de su cuerpo en la relación dominador-
dominada, basadas en relaciones de sujeción y autosujeción.
El orden jerárquico que consolida la hegemonía masculina y la subordinación femenina
ha legitimado la desigualdad de género, que atraviesa todas las dimensiones de la
vida social. La violencia contra las mujeres es uno de los mecanismos más drásticos
para mantener su sometimiento, el control de sus cuerpos y de su sexualidad. Esta
violencia se manifiesta en todos los ámbitos de la esfera pública y privada de la vida
cotidiana de las mujeres: familiar, comunitario, institucional, laboral, social, cultural,
político, económico.
En un momento en que se reconocen derechos formales a las mujeres, en que se
amplía su presencia en las estructuras de poder estatal, en que hay un proceso de
ciudadanización y en que la democracia cobra innegable valor, la realidad muestra
la permanencia e incluso el incremento de la situación de sujeción y de violencia
que sufren la mayoría de las mujeres en diferentes ámbitos de su vida. Los avances
legales de la igualdad formal de género expresados en las leyes no afectan lo central
de las relaciones de dominación y opresión de género, desplegándose la violencia
en sus diferentes formas y manifestaciones —violencia física, psicológica, sexual,
institucional y simbólica— como un fenómeno de carácter estructural.
La violencia de género se manifiesta a través de actitudes y creencias basadas en
un sistema sexista y heterocentrista, en un marco de ejercicio del dominio masculino.
Adopta diferentes formas, como la prostitución forzada, el tráfico de mujeres, las
diferentes formas de acoso, la violación, el uso del cuerpo de la mujer con fines
comerciales, y todas las formas de maltrato físico, psicológico, sexual y social que
ocurren en diferentes contextos, provocando daños de diverso grado, que pueden
hasta causar la muerte de las víctimas; este delito se denomina feminicidio.
La violencia contra las mujeres —al ser naturalizada e invisibilizada por la lógica de
la construcción social y cultural del poder masculino en general— es parte del control
que la autoridad masculina ejerce hacia éstas, y se la justifica con su “necesidad”
para disciplinar, educar y poner límites. En síntesis, para restituir un orden basado

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en el poder y la autoridad masculina en el espacio privado y en el espacio público. El
que esta violencia se perpetre con mayor frecuencia en el ámbito del hogar puso en
entredicho la afirmación de que las mujeres carecían de derechos solo en el ámbito
público. Lo doméstico, lo privado, es un espacio de ejercicio del poder masculino
sancionado por la sociedad, y la separación de lo público y lo privado es un mito
funcional que sirve para reproducir las estructuras de dominación masculina.
• Desnaturalización de la violencia
• Ruptura, subordinación y sujeción de las mujeres, transformación de las relacio-
nes de poder
• Autonomía física, psicológica, sexual y simbólica de las mujeres
• Empoderamiento personal
• No feminicidio
• No violencia, ni revictimización
Agenda
Aplicación de la Ley Nº
348, Ley Integral para Ga-
rantizar a las Mujeres una
Vida Libre de Violencia
• Aprobación de las “Políticas Públicas Integrales: Vidas
Dignas, Mujeres Libres de Violencia”, respaldadas por
un decreto supremo.
• La aplicación de la ley en todos los ámbitos urbanos
y rurales, privilegiando la creación de servicios de
atención a las mujeres en situación de violencia.
• Brindar información amplia sobre la ley a toda la
población rural, en particular a las mujeres y a las au-
toridades comunales.

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• Establecer protocolos especializados y estandariza-
dos en las instituciones operadoras de la ley: la Fuerza
Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV), el Mi-
nisterio Público, el Órgano Judicial, los Servicios de
Salud y los Servicios Legales Integrales Municipales
(SLIM).
• Registro único en los diferentes órganos pertinentes
de los niveles territoriales autonómicos, con la conso-
lidación de espacios de articulación, coordinación y
concurrencia de todos los servicios especializados en
prevención, atención y sanción a la violencia.
• Garantizar el funcionamiento sostenido del Sistema
Integral Plurinacional de Prevención,Atención, Sanción
y Erradicación de la Violencia en Razón de Género
(SIPPASE), con la asignación de recursos humanos y
financieros suficientes.
Sistema de justicia
intercultural
• Cambio en las estructuras institucionales y asignación
de recursos humanos y financieros suficientes para la
inmediata creación de juzgados y fiscalías y la contra-
tacón de médicos forenses especializados en materia
de violencia contra las mujeres.
• Garantizar un procedimiento penal ágil y abreviado,
que actúe de forma expedita y en plazos cortos esta-
blecidos, para una efectiva protección de la vida de las
mujeres.
• Garantizar un sistema de justicia intercultural que
asegure a las mujeres un acceso ágil, oportuno y
gratuito, que proteja efectivamente sus derechos, que
juzgue y sancione el feminicidio con 30 años de cárcel
sin derecho a indulto y que elimine la impunidad.
• Las jurisdicciones indígena originaria campesinas
deben garantizar el derecho de las mujeres a vivir sin
violencia, eliminando de sus prácticas los “arreglos”
entre el agresor y la víctima y/o sus familiares.
Servicios de calidad • Capacitación y/o formación especializada a opera-
doras y operadores de la ley desde un enfoque de
derechos y no violencia hacia las mujeres. Inclusión de
este enfoque en la currícula de las escuelas de jueces,
fiscales, policías, y abogados, con contenidos relativos
a la cultura contra la violencia, la igualdad, la no dis-
criminación por razón de sexo y la equidad de género.

28
• Fortalecimiento y ampliación de los servicios de
atención a las mujeres en situación de violencia de
cada instancia competente; asignación de presupues-
tos y recursos con partidas específicas tanto a nivel
nacional como en los territorios autónomos; asignación
de recursos humanos especializados que permitan
ofrecer una atención de calidad a nivel de los servicios
en las diferentes entidades territoriales autónomas.
• Inclusión del tema en los POA de las entidades au-
tonómicas subnacionales para fortalecer y dotar de
calidad a los servicios de atención a las mujeres en
situación de violencia.
Cultura democrática y de
respeto a los derechos de
las mujeres
• Desarrollar una política comunicacional dirigida a la
población para construir una cultura democrática y de
respeto a los derechos de las mujeres, lo que contri-
buirá al desmontaje cultural, simbólico y material del
patriarcado y de naturalización de la violencia.
• Diseñar e implementar una estrategia nacional de
comunicación, conforme a las “Políticas Públicas
Integrales: Vidas Dignas, Mujeres Libres de Violencia”,
Ministerio de Justicia, 2013: 71.
• Aplicar códigos de ética y otras medidas de autorregu-
lación para los contenidos discriminatorios vinculados
a la violencia hacia las mujeres en medios de comu-
nicación, según establecen las leyes Nº 243 y Nº 348.
Aplicación de las leyes vin-
culadas a la violencia
• Aplicación inmediata y efectiva de la Ley Integral
contra la Trata y Tráfico de Personas (Títulos II y III),
para garantizar las condiciones para el ejercicio de
los derechos de mujeres, niñas, niños y adolescen-
tes a partir de mecanismos de prevención, protección,
atención, persecución y sanción penal de este delito.
• Que los códigos Penal, Civil y de Familia, incluyendo
sus respectivos códigos procedimentales, garanticen
el reconocimiento de los delitos penales establecidos
en la Ley 348 (privación de libertad y sanciones alter-
nativas, tal como especifica su artículo 76).
Políticas públicas • Aplicación de las “Políticas Públicas Integrales. Vidas
Dignas, Mujeres Libres de Violencia”.
• Diseño e implementación de políticas públicas na-
cionales y autonómicas concurrentes para garanti-
zar ciudades como espacios públicos seguros, no
opresivos y sin violencia para las mujeres (consideran-
do todos los dispositivos de seguridad pública).

