Curso de contratación del sector público 2018

Curso de
Contratación
del Sector
Público
2018
José Manuel Rodríguez Muñoz
Doctor en Derecho.
Prof. de Derecho Administrativo
UEX
Letrado de la Junta
de Extremadura

La LSCP de 1965, 1985, 2000,
2007, 2011, perdón, 2017.
5

El único artículo que necesitaría una
LCSP si todos fuéramos “Justos y
benéficos”
 Artículo 1. Objeto y finalidad
1. La presente Ley tiene por objeto regular la contratación del sector público, a fin de
garantizar que la misma se ajusta a los principios de libertad de acceso a las licitaciones,
publicidad y transparencia de los procedimientos, y no discriminación e igualdad de trato
entre los licitadores; y de asegurar, en conexión con el objetivo de estabilidad
presupuestaria y control del gasto, y el principio de integridad, una eficiente utilización
de los fondos destinados a la realización de obras, la adquisición de bienes y la
contratación de servicios mediante la exigencia de la definición previa de las necesidades
a satisfacer, la salvaguarda de la libre competencia y la selección de la oferta
económicamente más ventajosa.
2. Es igualmente objeto de esta Ley la regulación del régimen jurídico aplicable a los
efectos, cumplimiento y extinción de los contratos administrativos, en atención a los fines
institucionales de carácter público que a través de los mismos se tratan de realizar.
3. En toda contratación pública se incorporarán de manera transversal y preceptiva
criterios sociales y medioambientales siempre que guarde relación con el objeto
del contrato, en la convicción de que su inclusión proporciona una mejor relación
calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia
en la utilización de los fondos públicos. Igualmente se facilitará el acceso a la
contratación pública de las pequeñas y medianas empresas, así como de las
empresas de economía social.
6

Artículo 188. Régimen jurídico.
Artículo 189. Vinculación al contenido contractual.
Los efectos de los contratos administrativos se regirán por las
normas a que hace referencia el artículo 25.2 y por los pliegos de
cláusulas administrativas y de prescripciones técnicas, generales y o
documento descriptivo que sustituya a éstos.
25.2 Los contratos administrativos se regirán, en cuanto a su preparación,
adjudicación, efectos, modificación y extinción, por esta Ley y sus disposiciones
de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. No obstante,
a los contratos administrativos especiales a que se refiere la letra b) del apartado
anterior les serán de aplicación, en primer término, sus normas específicas.
Los contratos deberán cumplirse a tenor de sus cláusulas, sin
perjuicio de las prerrogativas establecidas por la legislación en favor
de las Administraciones Públicas.

JCCAMEH Informe 15/04. <Ejecución y cumplimiento del contrato en base a lo establecido en
los pliegos>. Los contratos han de ser cumplidos en sus estrictos términos, recogidos en los
pliegos, en las ofertas, en la adjudicación y en la formalización de los contratos.
STS de fecha 27 de mayo de 2009. <Los pliegos son ley entre las partes, ajustándose a
ellos el contenido de los contratos >. “...el pliego de condiciones es la legislación del
contrato para la contratista y para la administración contratante teniendo por ende fuerza de ley
entre las partes (...) lo significativo es que la participación en el concurso por los licitadores
comporta la asunción de los derechos y deberes definidos en el pliego que, como ley primordial
del contrato, constituye la fuente a la que debe acudirse para resolver todas las cuestiones que
se susciten en relación al cumplimiento, interpretación y efectos del contrato en cuestión. No
conviene olvidar que los contratos se ajustarán al contenido de los Pliegos Particulares cuyas
cláusulas se consideran parte integrante de los respectivos contratos ”.
STSJ Castilla y León de fecha 26 de enero de 2012. <Los pliegos son ley entre las partes ,
ajustándose a ellos el contenido de los contratos> . “...como tiene reiteradamente declarado el
Tribunal Supremo (sentencias, entre otras, de 6 de febrero y 8 de noviembre de 1988 , 22 de
enero de 1990 y 21 de enero de 1994 ) el Pliego de Condiciones constituye la "lex contractus"
con fuerza vinculante para el contratante y la Administración”
STSJ Cataluña de 9 de mayo de 2012. <Los pliegos son ley entre partes, si se modifican
deben procederse a una nueva convocatoria> “los pliegos de cláusulas constituyen la
lex contractus, y que vinculan tanto a la Administración como a los participantes en el
procedimiento de contratación. De ello deriva necesariamente que cualquier
modificación del pliego, y en especial de los criterios de valoración, deba ir seguida de
una nueva convocatoria”.

Artículo 197. Principio de riesgo y ventura.
La ejecución del contrato se realizará a riesgo y ventura del
contratista, sin perjuicio de lo establecido para el contrato de obras en
el artículo 239.
239.- Fuerza mayor.
1. En casos de fuerza mayor y siempre que no exista actuación imprudente
por parte del contratista, este tendrá derecho a una indemnización por los
daños y perjuicios, que se le hubieren producido en la ejecución del
contrato.
2. Tendrán la consideración de casos de fuerza mayor los siguientes:
a) Los incendios causados por la electricidad atmosférica.
b) Los fenómenos naturales de efectos catastróficos, como maremotos,
terremotos, erupciones volcánicas, movimientos del terreno, temporales
marítimos, inundaciones u otros semejantes.
c) Los destrozos ocasionados violentamente en tiempo de guerra, robos
tumultuosos o alteraciones graves del orden público.
FUERZA MAYOR SÓLO EN OBRAS ???????????

JCCA Aragón Informe 18/2012. <La crisis económica no sirve de fundamento para el
restablecimiento del equilibrio económico de la concesión>.“...la jurisprudencia del Tribunal
Supremo, entre otras, la sentencia del de 2 de marzo de 1999, advierte que « no puede entenderse que
al amparo de la teoría del riesgo imprevisible los entes locales deban paliar o subsanar todas las
situaciones de crisis económica en que puedan encontrarse las empresas concesionarias...> (...) No es
posible, con carácter general, entender que la crisis económica constituye uno de los supuestos que
motivan la obligación del reestablecimiento económico de la concesión a que se refiere el artículo
282.4 TRLCSP.
JCCA Canarias Informe 6/2008. <Inviabilidad de modificación
de la fórmula de revisión de precios en un contrato
de gestión de servicios públicos a fin de mantener el
equilibrio económico financiero>. “… no resultando viable introducir a posteriori elementos no
incluidos inicialmente, en la medida en que el sistema de revisión de precios establecido en el pliego
constituye una de las condiciones con las que se licitó y adjudicó el contrato (...) La aceptación de tales
condiciones lleva implícita la asunción del riesgo y ventura por parte del contratista”.
JCCA Cataluña Informe 2/2011. <Un incremento salarial por convenio no justifica la
modificación del contrato>. “La adecuación del precio del contrato durante su ejecución a la realidad del
mercado se tiene que efectuar, ordinariamente, por el sistema de la revisión de precios (...) es
especialmente significativo el pronunciamiento del Tribunal Supremo en la Sentencia de 15 de marzo de
2007, dictada en el Recurso 7679/2004, por la cual, en definitiva, el Tribunal desestima en casación la
pretensión de la adjudicataria de repercutir el incremento de los costes salariales acordados por
convenio colectivo con posterioridad a la perfección del contrato. Los principales argumentos de la
Sentencia niegan que el incremento de costes generados por el convenio colectivo justifique la
concurrencia de un riesgo imprevisible y de la necesidad de mantener el equilibrio financiero del
contrato sobre la base de un precio justo”.

Prerrogativas de las AAPP
Artículo 190. Enumeración.
Dentro de los límites y con sujeción a los requisitos y efectos señalados en la presente
Ley, el órgano de contratación ostenta la prerrogativa de:
 interpretar los contratos administrativos,
 resolver las dudas que ofrezca su cumplimiento,
modificarlos por razones de interés público,
 declarar la responsabilidad imputable al contratista a raíz de la ejecución del contrato,
 suspender la ejecución del mismo,
 acordar su resolución y
 determinar los efectos de ésta.
Igualmente, el órgano de contratación ostenta las facultades de inspección de las
actividades desarrolladas por los contratistas durante la ejecución del contrato, en
los términos y con los límites establecidos en la presente Ley para cada tipo de
contrato.
En ningún caso dichas facultades de inspección podrán implicar underecho general del órgano de
contratación a inspeccionar las instalaciones,
oficinas y demás emplazamientos en los que el contratista desarrolle sus
actividades, salvo que tales emplazamientos y sus condiciones técnicas sean
determinantes para el desarrollo de las prestaciones objeto del contrato.
En tal caso, el órgano de contratación deberá justificarlo de forma expresa y detallada en
el expediente administrativo.
12

Artículo 191. Procedimiento de ejercicio.
 1. En los procedimientos que se instruyan para la adopción de acuerdos relativos a las
prerrogativas establecidas en el artículo anterior, deberá darse audiencia al contratista.
 2. En la Administración General del Estado, sus Organismos autónomos, Entidades gestoras y
Servicios comunes de la Seguridad Social y demás Administraciones Públicas integrantes del
sector público estatal, los acuerdos a que se refiere el apartado anterior deberán ser
adoptados previo informe del Servicio Jurídico correspondiente, salvo en los casos previstos
en los artículos 109 y 195.
 3. No obstante lo anterior, será preceptivo el dictamen del Consejo de Estado u órgano
consultivo equivalente de la Comunidad Autónoma respectiva en los casos y respecto de
los contratos que se indican a continuación:
 a) La interpretación, nulidad y resolución de los contratos, cuando se formule oposición por parte del
contratista.
 b) Las modificaciones de los contratos cuando no estuvieran previstas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares y su cuantía, aislada o conjuntamente, sea superior a un 20 por ciento del
precio inicial del contrato, IVA excluido, y su precio sea igual o superior a 6.000.000 de euros.
 c) Las reclamaciones dirigidas a la Administración con fundamento en la responsabilidad contractual
en que ésta pudiera haber incurrido, en los casos en que las indemnizaciones reclamadas sean de
cuantía igual o superior a 50.000 euros. Esta cuantía se podrá rebajar por la normativa de la
correspondiente Comunidad Autónoma.
 4. Los acuerdos que adopte el órgano de contratación pondrán fin a la vía administrativa y
serán inmediatamente ejecutivos.
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Normas aplicables a los
procedimientos regulados en esta Ley
y a los medios propios personificados.
 Disposición final cuarta.
 1. Los procedimientos regulados en esta Ley se regirán, en primer
término, por los preceptos contenidos en ella y en sus normas de
desarrollo y, subsidiariamente, por los establecidos en la Ley 39/2015,
de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, y en sus normas complementarias.
 2. En todo caso, en los procedimientos iniciados a solicitud de un
interesado para los que no se establezca específicamente otra cosa y
que tengan por objeto o se refieran a la reclamación de cantidades,
al ejercicio de prerrogativas administrativas o a cualquier otra
cuestión relativa a la ejecución, cumplimiento o extinción de un
contrato administrativo, una vez transcurrido el plazo previsto para su
resolución sin haberse notificado esta, el interesado podrá considerar
desestimada su solicitud por silencio administrativo, sin perjuicio de la
subsistencia de la obligación de resolver.
 3. En relación con el régimen jurídico de los medios propios
personificados, en lo no previsto en la presente Ley, resultará de
aplicación lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de
Régimen Jurídico del Sector Público.
14

