1. Foro del Cambio Social
PRESENTACIÓN
Las sociedades postindustriales del siglo XXI, ofrecen numerosos elementos
diferenciales con respecto a tiempos pasados. La revolución demográfica de finales
del siglo pasado, los cambios en el modelo de familia y por supuesto los cambios
económicos -principalmente los que afectan a la globalización de los mercados y a la
irrupción y generalización en el uso de las nuevas tecnologías- obligan a replantearse
algunos de los principios y sobre todo de las estrategias de actuación desde los
poderes públicos así como la forma de implicación de la sociedad civil. Modalidades
pretéritas de participación no parecen tener sentido en el momento actual, y en
cambio, se ofrecen plataformas impensables, hace apenas veinte años, Algunos de
estos cambios entran de lleno en el campo de actuación de las políticas sociales que
en el siglo XX se caracterizaron por construir, en las sociedades europeas
desarrolladas, un modelo de bienestar que ha sido capaz de garantizar los mayores
niveles de bienestar y calidad de vida al mayor número de personas.
Las formulas a través de las cuales se alcanzaron esos logros continúan
presentes, pero se encuentran sometidas a las transformaciones de la realidad social y
económica, por tanto requieren de una revisión que garantice su sostenibilidad. En
esta revisión es especialmente necesario profundizar en los valores alcanzados, y
cortar de raíz aquellas voces críticas que aprovechan el momento de crisis económica
para cuestionar avances alcanzados que deben ser irrenunciables. Ahora bien, es
cierto que los gobiernos y las sociedades en su conjunto deben actualizarse a las
nuevas necesidades y aprovechar las nuevas oportunidades y potencialidades que
ofrecen las sociedades contemporáneas. El documento pretende contribuir a este
análisis y lo hace invitando a la participación y a la corresponsabilidad de aquellos que
quieran aportar, construir y ofrecer su colaboración para alcanzar una sociedad más
justa y equitativa. Queremos que todos sientan que su opinión cuenta, y que forman
parte plena de un grupo integrado por tantas personas dispuestas a aportar soluciones
como personas quieran integrarse en él, personas que nos ayudarán a encontrar
respuestas, pero sobre todo a formular preguntas sobre los desafíos que afronta
nuestro presente y futuro.
La historia reciente nos recuerda los importantes avances sociales aportados
por los gobiernos progresistas y también el riesgo de estancamiento y retroceso en
función de determinadas actuaciones restrictivas propuestas por gobiernos
conservadores. Ni un paso atrás en derechos sociales es una de las premisas que
queremos poner como arranque en este documento. Rechazamos las ideas
defendidas por los conservadores como que la salud y los distintos sistemas que la
garantizan deban ser únicamente un negocio, rechazamos la privatización porque no
ha demostrado mayor eficacia, pone en riesgo la sostenibilidad del sistema y vulnera
los principios de equidad e igualdad de los que parte la configuración del moderno
estado del bienestar. Está demostrado que sistemas absolutamente públicos como la
seguridad social española han sido eficaces durante más de 30 años e incluso en la
actualidad pueden seguir generando un saldo positivo y de superávit, mientras que
otras iniciativas de privatización de sistemas similares han dado resultados muy
2. negativos. El beneficio y el lucro legítimo en el mercado deben estar al margen del
funcionamiento de los distintos sistemas de bienestar. Nuestra salud, educación y los
servicios sociales no puede estar condicionada exclusivamente por criterios de
beneficio económico de aquellos que la gestionan.
Dependencia y algo más
Nuestros sistemas descansan en la solidaridad intergeneracional, el valor de
los activos atendiendo a los que actualmente están fuera del sistema productivo. Es
uno de los pilares sobre los que se debe de sostener un sistema de compensación. Un
ejemplo importante, además del Sistema de Pensiones, consiste en la reciente Ley
para la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de Dependencia.
La conocida como Ley de la Dependencia ha aportado elementos de protección
que nos equiparan a los países europeos desarrollados. Con esta ley se cierra el
círculo de protección social y se garantiza al millón y medio de personas dependientes
unas prestaciones y servicios que le permitan disponer de una calidad de vida
aceptable al margen de sus condiciones familiares y económicas.
