REDES

REDES
Una respuesta ciudadana para combatir la violencia hacia las mujeres desde el espacio municipal
Coordinación General
– Ana María Kudelka, Coordinadora Mujeres y Ciudadanía, PADEM
Coordinación técnica
– Cyrielle Huguenot, Cooperante INTERTEAM
Investigadores/as
– Alessandra Genini, Solidar Suiza, PADEM
– Guery Zabala, Técnico en Gestión Municipal y Género, PADEM
– Cyrielle Huguenot
– Ana María Kudelka
Redacción y edición de publicación
– Isabel Mercado Heredia
Edición general
– Unidad de Comunicación PADEM
Foto de tapa
– Fragmento del mural realizado por el artista Lorgio Vaca, que se encuentra en el hall del edificio de YPFB Transportes,
en Santa Cruz de la Sierra. Publicado con autorización del autor.
Diagramación
– Arturo Rosales

Este documento se imprimió con el apoyo de la Cooperación Suiza en Bolivia.
Se autoriza su reproducción, total o parcial, a condición de citar la fuente y la propiedad.
Impreso en Bolivia
2013

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Introducción

Son manos las que construyen las redes. Son personas,
ciudadanos y ciudadanas, que deciden unirlas para un
propósito. Generalmente, las redes responden a una
necesidad, a una demanda no satisfecha, a la carencia
que impulsa la unión de esfuerzos.
Así, en la historia de la humanidad se han formado alianzas
y redes para alcanzar objetivos y transformar realidades.
Han sido estas uniones de personas y fines las que han
impulsado cambios en varios aspectos de nuestra vida
social, sobre todo aquellos que demandan más voluntad
y compromiso.
La respuesta activa contra la violencia es y ha sido uno
de estos espacios. Al tratarse –la violencia– de una
expresión enraizada de la sociedad, desde la cultura y la
educación, su combate no tiene una sola vía. Presente
en las relaciones entre hombres y mujeres a lo largo de
la historia, sólo ha sido denunciada cuando empezó a
visibilizarse su naturalización y las consecuencias que
causa en el desarrollo y los derechos de las personas.
Desde entonces se han emprendido, desde diversas
instancias, acciones para erradicarla y garantizar a todas
las mujeres una vida libre de violencia.
En esta lucha ha habido momentos de inflexión: con la
conquista de derechos, la concienciación ciudadana,
las reformas normativas y otros importantes avances;
pero no es sino acompañándola desde la participación
y sensibilización ciudadana que se advierten las lentas,
pero crecientes transformaciones.
Es la ciudadanía, la misma que convive con la violencia
y palpa sus consecuencias, la que ha tenido que buscar
incidir en la sociedad y abanderar la concreción de los
avances normativos e institucionales que se han ido
registrando.

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La ciudadanía ha demandado al Estado un papel más
decidido en la erradicación de la violencia, ha impulsado
a los gobiernos locales a tomar acciones en el municipio
y se ha organizado para apoyar y fiscalizar estos procesos.
Así surgieron las redes.
Este texto es un repaso por esa historia y por el proceso
que han atravesado las redes de lucha contra la violencia
en el país, hasta constituirse en una parte imprescindible
de esta tarea.
Han sido, son y serán las manos y esfuerzos de personas
comprometidas con los derechos de las personas,
especialmente de las mujeres que sufren diferentes tipos
de violencia, las que se reflejan en estas historias y las
que se unen en el objetivo de transmitir y transferir estas
experiencias para que se multipliquen y crezcan en todo
contexto.
Confiamos en que las lecciones aprendidas y transmitidas
en este documento, contribuyan a la reflexión y acción
del trabajo desde las redes y sean aprovechadas para
la construcción de un modelo o sistema municipal que
contribuya con la erradicación de la violencia contra
la mujer, en todos y cada uno de sus ciclos, desde un
abordaje sistémico e integral, con la participación
corresponsable de las y los ciudadanos.

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Presentación

El Programa de Apoyo a la Democracia Municipal
(PADEM), integrante de Solidar Suiza y socio del Programa
de Promoción de Cultura Ciudadana (PMS) del Área de
Gobernabilidad de la Agencia Suiza para el Desarrollo y
Cooperación (COSUDE), tiene como uno de sus objetivos
centrales “contribuir con la prevención y erradicación
de la violencia contra la mujer desde el ámbito local, a
través de la creación y fortalecimiento de los servicios
legales integrales municipales (SLIMs), redes locales y el
involucramiento de la sociedad civil”.
Dicho objetivo fue parte del proyecto “Por una Cultura
de No Violencia”, cuyo periodo de ejecución tuvo una
temporalidad de cuatro años consecutivos (2009-2012).
Durante los primeros años de implementación se
recogieron experiencias y aprendizajes, que permitieron
ir ajustando estrategias y adoptando nuevos enfoque
de trabajo, para que el objetivo previsto se evidencie en
resultados y efectos concretos en diferentes municipios
del país (urbanos y rurales).
Las estrategias del proyecto estuvieron vinculadas a una
campaña comunicacional orientada a transformar valores
y prácticas culturales de inequidad y violencia en razón de
género. Parte de esta campaña fue la producción y difusión
masiva de cuñas y programas radiales y televisivos, como
de material de sensibilización impreso y digital.
El concurso “Ojo con la Violencia” fue uno de los medios
más importantes de la campaña referida, ya que permitió
constatar cambios de largo aliento a través de respuestas
generadas desde los gobiernos municipales y la sociedad
civil para dar solución a esta problemática desde
propuestas y acciones de corresponsabilidad.
El concurso, además de premiar las propuestas y
experiencias con aportes significativos en la prevención,
atención y protección de lucha contra la violencia,