31
U
no de los núcleos fundamentales del patriarcado es la dimensión sexual de
la subordinación de las mujeres. El cuerpo es el espacio donde se ejerce
la dominación; su apropiación, control y disciplinamiento, se convierte en
uno de los soportes fundamentales de las relaciones de género en la
sociedad patriarcal.
La apropiación de los cuerpos de las mujeres tiene un marcado carácter simbólico,
que se da históricamente en las sociedades hasta institucionalizarse a través de
las leyes y garantizarse a través de la cultura. En la cultura occidental, su fuente
es la moral judeo-cristiana, cuyo modelo mariano de abnegación y sacrificio para
las mujeres se naturaliza y coloca como su ideal de comportamiento. Este modelo
influye sobre las culturas originarias de América como resultado de los procesos
colonizadores. Los principios religiosos de justificación moral ejercen un control
sobre la sexualidad y la reproducción bajo sistemas simbólicos que mantienen la
sujeción de las mujeres, imponiendo un control patriarcal rígido e incuestionable de
las mismas.
La sexualidad y la reproducción han sido asumidas como parte de la gestión y
administración del cuerpo de las mujeres desde el Estado, las políticas públicas y la
normativa existente en la sociedad, con la influencia de las iglesias, expropiando la
autonomía sobre el cuerpo. Los referentes valorativos y morales son los que definen
y regulan la sexualidad y la reproducción, y tienen como objetivo el disciplinamiento
del cuerpo de las mujeres.
La maternidad es considerada como la función social esencial de la condición de ser
mujer, y la misión de todas las instituciones de la sociedad es garantizarla. Uno de
los ejemplos más extendidos al respecto lo constituyen las políticas poblacionales,
que utilizan como variable reguladora a las mujeres en su dimensión reproductiva.
También mencionamos la naturalización de la violencia contra las mujeres, la falta
de decisión sobre sus cuerpos, sobre el placer, su sexualidad y su maternidad; la
no elección libre de su pareja; el uso de la fuerza en las relaciones conyugales; los
embarazos no deseados. Este conjunto de situaciones pone en evidencia el someti-
miento de las mujeres como producto de una práctica machista.
El reconocimiento y la constitucionalización de los derechos sexuales y los derechos
reproductivos responden a la necesidad de que las mujeres recuperen la autonomía
sobre sus cuerpos; este objetivo político fundamental reconoce la capacidad de
decidir por sí mismas, sobre su sexualidad y la reproducción, sobre su cuerpo, sobre
su vida, y ejercer así sus derechos. Recuperar la autonomía del cuerpo es un aspecto
central para la desestructuración del patriarcado.
Los derechos reproductivos y los derechos sexuales constituyen un nuevo campo de
derechos que ha transformado las concepciones y ha introducido un nuevo enfoque
para comprender las relaciones de género, y que está ligado a la democracia.

32
Los avances en el reconocimiento de derechos y las políticas públicas en la esfera
de la salud priorizan la dimensión reproductiva, con énfasis en la salud materno-in-
fantil. Aunque estos servicios no dejan de ser importantes, se fundamentan en una
asociación naturalizada de la mujer con la reproducción biológica, condición que se
ubica como definitoria y única de su constitución como mujer. En consecuencia, todo
aquello que atente contra esta función natural de la mujer constituye una infracción a
la moral, a las leyes, a la religión y a las normas sociales.
El discurso dominante, que enfatiza en el derecho a la vida, solo admite el aborto en
condiciones extremas. Sin embargo, y contradictoriamente, el aborto es una práctica
común que, al estar penalizada por las leyes, se realiza de manera clandestina, en
condiciones de alto riesgo para la vida de las mujeres. También hay una alta inciden-
cia de aborto forzado como producto de la violencia física que se ejerce contra las
mujeres. A pesar de esta realidad, la despenalización del aborto es resistida por las
iglesias y los sectores conservadores de la sociedad.
La diversidad sexual es otro tema importante, que cuestiona el modelo heterosexual
dominante en la sociedad y que ha establecido una heteronormatividad en las
relaciones sociales, produciendo y recreando nuevas desigualdades y relaciones
de subordinación que afectan a un conjunto de mujeres con identidades genéricas
diferentes.
Uno de los objetivos fundamentales de la lucha de las mujeres ha sido lograr un
Estado laico en la Asamblea Constituyente y actualmente se exige su aplicabilidad
para otorgar al Estado independencia y autonomía respecto a las iglesias. Su
importancia radica en que el ejercicio del poder de las iglesias en todos los órdenes
de la vida en sociedad tiene una decisiva influencia en la definición de la legislación
y de políticas públicas que atentan contra los derechos conquistados por las mujeres
y que han sido reconocidos constitucionalmente, como los derechos sexuales y los
derechos reproductivos, que se inscriben en la concepción de los derechos humanos.
Para las mujeres, el Estado laico es un medio para transformar la actual situación de
violaciones de los derechos de las mujeres, de su autonomía y su libertad. Es una
condición para la convivencia de una sociedad diversa y plural en democracia y con
el respeto a la libertad de espiritualidades.
• Autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su sexualidad, inde-
pendientemente de la reproducción
• Mujeres como seres integrales que sintetizan dos dimensiones de la vida:
la sexualidad y la reproducción (no reducidas únicamente a la dimensión
reproductiva)

33
• Garantía de las libertades sexuales sin intromisión de valores de instituciones
religiosas, en el marco del carácter laico del Estado
• Reconocer el placer como una dimensión de la sexualidad de las mujeres
• Despenalización social y cultural del aborto
• Cuestionamiento a la heteronormatividad
Agenda
Generar condiciones
para el ejercicio de los
derechos sexuales y
derechos reproductivos
• Aprobación e implementación del anteproyecto de ley y
de políticas públicas específicas destinadas a garantizar
el conocimiento y las condiciones para el ejercicio de
los derechos sexuales y derechos reproductivos de las
mujeres.
• El Estado, a través de todas las entidades pertinentes,
debe garantizar las condiciones para el ejercicio de
los derechos sexuales y derechos reproductivos de las
mujeres:
 Derecho a la autonomía de las mujeres sobre sus
cuerpos y a la libertad de decidir respecto a su se-
xualidad y a la reproducción, sin presión ni ejercicio
de poder contras ellas.
 Derecho a la libre opción de las mujeres de contraer
matrimonio o no; a formar y planificar una familia; a la
libre elección de pareja; y a no ser obligada a contraer
matrimonio o vivir en concubinato contra su voluntad.
 Derecho a decidir tener hijas o hijos o no tenerlos,
y cuándo y cuántos tener. Para el ejercicio de este
derecho se debe garantizar el acceso de las mujeres
a métodos efectivos y gratuitos de anticoncepción y
de la píldora del día después.
 Derecho a la información y a la educación sexual
científica y laica en todas las etapas de la vida.

34
• Políticas públicas laicas que garanticen mecanis-
mos efectivos para erradicar la violencia sexual y los
embarazos forzados y que brinden condiciones seguras
para la interrupción de embarazos no deseados, precau-
telando la vida de las mujeres, puesto que el aborto en
condiciones inseguras es la tercera causa de mortalidad
de mujeres en Bolivia.
• Garantizar el cumplimiento de procedimientos legales
para el ejercicio de la paternidad responsable, de la
filiación de hijas e hijos y de la asignación de asistencia
familiar.
Políticas y servicios de
salud de calidad
• Políticas y servicios de salud dirigidos a eliminar las
elevadas tasas de mortalidad materna y la prevención y
atención del cáncer cérvico-uterino y de mama, infeccio-
nes de transmisión sexual y VIH/sida.
• Garantizar el acceso de las mujeres a servicios de salud
con calidad, interculturalidad y enfoque de derechos,
que cuenten con infraestructura e insumos y recursos
humanos y financieros suficientes.
• Mejoramiento en la calidad de los recursos humanos
y financieros suficientes para los servicios de materni-
dad en hospitales, centros de salud, seguros médicos y
cajas de salud.
• Elaboración, aprobación e implementación de la
ley contra la negligencia médica.
• Los servicios de salud y salud sexual y reproductiva
deben contar con atención diferenciada para todas las
etapas de la vida, con énfasis en adolescentes y jóvenes.
• Políticas integrales para prevenir embarazos no
deseados, particularmente en adolescentes.
Despenalización social y
cultural del aborto
• Reglamentación del artículo 266 del Código Penal para
su aplicación sin necesidad de autorización judicial.
Además, establecer protocolos de salud para la práctica
del aborto gratuito.