La
modificación
de los
contratos

Fundamento de la modificación
de los contratos del sector público
 Ius Variandi = Factum principis = Prerrogativa del órgano de
contratiación
 Se fraguó en torno a los contratos de concesión de servicios
públicos, pues su excesiva duración justificaba que la
Administración no quedase rígidamente vinculada por
largos periodos de tiempo en los cuales podían surgir
necesidades nuevas o producirse avances técnicos que
mejorasen la gestión. Inicialmente, esta facultad no se
recogió en la ley sino en los mismos contratos administrativos
y en los pliegos de cláusulas de la contratación

 tradicionalmente la modificación de los
contratos administrativos se ha
configurado como una prerrogativa de la
Administración que sólo puede ejercitarse
por razones de interés público.
 Como tal prerrogativa o potestad
emanaba directamente del
ordenamiento jurídico y comportaba que
el contratista tenía la obligación de
someterse, salvo que se superase un
margen del 20 % del precio.

García de Enterría:
 “Límites en este sentido no existen ni pueden
existir, porque las exigencias del interés
público, el servicio de la comunidad, no
pueden quedar comprometidos por el error
inicial de la Administración contratante o por
un cambio en las circunstancias
originariamente tenidas en cuenta en el
momento de contratar. El interés general
debe prevalecer en todo caso y en
cualesquiera circunstancias, porque de otro
modo, sería la propia comunidad la que
habría de padecer las consecuencias.
 Obligar a la comunidad a soportar una
carretera, un puerto o un embalse mal
planteado ab initio, inútiles o ineficaces
desde su misma concepción, por un simple
respeto al contractus lex no tendría sentido”.

La modificación en la
jurisprudencia y la doctrina
administrativa
 Tribunal Supremo: no puede modificarse
esencialmente el contrato administrativo.
 Cierto que en la doctrina del Tribunal Supremo había
dos líneas diferentes.
 Para una de ellas debía prevalecer el fin sobre el objeto
ya que lo que se persigue es satisfacer el interés público,
o lo que es lo mismo el poder de modificación es
ilimitado en extensión e intensidad ( Sentencia de 2 de
julio de 1979, ,RJ 2866, y 1 de febrero de 2000 (RJ 318).
 Otra línea jurisprudencial no admitía que la potestad de
modificación abárquese las alteraciones sustanciales ( ej.
la sentencia de 28 de febrero de 1989,RJ 1461, o la
sentencia del TS de 21 de enero de 1994,RJ 144)

La modificación e la
jurisprudencia y la doctrina
administrativa
 Para el Consejo de Estado las modificaciones no podían
extenderse a las alteraciones sustanciales (dictamen 79/93, de 1
de abril).
 Como señaló el dictamen 4350/97 convertir una obra de simple
acondicionamiento de una carretera en la construcción de un
tramo prácticamente nuevo comporta la variación en la voluntad
administrativa que habrá de dar lugar a un expediente nuevo de
contratación y en definitiva a un contrato administrativo distinto.
 No puede modificarse sustancialmente el contrato entiende la
Junta Consultiva de Contratación Administrativa, pues de
alterarse las bases y criterios a los que responde la adjudicación
se resentirían los principios de libre concurrencia y de buena fe (
informe 47/1998 de 17 de marzo , el informe 52/00, de 5 de
marzo de 2001, l informe 50/03, de 12 de marzo de 2004, n el
informe 18/06, de 20 de junio de 2006, l informe 54/06, de 11 de
diciembre de 2006).

La Jurisprudencia del TJUE
 la sentencia del TJCE de 29 abril 2004, caso Comisión de las Comunidades Europeas contra
CAS Succhi di Frutta C-496-99 P (TJCE 2004125). Esa sentencia abordó un asunto en el que
la Comisión se había comprometido a pagar unos suministros con la entrega de manzanas y
de naranjas de los almacenes de intervención, y acordó modificar la modalidad de
pagosustituyendo la entrega de manzanas y naranjas por la entrega de melocotones, de
acuerdo con unos coeficientes de equivalencia; además el adjudicatario principal en su
oferta indicó que, en caso de insuficiencia de manzanas, estaba dispuesto a aceptar
melocotones, mientras que los demás licitadores se sometieron estrictamente a las
condiciones de la licitación, que no preveían la sustitución de las frutas . Respecto de ese
caso, en el que claramente se vislumbra un trato de favor al adjudicatario y una evidente
vulneración del principio de transparencia, el Tribunal de Justicia sienta la siguiente doctrina:
 1. La entidad adjudicadora está obligada a respetar el principio de igualdad de trato
entre los licitadores. Este principio “ impone que todos los licitadores dispongan de las
mismas oportunidades al formular los términos de sus ofertas e implica, por tanto, que éstas
estén sometidas a las mismas condiciones para todos los competidores”.
 2. Asimismo la entidad adjudicadora tiene que respetar el principio de transparencia
que “tiene esencialmente por objeto garantizar que no exista riesgo de favoritismo y
arbitrariedad por parte de la entidad adjudicadora. Implica que todas las condiciones y
modalidades del procedimiento de licitación estén formuladas de forma clara, precisa e
inequívoca en el anuncio de licitación o en el pliego de condiciones, con el fin de que, por
una parte, todos los licitadores razonablemente informados y normalmente diligentes
puedan comprender su alcance exacto e interpretarlos de la misma forma y, por otra
parte, la entidad adjudicadora pueda comprobar efectivamente que las ofertas
presentadas por los licitadores responden a los criterios aplicables al contrato de que se
trata”.

La Jurisprudencia del TJUE
 3. La entidad adjudicadora debe cumplir estrictamente los criterios que ella
misma ha establecido, no sólo durante el procedimiento de licitación
propiamente dicho, que tiene por objeto la evaluación de las ofertas y la
selección del adjudicatario, sino, más en general, hasta la finalización de la
fase de ejecución del contrato de que se trata.
 4. La entidad adjudicadora no “está autorizada a alterar el sistema general
de la licitación modificando unilateralmente más tarde una de sus condiciones
esenciales y, en particular, una estipulación que, si hubiese figurado en el
anuncio de licitación, habría permitido a los licitadores presentar una oferta
sustancialmente diferente”.
 5. “Si la entidad adjudicadora desea que, por determinadas razones,
puedan modificarse ciertas condiciones de la licitación tras haber
seleccionado al adjudicatario, está obligada a prever expresamente esta
posibilidad de adaptación, así como sus modalidades de aplicación, en el
anuncio de licitación elaborado por ella y que establece el marco en el que
debe desarrollarse el procedimiento, de forma que todas las empresas
interesadas en participar en la licitación tengan conocimiento de ello desde el
principio y se hallen así en condiciones de igualdad en el momento de formular
su oferta”.

 “En el supuesto de que no se haya previsto expresamente
tal posibilidad, pero la entidad adjudicadora pretenda
desvincularse de una de las modalidades esenciales
estipuladas durante la fase posterior a la adjudicación del
contrato, no puede continuar válidamente el
procedimiento aplicando condiciones distintas a las
estipuladas inicialmente”.
 “Si la entidad adjudicadora estuviera autorizada para
modificar a su arbitrio, durante la fase de ejecución del
contrato, las propias condiciones de licitación, sin que las
disposiciones pertinentes aplicables contengan una
habilitación expresa en tal sentido, los términos de la
adjudicación del contrato, tal como se estipularon
inicialmente, resultarían desnaturalizados”. Por lo demás
“dicha práctica supondría inevitablemente la vulneración
de los principios de transparencia y de igualdad de trato
entre los licitadores, puesto que la aplicación uniforme de
las condiciones de licitación y la objetividad del
procedimiento dejarían de estar garantizadas”.

En el mismo sentido:
 la sentencia de 19 junio 2008 ( TJCE 2008132), caso Pressetext
Nachrichtenagentur GmbH contra Austria, asunto C-454/06. Se
dilucidaba en la sentencia en qué condiciones puede considerarse
que las modificaciones de un contrato existente entre una entidad
adjudicadora y un prestador de servicios constituyen una nueva
adjudicación de un contrato público de servicios en el sentido de la
Directiva 92/50.
 La Sentencia del Tribunal General (Sala Octava) de 31 de enero de
2013 (Asunto T 235/11) relativa a un recurso del Reino de España
contra la Decisión de la Comisión C 20111 – 1023 final de 18 de
febrero de 2011 por la que se reduce la ayuda del Fondo de
Cohesión a distintas proyectos relativos a la ejecución de
determinadas líneas ferroviarias de alta velocidad en España – AVE-
señaló que permitir a la entidad adjudicadora modificar el contrato
inicial, además de por razones de interés público motivadas por
causas imprevistas, únicamente por necesidades nuevas permitiría a
la entidad adjudicadora modificar a su arbitrio durante la fase de
ejecución del contrato, las propias condiciones de licitación

Síntesis de la Jurisprudencia
del TJUE
 Según la jurisprudencia del TJUE la modificación
sustancial de un contrato exige una nueva
adjudicación, salvo que exista una habilitación
expresa en el anuncio de licitación o en los pliegos
para hacer esa modificación. Si quiere modificarse
una condición esencial y la posibilidad no está
prevista en el anuncio o en el pliego, no puede
continuarse con el contrato, este debe resolverse y
celebrarse una nueva licitación.
 Pero cuando no se altere una condición esencial, la
modificación contractual no desvirtúa los términos del
contrato, tal y como quedaron al tiempo de la
adjudicación, y no es preciso que se haya previsto
expresamente esa posibilidad.

