1. Poder Judicial de la Nación
Buenos Aires, 27 de marzo de 2013.
AUTOS, VISTOS Y CONSIDERANDO:
En atención al pedido articulado por la defensa oficial en cuanto solicitó la
remisión de copia del correctivo disciplinario impuesto a su asistido Javier Darío HERBEL
el pasado 6 de febrero y -conforme hiciera saber la letrada en su reciente presentación-
hubo de tomar conocimiento de su existencia recién en la comunicación telefónica
mantenida con el condenado días atrás, corresponde señalar que es práctica común ante
estos Juzgados Nacionales de Ejecución Penal requerir la intervención de esta instancia
para ejercer el “control judicial de los correctivos disciplinarios” basados en lo normado en
el art. 3 de la ley 24.660 que refiere al control permanente y suficiente que debe mantener
el Juez de Ejecución Penal respecto de todos los aspectos inherentes a la ejecución de
condena. Empero, por cuestiones administrativas que demoran los eventuales inicios de
incidencias, a fin de no violentar derechos de los internos, dicho control se ejerce más allá
del lapso contemplado en el art. 96 de la ley 24.660.
Así las cosas, sostiene la defensa que su pedido obedece a velar por el
irrestricto control judicial que reiteradamente atribuye al fallo “Romero Cacharane”
resuelto por nuestro más alto Tribunal el pasado 9 de marzo de 2004, más no advierte que
su intervención en la gran mayoría de los casos como el que hoy nos ocupa, a los fines del
concreto respaldo de los intereses de sus asistido, es tardía por cuestiones no inherentes a
esa parte ni tampoco a esta instancia jurisdiccional ya que, en la mayoría de los casos,
guarda relación con una cuestión más bien de índole comunicacional, la distancia entre los
establecimientos carcelarios y los Juzgados, el cúmulo de tareas que pesa sobre el fuero y
de demoras en el envío de los expedientes originales cuando en su momento esta sede
dispuso –por oficio general y también en cada decreto de inicio de legajo- que al quinto día
de apelada una sanción disciplinaria sea enviada sin más trámite a este órgano
jurisdiccional.
Por otro lado, cabe remarcar que desde un primer punto de análisis, puede
concluirse que el tránsito sumarial del interno como objeto de una imputación que
eventualmente resultaría en el aislamiento provisional y separación del régimen común, por
un término de hasta 15 días, es en absoluta soledad desde que no se encuentra contemplada
legislativamente la asistencia letrada “en tiempo real” dentro de ese proceso administrativo.
Ello, pese a enfrentar el causante una imputación del tenor y entidad ya señalado y ante la
necesidad de decidir cuestiones que hacen a un correcto ejercicio de los derechos
constitucionales de asistencia técnica, defensa efectiva y debido proceso.
Resulta necesario advertir que sin perjuicio de que dichas actuaciones
revisten carácter de neto corte administrativo, substancian y resuelven cuestiones que
poseen naturaleza penal, toda vez que pueden resultar susceptibles de provocar
denegatorias de beneficios, como así también desde su carácter dinámico, asimilan figuras
procesales idénticas al régimen procesal penal, tal como el acta de notificación y descargo
del sumariado, la producción de prueba de cargo y descargo dentro de la instrucción y la
resolución final del Director del establecimiento.
A ello, debe agregar que pese a la profunda e histórica preocupación de
nuestra Corte Suprema de Justicia de la Nación en custodiar y velar por un amplísimo
control y defensa de las garantías individuales de quienes están sometidos a prisión, no
ajena tampoco a esta instancia jurisdiccional, la carencia en haberse contemplado, tanto
legislativa como reglamentariamente, la concreta asistencia técnica del interno durante la
substanciación del proceso sumarial, ha de redundar en casos como el que nos ocupa donde
la eventual reparación ulterior en torno a la autoría y culpabilidad del condenado frente a
los hechos enrostrados, por tardía, no impide el concreto sometimiento al aislamiento
provisional. Advirtiendo dicha situación, el suscripto el año pasado hizo saber al señor
Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal que debía ser limitada la utilización de
esas medidas de aislamiento.
Es así como podemos concluir que, en casos como el señalado -donde se
comprueba la inocencia del interno o se verifica una causal nulificante en dicho proceso- la
substanciación incidental queda en los hechos restringida solo a los efectos de la sanción
(quita y devolución de guarismos y retrogradación y avance de fase) y no a su existencia
misma.
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Demás está señalar –redundante y reiterantemente- el flujo y la pesada carga
que deben sostener estos Juzgados de Ejecución a la hora de mantener lo más eficazmente
posible el régimen comunicacional entre el interno, la autoridad penitenciaria y la defensa
técnica, en torno a estos temas, no habiéndose hasta el presente podido hallarse un
mecanismo de comunicación ágil que le permita a la defensa poder conocer el momento
preciso de inicio de un parte disciplinario.