37
L
a globalización es un fenómeno que redefine los términos de la economía
con una creciente expansión del capital transnacional. La crisis financiera,
ecológica y alimentaria son los signos de la época y, a la par de los avances
tecnológicos, modifican la vida de las mujeres y promueven transformacio-
nes, tales como las producidas en el mercado de trabajo con su creciente internacio-
nalización, el incremento de los perfiles de consumo, la profundización del extractivis-
mo y los nuevos términos de la explotación de la naturaleza y del trabajo.
La reproducción material del patriarcado a partir de los sistemas productivos y econó-
micos —basados en la división sexual del trabajo y en la concentración masculina de
la propiedad y la riqueza— define las bases materiales que excluyen a las mujeres de
un acceso equitativo a recursos, ingresos, trabajo y oportunidades, produciendo de-
pendencia, explotación y discriminación, y generando nuevas desigualdades, entre
las cuales destacan las antiguas y las nuevas formas de explotación económica del
trabajo femenino.
Las transformaciones económicas, sociales y culturales, tanto como aquellas que
se han producido en el mundo del trabajo, muestran una creciente incorporación
de las mujeres al mercado de trabajo, con una mayor participación económica. Este
fenómeno hace visibles las formas de dominación y explotación del trabajo de las
mujeres, así como la emergencia de tensiones entre la esfera de lo público y la de lo
privado; entre la economía del cuidado y la economía mercantil; entre la expansión
de la participación de las mujeres en la esfera laboral (trabajo remunerado) y la asig-
nación de las responsabilidades domésticas y del cuidado exclusivamente a ellas.
El que haya más mujeres insertas en el mercado de trabajo y generadoras de ingreso
en el marco de una división sexual del trabajo naturalizada provoca, por un lado, la
menor acumulación por ellas de recursos técnicos para el trabajo, dando lugar a
una inserción laboral con evidente desigualdad en empleo e ingresos, y por otro, la
invisibilización del trabajo doméstico y del cuidado, que es realizado casi exclusiva-
mente por mujeres, y que genera tensiones entre el trabajo remunerado y el trabajo
doméstico.
En este escenario se pone en crisis el modelo de familia patriarcal, con el quiebre de
la figura masculina como única proveedora del hogar y con la masiva incorporación
de las mujeres al mercado de trabajo, incentivadas por las políticas neoliberales que
agudizaron la pobreza y una creciente exclusión, lo que tuvo efectos en la vida de las
mujeres, tales como su incorporación laboral en condiciones de precariedad, con una
mayor concentración en el sector informal y familiar, con ingresos de subsistencia e
infrasubsistencia, y con su incremento en el sector del pequeño comercio. Esto las ha
convertido en el nuevo sujeto de pequeños créditos con altas tasas de interés en el
ámbito urbano y en la base de especulación del capital financiero.
A pesar de su mayor participación económica, siguen siendo consideradas subal-
ternas y a cargo de la reproducción doméstica, con la continuidad de dinámicas
y prácticas sostenidas en valores y visiones que naturalizan la división sexual del

38
trabajo, las relaciones de poder y de subordinación en relación a los hombres, que
limitan su participación económica, el reconocimiento de su aporte y el ejercicio de
derechos económicos en igualdad de condiciones. Al asumir las mujeres el rol de
generadoras de ingresos, sin modificar sus responsabilidades, casi exclusivas, del
trabajo del cuidado, se ha sobrecargado su trabajo de tal manera que no acceden ni
usan el tiempo de la misma manera que los hombres. El tiempo dedicado al trabajo
doméstico y del cuidado supone disminuir sus posibilidades de acceder a educación,
capacitación, al trabajo bajo nuevas condiciones y con mejores ingresos, al trabajo
digno, a la recreación, al descanso y a espacios que permitan una calidad en las
relaciones familiares.
Las transformaciones económicas han venido acompañadas de fenómenos como
desempleo y expansión de la informalidad laboral, mayor inserción de las mujeres
en trabajos precarios y de baja remuneración, incremento de hogares con jefatura
de hogar femenina, migraciones femeninas y otros, que han ido erosionando los
sistemas sociales, los mecanismos garantes de la cohesión social y los sistemas
de protección social estatuidos institucional y culturalmente. Y es que al no existir
responsabilidades explícitas en el ámbito del cuidado por parte del Estado y de la
sociedad civil, se ha producido una crisis en este ámbito. A la par, ha habido una
expansión de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres como fenómenos
locales y mundiales a partir de la trata, que se ha convertido en una de las vías
perversas de acumulación de capital.
Por otra parte, la dependencia económica bajo diferentes modalidades y la falta de
autonomía económica de las mujeres se objetiviza en mujeres sin ingreso propio, sin
acceso a bienes y recursos, con limitadas posibilidades de empoderamiento para
acceder a espacios decisionales y contar con posiciones familiares, comunitarias y
sociales más ventajosas, y también limitadas posibilidades de reconocimiento, valo-
ración de su actual y de su potencial contribución económica. Reviste particular im-
portancia el caso de las mujeres que trabajan en el sector agrícola, quienes enfrentan
restricciones para el acceso a recursos productivos, como la tierra, y sin embargo se
les atribuye y exige responsabilidades de la producción agrícola y ganadera, tales
como la seguridad alimentaria.
Los cambios que se han operado en la producción industrial alimentaria y su
orientación exportadora provocan una crisis de la economía campesina con la
feminización de la agricultura en regiones de mayor pobreza. Esto da lugar a una
creciente precarización del trabajo rural, el multiempleo y las nuevas inserciones
laborales de las mujeres en el ámbito rural en rubros de agroexportación, de la
cadena de comercio y en segmentos de informalidad, que denotan nuevas formas
de explotación económica.

39
• Transformar la actual división sexual del trabajo, que pone a las mujeres en
situación de desigualdad
• Reconocimiento y valorización del trabajo de las mujeres en el ámbito laboral
• Redistribución equitativa de la riqueza entre hombres y mujeres
• Acceso a la propiedad privada y colectiva de la tierra, a la vivienda, a recursos,
a ingresos y a la protección social en igualdad de condiciones
• Reconocimiento de la corresponsabilidad social del cuidado y la priorización de
políticas para la conciliación entre el trabajo del cuidado y el trabajo remunerado
• Eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres en el ámbito
laboral
• Autonomía económica de las mujeres
• Igual remuneración por trabajo de igual valor
Agenda
Protección y generación de
condiciones para el ejercicio
de los derechos laborales
• Garantizar el trabajo digno de las mujeres, a través de
la protección de los derechos de las mujeres y la no
discriminación, según establecen las leyes y norma-
tivas laborales existentes y en elaboración, estable-
ciendo entre mujeres y hombres “igual remuneración
por trabajo de igual valor” (CEDAW, Recomendación
General Nº 13), así como sanción a la violencia laboral
y al acoso sexual en el ámbito laboral.
Protección social • Diseño e implementación de políticas para el acceso a
la seguridad social de corto plazo (salud) y largo plazo
(jubilación) de las mujeres que generan sus propias
fuentes de trabajo.
• Diseño e implementación de políticas de protección
social para las mujeres que realizan trabajo doméstico
y del cuidado no remunerado.

