1. RECTORADO
A toda la Comunidad Universitaria:
Durante los últimos doce meses los rectores de las universidades públicas andaluzas
hemos venido advirtiendo al más alto nivel del gobierno de la Junta de Andalucía sobre
los progresivos e injustificados atrasos en las transferencias de las dotaciones a la
financiación de las universidades, previstas en los presupuestos de la Comunidad
Autónoma.
En los últimos seis meses la reclamación de los rectores ha sido especialmente reiterada
en la persona del Presidente. En el mes de marzo, las universidades públicas de
Andalucía solicitamos entrevistas con los candidatos a la Presidencia de la Junta de
Andalucía de los principales partidos, para trasladarles las problemáticas más relevantes
de la educación superior en nuestra Comunidad.
Sólo José Antonio Griñán respondió a nuestra petición. En un encuentro mantenido en
Granada, el candidato manifestó que la “educación pública era para él una prioridad de
primer nivel”, incluso por encima de otros servicios públicos. En el ámbito de un
diálogo abierto, los rectores le hicimos ver que ello debía hacerse compatible con un
cumplimiento correcto de los compromisos presupuestarios adquiridos por parte de la
Junta de Andalucía, que alcanzaban en aquel momento magnitudes y retrasos muy
preocupantes.
El pasado mes de mayo, ya como Presidente, José Antonio Griñán quiso que uno de sus
primeros contactos en el cargo fuese con las universidades públicas andaluzas. El
encuentro se celebró en Málaga, sólo pocos días después de la publicación del RD
14/2012 y de la aprobación del Programa Nacional de Reformas del Gobierno de
España, que implicaban un ajuste de 3.000 millones de euros en materia educativa. En
el marco de crecientes incertidumbres, el Presidente renovó entonces su compromiso de
defensa de la educación pública. Los rectores volvimos a reiterarle que las demoras en
las transferencias pendientes estaban derivando en retrasos en pagos a proveedores, que
ya alcanzaban los seis meses en algunos casos.
Ya con el equipo de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, se
abordó la nueva y compleja situación normativa y de recortes, que concluyó a finales
del mes de junio en términos de los que han tenido cumplida cuenta los órganos de
gobierno de la Universidad de Sevilla.
Las tasas de matrícula han sufrido un incremento general y doloroso, fruto del
mencionado RDL 14/2012, si bien es justo reconocer que la Administración Andaluza
ha incrementado sólo de forma moderada las primeras matrículas en los Grados. A la
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vez, se creó un marco andaluz de interpretación de este RD en materia de dedicación del
profesorado, con el objeto de minimizar sus efectos negativos en la organización de
nuestra actividad docente, pero que, a pesar de todo, ha supuesto un injusto aumento
generalizado y no homogéneo de las dedicaciones a la docencia.
Los recortes presupuestarios en el conjunto del Sistema de Universidades Públicas de
Andalucía alcanzaban 130 millones de euros, de los que unos 45 millones corresponden
a salarios y el resto a ahorros corrientes y de inversión del Sistema y de las
Universidades. De nuevo, durante este proceso se advirtió a la Secretaría General de
Universidades, Innovación y Tecnología de la Consejería de Economía, Innovación,
Ciencia y Empleo de la ya —a esas alturas— insoportable situación de tesorería que
sufrían las universidades, debido a los incumplimientos de la Junta de Andalucía, de los
que dicha Secretaría era conocedora en detalle.
La falta de respuestas y compromisos concretos llevó a los rectores andaluces a solicitar
una entrevista con el Presidente para reclamarle un plan de tesorería que permitiese
abordar de manera ordenada una situación de la que ya tenían conocimiento los órganos
de gobierno de las universidades a través de la Liquidación de las Cuentas del año 2011,
que reflejaban desfases inadmisibles, contrarios a los compromisos adquiridos por el
propio Presidente.
En el caso de la Universidad de Sevilla, se acumulaban retrasos durante ese ejercicio
que sumaban 154 millones de euros. En materia de investigación eran más de 20
millones los pendientes, con atrasos desde el año 2008. En cuestión de salarios, la
Secretaría General de Universidades, Innovación y Tecnología nos había transmitido el
compromiso de la Junta de Andalucía de transferirnos cada mes del año 2012 la doceava
parte del montante total de la masa salarial anual de cada institución (lo que se ha ido
cumpliendo aproximadamente, salvo el pasado mes de agosto), no permitiéndose, por
tanto, recuperar los atrasos para otros acreedores, que iban creciendo con pleno
conocimiento de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, a través de
nuestras liquidaciones mensuales, hasta superar los 60 millones de euros en la
actualidad.
A nuestra solicitud de encuentro se nos respondió que tendría lugar a finales de julio,
una vez celebrado el Consejo General de Política Fiscal. De todos es conocido el
resultado negativo de este Consejo, donde se produjo la retirada de la Consejera de
Hacienda y Administración Pública ante sus graves desacuerdos con el Gobierno de
España. En esos momentos se nos informó de que el encuentro se aplazaba a
septiembre.