No obstante, en los primeros años de aplicación han aparecido luces y
sombras evidentes. Entre las primeras, el esfuerzo incuestionable de las distintas
administraciones que ha permitido, escasamente en dos años, atender a cerca de
800.000 personas, fruto de un esfuerzo normativo, organizativo y financiero puesto en
marcha por la AGE, (administración General del Estado), CCAA, (Comunidades
Autónomas) y CCLL Corporaciones Locales.
En cuanto a las sombras, destacamos un déficit de coordinación y falta de
lealtad institucional que han permitido un resultado excesivamente asimétrico en la
aplicación de la ley entre comunidades. La Comunidad Valenciana, junto a Madrid y
Murcia, se ha caracterizado por presentar niveles de aplicación de la Ley muy
inferiores al resto de territorio. La Generalitat Valenciana ha puesto en marcha algunas
iniciativas que pueden cuestionar el carácter público de la norma, como la
incorporación al sistema de diagnóstico de sociedades anónimas, que no han aportado
eficacia y en cambio, han supuesto una merma importante de garantías para los
ciudadanos. Además en esta comunidad no se ha ofrecido una respuesta adecuada a
determinados colectivos como son las personas discapacitadas y las enfermas
mentales
Resulta sumamente llamativo como, durante este periodo de aplicación de la
ley, se ha puesto en cuestión algunos de los principios previstos como la
profesionalización o la prioridad de los servicios sobre las prestaciones económicas.
Por el contrario, se han aportado de manera muy mayoritaria prestaciones
económicas, que no se explican sólo por las legítimas preferencias de los afectados y
sus familias, sino que se deben a una oferta insuficiente de servicios esenciales y
también por un inadecuado tratamiento de la información. Una de las carencias más
relevantes de nuestro sistema de protección social es la intervención en los domicilios,
profesionalizando la intervención en los cuidados personales y también desplegando
medidas que posibiliten la puesta en marcha de acciones de conciliación entre la vida
familiar, laboral y personal.
Un análisis, como el que han venido realizando diferentes expertos, pone el
acento en algunas propuestas que son necesarias para mejorar el nivel de desarrollo,
implantación y sostenibilidad de este nuevo derecho social. En primer lugar son
necesarias mejoras en el modo de financiación, cambiando los modelos anuales de
cooperación entre AGE y CCAA en plurianuales, promoviendo un mayor compromiso
3. de coordinación efectiva, garantizando que las prestaciones y los servicios se
alcanzan en tiempos razonables, facilitando al máximo la tramitación a los posibles
beneficiarios, considerando los importantes déficits a los que se encuentran sometidos
muchos de ellos, estableciendo niveles de complementariedad entre los distintos
servicios previstos en el catálogo de la Ley y, por supuesto, promoviendo fórmulas
efectivas de generación de empleo, conforme se establecía en el Libro Blanco de la
Dependencia que preveía la creación de un total de 350.000 nuevos puestos de
trabajo, cifras que a fecha de hoy están muy lejos de ser una realidad.
En materia de sanidad
Algunas Comunidades Autónomas -y de manera muy evidente la valenciana-
han llevado a cabo experiencias de privatización de la gestión sanitaria de las que se
desconoce los niveles de eficacia alcanzados, más allá de las ventajas obtenidas por
las iniciativas privadas que han participado en estas operaciones.
La sostenibilidad del Sistema Sanitario debe descansar en una concepción de
sistema público y de garantía de los derechos universales de todos los ciudadanos.
Estas premisas no están absolutamente salvaguardadas si se incorpora el conflicto
provocado entre el ánimo de lucro y los beneficios empresariales y la calidad de
servicios. Resulta indispensable obtener información fiable acerca de los resultados
reales de los procesos privatizadores en la Comunidad Valenciana, las consecuencias
para el sistema sanitario en su conjunto, y sobre todo, las consecuencias a medio y
largo plazo para su sostenibilidad, teniendo en cuenta la importantísima deuda
acumulada.
La falta de personal sanitario, que ha sido uno de los elementos que ha surgido
con la generalización del sistema sanitario, no descansa solamente en la
disponibilidad de personal especializado, también está íntimamente ligada a las
prioridades que se establecen los responsables políticos, haciendo más o menos
atractivo el trabajo de los profesionales sanitarios de acuerdo a salario y condiciones
de trabajo. La dignidad de estas condiciones evita migraciones hacia otros territorios
en los que se prioriza la atención a las personas y se facilitan todos los recursos
necesarios para alcanzar niveles óptimos de calidad y eficacia.