40
Corresponsabilidad social
del cuidado para la com-
patibilización del trabajo en
las familias y las actividades
laborales de generación de
ingresos
• Diseño e implementación de una política nacional de
corresponsabilidad social del cuidado.
• Esta política estatal debe tener como uno de sus ejes
centrales la implementación de un sistema integrado
de servicios de cuidado infantil desde el enfoque de
derecho, con la participación del sector público, el
sector privado y la sociedad civil.
• Cumplir la disposición de obligatoriedad del servicio
de cuidado infantil en las organizaciones públicas y
privadas con más de 50 trabajadores (incluidas las
estatales), estableciendo programas para el control,
vigilancia y sanción de su incumplimiento.
• Asignación presupuestaria para la subvención de
servicios de cuidado públicos y semipúblicos.
• Implementar con carácter obligatorio servicios que
permitan compatibilizar la actividad laboral con el
trabajo doméstico y de cuidado, bajo un carácter de
corresponsabilidad social y de democratización entre
hombres y mujeres.
• El Estado y el sector privado deben asumir la
implementación de servicios de cuidado de personas
con capacidades diferentes y personas de la tercera
edad o con enfermedades crónicas y/o terminales,
y brindar servicios de alimentación y lavanderías
accesibles.
• Diseño e implementación de instrumentos para
cuantificar y valorar el aporte económico de las
mujeres del trabajo doméstico no asalariado y del
cuidado, de acuerdo a la CPE.
Garantizar el trabajo digno
y sin discriminación de las
mujeres en el mercado de
trabajo
• Diseño e implementación de una política nacional
para garantizar el trabajo digno y sin discriminación
de las mujeres en el mercado de trabajo.
• Programas para el control, vigilancia y sanción del
acoso laboral y sexual en el Estado como empleador,
estableciendo las directrices para el sector privado y
público no estatal.
• Programas para el control, vigilancia y sanción de
prácticas discriminatorias contra las mujeres en el
proceso de contratación, desarrollo profesional y re-
muneración (igual remuneración por trabajo de igual
valor).

41
Apoyo y fortalecimiento a ini-
ciativas de emprendimiento
productivo de mujeres
para el apoyo y fortalecimiento a iniciativas de em-
prendimiento productivo de mujeres, promoviendo la
autonomía económica de las mismas.
• Formulación y aplicación de políticas de fortalecimien-
to del comercio justo interno y externo.
• Formulación y aplicación de políticas de
fortalecimiento de la organización autónoma de
mujeres productoras.
• Acceso oportuno y en igualdad de condiciones a
recursos financieros, tecnológicos, gerenciales y otros
para la producción, transformación y comercialización.
• Acceso a formación técnica y acceso tecnológico para
la producción.
Cumplimiento del Convenio
189la OIT de y de la
normativa vigente sobre el
trabajo asalariado del hogar
para el efectivo cumplimiento de la normativa vigente
y del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo asalariado
del hogar.
• Incluir los derechos establecidos de las trabajadoras
asalariadas del hogar en el nuevo Código Laboral.
• Sistema de registro, control y vigilancia de los derechos
ya reconocidos.
• Reglamentación específica para la inscripción de las
trabajadoras del hogar en la Caja Nacional de Salud.
Acceso a recursos • Gestión desde el Estado de estrategias de desarro-
llo económico plural y sostenible que garanticen y
prioricen una distribución equitativa en beneficio de
las mujeres.
• Generar condiciones y políticas que garanticen que
las mujeres accedan sin discriminación a recursos
para la producción, a la titularidad de los medios de
producción, a crédito, tecnología y al mercado laboral.
Acceso y titularidad de la
tierra
• Garantizar el cumplimiento de la normativa que
establece el derecho de las mujeres al acceso,
tenencia, herencia y titularidad de la tierra, privada y
colectiva.
• Redistribución de la tierra y acceso a recursos produc-
tivos a las mujeres, sin discriminación por su estado
civil o conyugal, en condiciones de calidad y tamaño
que le permitan su subsistencia.

42
• Garantizar la representación y participación de las
mujeres como titulares en los espacios de gestión de
la tierra y territorio.
• Generar procesos de capacitación e información
dirigidos a que las mujeres conozcan sus derechos
respecto al acceso y titularidad de la tierra, y la
exigencia de cumplimiento de los mismos.
• Garantizar que todas las mujeres accedan a la docu-
mentación que les permita obtener la titularidad de la
tierra.
Accesibilidad a crédito • Garantizar el acceso de las mujeres a programas de
crédito con bajos intereses y servicios financieros,
para que puedan desarrollar iniciativas productivas y
de generación de ingresos que les permitan cambios
radicales, de modo que no sigan perpetuando la sub-
sistencia.
• Otorgar condiciones y requisitos para un real acceso a
crédito orientado a mujeres de bajos ingresos y jefas
de hogar.
• Impulsar la creación de líneas de crédito de apoyo a
las iniciativas rurales de las mujeres, que contemplen
temas como garantías y servicios de asistencia técnica
y financiera.
Acceso a la propiedad de
vivienda
• Las políticas públicas de vivienda deben garantizar el
acceso y la titularidad de las mujeres, independiente-
mente de su estado civil o conyugal y de su condición
etaria.
• Flexibilizar las condiciones y requisitos de acceso al
crédito para vivienda, con énfasis en mujeres de bajos
ingresos y jefas de hogar o dirigidos específicamente
a éstas.
• Políticas públicas integrales de vivienda que garanti-
cen acciones afirmativas a favor de las mujeres jefas
de hogar, para resolver el déficit de vivienda de éstas.
• Garantizar el acceso a la documentación para la
propiedad de vivienda de las mujeres.

3. Agenda para la democratización
de las organizaciones sociales
mixtas y de mujeres

45
L
as organizaciones sociales han asumido un papel político importante en el
actual contexto, al constituirse, como parte de la sociedad civil, en espacios
en que las mujeres se integran para ejercer sus derechos como parte de
sectores sociales específicos, o como asociaciones exclusivas de mujeres
que pretenden defender un conjunto de derechos de diverso tipo. Las organizaciones,
sin embargo, han asumido otro papel: la demanda de ampliación de derechos que no
han sido reconocidos por el Estado, aunque también tienen objetivos más amplios
de interés sectorial, regional, departamental o nacional, como se ha expresado en la
dinámica política actual en la que las organizaciones sociales han desempeñado un
papel fundamental para acabar con un ciclo neoliberal e inaugurar una nueva fase
que dio lugar al proceso de cambio, al proceso constituyente y a la ampliación de la
democracia con una mayor participación en los asuntos de interés más general. Es
decir, fue el tejido social el que posibilitó proyectarse y ser decisivo para impulsar un
proceso de cambios estructurales en el país.
La democracia se caracteriza, en el actual contexto, por una intensa actividad
organizacional con intereses económico-productivos, políticos, culturales, religiosos,
etc. En estas organizaciones sociales existe una participación masiva de mujeres
en las llamadas organizaciones sociales mixtas y de mujeres. Si bien el papel de las
mujeres ha sido frecuentemente reconocido en forma discursiva por su participación y
aporte, los espacios organizacionales presentan déficit democráticos, especialmente
en relación a género.
Son espacios construidos en torno a modelos sindicales, de organizaciones
comunitarias tradicionales o bajo pautas empresariales, con la lógica patriarcal de
hegemonía masculina en sus directivas, en la toma de decisiones y en las formas
de participación, lo que termina restringiendo la participación de las mujeres o
excluyéndolas. Aun las organizaciones de mujeres están estructuradas bajo estos
modelos masculinizados, donde el ejercicio de la participación, del liderazgo, del
ejercicio dirigencial y de la interacción interna se rige por normas no escritas que son
discriminatorias y excluyentes.
Las pautas que definen las relaciones de género provocan, por un lado, que las
mujeres tengan menos posibilidades de acumulación cognitiva y de experiencia para
la participación política bajo los requerimientos actuales del ejercicio democrático
(lectura, escritura, oralidad, negociación, liderazgo, presencia pública, etc.), aunque
esta situación va cambiando. Por otro lado las mujeres, por tener casi toda la respon-
sabilidad del trabajo doméstico y del cuidado en la familia, están ante situaciones res-
trictivas y conflictivas para ejercer su derecho a participar, ser lideresas o dirigentas,
debiendo en muchos casos renunciar a una participación activa o de representación
pública y política al privilegiar el cuidado y la atención de sus hijos e hijas, el esposo
y la familia. En otros casos, cuando han asumido una responsabilidad dirigencial, los
costos personales y familiares son altos por las barreras en la familia y en la organi-
zación que deben enfrentar.