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permitió apoyar alrededor de 77 iniciativas en los nueve
departamentos del país, provenientes en algunos casos
de los propios gobiernos municipales y/o SLIMs, así como
de la ciudadanía.
Las experiencias más emblemáticas de este proceso fueron
difundidas en encuentros nacionales, sistematizadas
y difundidas por el PADEM por diversos medios
comunicacionales, con cobertura masiva a nivel nacional,
aspecto que permitió generar procesos de réplica y
efectos cascada y multiplicadores en otros municipios del
país.
Los aprendizajes y hallazgos extraídos de estos procesos
permitieron descubrir la capacidad y fuerza que tienen
la ciudadanía y las instituciones públicas y privadas, que
prestan diversos servicios en los municipios para incidir
en política públicas municipales. Precisamente, fue
una experiencia concreta, apoyada durante los cuatro
años del concurso, que constituyó una red y demostró
su enorme capacidad de articular esfuerzos e incidir en
políticas públicas municipales.
Así también se encontraron experiencias y propuestas
que participaron de estos procesos, como redes
anteriormente constituidas, cuyas lecciones aprendidas
alertaron y sentaron las bases para priorizar un trabajo más
profundo desde la creación, fortalecimiento y rol de las
redes en todo el ciclo de resolución de la violencia hacia
la mujer, desde el nivel local. Esto implica comprender
que si bien el SLIM es la instancia directamente llamada
por el Estado para prestar servicios de prevención y
atención, no constituye la única capaz de resolver su ciclo
de resolución y resarcimiento de daños en el municipio.
Esta visión permitió comprender la importancia de trabajar
desde las redes sociales e interinstitucionales con amplia
participación ciudadana, y con instituciones (centros de
salud, unidades educativas, policía, etc.) involucradas en
la resolución de esta problemática.
La necesidad de seguir profundizando en el trabajo de
fortalecimiento de las redes municipales fue el motor del
desarrollo del estudio denominado “Las redes locales de
prevención y atención, un modelo integral para la lucha
contra la violencia hacia la mujer desde el espacio local”,
realizado por INTERTEAM y PADEM con el propósito de
conocer cómo y cuándo el funcionamiento de las redes
interinstitucionales y sociales en los municipios ayuda
a reducir o eliminar la violencia intrafamiliar y hacia las
mujeres.
Para responder esta pregunta, se planteó el objetivo de
identificar el rol que juegan, los logros que alcanzan y las
dificultades que enfrentan las redes en la lucha contra la
violencia hacia las mujeres, y recoger los aprendizajes que
permitan fortalecer el trabajo en red para un eficiente
abordaje de la violencia a nivel municipal

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Es así que se diseño y aplicó una metodología de tipo
cualitativa y participativa, que en una primera instancia
permitió contar con una base de datos con información
general de la existencia y funcionamiento de 20 redes de
lucha contra la violencia a nivel nacional.
Los primeros hallazgos de dicho análisis permitieron
identificar los temas clave a profundizar, así como
las experiencias cuyos aprendizajes y resultados
proporcionaban mayores elementos para el análisis y
reflexión.
Posteriormente, se identificaron cinco experiencias
emblemáticas, seleccionadas para validar el instrumento
de grupos focales, como prueba piloto.
Los grupos focales fueron desarrollados con redes de
Quillacollo, La Paz, Icla y El Alto, por la facilidad de su
acceso.
Los hallazgos proporcionados por las experiencias de
estas redes dieron lugar al presente documento, que
es una versión resumida y práctica del mencionado
estudio. “Redes: una construcción ciudadana para
combatir la violencia contra la mujer desde el espacio
local” es un intento de acercarnos a los criterios técnicos,
los requisitos, los problemas y oportunidades, y los
testimonios recogidos en este fructífero acercamiento
al trabajo de estas instancias, que desempeñan un rol
mucho más valioso que el que se les reconoce en la lucha
contra la violencia hacia las mujeres.
Consideramos que la información relevada constituye un
aporte inédito y sustancial a la lucha contra la violencia
hacia la mujer, ya que al respecto sólo se cuenta con
material de consulta, sistematizaciones de eventos y
manuales que no permiten contar con mayores insumos
para la reflexión y generación de propuestas.
Cabe destacar que por su anterioridad a la aprobación de
la Ley integral 348 para garantizar a las mujeres una vida
libre de violencia, este texto fue elaborado a la luz de la
normativa vigente (Ley 1674), aunque en diversas partes
del mismo se incorporan medidas y determinaciones
adoptadas por la nueva norma.

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Capítulo 1

LAS REDES SE
TEJEN DESDE EL
MUNICIPIO

Las redes de prevención y atención de la violencia
intrafamiliar son relativamente nuevas en el escenario
de la lucha contra la violencia (las redes más antiguas
se formaron en la época de la promulgación de la ley
1674 contra la violencia en la familia o doméstica, en los
años noventa), y surgieron en diferentes lugares como
una respuesta a la necesidad de abordar la violencia
con la participación de varios actores, y de ofrecer a las
víctimas soluciones y servicios para superar la violencia,
como asistencia médica, servicios jurídicos, grupos de
autoayuda y de reflexión, albergues, atención a otros
miembros de la familia y terapia para el agresor, etc.

En Bolivia las redes de prevención y lucha contra la
violencia han sido conformadas en su mayoría por
vecinos, vecinas e instituciones privadas, que se unen
para prevenir la violencia intrafamiliar y social en sus
barrios o comunidades, y se constituyen en promotores
voluntarios por medio del diálogo, evitando la violencia y
orientando a la ciudadanía sobre los servicios que prestan
en el municipio.
Por ello, es el municipio el espacio natural por excelencia
de las redes. Es en el municipio que la ciudadanía percibe
la necesidad de impulsar, por sí misma, los procesos y
acciones contra la violencia. La cercanía con las mismas
víctimas, la familiaridad con las expresiones particulares
en que se muestra la violencia en su comunidad y las
consecuencias que provoca, son especialmente visibles
dentro de una comunidad o un municipio, y es la razón
por la que es allí que crecen estas alianzas.

¿Qué es una red?
El concepto de red es muy usado en
estos días. Se habla de redes sociales
para referirse al Facebook, Twitter y otras
que comunican a millones de personas
todos los días; también este concepto
se usa mucho en el sector salud,
donde se construyen redes de atención
integral para los pacientes. Las redes
de prevención de la violencia podrían
llamarse redes interinstitucionales, pues
se trata de un conjunto de organizaciones
de la comunidad e instituciones públicas
y privadas de diferentes sectores como
salud, educación, policía, justicia,
gobiernos municipales y otros que unen
esfuerzos para desarrollar actividades,
con el propósito de generar mecanismos
que permitan cerrar el ciclo de violencia,
desde la prevención y atención hasta la
protección y el acceso a justicia.

La red es del municipio
El municipio de El Alto ha avanzado
apreciablemente en la articulación de
esfuerzos en la lucha contra la violencia
que aqueja, de forma alarmante, a su población. A partir de la presencia de varias
instituciones dedicadas al combate a la
violencia y la activa participación de sus
ciudadanos y ciudadanas, ha conformado varias redes que han sobrepasado los
límites de este municipio y hoy trabajan
incluso en municipios vecinos, como Viacha.
Esto ha servido para que las autoridades
locales se comprometan a fortalecer la
presencia de los SLIMs en el municipio
y acompañar el trabajo de sus redes de
prevención y lucha contra la violencia.