La modificación de
contratos desde 2007
 La Comisión Europea inició contra España el
procedimiento de infracción 2008/2004, al considerar
que el régimen de modificación de los contratos con
posterioridad a su adjudicación, tal como lo
regulaba la LCSP, no estaba en consonancia con los
principios de igualdad de trato, no discriminación y
transparencia derivados del artículo 2 de la Directiva
2004/18/CE sobre contratos públicos y de los artículos
12, 43 y 49 del Tratado constitutivo de la Comunidad
Europea.
 A tal efecto, remitió a España una carta de
emplazamiento el 8 de mayo de 2008 y un dictamen
motivado de fecha 27 de noviembre de 2008.
Después de contestar a la carta y al dictamen,
España aceptó modificar la LCSP en cuanto a la
modificación de los contratos

 Disposición adicional decimosexta de la a Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible
la que modificó los preceptos de la LCSP sobre
modificación de los contratos, para así poner fin
a ese procedimiento de infracción. Así lo indica
la propia exposición de motivos de la LES:
 “En especial, se modifica por completo la
normativa de los modificados de obras, de
acuerdo con las prácticas recomendadas por la
Unión Europea, y teniendo en cuenta,
especialmente, la postura manifestada por la
Comisión sobre modificaciones no previstas en
los documentos de licitación y sobre el carácter
de alteración sustancial de aquellas que
excedan en más de un 10 por ciento el precio
inicial del contrato”

La regulación actual: LCSP
9/2017
 LIBRO SEGUNDO, De los contratos de las
Administraciones Pública,
 TÍTULO I, Disposiciones generales,
 CAPÍTULO I. De las actuaciones relativas a
la contratación de las Administraciones
Públicas,
 subsección 4ª, Modificación de los
contratos,
 artículos 203 a 207.

Los modificados en los
PANAPS
 respecto de los poderes adjudicadores que no
pertenezcan a la categoría de Administraciones Públicas,
aunque los efectos y extinción de los contratos que
celebren se rigen por las por normas de derecho privado,
se les aplican lo dispuesto en los artículos 203 a 205 sobre
supuestos de modificación del contrato (art. 319).
 No prosperó el anteproyecto que preveía que se les
aplicara las normas de modificación solo para los contratos
sujetos a regulación armonizada.
 En estos casos la jurisdicción contencioso administrativa
conoce de las impugnación de las modificaciones
contractuales cuando se base en el incumplimiento de lo
establecido en los artículos 204 y 205 de la presente Ley, y
se entienda que dicha modificación debió ser objeto de
una nueva adjudicación (art. 27)

Los modificados en los
PANAPS
 “asimismo, en los casos en que la modificación del contrato
no estuviera prevista en el pliego de cláusulas
administrativas particulares, siempre que su importe sea
igual o superior a 6.000.000 de euros y la cuantía de la
modificación, aislada o conjuntamente, fuera superior a un
20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido,
será necesaria la autorización del Departamento ministerial
u órgano de la administración autonómica o local al que
esté adscrita o corresponda la tutela de la entidad
contratante, previo dictamen preceptivo del Consejo de
Estado u órgano consultivo equivalente de la Comunidad
Autónoma.
 En estos contratos será en todo caso causa de resolución la
imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos
inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el
contrato conforme a los artículos 204 y 205” (art. 319)

Modificación en entidades
del sector publico NO
poder adjudicador
 la modificación de los contratos de las
entidades del Sector Público que no
ostenten la condición de poder
adjudicador (art. 322).
 se regularán por las normas de derecho
privado que les resulten de aplicación

El recurso especial en la
modificación de los contratos
 El Recurso especial en materia de contratación pública, e deja de estar
vinculado con carácter exclusivo a los contratos SARA, pues se puede
interponer en el caso de contratos de obras, concesiones de obras y de
servicios cuyo valor estimado supere los tres millones y contratos de
servicios y de suministros cuyo valor supere los cien mil euros
 Sigue teniendo carácter potestativo (art. 44),
 Ahora entre las actuaciones impugnable se recoge las modificaciones
basadas en el incumplimiento de lo establecido en los artículos 204 y
205 de la Ley, por entender que la modificación debió ser objeto de una
nueva adjudicación (art. 45.2 d)).
 En cambio el TR en el art. 40.2 disponía que “sin embargo, no serán susceptibles
de recurso especial en materia de contratación los actos de los órganos de
contratación dictados en relación con las modificaciones contractuales no
previstas en el pliego que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105
a 107, sea preciso realizar una vez adjudicados los contratos tanto si acuerdan
como si no la resolución y la celebración de nueva licitación”.
 En estos casos el plazo de quince días hábiles para interponer el recurso
se computará desde el día siguiente a aquel en que se haya publicado
en el perfil de contratante (art. 50.1 d).

33
33
Regla general
LOS MODIFICADOS EN LA
DIRECTIVA 2014/24
Toda modificación que introduzca un
cambio fundamental en un contrato exige
una nueva licitación

34
34
Cambio sustancial I
El que tiene como resultado un contrato de
naturaleza materialmente diferente a la del
celebrado en un principio

35
35
Cambio sustancial II
Se considerará
como tal
Si de haberse licitado inicialmente
podrían haber acudido más u otros
interesados o haberse aceptado una oferta
distinta
Cuando se amplié de forma
importante el ámbito del contrato
Cuando se sustituya al contratista inicial
fuera de los casos permitidos
Cuando se altere el equilibrio
económico en beneficio del
contratista

36
36
Modificados de escaso valor
Modificados previstos en los pliegos
iniciales
Modificados no sustanciales
Modificados basados en causas
imprevisibles

37
37
Modificados previstos
Cláusulas de revisión claras, precisas e
inequívocas
Las cláusulas determinarán el alcance y
naturaleza de las modificaciones
Las cláusulas determinarán las
condiciones en que pueden utilizare.

38
38
Modificados basados en causas
imprevisibles
Causa no previsible por un adjudicador
diligente
La modificación no debe afectar a la
naturaleza del contrato
La modificación no puede superar al
50% del valor inicial

39
39
Que el valor de la modificación sea
inferior al umbral
Y que sea inferior al 10% del valor
inicial en servicios y suministros o al
15% en obras
No podrá alterar la naturaleza global
del contrato

40
40
Cambio de contratista
No es modificado según la vigente
legislación española
Se admite
Previsión en el
contrato
Sucesión empresarial Asunción por el
poder frente a
subcontratistas
40

41
41
Complementarios I
Obras, suministros o servicios
adicionales, necesarios y no previstos en
el contrato inicial
Que cambiar al contratista no sea
factible o genere inconvenientes
significativos
La modificación no puede superar al
50% del valor inicial

42
42
Complementarios II
Art. 32.3 b) dentro de la regulación del
procedimiento negociado sin publicidad
Se refiere a suministros e instalaciones.
La duración no podrá ser superior a
tres años, por regla general

43
Artículo 203. Potestad de modificación del contrato.
1. Sin perjuicio de los supuestos previstos en esta Ley respecto a la sucesión
en la persona del contratista, cesión del contrato, revisión de precios y
ampliación del plazo de ejecución, los contratos administrativos solo
podrán ser modificados por razones de interés público en los casos y en
la forma previstos en esta Subsección, y de acuerdo con el procedimiento
regulado en el artículo 191, con las particularidades previstas en el artículo
207.
2. Los contratos administrativos celebrados por los órganos de contratación
solo podrán modificarse durante su vigencia cuando se dé alguno de los
siguientes supuestos:
a) Cuando así se haya previsto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares, en los términos y condiciones establecidos en el artículo 204;
b) Excepcionalmente, cuando sea necesario realizar una modificación que
no esté prevista en el pliego de cláusulas administrativas particulares,
siempre y cuando se cumplan las condiciones que establece el artículo 205.

44
En cualesquiera otros supuestos, si fuese necesario que un
contrato en vigor se ejecutase en forma distinta a la pactada,
deberá procederse a su resolución y a la celebración de otro
bajo las condiciones pertinentes, en su caso previa convocatoria
y sustanciación de una nueva licitación pública de conformidad con
lo establecido en esta Ley, sin perjuicio de lo dispuesto en el
apartado 6 del artículo 213 respecto de la obligación del
contratista de adoptar medidas que resulten necesarias por
razones de seguridad, servicio público o posible ruina.
3. Las modificaciones del contrato deberán formalizarse conforme
a lo dispuesto en el artículo 153, y deberán publicarse de acuerdo
con lo establecido en los artículos 207 y 63.

45
Modificaciones previstas en el pliego de cláusulas administrativas
particulares. (Art. 204)
1. Los contratos de las Administraciones Públicas podrán modificarse
durante su vigencia hasta un máximo del veinte por ciento del precio
inicial (TRLCSP 10 %) cuando en los pliegos de cláusulas administrativas
particulares se hubiere advertido expresamente de esta posibilidad, en la
forma y con el contenido siguientes:
a) La cláusula de modificación deberá estar formulada de forma
clara, precisa e inequívoca.
b) Asimismo, en lo que respecta a su contenido, la cláusula de
modificación deberá precisar con el detalle suficiente: su alcance, límites
y naturaleza; las condiciones en que podrá hacerse uso de la misma por
referencia a circunstancias cuya concurrencia pueda verificarse de forma
objetiva; y el procedimiento que haya de seguirse para realizar la
modificación. La cláusula de modificación establecerá, asimismo, que la
modificación no podrá suponer el establecimiento de nuevos precios
unitarios no previstos en el contrato.

46
La formulación y contenido de la cláusula de modificación deberá ser tal que en
todo caso permita a los candidatos y licitadores comprender su alcance exacto
e interpretarla de la misma forma y que, por otra parte, permita al órgano de
contratación comprobar efectivamente el cumplimiento por parte de los
primeros de las condiciones de aptitud exigidas y valorar correctamente las
ofertas presentadas por estos.
2. En ningún caso los órganos de contratación podrán prever en el pliego de
cláusulas administrativas particulares modificaciones que puedan alterar la
naturaleza global del contrato inicial.
- En todo caso, se entenderá que se altera esta si se sustituyen las obras, los
suministros o los servicios que se van a adquirir por otros diferentes o se
modifica el tipo de contrato.
- No se entenderá que se altera la naturaleza global del contrato cuando se
sustituya alguna unidad de obra, suministro o servicio puntual.

