Derecho penal especial

1. República Bolivariana de Venezuela
Vice - Rectorado Académico
Decanato de Ciencias Jurídicas y Políticas
Escuela de Derecho
Integrante:
María Vanessa Martínez
C.I: 24.364.517
Sección: SAIA-B
Profesora: Nilda Singer

2. REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
EN SU NOMBRE
JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO,
PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE, AGRARIO Y BANCARIO
DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA
EXPEDIENTE Nº 1.861
En el juicio que por DAÑO MORAL accionara la ciudadana NELLY AUDEY
GARCÍA GARCÍA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°
V-10.145.873, representada por los abogados PEDRO CASTILLO ROJAS y
RAINER ROLLANS RODRÍGUEZ PARRA, venezolanos, mayores de edad,
titulares de las cédulas de identidad números V-3.070.033 y V-10.145.930, inscritos
en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 17.276 y 62.434 y
de este domicilio; contra el ciudadano MIGUEL JACOBO SUPELANO
CÁRDENAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-
5.673.398, representado judicialmente por los abogados JUAN LORENZO
ECHEVERRIA y ABELARDO RAMÍREZ, venezolanos, mayores de edad, titulares
de las cédulas de identidad números V-12.231.705 y V-12.229.658, inscritos en el
Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 74.870 y 74.441; conoce
esta Alzada del presente expediente con motivo del RECURSO DE APELACIÓN
que ejercierael abogado ABELARDO RAMÍREZ en fecha 10 de julio 2008, contra
la decisión dictada el 20 de junio de 2008 por el Juzgado Segundo de Primera
Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del
estado Táchira, la cual declaró: PARCIALMENTE CON LUGAR LA DEMANDA
INTERPUESTA POR LA CIUDADANA NELLY AUDEY GARCÍA GARCÍA
CONTRA EL CIUDADANO MIGUEL JACOBO SUPELANO CÁRDENAS POR
DAÑO MORAL; LO CONDENÓ A PAGAR UNA INDEMNIZACIÓN

3. PECUNIARIA POR LA CANTIDAD DE CUARENTA MIL BOLÍVARES (BS.
40.000,00);Y LE ORDENÓ PUBLICAR UN AVISO EN EL DIARIO LA
NACIÓN, CON UN TAMAÑO QUE PERMITA LA FÁCIL LECTURA DE LO
SIGUIENTE: “YO, MIGUEL JACOBO SUPELANO CÁRDENAS, TITULAR DE
LA CÉDULA DE IDENTIDAD NÚMERO V-5.673.398, DECLARO QUE LA
CIUDADANA NELLY AUDEY GARCÍA GARCÍA, TITULAR DE LA CÉDULA
DE IDENTIDAD NÚMERO V-10.145.873, DE PROFESIÓN ABOGADA, ES
UNA PERSONA RESPONSABLE, HONESTA Y QUE NO HA TENIDO NI
TIENE OBLIGACIÓN PECUNIARIA CON MI PERSONA NI CON LA
EMPRESA DE MI PROPIEDAD “INVERSIONES JACOB”S SECURITY C.A.”,
POR TAL RAZÓN ME RETRACTO DE LAS NOTIFICACIONES DE FECHAS
12 Y 16 DE ABRIL DE 2000, PUBLICADAS EN EL DIARIO LA NACIÓN, EN
SU CONTRA. San Cristóbal, Municipio San Cristóbal, estado Táchira”.
I
ANTECEDENTES
A los folios 1 al 19 corre inserto libelo de demanda por daño moral junto con sus
respectivos anexos relacionados con la causa penal signada bajo el N° 3J-114-00
(folios 20 al 263), incoada por la ciudadana NELLY AUDEY GARCÍA GARCÍA
contra el ciudadano MIGUEL JACOBO SUPELANO CÁRDENAS. Por auto de
fecha 15 de junio de 2004 (folio 264) el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo
Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial, formó expediente, le
dio entrada y el curso de ley correspondiente, acordándose emplazar al demandado.
Corren insertas a los folios 267 al 271 las actuaciones relacionadas con la citación
del demandado identificado plenamente en autos.
En la oportunidad procesal para dar contestación a la demanda la representación
judicial del demandado mediante escrito procedió a promover la cuestión previa
contenida en el ordinal 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil (folios
272 al 275).
A los folios 276 y 277 corre poder autenticado otorgado por el demandado a los
abogados LORENZO ECHEVERRIA y ABELARDO RAMÍREZ.
Mediante escrito fechado 25 de agosto de 2004 los abogados PEDRO CASTILLO
ROJAS y RAINER ROLLANS RODRÍGUEZ PARRA, procedieron a contestar la
cuestión previa opuesta por el demandado (folios 282 al 286).
El 6 de septiembre de 2004 el abogado ABELARDO RAMÍREZ promovió sus
pruebas en la incidencia de cuestiones previas (folio 290). En fecha 31 de marzo de
2005 (folios 295 al 297) es proferida la correspondiente decisión relacionada con la
incidencia de cuestiones previas, declarando sin lugar la alegada y contenida en el
numeral 11 del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil.
Mediante escrito del 14 de junio de 2005 el abogado ABELARDO RAMÍREZ en
representación del demandado contestó la demanda (folios 306 y 307).
Llegada la oportunidad para presentar pruebas, mediante escrito de fecha 14 de julio
de 2005 (folio 309), la parte demandada promovió las suyas. Por escrito del 14 de
julio de 2005 (folios 311 al 315), la parte demandante hizo lo propio.