Aún no disponiendo de ninguna evaluación fiable, datos como la demora
excesiva en la atención de personas, no parece que sea un indicador de calidad y de
eficacia y nos acerca a la realidad de la atención sanitaria de la Comunidad
Valenciana. Un ejemplo dramático lo tenemos en personas que están sufriendo
problemas graves que se pueden solucionar con una intervención quirúrgica que no
llega a tiempo por culpa de una ineficaz gestión de los recursos sanitarios disponibles
Como propuestas:
Integración de los diferentes sectores públicos en un sistema nacional de salud dentro
de una red única.
Regular con mayor intensidad el sector privado concertado, no sólo por razones de
eficiencia sino también de calidad, estableciendo sistemas de control y evaluación
permanentes que ofrezcan datos reales de funcionamiento
Potenciar la dedicación exclusiva de los profesionales al sector sanitario.
Garantizar niveles de coordinación entre los servicios sociales y los sanitarios
Un concepto de salud integral
Para finalizar, pero no menos importante
4. Otorgar el papel que corresponde al asociacionismo, a la población diana de
las políticas sociales y sus familiares, que deben tener voz y presencia de manera que
se les tenga en cuenta en el momento de diseñar, planificar y ejecutar las políticas
dirigidas a ellos.
La Administración Local ha demostrado durante sus los treinta años de vida
democrática su implicación en las políticas solidarias. Los ayuntamientos fueron
pioneros en la generación de recursos para la atención a los ciudadanos más
necesitados, impulsando infraestructuras sanitarias, educativas y de servicios sociales.
Se ha demostrado durante todo este tiempo que son la primera puerta a la que acuden
los vecinos cuando tienen un problema significativo por lo que es indispensable que se
les dote de mayores medios para adaptarse a las nuevas necesidades y puedan
seguir garantizando un nivel de respuesta que no descanse exclusivamente en el
esfuerzo técnico y el compromiso de los profesionales responsables y en la
implicación económica de unas corporaciones locales que ven ampliamente superada
su capacidad. Una sociedad desarrollada, como la valenciana, debe ser capaz de
superar la sensación de fragilidad y provisionalidad en materia de políticas sociales y
se debe consolidar la tarea realizada mejorando la financiación, el ámbito
competencial y las formulas de colaboración y cooperación con otras entidades.
Todos los estudios realizados obtienen un resultado mayoritario de apoyo a las
políticas sociales. Los ciudadanos valoran de manera muy considerable que el Estado
se preocupe de asuntos como la Sanidad, Educación y los Servicios Sociales. Somos
muchos valencianos unidos en la esperanza de vivir en una sociedad cuya prioridad
sea atender a las personas cuando más lo necesitan, unidos además en el
compromiso de sostenerla, de cuidarla, para que el día que lo necesitemos, cuide de
nosotros y de los nuestros.
Actualmente en la Comunidad Valenciana pueden estar en riesgo estos logros
alcanzados después de años y esfuerzos colectivos para su implantación. La forma de
contribuir a sostener y mantener nuestros sistemas de bienestar será haciendo pública
la opinión masiva de todos aquellos que pensamos que esto es lo que
verdaderamente importa. Sabemos que somos la mayoría, y las mayorías deben hacer
escuchar su voz mayoritaria.
Desde el Foro vamos a realizar una tarea constante durante estos meses para
que se escuchen todas las voces ciudadanas: las de los profesionales, las de los
usuarios, la de todas las asociaciones implicadas, fundaciones, entidades, etc. para
tener presencia en los distintos territorios y sobre todo para que la red crezca de forma
exponencial, tal como permiten los actuales medios virales de comunicación
interactivos, y que la voz de la que hablamos llegue a todos los rincones y sea capaz
de construir un enorme Think Thank, cuya garantía de acierto la aporte la participación
mayoritaria de todos aquellos que comparten dos ideas tan sencillas como extendidas:
NOS IMPORTA LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y EL MOMENTO DE
ACTUAR… HA LLEGADO.