46
La mayor presencia de las mujeres participando en organizaciones y en cargos de re-
presentación pública ha permitido visibilizar las reacciones violentas de una sociedad
patriarcal, a través del acoso y la violencia política contra aquellas. Estos hechos, que
no son excepcionales, sino que afectan a muchas mujeres, ha desnudado cómo, de
manera individual o colectiva, se activan los dispositivos del patriarcado para restrin-
gir y evitar que éstas tengan una libre participación y presencia y voz en los espacios
decisionales. Es decir que la inclusión de las mujeres en espacios organizacionales
y de representación pública se da en un sistema político injusto y contrario a los
principios democráticos. Esta participación no tiene lugar en condiciones de igualdad
con los hombres; los mecanismos de discriminación y exclusión dominantes son
ejercidos por hombres y por mujeres que se han convertido en colaboradoras para
el funcionamiento de un sistema político patriarcal, que somete a la mayoría de las
mujeres y que reproduce y profundiza las desigualdades.
La reciente constitucionalización de los derechos políticos —entre los que figuran la
participación política paritaria, una legislación contra el acoso político y la violencia
política y la Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia—
carece de mecanismos que garanticen su cumplimiento. El Estado presenta límites
en el cumplimiento de la protección de los derechos o en el resguardo de los intereses
particulares y generales.
La transformación de las organizaciones a través de su democratización será una de
las vías para construir un tejido social capaz de profundizar la construcción democrá-
tica desde las propias organizaciones. Esta potencia de transformación se encuentra
en la capacidad de articular los intereses comunes para trascender a acciones colec-
tivas que cambien el actual estado de cosas y que limiten el ejercicio del monopolio
del poder, enfrenten las diversas formas de dominación y explotación y eviten que se
expropie y enajene la capacidad de participación de las mujeres.
Los ejes de la agenda para la democratización de las organizaciones sociales mixtas
y de mujeres son los siguientes:
3.1. Eje Democratización del poder y participación
política de las mujeres
• Redistribución del poder
• Democratización del tejido organizacional
• Mujeres con participación y representación política
• Mujeres con poder y autonomía política
• Mujeres con ejercicio de derechos

47
Agenda
Paridad y alternancia • Paridad y alternancia de las mujeres en las directivas
de las organizaciones mixtas.
Efectivo ejercicio de
derechos políticos
• Reconocimiento de las trayectorias de participación
política de las mujeres en la definición de las directivas
de las organizaciones sociales mixtas y de mujeres.
• Acceso a la información por parte de las y los integran-
tes de la organización respecto de los derechos de las
mujeres y, específicamente, de los derechos políticos
contenidos en la actual legislación.
Democratización de las or-
ganizaciones sociales
• Democratizar las estructuras de las organizaciones
sociales, garantizando la inclusión de 50% de mujeres
en instancias directivas y de decisión en las organiza-
ciones mixtas.
• Incluir la Agenda Política desde las Mujeres en las
agendas de las organizaciones sociales.
Ejercicio de poder • La participación de las mujeres en sus organizaciones
debe tener un efectivo poder de decisión, y se debe
respetar su autonomía política.
Derecho a la no violencia
en la participación política
• Garantizar una participación política de las mujeres
libre de violencia y acoso político en la organización.
• Estatutos y reglamentos de las organizaciones sociales
mixtas y de mujeres deben incluir las normas pertinen-
tes de la Ley N° 243, Ley contra el Acoso y la Violencia
Política, y de la Ley Nº 348, Ley Integral para una Vida
Libre de Violencia.
• Control social para el cumplimiento de la Ley Nº 243,
Ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las
Mujeres y de la Ley Nº 348, Ley Integral para Garan-
tizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, como
parte de las responsabilidades de la organización.
Control social • Control social para el cumplimiento de la CPE y del
conjunto de leyes que establecen los derechos de las
mujeres.

48
3.2. Eje Desmontaje cultural, simbólico y material
del patriarcado
• Desmontaje material y cultural del patriarcado
• Des-naturalización de la división sexual del trabajo
• Visibilización histórica de las mujeres en su actoría política
Agenda
Interaprendizaje • Diseñar e implementar acciones de interaprendizaje
internas y con otras organizaciones en torno a las causas
y condiciones de desigualdad de las mujeres.
• Reconocimiento y valorización del papel de las dirigen-
tas y lideresas y del trabajo de las mujeres en las orga-
nizaciones.
• Adoptar medidas que permitan visibilizar las situaciones
de discriminación hacia las mujeres en la vida de las or-
ganizaciones.
Cultura política con de-
mocracia de género
• Incluir principios y medidas en los estatutos y reglamen-
tos de las organizaciones que garanticen la igualdad y
equidad de género, de derechos, la no discriminación y
la no violencia en la vida de la organización.
Control social al sistema
educativo plurinacio-
nal con democracia de
género
• Control social para garantizar un sistema educativo que
incorpore en la currícula de todos los niveles un enfoque
despatriarcalizador, que cuestione y transforme las rela-
ciones de poder que oprimen a las mujeres y su invisibi-
lización histórica.
• Promover espacios de reflexión sobre género, masculini-
dades y despatriarcalización dentro de nuestras organi-
zaciones

49
Medios de comunicación • Exigir el cumplimiento de la normativa en relación al tra-
tamiento sexista, misógino y discriminatorio hacia las
mujeres en los medios de comunicación, de acuerdo a
la Ley N° 243, Ley contra el Acoso y la Violencia Política,
y a la Ley Nº 348, Ley Integral para una Vida Libre de
Violencia.
• Relacionamiento con medios de comunicación para
lograr el compromiso con una comunicación no estereo-
tipada, no discriminatoria, donde se reconozca la actoría
política de las dirigentas, lideresas y mujeres de base
en su protagonismo en los distintos campos de acción
de la organización, y no como población vulnerable, sin
victimizarlas.
3.3. Eje Garantías y condiciones para el ejercicio
del derecho a vivir libres de violencia
• Desnaturalización de la violencia
• Ruptura de la subordinación y sujeción de las mujeres, transformación de las
relaciones de poder
• Autonomía física, psicológica, sexual y simbólica de las mujeres
• Autonomía del cuerpo
• Empoderamiento personal
• No feminicidio
• No violencia, ni revictimización

50
Agenda
Cultura democrática y de
respeto a los derechos
de las mujeres y de par-
ticipación política libre de
violencia
• Difundir la Ley N° 243, Ley contra el Acoso y la Violencia
Política, y de la Ley Nº 348, Ley Integral para Garantizar
a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, dentro de la
organización.
• Asumir las responsabilidades delegadas por ley a las
organizaciones sociales respecto a la prevención y
sanción de toda forma de acoso y violencia política
hacia las mujeres.
• Incluir en los estatutos y reglamentos de la organización
medidas y contenidos derivados de la Ley N° 243, Ley
contra el Acoso y la Violencia Política, y de la Ley Nº
Libre de Violencia.
Participación política en
igualdad de condiciones
• Garantizar la participación de las mujeres en igualdad
de condiciones.
• Garantizar a las mujeres dirigentas de la organización
igualdad de condiciones para el ejercicio de sus respon-
sabilidades, en el marco de sus derechos de acceso a
la información y toma de decisiones autónomas, sin que
medien intimidaciones para suscribir decisiones contra-
rias a su voluntad o al interés general.
Control social • Control social a la aplicación de la Ley N° 243, Ley
contra el Acoso y la Violencia Política, y de la Ley Nº
Libre de Violencia.
• Control social para garantizar la aplicación de las
“Políticas Públicas Integrales: Vidas Dignas, Mujeres
Libres de Violencia”.
• Control social para garantizar la implementación de
políticas públicas nacionales y autonómicas concurren-
tes para garantizar ciudades como espacios públicos
seguros, no opresivos y sin violencia para las mujeres
(considerando todos los dispositivos de seguridad
pública).

51
3.4. Eje Autonomía y autodeterminación de los
cuerpos de las mujeres: reconocimiento y
condiciones para el ejercicio de los derechos
sexuales y derechos reproductivos
• Autonomía de las mujeres sobre su cuerpo, su sexualidad y la reproducción
• Toma de decisiones informada sobre el ejercicio de la sexualidad independien-
temente de la reproducción
• Mujeres como seres integrales, no reducidas a la dimensión reproductiva
Agenda
Generar condiciones
para el ejercicio de
derechos sexuales y
derechos reproductivos
• Informar acerca de los derechos sexuales y derechos
reproductivos de las mujeres, como el derecho a la
autonomía de las mujeres sobre sus cuerpos y a la
libertad de decidir respecto su sexualidad y la reproduc-
ción, sin presión ni ejercicio de poder, y su relación con la
participación en las organizaciones.
Control social a políticas
y servicios de salud
• Ejercer control social a las políticas y servicios de salud
para garantizar el acceso de las mujeres a servicios
de salud con calidad, interculturalidad y enfoque de
derechos, y que cuenten con infraestructura, insumos,
recursos humanos y financieros suficientes.