4. A los folios 333 al 360 corre inserta la decisión apelada relacionada ab initio. En
fecha 10 de julio de 2008 (folio 367) el abogado ABELARDO RAMÍREZ apeló de
la misma; por auto de fecha 17 de julio de 2008 el a quo oyó la apelación en ambos
efectos y ordenó remitir el expediente al Juzgado Superior Distribuidor
correspondiente (folio 368).
En fecha 23 de julio de 2008 este Juzgado Superior recibió el presente expediente,
dándole entrada y el curso de ley correspondiente e inventariándolo bajo el N° 1861
(folios 370 y 371); y en fecha 5 de diciembre de 2008 la representación del
demandado presentó escrito de informes por ante esta Alzada (folios 372 al 378).
II
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
La parte actora en su escrito libelar argumentó lo siguiente:
“…En fecha 12 de Julio de 2.000, presenté querella penal contra el ciudadano
MIGUEL JACOBO SUPELANO CARDERNAS,…, por el Delito de
DIFAMACIÓN E INJURIA, tipificados en los artículos 444 y 446, del Código
Penal Vigente, por publicaciones hechas el día 12 de Abril de 2.000, Cuerpo B,
página 8 parte inferior derecha y el día domingo 16 de Abril de 2.000, Cuerpo B,
página 4 parte inferior derecha del Periódico “Diario La Nación” en esta ciudad de
San Cristóbal.
De las actuaciones contenidas en el expediente penal No. 3J-114-2.000, ya
terminado, llevado por el Juzgado Tercero de Juicio en lo Penal de esta
Circunscripción Judicial, que actuó como Tribunal de la causa, que en copia
debidamente certificada acompaño marcada “A” como parte integrante del presente
libelo, se evidencia que el ciudadano JACOBO SUPELANO CÁRDENAS,…,
incurrió en la presunta comisión del delito de Difamación e Injuria atribuyéndome a
mi, es decir, a NELLY AUDEY GARCÍA GARCÍA, … obligaciones de carácter
pecuniarias y en las que me atribuía graves irregularidades cometidas en la Junta de
Condominio “Centro Comercial Los Mangos”, por lo que ante las difamantes e
injuriosas imputaciones proferidas por MIGUEL JACOBO SUPELANO
CARDENAS en los medios periodísticos procedí a entablar como en efecto lo hice,
formal Querella por Difamación e Injuria… .
…Recibidas las actuaciones por parte del Juzgado de Primera Instancia en
Funciones de Juicio, éste dictó Sentencia en fecha 21 de julio de 2001 en los
siguientes términos:
PRIMERO: Se declara el sobreseimiento de la causa a favor del Ciudadano:
MIGUEL JACOBO SUPELANO CARDENAS,…, por la causa seguida en su
contra a instancia de parte por la ciudadana NELLY AUDEY GARCIA GARCIA,
por operar de pleno derecho la prescripción extraordinaria de la acción penal de los
delitos de DIFAMACIÓN E INJURIA previstos y sancionados en los artículos 444
y 446 del Código Penal,…
…Contra la proferida sentencia se ejerció el recurso de apelación por haberse
omitido la valoración de cada una de las pruebas, tanto de la parte Querellante como
del Querellado, por cuanto era necesario como requisito previo la determinación