En materia de salud pública
Los servicios de salud pública de la Comunidad Valenciana se desarrollaron y
potenciaron durante el gobierno del PSPV-PSOE, con la estructuración de la Dirección
General de Salud Pública y la creación de los Centros de Salud Pública en el ámbito
territorial de las áreas de salud.
5. Desde estos centros se empezaron a ejercer sobre el territorio las funciones de
vigilancia epidemiológica, seguridad alimentaria, sanidad ambiental, salud laboral,
educación para la salud, programas de promoción de la salud y asesoramiento a las
instituciones municipales sobre los problemas de salud pública. El objetivo de los
centros era servir a la planificación sanitaria del área en función de las necesidades de
salud, priorizar la prevención colectiva y el control del riesgo y asesorar e informar a
los ayuntamientos sobre los problemas sanitarios y los elementos técnicos de
prevención.
Los gobiernos del PP han mantenido esta estructura territorial, aunque los Centros han
visto disminuidas sus competencias y han sido relegados a ejercer fundamentalmente
acciones individuales de prevención, dejando en segundo plano la intervención
comunitaria de promoción y protección de la salud. Su relación con los ayuntamientos
es nula de cara a definir estrategias colectivas para abordar los problemas de salud.
Lo que pasa con los Centros de Salud Pública actualmente es fiel reflejo del estado de
la Salud Pública en nuestra Comunidad.
Transcurridos 5 años desde la aprobación de la Ley 4/2005 de Salud Pública de la
Comunidad Valenciana, constatamos que es una ley que se limita a crear una serie de
estructuras para gestionar la salud pública y que a día de hoy aún no se han creado.
Es una ley que no define la estrategia para llevar a cabo las acciones de salud pública
que han de incidir sobre las condiciones estructurales que generan los problemas de
salud. Se echa en falta un planteamiento que incluya a la salud como elemento
transversal de todas las políticas públicas y las impregne en su formulación y
desarrollo. No se definen los riesgos emergentes y por tanto no se formulan las
estrategias para su abordaje.
Es evidente la poca sensibilidad de la ley por la participación de la sociedad civil en las
políticas de salud como garantía de democratización de las mismas. Crea los consejos
sectoriales de salud pública como órganos de información y coordinación intersectorial
con escasa participación de la sociedad civil, cuando lo más conveniente es potenciar
los Consejos de salud de Área y no crear otros consejos específicos de salud pública
de difícil articulación con los de área y de dudosa utilidad per se.
Dejando a un lado la dudosa utilidad de los órganos que se crean, en estos momentos
la Ley está prácticamente sin aplicar y los organismos previstos sin definir ni
desarrollar: no se han desarrollado ni la Entidad Valenciana para la Acción en Salud
Pública, ni la Oficina de Información y Comunicación en Salud Pública, ni la Agencia
de Seguridad Alimentaria, ni se ha aprobado el Reglamento de Estructuras,
Organización y Funcionamiento de los Centros de Salud Pública.
Tampoco se han asignado a la Consellería de Sanidad, tal y como preveía la ley, las
funciones y competencias referidas a sanidad ambiental, actualmente adscritas a la
Consellería de Medio Ambiente.
Se ha creado el Centro Superior de Investigación en Salud Pública más como una
decisión propagandística que como una apuesta seria por la investigación en el campo
de la salud pública. Es urgente reformar este organismo, dotarlo de auténtico
contenido, limitar y centrar su campo de actuación y asignarle los recursos humanos y
materiales pertinentes.
El actual plan estratégico de I+D+i en salud pública es en realidad un catálogo
genérico de posibles líneas de trabajo, que por su falta de concreción, exceso de
prioridades y nulo compromiso económico, lo convierte en un mero folleto publicitario.
La Comunidad Valenciana requiere un auténtico plan estratégico de I+D+i en salud
6. pública, que se centre en los problemas emergentes prioritarios, fije objetivos precisos,
y detalle compromisos presupuestarios realistas.
Con tres años de retraso sobre la fecha prevista en la Ley de Salud Pública, se
aprueba la Cartera de Servicios de Salud Pública de la Comunidad Valenciana
(Decreto 98/2009). Dos características destacan del análisis de la misma: la primera,
que está centrada casi íntegramente en acciones de salud dirigidas al individuo
enfermo o en riesgo, en detrimento de las acciones sobre los factores determinantes
de salud y la segunda, que comprende un catálogo de servicios que en su mayoría no
tienen ningún nivel de desarrollo y por tanto no constituyen prestaciones reales para
los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad Valenciana.