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Los gobiernos municipales tienen las competencias
para desarrollar acciones de lucha contra la violencia,
que van desde la creación y funcionamiento de un SLIM
(que es obligación del todo gobierno municipal), hasta
la instalación de albergues y la contratación de personal
capacitado para atender estos espacios. En ese marco,
la ciudadanía tiene la oportunidad de trabajar junto a las
autoridades locales para identificar las necesidades de
su municipio, demandar mayor presupuesto y fortalecer
alianzas para luchar contra la violencia.
Sin embargo, la acción de una red va más allá de la
buena voluntad de un grupo de personas interesadas o
comprometidas en combatir la violencia en el municipio.
Las redes de prevención contra la violencia desarrollan
capacidades, realizan diagnósticos y crean protocolos de
atención a las víctimas, además de efectuar campañas
de sensibilización dirigidas a hombres y mujeres de la
comunidad.
En un municipio existen frecuentemente varias
instituciones privadas y/o públicas que trabajan con los
derechos de las personas y en contra de la violencia y la
discriminación, por lo que las instituciones y ciudadanía
están llamadas a conformar alianzas entre ellas y a
fortalecer el espacio llamado a jugar un rol central en las
acciones contra la violencia: el SLIM del municipio.

EL SLIM ES EL CENTRO
El Estado es el principal garante de los derechos de las
personas. En el caso específico de la violencia contra las
mujeres, el SLIM es la institución diseñada por el Estado
para proteger estos derechos desde los gobiernos
municipales.
El Servicio Legal Integral Municipal (SLIM) ha sido
creado para concentrar las acciones de lucha contra la
violencia de un municipio. Según la normativa nacional,
todos y cada uno de los municipios del país tienen la
obligación de constituir un SLIM con sus recursos y esto
implica disponer de un lugar para esta dependencia,
de personal especializado (psicólogo/a, abogado/a y/o
trabajadora social) y presupuesto para su funcionamiento.
El SLIM debe dar asistencia psicológica, legal y jurídica
a las víctimas, atendiendo las denuncias y haciendo
un seguimiento de ellas, para derivarlas a instancias
policiales o de administración de justicia. Puede, además,
realizar campañas de sensibilización y concienciación
ciudadana, destinadas a disminuir los casos de violencia
en sus municipios.

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LEY INTEGRAL PARA GARANTIZAR A LAS MUJERES UNA VIDA LIBRE DE
VIOLENCIA
ARTÍCULO 24. (SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL)
I.

Las universidades y centros de formación superior públicos crearán programas y servicios gratuitos
destinados a la prevención de la violencia hacia las mujeres, la atención y rehabilitación de mujeres
en situación de violencia, asesoría profesional especializada e integral. Las universidades y centros de
formación incluirán programas académicos adecuados para lograr estos propósitos.

II.

Los programas y servicios de atención serán organizados, coordinados y fortalecidos en cada municipio
con cargo a su presupuesto anual, como instancias de apoyo permanente a los servicios legales integrales
municipales y las casas de acogida y refugio temporal. La atención que presten dichos servicios deberá
ser prioritaria, permanente, especializada y multidisciplinaria. Actuarán de manera coordinada con todas
las instancias estatales de garantía, en especial con la Policía boliviana, el Órgano Judicial e instituciones
de salud.

III.

Todo servicio de atención deberá ser extensivo a las hijas e hijos de la mujer en situación de violencia y
a otras personas dependientes en condiciones de riesgo.

IV.

Los servicios de atención integrales deberán promover, asesorar y apoyar la permanente formación y
actualización de su personal, con el objetivo de asegurar que desde su área y especialidad, trabajen
conjuntamente desde la visión, el enfoque y el lenguaje que la ley establece respecto a la violencia.

V.

Los servicios de atención integrales adoptarán las medidas necesarias en cuanto a infraestructura,
equipamiento y recursos humanos, que garanticen que las mujeres en situación de violencia no serán
sometidas a revictimización.

Sin embargo, a pesar de que los SLIMs cuentan con todas
estas atribuciones y pueden cumplir un rol protagónico en
la lucha contra la violencia hacia las mujeres, son muchos
los municipios que aún no cuentan con este servicio o
que, de tenerlo, no lo han dotado de todos los insumos y
requerimientos para un buen funcionamiento.
Esta es una debilidad de algunos gobiernos municipales,
pero es también una oportunidad para las redes. Son
numerosos los ejemplos en los que ciudadanos y
ciudadanas de una localidad, conmovidas por los casos
y expresiones de violencia que les afectan, exigen la
implementación de un SLIM y demandan a las autoridades
un mayor compromiso para luchar contra la violencia.

En Viacha las organizaciones sociales del
municipio decidieron contactar a las instituciones que protegen los derechos de
las mujeres, para impulsar la creación de
una red. A partir del SLIM se construyeron alianzas con estas instituciones y se
fueron impulsando tareas de difusión y
movilización que terminaron en la conformación de una red de prevención, que a
su vez se unió a las redes de El Alto para
prevenir la violencia y atender denuncias
de maltrato a las mujeres.

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Pero también hay casos en que los gobiernos municipales
deciden darle vida a su SLIM y tropiezan con ciudadanas
y ciudadanos acostumbrados a concebir la violencia hacia
las mujeres como algo privado y natural, por lo que el
SLIM queda sin la suficiente demanda que le dé la fuerza
que necesita para incidir en la lucha contra la violencia.

Finalmente hay municipios en los que trabajan muchas
instituciones relacionadas a la defensa de los derechos de
las personas y donde las acciones se dispersan y duplican,
perdiendo notablemente su efecto.

En todos estos casos, la participación de las redes resulta
determinante. Son ellas las que justamente “activan” el
rol de los diferentes actores de una comunidad: las redes
normalmente tienen una mirada más amplia de la realidad
y necesidades del municipio; son capaces de construir
alianzas entre instituciones que trabajan de manera
aislada y llegar a reforzar un mismo objetivo. Asimismo,
tienen la capacidad de convocar a las autoridades locales
para reforzar su gestión en la lucha contra la violencia e
incidir en mejoras presupuestarias. Finalmente, al estar
compuestas por ciudadanos y ciudadanas reconocidas
por la comunidad, son excelentes instrumentos para
superar visiones culturales que afectan a los derechos de
las mujeres y contribuir a un acercamiento y conocimiento
de estos derechos en espacios cerrados culturalmente.