5. precisa del cual es el delito cometido. Tanto en la prescripción ordinaria como en la
prescripción judicial, hecho éste que nos atañe en la presente causa, ambos casos
presuponen necesariamente, la existencia de un delito, PORQUE UNA ACCIÓN
NO PUNIBLE NO PUEDE PRESCRIBIR, de ahí que, para declarar la prescripción
sea imprescindible establecer previamente la corporeidad del hecho punible de que
se trate…
Recibidas las actuaciones nuevamente por la Corte de Apelaciones del Circuito
Judicial Penal del Estado Táchira, la misma dictó sentencia en fecha 22 de Octubre
de 2.003 y acogió el criterio sustentado por el apoderado de la Querellante… y la
Corte al respecto en las consideraciones de la sentencia, textualmente señaló:
…SEGUNDO: En cuanto a la determinación del cuerpo del delito, analizada la
decisión recurrida, observa esta Sala que el Juez de juicio en el Capítulo II del fallo
hizo una relación de lo que constituye el hecho que le fue imputado al querellado,
específicamente del delito de difamación e injuria, señalando los elementos en que
se fundamentó tal imputación, específicamente las publicaciones hechas en el Diario
La Nación y todas las circunstancias relacionadas con los hechos que fueron
expuestas por la querellante para fundamentar su querella.
Igualmente se observa que el Juez de la recurrida, una vez que señala los elementos
que determinaron la comisión de los delitos de difamación e injuria, y que
constituyeron el objeto de la presente querella en el capítulo III del fallo recurrido
señala expresamente lo siguiente: “La presente causa se iniciará (sic) con motivo de
los hechos ocurridos los días doce (12) y dieciséis (16) de Abril de 2.000, fueron
calificados por la parte acusadora en los tipos penales de difamación e injuria,
previstos y sancionados en los artículos 444 y 446 del Código Penal
respectivamente. Se evidencia que el hecho objeto de litis, culminó su
materialización el día dieciséis (16) de Abril de 2.000, si bien es cierto que ha estado
interrumpido por diferentes motivos, unas atribuibles al imputado y otras a la parte
querellante… permitieron que el transcurso del tiempo operara y dilatara la
realización del proceso, como es sabido la prescripción opera ope legis, esto es, de
pleno derecho se hace necesario revisar por qué causa se prolongó durante el tiempo
el juicio…”.
De lo expuesto se infiere que efectivamente en el fallo recurrido SI HUBO
DETERMINACIÓN DEL CUERPO DEL DELITO, por lo que no le asiste la razón
a la querellante, cuando alega que no podía decretarse la prescripción, sin haberse
decretado previamente la corporeidad del delito. …
…Como podrá observar, Ciudadano Juez, con la sentencia definitivamente firme
dictada por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira,
en la que se determinó efectivamente la existencia y comprobación de la corporeidad
del delito y por lo tanto la comisión del delito de DIFAMACIÓN E INJURIA, cuya
prescripción ha sido decretada y confirmada por la misma Corte de Apelaciones, es
evidente que configurada como ha quedado la actuación delictual del querellado,…,
debe responder mediante la acción civil por el daño moral causado a la
Querellante… .

6. CONCLUSIÓN SOBRE LOS HECHOS
...Ciudadano Juez, los hechos anteriormente explanados demuestran de una manera
indubitable y convincente que las publicaciones de prensa que fueron objeto de la
Querella Penal y que configuró la comisión de los delitos de DIFAMACIÓN E
INJURIA son un hecho cierto que tales imputaciones difamatorias de orden
delictivo, son lesivas hacia mi reputación, decoro y honor al exponerme al escarnio
público y con ello constituye un hecho GENERADOR Y DESENCADENANTE
DEL DAÑO MORAL, invoco la tutela Jurisdiccional a fin de que el sujeto agente
indemnice en derecho el mal que me ha causado, de consecuencia gravosa e
irreversible; toda vez que las imputaciones proferidas en mi contra por los medios
impresos de la región no pudieron ser probadas y como consecuencia de ello la
configuración de la conducta delictual del querellado… .
PETITORIO FINAL
En base a los razonamientos y fundamentos expuestos en el presente libelo y
después de haber agotado infructuosamente las vías extrajudiciales tendientes a la
reparación del DAÑO MORAL que se ha infringido, por cuanto está demostrado el
abuso de derecho en que incurrió MIGUEL JACOBO SUPELANO CARDENAS en
mi perjuicio, lo cual configura y demuestra el hecho ilícito generador del gravísimo
DAÑO MORAL que he sufrido y determina la procedencia de la indemnización
reclamada y con el carácter de víctima ocurro ante su competente autoridad para
demandar, como en efecto formalmente demando a MIGUEL JACOBO
SUPELANO CARDENAS…, en su carácter de agraviante, para que me pague a
título de indemnización, o en su defecto a ello sea condenado, en atención a los
elementos valorativos expresados en este libelo y salvo mejor criterio del Tribunal,
la cantidad de DOSCIENTOS MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 200.000.000,00)
por concepto de justa reparación por el gravísimo e irreversible DAÑO MORAL que
me ha causado con su proceder infundado, persistente y lesivo contra mi honor y
otros derechos de mi personalidad. Demando igualmente el pago de las respectivas
costas procesales.,…”.
En la oportunidad legal para dar contestación a la demanda, la representación
judicial del querellado arguyó:
“…Niego, rechazo y contradigo la demanda incoada en contra de mi representado
tanto en los hechos como en el derecho invocado, en consecuencia contradigo que se
haya difamado e injuriado a la demandante…, a través de supuestas publicaciones
hechas el día 12 de abril de 2000 y 16 de abril de 2000 aparecidas en el diario La
Nación. Niego, rechazo y contradigo que mi patrocinado haya incurrido en la
comisión del delito de difamación e injuria en contra de la actora atribuyéndole
supuestas obligaciones de carácter pecuniarias y que haya atribuido a la demandante
supuestas irregularidades graves en la Junta Directiva del Centro Comercial Los
Mangos. Niego que mi representado el 12 de abril de 2000 a través de una supuesta
publicación haya notificado a la actora para emplazarla ha “cancelar deuda” con la
empresa Jacobo´s Security. Refuto que mi representado haya publicado las
supuestas notificaciones indicadas en los folios 3 y 4 del libelo de demanda.

