1. Versión provisional,
para ser ajustada luego de su presentación y discusión.
Fundación Rómulo Betancourt
V Diplomado de Historia Contemporánea de Venezuela
Conferencia de cierre.
Caracas, Sábado 16 de mayo de 2015
VENEZUELA CONTEMPORÁNEA:
PARA UNA VISION PROSPECTIVA
Germán Carrera Damas
Escuela de Historia
Facultad de Humanidades
Y Educación. U.C.V.
Introducción:
Al amparo del título puesto al presente texto, pretendo explorar, en
relación histórico-crítica con los participantes en el V Diplomado de Historia
contemporánea de Venezuela, impartido en la prestigiosa Fundación Rómulo
Betancourt, algunas de las cuestiones troncales que formarían, en una visión de
la Historia contemporánea de Venezuela que intente completar la comprensión
del curso del proceso histórico contemporáneo, con arreglo a una visión
prospectiva de su continuidad histórica. Para estos fines, se combinan la
discusión prospectiva de algunas de las cuestiones fundamentales del presente
histórico de la sociedad venezolana, -basándose en los aportes de una breve
exposición general-, y la contribución de los textos recomendados. Todo con la
esperanza de que ese conjunto nutra un enriquecedor intercambio crítico entre
los participantes del V Diplomado de Historia contemporánea de Venezuela.
Parte I.- Al cabo de dos décadas y media de ejercicio ininterrumpido, la
República liberal democrática, cuya reinstauración arrancó desde el experimento
de poder colegiado establecido en 1959, comenzó a dar signos de una suerte de
fatiga institucional; lo que dio oportunidad a que se propalase la falaz y dañina

2. expresión agotamiento del modelo. En la realidad de la fatiga institucional se
manifestaba la potencial inadecuación que habría de resultar de atribuirle al
Estado institucionalizado en el marco de La República Liberal Democrática,
pautado en la estructura constitucional, el cometido de promover la
implantación y la promoción de modos de funcionamiento socioeconómicos en
la formulación de los cuales se advertía un obligante cometido de inspiración
socialista. Esta dificultad originaria, resultaba de la conciliación estratégica de
los respectivos proyectos sociopolíticos de los partidos democráticos,
suscriptores tanto del denominado Pacto de Punto Fijo como del Programa
mínimo de Gobierno, acordado entre los candidatos presidenciales.
Este compromiso político, ya presente en la Constitución de 1947, fue
actualizado y enriquecido con motivo de la redacción de la Constitución de
1961; circunstancia que observé en la sexta conferencia del ciclo Una nación
llamada Venezuela, -dictado semanalmente a partir del 14 de febrero de 1974-,
titulada Tardía institucionalización del Estado liberal democrático en el marco del
desarrollo dependiente de la implantación (1958-1974). Entonces intenté sintetizar la
cuestión en estos términos:
…”La Venezuela de la década del 60 se encuentra a sí misma como una
sociedad cargada de tremendos problemas socioeconómicos que afectan a la
mayoría de la población en una forma específica, pero es también la Venezuela
que marcha aun tras el espejismo liberal, para la cual no existe, por definición,
contraste entre libertad y hambre, no existe puja entre libertad y hambre. Están
planteados de esta manera los términos en que se habrán de debatir todas las
cuestiones: realización del orden liberal como objetivo sociopolítico y
satisfacción de ingentes necesidades sociales como objetivo socioeconómico.
“Se da de esta manera una coyuntura, por decir lo menos, con cierto
grado de contradicción: entre el orden sociopolítico liberal y las reformas
socioeconómicas socialistas. Culmina de esta manera la persecución del
espejismo liberal: la estructura constitucional se consolida, el orden político se
amplía, y a partir de 1958 esto aparece como una constante,
independientemente de los zigzags o de las lagunas que se puedan percibir en
el funcionamiento constitucional. Pero esto sucede en una sociedad que ingresa

3. a la problemática contemporánea, cuyas expresiones esenciales son el
desempleo, el hambre y el atraso.
“Se arbitran formas de armonizar dos realidades que guardan entre sí
no pocos puntos de roce y hasta de conflicto. La forma obvia de armonizar estas
realidades, la del Estado benefactor, -la del Estado filantrópico-, fue la primera
ensayada, y creo que sus resultados y la reacción que suscitó hacen innecesario
su tratamiento. Me refiero, más que a los llamados “planes de emergencia”, a
los diversos planes asistenciales, mediante los cuales se intentó armonizar la
existencia de un orden liberal democrático con la satisfacción de las necesidades
apremiantes de grandes sectores de la población.”*
___________________
* Germán Carrera Damas, Una nación llamada Venezuela. Caracas, Monte
Ávila Editores, 4ª edición, 1991, pp. 178-179.
En la Séptima conferencia del ciclo, que marcó la finalización del mismo,
puse una nota que reza: “El desarrollo de este tema consiste en una glosa de un
capítulo de mi obra Historia contemporánea de Venezuela (Bases metodológicas, en
preparación”. Efectivamente, en el capítulo V de dicha obra, aparecida en 1977,
titulado Nueva perspectiva para el estudio de la Historia contemporánea de Venezuela,
la parte “4.- La tardía institucionalización del Estado liberal”, se inicia en estos
términos:
“Al igual que los demás, y cual ningún otro, está lejos de ser éste un
tema académico, más o menos desligado del presente sociopolítico. Es, por el
contrario, la expresión de esa realidad, y quizás la más importante en términos
de cuestión de cuya respuesta puede depender en mucho el destino político de
Venezuela contemporánea. No en balde puede afirmarse que hay reiteración de
parte de los más altos representantes del Poder público al proclamar que no
existe contradicción entre los dos grandes objetivos de la acción social
contemporánea: libertad y desarrollo.”*
______________________________
* Germán Carrera Damas, Historia contemporánea de Venezuela. Bases
metodológicas. Caracas, Universidad Central de Venezuela, Ediciones de la
Biblioteca. (Colección Historia VI), 1977, pp. 216-217.

4. La puesta en marcha de los compromisos sociopolíticos fundacionales así
contraídos, desencadenó en el tejido social, -con especial énfasis en sectores
menos participativos en la dinámica social, como lo eran la mujer y los
analfabetas- fuerzas de cambio que desembocaron en una crisis de desarrollo
sociopolítico. Éste desbordó la capacidad de conducción y liderazgo de las
estructuras gubernamentales; y la de la clase política para encauzarlo. Percibida
está situación, necesariamente conflictiva, un grupo de analistas políticos llegó a
la convicción de que se había vuelto necesario ajustar el régimen sociopolítico
así concebido e instaurado:
“El contraste así establecido entre el orden sociopolítico liberal y
la reforma socioeconómica de tendencia socialista, se puede trazar siguiendo la
evolución constitucional en tres áreas fundamentales: a) La correlación entre las
llamadas “garantías de la esfera liberal individualista: y los denominados
derechos sociales y económicos”… “b) La planificación, considerada como el
instrumento idóneo para orientar y normar la acción del Estado encaminada a
correlacionar un volumen limitado de satisfactores con necesidades
creciente”… y “c) La polémica en torno a la planificación como expresión
sintética de la confrontación entre el Estado Liberal, tardíamente
institucionalizado, y la proyección socioeconómica de la acción del Estado”*
________________________
• Ibídem, pp. 219-220.
De hecho, este enfoque de la cuestión me ha permitido formular la
siguiente comprobación: “Haciendo valer la circunstancia de que la
planificación supone un sistemático ejercicio de prospectiva, es razonable
concluir que el despertar, en Venezuela, del interés por el cultivo de la
perspectiva en diversas áreas del desenvolvimiento de la sociedad, se tradujo,
igualmente, en el recurso a la Historia para la conformación de la
imprescindible plataforma básica de los diagnósticos prospectivos. Lo que
legitima nuestra preocupación por fundamentar la legitimidad metódica de la
Historia prospectiva”.*

5. _______________________
*Fragmento de la Parte VI, “Fundamentación histórica del interés del cultivo de
la prospectiva histórica en Venezuela.”, de la obra titulada Historia prospectiva, en
proceso de edición).
Parte II. Para atender a los requerimientos del enfoque adoptado en esta
conferencia, debo comenzar por la caracterización de la crisis en ciernes,
…”como expresión sintética de la confrontación entre el Estado Liberal, tardíamente
institucionalizado, y la proyección socioeconómica de la acción del Estado”...,
determinando si lo era de funcionamiento, - y que por lo mismo podía ser
enfocada con arreglo a criterios básicamente político-administrativos-, o si lo era
de desarrollo del modelo sociopolítico, en su proceso de institucionalización,
iniciado en 1945-1946; y reanudado en 1959. Desechada la posibilidad de
interrumpir la reinstauración de la República liberal democrática; la cual, a su vez,
interrumpía la vigencia de la República liberal autocrática, continuada desde 1830,
cabían dos eventuales enfoques de la cuestión:
A.- Uno, que prescindía, expresamente, de eventuales cambios de fondo
en el régimen sociopolítico republicano liberal democrático, apuntaba hacia la
reforma político-administrativa; dirigida a corregir la que podría denominarse
crisis de funcionamiento del Gobierno. En consecuencia, aunque se proclamaba el
propósito de depurar el régimen, -y por lo mismo de buscar desarrollarlo-, se
veía la cuestión, fundamentalmente, como la necesidad de incrementar la
eficiencia de la Administración pública, tanto en su concepción como en su
funcionamiento. Tal fue la posición asumida, durante su segunda Presidencia,
por el Dr. Rafael Caldera. La expuso en una conferencia pronunciada en el
IESA, en Caracas, en el 22 de mayo de 1985, titulada Gerente del Estado.
Reflexiones sobre una experiencia.*
___________________________
*Para los fines demostrativos de la presente Conferencia, vale observar que el
Decreto fundacional de la Comisión Presidencial para la reforma del Estado (COPRE).
está fechado en el 17 de diciembre de 1984.
Partiendo de la consideración de que …”en Venezuela, el Jefe del

6. Gobierno es al mismo tiempo Jefe del Estado”…, apunta el expositor que: “La
responsabilidad más grande (sic) del presidente como gerente del Estado es la
de velar permanentemente por que las órdenes se cumplan, porque las
disposiciones se realicen, y esa de estar con los ojos abiertos permanentemente
es una de las responsabilidades, a mi juicio, más importantes de esta función.”
Lo que le llevó a concluir que:
“El problema del país, el problema que se plantea con la reforma del
Estado, en el sentir general, más que todo es un reclamo de eficiencia. No
estamos pensando en un Estado distinto, ni queremos renunciar al Estado
democrático que hemos construido a través de tantos esfuerzos y tantos
sacrificios. Lo que queremos es un Estado eficiente, un Estado más consciente
de sus obligaciones con la población, y para esto es indudable que ese sentido
gerencial que se plantea como base de este coloquio es indispensable”…
El Presidente Dr. Rafael Caldera parecía responder, de esta manera, a los
que calificara de “Los desafíos de la gobernabilidad democrática”; título de la obra
que recoge su pensamiento respecto de esta cuestión, los cuales enuncia:
“Desafío para la gobernabilidad es la pobreza. Desafío para la
gobernabilidad es la corrupción. Desafío para la gobernabilidad es la
corrupción. Desafío para la gobernabilidad es el desempleo. Desafío para la
gobernabilidad es la dificultad de los gobiernos en desarrollo para competir con
los que están desarrollados. Desafío para la gobernabilidad es la conversión de
los partidos políticos, que son instrumentos fundamentales para la vida
democrática, en organismo clientelares. Desafío para la gobernabilidad es el
acelerado proceso de urbanización que ha llevado incontables camadas en
forma irregular a hacinarse en las urbes, y que no ha sido posible ordenar
porque muchas veces las condiciones no han sido apropiadas para programar
en libertad proyectos bien pensados de urbanización. Desafío para la
gobernabilidad es el populismo, que de vez en cuando reaparece y cuyo fracaso
ha sido patente en donde se ha aplicado, por las incapacidad de ofrecer
soluciones verdaderas y estables a grandes problemas colectivos. Desafío para