47
Modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas
administrativas particulares (Art. 205)
Tres tipos:
• Prestaciones Adicionales (antiguos complementarios)
• Circunstancias Imprevisibles
• Modificaciones no sustanciales
1. Las modificaciones no previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares o
que, habiendo sido previstas, no se ajusten a lo establecido en el artículo anterior, solo
podrán realizarse cuando la modificación en cuestión cumpla los siguientes requisitos:
REQUISITOS GENERALES:
a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el apartado
segundo de este artículo.
b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la
causa objetiva que la haga necesaria.
2. Los supuestos que eventualmente podrían justificar una modificación no prevista, siempre y
cuando esta cumpla todos los requisitos recogidos en el apartado primero de este artículo, son
los siguientes:

48
a) Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios
adicionales a los inicialmente contratados, siempre y cuando se den los
dos requisitos siguientes:
1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo
económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a
adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes
a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a
incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que
resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista
generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes
para el órgano de contratación.
En ningún caso se considerará un inconveniente significativo la
necesidad de celebrar una nueva licitación para permitir el cambio
de contratista.
2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía
que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones
acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio
inicial, IVA excluido.
• Prestaciones Adicionales (antiguos
complementarios)

49
b) Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive
de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el
momento en que tuvo lugar la licitación del contrato, siempre y
cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:
1.º Que la necesidad de la modificación se derive de
circunstancias que una Administración diligente no hubiera
podido prever.
2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su
cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras
modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por
ciento de su precio inicial, IVA excluido.
• Circunstancias Imprevisibles

50
c) En este caso se tendrá que justificar especialmente la
necesidad de las mismas, indicando las razones por las que esas
prestaciones no se incluyeron en el contrato inicial.
Una modificación de un contrato se considerará
sustancial cuando tenga como resultado un contrato de
naturaleza materialmente diferente al celebrado en un
principio. En cualquier caso, una modificación se considerará
sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones
siguientes:
1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de
haber figurado en el procedimiento de contratación inicial,
habrían permitido la selección de candidatos distintos de
los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta
distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más
participantes en el procedimiento de contratación.
En todo caso se considerará que se da el supuesto
previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio
resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente,
más la modificación que se pretenda, requieran de una
clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se
exigió en el procedimiento de licitación original.
Modificaciones no sustanciales

51
2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en
beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato
inicial.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo
anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda
realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe
representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del
contrato.
3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del
contrato.
En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo
anterior cuando:
(i) El valor de la modificación suponga una alteración en la
cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15
por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata
del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando
se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en
función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados
en los artículos 20 a 23. (SARA)
(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen
dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya
iniciado la tramitación del expediente de contratación.

52
Obligatoriedad de las modificaciones del contrato.
(art. 206)
En los supuestos de modificación del contrato no
recogidas en los pliegos, las modificaciones acordadas
por el órgano de contratación serán obligatorias para los
contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente,
una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por
ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido.
Cuando de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior la modificación no resulte obligatoria para el
contratista, la misma solo será acordada por el órgano de
contratación previa conformidad por escrito del mismo,
resolviéndose el contrato, en caso contrario.

53
Art. 207: Además de lo previsto en el art. 191 (Proced. Ejercicio de las prerrogativas)
En el caso de las modificaciones contractuales se acordarán en la
forma que se hubiese especificado en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares.
Antes de proceder a la modificación del contrato no recogidas
en los pliegos, deberá darse audiencia al redactor del
proyecto o de las especificaciones técnicas, si estos se
hubiesen preparado por un tercero ajeno al órgano de
contratación en virtud de un contrato de servicios, para que, en un
plazo no inferior a tres días, formule las consideraciones que tenga
por conveniente.
Los órganos de contratación que hubieran modificado un
contrato SARA, a excepción de los contratos de servicios y de
concesión de servicios enumerados en el anexo IV, en los casos
previstos en las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 205
deberán publicar en el «Diario Oficial de la Unión Europea» el
correspondiente anuncio de modificación conforme a lo
establecido en esta Ley.
Especialidades procedimentales.

54
Asimismo los órganos de contratación que hubieren
modificado un contrato durante su vigencia, con
independencia de si este es SARA y de la causa que
justifique la modificación, deberán publicar en todo
caso un anuncio de modificación en el perfil de
contratante del órgano de contratación en el
plazo de 5 días desde la aprobación de la misma,
que deberá ir acompañado de las alegaciones
del contratista y de todos los informes que, en su
caso, se hubieran recabado con carácter previo a su
aprobación, incluidos aquellos aportados por el
adjudicatario o los emitidos por el propio órgano de
contratación.

55
Contratos de suministros y servicios en función de las
necesidades.
Disposición adicional trigésima tercera.
En los contratos de suministros y de servicios que tramiten las
Administraciones Públicas y demás entidades del sector público con
presupuesto limitativo, en los cuales el empresario se obligue a entregar
una pluralidad de bienes o a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por
precio unitario, sin que el número total de entregas o prestaciones
incluidas en el objeto del contrato se defina con exactitud al tiempo de
celebrar este, por estar subordinadas las mismas a las necesidades de
la Administración, deberá aprobarse un presupuesto máximo.
En el caso de que, dentro de la vigencia del contrato, las necesidades
reales fuesen superiores a las estimadas inicialmente, deberá tramitarse
la correspondiente modificación. A tales efectos, habrá de preverse en
la documentación que rija la licitación la posibilidad de que pueda
modificarse el contrato como consecuencia de tal circunstancia, en los
términos previstos en el artículo 204 de esta Ley. La citada modificación
deberá tramitarse antes de que se agote el presupuesto máximo
inicialmente aprobado, reservándose a tal fin el crédito necesario para
cubrir el importe máximo de las nuevas necesidades.

Incumplimiento parcial o
cumplimiento defectuoso
Artículo 192.
1. Los pliegos o el documento descriptivo podrán prever penalidades para el caso de
cumplimiento defectuoso de la prestación objeto del mismo o para el supuesto de
incumplimiento de los compromisos o de las condiciones especiales de ejecución del
contrato que se hubiesen establecido conforme al apartado 2 del artículo 76 y al apartado
1 del artículo 202.
Estas penalidades deberán ser proporcionales a la gravedad del
incumplimiento y las cuantías de cada una de ellas no podrán ser superiores al 10 por
ciento del precio del contrato, IVA excluido, ni el total de las mismas superar el 50 por
cien del precio del contrato. (20% en el TRLCSP)
2. Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido
parcialmente la ejecución de las prestaciones definidas en el contrato, la
Administración podrá optar, atendidas las circunstancias del caso, por su
resolución o por la imposición de las penalidades que, para tales supuestos, se
determinen en el pliego de cláusulas administrativas particulares o en el
documento descriptivo.
3. Los pliegos reguladores de los acuerdos marco podrán prever las penalidades
establecidas en el presente artículo en relación con las obligaciones derivadas del acuerdo
marco y de los contratos en él basados.
56

Demora en la ejecución.
Artículo 193.
1. El contratista está obligado a cumplir el contrato
dentro del plazo total fijado para la realización del
mismo, así como de los plazos parciales señalados para
su ejecución sucesiva.
2. La constitución en mora del contratista no precisará
intimación previa por parte de la Administración.
3. Cuando el contratista, por causas imputables al
mismo, hubiere incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, la Administración podrá
optar, atendidas las circunstancias del caso, por la
resolución del contrato o por la imposición de las
penalidades diarias en la proporción de 0,60 euros por
cada 1.000 euros del precio del contrato, IVA excluido.
(0,20€ en el TRLCSP).
57

Demora en la ejecución.
El órgano de contratación podrá acordar la inclusión en el
pliego de cláusulas administrativas particulares de unas
penalidades distintas a las enumeradas en el párrafo anterior
cuando, atendiendo a las especiales características del
contrato, se considere necesario para su correcta ejecución y
así se justifique en el expediente.
4. Cada vez que las penalidades por demora alcancen un
múltiplo del 5 por 100 del precio del contrato, IVA excluido, el
órgano de contratación estará facultado para proceder a la
resolución del mismo o acordar la continuidad de su
ejecución con imposición de nuevas penalidades.
5. La Administración tendrá las mismas facultades a que se
refieren los apartados anteriores respecto al incumplimiento
por parte del contratista de los plazos parciales, cuando se
hubiese previsto en el pliego de cláusulas administrativas
particulares o cuando la demora en el cumplimiento de
aquellos haga presumir razonablemente la imposibilidad de
cumplir el plazo total.
58

Daños y perjuicios e imposición de
penalidades.
Artículo 194.
1. En los supuestos de incumplimiento parcial o
cumplimiento defectuoso o de demora en la ejecución
en que no esté prevista penalidad o en que estándolo
la misma no cubriera los daños causados a la
Administración, ésta exigirá al contratista la
indemnización por daños y perjuicios.
2. Las penalidades previstas en los dos artículos
anteriores se impondrán por acuerdo del órgano de
contratación, adoptado a propuesta del responsable
del contrato si se hubiese designado, que será
inmediatamente ejecutivo, y se harán efectivas
mediante deducción de las cantidades que, en
concepto de pago total o parcial, deban abonarse al
contratista o sobre la garantía que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de
los mencionados pagos.
59

Desistimiento o renuncia de la Administración a la
celebración del contrato durante la licitación(152)
1. En el caso en que el órgano de contratación desista del procedimiento de
adjudicación o decida no adjudicar o celebrar un contrato para el que se haya
efectuado la correspondiente convocatoria, lo notificará a los candidatos o
licitadores, informando también a la Comisión Europea de esta decisión
cuando el contrato haya sido anunciado en el «Diario Oficial de la Unión
Europea».
2. La decisión de no adjudicar o celebrar el contrato o el desistimiento del
procedimiento podrán acordarse por el órgano de contratación antes de la
formalización.
En estos casos se compensará a los candidatos aptos para participar en la
licitación o licitadores por los gastos en que hubiesen incurrido en la forma
prevista en el anuncio o en el pliego o, en su defecto, de acuerdo con los
criterios de valoración empleados para el cálculo de la responsabilidad
patrimonial de la Administración, a través de los trámites del procedimiento
administrativo común.
60

