AL menos el 50 por ciento de los personas acusadas de actos de corrupción recibieron “medidas alternas a prisión”, ya que sus casos fueron presentados como abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios, señaló hoy martes la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ).
2. ¿Qué sucede cuando se judicializa la corrupción en Honduras?
2
Juzgado de Letras
INVESTIGACIÓN
ADMN (TSC, DIECP,
IGOJ)
ADMN PÚBLICA
DENUNCIAS
PRIVADAS
MINISTERIO PÚBLICO
Tribunal de
Sentencias
Corte de
Apelaciones
CSJ
ACCIONES DE
OFICIO
¿Cómo es el proceso penal actualmente?
¿Qué resultados se están teniendo?
¿Cuáles son los efectos/impactos?
¿Qué mejoras se requieren hacer?
PGR
3. Ruta metodológica: 8 meses, 3 profesionales de derecho
3
Diseño de
Investigación
• Plan de
Trabajo y
Cronograma
• Revisón
litaratura
• Mapeo de
fuentes de
información
• Preparación
de
herramientas
de recolección
Levantamiento
• Entrevistas:
TSC, PGR,
DIECP, PJ y MP.
• Revisión de
expedientes:
PJ y MP
Sistematización y
análisis
• Base de datos
2008-2015
• Cruces de
variables
• Generación
cifras y
estádisticas
Validación
• Corroboración
de resultados
• Contrastación
con fuentes
primarias
4. Delitos de corrupción pública en legislación hondureña
1. Abuso de Autoridad
2. Enriquecimiento Ilícito;
3. Lavado de Activos;
4. Falsificación de Sellos, papel sellado u otros
efectos oficiales;
5. Falsificación de documentos;
6. Delitos contra la Salud;
7. Tráfico de Influencias;
8. Violación de Sellos y Documentos;
9. Cohecho;
10. Prevaricato;
11. Malversación de Caudales Públicos;
12. Negociaciones Incompatibles con el Ejercicio
de Funciones Públicas;
13. Fraude;
14. Delitos contra la Administración de Fondos
Públicos y Privados de Jubilaciones y
Pensiones;
15. Violación a los Deberes de Funcionario.
16. Exacciones Ilegales
17. Defraudación Fiscal
4
5. Etapas del Proceso Penal
5
ETAPA PREPARATORIA
1.Denuncia
2.Requerimiento fiscal
3. Investigación preliminar
4.Audiencia de declaración
de imputado
5.Audiencia inicial
ETAPA INTERMEDIA
1. Audiencia preliminar:
formalización de la
acusación
2. Auto de Apertura a
juicio
3. Remisión de
Actuaciones al Tribunal de
Sentencia
JUICIO ORAL Y PUBLICO
1.Audiencia de
proposición de pruebas
2. Audiencia de juicio oral
y público
3.Audiencia de
determinacion de la pena
Corte de Apelaciones/Corte Suprema de Justica (amparo, casación)
Tribunal de SentenciaJuzgado de Letras de lo Penal
Salidas
procesales
Salidas
procesales
6. Muestra revisada y analizada
6
REQUERIMIENTOS FISCALES
MP (2008-2015)
EXPEDIENTES FILTRO
CORRUPCIÓN PÚBLICA
EXPEDIENTES REVISADOS ASJ EXPEDIENTES SIN ACCESO
22,053 479 110 55
CSJ (Amparo)
12% Corte de
Apelaciones
10%
Tribunal de
Sentencia
15%
Juz. de lo
Penal
59%
Archivo
histórico
4%
7. Delitos más judicializados (SPS: 15%; TGU: 34%, 2014)
Nº
Delito Cantidad %
1 Violencia Intrafamiliar 639 25%
2 Posesión y Portación Ilegal de Armas 452 18%
3 Robo 443 18%
4 Extorsión 212 8%
5 Lesiones 154 6%
6 Violación 139 6%
7 Daños 138 5%
8 Desobediencia 132 5%
9 Tráfico y Posesión de Droga 111 4%
10 Homicidio 106 4%
Total 2,526 100%
Concentración de
recursos en
delitos fácil
investigación
Delitos graves
Fuente: CEDIJ, PJ
8. Datos relevantes
El 1.2% de los requerimientos fiscales que ingresaron a los juzgados de letras de lo penal de
Tegucigalpa fueron de corrupción pública.
De los 110 casos de corrupción pública judicializados, el 50% trata de delitos de corrupción menor
(menos o igual a 6 años de prisión), como Abuso de Autoridad y Violación de los Deberes del
Funcionario; permite salidas procesales.
El 74% de los delitos tienen salida procesal alterna como es la conciliación, suspensión condicional
o el procedimiento abreviado
En los siete años que abarca el estudio, solo un funcionario o empleado público ha sido condenado
a cumplir su pena en prisión: José Ramón Bertety ha sido condenado a 7 años y seis meses de prisión
por el delito de cohecho.
25 expedientes judiciales revisados han sido cerrados mediante Sobreseimientos Definitivos,
mientras que 4, tienen Sobreseimientos Provinciales
Cada expediente judicial implica la participación en promedio de 3 fiscales a lo largo del proceso.
En los 110 expedientes judiciales revisados se tabuló un total de 189 imputados.
Los procesos judicializados pueden durar entre 8 meses a 5 años.