52
3.5 Eje Autonomía económica de las mujeres,
acceso equitativo a recursos, ingresos,
trabajo, oportunidades, reconocimiento de
su aporte económico y revalorización del
trabajo doméstico y de cuidado
• Transformar la actual división sexual del trabajo que pone a las mujeres en si-
tuación de desigualdad
• Reconocimiento y valorización del trabajo de las mujeres en el ámbito laboral
• Redistribución equitativa de la riqueza entre hombres y mujeres. Acceso a la
propiedad privada y colectiva de la tierra, a la vivienda, a recursos, a ingresos y
a la protección social en igualdad de condiciones
• Reconocimiento de la corresponsabilidad social del cuidado y la priorización de
políticas para la conciliación entre el trabajo del cuidado y el trabajo remunerado
• Eliminación de todas las formas de discriminación de las mujeres en el ámbito
laboral
• Autonomía económica de las mujeres
Agenda
Protección y generación
de condiciones para el
ejercicio de los derechos
laborales
• Control social para el cumplimiento de la normativa
laboral respecto a la protección de los derechos de las
mujeres y la no discriminación.
• Vigilar y participar en la elaboración de nuevas dispo-
siciones laborales garantizando los derechos laborales
conquistados, “igual remuneración por trabajo de igual
valor”, y la sanción de la violencia laboral y acoso sexual
en el ámbito laboral.

53
Protección social • Elaborar propuestas y estrategias para la implementa-
ción de políticas para el acceso a la seguridad social
de corto plazo (salud) y largo plazo (jubilación) de las
mujeres que generan sus propias fuentes de trabajo.
• Elaborar propuestas y estrategias para la formulación
de políticas de protección social para las mujeres que
realizan trabajo doméstico y del cuidado no remunera-
do.
Corresponsabilidad social
del cuidado para la com-
patibilización del trabajo
en las familias y las activi-
dades dirigenciales
• Reflexionar sobre el rol de las mujeres en la responsa-
bilidad de las tareas de cuidado y la participación en las
organizaciones.
• Plantear medidas para compatibilizar las tareas de
cuidado y la vida dirigencial.
• Reflexionar sobre la corresponsabilidad del cuidado en
las familias.
Garantizar el trabajo digno
y sin discriminación de las
mujeres en el mercado de
trabajo
• Incluir en las demandas laborales y otras de la organi-
zación demandas en torno a los derechos específicos
de las mujeres.

57
Anexo 1
Encuentro Nacional de 2013
Fecha y lugar del Encuentro Nacional Nº de participantes
La Paz 28 y 29 de noviembre de 2013 205
Nº Organización participante
1 Confederación Nacional de Mujeres Cam-
pesinas Indígenas Originarias de Bolivia
“Bartolina Sisa” – CMCIO BS
2 Ayllu Charcas
3 Federación Nacional de Trabajadoras del
Hogar de Bolivia – FENATRAHOB
4 Federación de Comerciantes Minoristas
5 Federación Departamental Cooperativistas
Mineros La Paz
6 SIMACO:
7 Confederación Nacional de Trabajadores
por Cuenta Propia – CNMTPCP
8 Federación Nacional de Cooperativistas
Mineros – FENCOMIN
9 Luces de América
10 Organización de Mujeres Juana Azurduy –
OMJA
11 Confederación Nacional de Mujeres
Indígenas de Bolivia – CNAMIB
12 Federación de Cafetaleros de Bolivia –
FECAFEB
13 Confederación Nacional de Ayllus y Marcas
del Qullasuyu – CONAMAQ
14 Asociación de Organizaciones de Producto-
res Ecológicos de Bolivia – AOPEB
15 Confederación Sindical de Mujeres de
Comunidades Interculturales de Bolivia –
CSMCIB
16 Federación Regional de Cooperativas
Auríferas – FERRECO
17 Centro Afroboliviano para el Desarrollo
Integral y Comunitario – CADIC:
18 Organización de Mujeres de San Lorenzo
Rostro de Mujer
19 Organización de Mujeres Aimaras del
Kollasuyo – OMAK
20 Cooperativa Productora de Café - Nakhaki
21 Federación de Regantes de Cochabamba -
FEDECOR
22 Organización Indígena Chiquitana – OICH
23 FERMAY
24 Confederación Indígena del Oriente
Boliviano – CIDOB
25 AMUPPODES MYA
26 FECOMAN
27 Comité Integrador de Organizaciones Eco-
nómicas Campesinas de Bolivia - CIOEC
Nº Instituciones
1 Viceministerio de Descolonización
2 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria
Apaza – CPMGA
3 Centro de Investigación y Acción
Campesina - Potosí – CIAC
4 ONU Mujeres
5 IDEA Internacional
6 Instituto Politécnico “Tupac Katari” – IPTK
7 Equipo de Comunicación Alternativa de
Mujeres – ECAM
8 Centro de Capacitación y Servicios para la
Integración de la Mujer – CECASEM
9 Centro de Investigación y Promoción del
Campesinado – CIPCA
10 Centro de Formación Política para Mujeres
– CCIMCA
11 Fundación La Paz
12 Centro Juana Azurduy – CJA
13 Casa de la Mujer
14 Centro de Capacitación y Acción de la
Mujer Campesina de Tarija – CCIMCAT
15 Mujeres en Acción

58
16 Acción Ecuménica Sueca - DIAKONIA
17 Conexión Fondo de Emancipación
18 Agencia Boliviana de Información ABI
19 Red Patria Nueva
20 Centro de Apoyo a la Mujer y a la Niñez
–– CAMN
21 Agencia Española para la Cooperación In-
ternacional y Desarrollo – AECID
Encuentros departamentales 2014
Departa-
mento
Fecha y lugar
del taller
departamental
Nº de
participantes
Potosí 7 de febrero
Local Tuko’s Casa
Real, C. Hoyos Nº
29
82
Pando 10 de febrero
Salón “Bernardino
Racua” CIPCA, C.
Celio Lima Pizarro
33
Chuqui-
saca
12 de febrero
Hotel Independen-
cia, C. Calvo Nº 31
80
Tarija 14 de febrero
Salón “El Marques”,
C.La Madrid Nº 372
(Plaza Principal)
79
Santa
Cruz
18 de febrero
Salón Hotel
“Misional”, C. Ingavi
esq. Independencia
63
La Paz 20 de febrero
Salón “Sky Room”
del Hotel Gloria,
Calle Potosí
130
Oruro 21 de febrero
Hotel “El Edén”,
Plaza 10 de Febrero
75
Cocha-
bamba
Jueves 27 de
febrero, Salón
Embajador, del
Hotel “Ambassador”,
C. España.
79
TOTAL 621
Organizaciones participantes en el
taller realizado en el departamento
de Potosí
1 Federación Departamental de Juntas
Vecinales
2 Foro Político de Mujeres
“Bartolina Sisa”
4 Federación de Mujeres Socias Cooperati-
vistas Mineras
5 Federación de Mujeres Profesionales Uni-
versitarias
6 Sindicato de Trabajadoras del Hogar Potosí
7 Federación de Trabajadoras por Cuenta
Propia (minoristas)
8 Federación de Bisexuales y Transexuales
9 Organización de Jóvenes Voluntarias de
Potosí
10 Trabajadoras Sociales Comunitarias
11 Organización Sayary Warmis
12 Organización de Mujeres Productivas
13 Instituto de Investigación Universidad
14 Defensoría del Pueblo
15 AACPADAR Tupiza
16 Asamblea de Derechos Humanos de Potosí
17 Federación de Maestros Fe y Alegría
18 Federación Sud Uyuni
19 Organización Mujeres CASIM
20 Consejo de Ayllus Originarios de Potosí
21 Asociación Mujer DEL
22 Federación de Gremiales Potosí
23 Centro de Madres Rijcharina
24 Organización de Trabajadoras Sexuales
25 Comité de Vigilancia
26 MUSOL Potosí
27 CSMCIB: Confederación Sindical de
Mujeres de Comunidades Interculturales
de Bolivia
28 IDES