Desistimiento o Renuncia de la Administración a la
celebración del contrato durante la licitación(152)
3. Sólo podrá adoptarse la decisión de no adjudicar o celebrar el
contrato por razones de interés público debidamente justificadas en el
expediente. En este caso, no podrá promoverse una nueva licitación
de su objeto en tanto subsistan las razones alegadas para fundamentar
la decisión.
4. El desistimiento del procedimiento deberá estar fundado en una
infracción no subsanable de las normas de preparación del contrato o
de las reguladoras del procedimiento de adjudicación, debiendo
justificarse en el expediente la concurrencia de la causa. El
desistimiento no impedirá la iniciación inmediata de un procedimiento
de licitación.
61

Resolución por demora y ampliación
del plazo de ejecución de los
contratos.
 Artículo 195.
1. En el supuesto de demora en la ejecución, si la Administración optase
por la resolución ésta deberá acordarse por el órgano de contratación
o por aquel que tenga atribuida esta competencia en las
Comunidades Autónomas, sin otro trámite preceptivo que la audiencia
del contratista y, cuando se formule oposición por parte de este, el
dictamen del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente de la
Comunidad Autónoma respectiva.
2. Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista
y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial
de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un
plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el
contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un
informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos
imputables al contratista.
62

Indemnización de daños y
perjuicios causados a terceros.
 Artículo 196.
1. Será obligación del contratista indemnizar todos los daños y perjuicios que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecución del contrato.
2. Cuando tales daños y perjuicios hayan sido ocasionados como consecuencia inmediata
y directa de una orden de la Administración, será ésta responsable dentro de los límites
señalados en las Leyes. También será la Administración responsable de los daños que
se causen a terceros como consecuencia de los vicios del proyecto en el contrato de
obras, sin perjuicio de la posibilidad de repetir contra el redactor del proyecto de
acuerdo con lo establecido en el artículo 315, o en el contrato de suministro de
fabricación.
3. Los terceros podrán requerir previamente, dentro del año siguiente a la producción del
hecho, al órgano de contratación para que este, oído el contratista, informe sobre a cuál
de las partes contratantes corresponde la responsabilidad de los daños. El ejercicio de
esta facultad interrumpe el plazo de prescripción de la acción.
4. La reclamación de aquellos se formulará, en todo caso, conforme al procedimiento
establecido en la legislación aplicable a cada supuesto.
63

Facultad de suspender
unilateralmente (art. 208 LCSP).
 Artículo 208. Suspensión de los contratos.
1. Si la Administración acordase la suspensión del
contrato o aquella tuviere lugar por la aplicación
de lo dispuesto en el artículo 198.5, (demora en el
pago superior a cuatro meses) se extenderá un
acta, de oficio o a solicitud del contratista, en la
que se consignarán las circunstancias que la han
motivado y la situación de hecho en la ejecución
de aquel.
2. Acordada la suspensión, la Administración
abonará al contratista los daños y perjuicios
efectivamente sufridos por este con sujeción a las
siguientes reglas:
64

Facultad de suspender unilateralmente
(art. 208 LCSP).
a) Salvo que el pliego que rija el contrato establezca otra cosa, dicho abono sólo
comprenderá, siempre que en los puntos 1º a 4º se acredite fehacientemente su
realidad, efectividad e importe, los siguientes conceptos:
1º) Gastos por mantenimiento de la garantía definitiva.
2º) Indemnizaciones por extinción o suspensión de los contratos de trabajo que el
contratista tuviera concertados para la ejecución del contrato al tiempo de iniciarse
la suspensión.
3º) Gastos salariales del personal que necesariamente deba quedar adscrito al
contrato durante el período de suspensión.
4º) Alquileres o costes de mantenimiento de maquinaria, instalaciones y equipos
siempre que el contratista acredite que estos medios no pudieron ser empleados
para otros fines distintos de la ejecución del contrato suspendido.
5º) Un 3 por 100 del precio de las prestaciones que debiera haber ejecutado el
contratista durante el período de suspensión, conforme a lo previsto en el programa
de trabajo o en el propio contrato.
6º) Los gastos correspondientes a las pólizas de seguro suscritas por el contratista
previstos en el Pliego de cláusulas administrativas vinculados al objeto del
contrato.
b) Sólo se indemnizarán los períodos de suspensión que estuvieran documentados
en la correspondiente acta. El contratista podrá pedir que se extienda dicha acta.
Si la Administración no responde a esta solicitud se entenderá, salvo prueba en
contrario, que se ha iniciado la suspensión en la fecha señalada por el contratista
en su solicitud.
c) El derecho a reclamar prescribe en un año contados desde que el contratista
reciba la orden de reanudar la ejecución del contrato.
65

Responsable del contrato(art. 62 LCSP).
1. Con independencia de la unidad encargada del seguimiento y ejecución
ordinaria del contrato que figure en los pliegos, los órganos de contratación
deberán designar un responsable del contrato al que corresponderá supervisar
su ejecución y adoptar las decisiones y dictar las instrucciones necesarias con
el fin de asegurar la correcta realización de la prestación pactada, dentro del
ámbito de facultades que aquellos le atribuyan. El responsable del contrato
podrá ser una persona física o jurídica, vinculada a la entidad contratante o
ajena a él.
2. En los contratos de obras, las facultades del responsable del contrato serán
ejercidas por el Director Facultativo conforme con lo dispuesto en los artículos
237 a 246.
3. En los casos de concesiones de obra pública y de concesiones de servicios,
la Administración designará una persona que actúe en defensa del interés
general, para obtener y para verificar el cumplimiento de las obligaciones del
concesionario, especialmente en lo que se refiere a la calidad en la prestación
del servicio o de la obra.
66

EL RESPONSABLE DEL
CONTRATO.
●Es un hecho que la ejecución de los contratos discurren por
senderos al margen del procedimiento legal y, quizá las dos
principales causas sean:
oEl cambio del perfil profesional de los que se ocupan de
una y otra fase.
oLa lentitud de la la forma escrita.
●Con esta figura se pretende:
oCoordinar la ejecución del contrato y asegurar una
adecuada colaboración entre el personal de los servicios
interesados en la contratación y el personal de los órganos
de contratación.
oAsegurar el cumplimiento del procedimiento legal y
responsabilizarles de su incumplimiento.
oGarantizar una adecuada gestión del dinero público.

•Facultades ligadas a la recepción (art. 210.2 LCSP).
 –La constatación del cumplimiento exigirá por
parte de la Administración un acto formal y
positivo de recepción o conformidad dentro del
mes siguiente a la entrega o realización del objeto
del contrato, o en el plazo que se determine en el
pliego de cláusulas administrativas particulares por
razón de sus características.
 –A la Intervención de la Administración
correspondiente le será comunicado, cuando ello
sea preceptivo, la fecha y lugar del acto, para su
eventual asistencia en ejercicio de sus funciones
de comprobación de la inversión.
68

Garantías del contratista
 Penalización por mora en el pago del precio (art. 198 y
199 LCSP):
 –La Administración tendrá la obligación de abonar el
precio dentro de los treinta días siguientes a la fecha de
la expedición de las certificaciones de obras o de los
correspondientes documentos que acrediten la
realización total o parcial del contrato.
 –Si se demorase, deberá abonar al contratista, a partir
del cumplimiento de dicho plazo de treinta días, los
intereses de demora y la indemnización por los costes
de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, de
29 de diciembre, por la que se establecen medidas de
lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
69

 la Administración deberá aprobar las certificaciones de
obra o los documentos que acrediten la conformidad con
lo dispuesto en el contrato de los bienes entregados o
servicios prestados dentro de los treinta días siguientes a la
entrega efectiva de los bienes o prestación del servicio,
salvo acuerdo expreso en contrario establecido en el
contrato y en alguno de los documentos que rijan la
licitación, siempre que no sea manifiestamente abusivo
para el acreedor en el sentido del artículo 9 de la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones
comerciales.
 En todo caso, si el contratista incumpliera el plazo de
treinta días para presentar la factura ante el registro
administrativo, el devengo de intereses no se iniciará hasta
transcurridos treinta días desde la fecha de presentación
de la factura en el registro correspondiente en los términos
establecidos en la normativa vigente sobre factura
electrónica, sin que la Administración haya aprobado la
conformidad, si procede, y efectuado el correspondiente
abono.
70

 Art. 199–Transcurrido el plazo de 30 días, los contratistas
podrán reclamar por escrito a la Administración
contratante el cumplimiento de la obligación de pago
y, en su caso, de los intereses de demora. Si,
transcurrido el plazo de un mes, la Administración no
hubiera contestado, se entenderá reconocido el
vencimiento del plazo de pago y los interesados podrán
formular recurso contencioso-administrativo contra la
inactividad de la Administración, pudiendo solicitar
como medida cautelar el pago inmediato de la deuda.
 El órgano judicial adoptará la medida cautelar, salvo
que la Administración acredite que no concurren las
circunstancias que justifican el pago o que la cuantía
reclamada no corresponde a la que es exigible, en
cuyo caso la medida cautelar se limitará a esta última.
La sentencia condenará en costas a la Administración
demandada en el caso de estimación total de la
pretensión de cobro.
71

 –Si la demora en el pago fuese superior a cuatro
meses, el contratista podrá proceder, en su caso, a
la suspensión del cumplimiento del contrato,
debiendo comunicar a la Administración, con un
mes de antelación, tal circunstancia, a efectos del
reconocimiento de los derechos que puedan
derivarse de dicha suspensión, en los términos
establecidos en esta Ley.
 –Si la demora de la Administración fuese superior a
seis meses, el contratista tendrá derecho,
asimismo, a resolver el contrato y al resarcimiento
de los perjuicios que como consecuencia de ello
se le originen.
72

•Abonos a cuenta (art. 198.2 y .3 TRLCSP):
 -En los casos en que el importe acumulado de los abonos a
cuenta sea igual o superior con motivo del siguiente pago al
90 por ciento del precio del contrato incluidas, en su caso,
las modificaciones aprobadas, al expediente de pago que
se tramite habrá de acompañarse, cuando resulte
preceptiva, la comunicación efectuada a la Intervención
correspondiente para su eventual asistencia a la recepción
en el ejercicio de sus funciones de comprobación material
de la inversión
 –El contratista tendrá también derecho a percibir abonos a
cuenta por el importe de las operaciones preparatorias de la
ejecución del contrato y que estén comprendidas en el
objeto del mismo, en las condiciones señaladas en los
respectivos pliegos, debiéndose asegurar los referidos pagos
mediante la prestación de garantía.
73