Yacuiba cuenta con un moderno SLIM.
Uno de los primeros pasos tras su
implementación fue la creación del
Centro de Atención Terapéutico dentro
del SLIM: con el asesoramiento del
equipo técnico del SLIM, se alquiló una
cámara Gessel, con el fin de poder dar
una mejor asistencia a las víctimas, a las
parejas y a las familias en los procesos
de apoyo psicológico que ofrece este
centro. Luego contrataron abogados,
una trabajadora social y se formó un
equipo técnico móvil de habla quechua,
que llegara hasta las comunidades
más distantes para realizar acciones
de prevención y levantamiento de
denuncias. La Fiscalía y los juzgados del
municipio también fueron convocados a
sumarse y a establecer una ruta completa
de atención en el SLIM.

Desde el SLIM de Icla, en el Departamento de Chuquisaca, surgió la iniciativa
de unir esfuerzos en torno a un objetivo
integral: fortalecer el trabajo de esta instancia y la defensoría, y unirla al trabajo de la red comunitaria, sumando a las
autoridades del municipio y capacitando
a los promotores y promotoras para que
realicen un mejor trabajo.
Fue así que nació la Red Icla. El Fiscal de
Distrito de Icla fue elegido como presidente de la red; el Director Distrital de
Educación, el Director de Salud y los representantes de todas las organizaciones
sociales presentes en el municipio conformaron un directorio. La primera tarea
que emprendió la Red Icla fue convocar a
una masiva movilización ciudadana para
socializar y sensibilizar a la ciudadanía sobre la necesidad de erradicar la violencia.

Pero, fundamentalmente, el papel de las redes es
fortalecer la institucionalidad creada en torno a la lucha
contra la violencia y, en este sentido, el SLIM es el espacio
por excelencia para focalizar el trabajo de las redes.
Sus competencias, alcance e institucionalidad convierten
al SLIM en ese elemento protagónico al que hacíamos
referencia, y es justamente la participación de todos
los actores sociales, que desde diferentes instancias
promueven una sociedad libre de violencia, la que hará
posible que en cada municipio exista un centro de

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referencia, atención, seguimiento de casos y movilización
ciudadana para prevenir y combatir la violencia. Este
espacio es el SLIM.
Las redes pueden constituirse en aliados de los SLIMs.
Pero no todas las redes ven la importancia de incluir
al SLIM en su seno y organizar su accionar en torno a
su fortalecimiento; tampoco todos los SLIMs buscan
participar activamente de una red o promover la
constitución de una para efectivizar su mandato. Las redes
–que en su mayoría son iniciativas de la sociedad civil–
deben trabajar en conjunto con los SLIM, pero no perder
su independencia para interpelar al Estado cuando no
cumple sus obligaciones.
Según los datos recogidos, el 70% de las redes afirma
coordinar con un SLIM de manera general y el 55% afirma
coordinar con este servicio para la atención de casos.
Además, el 50% de las redes afirma contar con el SLIM
entre sus miembros. Este elevado porcentaje se debe a
que gran parte de las redes enfocan sus acciones en el
maltrato infantil y juvenil, y, por lo tanto, no han hecho
aún de la violencia contra la mujer el eje de su accionar.
Más bien, en un principio, las redes se formaron
especialmente para constituirse en una instancia de
control social de los servicios públicos de prevención y
atención de la violencia intrafamiliar, no como un apoyo
a estos. Pero, posteriormente, vieron que este papel era
insuficiente para realizar el trabajo integral de combatir la
violencia que es su razón de ser.
Es así que la mayoría de las redes actualmente se plantea
como objetivo fortalecer los servicios legales integrales
municipales, sin dejar de lado su función de control
social; es decir en una postura de crítica constructiva y
propositiva para mejorar los servicios.

Por lo tanto, una tarea pendiente en la lucha contra
la violencia intrafamiliar y hacia las mujeres es el
involucramiento de los SLIMs en las redes y aumentar
el porcentaje de redes que cuentan con un SLIM entre
sus miembros. En otras palabras, las redes y los SLIM
deben ser aliados en el propósito de atender y prevenir
la violencia.

“De la primera red surgió la idea que
deberíamos hacer control social, para
hacer funcionar a las defensorías1 con
mayor eficiencia y eficacia, pero (…)
ahora ha cambiado la estructura de la
red, los hemos hecho parte de nuestros
objetivos”.
Red de Cotahuma, La Paz

1. Anteriormente, los servicios legales integrales
municipales y la Defensoría de la Niñez y Adolescencia no
eran separados, por lo que el término “las defensorías”
o “la defensoría” se refiere a los dos servicios. Esta
situación existe todavía en algunos municipios, sobre
todo rurales, que no cuentan con el personal suficiente
para separar ambos.

La red y el SLIM: un “buen matrimonio”
La proximidad entre las redes y los SLIMs es de mutuo
beneficio. Ser parte de una red permite al SLIM reforzar la
coordinación interinstitucional para la referencia y contra
referencia de los casos de violencia, y lograr así una
atención integral de mejor calidad.

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Cuando es parte de una red, el SLIM desarrolla al máximo
su capacidad de sinergia, pues es capaz de realizar
alianzas con instituciones que atienden casos de violencia
intrafamiliar y doméstica, a las que puede recurrir para
cumplir con las funciones que no les confiere la Ley 1674
o que no puede asumir por falta de recursos humanos o
financieros. Siendo parte de una red, el SLIM puede firmar
convenios interinstitucionales, en los que las instituciones
firmantes se comprometen a brindarse el apoyo mutuo
para mejorar los servicios de atención a personas en
situación de violencia.

“Gracias a la red empezamos a trabajar,
nos apoyamos, porque anteriormente
era más aislado. Teníamos que coordinar
con ellos, pero no los conocíamos ni a los
coroneles, ni a los comandantes, pero la
red está con ellos. Con otras instituciones,
como las ONGs, también nos ayudamos
con el apoyo terapéutico”.
Red de prevención contra la violencia de
Cotahuma, La Paz.

“Ha mejorado la atención a la población
del Macrodistrito Max Paredes. En
un principio éramos islas y cada uno
trabajaba de acuerdo a las competencias
que tenía, pero el conformar o ser parte
de una red hace que trabajemos de
manera conjunta y podamos ofrecer
la atención de manera integral a la
población” .
Red Max Paredes, La Paz.

La red le da brazos adicionales al SLIM: contribuye a
identificar los casos de violencia y realiza actividades de
concienciación ciudadana al difundir los derechos de la
población a una vida libre de violencia y la importancia
de denunciar los hechos de violencia hacia las mujeres al
SLIM. Gracias a las redes más personas escuchan hablar
del SLIM y se animan a denunciar su situación de violencia.
Por otra parte, las instancias de la red pueden identificar
entre sus usuarios/as, personas que son víctimas de
violencia y remitirlas al SLIM.