7. la gobernabilidad es la loca rivalidad entre los dirigentes y grupos políticos, así
como la alternabilidad de los gobiernos, indispensable por la necesidad de
prevenir el establecimiento del autoritarismo a través de la prolongación de los
titulares en el poder.”
Consecuente con su visión de la gobernabilidad y de la primordial
función gerencial del Jefe del Estado-Jefe del Gobierno, el Presidente Dr. Rafael
Caldera culminó su inventario de los que consideraba desafíos a la
gobernabilidad, con un revelador texto que titula “Sísifo”. Se abre con esta
afirmación: “Otro de los grandes desafíos para la gobernabilidad en el país es el
mito de Sísifo”…, como símbolo del reiterado recomenzar sobre la base de
desconocer y descontinuar lo ya hecho. En este texto, que me atrevo a calificar
a la vez de curioso y revelador, se apunta una significativa contraposición de
enfoques del símbolo invocado. Efectivamente, luego de una afirmación de
altísimo valor sociohistórico: “Yo fui el primer Presidente de la República
elegido por voluntad popular en las filas de un partido político que le hizo
oposición severa al gobierno anterior, pero no incurrí en el error de desconocer
los proyectos que tenía en marcha mi predecesor”…, se entrega a un listado de
obras materiales que heredó inconclusas. ¿Subestimando la significación
política de su presidencia como consolidación de La República liberal democrática?
¿Cediendo a la común valoración de los gobiernos por su obra material?*
____________________
*RC Biblioteca Rafael Caldera, Los desafíos de la gobernabilidad democrática.
Presentación de Fernando Luis Egaña. Caracas, Cyngular, 2014.
B.- Simultáneamente había sido planteado otro enfoque de la cuestión. Si
también contrario al cambio del régimen sociopolítico republicano liberal
democrático del Estado, centraba, sin embargo, su atención en lo sociopolítico, –
pero guardando orgánica vinculación con los otros enfoques mencionados-. Se
consideraba necesario ajustar el régimen republicano liberal democrático, en
función de la nueva realidad sociopolítica generada por el desarrollo del
mismo, abriéndole cauce al cambio socio histórico de esa manera generado y

8. estimulado. De allí la sintética fórmula adoptada, “modernizar el Estado
profundizando la Democracia” como fundamento programático de la Comisión
Presidencial para la Reforma del Estado (COPRE), designada por Decreto 403 de la
Presidencia de la República, de 17 de diciembre de 1984; incluido en los textos
recomendados, al igual que el diagnóstico histórico básico y los objetivos,
recogidos en dos textos de mi autoría: “Capítulo II. El Proyecto de reforma integral
del Estado dentro del contexto histórico: sus objativos”.* y “La reformulación del
Proyecto nacional venezolana en perspectiva histórica”.**
________________________
* La reforma del Estado. Proyecto de reforma integral del Estado. Caracas, Comisión
Presidencial para la reforma del Estado, 1988.
** Venezuela: del siglo XX al siglo XXI: un proyecto para construirla. Carlos Blanco,
Coordinador). Caracas. Comisión Presidencial para la reforma del Estado (COPRE),
1993.
Cabe subrayar el hecho, comprobable en los textos mencionados, de que
el concepto de reforma integral del Estado se corresponde con la variedad y la
especificidad de las áreas tratadas, en todos los órdenes; si bien ubicadas en el
propósito de profundizar la Democracia; vale decir de abrirle cauces al
propósito, ya en marcha, de propiciar la conformación de la sociedad
venezolana como una genuina sociedad democrática, también en todos los
órdenes y niveles de la acción social. Es oportuno subrayar el hecho de que tal
orientación programática se correspondía con la convicción de que la
conformación de una genuina sociedad democrática debía ser obra de la propia
sociedad, en pleno ejercicio de La soberanía popular, en todos los niveles y áreas.
Por ende, habría de quedar superada la etapa del Estado rector universal de la
sociedad y dispensador de gracias.
Parte III.- La experiencia vivida por la sociedad venezolana a partir de
fines de la década de 1990, enfocada con sentido prospectivo, quizás permita
que, a mi vez, intente actualizar mi visión, cual lo hice en la Conferencia que
dicté atendiendo una invitación de la Cámara de Comercio de Cumaná, en el 18
de septiembre de 2014, - incluida en las lecturas recomendadas-. Pero, estimo
necesarias algunas puntualizaciones previas:

9. A.- Considero que es muy importante ventilar críticamente la errónea, y
más que ello tendenciosa afirmación, inculpatoria, dirigida contra la clase
política democrática, respecto de no haberse percatado oportunamente de una
situación que podría acarrear inminente crisis del régimen sociopolítico
republicano liberal democrático. A los sumo, la diferencia en el enfoque de la
situación sería atribuible, propiamente, a un error de diagnóstico, que podría
formularse como la contraposición entre dos visiones de la cuestión: la político-
administrativa y la histórica prospectiva. Contrariando esta imputación están
hechos aquí registrados:
En primer lugar, la simultaneidad en la preocupación por la marcha del
régimen sociopolítico republicano liberal democrático, demostrada por los dos
partidos socialistas con responsabilidad directa de ejercicio del Poder público, el
social demócrata y el social cristiano.
En segundo lugar, la prueba de que esa preocupación se tradujo en
acción gubernativa. En el caso del partido social cristiano, promoviendo la
reforma de la Administración pública, partiendo de lo conceptual gerencial. En
el caso del partido social demócrata, instaurando la Comisión Presidencial para
la reforma del Estado (COPRE), y promoviendo el inicio de la puesta en
práctica de sus recomendaciones, según lo proclamó el reformador Presidente
Dr. Jaime Lusinchi, al intervenir, ya ex presidente, como senador vitalicio, en el
5 de noviembre de 1991, luego de apuntar la circunstancia tradicional de ser su
gobierno objeto de críticas:
…”No era dable, entonces, esperar una situación distinta para quien
dirigió Venezuela (sic) un gobierno que entre otros muchos logros garantizó
durante cinco años la paz social en Venezuela. Ni una sola huelga importante
registró la economía. Ningún conflicto social de alguna consideración presenció
el país. Mantuvo a raya la delincuencia. Controló la inmigración ilegal. Luchó
efectivamente contra el flagelo de la droga; y la vida social y política del país se
desenvolvió normalmente durante su ejercicio. El candidato del partido de
gobierno ganó las elecciones. Soportó sin grandes traumas económicos o
sociales la más abrupta caída de los precios del petróleo. Logró el crecimiento

10. económico en términos reales. El PTB creció más que la población. Se
incrementó la inversión privada. La industria y el comercio crecieron a todo lo
largo del período constitucional. Controló las importaciones de bienes
innecesarios. Aumentó las exportaciones. Redujo considerablemente el
desempleo y defendió el salario real de los trabajadores. Dejó en superávit el
conjunto de las empresas del Estado. Redujo sensiblemente la deuda pública.
Cuando terminó su mandato, la República tenía una deuda pública menor, en
términos netos, de la que registró al final del período constitucional anterior.
Construyó más viviendas en un período constitucional. Fueron en total 317.356
viviendas. Aumentó la matrícula escolar y la estructura escolar
significativamente, en educación básica, media y superior. Implantó programas
actualizados en preescolar y en los 9 grados de educación básica. Promulgó el
Reglamento de la Ley de Educación y restituyó el desayuno y el vaso de leche
escolar. Defendió nuestro territorio y la soberanía nacional sin dudas ni
vacilaciones.” *
______________________
• Citado por Antonio Ecarri Bolívar, Socialdemócratas vs. Comunistas.
Caracas, Los libros de El Nacional, 2011, pp. 232-233.
Para la mejor apreciación crítica de lo transcrito de inmediato, dirigido a
probar el cumplimiento de las dos vertientes del régimen sociopolítico
republicano liberal democrático; al igual que para valorar los resultados de la
COPRE, vale reproducir el siguiente juicio del mismo autor, al referirse a la
actuación del grupo de presión política denominado “Los notables”, -cuya figura
más representativa fue Arturo Uslar Pietri-; autores de una requisitoria contra el
régimen sociopolítico liberal democrático y contra La República liberal
democrática misma:
…”ni Carlos Andrés Pérez ni AD fueron sordos ni insensibles frente a
muchos de estos planteamientos, pues sabemos que durante el gobierno de
Jaime Lusinchi se constituyó la Copre –tal como lo reconocen “Los Notables” en
su misiva de reclamo a Pérez-, integrada por las más importantes
personalidades de la intelligentzia venezolana, muchos de los cuales no sólo no
eran militantes de AD, sino tradicionales adversarios del partido de

11. gobierno”…”Lo que ocurrió entonces fue que muchas de las reformas, como la
elección de gobernadores y alcaldes, fueron vistas con simpatías, pero el
deterioro del gobierno y la credibilidad de los políticos, fundamentalmente los
pertenecientes a los partidos AD y Copei, llevaban la peor parte (sic), y cuando
se convocaron elecciones, por primera vez en la historia de Venezuela, en
muchos estados ganaron opositores al gobierno y eso, lejos de aliviarle la carga
a éste, incrementó su debilidad y se generalizó la sensación de inestabilidad en
el país.”*
_______________________
• Ibídem, pp. 253-254.
El desenlace de este proceso, que considero caracterizado por los
esfuerzos de los gobiernos democráticos por actualizar el régimen sociopolítico
republicano liberal democrática, atendiendo a las consecuencias de su propio
desarrollo, caracterizado por la brecha así abierta entre la demanda de
satisfactores y las dificultades halladas para darles pronta y sostenida atención,
es la que he denominado la segunda (¿y última?) severa indigestión de la República
liberal democrática.
B.- La interpretación más común de este trance socio histórico vivido por
la sociedad venezolana, padece los efectos de privilegiarse, al explicar los
acontecimientos, una visión de corto plazo, llevada hasta la inmediatez en
procura de fundamento para estrategias políticas que no fueron capaces de
formular sino justificaciones teóricas históricamente desvirtuadas. Estas fueron
recogidas en una fórmula, la del pretendido agotamiento del modelo, queriendo
significar su incapacidad para resolver la cuestión social, pero sin observar que
con ello reconocían, inadvertidamente, la plena realización del modelo; hasta el
punto de hacer necesaria su reformulación; de lo cual no sólo se tenía
conciencia en los partidos democráticos; sino que se habían diseñado
procedimientos reformistas cuya aplicación se inauguraba.
En ausencia de una proposición alternativa respecto de la socialista
moderna, se desató una campaña de descrédito del régimen sociopolítico