La existencia de recientes antecedentes jurisprudenciales emanados por la
Excelentísima Cámara Federal de Casación Penal y de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de esta ciudad -Salas IV y VI respectivamente- comienzan a marcar un
lineamiento a seguir frente a este blanco legal y reglamentario.
Así, en la causa nº 13.769 de la Sala IV del Superior se resolvió y sostuvo
dejar sin efecto un correctivo disciplinario impuesto por la UR II del C.P.F. I por entender
que ante la condición analfabeta del interno, se hubo de vulnerar su derecho de defensa al
no poder comprender la imputación, ni controlar, ni ofrecer prueba de descargo. A su turno,
la Sala VI de la Excelentísima Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y
Correccional de la Capital Federal, resolvió en la causa nº 1626/2012 tener por nula la
substanciación del proceso disciplinario a partir del labrado del acta de notificación y
descargo (art. 40 dec. 18/97), por entender vulnerado el derecho del sumariado de contar
con la real posibilidad de consultar a un letrado para que lo asita a tal efecto. También se ha
expedido en igual sentido la Sala II de ese Tribunal en la causa nro. 14.807 caratulada
“Miño, Daniel s/ recurso de casación”.
Por otro lado, tales precedentes jurisprudenciales han sido asimilados por la
Dirección Nacional del Servicio Penitenciario Federal (actuaciones 504:0036549/12) y por
la Procuración Penitenciaria de la Nación (recomendación nº 766/2012).
Así las cosas, estimo que al presente resulta insostenible la carencia
evidenciada en tales precedentes, advertida sobradamente por el suscripto a la espera de una
acción positiva y concreta de las autoridades funcionales respectivas, habiéndose
instrumentado paliativos procesales diversos que van desde la novedosa adopción y
diagramación del sistema de videoconferencia (como paliativo comunicacional) hasta la
adopción de criterios firmes y expeditos en torno al régimen de nulidades de sanciones por
fuera del trámite incidental (arts. 168 “in fine” y 491 del C.P.P.N.).
Por tal motivo, a fin de dar solución a dicha cuestión, habrá de ordenarse al
señor Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, disponga lo necesario para que
en lo sucesivo –a partir del primer día hábil del mes de abril próximo- todos los
establecimientos penitenciarios a su cargo, incorporen como foja útil previa al acto de
notificación y descargo previsto en el art. 40 del Decreto nro. 18/97, constancia del
personal instructor donde se certifique el efectivo acceso del interno o interna a una
comunicación telefónica con su defensor oficial o particular, como así también del
ofrecimiento al letrado -vía digital o en soporte papel- de la remisión de copia, en esa
ocasión, del proceso sancionatorio labrado hasta ese momento, debiendo garantizarse la
concreta información de la prueba de cargo que sostiene la imputación disciplinaria y
contemplarse el horario de despacho para lo cual en caso de que se haya excedido tal
horario, deberá posponerse el labrado del acta referida para el subsiguiente día hábil. En tal
caso, el instructor deberá efectuar consulta al interno si cuenta con defensor de oficio o
particular y comunicarlo inmediatamente. En el supuesto de recaer sanción disciplinaria,
sin perjuicio de haber sido o no apelada por el interno, deberá remitírsele copia del acto
administrativo al defensor por la vía más rápida, en el plazo previsto por el art. 45 inc. “f”
del Decreto 18/97. Todo ello, sin perjuicio de las comunicaciones que deben realizarse a
este órgano judicial, en los mismos términos allí pautados, con el objeto de garantizar los
derechos del condenado y una ágil respuesta jurisdiccional.
Por otra parte, se reiterará que las medidas de aislamiento provisional
deberán ser aplicadas en forma excepcional y bajo los lineamientos establecidos por la
reglamentación, conforme lo oportunamente dispuesto por este Juzgado, como también que
los expedientes originales sean enviados dentro del quinto día, sin excepción, para el
supuesto que sean apelados por el causante.
Cabe concluirse que la asistencia técnica de los internos sometidos a trámites
disciplinarios, debe ser concreta y actual en dichos sumarios, al menos en lo que respecta a
contar con una comunicación inmediata del inicio de un proceso de esa naturaleza, sin
perjuicio de que la defensa técnica desee constituirse en el establecimiento penitenciario a
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presenciar el acto de descargo, en cuyo caso deberá garantizársele su intervención, de lo
que deberá quedar protocolizado en el expediente. En igual sentido, en el supuesto de
considerarlo conducente, la defensa oficial podrá requerir la intervención del Defensor
Oficial ante la sede Federal del lugar del establecimiento, en cuyo caso el instructor deberá
dejar debida constancia en las actuaciones y facilitarle el acceso a las mismas.