7. Niego, rechazo y contradigo la interpretación sesgada que la actora hace del
desarrollo del proceso penal en contra del demandado por los mismos hechos hoy
objeto de litigio, pretendiendo hacer ver que se cometió un delito en su contra, por el
contrario, tal como oportunamente se demostrará no hubo la determinación de
responsabilidad penal alguna por el delito de difamación e injuria…, debido al
sobreseimiento por prescripción de la acción penal en la instancia del conocimiento
del recurso ordinario de apelación por ante La Corte de Apelaciones esta haya
determinado el cuerpo del delito, por cuanto si ello fuese cierto se estaría
violentando el derecho al Debido Proceso por cuanto no hubo debate probatorio en
primera instancia que demostrara la comisión de un hecho punible.
Por último solicito que el presente escrito a la contestación de demanda sea
agregado a los autos y sea declarada sin lugar la demanda incoada por la ciudadana
NELLY AUDEY GARCIA GARCIA…”.
El tribunal de primera instancia consideró demostrado el hecho ilícito en los
siguientes términos:
“…Ahora bien, establecido como ha quedado la pretensión de la demandante…, se
hace necesario determinar si se cumplen con los elementos constitutivos del hecho
ilícito,…, lo cual se hace de seguidas en la forma siguiente: 1) El incumplimiento de
una conducta preexistente: …, las acreencias que una persona tenga a su favor han
de ser cobradas única y exclusivamente al deudor u obligado al pago de la misma y
no ha terceras personas, y en virtud que de los autos se desprende que las
notificaciones hechas y publicadas en el Diario La Nación no fueron hechas en
nombre del deudor sino de una tercerapersona que se configura como representante
del deudor, y así se establece; 2) El carácter culposo del incumplimiento: en relación
a este elemento, encontramos que la segunda publicación realizada por el
demandado de autos…, en la que insiste que la deudora es la ciudadana Nelly García
García, sin aclarar que no es ella sino una persona distinta a ella pero representada
por ésta, configura el carácter culposo del acto realizado,…, razón por la cual se
cumple con el segundo elemento, y así se establece; 3) Que el incumplimiento sea
ilícito, o sea, viole el ordenamiento jurídico positivo…, se desprende de las
notificaciones…, publicadas en El Diario La Nación, que se mencionó como
deudora a la ciudadana Nelly García García, siendo una persona diferente a la
deudora y sin tener la obligación como persona natural de cumplir con el pago
exigido, siendo una conducta en la que se configura el abuso del derecho, y este
como generador de un hecho ilícito,…, y así se establece; 4) Que se produzca un
daño: en cuanto a este elemento, es evidente que la cobranza realizada llegó al
conocimiento de la población en general de todo el Estado Táchira, ya que El Diario
La Nación es el periódico regional de mayor circulación, lo cual fue alegado por la
demandante de autos, y siendo un hecho probado la publicación de las dos
notificaciones, tal y como se desprende de la respuesta dada por El Diario La Nación
y que corre al folio 328 del presente expediente, queda demostrado el daño, y así se
establece; y 5) La relación de causalidad entre el incumplimiento culposo ilícito,

8. actuando como causa y el daño figurando como efecto… la relación de causalidad se
encuentra demostrado por el hecho de la publicación de unas notificaciones que no
son ajustadas a derecho en razón que se señala como deudora a una tercera que no es
responsable por el cumplimiento de la obligación contraída y cuyo cumplimiento se
exigía en las mismas (publicaciones) y el número de ejemplares vendidos en los días
que salieron las mismas, y que hicieron de un conocimiento general de la población
un hecho incierto en parte, por lo que queda demostrada la relación exigida en este
supuesto, y así se establece.
En la oportunidad procesal correspondiente para la presentación de informes por
ante esta Alzada, sólo la parte demanda y apelante, hizo lo propio, señalando:
“…Denuncio la infracción de los artículos 12, 38, 242 del CPC. En la oportunidad
de dar contestación a la demanda se esgrimió como defensa la impugnación de la
cuantía de la demanda por exagerada. Sin embargo la decisión dictada el 20 de junio
de 2008 por el Tribunal A quo, no se pronunció sobre la impugnación de la cuantía
de la demanda, incurriendo en el vicio de nulidad…”. En relación a la admisión de
los ejemplares de los periódicos de Diario La Nación de fechas 12 y 16 de abril de
2000 y su posterior valoración como documentos no es lícita, por cuanto en la
contestación a la demanda fue rechazada categóricamente la autoría y publicación de
los mencionados avisos. Sin embargo al tratarse los periódicos de pruebas
innominadas, no sujetas a desconocimiento o impugnación por la parte contraria,
porque no emanan directamente de la parte demandada, sin embargo la sentencia
recurrida en la parte motiva expresó lo contrario de la siguiente manera: “…”. Esta
valoración a los ejemplares de periódicos vulnera el único aparte del artículo 395 del
CPC. Esta interpretación errada de la recurrida fue determinante en el dispositivo de
la sentencia.
En relación a los elementos concurrentes para la configuración del hecho ilícito,
para la determinación del abuso del derecho, es necesario que todos sean
demostrados por el demandante… Ninguno de los medios de prueba en autos
demuestra de manera fehaciente que el demandado…, haya publicado
personalmente los avisos, ni si quiera en la causa penal fue demostrado ese hecho.
Por el contrario de la lectura de los mencionados avisos los mismos corresponden a
la empresa INVERSIONES JACOBO´S SECURITY. En tal sentido la decisión hoy
recurrida, infringió el artículo 1.185 del Código Civil…, al incurrir en suposición
falsa, al manifestar en la parte motiva del fallo que las publicaciones fueron
realizadas por el demandado. Dicha afirmación se realizó en los siguientes términos:
“…”.
Denuncio la infracción del artículo 506 del CPC, por cuanto el Tribunal de A quo,
invirtió la carga de la prueba al establecer en la parte motiva lo siguiente: “…”.
No es cierto que en la contestación simplemente se haya aducido como defensa que
no se cometió el delito de difamación e injuria, por el contrario, el rechazo fue
categórico en circunstancias de modo, tiempo lugar.
Por las circunstancias de hecho y derecho argumentadas solicito sea revocada la