12. republicano liberal democrático que caló también en un sector de la
socialdemocracia y el socialcristianismo; algunos de cuyos voceros vieron lo
propuesto y actuado en función de la reforma del régimen sociopolítico como
un censurable intento de volver a 1945-1948 ó a 1958-1959. Con lo cual
incurrieron en la negación del pasado democrático manipulada como chantaje y
contribuyeron a darle paso a una retrógrada empresa no sólo anti democrática
sino también anti republicana,
C.- No son menos significativas las consecuencias de subestimar, como
suelen hacerlo los críticos superficiales, la dificultad del tránsito desde la
condición de súbdito a la de ciudadano. Demuestran creer que bastó la
instauración política de la República para que funcionase socialmente el
régimen sociopolítico republicano. Ignoran que en la estructura de poder interna
de la sociedad coexistían dos sistemas: el jurídico-político y el jurídico-social; y
que si bien interrelacionados integran esa estructura, obedecen a dinámicas
específicas. Así, mientras el jurídico-político es susceptible de cambios radicales,
al menos como postulados, el sistema jurídico-social se corresponde con el
cambio social, es decir que, como realización, está plenamente subordinado a él
y, por lo mismo se resiste a la voluntad política.
A este respecto, es muy ilustrativo el curso de la República liberal
autocrática venezolana, suerte de híbrido de la monarquía constitucional con la
monarquía absoluta, bajo la égida formal de la República. Mas, tampoco la
monarquía constitucional ha escapado de esta ambigüedad, según una
elocuente comprobación: la reciente transmisión dinástico-constitucional de la
Corona española, dio lugar a siguiente reconocimiento:
“XXXVI ANIVERSARIO DE LA CONSTITUCIÓN DE 1978
“DECLARACIÓN DE LA GRANJA
“CONSTITUCION: ESTABILIDAD Y CONCORDIA
“En el trigésimo sexto aniversario de la Constitución Española de 1978,
el Partido Popular quiere hacer la siguiente Declaración:
“La Constitución del 78 fue el culmen de un largo proceso constitucional
que comienza en 1812. Con todos los aciertos y todos los errores de los que

13. aprendimos los españoles desde hace casi 200 años, construimos la
Constitución desde la Transición. Todos los grandes avances que contenían
aquellas Constituciones se mejoraron en la de 1978 y se desterraron los errores
de las que eran programas de unos contra otros”.
¿Significaría este reconocimiento que a los españoles les ha tomado dos
siglos ascender, por fin, a la condición de súbditos monárquico-
constitucionales? Pero esta comprobación, ¿nos permitiría estimar el tiempo
histórico requerido para que los súbditos de una monarquía absoluta
adquiriesen la condición de ciudadanos de una república moderna liberal? No
tener conciencia de la dialéctica histórica de continuidad y ruptura, ilustrada por la
transcrita Declaración de La Granja, hizo incurrir a los partidos políticos
democráticos venezolanos en el grave error de desatender el primordial papel
del régimen sociopolítico republicano, como escuela de ciudadanía; al mismo
tiempo que subordinaban esa formación a la promesa de satisfacer necesidades
básicas, descuidando la asimilación de los valores republicanos democráticos.
Lo que hizo de tan injustificable actitud el semillero de la crisis del régimen
sociopolítico por esos mismos partidos instaurado. Quizás venga al caso
recordar una expresión del Miguel Gorbachev empeñado en propiciar el cambio
sicosocial de mayor magnitud y trascendencia del Siglo XX, en la extinta Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS): “Cambiar la mentalidad de la gente
es la cosa más difícil. La perestroika depende de la opinión pública, y ésta es
conservadora.”*
__________________________________
*“Changing people’s mind is the most difficult thing. Perestroika depends on
public opinión, and it’s conservative). International Herald Tribune. París, 5/6/90.
D.- Correlativamente con la desatención de la enseñanza-aprendizaje de
los valores republicanos, se subestimó la virtualidad histórica del militarismo
tradicional, entendido como la conjunción del militarismo militar con el
militarismo civil, bajo la sombra de un pervertido bolivarianismo. Conjunción
que mantiene planteada la necesidad de superar el atavismo monárquico,
socialmente arraigado como propensión al ejercicio despótico del Poder, al
amparo de la práctica de la sumisión como expediente salvacionista para

14. recurso de pobres necesitados convertidos en mendicantes oficiales.
Mas el concepto de propensión ha de ser entendido, en este caso, como la
supervivencia del atavismo monárquico, cuya erradicación sistemática se inició,
propiamente, en 1946, con el rescate de La Soberanía popular, en su permanente
secuestro desde 1828, resultante de la jurídicamente cuestionable dictadura
comisoria de Simón Bolívar, dirigida hacia el fin inmediato de preservar la
independencia de la República de Colombia, mediante la consolidación de su
unidad. El haberle sido confiada la tarea de restablecer la estructura de poder
interna colonial, muy severamente trastornada, en la Venezuela separatista, en
virtud de la alianza entre los militares que no se fueron con Bolívar y los próceres
civiles temerosos de las repercusiones de la orientación moderna liberal, y
eventualmente abolicionista, que tomaba la República de Colombia, sembró el
tutelaje militar-militarista en la Venezuela sólo constitucionalmente
republicana, que prevaleció de manera absolutista hasta el inicio de la
instauración de La República liberal democrática; a partir de lo cual entró ese
militarismo, revistiendo diversos atuendos, en la fase recurrente que hoy
campea.
Parte IV: Entro a tratar de un asunto cuya naturaleza muy compleja me
obliga a justificar mi intento. Este último consiste en proponer una valoración
histórico-crítica de la situación por la que se está forzando a atravesar a la
sociedad venezolana. La dificultad por la que, a mi vez, atravesaré, consiste en
atribuirle algún sentido histórico a esa situación; sobre todo cuando la he
caracterizado como la segunda indigestión del régimen sociopolítico republicano
venezolano, en La Larga marcha de la sociedad venezolana hacia la Democracia.
El así caracterizado episodio que vivimos los venezolanos ha sido
proclamado, por sus responsables, como la verdadera Democracia, la verdadera
independencia; la construcción del socialismo del siglo XXI, y otras cosas. Pero ¿sería
diferente el calificativo a otorgarle si al ubicar la cuestión en la perspectiva
histórica que venimos explorando la enfocáramos como el intento, -por sus
promotores ignorado-, de resolver, mediante la supresión del Estado

15. republicano la antinomia creada constitucionalmente en 1947 y refrendada en
1961, entre un Estado republicano liberal democrático y el mandato
constitucional de promover y conducir cambios políticos de inspiración
socialista? Los indicios son elocuentes. En cuanto al Estado liberal democrático:
secuestro de la Soberanía popular, supresión de la separación de poderes…, en
suma: abolición de la República. En cuanto al mandato constitucional: la
instauración de una parodia fidelista del socialismo estalinista.
A- Quizás sea el aspecto más riesgoso y comprometedor del ejercicio del
oficio de historiador encarar el trance de percibir, en los actores de la tragedia-
drama-farsa histórica, propósitos, aspiraciones y hasta creencias de los que ellos
mismos no tuvieron conciencia. ¿Suponiéndolos en un básico nivel de
racionalidad? ¿Suponiéndoles un apreciable grado de conciencia histórica?
¿Suponiéndolos capaces de correlacionar condiciones, recursos, y aptitud?
Triste resulta comprobar, en la práctica, que lejos de satisfacerse esos requisitos,
o siquiera algunos de ellos, los actores sólo se destacan por la ignorancia de los
mismos.
B.- En un reciente artículo de prensa, titulado “Control del estómago, salud
y mente”, Jurate Rosales publicó en su sección “Ventana al mundo”, la siguiente
valoración del resultado, ya visible, del desenfrenado intento de una
construcción del socialismo del siglo XXI que trastrocó los dos últimos números
romanos, y se ha revelado como una aberración de la utopía:
“La combinación de la propaganda, las necesidades básicas y el
sometimiento, llegan a su punto de máximo control, cuando el ciudadano,
presionado por la penuria y tras horas de colas, sale con una sonrisa de triunfo,
cargando una bolsa con cuatro rollos de papel higiénico. Está feliz por haberlo
conseguido, no piensa que el gobierno ha llegado a controlarlo hasta en la
forma en que ha de cagar.
“La etapa final y culminante, es el poder que el sistema adquiere sobre
cada ciudadano a la hora de electoral. En Venezuela será más difícil para el
gobierno. Pese a todo lo descrito anteriormente, acá pervive todavía la fe en la
democracia, y por más que el gobierno se esfuerce en aplicar artimañas de

16. fijación de fechas, cambio de circuitos, control -por medio del alimento, salud y
mente-, nunca estará seguro de ganar, incluso manipulando las cifras. Hay que
reconocer que existe una subyacente resistencia popular. En Venezuela todavía
están vivas las exigencias propias de todo ser libre”…*
________________________
*El nuevo país. Caracas, 27 de abril de 2015.
C.- Parece, por consiguiente, que lo urgente y necesario es avivar esa
pequeña y poderosa –a la par que persistente-, llama de la Libertad. y ésta se
nutre de principios. He reiterado muchas veces dos comprobaciones extraídas
de la Historia. Y me refiero a la escrita con H grande. Una, bien conocida y
puesta en práctica por los regímenes totalitarios falsarios del socialismo, desde
el estalinista hasta el chavista, pasando por el fidelista, consiste en que la miseria
vital no engendra rebeldía; engendra sumisión, al hacer de la supervivencia la razón
vital. Pero hay otra comprobación, felizmente subestimada o ignorada por los
déspotas de todo pelaje. Consiste en que la limosna no genera lealtad; al faltar se
convierte en rencor. Lo comprobé en Moscú, cuando viví, en La Plaza Roja, la
implosión de 70 años de socio-zarismo.
Conclusión = ¿Consideración final?
La conclusión la están escribiendo, sobre todo, los nuevos actores de la
lucha por la reanudación del régimen sociopolítico republicano liberal
democrático: las mujeres, que están practicando su función política
ejemplarmente; los jóvenes en edad de vivir heroicamente la angustia de su
porvenir; los ciudadanos soldados, que se ven despojados de su ciudadanía
constitucional por mandos descalificados en lo institucional; y la Iglesia
cristiana católica, que cumple ejemplarmente su contrato con la Democracia.
Esto me induce a incurrir en la incorrección metódica de permitirme
reemplazar la conclusión por una consideración final: habida cuenta de lo dicho,
ratifico mi certidumbre histórica de que, prosiguiendo en La Larga marcha de la
sociedad venezolana hacia la Democracia, en unas dos generaciones ella será la
primera sociedad genuinamente democrática de América latina.

17. Caracas, mayo de 2015.

18. LECTURAS RECOMENDADAS
Primer texto:
Sobre la creación de la Comisión Presidencial para la Reforma del Estado
(COPRE).
Decreto 403, de 17 de diciembre de 1984.
Segundo texto
CALDERA, Rafael. Gerente del Estado. Los desafíos de la gobernabilidad
democrática. (Biblioteca Rafael Caldera). Presentación de Fernando Luis Egaña.
Caracas, Cyngular, 2014.
Tercer texto:
Carrera Damas, Germán. Sexta conferencia: Tardía institucionalización del Estado
Liberal democrático en el marco del desarrollo dependiente de la implantación (1958-1974). Una
nación llamada Venezuela.
Cuarto texto:
------------------------------- Séptima conferencia: Problemas históricos de Venezuela
contemporánea. Proposición metodológica. Prospectiva del proceso socio histórico de Venezuela
contemporánea. Una nación llamada Venezuela.
Quinto texto:
Carrera Damas, Germán, “Capítulo II. El proyecto de reforma integral del Estado
dentro del contexto histórico: sus objetivos.” La reforma del Estado. Proyecto de reforma
integral del Estado. I. Caracas, Comisión Presidencial para la Reforma del Estado,
1988.
“El proyecto de reforma integral del Estado
dentro del contexto histórico: sus objetivos.”*
1.- La coyuntura histórica en la cual se formula el proyecto de reforma
integral del Estado.
La comprensión del proceso de planteamiento y promoción de la
reforma del Estado debe apoyarse en una ponderada evaluación de las
circunstancias en las cuales se desarrolla. Es lo que desea significar la expresión
“coyuntura histórica”.
Para no correr el riesgo de confundir los orígenes y desvirtuar los
propósitos de ese proceso, es necesario satisfacer los siguientes requisitos:
a.- Mediante el rescate y la puntualización de la historicidad del
propósito de reforma del Estado, se le despoja de todo viso de arbitrariedad y
de oportunismo.
b.- Por la misma vía será posible poner al servicio del actual proyecto
todos los intentos que, aunque de desigual naturaleza, son relacionables con él.
c.- Igualmente, se contribuye a la consolidación de este nuevo intento de