8
15. Costo de la corrupción
15
Requerimientos fiscales en
lempiras (L)
Requerimientos fiscales en dólares
EUA ($)
Daños causados L.876,886,844.92 $139,216,396.53
Porcentaje 22% 78%
Suma L+$, según moneda L3,939,647,568.58, equivalente a
$179,074,889.48
1. El tipo de corrupción que se judicializa incide en el monto del daño causado.
2. Al procesar delitos que no tienen una afectación patrimonial, lógicamente habrá una menor
oportunidad para obtener una reparación monetaria por el Estado.
3. Los $179 millones, $118,912,928.34 son del fraude al IHSS.
16. No. DELITOS Sentencia
condenatoria
Salida procesal alterna Impunidad de
facto
1 ABUSO DE AUTORIDAD 2
6 conciliaciones
02 suspensiones
condicionales
2
VIOLACION DE LOS DEBERES DEL
FUNCIONARIO
1 6 conciliaciones 3
3
MALVERSACION DE CAUDALES
PUBLICOS
6 4 conciliaciones 2
4 COHECHO 0
4 conciliaciones
1 suspensiones
condicionales
1
5 FRAUDE 0 0 2
6 ENRIQUECIMIENTO ILICITO 0 3 conciliaciones 3
7
FALSIFICACION DE DOCUMENTOS
PUBLICOS
0
1 conciliación
2 suspensiones
condicionales
2
8 EXACCIONES ILEGALES 0 0 1
TOTAL 9 29 14
17%
56%
27%
A. Sentencia Condenatoria: respuesta aceptable
B. Salida Procesal Alterna: respuesta menos acceptable
C. Impunidad de facto: respuesta inaceptable
Respuesta Institucional Anticorrupción
16
17. Estudio de casos: hallazgos y resultados
Delitos: Abuso de Autoridad, Violación de los Deberes de Funcionarios,
Malversación de Caudales Públicos, Cohecho, Fraude y Enriquecimiento ilícito.
Los operadores de justicia al focalizarse fundamentalmente en que se cumpla
la legalidad del proceso y se respeten las garantías, le prestan más atención a la
forma que al fondo.
Cuando delitos graves como el fraude o enriquecimiento ilícito vienen con
delitos conexos menores, hay una marcada tendencia de sobreseer los delitos
complejos y procesar los que tienen salidas procesales.
Los casos siguen resolviéndose a nivel del juzgado de letras, donde elementos
del modelo inquisitivo se presentan y convierten al juez en un actor
protagónico.
17
18. Estudio de casos: hallazgos y resultados
Existen enormes retos al aplicar la figura de conciliación, pues las cuantías a
reparar nos son proporcionales al daño causado y la PGR no da suficiente
seguimiento a los pagos por reparación.
Muchos de los delitos de corrupción que se procesan podrían ser manejados
como infracciones administrativas. Los débiles controles institucionales limitan
la identificación de conductas irregulares.
Un caso de enriquecimiento ilícito puede llevar hasta 10 años entre el trabajo
que realiza el TSC y la labor acusatoria del MP.
Se dan elementos impunidad fáctica producto de la misma cultura jurídica. Por
ejemplo, omisiones procesales, dilatorias de los jueces y requerimientos sin
suficiente sustento probatorio o argumentativo.
18
19. Conclusiones
1. El gran reto de judicializar la corrupción. Únicamente el 0,7% de los casos que se
ventilan en el juzgados de TGU son de corrupción. Las razones: la cultura de
denuncia, la capacidad de detección e investigación, la calidad de la prueba y la
impunidad que se produce a causa de injerencias externas
2. Impunidad de la gran corrupción: Al focalizar los recursos en la persecución de
delitos menores o de “bagatela”, el sistema de justicia favorece la impunidad de la
criminalidad de “cuello blanco”.
3. Coordinación entre los entes administrativos y penales de investigación. No hay un
consenso sobre la forma de conectar la investigación con la judicialización y el
castigo. Este divorcio, es producto de los formalismos y las trabas burocráticas que
hay en la investigación de la corrupción, además de los limitados recursos y
conocimientos técnicos de los operadores; así como también, de la falta de una
visión compartida entre los tomadores de decisiones.
19
20. Conclusiones
4. La PGR representando los intereses del Estado. Ha evidenciado una marcada tendencia a
otorgar beneficios procesales a los imputados fácilmente y cuando busca obtener una
reparación de los daños, los resultados son muy bajos.
5. Criterios y conceptos sin uniformar. Al no manejar un concepto claro de corrupción pública,
los delitos de corrupción serán tratados como un problema que solamente perjudica a la
administración pública.
6. Falencias y debilidades en el registro y manejo de expedientes. Dos importantes razones: 1.
Los diferentes sistemas de registro de expedientes que manejan los operadores de justicia; y,
2. La discrecionalidad en el manejo y custodia de los archivos judiciales.
7. Desigualdades en la aplicación de justicia. No es lo mismo, un acto de corrupción cometido
por un diputado o ministro que el de un empleado de ventanilla. Estos elementos no son lo
suficientemente recogidos en las legislaciones actuales; sin embargo, merecen su
consideración a través de medidas agravantes.
20
21. Recomendaciones
Una política de persecución penal de la corrupción.
Revisión del Código Penal y Código Procesal Penal.
Reformar el marco legal e institucional para la investigación del enriquecimiento ilícito.
Restricciones en la aplicación de medidas de simplificación procesal
Mayor efectividad en la reparación e indemnización
Acciones civiles junto con las penales
Mayor coordinación del TSC
Fortalecer los controles internos y sanciones administrativas
21
22. Fórmula Klitgaard: C = M + D – A
Corrupción equivale a monopolio, más discrecionalidad, menos
rendición de cuentas
22