9. sentencia dictada por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en lo Civil… de la
Circunscripción Judicial del Estado Táchira de fecha 20 de junio de 2008.
PUNTO PREVIO
IMPUGNACIÓN DE LA ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
Como ya fue relacionado precedentemente, en los informes presentados por ante
esta Alzada la representación del demandado y apelante expuso:
“…Denuncio la infracción de los artículos 12, 38, 242 del CPC. En la oportunidad
de dar contestación a la demanda se esgrimió como defensa la impugnación de la
cuantía de la demanda por exagerada. Sin embargo la decisión dictada el 20 de junio
de 2008 por el Tribunal A quo, no se pronunció sobre la impugnación de la cuantía
de la demanda, incurriendo en el vicio de nulidad previsto en el artículo 244
ejusdem. El Juzgador de Primera Instancia debió pronunciarse sobre esta defensa en
punto previa a la decisión definitiva, donde determinara su procedencia o no. En
consecuencia debe declararse la nulidad del fallo recurrido. …”.
Revisada la sentencia apelada, se advierte que el juzgador a quo no se pronunció
sobre la impugnación a la cuantía que hiciera la parte demandada, lo que significa
que tal decisión se halla inficionada del vicio de incongruencia negativa que tiene
lugar cuando el sentenciador desatiende el deber que tiene de decidir sobre todo lo
alegado y sólo sobre lo alegado por las partes en las oportunidades procesales para
ello, y que se presenta por no llenar los extremos previstos en el artículo 243 del
Código de Procedimiento Civil en su ordinal 5°, a saber, que la decisión debe ser
“expresa, positiva y precisa, con arreglo a la pretensión deducida y a las excepciones
o defensas opuestas, sin que en ningún caso pueda absolverse de la instancia”. Ello
así, con sujeción a lo previsto en los artículos 244 y 209 de nuestra Ley Civil
Adjetiva, se declara la nulidad de la sentencia dictada por el Juzgado Segundo de
Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del
estado Táchira en fecha 20 de junio de 2008, y pasa de seguidas esta sentenciadora a
resolver el punto previo alegado y sobre el fondo del litigio.
Ciertamente, en la oportunidad procesal para dar contestación a la demanda, la
representación judicial del demandado rechazó la estimación efectuada por la
demandante por considerarla exagerada. En dicha oportunidad, expresamente indicó
el abogado ABELARDO RAMÍREZ:
“…impugno la cuantía de la demanda por considerarla exagerada”.
Al respecto, observa esta Juzgadora que el rechazo a la estimación hecho por la
parte demandada, lo fue en forma pura y simple, sin plantear la estimación que a su
juicio considerara adecuada, así como tampoco ejerció actividad probatoria sobre tal
argumento.
Sobre este aspecto, la jurisprudencia de nuestro máximo Tribunal ha sido constante
en señalar, que el demandado que contradice la estimación por exagerada, además
de expresar los motivos que lo inducen a realizar tal aseveración, debe probar tales
hechos o circunstancias. Pudiera decirse que esta es la regla general, pero hay