59
Nº Instituciones
1 Tribunal Electoral Departamental de Potosí
2 Servicio Intercultural de Fortalecimiento
Democrático
3 Dirección Departamental de Género
4 Centro de Investigación y Acción
Campesina – CIAC – Potosí
5 Universidad Autónoma Tomas Frías
de Pando
2 Confederación Nacional de Mujeres
Indígenas de Bolivia – CNAMIB
3 Sindicato de Trabajadoras del Hogar
4 Organizaciones de mujeres del municipio
de Bella Flor
de Cobija
de Santa Rosa del Abuná
de Villa Nueva
de Puerto Rico
de Porvenir
de Bolpebra
Nº Instituciones
1 Tribunal Electoral Departamental de Pando
Campesinado – CIPCA:– NorteAmazónico
Nº Autoridades Instancia/organi-
zación política
1 Trinidad Flores Presidenta Concejo
Municipal de Santa
Rosa del Abuná
2 Delmira Diez Concejala del
municipio de Bella
Flor
3 Janeth Ventura Concejala del
municipio de Porvenir
4 Karina Oshiro Concejala del
municipio de Porvenir
de Chuquisaca
1 Federación Única de Pueblos Originarios
de Chuquisaca
2 Federación de Juntas Vecinales
3 Centro Afroboliviano para el Desarrollo
integral y Comunitario – CADIC
4 Red de Lucha Contra la Violencia en
Razón de Género
5 Sindicato de Trabajadoras Asalariadas del
Hogar
6 Organización de Mujeres Líderes
Vencedoras
7 Trabajadoras por Cuenta Propia
8 Coordinadora de la Mujer Sucre
9 Federación de Mujeres Bartolina Sisa
10 Mujeres Líderes Emprendedoras
11 Consorcio Boliviano de Juventudes
12 Articulación de Mujeres por la Equidad e
Igualdad – AMUPEI
13 SATEPAS
14 Sayary Warmi
15 Fundación APRECIA
16 PROINDES

60
CSMCIB
18 Confederación de Microempresarios y
Comerciantes Minoristas
19 Juventud Boliviana por un Futuro –
Siembra Juventud
20 Instituto Politécnico Túpac Katari – IPTK
21 Asamblea Permanente de Derechos
Humanos
22 FUMTPOCH – BS
Nº Instituciones
1 Tribunal Electoral Departamental de Chu-
quisaca
Democrático
3 Instituto Politécnico Túpac Katari – IPTK
4 Centro Juana Azurduy
5 Universidad Mayor y Pontificia de San
Francisco Xavier – UMSFX
6 Servicio Legal Integral Municipal SLIM
7 Dirección Departamental de Igualdad de
Oportunidades
Nº Organizaciones políticas
1 Agrupación Ciudadana Adelante Vecinos
2 PAIS
de Tarija
2 Federación de Gremialistas de Tarija
3 Plataforma de Mujeres
4 Federación de Trabajadores Eventuales –
PLANE
5 Mujeres Productoras de Tarija - OTAR
6 Sindicato Comunal
7 Territorio Indígena Weenhayek
8 Red de Mujeres
9 Organización de Mujeres del Municipio
Bermejo
10 Bartolina Sisa de Padcaya
11 Bartolina Sisa de Uriondo
12 Bartolina Sisa de Yunchará
13 Comunidades interculturales
14 Comité Cívico de Tarija
15 Federación de Juntas Vecinales
16 Comunidad El Puente
17 Asociación de Mujeres
18 Organización de Mujeres del municipio de
Padcaya
19 Mujeres Productoras de Bermejo
20 Sindicato de Trabajadoras del Hogar Asa-
lariadas
Nº Instituciones
1 Tribunal Electoral Departamental de Tarija
Democrático
3 ECAM - Equipo de Comunicación Alterna-
tiva con Mujeres
4 CCIMCAT - Centro de Capacitación e In-
vestigación de la Mujer Campesina de
Tarija
5 Universidad Autónoma Juan Misael
Saracho
zación política
1 Segunda Díaz Concejala Municipio
de Yunchará

61
1 Agrupación UNIR
2 UN
de Santa Cruz
1 Federación de Mujeres Camiri
2 Articulación de Mujeres por la Equidad y la
Igualdad – AMUPEI
3 Plataforma de la Mujer contra la Violencia
4 Junta Vecinal Distrito 7
5 Organización Vecinal distrito 10
6 Junta Vecinal
7 Asociación Distrital Andrés Ibáñez
8 Organización Indígena Chiquitina – OICH
9 Encuentro Social Alternativo – ESA
10 Central de Mujeres distrito 3
11 Organización de Mujeres Municipio el
Puente / Guarayos
12 Trabajadores por Cuenta Propia
13 JVRNML
14 FSTPB
FECAFEB
16 Federación de Trabajadores por Cuenta
Propia
17 MINGA/ Asociación de Organizaciones de
Productores Ecológicos de Bolivia AOPEB
18 Federación Departamental de Cooperati-
vas Mineras FEDECOMIN – Santa Cruz
19 EPUA Kuñatai
20 CNAMIB: Confederación Nacional de
Mujeres Indígenas de Bolivia.
21 Sindicato de Trabajadoras Asalariadas de
Santa Cruz
22 CADIC: Centro Afroboliviano para el Desa-
rrollo Integral y Comunitario
23 Federación Sindical de Mujeres Campesi-
nas Bartolina Sisa San Julián
24 Red Nacional Mujeres Líderes / Junta
Vecinal
25 Fundación Levántate Mujer
CSMCIB
Nº Instituciones
1 Tribunal Electoral Departamental de Santa
Cruz
Democrático
3 Casa de la Mujer
4 Cámara de Diputados
Nº Autoridades Instancia/organiza-
ción política
1 Antonia Iray Asambleísta Departa-
mental
de La Paz
1 Asociación de Concejalas de La Paz –
ACOBOL
2 Asociación de Centros de Madres
3 Federación de Juntas Vecinales – FEJUVE
– El Alto
4 Federación de Mujeres de El Alto
5 Articulación Mujeres por la Equidad –
AMUPEI
6 Organización de Mujeres del Kollasuyu –
OMAK
7 Alianza de Mujeres de La Paz

62
8 Federación de Gremiales
10 Consejo Nacional de Ayllus y Markas del
Qullasuyu – CONAMAQ
11 Centro Afroboliviano para el Desarrollo –
CADIC
12 SIMACO – Bartolina Sisa
13 Sindicato de Trabajadoras del Hogar –
SITRAHOB
14 FDGALP
15 Instituto Francés de Estudios Andinos –
IFEA
16 Federación de Cooperativas Mineras de
Bolivia – FENCOMIN
17 Central Illimani
18 Centro de Madres
19 OMAK del municipio de Pukarani
20 Provincia Aroma Municipio/ Calamarca
Lideresas
21 Organización de Vendedoras de Prendería
y Ropa a Medio Uso
22 Organismo de Participación Social /
Mujeres
23 Asociación de Productores Ecológicos de
Bolivia – AOPEB
25 Provincia Ingavi. San Andrés de Machaca –
Bartolina Sisa
26 Organización Mujeres Provincia Muñecas /
Bartolina Sisa
27 Comunidades Interculturales / Beni
28 Federación de Micro y Pequeños Empresa-
rios – FEDEMYPE
29 Organización Modesta Sanjinés
30 Comerciantes Artesanas
31 OMAK – Organización de Productoras
Mujeres de Leche
32 Sindicato Trabajadoras Asalariadas de La
Paz
33 Centro de Madres Juana Azurduy
34 Central Quiquibey
35 Federación de Gremiales y Artesanos de
La Paz
36 Comité Nacional Cuenta Propia
37 Federación Mujeres de la Ciudad de El Alto
Nº Instituciones
1 Tribunal Supremo Electoral
2 Tribunal Electoral Departamental de La
Paz
Democrático – SIFDE
4 Centro de Capacitación y Servicio para la
Mujer – CECASEM
5 Fundación La Paz
6 Centro de Promoción de la Mujer Gregoria
Apaza
Campesinado – CIPCA, Altiplano
8 Centro de Información y Desarrollo de la
Mujer – CIDEM
zación política
1 Rocío Lima

