3. La presente Ley será de aplicación para
todas las entidades de la Administración
Pública. Entendiéndose por “entidad” o
“entidades” de la Administración Pública:
El Poder Ejecutivo, incluyendo Ministerios
y Organismos Públicos Descentralizados
El Poder Legislativo
El Poder Judicial
Los Gobiernos Regionales
Los Gobiernos Locales
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4. Los Organismos a los que la
Constitución Política del Perú y las
leyes confieren autonomía.
Las demás entidades y organismos,
proyectos y programas del Estado,
cuyas actividades se realizan en
virtud de potestades administrativas
Las personas jurídicas bajo el
régimen privado que prestan
servicios públicos o ejercen función
administrativa.
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5. Principio de legalidad
Principio del debido procedimiento
Principio de impulso de oficio
Principio de razonabilidad
Principio de imparcialidad
Principio de informalismo
Principio de presunción de veracidad
Principio de conducta procedimental
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6. Principio de celeridad
Principio de eficacia
Principio de verdad material
Principio de participación
Principio de simplicidad
Principio de uniformidad
Principio de predictibilidad
Principio de privilegio de
controles posteriores
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8. Son actos administrativos, las
declaraciones de las entidades que,
en el marco de normas de derecho
público, están destinadas a producir
efectos jurídicos sobre los intereses,
obligaciones o derechos de los
administrados dentro de una
situación concreta.
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9. No son actos administrativos:
Los actos de administración interna
de las entidades destinados a
organizar o hacer funcionar sus
propias actividades o servicios.
Los comportamientos y actividades
materiales de las entidades.
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11. Causales de nulidad:
1. La contravención a la
Constitución, a las leyes o a las
normas reglamentarias.
2. El defecto o la omisión de alguno
de sus requisitos de validez, salvo
que se presente alguno de los
supuestos de conservación del acto.MIGUEL PEREZ RIVERAMIGUEL PEREZ RIVERA
12. 3. Los actos expresos o los que resulten
como consecuencia de la aprobación
automática o por silencio administrativo
positivo, por los que se adquiere
facultades, o derechos, cuando son
contrarios al ordenamiento jurídico, o
cuando no se cumplen con los requisitos,
documentación o tramites esenciales
para su adquisición.
4. Los actos administrativos que sean
constitutivos de infracción penal, o que se
dicten como consecuencia de la misma.
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