•Inembargabilidad (art. 216.7):
 –Sin perjuicio de lo establecido en las normas
tributarias y de la Seguridad Social, los abonos a
cuenta que procedan por la ejecución del
contrato, solo podrán ser embargados en los
siguientes supuestos:
 •Para el pago de los salarios devengados por el
personal del contratista en la ejecución del
contrato y de las cuotas sociales derivadas de los
mismos.
 •Para el pago de las obligaciones contraídas por
el contratista con los subcontratistas y
suministradores referidas a la ejecución del
contrato.
74

•Transmisión de derechos de cobro (art. 200 LCSP):
 –1. Los contratistas que tengan derecho de cobro frente a la
Administración, podrán ceder el mismo conforme a derecho.
 –2. Para que la cesión del derecho de cobro sea efectiva
frente a la Administración, será requisito imprescindible la
notificación fehaciente a la misma del acuerdo de cesión.
 –3. La eficacia de las segundas y sucesivas cesiones de los
derechos de cobro cedidos por el contratista quedará
condicionada al cumplimiento de lo dispuesto en el número
anterior.
 –4. Una vez que la Administración tenga conocimiento del
acuerdo de cesión, el mandamiento de pago habrá de ser
expedido a favor del cesionario. Antes de que la cesión se
ponga en conocimiento de la Administración, los
mandamientos de pago a nombre del contratista o del
cedente surtirán efectos liberatorios.
 -5. Las cesiones anteriores al nacimiento de la relación jurídica
de la que deriva el derecho de cobro no producirán efectos
frente a la Administración. En todo caso, la Administración
podrá oponer frente al cesionario todas las excepciones
causales derivadas de la relación contractual.
75

•Cesión del contrato (art. 214 LCSP):
1. Al margen de los supuestos de sucesión del contratista y sin perjuicio de la subrogación
que pudiera producirse a favor del acreedor hipotecario o del adjudicatario en el
procedimiento de ejecución hipotecaria, la modificación subjetiva de los contratos
solamente será posible por cesión contractual, cuando obedezca a una opción inequívoca
de los pliegos, dentro de los límites establecidos en el párrafo siguiente.
A tales efectos, los pliegos establecerán necesariamente que los derechos y
obligaciones dimanantes del contrato podrán ser cedidos por el contratista a un tercero
siempre que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razón
determinante de la adjudicación del contrato, y de la cesión no resulte una restricción
efectiva de la competencia en el mercado. Sin perjuicio de lo establecido en el
apartado 2, letra b), no podrá autorizarse la cesión a un tercero cuando esta suponga
una alteración sustancial de las características del contratista si estas constituyen un
elemento esencial del contrato.
Cuando los pliegos prevean que los licitadores que resulten adjudicatarios constituyan una
sociedad específicamente para la ejecución del contrato, establecerán la posibilidad de
cesión de las participaciones de esa sociedad; así como el supuesto en que, por implicar un
cambio de control sobre el contratista, esa cesión de participaciones deba ser equiparada a
una cesión contractual a los efectos de su autorización de acuerdo con lo previsto en el
presente artículo. Los pliegos podrán prever mecanismos de control de la cesión de
participaciones que no impliquen un cambio de control en supuestos que estén
suficientemente justificados.
76

 Para que los contratistas puedan ceder sus derechos y
obligaciones a terceros, los pliegos deberán contemplar,
como mínimo, la exigencia de los siguientes requisitos:
 a) Que el órgano de contratación autorice, de forma previa
y expresa, la cesión. Dicha autorización se otorgará siempre
que se den los requisitos previstos en la letras siguientes. El
plazo para la notificación de la resolución sobre la solicitud
de autorización será de dos meses, trascurrido el cual
deberá entenderse otorgada por silencio administrativo.
 b) Que el cedente tenga ejecutado al menos un 20 por 100
del importe del contrato o, cuando se trate de un contrato
de concesión de obras o concesión de servicios, que haya
efectuado su explotación durante al menos una quinta
parte del plazo de duración del contrato.
 No será de aplicación este requisito si la cesión se produce
encontrándose el contratista en concurso aunque se haya
abierto la fase de liquidación, o ha puesto en conocimiento
del juzgado competente para la declaración del concurso
que ha iniciado negociaciones para alcanzar un acuerdo
de refinanciación, o para obtener adhesiones a una
propuesta anticipada de convenio, en los términos previstos
en la legislación concursal.
77

 No obstante lo anterior, el acreedor pignoraticio o el acreedor
hipotecario podrá solicitar la cesión en aquellos supuestos en que
los contratos de concesión de obras y de concesión de servicios los
pliegos prevean, mediante cláusulas claras e inequívocas, la
posibilidad de subrogación de un tercero en todos los derechos y
obligaciones del concesionario en caso de concurrencia de algún
indicio claro y predeterminado de la inviabilidad, presente o futura,
de la concesión, con la finalidad de evitar su resolución anticipada.
 c) Que el cesionario tenga capacidad para contratar con la
Administración y la solvencia que resulte exigible en función de la
fase de ejecución del contrato, debiendo estar debidamente
clasificado si tal requisito ha sido exigido al cedente, y no estar
incurso en una causa de prohibición de contratar.
 d) Que la cesión se formalice, entre el adjudicatario y el cesionario,
en escritura pública.
 3. El cesionario quedará subrogado en todos los derechos y
obligaciones que corresponderían al cedente.
78

STS de fecha 14 de octubre de 2005. <La cesión de contrato puede tener
efectos, respecto de derechos y obligaciones, previos o posteriores a la
cesión, en función de los términos del acuerdo de cesión y siempre que el interés
público quede garantizado>. “… a tenor del párrafo segundo del artículo 182 del
Reglamento, el cesionario queda subrogado en todos los derechos y obligaciones que
correspondían al cedente, debiendo entenderse que esta subrogación se refiere a la
totalidad del tracto de la relación contractual, y no se produce solo a partir del
momento en que se suscribe el contrato de cesión
STS de fecha 29 de diciembre de 2004. <La cesión de contrato a favor de una
entidad que no tiene capacidad es un acto nulo>. “... Ya ha
quedado constatado que el contrato de cesión de obra era nulo de derecho
puesto que Fondomar carecía de la necesaria capacidad para subrogarse como
contratista del Estado. Y también conviene recordar que esa clase de nulidad es
incluso apreciable de oficio por los Tribunales en su misión revisora de la actuación
de la Administración. (Sentencias de esta Sala de 24 de abril y 25 de septiembre de
1989 y la ya citada de 2 de octubre de 2000).
Consiguientemente, hubiese o no sido declarada formalmente la nulidad de la cesión
del contrato de obra, lo que en modo alguno puede pretenderse es obtener de los
Tribunales una declaración de su validez y vigencia que vendría a convalidar con
fuerza de cosa juzgada un acto nulo de derecho”.

Artículo 215. Subcontratación.
1.El contratista podrá concertar con terceros la realización parcial de la prestación con
sujeción a lo que dispongan los pliegos, salvo que conforme a lo establecido en las
letras d) y e) del apartado 2º de este artículo, la prestación o parte de la misma haya
de ser ejecutada directamente por el primero.
En ningún caso la limitación de la subcontratación podrá suponer que se produzca
una restricción efectiva de la competencia, sin perjuicio de lo establecido en la
presente Ley respecto a los contratos de carácter secreto o reservado, o aquellos
cuya ejecución deba ir acompañada de medidas de seguridad especiales de
acuerdo con disposiciones legales o reglamentarias o cuando lo exija la protección
de los intereses esenciales de la seguridad del Estado.
2. La celebración de los subcontratos estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a)Si así se prevé en los pliegos o en el anuncio de licitación, los licitadores deberán indicar en
la oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, señalando su importe, y el
nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las condiciones de solvencia
profesional o técnica, de los subcontratistas a los que se vaya a encomendar su realización.
b) En todo caso, el contratista deberá comunicar por escrito, tras la adjudicación del contrato y, a más tardar, cuando
inicie la ejecución de este, al órgano de contratación la intención de celebrar los subcontratos, señalando la parte de la
prestación que se pretende subcontratar y la identidad, datos de contacto y representante o representantes legales del
subcontratista, y justificando suficientemente la aptitud de este para ejecutarla por referencia a los elementos técnicos y
humanos de que dispone y a su experiencia, y acreditando que el mismo no se encuentra incurso en prohibición de
contratar de acuerdo con el artículo 71.
El contratista principal deberá notificar por escrito al órgano de contratación cualquier modificación que sufra esta
información durante la ejecución del contrato principal, y toda la información necesaria sobre los nuevos
subcontratistas.
En el caso que el subcontratista tuviera la clasificación adecuada para realizar la parte del contrato objeto de la
subcontratación, la comunicación de esta circunstancia será suficiente para acreditar la aptitud del mismo.

e) De conformidad con lo establecido en el apartado 4 del artículo 75, en los
contratos de obras, los contratos de servicios o los servicios o trabajos de
colocación o instalación en el contexto de un contrato de suministro, los órganos
de contratación podrán establecer en los pliegos que determinadas tareas críticas
no puedan ser objeto de subcontratación, debiendo ser éstas ejecutadas
directamente por el contratista principal. La determinación de las tareas críticas
deberá ser objeto de justificación en el expediente de contratación
La infracción de las condiciones establecidas en el apartado anterior para proceder a la
subcontratación, así como la falta de acreditación de la aptitud del subcontratista o de las
circunstancias determinantes de la situación de emergencia o de las que hacen urgente la
subcontratación, podrá dar lugar, en todo caso, cuando así se hubiera previsto en los pliegos:
a) la imposición al contratista de una penalidad de hasta un 50 por 100 del importe del
subcontrato.
b) La resolución del contrato, siempre y cuando se cumplan los requisitos
establecidos en el segundo párrafo de la letra f) del apartado 1 del artículo 211
3.Los subcontratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal que asumirá, por
tanto, la total responsabilidad de la ejecución del contrato frente a la Administración, con arreglo
estricto a los pliegos de cláusulas administrativas particulares y a los términos del contrato.
4.En ningún caso podrá concertarse por el contratista la ejecución parcial del contrato con
personas inhabilitadas para contratar de acuerdo con el ordenamiento jurídico o comprendidas
en alguno de los supuestos del artículo 71.
5.El contratista deberá informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratación,
de acuerdo con la legislación laboral.