10. excepciones como en el presente caso en que lo demandado fue la reparación de
daños morales. En efecto, la Sala Político-Administrativa de nuestro Tribunal
Supremo de Justicia, en sentencia N° 010867 del 26 de noviembre de 2003, dictada
en el expediente N° 1998-14648, dejó sentado:
“…cuando el demandado al momento de contradecir la estimación alega…, lo
exagerado de la misma, debe, además de expresar los motivos que lo inducen a
dicha aseveración, probar tales hechos o circunstancias. Por tanto, si nada prueba el
demandado, queda, en principio, firme la estimación hecha por el actor.
Sin embargo, la mencionada firmeza no es vinculante para aquellos casos donde se
reclama una indemnización por concepto de daño moral, ya que en tales supuestos el
juez puede reducir el monto de la cantidad demandada, atendiendo criterios o
parámetros objetivos que tanto la jurisprudencia como la doctrina han delineado,
toda vez que el pago que se dispone como reparación de los daños morales, no
tiende a la fijación de montos que impliquen una forma de enriquecimiento para la
víctima, sino que éste pretende únicamente lograr un verdadero resarcimiento al
dolor sufrido que afecta el patrimonio moral del sujeto pasivo del daño. …
…De manera que más que una objeción…, el… demandado lo que rechazó fue la
procedencia como tal de dicha suma, lo cual es asunto reservado al mérito de la
causa y en consecuencia, esta Sala debe declarar improcedente la aludida
impugnación, sin perjuicio de la facultad del juez de reducir su cuantía en el
supuesto de que sea acordada su indemnización…”.
Con base a la anterior jurisprudencia, considera esta Alzada que la impugnación que
realizó el demandado a la estimación de la demanda resulta improcedente, pero no
en razón de que no haya probado algo al respecto, sino por la especial circunstancia
de que en el presente asunto se pretende el pago de daños morales, en cuyo caso el
juez no se haya atado a la estimación hecha por la parte actora en su libelo, por
tratarse de una facultad discrecional del operador de justicia, quien puede reducir tal
monto en el supuesto de acordar tal indemnización, Y ASÍ SE RESUELVE.
ESTA ALZADA PARA DECIDIR OBSERVA:
En el caso bajo estudio estamos en presencia de una acción civil de reclamación por
daño moral.
El artículo 1.185 del Código Civil Venezolano preceptúa el fundamento legal del
hecho ilícito en los siguientes términos:
Artículo 1.185: “El que con intención, o por negligencia o por imprudencia, ha
causado un daño a otro, está obligado a repararlo. Debe igualmente reparación quien
haya causado un daño a otro, excediendo, en el ejercicio de su derecho, los límites
fijados por la buena fe o por el objeto en vista del cual le ha sido conferido ese
derecho.” (Subrayado y negritas de quien sentencia).
Así las cosas, el hecho ilícito ha lugar a lo que la doctrina ha denominado la
responsabilidad civil extracontractual, precisamente porque el daño causado por el
agente del daño a la víctima, se originó sin que existiera entre ellos algún vínculo
contractual. En cuanto a su procedencia, deben ser demostrados tres elementos, a
saber, el daño, la culpa y la relación de causalidad.

11. Y el artículo 1.196 ejusdem prevé:
Artículo 1196: “La obligación de reparación se extiende a todo daño material o
moral causado por el acto ilícito. El Juez puede, especialmente, acordar una
indemnización a la víctima en caso de lesión corporal, de atentado a su honor, a su
reputación, o a los de su familia, a su libertad personal, como también en el caso de
violación de su domicilio o de un secreto concerniente a la parte lesionada. El Juez
puede igualmente conceder una indemnización a los parientes, afines, o cónyuge,
como reparación del dolor sufrido en caso de muerte de la víctima.
Eloy Maduro Luyando en su obra “Derecho Civil III Obligaciones”, Décima
Edición, Caracas, año 1999, página 143, define el daño moral así:
“…Consiste en la afección de tipo psíquico, moral, espiritual o emocional que
experimente una persona. En estos casos es lesionada la parte moral del acervo de
una persona o, como dicen algunos autores, el daño se causa en el patrimonio moral
de una persona. Por ejemplo, el dolor de una madre por la muerte de un hijo…”.
Es decir, el daño moral está constituido o configurado por una lesión causada de
carácter extracontractual al honor, honra y reputación de una persona que es la
víctima, causada por parte del agente del daño.
Por honor, debe entenderse, “la percepción que la propia persona tiene de su
dignidad, la cual opera en un plano interno y subjetivo, al tiempo que supone un
grado de autoestima personal en tanto representa la valoración que la persona hace
de sí misma, independientemente de la opinión de los demás”, (Sala Constitucional
del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 205 del 09 de septiembre de 2004,
Magistrado Ponente Dr. José Manuel Delgado Ocando).
Por honra, debe entenderse, “el reconocimiento social del honor, que se expresa en
el respeto que corresponde a cada persona como consecuencia del reconocimiento
de su dignidad por cada uno de los integrantes del colectivo social, en otras palabras,
constituye el derecho de toda persona a ser respetada ante sí misma y ante los
demás”, (Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, Sentencia N° 2085
del 10 de septiembre de 2004, Magistrado Ponente Dr. José Manuel Delgado
Ocando).
En general, la doctrina y la jurisprudencia se inclinan por dejar al juez amplias
facultades para la apreciación y estimación del daño moral, es decir, es a discreción
y prudencia del juez la calificación, extensión y cuantía de los daños morales, todo,
en aras de de garantizarle la tutela constitucional del honor de las personas.
La Jurisprudencia de nuestro Máximo Tribunal en Sala de Casación Civil, es
pacífica, copiosa y reiterada al referirse al daño moral, y por ello cabe citar sentencia
del 10 de agosto de 2000, en la que se dejó sentado que:
“...En relación con la indemnización por daño moral, el criterio de la Sala es el
siguiente:
“Atendiendo a lo previsto en el artículo 1.196 del Código Civil. El juez, una vez
comprobado el hecho, puede proceder a fijar discrecionalmente el monto del daño
moral a ser indemnizado a la víctima, en base a su criterio subjetivo,”...la reparación
del daño moral la hará el juez según lo establecido en el artículo 1.196 del Código