“Nos remite la Policía, nos remite los
centros de salud y también de otras
instituciones…. Son ellos que nos
remiten los casos”.
SLIM Max Paredes, La Paz.

Pero el apoyo que brinda la red al SLIM, en cuanto a la
difusión del servicio y remisión de casos, llega más allá
con la participación de promotores/as comunitarios/as.
Son ellos y ellas quienes colaboran en la identificación,
orientación, acompañamiento y remisión de casos de
violencia, especialmente en zonas rurales y comunidades
dispersas adonde es difícil que llegue el SLIM y donde,
muchas veces, los usos y costumbres naturalizan la
violencia contra la mujer.

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“Ellos captan los casos y los derivan.
Con eso se puede sondear cómo están
las comunidades. (…) las personas que
están años en este trabajo lo hacen muy
bien, es gente comprometida. Eso nos
ha ayudado a visibilizar el tema en la
defensoría y el SLIM. El mayor beneficio
de contar con una red comunitaria es la
captación de casos, el tener un apoyo
de la sociedad organizada. La sociedad
está empezando a movilizarse, como
promotores, se está logrando”.
Red Icla, Chuquisaca.

Las redes, algunas con muchos años de trabajo en la
atención y seguimiento de casos de violencia hacia las
mujeres, pueden ayudar al SLIM a mejorar la calidad de
la atención de casos. Algunas de ellas, como la Red Max
Paredes en La Paz, incluso han desarrollado modelos y
protocolos de atención que pueden ser aprovechados
por los SLIMs. El análisis conjunto de algunos casos
complicados o los talleres de capacitación que se realizan
junto a las redes, permiten intercambiar experiencias e
inquietudes para mejorar sus servicios.
También la experiencia de las redes ayuda a
cualificar al personal de los SLIM, pues estas realizan
permanentemente actividades de capacitación de sus
profesionales que, en el caso de los SLIMs, tiende a ser
limitado por los bajos sueldos y la rotación de personal.
Asimismo, pueden aportar en los procesos de selección
de personal, mediante la participación en consejos de
contratación.

“No hay sostenibilidad en el personal
de los SLIMs. La calidad de atención
ha bajado mucho y ahí la red se va
fortaleciendo, porque tiene una mejor
atención. El SLIM y las defensorías ven
que todo el personal de la red se capacita,
cosa que el municipio ha dejado de hacer
hace rato. Ya no los capacitan, no les dan
equipo, material ni infraestructura. Eso
ha creado la necesidad de articularse y
buscar apoyo de las redes para capacitar
a su personal.
Para apoyar a los SLIMs, la red de El
Alto ha hecho un proceso de selección
del personal (…) Fue una estrategia, una
política municipal que se creó con las
voluntades de algunas instituciones que
atienden temas de violencia, para que el
SLIM cuente con gente capacitada y no
responda a cargos políticos”.
SLIM El Alto, La Paz.

Finalmente, las redes juegan un rol central en la incidencia
política que está dirigida a crear o fortalecer los SLIMs, y
promover políticas municipales de lucha contra la violencia
hacia las mujeres. Con sus actividades de movilización y
difusión, las redes inciden en las autoridades locales para
lograr mayor presupuesto, mejor infraestructura, mayores

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recursos humanos, estabilidad del personal, etc. Solos,
los profesionales de los SLIM no pueden exigir mucho: no
tienen peso político, tienen una relación contractual con
el gobierno municipal y no representan, como las redes, a
las organizaciones de la sociedad.

Pero no solamente los SLIMs se benefician al ser parte de
una red, también estos aportan al trabajo de las redes.
El aporte más tangible de los SLIMs a las redes es su
experiencia en la atención de casos. En las redes que
cuentan con una comisión de atención de casos, el
SLIM es parte de esta comisión y contribuye a definir
las diferentes estrategias para mejorar la coordinación
interinstitucional y garantizar una atención de calidad y
calidez a los/las usuarios/as.
En el caso particular de la Red El Alto esta cuenta con
mesas técnicas por profesión –abogados/as, psicólogos/
as y trabajadores/as sociales– y el SLIM participa en cada
una de ellas y asume además la presidencia de la mesa de
abogados. Por lo tanto, se puede decir que el SLIM es un
actor central en los espacios que ofrecen las redes para
coordinar y mejorar la atención de casos a personas en
situación de violencia en razón de género.
Algunos SLIMs asumen una responsabilidad aún mayor
en las redes, participando también en los directorios.
Es el caso, por ejemplo, del SLIM de Icla que impulsó la
creación de la red y tiene un rol central en ella.

Pero hay más. Por su experticia, el SLIM se vuelve un
aliado muy requerido en la lucha contra la violencia…

“El logro de la red es la concienciación y
eso se ha concretado en la construcción
del SLIM en nuestro municipio. Las
movilizaciones sociales, las convocatorias,
los talleres, las diferentes actividades
realizadas por la red de Quillacollo han
hecho que toda esta problemática social
cobre su importancia y que autoridades
y dirigentes se concienticen y digan:
Bueno, sí, nosotros necesitamos un lugar,
un espacio donde poder atender el
problema de violencia”.
Red Quillacollo, Cochabamba.
“Al margen de unificar instituciones
identificadas con esta problemática (…)
la red incide en las gestiones municipales
para crear algunas políticas que mejoren
la atención con calidad y calidez”.
SLIM El Alto, La Paz.
“El logro más grande es la fuerza que se
hace como red. Esa fuerza está logrando
que en esta gestión 2012, se vea el
funcionamiento de lo que es el Centro
Integrado de Justicia (…) Este edificio ha
sido construido precisamente para que
se concentren todas las instituciones que
atienden la problemática de la violencia.

“La red interinstitucional se ha creado
a partir de una finalidad: erradicar la
violencia. El SLIM direcciona esta tarea;
junto a él, marcamos las líneas de acción
para que las diferentes instituciones
que están trabajando en el municipio se
sumen. (…) A través del SLIM se coordinan
las dos redes: la interinstitucional y la
comunitaria”.

Otros SLIMs contribuyen a difundir la importancia del
trabajo en red e impulsan así el rol protagónico de otros
SLIMs en la creación de nuevas redes.
“Muchas instituciones nos buscan para
coordinar actividades, para convocar
gente. Hemos visto una gran marcha
el Día contra la Violencia, el SLIM ha
movilizado a mas de 2.500 personas;
al ver eso, las diferentes ONGs se han
aliado con nosotros”.