82
Pagos directos a los subcontratistas.
Disposición adicional quincuagésima primera.
1. Sin perjuicio de lo previsto en los artículos 216 y 217 y siempre que se
cumplan las condiciones establecidas en el artículo 215, el órgano de
contratación podrá prever en los pliegos de cláusulas administrativas, se
realicen pagos directos a los subcontratistas.
2. El subcontratista que cuente con la conformidad para percibir pagos
directos podrá ceder sus derechos de cobro conforme a lo previsto en el
artículo 200.
3. Los pagos efectuados a favor del subcontratista se entenderán realizados
por cuenta del contratista principal, manteniendo en relación con la
Administración contratante la misma naturaleza de abonos a buena cuenta
que la de las certificaciones de obra.
4. En ningún caso será imputable a la Administración el retraso en el pago
derivado de la falta de conformidad del contratista principal a la factura
presentada por el subcontratista.
5. Se autoriza al Ministro de Hacienda y Función Pública para desarrollar, en
el ámbito del sector público estatal, las previsiones contenidas en los
apartados anteriores relativas a las características de la documentación que
debe aportarse, el régimen de notificaciones, y el de certificaciones, operativa
contable y facturación.

CCCA Andalucía Informe 17/08. <Subcontratación sin límites porcentuales en caso de empresas
vinculadas. Régimen de solvencia para la subcontratación y posibilidad de clasificación>. “Se
puede subcontratar hasta el 100 por cien del contrato con empresas vinculadas que se
encuentren en algunos de los supuestos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio”.
STSJ de Andalucía de 17 de septiembre de 2001 . “En una relación sinalagmática, como es la
derivada del contrato de obras, si el subcontratista queda obligado sólo ante el contratista principal
(excluyendo a la Administración Pública) sólo a éste podrá exigir la satisfacción de sus derechos”, y
en igual sentido se pronuncia la Audiencia Nacional en su Sentencia de 22 de noviembre de 2005
(Recurso núm. 1538/2002). El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia de 9 de
junio de 2006 (recurso núm. 563/2003) añade que “el subcontratista puede accionar contra el
contratista, pero no existe propiamente una relación directa entre la Administración y el
subcontratista ni, en consecuencia, está reconocida la posibilidad de entablar una acción contra
aquella”.
STJUE de 23 de diciembre de 2009 (CoNISMa) Asunto C-305/08. <Posibilidad de acreditar la
solvencia a través de medios ajenos o mediante la
subcontratación de parte del contrato>. “Por último, de conformidad
también con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, las normas comunitarias no exigen que la
persona que celebra un contrato con una entidad adjudicadora sea capaz de realizar la prestación
pactada directamente con sus propios recursos para que pueda ser calificada de contratista, esto
es, de operador económico. Basta con que esté en condiciones de ejecutar la prestación de que se
trate, aportando las garantías necesarias para ello (véase, en este sentido, la sentencia de 12 de
julio de 2001, Ordine degli Architetti y otros, C-399/98, Rec. p. I-5409, apartado 90) (...) Así pues,
tanto de las normas comunitarias como de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende
que puede licitar o presentarse como candidato toda persona o entidad que, a la vista de los
requisitos previstos en un anuncio de licitación, se considere apta para garantizar la ejecución del
contrato público, directamente o recurriendo a la subcontratación”.

Artículo 216. Pagos a subcontratistas y suministradores.
Artículo 217. Comprobación de los pagos a los subcontratistas o
suministradores.
Las actuaciones de comprobación y de imposición de penalidades por el
incumplimiento previstas, serán obligatorias para las
Administraciones Públicas y demás entes públicos contratantes, en los contratos
de obras y en los contratos de servicios cuyo valor estimado supere los 5 millones
de euros y en los que el importe de la subcontratación sea igual o superior al 30 por
ciento del precio del contrato, en relación a los pagos a subcontratistas que hayan
asumido contractualmente con el contratista principal el compromiso de realizar
determinadas partes o unidades de obra.
Mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, a propuesta de la
Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación, previo
informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podrá
ampliarse el ámbito de los contratos en los que estas actuaciones de comprobación
e imposición de penalidades previstas en el apartado 1 sean obligatorias.

Cumplimiento de los contratos y recepción de la prestación:
EL PERÍODO DE GARANTÍA
1.El contrato se entenderá cumplido por el contratista cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los términos del mismo y a satisfacción de la Administración, la
totalidad de la prestación.
3. En los contratos se fijará un plazo de garantía a contar de la fecha de recepción o
conformidad, transcurrido el cual sin objeciones por parte de la Administración,
salvo los supuestos en que se establezca otro plazo en esta Ley o en otras normas,
quedará extinguida la responsabilidad del contratista. Se exceptúan del plazo de
garantía aquellos contratos en que por su naturaleza o características no resulte
necesario, lo que deberá justificarse debidamente en el expediente de contratación,
consignándolo expresamente en el pliego.
Excepto en los contratos de obras, que se regirán por lo dispuesto en el artículo
243, dentro del plazo de treinta días a contar desde la fecha del acta de
recepción o conformidad, deberá acordarse en su caso y cuando la
naturaleza del contrato lo exija,y ser notificada al contratista la liquidación
correspondiente del contrato, y abonársele, en su caso, el saldo resultante.

No obstante, si la Administración Pública recibe la factura
con posterioridad a la fecha en que tiene lugar dicha
recepción, el plazo de treinta días se contará desde su
correcta presentación por el contratista en el registro
correspondiente en los términos establecidos en la
normativa vigente en materia de factura electrónica. Si se
produjera demora en el pago del saldo de liquidación, el
contratista tendrá derecho a percibir los intereses de
demora y la indemnización por los costes de cobro en los
términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre,
por la que se establecen medidas de lucha contra la
morosidad en las operaciones comerciales

JCCAMEH Informe 17/05. <Posibilidad de que los funcionarios, laborales o miembros
de la Corporación firmen la prestación de la conformidad en factura
que acredita la recepción en los contratos menores>. Aunque no se comprenden las
razones que impiden el cumplimiento del requisito de la firma de facturas en contratos
menores por funcionarios municipales, la interpretación necesariamenteflexible
y simplificadora del régimen jurídico de dichos contratos, conduce a la conclusión de que la
firma puede corresponder a contratados laborales o a miembros de la Corporación Local.
JCCA Islas Baleares Informe 9/2000. <Recepción delos contratosde servicio
(anteriores contratos de consultorio y asistencia)>. “El artículo 213 de
la LCAP
complementa y desarrolla las especificidades de la
recepción para los contratos de consultoría y asistencia y los de servicios que
con carácter general se regula en el art. 110, no constituyendo actos o trámites distintos (...) El
órgano de contratación es quien tiene la facultad de determinar si la prestación objeto de estos
contratos se ha cumplido y, en consecuencia, de recepcionar; sin perjuicio de la posibilidad de
hacerlo por representación”.
JCCA Madrid Informe 6/2000. <La liquidación de los contratos>. “Que en el TRLCAP la
liquidación se configura para todos los tipos de contratos como
de obligada cumplimentación.
Que la liquidación en el contrato de obras se materializa en un
momento final una vez transcurrido el plazo de garantía, a diferencia de su configuración en el resto
de los contratos regulados en el TRLCAP que se produce al inicio de dicho plazo de garantía.
Que en el contrato de gestión de servicios públicos, se deberá regular en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares el régimen aplicable para su liquidación”.

Precio (Art. 102)
 1. Los contratos del sector público tendrán siempre un
precio cierto, que se abonará al contratista en función de
la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo
pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a
abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido,
que en todo caso se indicará como partida
independiente.
 2. Con carácter general el precio deberá expresarse en
euros, sin perjuicio de que su pago pueda hacerse
mediante la entrega de otras contraprestaciones en los
casos en que ésta u otras Leyes así lo prevean.
 No obstante lo anterior, en los contratos podrá preverse
que la totalidad o parte del precio sea satisfecho en
moneda distinta del euro. En este supuesto se expresará
en la correspondiente divisa el importe que deba
satisfacerse en esa moneda, y se incluirá una estimación
en euros del importe total del contrato

PRECIO, PRESUPUESTO, VALOR ESTIMADO
• Presupuesto base de licitación (PBL) Documento anexo al pliego
prescripciones técnicas.
Partida independiente: IVA /IGIC / IPSI
Presupuesto gasto máximo estimado (PGME) /Acuerdos
marco
Documento anexo al pliego prescripciones técnicas
Partida independiente: IVA /IGIC / IPSI
Valor Estimado del Contrato (VEC), siempre IVA excluido
Formas de cálculo según diferentes contratos.
Suministros.
Modificaciones previstas.
• Precio del contrato (PC)
• Retribución del Contratista, siempre IVA incluido, aunque deba figurar como partida
independiente.
Forma: precios unitarios / a tanto alzado.
 Términos conceptuales/Informe nº 43/08, de 28 de julio de 2008, JCCAEstado
 Pago cesión de terrenos/Informe 12/2010, de 3 de noviembre, de la JCCAAragón
 Acuerdos marco/Presupuesto máximo
 El término “precio” en la Ley de Contratos del Sector Público.
Precio y conceptos afines

LA FACTURA
ELECTRÓNICA.
● Los empresarios que sean proveedores del Sector Público ESTATAL deben facturar
electrónicamente.
● Ello no obsta, para que los proveedores de cualquier otro ente del Sector Público puedan,
haciendo uso de su derecho a relacionarse electrónicamente, presentar su factura en formato
electrónico.
● El Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de
estímulo del crecimiento y de la creación de empleo modificó el régimen de las facturas
electrónicas excluyendo de la regulación general contenida en la disposición adicional
decimosexta sobre el uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en los
procedimientos regulados en la Ley las facturas electrónicas que se emitan en los
procedimientos de contratación estableciendo en la letra f) del apartado 1 de la disposición
adicional decimosexta que: “No obstante lo anterior, las facturas electrónicas que se emitan
en los procedimientos de contratación se regirán en este punto por lo dispuesto en la
normativa especial que resulte de aplicación.”
● La disposición adicional decimosexta Uso de medios electrónicos, informáticos y telemáticos en
los procedimientos regulados en la Ley del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público en
su apartado 2 dice: "Ajustándose a los requisitos establecidos en el apartado anterior y a
los señalados en las normas que regulen con carácter general su uso en el tráfico
jurídico, las disposiciones de desarrollo de esta Ley establecerán las condiciones en que
podrán utilizarse facturas electrónicas en la contratación del sector público."