19. reformulación sistemática del proyecto nacional en la conciencia social.
El nuevo planteamiento y el decidido impulso de que ha sido objeto el
propósito de reforma del Estado, no obedecen a una decisión impetuosa o
fortuita. Por el contrario, se inscriben en un curso histórico claramente fijado a
partir de la formulación del proyecto nacional venezolano, en los términos de
alcanzar un Estado Democrático y Social de Derecho.
El Decreto de Garantías dado por el General Juan Crisóstomo Falcón en
1863, y la Constitución Federal de 1864, marcaron el inicio de un curso
histórico, siendo ellos mismos, a la vez, la culminación del debate que se abrió
con la Constitución de 1811. Unas veces en los congresos, otras en los campos
de batalla, pero siempre en la prensa, ese debate recogió la riqueza ideológico-
política del siglo XIX venezolano. Se fue preparando una convergencia de la
escindida clase dominante que, esbozada con motivo de la Revolución de Abril
de 1858, culminó con el Tratado de Coche, de 1863, luego de la Guerra Federal,
y se consagró con la inicial política del gobierno de la Federación.
En cierto modo, algunas de las reformas guzmancistas, y seguramente
las recogidas en el Programa de Febrero de 1936 y en la Constitución de ese
mismo año, si bien se insertaron en el tronco básico del Estado Liberal,
marcaron la necesidad de enmiendas y reformas cuyo sentido final ha sido el
de desarrollar un Estado Democrático y Social de Derecho. Ese contenido había
sido reducido al mínimo, si algo de él subsistió, en el lapso 1899-1935.
Generalmente, cuando se evalúa este período se cometen dos errores. Se
le hace homogéneo, y se le estima, además, constante en sus rasgos principales.
Por otra parte, suele olvidarse que la noción de autocracia liberal no es un
contrasentido conceptual. La primera reformulación sistemática del proyecto
nacional, diseñada durante el período 1945-1947, y comenzada a practicar en
1948, si bien naufragó en una década dictatorial, mantuvo su intenso valor
programático, como punto de referencia para las definiciones políticas de todo
orden. La persistencia de este programa frente a prácticas represivas orientadas
hacia su erradicación, puede ser tomada, a un tiempo, como una clara
expresión de la legitimidad del intento, en el sentido de su correspondencia con
los requerimientos sociales, y como una lúcida percepción de lo que habría de
ser el desenvolvimiento de la sociedad venezolana.
La reformulación sistemática del proyecto nacional, iniciada en 1958,
plasmada en la Constitución de 1961, y puesta en práctica desde entonces, ha
tenido el sentido esencial de institucionalizar el Estado democrático vigente. El
consenso alcanzado en esa oportunidad puede ser interpretado, en parte, como
producto del horror a la dictadura. Sin embargo, el tenor del instrumento
constitucional producido no sólo continúa y amplía el programa de 1945-1947,
sino que desborda creativamente el marco del Estado liberal democrático en la
esfera de los derechos económico-sociales y promueve un Estado Democrático
y Social de Derecho.

20. A partir de 1984, y por mandato del Decreto Ejecutivo de creación de la
Comisión Presidencial para la Reforma del Estado, se ha emprendido una
nueva reformulación sistemática del proyecto nacional. Si bien ese intento tiene
como antecedentes una secuencia de iniciativas y diseños de reformas
administrativas más o menos amplias, se singulariza por el carácter expreso de
su cometido principal: elaborar un Proyecto de Reforma Integral del Estado,
PRIE, en el marco de un amplio propósito de estímulo del desarrollo
democrático de la sociedad.
Se abandonó, con ello, la estrecha creencia en la viabilidad de una
reforma administrativa conseguida al margen de una reforma política y, más
aún, social. El mérito primordial de la empresa acometida es que concierne al
proyecto nacional como totalidad.
El PRIE no significa una ruptura, tampoco una intrusión, en la línea
evolutiva del proyecto nacional. Por el contrario, las reformulaciones que lo
componen expresan, cabalmente, la satisfacción de demandas generadas por el
propio proyecto nacional en su prolongada realización histórica.
Una característica fundamental de esta reformulación es la de potenciar
cambios ya ocurridos o en curso. Al conducir a la correspondiente toma de
conciencia, se convierte en factor desencadenante del proceso global.
La diferente naturaleza de este nuevo proceso brota directamente del
ejercicio de lo que se busca potenciar mediante la reformulación: la Democracia
como principio del sistema.
Quizá sea este hecho lo que ha permitido alcanzar un nivel de
concertación y un grado de consenso nunca antes logrado. Este solo rasgo
diferencia claramente el actual proceso del Programa de Febrero y del Pacto de
Punto Fijo, pese al notable contenido social del primero y la eficacia política del
segundo.
El PRIE no ha sido diseñado frente al Estado-gobierno, sino que se ha
promovido, e incluso institucionalizado, por éste, mediante la creación de la
COPRE.
La creación de la COPRE, su concepción y funcionamiento, marcan un
alto nivel de creatividad en el sistema político; y bien pueden ser tomados
como signos de vitalidad del proyecto nacional que se busca reformular. No
sólo cabe destacar este signo de vitalidad, sino también el hecho de que le fuese
confiada tan delicada materia a un órgano que, por su constitución, reproduce
el tejido social. Los miembros de la COPRE fueron convocados para pensar con
libertad, afincados en un sentido del deber esencialmente patriótico.
No es fácil hallar ejemplos de un Estado-gobierno que al tomar la
iniciativa de una reformulación integral del proyecto en el cual el mismo se
inscribe, de hecho vigoriza su legitimidad al promover su más amplia y

21. profunda fundamentación.
El PRIE emana directamente de la sociedad, y esto sin detrimento del
papel desempeñado por el Gobierno. Importa mucho comprender esta
aparente contradicción para apreciar la incuestionada legitimidad del proceso
de elaboración del proyecto, y la fuerza que éste ha derivado de la conciencia
política y la opinión pública.
La forma como la COPRE interpretó su mandato y lo ha venido
cumpliendo, debe ser señalada como expresión clara de este rasgo. La
representatividad, el consenso democrático que rige sus trabajos, y la dialéctica
misma de sus relaciones con el Estado, son prueba de la autonomía con que se
ha elaborado el PRIE.
El estímulo a la participación, y el recurso constante a la opinión pública,
han reforzado la forma autónoma como la COPRE ha interpretado y ejercido su
mandato. A la vez la ha rodeado de un singular consenso legitimador de esa
autonomía. No se ha creado confusión con los órganos del poder público, ni
con los partidos políticos, en lo que se refiere a roles y competencias. La COPRE
ha tenido siempre presente su condición de órgano asesor de la Presidencia de
la República, sin omitir que lo inédito de su función ha hecho necesarios
procedimientos de ajuste y planteado algunas dificultades en su marcha.
2.- Caracterización histórico-jurídica de la coyuntura en la cual se gesta
la reformulación sistemática del Proyecto nacional.
Definir este contexto es una operación de conocimiento clave para
comprender la dinámica del proceso y evaluar su alcance. Ello permite captar,
situándolo en esa perspectiva, el sentido de la modernización eficiente del
Estado y de la democratización profunda y amplia de la sociedad. Rodeando
estas consideraciones están dos objetivos que por tácitos no son menos
perceptibles. Ellos son el de asegurar la permanencia del sistema, haciendo
funcionar en condiciones controladas su capacidad de perfeccionamiento, y el
prevenir presiones asociables con la violencia, en cualquiera de sus formas.
Hay, pues, un propósito de cambio dentro de la estabilidad.
Ha sido este el curso seguido por las democracias desarrolladas. Ahora
bien, no faltará quien rechace la idea de que se busque prevenir traumas
sociales, como los que han puesto a sociedades cercanas en un trance de
disolución política y social.
La caracterización histórico-jurídica de la coyuntura en la cual se gesta
esta reformulación sistemática del proyecto nacional, está dominada por la
tardía y débil institucionalización del Estado Democrático y Social de Derecho.
El Estado liberal busca institucionalizarse cuando el cambio social ya ha
generado situaciones y conflictos cuyo tratamiento político se inspira en fuentes
ideológico-políticas y jurídico-constitucionales ajenas, e incluso contrapuestas,
al liberalismo democrático, particularmente en lo que concierne a los derechos

22. sociales y económicos.
La tardía institucionalización del Estado Democrático y Social de
Derecho en Venezuela ha tenido como consecuencia la inadecuación entre el
sistema jurídico-político y el sistema jurídico-social de la estructura de poder
interna. Por el primero se entiende el conjunto orgánico de normas y de
relaciones sociales concretas que rigen el proceso de formación, ejercicio y
finalidad del poder político. Por el segundo, el conjunto de normas y de
relaciones sociales concretas que rigen los procesos de reproducción de la
sociedad en lo concerniente a personas, bienes y valores culturales.
El estancamiento político durante el gomecismo, la cicatera apertura
política subsiguiente y la detención drástica de este proceso político entre 1948
y 1958, causaron un gran retardo histórico en la institucionalización del Estado
Democrático y social de Derecho. Cuando éste se inició de manera sistemática,
en 1961, lo hizo en contraste con una concepción del sistema jurídico-social que
debe más a las corrientes socialistas que a las liberales. Más aún, las
circunstancias históricas condujeron a poner todo el esfuerzo social en la
institucionalización del sistema jurídico-político, porque ello se correspondía
con la aspiración social, fuertemente interiorizada, de un orden político
democrático.
Dicho proceso tuvo también repercusiones directas en el sistema
jurídico-social, causándole un fuerte retardo e impidiendo que ejerciese presión
sobre el sistema jurídico-político estimulando su modernización. De allí la
insuficiencia de los factores de cambio, en lo social, todavía perceptible en el
incipiente grado de sus organizaciones.
Asimismo, este rezago llevó a concebir un instrumento corrector: la
planificación, entendida ésta como el mecanismo idóneo para procesar la
correspondencia entre satisfactores y necesidades, mediante la asignación
racional de los recursos y la promoción de su incremento. Hoy puede afirmarse
que este instrumento ha sido insuficiente para el cumplimiento de ese
cometido.
Por otra parte, los mecanismos de acción política han compensado la
carencia de los mecanismos de acción social, que hubieran podido subsanar con
su acción las fallas de la planificación, generándose con ello verdaderas
aberraciones que hoy militan contra el crédito de la Democracia. En buena
parte, la insuficiencia de los instrumentos previstos para compensar la
contradicción consagrada por la tardía institucionalización del Estado liberal
democrático, y su acentuación, debida sobre todo al lento desarrollo del sistema
jurídico-social, han hecho necesario el PRIE, y han aumentado la urgencia de su
puesta en aplicación.
La concepción del PRIE se apoya en el postulado de que la reforma del
sistema político es requisito para el desarrollo de la sociedad. Esta convicción
no se asienta, sola ni fundamentalmente, en una razón teórica. La experiencia