12. Civil, es decir, queda a su apreciación subjetiva y no limitada a lo estimado en el
libelo”. (Sentencia de la Sala de Casación Civil, ponencia del Magistrado Dr. Carlos
Trejo Padilla, fecha 12 de diciembre de 1995, Exp. Nº 95-281, juicio: Carmelo
Antonio Benavides contra Transporte Delbuc, C.A)”.
Dado que el artículo 1.196 del Código Civil, faculta al juzgador para apreciar si el
hecho ilícito generador de hechos materiales puede ocasionar, además repercusiones
psíquicas, o de índole afectiva, lesivas de algún modo al ente moral de la víctima, la
estimación que al respecto hagan los jueces de mérito así como la indemnización
que acuerden en uso de la facultad discrecional que les concede el citado artículo,
son de su criterio exclusivo.
Asimismo, el artículo in comento dice “puede” y en este sentido el artículo 23 del
Código de Procedimiento Civil autoriza al juez para obrar según su prudente arbitrio
consultando lo más equitativo, justo o racional, y por lo tanto, está autorizado para
conceder la indemnización o forma de reparación que considere conveniente sin que
tal indemnización tenga que ser necesariamente de contenido patrimonial y ello,
desde luego, porque el daño no es material sino moral...” (Citada esta decisión en
sentencia del 30 de noviembre de 2001 de la Sala de Casación Civil del Tribunal
Supremo de Justicia en el expediente N° 2000-00805).
En el caso de marras la demandante de autos ciudadana NELLY AUDEY GARCÍA
GARCÍA pretende una indemnización por daño moral, que a su decir le generó u
ocasionó el ciudadano MIGUEL JACOBO SUPELANO CÁRDENAS, por haberle
atribuido públicamente a través de medios impresos (periodísticos), presuntas
obligaciones de carácter pecuniario inexistentes, causándole de manera injusta
lesiones a su honor, moral y reputación, tanto en su entorno familiar, social y
laboral.
Así las cosas, en anuencia a la normativa que regula la presente materia y al criterio
jurisprudencial anteriormente citado, procede esta sentenciadora a comprobar el
hecho generador del daño moral, para luego en uso de la potestad subjetiva que
confiere el artículo 1.196 del Código Civil, fijar de ser procedente,
discrecionalmente el monto del daño moral a ser indemnizado a la víctima, previa la
verificación de los requisitos exigidos para su procedencia, que son: 1) La
producción de un daño en la esfera de los bienes o derechos de la accionante; 2) Que
el daño inferido sea imputable al agente del daño y 3) La relación de causalidad que
obligatoriamente debe existir entre el hecho imputado y el daño producido.
Consta del escrito libelar que en cuanto al hecho generador de los daños morales, la
parte actora dijo:
“…De los términos contenidos en las publicaciones de prensa objeto de la querella
penal, se evidencia la manifiesta intencionalidad con que actuó MIGUEL JACOBO
SUPELANO CÁRDENAS al explanarlas y al insistir en forma vehemente en mi
responsabilidad en el pago de las obligaciones pecuniarias que no eran de mi
incumbencia personal, hasta el extremo de que traspasó los límites racionales en lo
que constituye un evidente abuso de derecho, plasmado en la corporeidad del delito
de difamación e injuria, como bien lo sustentó la Corte de Apelaciones…