Las políticas de salud pública practicadas por el Gobierno Valenciano han prestado
una escasa atención a los problemas de salud derivados de los factores ambientales
como por ejemplo la exposición crónica a complejos cócteles de contaminantes
presentes en el aire, agua, alimentos, edificios o productos de consumo.
A pesar de la evidencia cada vez mayor de los vínculos existentes entre los factores
ambientales y la salud, y de las estimaciones que señalan que hasta un 30% de la
incidencia total de enfermedades en los países industrializados puede atribuirse a
factores ambientales, se ha mantenido un enfoque anticuado tanto en las estrategias y
las políticas en este campo como en la anacrónica distribución de competencias entre
Departamentos (Medio Ambiente y Sanidad), o en la nula coordinación entre los
mismos.
Las estrategias, planes y actuaciones en seguridad alimentaría han de tener una
dimensión europea e internacional. De hecho todo el diseño europeo de las políticas
en el ámbito de la seguridad alimentaria se ha ido definiendo y aplicando a través del
debate científico y político en las instituciones de la Unión Europea, con distintas
vinculaciones con otros organismos internacionales. Si bien es cierto que el Gobierno
Valenciano asume formalmente el marco europeo de seguridad alimentaria, que está
definido en su ámbito estratégico por el Libro Blanco de Seguridad Alimentaria, y tiene
su concreción en los diferentes reglamentos y planes de acción, no es menos cierto
que el diseño de sus estructuras de gestión, las prioridades que se establecen y el
diseño de sus programas, necesitan una urgente reorientación que permita mejorar su
eficacia y hacer frente a los nuevos riesgos emergentes.
Ante esta situación de los servicios de salud pública en la Comunidad desde el FORO
DEL CAMBIO propugnamos:
Desde el Gobierno de la Generalitat se ha de garantizar la democratización de los
servicios de salud a través de la participación de la sociedad civil en las políticas de
salud, potenciando los consejos de participación autonómico y de área.
Desde el Gobierno de la Generalitat se ha de garantizar la mejora de los servicios de
salud, estableciendo la necesaria coordinación con los municipios para actuar con
eficacia frente a los problemas que ponen en peligro la calidad sanitaria del medio
ambiente, potenciando la elaboración de planes de salud municipales para su inclusión
en la Red de Ciudades Saludables de la OMS.
La necesidad de definir y desarrollar las estrategias en salud pública sobre la base de
potentes sistemas de información que además de los sistemas de vigilancia
epidemiológica y redes centinela, incorpore los riesgos ambientales, en seguridad
alimentaria y laborales.
Tanto los riesgos ambientales como los riesgos alimentarios son elementos centrales
en cualquier estrategia de salud pública. Es preciso reformular las estrategias y las
7. líneas de actuación en estos dos campos, teniendo en cuenta los nuevos riesgos
emergentes y prioritarios, la internacionalización y globalización de los problemas y la
transversalidad de los problemas asociados a estos ámbitos
Hemos de abordar de una manera seria y decidida la calidad sanitaria del ambiente,
implementando una estrategia de salud y medio ambiente que fije objetivos de calado
como la reducción de la incidencia de enfermedades causadas por factores
ambientales, o la identificación y prevención de nuevas amenazas para la salud
causadas por factores ambientales. Esta estrategia ha de reforzar las políticas en este
ámbito, y especialmente impulsar aquellos programas que se centran en las
poblaciones más vulnerables como los niños y ancianos.
La integración de la salud como objetivo es ineludible en la lucha contra el urbanismo
salvaje y como componente del urbanismo del futuro. Es necesario incorporar criterios
definidos por estrategias de salud al campo de conocimiento del urbanismo.