23. histórica venezolana permite afirmar que existe una relación de causalidad
entre la evolución democrática del sistema político y el relativo desarrollo
correspondiente del sistema social. La experiencia de 1945-1948 es ilustrativa a
este respecto: desde el Estado se desencadenaron procesos de cambio social que
carecían de apoyo previo o activo.
La correlación entre la descentralización político-administrativa y el
desarrollo social actúa como uno de los principios motrices del PRIE. Es un
hecho comprobado que en el marco de la fuerte centralización actual,
desbordada por el crecimiento y el desarrollo económico, se han generado
varios centros que presentan un nivel avanzado de desarrollo social. Sin
embargo, parece no requerir comprobación el supuesto de que la continuidad
y el incremento de los casos ya dados, así como la generalización del fenómeno
a toda la sociedad, requiere de la descentralización. A ésta contribuye
decisivamente una reformulación del sistema jurídico-político.
La participación democrática, más amplia y profunda, al fortalecer la
representación como matriz del sistema político, constituye un mecanismo
bidireccional, pues revierte el compromiso sobre la sociedad, induciéndola a
enriquecer y afinar, fortaleciéndolos, los mecanismos mediante los cuales se
expresan y se promueven las aspiraciones socioindividuales. El resultado
esperado será un notable incremento de la organización social, para hacer más
eficaz la participación política democrática.
Las reformas del sistema político que amparen la expresión y la
promoción de los intereses socioindividuales, harán verdadero y operativo el
ejercicio de su porción del poder social por los diversos sectores y clases
sociales. A su vez, tal ejercicio debe ser visto como un activo factor de
concientización social.
El logro de un Estado moderno y eficiente está vinculado con la
presencia de una sociedad democrática más amplia y participativa; y viceversa.
La experiencia histórica venezolana no es concluyente en este sentido, pero la
consideración de los cambios operados en nuestra sociedad permite percibir en
la práctica social cursos de cambio que no hallan el espacio correspondiente en
el actual sistema político.
En este orden de ideas, la reforma contribuye a dotar a cada ciudadano
de una cuota básica de poder social, y de canales idóneos a partir de los cuales
pueda desarrollar su capacidad de preservar y ampliar sus derechos
constitucionales, así como incrementar su capacidad de contribuir a la
conducción de la sociedad.
Igualmente, es propósito del PRIE crear las condiciones propicias para la
formación y preservación de la capacidad social, en la cual se fundamenta la
participación política democrática. Con tal propósito es necesario diseñar vías
para alcanzar una equitativa distribución del ingreso, allanar los caminos hacia
la propiedad, y erradicar la pobreza crítica. La experiencia histórica de la

24. Humanidad toda parece indicar que pobreza y democracia son términos que
ser avienen mal.
El logro de los objetivos antes expuestos, conlleva el consiguiente
aumento de su capacidad de funcionamiento como impulsor de la evolución
del sistema político. Para ello es necesaria la plena incorporación a la vida
social y, por ende, a la política, de distintos sectores que hasta ahora han
permanecido en situación de precaria incorporación, como es el caso de los
nacionalizados, los marginales y los indígenas, entre otros, todavía
insuficientemente participativos en el proyecto nacional como agentes activos.
3.-Alcance histórico de la reformulación del Proyecto nacional.
El alcance del PRIE está dado por su sentido de reafirmación del Estado
Democrático y Social de Derecho. Tal reafirmación consagra la que ha sido
permanente aspiración desde la fase de la formulación inicial del proyecto
nacional, a partir de 1811. Esa aspiración de justicia social no sólo ha persistido
aun en las condiciones estructurales más adversas, es decir cuando existía una
sociedad escuálida, agobiada por la ignorancia, la enfermedad y la
arbitrariedad en todos sus niveles y modalidades, sino que ha sido capaz
también de superar los largos trances dictatoriales.
La persistencia del propósito y la constancia del mensaje doctrinario, a
través de los canales educativos formales e informales, han radicado en la
sociedad venezolana una voluntad democrática siempre reivindicada tras los
eclipses padecidos, y hasta ahora tenazmente renuente ante nuevas
solicitaciones. Por ello, importa mucho deslindar este proceso de reforma del
Estado, del conjunto de “medidas de emergencia” suscitadas por la crisis
económica que padecemos desde hace una década y por el peso de la deuda
externa. Éstas han estimulado el proceso, pero no lo han determinado.
La inserción del PRIE en esta línea de desarrollo histórico es la clave de
la viabilidad del intento, así como el determinante de las actitudes sociales ante
el mismo. Es de primordial importancia que se entienda el sentido de esta
inserción, porque de su comprensión pueden derivarse, alternativamente,
desaliento o serena confianza, como resultado de la confrontación de los
propósitos con los interese sociales.
Cabe tener presente que la reformulación del proyecto nacional, a la cual
entiende contribuir el PRIE, es un proceso político global que moviliza muy
diversos y numerosos factores de poder social. El PRIE ha sido diseñado para
que conforme una directriz de referencia, a fin de que el libre juego de esos
factores de poder social se realice con mayor facilidad y concreción. La
comprensión de este papel es lo que legitima la aspiración de integralidad del
PRIE. Ésta debe ser entendida como una decisión de basar el diseño propuesto
en un conjunto de líneas maestras, cuya potencialidad las lleve, al desarrollarse,
a integrar la red de relaciones institucionales y sociales que conforman el
Proyecto Nacional. Ese desarrollo del potencial de las líneas maestras será el

25. resultado del juego de los factores de poder, a lo largo del proceso. La
integralidad no debe ser entendida como predeterminación detallada del curso
que habría de seguir la sociedad venezolana.
Por obra de la comparación histórica, siempre cargada de riesgos, pero
legítima vía de avaluación del alcance de proyectos y situaciones, es posible
afirmar que la presente reformulación del proyecto nacional venezolano no
reviste el carácter de trance histórico mayor, como lo fueron, en cambio, el
tránsito dese le sociedad monárquico a la republicana, y la subsiguiente
reorientación de esta última. La carga de conflictos, traducida en violencia
social, que acompañó esos trances históricos mayores del pasado, no está
presente hoy. Ello se explica porque la actual reformulación se plantea a partir
de un régimen democrático, y no lleva consigo ninguna modificación esencial
del sistema político, sino que propende a su perfeccionamiento.
La presente reformulación es una instancia de un prolongado proceso, y
revista el carácter de una necesidad histórica, percibida por la totalidad social.
Estas condiciones hacen que en el curso del proceso se inserten otras líneas de
acción social de menor duración, pero que pueden llegar a tener gran
intensidad, estableciéndose de esa manera correlaciones que inciden en el
proceso, acelerándolo o retardándolo, afinándolo o perturbándolo. No es
posible concebir otro curso históricamente más válido dentro de la concepción
democrática.
Este proyecto se recomienda no sólo por su racionalidad, su necesidad y
urgencia, sino también por la proyección con que ha sido concebido. Un
proceso de esta naturaleza mueve razones, pero también lesiona intereses. Sin
que pueda establecerse una ponderada similitud, no es del todo ocioso señalar
que la racionalidad, la necesidad y la urgencia del tránsito de la monarquía a la
república, combinado con el de la colonia a la independencia, fueron
demostradas con lujo de razones políticas, filosóficas e incluso teológicas; y aun
así requirieron catorce años de guerra y todavía hoy hay quien estime que fue
un cambio prematuro.
Finalmente, todo el proceso se concibe bajo la égida de la más amplia y
profunda participación democrática. De ello depende la viabilidad del PRIE, en
la práctica social y política. Con este enfoque debe velarse porque el debate en
torno al PRIE se realice en un plano de alta racionalidad, apoyada en el uso
persuasivo de la información y en la práctica honesta del derecho a disentir,
parte esencial de la convivencia democrática.
4. Los objetivos del Proyecto de Reforma Integral del Estado.
Hechas estas consideraciones estratégicas acerca de las circunstancias en
las cuales se plantea la reformulación del proyecto nacional, cabe puntualizar
los objetivos del PRIE como eje de ese proceso:
1. El PRIE propone proyectar los logros de un modelo y compensar lo

26. que de él se haya agotado. Esta es una circunstancia que reviste el más alto
valor, por cuanto es el factor concluyente diferenciador entre esta
reformulación del proyecto nacional y las precedentes, las cuales pueden ser
colocadas bajo el signo de la aceleración de un reticente proceso
democratizador (1945-1948), y de su restauración (1958-1961). Es el propio
desarrollo del Estado Democrático y Social de Derecho lo que hace necesario y
posible el PRIE.
El PRIE es concebido y elaborado en momentos cuando la situación
política global del mundo arroja una balance favorable al Estado democrático.
Los pronóstico negativos acerca de él, formulados en América Latina sobre
todo en la década de 1960, han resultado infundados. A su vez, las expectativas
surgidas a favor de otros modelos, no han arrojado un balance particularmente
estimulante.
Las comprobaciones precedentes, sumadas al desarrollo europeo y al
curso seguido por los regímenes liberal-democráticos en diversas partes del
mundo, destacando para el caso la experiencia venezolana en América Latina –
en contraste con las solicitaciones extremas, militar-desarrollistas, militaristas
tradicionales, corporativistas, entre otras-, permiten refrendar la convicción de
la perfectibilidad del Estado Democrático y Social de Derecho y la confianza en
su capacidad de auto perfeccionamiento y desarrollo.
La cuestión clave en estas consideraciones acerca de la vitalidad del
modelo de Estado democrático, en el caso venezolano, es que ha sido
precisamente su capacidad para generar, auspiciar o estimular cambios socio-
históricos, lo que hace necesaria la reformulación del proyecto nacional. Es
decir, que ésta es una proyección de los logros del modelo. Tal es el resultado
de una evaluación que no se apoya en el ”deber ser” teóricamente definido,
sino en una operación crítica que correlaciona las nociones de “Tiempo
histórico”, “Base de partida”. “Capacidad de supervivencia de vicios y
dificultades” y “Potencialidad demostrada”.1 (1.- Véase: Germán Carrera
Damas, “Venezuela: ¿Crisis financiera=crisis del Estado?”, publicado en Estado
y Reforma No. 1. Ediciones COPRE. Caracas, 1986, p. 99). Tan sólo para ilustrar
este último punto téngase en cuenta que en tres de diez décadas se ha logrado:
liquidar el régimen dictatorial de diez años, resolver el conflicto político-
guerrillero, nacionalizar las industrias del hierro y del petróleo,
institucionalizar el Estado Democrático y democratizar las Fuerzas Armadas,
entre otros resultados fundamentales.
2. El PRIE busca democratizar, con profundidad y amplitud, los
mecanismos generadores del poder, sea éste social o político; es decir,
perfeccionarlos en su esencia democrática. Con ello se entiende corregir la
orientación que durante las tres décadas transcurridas ha estado concentrada
en la consolidación del Estado Democrático y Social de Derecho, para lo cual se
ha incurrido en un costo social y aun político que ya resulta incongruente con
los logros del modelo.