Asambleísta Departa-
mental MAS
2 Wilma Magne Asambleísta Departa-
mental MSN
3 Claudia Bravo Asambleísta Departa-
mental UN
4 Claudia Bonilla Mujeres Unidas en
Acción UN
5 Rosenda Castillo Asambleísta Departa-
mental - Movimiento
Por la Soberanía
(MPS)
6 Reyna Isabel
Chambi
Asambleísta
municipio de Guaqui
7 Sonia Salgado
Quispe
Asambleísta
municipio de Ayo Ayo
8 Ruth Condori Asambleísta
Provincia Loayza
9 María Calcino Concejal Suplente de
La Paz
10 Virginia Mamani Concejal de
Carabuco

63
1 Movimiento al Socialismo – MAS
2 Movimiento Sin Miedo – MSM
3 Unidad Nacional – UN
de Oruro
1 Foro Ciudadano AMUPEI – EBA
2 Jubilados Nuevo Sistema Oruro
3 Cooperativa Minera Nueva “La Joya”
4 Cooperativa Minera Totoral
5 Federación Departamental de Juntas
Vecinales de Oruro
6 Junta Vecinal Santa Ana II – A
7 Junta Vecinal Juan Pablo II
8 Junta Vecinal Miraflores
9 Junta Vecinal Litoral
10 Sindicato de Trabajadores de la Universi-
dad Técnica de Oruro
11 Defensoras comunitarias / Defensoría de
la Niñez y la Adolescencia
12 Organización de Desarrollo Integral – ODI
13 Sindicato de Trabajadoras del Hogar de
Oruro
14 Confederación Nacional de Mujeres Traba-
jadoras por Cuenta Propia y Gremiales
de Oruro
16 Federación Departamental de Trabajado-
res Gremiales de Oruro
17 Mercado San Pedro
18 Sindicato Velasco Galvarro (gremiales)
19 Mercado Kantuta
20 Sindicato K’oritica (gremiales)
21 Cooperativa Minera Poopó Ltda.
22 Municipio El Choro (provincia Cercado)
23 Federación de Maestros Jubilados de
Oruro
24 Comité Intersectorial de Mujeres
25 Productores de Quinua Caracollo
26 Centro Cultural Virgen del Socavón
27 Centro de Madres Santa Rita
28 Provincia Poopó
29 Federación de Trabajadores de Salud
Pública de Oruro
30 Federación de Trabajadores Fabriles de
Oruro
31 Federación Departamental de Mujeres
Campesinas “Bartolina Sisa”
32 Federación de Cooperativas Mineras de
Bolivia
33 Consejo Departamental del Adulto Mayor
34 Federación Departamental de Trabajado-
res en Educación Urbana de Oruro
35 Asociación Comunitaria del Distrito 1
36 Federación Departamental de Panificado-
res de Oruro
37 Central Obrera Departamental de Oruro
38 Federación Departamental de Clubes de
Madres
39 Organización del Pueblo Uru Murato
Nº Instituciones
1 Tribunal Electoral Departamental de Oruro
Democrático – SIFDE
3 Consultorio Jurídico Integral para la Mujer
4 Centro de Capacitación Integral de la
Mujer Campesina – CCIMCA
zación política
1 Angélica Llampa
F.
Concejala Gobierno
Autónomo Municipal
de Toledo
2 María Llarra C. Concejala Gobierno
Autónomo Municipal
de Corque
3 Jacquelin Funes
M.
Representante de
la senadora Sandra
Soriano

64
1 Movimiento sin Miedo – MSN
2 Movimiento al Socialismo – MAS
3 Unidad Nacional – UN
4 Movimiento San Felipe de Austria
de Cochabamba
1 Plataforma de Mujeres por la Ciudadanía y
la Equidad
2 Comité Impulsor de Lideresas y Dirigentas
de OTB
3 Federación de Mujeres Bartolina Sisa
4 Federación del Trópico – Interculturales
6 Junta Escolar Municipio Tiquipaya
7 Red de Lucha contra la Violencia – Fe y
Alegría
8 Asociación de Regantes Tiquipaya
9 Plataforma de Mujeres - Sacaba
12 Control Social San Benito
13 Asociación de Adulto Mayor
14 Ayllus Cochabamba – COAMAC
15 Concejo de Indígenas – CIRIS
16 Red de trabajadoras de la información y Co-
municación – Red ADA
17 Organización Unidad Nueva Esperanza de
Colcapirhua
Tiquipaya
Vinto
Capinota
Arbieto
22 Organización de Mujeres de Bulo Bulo –
Entre Ríos
San Benito
24 Organización de Mujeres del Valle Alto
25 Asociación de Organizaciones Productoras
Ecológicas de Bolivia – AOPEB
FECAFEB
Nº Instituciones
1 Tribunal Electoral Departamental de
Cochabamba
Democrático
3 Universidad Mayor de San Simón – UMSS
4 Instituto de Formación Femenina Integral –
IFFI
5 Centro de Apoyo a la Mujer y a la Niñez –
CAMN
zación política
1 María Isabel Caero Concejala MAS
2 Shirley Franco

Concejala TCP (Todos
por Cbba)
3 Soledad Delgadi-
llo
Asambleísta Dptal.
MAS
4 Roxana Neri

Asambleísta Dptal.
Frente Amplio
5 Flora Caldearon Concejo Municipal de
Morochata
6 Cinda Gutiérrez Concejo Municipal de
Morochata
7 Norma Escobar

Concejo Municipal de
Morochata
8 Janetth Román

Aiquile
9 Betty Vásquez

Aiquile
1 Movimiento Demócrata (6)
2 Frente Amplio Victoria
3 Movimiento Sin Miedo – MSM (2)
4 Poder Vecinal – Vinto
5 AMEI
6 UNE

65
Anexo 2
Normativa nacional de género y derechos
Norma nacional Nº de ley Fecha
Ley Integral para Garantizar a las Mujeres unaVida Libre deViolencia Ley 348 09/03/2013
Ley de Regulación del Trabajo Asalariado del Hogar Ley 2450 09/03/2003
Ley Orgánica del Ministerio Público Ley 260 11/07/2012
Ley del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana “Para una Vida
Segura”
Ley 264 31/07/2012
Ley 263 Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas Ley 263 31/07/2012
Ley Contra el Acoso y la Violencia Política en Razón de Género Ley 243 28/05/2012
Ley de Deslinde Jurisdiccional Ley 073 29/12/2010
Ley de Educación “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” Ley 070 20/12/2010
Ley Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación Ley 045 08/10/2010
Ley Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez” Ley 031 19/07/2010
Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional Ley 027 06/07/2010
Ley de Régimen Electoral Ley 026 30/06/2010
Ley del Órgano Judicial Ley 025 24/06/2010
Ley del Órgano Electoral Plurinacional Ley 018 16/06/2010
Ley de Modificaciones al Sistema Normativo Penal Ley 007 18/05/2010
Ley de Protección Legal de Niñas, Niños y Adolescentes Ley 054 08/11/2010
Ley de Protección a las Víctimas de Delitos Contra la Libertad Sexual Ley 2033 29/10/1999
Ley del Notariado Plurinacional Ley 483 25/01/2014
Ley del Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima Ley 464 19/12/2013
Ley de Organizaciones Económicas Campesinas Indígenas Origi-
narias, OECAS, y de Organizaciones Económicas Comunitarias,
OECOM, para la Integración de la Agricultura Familiar Sustentable
y la Soberanía Alimentaria
Ley 338 26/01/2013
Ley de Protección a Nacionales y Pueblos Indígenas Originarios en
Situación de Alta Vulnerabilidad
Ley 450 04/12/2013
Ley para la Prevención del VIH-sida, protección de los derechos
humanos y asistencia integral multidisciplinaria para las personas
que viven con el VIH-sida
Ley 3729 08/08/2007
Ley del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) Ley 2426 21/11/2002
Ley de Ampliación del Seguro Universal Materno Infantil (SUMI) Ley 3250 05/12/2005

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