Red Icla, Chuquisaca

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Sin embargo, a pesar de estas buenas experiencias de
liderazgo del SLIM en las redes, sólo el 50% de las redes
encuestadas cuenta con un SLIM entre sus miembros,
lo que demuestra que a nivel nacional existe un buen
número de ellos que no se involucran en el trabajo de
las redes. El 30% de las redes afirman no coordinar o
coordinar esporádicamente con un SLIM para la atención
de casos de violencia; algunas aclaran que no lo hacen
por los cambios de personal y la poca disponibilidad de
los SLIMs.

“Compartimos que somos parte de
una red y que realizamos diferentes
actividades. Esto hace que también
otros SLIMS busquen formar parte de
una red. (…) están en busca, digamos,
en contactarse con las personas
responsables, y bueno, yo creo que
pronto todos los SLIMS, todas las
plataformas de La Paz, van a ser parte de
una red”.
SLIM Max Paredes, La Paz

Existe, por lo tanto, una serie de dificultades por las cuales
varios SLIMs no pueden asumir un rol protagónico en las
redes. Las principales están relacionadas con los pocos
recursos humanos que cuentan y los constantes cambios
de personal que confrontan. Esta situación da lugar a que
muchos SLIMs intenten formar parte de una red, pero no
asistan regularmente a las reuniones y cumplan un rol más
pasivo.

“Como en todo gobierno municipal,
el SLIM no cuenta con personal
institucionalizado ni suficiente, motivo
por el cual, a pesar de las invitaciones,
nunca asistió a las reuniones”.
Testimonio de una integrante de una red
de prevención contra la violencia.

Otro obstáculo para el involucramiento de los SLIMs
en las redes proviene de la invisibilidad que tiene el
trabajo con las redes en los planes operativos anuales
(POA) de los SLIMs. Todavía no existe una conciencia
de la importancia de este trabajo y, por lo tanto, no se
lo inscribe como objetivo en el POA y no se cuenta con
tiempo ni recursos para esto. Las instancias del gobierno
municipal tienden a no dar mucha importancia a la lucha
contra la violencia y menos al trabajo en red. Eso puede
contribuir a que el SLIM sea una entidad aislada y, en
algunos casos, abandonada, además de poco preparada
frente a la amplitud de la problemática de violencia. Esto
impide que pueda asumir todas sus responsabilidades y
coordinar con una red.
Por otra parte, si bien algunos SLIMs mencionan la
importancia de la incidencia política realizada por la red
para fortalecer los recursos económicos y humanos de
estas instancias, no asumen que la incidencia política
podría ser dirigida también a obtener mayores recursos
para el trabajo en red y ampliar su llegada a la ciudadanía.
En algunos casos, los SLIMs pueden malentender el rol
de las redes y no considerarlas aliadas, sino concurrentes
desleales que les quieren “robar” su trabajo.

Para evitar estos malentendidos y susceptibilidades,
es importante que las redes se definan como aliadas y
no competidoras de las instancias públicas, y difundan
esta postura. En este sentido, las organizaciones no
gubernamentales (ONGs) integrantes de las redes tienen
que complementar la labor de los SLIMs en la atención
de casos, apoyarles en las tareas que no pueden cumplir

“Ya se han dado cuenta que nosotros
no estamos yendo a quitarles el puesto,
sino a ayudar a mejorar la calidad de la
atención. Entonces, se han sumado al
carro, están siendo parte ya de la red”.
Testimonio de un miembro de una red.

17

satisfactoriamente por la falta de recursos humanos y
económicos, pero no duplicar inútilmente su trabajo.
Finalmente, en la actualidad el SLIM parece involucrarse
más en las redes de prevención contra la violencia
que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, por el
enfoque familiar que esta tiene. Con todo, muchos SLIMs
funcionan bajo el paraguas de la Defensoría de la Niñez
y la Adolescencia, lo que resta fuerza a las tareas de
ambas entidades. Es ideal que cada repartición refuerce
su papel en la sociedad civil, en tanto ambas cumplen un
rol protagónico en la restitución de los derechos de las
mujeres (en el caso del SLIM) y de los niños y niñas (en el
de la defensoría).
Aquí también las redes cumplen un papel importante,
pues a través de su representación de los intereses de
la sociedad civil, pueden alentar el mejor funcionamiento
de cada uno de ellos en su ámbito específico.

La prevención

“El SLIM participa más que la
defensoría, porque atiende todo lo
que es la problemática de violencia
intrafamiliar o doméstica. Cuando nos
llegan las invitaciones o tenemos que
programar actividades, es el SLIM quien
directamente participa”.

De más está decir que, si bien los SLIMs y las redes
juegan un importante papel en la referencia, atención y
seguimiento de denuncias sobre violencia intrafamiliar,
la prevención es una de sus tareas más importantes y es
también un espacio de alianza para ambas instancias.
Ambos, SLIMs y redes, pueden unirse para alentar una
mejor calidad de participación ciudadana y son centrales
para incidir en las autoridades y lograr que estas apoyen
con recursos y acciones la lucha contra la violencia.
La tarea de prevención implica conocimiento sobre los
derechos de las personas (especialmente de las mujeres),
reflexión sobre los hábitos y costumbres sociales que los
vulneran, y movilización para transformar la situación de
violencia.
Aunque esta es una tarea específica de los SLIMs, las
redes apoyan con recursos humanos y financieros las
actividades de prevención de la violencia planificadas por
esta instancia municipal. Formar parte de una red permite
al SLIM lograr sus objetivos institucionales de prevención
de la violencia y realizar actividades más grandes, con
mayor convocatoria. Estas actividades contribuyen a
visibilizar mejor al SLIM dentro de la comunidad, lo que
repercute también en una mayor demanda en la atención
de casos.

“Los talleres, las ferias, las marchas…
son varias cosas que se han hecho y que
antes le costaba hacer al SLIM. Ahora,
con estos brazos de apoyo y operativos,
se ayuda a que se visibilice mucho más
el SLIM”.
SLIM Cotahuma, La Paz.

18


Recomendaciones para una mejor alianza entre
SLIMs y redes de prevención de la violencia
Para el SLIM
•

Es importante que los SLIMs cuenten con una
normativa o circular que los incentiven a trabajar en
red. Si bien la normativa menciona que los SLIMs
deben coordinar con las demás instituciones, no se
habla de conformar y liderar una red. Al involucrarse
en las actividades de la red, los SLIMs amplían su
campo de intervención y llegada a la población.

•

Pero, además de involucrarse en la red, el SLIM
debe asumir un rol central en ella o, en caso de
que no exista una red, promover su creación
relacionándose con las otras instituciones que
trabajan con la temática de la violencia en razón de
género en el municipio.

