La nueva Ley de Transparencia de Coahuila es un instrumento de avanzada a nivel nacional e internacional según el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información. La ley amplía las obligaciones de transparencia para entidades públicas, incrementa la información que deben divulgar el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y reduce los plazos máximos para responder solicitudes de información para facilitar el acceso a la información pública. La ley fue impulsada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez y representa un logro importante

1. "2014, Año de las y los Jóvenes Coahuilenses"
DI-1909-14
LEY DE TRANSPARENCIA ES INSTRUMENTO DE AVANZADA: ICAI
Saltillo, Coahuila de Zaragoza; 26 de agosto de 2014.- La Ley de Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales, contempla las buenas prácticas y
recomendaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección
de datos personales, es ejemplo nacional y hasta podría ser considerada de
avanzada a nivel internacional, aseguró la Consejera Presidenta del Instituto
Coahuilense de Acceso a la Información en Coahuila, Teresa Guajardo Berlanga.
Reconoció el trabajo realizado por Rubén Moreira Valdez, para llevar a Coahuila a los
más altos niveles nacionales en materia de transparencia y acceso a la información.
“La nueva ley representa sin duda, pese al escepticismo de unos, un instrumento de
avanzada en el ámbito nacional, incluso en el internacional, que hoy concretamos con
su promulgación”, expresó este martes en el evento de Promulgación de dicha ley.
Su conformación, se trabajó en coordinación el Gobierno del Estado, el Instituto
Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) y la Organización Civil Fundar,
Centro de Análisis e Investigación.
Con esta reglamentación impulsada por el Gobernador Rubén Moreira Valdez, se
alcanza el primer lugar nacional en la materia, para que sea accesible a la población
indígena y personas con capacidades diferentes.
Contempla nuevos sujetos obligados, como los Sistemas Operadores de Agua,
sindicatos, fideicomisos, fondos públicos y organizaciones de la sociedad civil que
reciben recursos de esa naturaleza, como notarios públicos y oficiales del Registro
Civil.
Prohíbe de manera expresa la difusión de nombres, imágenes, voces o símbolos que
impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público y así como retirar
información pública mínima de su portal de internet, para que al término de una
Administración no eliminada la información que mantenía cierto sujeto obligado, y
poder conservar una memoria digital de las dependencias públicas.
Para todas las entidades públicas se amplían de 26 a 47 las obligaciones de
transparencia que deben divulgar, como los son los indicadores de gestión, de
resultados y metas que permitan evaluar su desempeño, la versión pública de la
declaración de los servidores públicos, los padrones de beneficiarios, la deuda

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pública, a las instituciones que se adeuda y el estado de los fondos de pensiones,
entre otras.
Para el Poder Ejecutivo, se incrementa a 61 obligaciones, como los son el Atlas
Estatal de Riesgo, el número de quejas y las sanciones aplicadas a los notarios
públicos, las estadísticas sobre denuncias y las estadísticas de personas
desparecidas o no localizadas.
Al Poder Legislativo se adicionan cuatro fracciones con nuevas obligaciones, en las
que se establecen que difundirán los montos de cualquier recurso asignado y ejercido
por los propios Diputados, sus Grupos Parlamentarios, Comisiones, Comités, la Mesa
o Junta de Gobierno y el monto asignado y ejercido por cada uno de los Diputados
para su informe anual de actividades.
El Poder Judicial aumenta de 14 a 23 obligaciones en la que se plantea difundir el
directorio de los funcionarios judiciales y administrativos, y como se designaron dichas
plazas, las sentencias que hayan causado ejecutoria, en su versión pública, visitas de
inspección, la agenda de audiencias y la ubicación física de los expedientes.
En el caso de los Ayuntamientos, se aumenta de 13 a 20 las obligaciones de
transparencia, donde se darán a conocer las rutas y tarifas del transporte público, al
igual se regulan con precisión las ONG´S, fondos públicos y sindicatos sobre la
información que deben difundir en sus portales de Internet.
También contempla reducciones en los plazos máximos para responder a las
solicitudes de información de 30 a 14 días, equivalente a más de la mitad del término
establecido hasta hoy.
Asimismo, prevé ampliar el término para interponer el recurso de revisión en beneficio
del solicitante, incrementando el plazo de 15 a 20 días.
Reduce el plazo para la resolución del recurso de revisión de 80 a 30 días, y acota el
término para su cumplimiento, que no podrá ser mayor a 10 días.
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