A comienzos del presente mes, recordamos a la Secretaría General de Universidades,
Innovación y Tecnología la solicitud de entrevista con el Presidente, emplazándonos
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entonces para una reunión con los responsables de la Consejería de Economía,
Innovación, Ciencia y Empleo y la Consejería de Hacienda y Administración Pública el
pasado día 21. De esta reunión los rectores de las universidades públicas andaluzas
hemos dado cuenta en un comunicado público (se adjunta).
En lugar de nuestra expectativa de una solución concreta y de alcance, mediante un Plan
de Tesorería que abordase la grave situación planteada, sólo se nos propuso abordar los
pagos más urgentes para el sistema, aplazando toda consideración de mayor recorrido a
la resolución de los problemas de liquidez de la propia Junta de Andalucía.
En resumen: la reunión mantenida el pasado viernes lejos de aportar soluciones sólo ha
servido para aumentar las incertidumbres, dado que la Consejería de Hacienda y
Administración Pública se declara imposibilitada para proponer cualquier plan que
permita tener una perspectiva estable, que vaya más allá de cubrir los salarios de
nuestros empleados. Se configura, por tanto, una situación absolutamente
insatisfactoria. Así se lo expresé a los consejeros en relación a la fórmula planteada, ya
que ésta parece ignorar en todo punto el origen del problema y su dimensión social y
política.
Es la propia Junta de Andalucía la que en 2011 no nos abonó 154 millones de euros, de
los 327 millones reconocidos a nuestro favor (lo que representa una tasa de pago del
53%); sin que recibiéramos explicación en su momento, ni plan de recuperación de ese
retraso. Todo ello en el contexto de un modelo de financiación del Sistema de
Universidades Públicas de Andalucía, que fue prorrogado por la Junta de Andalucía el
pasado mes de enero. Por añadidura, los capítulos de los que se nutre nuestra
financiación, de Transferencias Corrientes y de Inversiones, presentaban —según las
cuentas de la propia Junta de Andalucía— índicadores de pago promedio superiores al
85%, muy alejados de lo recibido por las universidades.
Transmití también que debían ser conscientes de que tras nuestros proveedores, cada
uno en la escala que corresponde, hay también salarios de trabajadores y empresas que
pueden verse abocadas a la ruína; y que, en definitiva, estábamos tomando prestado de
esos proveedores, y en más de un caso de nuestros propios profesores, estudiantes y sus
familias, las cantidades que tenemos dificultades en financiar por las vías formalmente
correctas.
Siendo consciente de la difícil situación, no sólo de la Junta de Andalucía sino de todas
las Administraciones, con la que la Universidad debe ser solidaria, no resulta admisible
que el planteamiento que nuestra administración de referencia mantenga para solucionar
este asunto capital sea trasladarlo sistemáticamente al futuro. Además, dando de facto
por extinguido el Modelo de Financiación y enmarcándonos en un difuso 'tercer sector
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público' que 'presta servicios' a la Junta de Andalucía, como lo hace la enseñanza
concertada o cierta sanidad privada.
Ello es incompatible con el concepto mismo de universidad pública y con el
compromiso declarado por el Presidente Griñán, en quien nuestro espíritu de lealtad
institucional nos lleva a confiar. Apostar por la Educación Superior va más allá de una
mera formulación de intenciones y precisa de un compromiso serio. El mismo que se
exige a una sociedad cada vez más decepcionada y a una comunidad universitaria
agobiada y sujeta a crecientes exigencias, recortes y extinción de expectativas.
Llegados a este punto sólo me cabe hacer un doble llamamiento. En primer lugar al
Presidente de la Junta de Andalucía, para exigirle que reconozca la extrema gravedad
del problema y actúe en consecuencia. En segundo término, y mientras el anterior
llamamiento no fructifique, a la comunidad universitaria. Sé que pedir más sacrificios es
poco menos que apelar al heroísmo, pero tendremos que hacer nuevos esfuerzos para, al
menos, frenar el crecimiento de un problema que estamos trasladando a otros que no
son responsables.
Es tiempo de auto exigencia, máxima austeridad y responsabilidad. Apelo a ella y a la
comprensión de todos. El gobierno de la Universidad de Sevilla implementará en breve
—como ya hecho anteriormente y mientras no se solucione el problema— nuevas
medidas de ahorro que garanticen la continuidad de los servicios públicos de docencia e
investigación que prestamos, y de otros servicios esenciales para la comunidad
universitaria, de todo lo cual se dará cuenta en los Órganos de Gobierno de la
Universidad de Sevilla.
En nuestros cinco largos siglos de historia hemos atravesado momentos muy difíciles,
mucho más complicados y complejos que los actuales. Sigo teniendo fe en nuestro
futuro, por muy lleno de esfuerzos e incertidumbres que podamos percibirlo. Fe en el
potencial de las personas: profesores, estudiantes, personal de administración y
servicios que conforman nuestra institución y que, como he insistido, son mi primera
prioridad; y fe en el servicio que damos a la sociedad, que a pesar de las campañas
contrarias que sufrimos, valora a la Universidad y es consciente de la riqueza que aporta
formando a las jóvenes generaciones y desarrollando nuevos conocimientos. Por todo
ello, como Rector, y junto a mi Equipo, me dispongo a un mayor esfuerzo de
trasparencia e información, y a una defensa y compromiso convencido por nuestra
institución.
Antonio Ramírez de Arellano López
Rector
Universidad de Sevilla
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