•

Contribuir a definir estrategias para mejorar la
coordinación interinstitucional y garantizar una
atención de calidad y calidez a los/las usuarios/as.

•

Aprovechar la experticia de los miembros de la red
en el abordaje de la violencia en razón de género,
impulsando el intercambio y el análisis conjunto de
algunos casos complicados.

•

Incluir el trabajo en red en su POA y, si existe
resistencia de parte del gobierno municipal,
programar actividades de incidencia política para
contar con una normativa o circular que respalde
el trabajo en red y asigne recursos económicos y
humanos a este propósito.

•

Participar en la conformación y capacitación de
un grupo de promotores/as comunitarios/as
dentro de la red para la identificación, orientación,
acompañamiento y remisión de casos de violencia
intrafamiliar.

•

Difundir la importancia del trabajo en red a otros
SLIMs para motivarlos a unirse o crear una red.

Para la red
•

Involucrar al SLIM en la red y fortalecer su
participación en la misma. Definir a la red como
aliada del SLIM para fortalecerlo.

•

Las organizaciones no gubernamentales integrantes
de las redes deben complementar la labor de los
SLIMs en la atención de casos –en tareas que no
pueden cumplir satisfactoriamente por la falta de
recursos humanos y económicos–, pero no duplicar
inútilmente su trabajo.

19

•

Capacitar al personal del SLIM para que pueda
ofrecer una atención de calidad y calidez, e influir
en la selección de un personal cualificado para el
SLIM.

•

Realizar el control social de los servicios del SLIM y
ofrecerle asesoramiento para mejorarlos.

•

Firmar un convenio interinstitucional entre las
instituciones de la red, incluyendo al SLIM, para
comprometerse a brindarse el apoyo mutuo, a fin
de mejorar los servicios de atención a personas en
situación de violencia.

•

Definir abordajes comunes en la intervención de
casos de violencia contra la mujer para lograr una
atención de calidad y calidez en toda la red.

•

Difundir la existencia y las competencias del SLIM
a la población, y derivar los casos de violencia en
razón de género identificados al SLIM.

•

Apoyar las actividades de prevención de la violencia
planificadas por los SLIMs.

•

Realizar acciones de incidencia política para
fortalecer al SLIM (contar con un equipo
multidisciplinario, ambientes apropiados, más
presupuesto, etc.) o lograr la creación de nuevos
SLIMs.

CÓMO PARTICIPA LA CIUDADANÍA:
EL PRINCIPIO DE CORRESPONSABILIDAD
El surgimiento de una red de prevención y lucha contra
la violencia es un acto de corresponsabilidad ciudadana.
Desde el momento en que ciudadanos y ciudadanas
perciben a la violencia como un problema para su
desarrollo y desenvolvimiento, el combate a la violencia
se convierte en una demanda social.
Generalmente, son los altos índices de violencia y las
consecuencias de ellos los que actúan como motivador
de la participación ciudadana en esta temática. Pero no
es suficiente con advertir la presencia creciente de casos
y reaccionar con indignación ante ellos. Normalmente, la
participación ciudadana sufre un proceso de evolución
(que surge desde que toma conocimiento de la incidencia
de casos de violencia hacia la mujer y de los derechos
que asisten a las víctimas) y consolidación hasta que se
torna en una participación constante, estratégica, activa
y corresponsable.
El trabajo en red es el resultado de este proceso. Surge
cuando la ciudadanía asume que no puede ser testigo
pasivo de la situación y busca aliarse con instituciones u
organizaciones sociales para elaborar una estrategia de

20


lucha contra la violencia en el municipio, macrodistrito,
distrito o a nivel departamental.
Cuando los diversos actores sociales toman conciencia
de la importancia de una participación corresponsable
en la prevención y lucha contra la violencia, asumen
la necesidad de conocer o acercarse a los servicios
establecidos en su municipio para este efecto o, de no
existir uno de ellos en su comunidad, organizarse para
promover su implementación.
Es aquí cuando empieza a tejerse el relacionamiento
entre sociedad civil y SLIM, y cuando las redes pueden
fortalecerse.
La creación de una red necesita ser impulsada por
actores comprometidos con la lucha contra la violencia
y deseosos de “hacer algo más”. Pero estos actores no
solamente son las instituciones públicas (como el SLIM
o la defensoría) o privadas (como algunas ONGs que
defienden los derechos de las mujeres): la sociedad civil
juega un papel importante en la conformación una red.

Esa corresponsabilidad que se necesita para conformar
redes de prevención e impulsar acciones públicas de
lucha contra la violencia, requiere también de un apoyo:
muchas veces la ciudadanía percibe el problema, pero no
tiene la experiencia para organizarse, articular y trabajar.
En este sentido, el lanzamiento de los concursos del
PADEM se constituye en un espacio de oportunidades
para cualificar la participación ciudadana, estimular
iniciativas y consolidar una corresponsabilidad entre
instituciones y población.

A través de estos espacios los actores sociales empiezan a
identificar a las instituciones y organizaciones territoriales
que trabajan la temática de la violencia y buscan
un acercamiento, convocan a estas instancias para
sensibilizarlas acerca de las problemáticas identificadas y
convencerlas de la necesidad de conformar una red como
estrategia de respuesta y solución a la violencia. Este es,
en rigor, el ejercicio del principio de corresponsabilidad
ciudadana.

“A raíz de que las organizaciones de
mujeres han demandado atención al
tema de violencia, es que se buscaba
una instancia que atienda las denuncias.
Por eso es que, en nuestro municipio,
con Gregoria Apaza y otras instituciones,
han quedado en conformar esta red que
pueda apoyar a las mujeres”.
Red El Alto, La Paz.

“Fue una propuesta mía al entonces
Subalcalde del distrito. Empezamos a
abordar la problemática y dar forma a la
iniciativa “Aprender para no lastimar”,
que se presentó al concurso “Ojo con
la Violencia” del PADEM. No solamente
que la iniciativa –de creación de un
SLIM– fue destacada e implementada
con apoyo de esta institución, sino
que conocimos experiencias de otros
municipios y aprendimos cómo trabajar
el tema”.

Sumar, articular y fortalecer las capacidades para
un abordaje más eficiente
Por involucrar factores culturales, psicológicos, sociales
y legales, y por ser altamente expandida y naturalizada
en la sociedad boliviana, la violencia intrafamiliar es una

21

problemática compleja, difícil de erradicar. Por lo tanto,
luchar contra la violencia es un desafío amplio, que
requiere un abordaje integral con el involucramiento de
varios actores para lograr impactos. Es decir, para luchar
contra la violencia el trabajo en red surge muchas veces
como una necesidad.