27. El procedimiento democrático generador del poder político puede ser
considerado como arraigado. Ya no puede suponérsele como algo arraigado o
transitorio, si bien la experiencia histórica, y en particular la latinoamericana,
prueba que en torno suyo debe estarse en constante alerta, tanto para prevenir
su anquilosamiento, como para enfrentar supuestos salvadores. Por ello, en la
reformulación de este aspecto del modelo se requiere la mayor suma de cautela
histórica.
Las proposiciones extrañas o contrarias al régimen democrático han sido
consecuentemente rechazadas mediante el empleo de los recursos provistos por
el propio modelo, y que abarcan desde lo represivo hasta la persuasión política.
Las confrontaciones electorales, genuinamente democráticas, legitiman esta
consideración. Quienes proclaman su crisis, y aun su agotamiento, deben
reflexionar sobre el hecho de que éste no ha estado corto de recursos como para
caer en la dictadura, aun de naturaleza comisoria.
La participación de la totalidad social en este proceso es la más directa
consecuencia de este curso de afirmación del Estado democrático. A esta
totalidad social fueron confiadas, en última instancia, la subsistencia del mismo
y su defensa. Consecuentemente, se ha desarrollado una aspiración de
participación política acrecentada que demanda estímulos, nuevas áreas de
realización y canales más expeditos para expresarse.
3. El PRIE se propone corregir las relaciones entre el Estado y la
sociedad, vinculando a la sociedad, más estrecha y eficazmente, no sólo con los
mecanismos de formación sino también con los de ejercicio y de finalidad del
poder. El logro de este objetivo habrá de significar un gran paso hacia delante
en el perfeccionamiento del Estado Democrático y Social de Derecho, y a la vez
un gran impulso al proceso, por diversos respectos primordial, de
conformación de una sociedad genuinamente democrática.
Se han venido creando las condiciones para corregir la pasividad social
que ha caracterizado hasta el presente la relación entre el Estado y la sociedad.
Lo que es más, todo apunta hacia la necesidad de un esfuerzo sostenido y
eficaz para enderezar esa relación, volviéndola auténtica expresión del
predominio de la sociedad sobre el Estado, no por rechazo de éste sino por
fortalecimiento de la primera. Así lo determinan: la presencia excesiva del
Estado, que lo torna ineficaz y estorba su desarrollo; el más alto grado de
complejidad alcanzado por la sociedad; el surgimiento o la agudización de
problemas fundamentales que sólo pueden ser encarados socialmente. Entre
ellos están la contaminación y deterioro ambiental; el tráfico y consumo de
estupefacientes; la delincuencia e inseguridad; la marginalidad urbana y el
deterioro de los subsistemas educativo y sanitario; entre otros.
La corrección de las relaciones entre la sociedad y el Estado, para que
sean realmente un eficaz instrumento de mejoramiento social y de
perfeccionamiento político, exige que la aspiración de participación

28. democrática trascienda la esfera de los mecanismos de formación del poder y
se realice en el ámbito de ejercicio y la finalidad del mismo. Pasó la época de las
llamadas “campañas de concientización”. Su no desdeñable aporte en forma de
peso social puesto tras las políticas emanadas del Estado, ha de cambiarse por
modalidades de participación activa, de autogestión, fruto de la iniciativa social
responsable, en primer lugar, ante sí misma.
En suma, el desarrollo democrático de las relaciones entre la sociedad y
el Estado significa, esencialmente, presencia y participación social, no sólo
creciente sino también genuina, en el ejercicio y la finalidad del poder público.
En segundo lugar significa que el poder público debe estar abierto al papel
necesariamente autónomo que habrá de jugar esa presencia; así como también
al libre juego de sus modos y medios de expresión. De esta manera la presencia
democrática de la sociedad pondrá humildad en un sistema político que en no
pocos casos ha sido tentado por la prepotencia.
4. El PRIE se propone contribuir a replantear los términos básicos del
juego político venezolano en concordancia con lo observable en el mundo
contemporáneo, centrándolo en la administración eficaz, pero democrática, de
recursos limitados, de suyo o coyunturalmente. El factor carismático, de
incuestionable vigencia socio-histórica, tendrá que vincularse cada vez más,
por propia capacitación o mediante imprescindible asesoría, en una concepción
administrativa de la política: después del mitin, la plaza ha de ser barrida.
En la visión de sí misma que ha tenido la sociedad venezolana, se ha
operado un cambio, si se quiere brutal, que encierra una gran potencialidad
conceptual. Se ha pasado de un funcionamiento basado en una presunción de
recursos no limitados, a otro basado en la certidumbre de la limitación, actual o
a corto plazo, de recursos naturales: tierra agrícola, bosques, aguas, energía,
entre otros.
En virtud de esta certidumbre, a la que se ha llegado casi sin transición
luego de haber desdeñado durante años advertencias ilustradas, la política
tendrá que dejar de ser, cada vez más, un ejercicio de conducción de hombres
para volverse uno de administración de recursos. Ahora bien, la naturaleza y la
magnitud de las dificultades que determinan ese tránsito requieren, no sólo de
una esencial conversión del sistema político contemplado en el proyecto
nacional, sino también de una conversión semejante del sistema social. A
manera de ejemplo: si Venezuela es hoy, seguramente, uno de los países que
tiene más posibilidades de sortear la crisis económica, ello se debe tanto a los
recursos de que dispone como al tratamiento genuinamente democrático del
problema.
Un Estado moderno y eficaz, como el que propone erigir el PRIE, en el
marco de una sociedad amplia y profundamente democrática, debe apoyarse
en un intenso y vasto desarrollo social y ser su cabal expresión. De otra manera
la vocación tecnocrática vinculada con el abuso de los criterios de eficiencia y

29. modernidad, puede tender a conformar ese Estado en detrimento de la
democracia, de lo cual no faltan ejemplos históricos. La presencia decisoria de
la sociedad en sus relaciones con el Estado se vuelve, de esta manera, clave del
desarrollo del conjunto y, por ende, del éxito de la reformulación del proyecto
nacional.
5. El PRIE se propone contribuir al despeje y ensanche de los canales
mediante los cuales se hace posible la participación social, ampliada y
profundizada, en el ejercicio de la democracia y en la determinación de los
grandes objetivos sociales. La experiencia venezolana no autoriza a desconfiar
de la aptitud del sistema político para determinar esos objetivos, pero la
complejidad y la vastedad de la nueva problemática contemporánea hacen
necesario reforzar esa aptitud con el concurso consciente y activo del todo
social.
Está planteada la concordancia del sistema jurídico-político, factor
constitutivo del proyecto nacional, con el cambio social ya ocurrido, e incluso
para propiciarlo y anticiparlo. En este sentido debe prestarse especial atención
a la articulación entre las políticas nacionales, necesariamente globales, y las
regionales, más específicas. De una sociedad poco menos que reducida a ser un
cuerpo indiferenciado, regido por una cabeza única, la sociedad venezolana
actual ha pasado a ser un organismo nacional integrado por diversos centros de
decisión social, que necesitan para su desenvolvimiento y desarrollo canales
políticos apropiados, no como forma de diferenciarse ni de distanciarse entre sí,
sino de concurrir a la formulación realista de políticas globales.
La reformulación del proyecto nacional, situada en esta perspectiva,
presenta otro rasgo de novedad: ya no se propone inducir la sociedad a seguir
pautas predeterminadas por la racionalidad política, aunque estuviesen muy
bien fundadas en la experiencia histórica, como ha quedado demostrado. Se
propone, en cambio, abrir el sistema político a la innovación social a través de
la participación. Por ejemplo, ya no se tratará sólo de elegir democráticamente,
garantizando en lo posible la representatividad y la responsabilidad del electo
respecto del elector. A este último le tocará ejercer una suerte de derecho previo
escogiendo a quienes puedan aspirar a ser electos.
Los retos que se vislumbran son de tal condición y magnitud, que el
enfrentarlos con alguna posibilidad de éxito requiere de una mayor, y hasta
decisiva, participación de la sociedad en la determinación de los grandes
objetivos sociales. Para ello no basta con el mandato democrático actualmente
practicado, sino que parece necesario institucionalizar modos de consulta
directa y específica de la sociedad, compaginando sus resultados con la
conducción social democrática institucionalizada.
4.6. El PRIE se propone contribuir a capacitar mejor la sociedad para que
pueda enfrentar exitosamente riesgos actuales o inminentes, y abrirse con ello
el futuro. Consciente de los riesgos implícitos en todo ensayo de prospectiva,

30. su necesidad, sobre todo en un proceso de reformulación del proyecto
nacional destinado a incidir en el curso ya esbozado en la sociedad, parece
ineludible enclavar al PRIE en lo que podría denominarse la proyección
prospectiva. En este sentido cabría diferenciar modalidades en los riesgos a los
cuales se hace referencia, centrando la atención en aquellos que no sólo parecen
tener una prolongada vigencia sino también una tendencia a agravarse.
Es posible componer un cuadro de los riesgos que se ciernen sobre la
democracia venezolana, agrupándolos en función de criterios explícitos. En
función de ese cuadro, y a manera de síntesis no sólo de ellos sino también del
tiempo histórico en que se insertan, es posible concluir que la peor postura para
enfrentarlos sería una que desvirtuase y desalentase la participación política, y
que estuviese dominada por el temor a la presencia creativa de la sociedad.
Como vía para alejar la posibilidad de esa inconveniente postura se ha
concebido la renovación de los instrumentos disponibles o requeridos para
enfrentar los riesgos apuntados, acuciados quizá por la fundada preocupación
de que la pérdida de eficiencia de los medios actualmente empleados conduzca
la conciencia pública hacia la expectativa, nunca desdeñable, de intervenciones
salvadoras; o, en el menor de los casos, que la lleve a reivindicar viejas
fórmulas ordenadoras. En pocas palabras, de un Estado policial, como recurso
desesperado de una sociedad privada de mecanismos de auto preservación, o
contrariada en el uso de los mismos. No debemos olvidar que el fascismo fue
popular antes de ser declarado el enemigo de los pueblos.
Pero el descubrimiento de la potencialidad creadora de la sociedad, es
requisito indispensable para el cumplimiento de una tarea todavía más ardua:
la que se desprende de la obligada concurrencia, con alguna posibilidad de
supervivencia decorosa, en un escenario mundial caracterizado por demandas
y retos que ya son en parte previsibles y que superan, con mucho, los recursos
y disponibilidades actuales.
5.- Las amenazas al régimen democrático.
De manera general, puede afirmarse que las amenazas que se ciernen
sobre la democracia en Venezuela deben ser apreciadas en una perspectiva
social estructural. Con esto se quiere significar que si bien guardan una
estrecha relación con el sistema o régimen político, su vínculo esencial es con la
evolución de la sociedad, con el estado histórico de su desenvolvimiento y con
el contexto internacional. Esto permite afirmar, entre otras cosas, que tales
amenazas se ciernen sobre la democracia en este momento, pero que de manera
igual o semejante pueden hacerlo y lo hacen sobre otros sistemas políticos. En
tales casos, lo que distingue a los sistemas políticos es el modo de encarar los
problemas o amenazas; entendiendo por ello desde la conceptualización de los
mismos hasta los recursos y los procedimientos movilizados para encararlos.
Parece posible clasificar las amenazas que se ciernen sobre la sociedad
venezolana, y sobre su régimen democrático, atendiendo a dos criterios básicos,

31. cuya presencia, aislada o combinadamente, permite diferenciar entre: a) las
amenazas que tienen entidad específica, que son individualizables; y las
amenazas que tienen el carácter de resultantes de la combinación de dos o más
factores individualizables o del juego del conjunto de los mismos; y b) las
amenazas frente a las cuales la sociedad venezolana tiene una capacidad de
acción, en acto o en potencia, relativamente alta; y aquellas amenazas frente a
las cuales esa capacidad es reducida o está subordinada a esquemas de
cooperación o competencia internacionales.
Las amenazas frente a las cuales la sociedad venezolana tiene una
capacidad de acción, en acto o en potencia, relativamente alta y autónoma,
tienen que ver con:
1.- La marginalidad, entendida como participación escasa, insuficiente o
decreciente, según las siguientes modalidades: Económica, expresada, entre
otras cosas, como debilidad del mercado interno; Social, como insuficiencia de
la sociedad civil; Política, como distorsión o deterioro de la participación; y
Cultural, como acceso deficiente o viciado a las estructuras y a los productos
culturales.
2.- El desempleo, en su diversidad de situaciones y de correlaciones: en
función de la dinámica económica interna y en función de la atracción de mano
de obra y de destreza.
3.- La ineficiencia, entendida como la incapacidad para manejar los
cambios de escala, en lo interno, y como incapacidad de articulación con el
exterior, y expresada como: insuficiencia de recursos humanos y como mal uso
de los mismos.
4.- El agotamiento de los recursos naturales no renovables y el deterioro
del ambiente, percibidos como: disminución acentuada de las disponibilidades
de agua; destrucción de los bosques; y agotamiento de la tierra agrícola de
primera, por uso urbanístico o industrial y erosión.
Las amenazas respecto de las cuales la capacidad de acción de la
sociedad venezolana es menor, o está condicionada determinantemente por
esquemas de cooperación o de competencias internacionales, tienen que ver
con:
1.- Las migraciones no controlables. Vale decir que no lo son, y que
probablemente no podrían serlo, ni en su origen ni en su ingreso, situación que
se expresa en los siguientes términos: las migraciones no controlables como
factor de deterioro de la calidad de vida; como factor de desquiciamiento social,
y como factor de la rigidización del sistema político.
2.- La internacionalización de violencia, en sus modalidades
frecuentemente vinculadas: desestabilización y desorganización política y
social en áreas vecinas o relacionadas.