Precio
 3. Los órganos de contratación cuidarán de que el
precio sea adecuado para el efectivo
cumplimiento del contrato mediante la correcta
estimación de su importe, atendiendo al precio
general de mercado, en el momento de fijar el
presupuesto base de licitación y la aplicación, en
su caso, de las normas sobre ofertas con valores
anormales o desproporcionados.
 En aquellos servicios en los que el coste económico
principal sean los costes laborales, deberán
considerarse los términos económicos de los
CONVENIOS COLECTIVOS SECTORIALES, nacionales,
autonómicos y provinciales aplicables en el lugar
de prestación de los servicios.

Precio formulación
En términos de precios unitarios:
 Referidos a los distintos componentes de la prestación
 Referidos a las unidades de la prestación que se
entreguen o ejecuten
En términos de precios aplicables a tanto
alzado
 A la totalidad
 A la parte de las prestaciones del contrato

Precio Provisional
Carácter Excepcional
Procedimiento negociado o diálogo
competitivo.
El contrato debe iniciarse antes de la
determinación del precio:
Complejidad/Técnica nueva
No existe información sobre coste
Debe establecerse el procedimiento para
determinar el precio definitivo.
En los contratos celebrados con precios
provisionales no cabrá la revisión de precios

Valor estimado del
contrato
Comprende el “Importe total”:
Sin I.V.A.
Considerando las eventuales prórrogas
 Y cualquier forma de opción eventual
 Las primas o pagos a los licitadores
 El importe total de las modificaciones
previstas

Valor estimado del contrato
En los “Acuerdos Marcos” y en
los “Sistemas Dinámicos de
Contratación”
 Será el valor máximo estimado de los contratos que
puedan celebrarse durante la vigencia
 Excluido el IVA

Pago aplazado
 Se prohíbe el pago aplazado del precio en los
contratos de las Administraciones Públicas,
excepto en los supuestos en que el sistema de
pago se establezca
 - mediante la modalidad de arrendamiento
financiero (LEASING)
 - o de arrendamiento con opción de compra
(RENTING),
 - así como en los casos en que ésta u otra Ley
lo autorice expresamente.
96

EL IVA. EL “SALTO” DE
RÉGIMEN JURÍDICO.
●Según el informe 43/08, de 28 de julio de 2008:
oAntes de la formalización, todas las cantidades o importes son IVA
EXCLUIDO.
oNo obstante, para determinar la competencia del órgano de contratación
(incoación) se incluye el IVA.
oDespués de la formalización, las cantidades son IVA INCLUIDO.
●La inclusión del IVA en esta fase puede suponer un cambio o un “salto” de
régimen jurídico. Ejemplo:
oContrato servicios valor estimado (98.000,00€); procedimiento negociado
con publicidad; la publicidad obligatoria sería exclusivamente el perfil de
contratante.
oPrecio de adjudicación, IVA incluido, (106.200,00€) es superior a
106.200,00€ hay obligación de publicar en un diario oficial la formalización
de un contrato cuya licitación no se ha publicado en ese medio.

Normativa Estatal
Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
2/2015, de 30 de marzo de desindexación de la economía española.
Resolución de 2 de diciembre de 2016, de la Presidencia del Tribunal de Cuentas, publica el Acuerdo del Pleno
de 24 de noviembre de 2016, por el que aprueba la instrucción relativa a al remisión telemática al Tribunal de
Cuentas de convenios y de relaciones anuales de los celebrados por las entidades del sector público local.
Real Decreto 742/2016, de 30 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2017.
Resolución de 27 de diciembre de 2016, de la Secretaria General del Tesoro y Política Financiera, publica el
tipo legal de interés de demora aplicable a las operaciones comerciales durante el primer trimestre natural del
año 2017.
Real Decreto-Ley 3/2016, de 2 de diciembre, por el que se adoptan medidas en el ámbito tributario dirigidas a
la consolidación de las finanzas públicas y otras medidas urgentes en materia social.
Orden HFP/1904/2016,de 29 de noviembre, por la que se aprueban las normas contables de los fondos para la
liquidación de activos y pasivos previstos en el artículo 13.4 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las
Bases del Régimen Local. (Fondo sin personalidad jurídica que queda adscrito al municipio resultante de una fusión
voluntaria de municipios, para liquidar los activos y pasivos que en él se integraran, cuando uno de los municipios
fusionados está en situación de déficit).*
Criterios de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Función Pública para el
ejercicio de las funciones de tesorería en corporaciones locales de menos de 20.000 habitantes a partir del 1 de
enero de 2017.

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación
de la economía española.

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.
Preambulo
Objetivo principal de la Ley: establecer una nueva disciplina no indexadora en el ámbito de la
contratación pública, que supone aproximadamente el 20 por ciento del Producto Interior Bruto, en los
precios regulados y, en general, en todas las partidas de ingresos y de gastos de los presupuestos públicos.
La indexación con base en índices generales, como el Índice de Precios de Consumo (IPC), es una práctica
que permite modificar los valores monetarios de las variables económicas, de acuerdo con la variación de un
índice de precios a lo largo de un período.
La práctica indexadora tiende a ser más generalizada en economías donde la inestabilidad macroeconómica,
en particular una elevada inflación, erosiona el poder adquisitivo de los valores monetarios, de forma que se
recurre a referenciar la evolución en el tiempo de tales valores a índices de precios como mecanismo de
defensa. Sin embargo, tal mecanismo genera efectos perversos. La indexación está en el origen de los
denominados «efectos de segunda ronda». Cuando el precio de un bien o servicio aumenta, los índices de
precios como el IPC suben, y esto supone un aumento automático en el precio de otros bienes simplemente
porque están indexados a este índice. Ocurre así que un aumento del precio del petróleo o de un alimento
encarece, debido a su impacto en el IPC, el precio de bienes cuyos costes de producción no tienen una
conexión directa con esos dos bienes.
La indexación, por tanto, tiende a generar una inflación más elevada y favorece su persistencia en el tiemp
El correcto funcionamiento de un mecanismo de fijación de precios requiere que estos transmitan la
información relevante respecto a los costes y la demanda. La inclusión de cláusulas de indexación supone en
la práctica impedir que esto ocurra de forma eficaz. Los precios evolucionan al margen de la situación de
estos factores en cada sector y pasan a hacerlo de forma homogénea en todos ellos, desvirtuando así la
señal que ofrecen los precios relativos de unos bienes y servicios frente a otros.
Adicionalmente, la inflación erosiona la competitividad

Clasificacion de las revisiones (art.2)
Revisión
Periodica
No
periodica
Predeterminada
No
predeterminada
- Art. 4 de la Ley 2/2015, de
desindexación
- Art. 103 LCSP
que lo
- Art. 5 de la Ley 2/2015, de
desindexación
- En la LCSP sólo para
contratos no SARA de
defensa, secretos, jurídicos,
telecos

RÉGIMEN APLICABLE EN EL ÁMBITO DEL SECTOR PÚBLICO …………(OBLIGATORIO)
Artículo 4. Régimen aplicable a la REVISIÓN PERIÓDICA Y PREDETERMINADA de valores monetarios
1. Los valores monetarios referidos en el artículo 3.1.a) no podrán ser objeto de revisión periódica y
predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contenga.
2. Excepcionalmente, se podrá aprobar un régimen de revisión periódica y predeterminada de los valores
referidos en el apartado anterior. siempre que sea en función de precios individuales e índices específicos de
precios, cuando la naturaleza recurrente de los cambios en los costes de la actividad así lo requiera y se autorice
en el desarrollo reglamentario previsto en el apartado siguiente.
Los índices específicos aplicables deberán tener la mayor desagregación posible de entre los disponibles al público a
efectos de reflejar de la forma más adecuada la evolución de los costes, evaluados conforme al principio de eficiencia
económica y buena gestión empresarial. Las revisiones periódicas y predeterminadas no incluirán la variación de
los costes financieros, amortizaciones, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Dichas
revisiones podrán incluir la variación de los costes de mano de obra en los supuestos y con los límites
expresamente previstos en el real decreto a que se refiere el apartado siguiente.
…
6. Excepcionalmente, en los contratos de arrendamiento de inmuebles contemplados en la letra p) del apartado
1 del artículo 4 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 2/2011, de 14 de noviembre, las partes podrán, previa justificación económica, incorporar un
régimen de revisión periódica y predeterminada para la renta. En tal caso, únicamente se podrá utilizar como
índice de referencia para la revisión de la renta la variación anual del índice de precios del alquiler de oficinas,
a nivel autonómico, publicado por el Instituto Nacional de Estadística, a fecha de cada revisión, tomando como
trimestre de referencia el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de revisión del contrato.
En defecto de pacto expreso, no se aplicará revisión de rentas a los citados contratos.

Esquema de la transitoriedad.
Contratos vigentes
a
1/4/2015
(entrada en vigor de la Ley)
Nuevos contratos
Aplican el que
está previsto en
el contrato y en
els pliego de
clausulas
Expedientes en los cuales, antes de
la entrada en vigor del RD de
desarrollo previsto en el art.4,
(5/2/2017)se haya publicado la
convocatoria o se hayan
aprobado los pliegos si es un
procedimento negociado sin
publicitad
Expedientes iniciados después
de la entrada en vigor del RD
de desarrollo previsto en el
art. 4 (5/2/2017)
------------------
En todos los casos de
contratos de arrendamiento
Aplicaran el
que prevea
los pliegos
de clausulas
Se aplicará la Ley
de
desindexación y
el nuevo articulo
89 del TRLCSP

Disposición derogatoria.
a) Se derogan los artículos 90 (sistema de revisión de precios), 91 (fórmulas) y 92 (coeficiente de
revisión) del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Disposición final tercera. Modificación del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre.
Dos. Se modifica la rúbrica del Capítulo II del Título III del Libro I que queda redactada del siguiente
modo: «CAPÍTULO II Revisión de precios en los contratos del sector público»
Tres. El artículo 89 Procedencia y límites , queda redactado del siguiente modo:
«1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y
predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo.
No cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos.
Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean abonadas
por la Administración o por los usuarios.
2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el real decreto al que se refieren los
artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de desindexación de la economía española, la revisión periódica y
predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en los contratos de suministro de
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas y en aquellos otros contratos en los
que el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho período se calculará
conforme a lo dispuesto en el real decreto anteriormente citado.
No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes
financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de los
contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones
Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años y la
intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo con los supuestos y límites establecidos
en el real decreto.

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