Dada la importancia que reviste la presencia de la defensa en dichos
procedimientos, circunstancia tenida en consideración por cuatro Salas de la Cámara
Federal de Casación Penal y de la Cámara en lo Criminal y Correccional, como también por
el propio Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal en un proyecto piloto
iniciado en el Complejo Penitenciario Federal nro. I de Ezeiza, y en razón de la necesidad
de adecuar la legislación y reglamentos en el sentido puesto de manifiesto en este decisorio
y aún más, avanzando en la eventual designación de un cuerpo de defensores que puedan
brindar asistencia técnica en la sede de las unidades carcelarias, habré de librar oficio a la
Excma. Cámara Federal de Casación Penal a fin de que, de estimarlo conducente, eleve el
presente a las autoridades que estime correspondan.
Con relación al pedido de la defensa, y aclarado lo anterior en cuanto a que
la medida que habrá de adoptarse a futuro en la totalidad de los casos, superará los
obstáculos comunicacionales mencionados a fin de que los planteos se efectúen en tiempo
oportuno, en el caso concreto se requerirá el envío de la totalidad de las sanciones
impuestas a su asistido.
Por lo expuesto, y normas legales citadas,
RESUELVO:
I.- HACER LUGAR a la solicitud efectuada por la defensa oficial, y en
consecuencia, requerir el urgente envío de los expedientes disciplinarios que registró el
interno Javier Darío Herbel para luego darle intervención a esa parte, la que por otro lado,
podrá también agilizar la remisión de dichos correctivos de acuerdo a las facultades
asignadas por el art. 26 de la Ley de Ministerio Público.
II.- ORDENAR al señor Director Nacional del Servicio Penitenciario
Federal, disponga lo necesario para que en lo sucesivo en lo que respecta a este Juzgado–a
partir del primer día hábil del mes de abril próximo- todos los establecimientos
penitenciarios a su cargo, incorporen como foja útil previo al acto de notificación y
descargo previsto en el art. 40 del Dec. 18/97, constancia del personal instructor donde se
certifique el efectivo acceso del interno o interna a una comunicación telefónica con su
defensor oficial o particular, como así también del ofrecimiento al letrado -vía digital o en
soporte papel- de la remisión de copia, en esa ocasión, del proceso sancionatorio labrado
hasta ese momento, debiendo garantizarse la concreta información de la prueba de cargo
que sostiene la imputación disciplinaria y contemplarse el horario de atención tribunalicia
para lo cual en caso de que se haya excedido tal horario, deberá posponerse el labrado del
acta referida para el subsiguiente día hábil. En tal caso, el instructor deberá efectuar
consulta al interno si cuenta con defensor de oficio o particular y comunicarlo
inmediatamente.
III.- HACER SABER que se mantiene vigente la disposición
oportunamente de esta sede en cuanto a que las medidas de aislamiento provisional deberán
ser aplicadas en forma excepcional y bajo los lineamientos establecidos por la
reglamentación, como también que los expedientes disciplinarios originales deben ser
enviados dentro del quinto día, sin excepción, para el supuesto que sean apelados por el
causante; que para el supuesto que la Defensa Oficial o Particular al momento de la
comunicación telefónica ponga de manifiesto la intención de constituirse en el
establecimiento a presenciar el acto de descargo y mantener entrevista previa con su
asistido, deberá garantizársele su intervención y acceso a las actuaciones, de lo que deberá
dejarse debido registro, como también que para el caso que la defensa estime conveniente
-en razón de la distancia- que intervenga el Defensor Oficial ante la sede Federal del lugar
del establecimiento, el instructor deberá dejarlo asentado en acta y facilitarle el acceso a las
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mismas; y, finalmente, de recaer sanción disciplinaria, sin perjuicio de haber sido o no
apelada por el interno, deberá remitírsele copia del acto administrativo al defensor por la
vía más rápida, en el plazo previsto por el art. 45 inc. “f” del Decreto 18/97, todo ello sin
perjuicio de las comunicaciones que deben realizarse a este órgano judicial, en los mismos
términos allí pautados.
IV.- LIBRAR OFICIO a la Excma. Cámara Federal de Casación Penal a
fin de que, de estimarlo conducente, tenga a bien elevar el presente decisorio a las
autoridades competentes en razón de la necesidad de adecuar la legislación y reglamentos
en el sentido puesto de manifiesto en los considerandos y propiciar la eventual designación
de un cuerpo de defensores que puedan brindar asistencia técnica en la sede de las unidades
carcelarias.
A tal fin, ofíciese a la Defensoría Oficial a cargo de la Dra. Patricia García,
al señor Director Nacional del Servicio Penitenciario Federal, y a la Comisión de Cárceles
de la Defensoría General de la Nación.
MARCELO ALEJANDRO PELUZZI
JUEZ NACIONAL DE EJECUCIÓN PENAL
Ante mí:
KARINA CECILIA DELORENZO
SECRETARIA
En la misma fecha se libraron oficios. Conste.
KARINA CECILIA DELORENZO
SECRETARIA
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