13. …, la existencia del hecho ilícito generador del daño moral está fehacientemente
demostrada con las actuaciones contenidas en el expediente penal N° 3J-114-2000
llevado por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Penal de esta
Circunscripción Judicial, así como también por la decisión de la Corte de
Apelaciones del Circuito Judicial del estado Táchira; cuyas actuaciones consigno
con el presente escrito en copias certificadas…”.
De la revisión hecha a la demanda propuesta por NELLY AUDEY GARCÍA
GARCÍA se deduce que la demandante atribuye al demandado un abuso de derecho
que la llevó a interponer querella penal en su contra, la cual concluyó con sentencia
definitivamente firme proferida por la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial
Penal de esta Circunscripción Judicial de fecha 22 de octubre de 2003, y que
confirmó la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Función de
Juicio N° 3 del Circuito Judicial Penal de esta misma Circunscripción Judicial de
fecha 21 de julio de 2003, que decretó el sobreseimiento de la causa a favor del
ciudadano MIGUEL JACOBO SUPELANO CÁRDENAS, al operar de pleno
derecho la prescripción extraordinaria de la acción penal de los delitos de
difamación e injuria (folios 191 al 195 y 235 al 249).
Resulta oportuno citar el criterio vertido por la Sala de Casación Civil del Tribunal
Supremo de Justicia, en sentencia del 1° de diciembre de 2003, dictada en el
expediente N° AA20-C-2002-000236, con ponencia del magistrado Dr. Carlos
Oberto Vélez, en que se estableció:
“…No obstante, aplicando el criterio flexibilista abanderado por la Sala desde la
promulgación de la Constitución de 1999, se observa que el artículo 113 del Código
Penal delatado prevé la responsabilidad civil derivada de la penal. Ahora bien, tal
como se señaló anteriormente, la cuestión prejudicial penal fue declarada prescrita,
razón por la cual, al no haberse pronunciado expresamente la jurisdicción penal
sobre la comisión o no de un hecho punible, resulta impertinente la aplicación de
dicha norma al caso de autos, toda vez que, al no determinarse ninguna
responsabilidad penal, no puede establecerse responsabilidad civil derivada de
aquélla.
Según Cabanellas, en su Diccionario Jurídico Elemental, Editorial Heliasta, SRL.,
pág. 254, “La prescripción del delito, constituye una de las causas de extinción de la
responsabilidad penal, la extinción que se produce por el sólo transcurrir del tiempo,
del derecho a perseguir o castigar a un delincuente, cuando desde la comisión de un
hecho punible hasta el momento en que se trata de enjuiciarlo se ha cumplido el
lapso marcado por la ley”.
De lo anterior se infiere, que en virtud de la declaratoria de prescripción de la acción
penal, no puede exigirse responsabilidad civil, derivada, por cuanto no hubo un
pronunciamiento expreso acerca de la responsabilidad de algún o algunos de los
imputados o sujetos activos; en la decisión del tribunal penal, no hubo señalamiento
expreso ni imputación contra alguna persona sobre la comisión de algún hecho
punible, que pudiera ser responsable civilmente por los hechos denunciados; por el
contrario, en el dispositivo del fallo solamente se declara terminada la averiguación

14. en virtud de encontrarse prescrita la acción…”. (Negritas y subrayado de quien
sentencia).
En criterio de esta operadora de justicia, y con apego al criterio jurisprudencial supra
trasladado, por cuanto en la querella penal que interpusiera la hoy demandante
contra el ciudadano MIGUEL JACOBO SUPELANO CÁRDENAS se decretó el
sobreseimiento de la causa por haber operado la prescripción, resulta improcedente
la reclamación de daños y perjuicios morales basada en las actuaciones contenidas
en aquel expediente penal, ya que al haber sido considerado por la demandante el
hecho ilícito producto de un abuso de derecho como un tipo penal, ante la ausencia
de pronunciamiento expreso sobre la responsabilidad del imputado, no puede
exigirse la responsabilidad civil por ser derivada.
Por las razones expuestas, concluye quien sentencia en que la presente apelación
debe declararse con lugar, Y ASÍ SE RESUELVE.
III
DISPOSITIVO
Por los fundamentos antes expuestos, este JUZGADO SUPERIOR CUARTO EN
LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO, PROTECCIÓN DEL NIÑO Y DEL
ADOLESCENTE, AGRARIO Y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN
JUDICIAL DEL ESTADO TÁCHIRA, administrando justicia en nombre de la
República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECIDE:
PRIMERO: Se declara CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha 10 de julio
de 2008 por el abogado ABELARDO RAMÍREZ en su carácter de apoderado
judicial de la parte demandada, contra la decisión dictada el 20 de junio de 2008 por
el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del estado Táchira.
SEGUNDO: Se ANULA la decisión apelada dictada el 20 de junio de 2008 por el
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, y del Tránsito de la
Circunscripción Judicial del estado Táchira.
TERCERO: Se declara SIN LUGAR la demanda que por Daños y Perjuicios
Morales interpusiera la ciudadana NELLY AUDEY GARCÍA GARCÍA contra el
ciudadano MIGUEL JACOBO SUPELANO CÁRDENAS.
CUARTO: Se CONDENA en costas a la parte actora y apelante de conformidad con
el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.
Notifíquese a las partes de conformidad con lo previsto en el artículo 251 del Código
de Procedimiento Civil.
Publíquese esta decisión en el expediente Nº 1.861, y regístrese conforme a los
artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Cuarto en lo
Civil, Mercantil, Tránsito, Proteccióndel Niño y del Adolescente, Agrario y
Bancario de la Circunscripción Judicial del estado Táchira. San Cristóbal, a los
nueve (9) días del mes de octubre del año dos mil nueve. Años 199º de la
Independencia y 150º de la Federación.

15. La Jueza Titular,
JEANNE LISBETH FERNÁNDEZ DE ACOSTA
Refrendado por
El Secretario,
Javier Gerardo Omaña Vivas
En esta misma fecha 9 de octubre de 2009 se dictó, publicó y agregó la presente
decisión al expediente N° 1.861, siendo las once de la mañana (11:00 a.m.).
Igualmente se libraron las boletas de notificación a las partes, haciéndose entrega de
las mismas al ciudadano Alguacil.
El Secretario,
Javier Gerardo Omaña Vivas
JLFdeA/JGOV/Javier s.
Exp. 1.861.