32. 3.- El tráfico de estupefacientes, como uno de los problemas más
serios que ha tocado enfrentar en los últimos tiempos, que se ha convertido en
un asunto de difícil contención, que desafía abiertamente nuestros países. Su
erradicación amerita acciones efectivas que van mucho más allá del esfuerzo
nacional aislado. El narcotráfico es una manifestación internacional que debe
ser abordad en el marco de la cooperación internacional.
Las amenazas resultantes de la combinación de dos o más factores
individualizables o del juego del conjunto de los mismos, tienen que ver con:
1.- La corrupción, entendida como una práctica social: cambio y
“desarrollo” en la corrupción; escala y modalidades; internalización social de la
corrupción; formas toleradas y hasta “institucionalizadas”.
2.- La desorganización social: la criminalidad; las conductas delictivas:
urbanismo anárquico, etc.; el deterioro de los servicios públicos: educación,
sanidad, transporte, comunicaciones, entre otros; y el “aprovechamiento libre”
de los servicios básicos, tales como agua y luz.
3. La pérdida de confianza en la funcionalidad del sistema democrático,
expresada como: incredulidad generada por la falta reciproca de veracidad;
suspicacia y descalificación respecto de la vida política, sindical y gremial, y
abstención electoral.
4. El desaliento y apatía social y política, con alto poder corrosivo, que es
función del deterioro de la clase media, y se convierte en caldo de cultivo del
terrorismo y en antesala probable del golpe de Estado.
La gama de las amenazas que se ciernen sobre la sociedad venezolana y
su sistema democrático demanda respuestas que comprometen todos los
recursos con que cuenta la sociedad, pero sobre todo el empleo eficaz de los
mismos. El debate previsible se focalizará en el último aspecto, y en función del
mismo será cuestionado el sistema democrático en un doble sentido: lo será por
quienes crean tener derecho a esperar de él una eficaz y oportuna movilización
de los recursos sociales; pero no lo será menos por quienes tomen pie en las que
estimen vacilaciones o debilidades del sistema democrático –imputaciones que
se derivarán naturalmente del celo que ese sistema deberá mantener en
salvaguardar los derechos, so pena de traicionar su esencia-, para declararlo
ineficaz y para trabajar por la substitución por un sistema autoritario, si es que
no francamente dictatorial. Debe evitarse a toda costa que un sector social,
importante por su número o por su poder social, llegue a esta conclusión. En
este sentido el PRIE entiende cumplir una función preventiva de una quiebra
de la confianza de la sociedad en la aptitud del sistema democrático para
preservarla de la acción de las amenazas mencionadas. La escasa, tardía o
renuente determinación en la instrumentación del PRIE podría traer como
consecuencias especiales graves:
- La desventaja de no contar con la movilización social como

33. potenciadora de los recursos sociales existentes, y como fuente ella misma de
nuevos recursos sociales, para enfrentar las amenazas. La experiencia histórica
demuestra que los Estados solos son incapaces para enfrentarlas con éxito, o
deben consentir cambios en su naturaleza que de manera casi indefectible van
en desmedro de su contenido democrático.
- La radicación en la sociedad de un estado de escepticismo o de
desaliento que constituye terreno abonado para las posturas antidemocráticas.
Una vez radicado tal estado social de ánimo, es no sólo difícil sino muy lenta
tarea el erradicarlo.
- La inadecuada utilización de los recursos de todo orden, pero en
primer lugar humanos, que habrían de impulsar el desarrollo del país,
disminuyendo con ello su presencia en escenarios más amplios, y debilitando
su capacidad de competencia.
Uno de los propósitos del PRIE es mostrar que la capacidad de respuesta
de la sociedad venezolana ante las amenazas que se ciernen sobre ella y sobre
su sistema democrático, es función de la identificación real y consciente de la
sociedad con ese sistema. Por tal se entiende el resultado del ejercicio pleno de
la participación en todos los órdenes vitales: socioeconómico, político y
cultural.
Al mismo tiempo, el PRIE busca fortalecer la posición del Estado y de la
sociedad venezolana en la muy controversial escena internacional. Para el
efecto se toma como criterio básico la comprobación de que la presencia
internacional de la sociedad venezolana tiende a hacerse cada día más amplia y
significativa, como consecuencia del propio desarrollo socioeconómico y de
requerimientos surgidos del propio orden internacional.
La creciente significación de Venezuela en el ámbito político y
económico, continental y mundial, exige conformar un Estado moderno y
eficiente, por razones de desarrollo productivo, de acceso a los mercados y de
preservación de los intereses nacionales en el marco de negociaciones cada día
más complejas y exigentes. El papel que Venezuela está llamada a desempeñar
en el teatro latinoamericano, y aun mundial, necesitará de la fuerza política y
ética derivada de una genuina democracia desarrollada.
La condición internacional de los peligros que acechan a la democracia,
llega a conformar verdaderas agresiones no sólo contra la democracia sino
también contra la soberanía. Esta situación impone la conjugación de los
factores ya señalados: la democracia como escudo ante amenazas que exigen
una capacidad de respuesta que sólo puede tener un Estado moderno y
eficiente, capaz por lo tanto de tener presencia significativa en la concertación
internacional.
En los próximos capítulos se desarrollan las líneas maestras, a través de
las cuales se propone reformar el Estado venezolano en la actualidad y que en

34. su conjunto constituyen el cuerpo prescriptivo del PRIE.”
_____________________
* La Reforma del Estado. Proyecto de Reforma integral del Estado,
Capítulo II, pp. 75-99.

35. Sexto texto:
Carrera Damas, Germán, “La reformulación del Proyecto Nacional venezolano en
perspectiva histórica”. Venezuela, del siglo XX al siglo XXI: un proyecto para
construirla. Carlos Blanco (Coordinador). Caracas, Comisión Presidencial para la
Reforma del Estado (COPRE), 1993.
“La reformulación del Proyecto Nacional Venezolano
en perspectiva histórica”.*
“La necesidad de reformular el Proyecto nacional es de carácter
histórico. Tiene el sentido esencial de que se inscribe en un proceso de esa
naturaleza. Pero también tiene el sentido de que su viabilidad está
condicionada por el grado de correspondencia que tal reforma logre respecto
del desenvolvimiento de la sociedad apreciado en el largo período. Nada más
cargado de riesgos, en estas circunstancias, que el ceder a la tentación de tomar
atajos. Nada más contrario al interés de la sociedad que el subestimar la
gravedad de esta situación. Nada más irresponsable que el eludir la acción
consiguiente. Nada más culpable que el anteponer a la acción constructiva, en
función de la gravedad de esta situación, cualesquiera otros intereses,
individuales o colectivos.
Por mucho tiempo se ha debatido sobre la modalidad que tal
reformulación debe tener. El debate se ha desarrollado entre los polos
representados básicamente por las nociones de evolución y revolución.
Desde la década de 1930 los partidarios de esta última buscaron más que
la reformulación del Proyecto nacional su sustitución por un proyecto
diferente, simplificado en el pasado reciente por el socialismo. Sea dicho de
paso que desde la década mencionada la proposición socialista ha sido muy
diversa en su expresión. Ha abarcado desde el nacionalsocialismo y el fascismo
hasta el socialismo autocrático, amén de la controversia en torno a la ortodoxia
ideológica.
A su vez, las proposiciones identificadas con un criterio de evolución
incorporaron a su fondo liberal democrático, madurado a lo largo del siglo XIX,
nociones extraídas del socialismo que incluyeron desde el antiimperialismo
hasta la organización partidista de corte leninista, pasando por el culto a la
nacionalización, vista ésta no sólo como un instrumento del antiimperialismo
sino también como un principio propiciador de una economía nacional
independiente, más eficiente y compatible con las aspiraciones de justicia
social.
Hoy puede considerarse que la proposición socialista ha dejado de jugar
un papel polar. Presumiblemente, así será por mucho tiempo, pues no será
corto el que tomará el componer proposiciones orgánicas de inspiración
socialista compatibles con valores tales como los inherentes a la economía libre

36. de mercado, al ejercicio de la democracia política y a la práctica de los derechos
humanos.
Este cambio, dramático en alto grado, ocurrido en el ya estrecho abanico
de opciones abierto a la reformulación del Proyecto nacional, encierra grandes
riesgos. Ellos están representados globalmente por una suerte de reafirmación
de los factores y actitudes conservadores, que necesariamente se movilizan en
función de la reformulación del Proyecto nacional. Parecen extraer su fuerza de
la creencia ahistórica, de que el socialismo, descalabrado como sistema
sociopolítico y económico, ha perdido, y por siempre, toda vigencia como
filosofía social.
Cierto que en esa creencia quienes la abrigan cuentan con el concurso,
seguramente involuntario, de los fundamentalistas del socialismo autocrático,
dedicados a urdir coartadas para preservar su fe.
Hoy más que nunca, en esta materia, reformular significa crear. Quizás
sólo sea comparable con esta circunstancia la del tránsito de la Monarquía a la
República, en el primer tercio del siglo XIX. En la ocasión de la formulación
definitiva del Proyecto nacional, recogida casi programáticamente en la
Constitución de 1864, la tarea consistió sobre todo en una reorientación
conceptual sistemática del Proyecto nacional, que había venido gestándose
desde 1811.
Bien diferente es la situación actual. Tal diferencia se deriva sobre todo
de dos grandes logros. El rimero consiste en que el Proyecto nacional ha
completado una etapa: las de institucionalización básica del Estado liberal
democrático. Pero este objetivo se ha alcanzado sobre todo en el sistema o nivel
sociopolítico, y en el seno de éste en el área político-institucional representada
por los mecanismos de formación, ejercicio y finalidad del poder. El segundo
logro consiste en que, al amparo del Estado liberal democrático, la sociedad
venezolana ha alcanzado un grado de madurez sociopolítica en el cual requiere
más expeditos cauces para su funcionamiento y desarrollo, so pena de padecer
grave desconcierto y hasta extravío.
La reformulación del Proyecto nacional se vuelve, en suma, necesaria
conformación de una sociedad democrática. Ello demanda la adaptación del
sistema sociopolítico para que la sociedad pueda actuar creativamente en
relación con los componentes fundamentales de la estructura de poder interna:
el régimen social de la propiedad y el trabajo, el papel social de la mujer, la
funcionalidad social del Estado de Derecho como un eficaz complejo de
deberes y derechos que integran la genuina ciudadanía, etc. Todo lo cual
requiere, a su vez, la introducción en el sistema jurídico-político de reformas y
ajustes que auspicien, faciliten y canalicen el cambio social. Resumiendo, si bien
hasta el presente la conducción del Proyecto nacional ha sido asunto casi
exclusivo del Estado, la reformulación ahora planteada ha de ser sobre todo
asunto de la sociedad.