El modelo de ciudad es determinante en la posibilidad de desarrollar un modo de vida
saludable. Hay que actuar sobre los problemas de salud relacionados con la
urbanización. Es urgente abordarlos mediante planificación urbanística y la acción
intersectorial, con medidas de prevención a la exposición de factores ambientales
como la contaminación del aire, el agua, el saneamiento o las basuras y con medidas
para afrontar los accidentes de tráfico derivados del transporte. Nos hemos de
comprometer a integrar la salud en las políticas públicas de las ciudades
El transporte conlleva la suma de accidentes de tráfico, contaminación atmosférica,
cambio climático debido al calentamiento global, ruido y falta de actividad física,
causando un importante impacto en la salud. En la actualidad las muertes por
accidentes de tráfico ocupan el noveno puesto entre las principales causas de
mortalidad. Casi la mitad de víctimas son aquellos más vulnerables: peatones, ciclistas
o motoristas. Es necesario impulsar actuaciones para prevenir o eliminar los efectos
negativos del aumento del tráfico, especialmente con medidas de ordenación
territorial, fomento del transporte público, el transporte intermodal y el transporte
combinado, así como de los modos de transporte menos perjudiciales para el medio
ambiente. Así como proseguir la investigación y el desarrollo tecnológico,
especialmente para reducir las emisiones de CO2 y el ruido.
La administración sanitaria ha de colaborar con el sistema de prevención de riesgos
laborales participando activamente en la vigilancia y detección de enfermedades
profesionales. Dos instrumentos esenciales para poder llevar a cabo esta misión son la
elaboración del mapa de riesgos en salud laboral y la puesta en marcha de un sistema
de vigilancia epidemiológica laboral. Ambos figuran en la cartera de servicios de salud
pública sin que hasta el momento se hayan puesto en marcha por parte de la
Conselleria de Sanidad.
Es urgente elaborar los mapas de riesgo y daño en salud laboral en los
departamentos de salud para conocer los principales riesgos a que están expuestos
los trabajadores, cual es la población expuesta y los daños detectados para poder
realizar programas específicos de prevención de riesgos laborales en función de los
resultados obtenidos.
Con respecto a las acciones de promoción y prevención dirigidas al individuo, hay que
incrementar la coordinación y colaboración entre los centros de salud pública y los
centros de atención primaria para una mejor implementación de los programas a
desarrollar de acuerdo con las condiciones de salud del departamento, analizadas con
criterios epidemiológicos.
8. El centro de salud pública ha de proporcionar los recursos y el apoyo técnico a los
equipos de atención primaria para el diseño y la puesta en marcha de los programas
de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.
Hay que abordar los problemas de organización y funcionamiento de los Centros de
Salud Pública, definir sus plantillas adecuándolas a las tareas a realizar. Es
imprescindible terminar con la precariedad de los profesionales de los centros,
mayoritariamente interinos. Es urgente una equiparación en derechos y salarios a los
trabajadores de la red asistencial. El gobierno del PP lleva diez años sin convocar
oposiciones, propiciando la entrada de personal sin formación en salud pública.
Es necesario diseñar una política de formación en salud pública que haga posible el
desarrollo de las competencias en salud pública en los diferentes niveles de la
administración autonómica.
CONTENIDO DEL TEXTO ACOMPAÑANTE DEL DOCUMENTO
Queremos conocer si compartes las inquietudes y propuestas contenidas en el
documento inicial del Foro y recabar tus aportaciones para mejorar los aspectos
sensibles de las políticas sociales con son: la atención a las personas dependientes, la
implantación de una Renta Básica, el desarrollo de políticas de apoyo a las familias
especialmente para facilitar la conciliación entre la vida laboral y personal, sostener el
sistema público de salud como algo incuestionable, garantizar la inmediatez en la
respuesta a los problemas de tipo sanitario y social de los valencianos. La integración
de las distintas medidas de bienestar como uno de los principales activos en las
políticas activas de empleo …. Y tantas y tantas otras propuestas que los distintos
agentes sociales y la sociedad valenciana en su conjunto quieran aportar.
Disponemos de un tiempo de reflexión abierto hasta el mes de septiembre de
este año, a partir de ese momento trataremos de plasmar en un documento resumen,
el resultado de todo el movimiento participativo que habremos llevada a cabo entre
actos públicos, aportaciones y opiniones manifestadas en la red.
Queremos tu participación, necesitamos tu opinión y tus propuestas de mejorar
para manetener aquello que tanto nos ha costado de alcanzar y para mejorar los
problemas que la ineficaz gestión o los cambios sociales pueden poner en peligro.