37. I
Con referencia a una determinada formación social, creo posible afirmar
que, en un momento dado, su historia tiene un sentido, el cual puede ser
despejado partiendo de la aparentemente caótica acumulación de hechos. La
circunstancia de que ese sentido no sea siempre el mismo, sino que se
modifique en función de la duración histórica considerada al despejarlo, no
invalidaría la afirmación inicial. Por el contrario, sería prueba de la objetividad
de la historia, la cual se corresponde con el dinamismo que la caracteriza. Por lo
tanto, mal puede pretenderse que el sentido de la historia sea inmutable. Pero
no menos infundado sería pretender que la historia carece de sentido o siquiera
el que éste sea inescrutable. En momentos de desconcierto social –que no cabe
confundir con crisis- conviene no perder de vista estos conceptos.
Por esta razón afirmo que la historia de Venezuela, vista desde hoy,
revela un sentido: el de la formación de una sociedad democrática, como
objetivo, como tarea histórica y como resultado. Importa mucho subrayar estas
tres circunstancias. La primera nos dice de la claridad con que se eligió el
camino a seguir socialmente. La segunda nos dice de la tenacidad y de la
constancia demostradas al seguir ese camino. La tercera nos dice de los
resultados alcanzados, pero sobre todo de la formación de una conciencia de lo
real respecto de lo alcanzado al cabo de casi dos siglos de afanes.
Antes de proseguir vale la pena hacer dos observaciones. Primera, en
América Latina dos siglos no constituyen un período mediano, menos aún
corto. En cambio sería otra la perspectiva si nos situáramos en Europa, en el
Medio Oriente o en el Sudeste asiático. Parece pues sensato referir, en este caso,
el largo período al tiempo históricamente necesario para la realización de una
forma histórica. Segunda: la determinación de que han dado prueba las
sociedades latinoamericanas al formular su respectivo proyecto nacional, así
como la tenacidad demostrada en su realización, hablan muy alto de la
capacidad de esas sociedades para formular objetivos nacionales. Estos,
agrupados en el proyecto nacional identificado con el Estado liberal
democrático en el marco de la República, han sido incesantemente ensayados
pero nunca descartados. A diferencia de otras sociedades que, si bien más
desarrolladas y estructuradas, han demostrado menos constancia en su
organización sociopolítica.
Es oportuno subrayar estas observaciones, pues, si nos referimos a la
formación de una sociedad democrática, los casi dos siglos venezolanos no
difieren mucho, por ejemplo, de los casi dos siglos norteamericanos, lastrados
en gran parte por el racismo; de los dos siglos franceses, con sus irrupciones
autoritarias; y no sigo con las referencias.
II

38. Sentadas estas consideraciones de criterio, es oportuno esbozar nuestro
campo de trabajo. En los casi dos siglos de la historia de Venezuela que
interrogaremos para que nos entreguen su sentido fundamental, es posible
advertir tres grandes etapas-objetivos. Jalonan la vida de un pueblo que
conquistó la capacidad de regir su destino luego de romper el nexo colonial con
la metrópoli española. Esto sin perder de vista la circunstancia de que tal
conquista se obtuvo al cabo de más de diez años de una guerra larga y cruenta,
que consumió más de la tercera parte de la población, dañó considerablemente
la base económica y desangró, por así decirlo, los signos de civilización y
cultura formados a lo largo de los tres siglos precedentes. Los críticos severos
de las sociedades latinoamericanas, y por consiguiente de la venezolana, no ha
tomado debida cuenta de estas circunstancias, que estuvieron ausentes, por
ejemplo, del experimento republicano norteamericano. Procesos recientes,
como la descolonización producto de la Segunda Guerra Mundial en África,
Asia y el Caribe, han permitido apreciar, en las nuevas modalidades de ruptura
del nexo colonial, la enorme dificultad del tránsito por ella representada,
incluso en los casos en que esa ruptura resultó de procedimientos político-
administrativos consensuados.
Es aconsejable tener presente esta última observación; no para justificar
malandanzas sino para medir con mayor acierto el significado de las tres
grandes etapas-objetivos que marcan el desenvolvimiento histórico de la
sociedad venezolana.
La primera etapa objetivo estuvo orgánicamente vinculada con la
guerra de Independencia. Su punto de partida fue la declaración misma de la
independencia, y casi simultáneamente la promulgación de la Constitución
federal de 1811. Se conformó el objetivo que estuvo vigente hasta 1864, es decir
la instauración de un Estado soberano, republicano, estructurado según las
pautas constitucionales del liberalismo. La disputa sobre federalismo o
centralismo no comprometió el fondo doctrinario del objetivo; hasta el punto
de que, visto desde hoy, el pleito parece haber sido entre liberales
conservadores y liberales reformadores, La diferencia radicaba, propiamente,
en la proyección social del debate. Restablecer la estructura de poder interna,
desarticulada por la guerra, era el propósito único de la clase dominante. El
procurarlo, rescatando y consolidando los fragmentos de la preexistente
estructura de poder interna, o el procurarlo mediante ajustes y cambios que
permitieran canalizar, y por lo mismo regularlos, los conflictos sociales que
traducían la lucha de los diversos sectores y clases sociales por la libertad y la
igualdad, era lo que en realidad establecía la diferencia entre los dos bandos de
los cultores y promotores del Estado soberano, republicano y liberal. Me refiero
a la lucha de los criollos por la igualdad, frente a los españoles peninsulares; a
la de los pardos por la igualdad, respecto de los criollos; y a la de los esclavos
por su libertad, respecto de los esclavistas. Libradas en diversos teatros y con
medios igualmente diversos, estas luchas corrieron sobre todo a lo largo de la
última fase de la sociedad colonial venezolana y se prolongaron en la República
independiente. Obsérvese que los criollos blancos fueron uno de los polos en

39. todas las luchas, por ser los actores dominantes de la vida social.
La confrontación entre estas concepciones de la política desembocó,
luego de una guerra de cinco años, -la llamada Guerra Federal-, en la segunda
etapa-objetivo: la conformación del Estado liberal democrático. De hecho, el
énfasis ya no se puso en la forma constitucional sino en los mecanismos de
formación del poder político y en la finalidad del mismo; no así en lo
concerniente a su ejercicio. En cuanto a los mecanismos de formación del
poder, la modernización del sufragio se vio anulada en la práctica por la
instauración de una suerte de régimen de partido único, el Partido Liberal,
vencedor en la guerra, por virtual disolución del Partido Conservador, vencido;
y por la absorción por el primero de muchos de los sostenedores del segundo.
Por esta vía se desembocó en una autocracia intolerante, la del general Antonio
Guzmán Blanco. No obstante quedó consagrada, en la conciencia política así
como en el marco constitucional, la ampliación democrática del Estado liberal,
respecto de lo cual ya no fue posible retroceder sino sobre la base de las
situaciones de facto que desalentaron la formación de partidos políticos
modernos. En el orden social se lograron dos resultados importantes en el largo
plazo: se cerró definitivamente el paso a la posibilidad del retorno
institucionalizado de privilegios, y se echaron las bases de un Estado laico
mediante la ruptura del poder económico, social y político de la Iglesia
cristiana católica, el indicio de la organización modernizada de la
administración pública y el decreto sobre instrucción primaria pública, gratuita
y obligatoria. La instauración de la prolongada autocracia del general Antonio
Guzmán Blanco, 1870-1876, si bien frenó el desarrollo político promovió, de
propósito y de hecho, la liberalización de la sociedad, abriendo la vía para su
democratización. Al mismo tiempo, y bajo la cubierta ideológica del
federalismo, echó las bases de un centralismo integrador que alcanzó su
máximo nivel en la siguiente etapa-objetivo.
El adelanto en la conformación de una sociedad democrática requería la
institucionalización del Estado liberal democrático. Ello sólo fue posible,
justamente, mediante la democratización combativa de la sociedad: la
organización de la política en partidos y sindicatos, la gremialización docente y
la lucha por la libertad de información. Se dibujaron de esta manera las dos
variantes correlativas de la tercera etapa-objetivo: una, la de la
institucionalización del Estado liberal democrático, entró en su fase de
realización en 1945-1948, transitoriamente, y a partir de 1958 de manera
sostenida. Respecto de la otra vertiente, las Constituciones de 1947 y 1961
recogieron y compusieron el programa de democratización de la sociedad,
formulado y promovido sustancialmente, por el recién constituido partido
Acción Democrática (legalizado en 1941), en medio de una intensa
confrontación ideológica con otros partidos recientes, pero sobre todo con las
fuerzas sociopolíticas tradicionales agrupadas en el llamado lopecismo. Había
transcurrido poco menos de un siglo desde la formulación constitucional del
Estado liberal democrático (1846). Sus postulados aguardaban por un
desarrollo social que comenzó a producirse a partir de 1930, bajo el impulso de

40. la explotación petrolera. Esta sacó a la sociedad venezolana de su estado de
aguda carencia de elementos dinámicos (se desarrolló la burguesía, se
consolidó y desarrolló la clase media y se formó la clase obrera). El Estado
dispuso de los recursos necesarios para adelantar, desde el poder, la
fundamentación de la sociedad democrática: desarrollo y difusión de la
educación, mejoramiento de las condiciones sanitarias, vinculación
interregional, etc.
III
Llegados a este punto, creo que se hacen necesarias algunas precisiones.
La primera precisión es la de que se trata de etapas-objetivos que corresponden
al todo social y que se realizan históricamente. Digo que corresponden al todo
social por cuanto no son la obra de un partido o de un círculo gobernante,
entendidos como agrupaciones que se mueven según fines exclusivos. Integran
el proyecto nacional venezolano y como tal este último recoge la contribución
de todos los grupos o sectores insertos en la estructura de poder interna. Cierto
es que la formulación de ese proyecto, –que no está representado por la sola
expresión constitucional del mismo, si bien esta última es parte fundamental de
él-, corre a cargo de una clase o sector dominante socialmente. Pero tal
formulación, si bien se corresponde primordialmente con los intereses propios
del sector o clase que la hace o patrocina, no puede dejar de corresponder, en
algún grado, a los intereses propios de los sectores o clases que guardan una
posición subordinada, pero interdependiente, en la estructura de poder interna.
Si no fuera así el proyecto no podría contar con el respaldo promotor del todo
social. no podría ser auto sostenido y no podría, esencialmente, perfeccionarse
a sí mismo.
Pero las etapas-objetivos que integran el proyecto nacional venezolano,
el cual podría expresarse como la procuración de un Estado soberano,
republicano, liberal y democrático, como marco institucional para la
conformación de una sociedad democrática, corresponden al todo social por
cuanto se realizan por el juego de la contradicción. Y esto es así porque aun
cuando los diversos sectores y clases sociales se encuentran articulados en la
estructura de poder interna, tal articulación no es el producto de un propósito.
Es una resultante que se produce como saldo de una confrontación crítica de
individuos, grupos y clases en función del peso de los invariantes históricos,
representados en este proceso por la resistencia que todos los sectores oponen
al cambio, a la transformación social. Esa resistencia se expresa como oposición,
pero también como defensa activa de intereses. Este enfoque de la lucha social
es lo que permite afirmar que no puede el historiador discernir signos positivos
o negativos exclusivos, por ejemplo, a la participación que tuvieron en la
formulación y promoción del proyecto nacional los liberales conservadores y
los liberales reformadores. Y es justamente este enfoque el que permite captar y
apreciar en su valor histórico el papel desempeñado por cada fuerza o sector en
las confrontaciones, de todo orden, que han terminado por arrojar un saldo
válido para todo el cuerpo social. La democracia política, genuinamente