La unión de esfuerzos permite optimizar los resultados
institucionales. Cuando una red funciona bien, participar
de ella se vuelve una necesidad incuestionable para lograr
los objetivos institucionales de lucha contra la violencia.
Sin embargo, más allá de los intereses institucionales
existe la conciencia de que la lucha contra la violencia
es tarea de todas y todos. Esta conciencia incentiva no
solamente a crear una red, sino también a que esta sea
incluyente y busque la participación de la mayor cantidad
de actores posibles, no sólo institucionales sino también
representantes de la sociedad civil.

Los beneficios del trabajo en red no se limitan a la suma
de las capacidades de cada institución o actor clave en
la lucha contra la violencia. Al interactuar entre ellas,
las instituciones aprenden una de la otra, se fortalecen
y apoyan mutuamente. De esa interacción nacen nuevas
ideas y estrategias de trabajo.
Desde la organización de capacitaciones sobre temas
de actualidad –como la trata y tráfico de personas, la
inseguridad ciudadana, etc.– hasta la organización de
campañas de comunicación y movilización social, donde
se unen todos los actores del municipio.

La red se constituye, así, en un nuevo actor en la lucha
contra la violencia, capaz de lograr un abordaje integral
y eficiente de la problemática. La mayor eficiencia del
abordaje de la violencia se garantiza no sólo por la
interacción y coordinación entre varios actores, sino
también por los espacios de capacitación y análisis que
brinda la red.

“El hecho de trabajar como institución
contra la violencia de forma solitaria es
difícil, es necesario agruparse, aunar
esfuerzos para lograr algo”.
Red El Alto, La Paz.

“Como gobierno municipal siempre
hemos pensado que esta tarea no es
solamente de las instituciones, debería
ser de todos. No sólo las instituciones
son responsables de atender casos, sino
todos deberíamos estar conscientes que
la violencia es dañina, es una lacra de la
sociedad (…) Todos deben involucrarse,
por eso es fundamental la participación
de los representantes de organizaciones
sociales como las juntas vecinales,
juntas escolares, unidades educativas,
mercados y otros en la red”.
Red Cotahuma, La Paz.

“Empezamos a identificar que no
solamente nos estuvimos tropezando
con la violencia intrafamiliar, sino
determinamos diferentes expresiones
de violencia. A nivel de la red podíamos
hacer un enfoque mucho más visionario”.

“A nivel de la red hay como una bolsa
común de conocimientos y esa bolsa
común nos permite reaccionar y dar una
respuesta. Este es el valor agregado de
la red”.

Finalmente, el trabajo en red permite a las instituciones
mantener o fortalecer su compromiso con la lucha contra
la violencia: por no sentirse solas frente a la amplitud y
complejidad de la tarea, o porque ser miembros de la red
implica una responsabilidad moral frente a los demás.

22

“En la red hay cooperación y motivación;
nos
sentimos
alentados,
pues
compartimos objetivos comunes. Todos
estamos luchando contra la violencia”.
Red Cotahuma, La Paz.


Sociedad civil: pilar y sostén del SLIM
Y así como la corresponsabilidad ciudadana contribuye a
la formación, consolidación y mejor trabajo de la red, es
la misma participación ciudadana la que puede empujar
el trabajo del SLIM.
Aunque es una competencia y obligación de todo
gobierno municipal, la calidad del servicio del SLIM
depende en buena medida del apoyo de la ciudadanía.
Si los ciudadanos y ciudadanas, de forma particular
y a través de las organizaciones de la sociedad civil,
asumen la importancia del trabajo de esta institución
y se convierten en sus aliados, existen muchas más
probabilidades de que esta entidad realice un mejor
trabajo, ayude verdaderamente a las víctimas, contribuya
en la concienciación social y reciba mayor respaldo de las
autoridades.
Esta es la principal expresión de corresponsabilidad
ciudadana en la lucha contra la violencia. Sin embargo,
sucede con relativa frecuencia que la población no valora
el papel del SLIM en este ámbito. Por un lado, porque
desconoce el rol de esta institución –en algunos casos
ignora su existencia–; por otro, porque no sabe cómo
trabaja el SLIM y, finalmente, porque combatir la violencia
en razón de género no está entre las prioridades que
desea impulsar.
En varios municipios se ha visto que incluso la ciudadanía
protesta ante la decisión del gobierno municipal de
destinar recursos a su implementación o a diversas
actividades de lucha contra la violencia, pues prefiere
invertir estos recursos en obras de distinta naturaleza y
utilidad.
Por ello, es preciso estimular el acercamiento del SLIM a
la población en su conjunto y mostrar que tan importante
como incluir entre las demandas ciudadanas a la lucha
contra la violencia, es hacer que la ciudadanía se apropie
del SLIM para apoyarlo y promocionarlo.

Sociedad civil organizada: motor para la
incidencia
Las experiencias vividas, así como la teoría construida
para promover y acompañar procesos de incidencia en
políticas públicas municipales, demuestran que más allá
de los avances normativos, la movilización ciudadana –
la capacidad de sumar y ejercer presión política a partir
de demandas legítimas y la capacidad de generar
propuestas para dar respuesta ágil y oportuna a ellas– es
la principal impulsora de los procesos de transformación
e integración de políticas públicas gubernamentales para
garantizar los derechos humanos de las personas.
La capacidad de incidencia de la sociedad civil,
especialmente a nivel municipal, es determinante para
el logro de cambios de comportamiento social y para el

23

diseño de políticas públicas que ayuden a combatir la
violencia contra la mujer, todavía poco priorizada desde
diversos niveles gubernamentales y de tomadores/as de
decisión.
La Red de Lucha contra la Violencia en el Distrito 5 de
Quillacollo es una de las experiencias más ejemplificadoras
en este sentido. Nace de la voluntad e iniciativa de
una persona que participa en el concurso “Ojo con la
Violencia” (PADEM), con lo que logra contagiar a un
conjunto de personas, organizaciones e instituciones de
forma estratégica y gradual.
La idea inicial era generar espacios de reflexión colectiva
sobre la problemática de la violencia, para identificar –
desde diversos actores, instituciones y sectores públicos y
privados– alternativas o soluciones concretas, aspecto que
requería del establecimiento de alianzas con tomadores/
as de decisión que den fuerza a estas actividades.

Desde el proceso inicial de formulación de la propuesta
hasta la constitución de la red, se logró involucrar a la
máxima autoridad del distrito, el Subalcalde, aspecto
que permitió posicionar mejor la iniciativa ante otras
instituciones.

“A partir de la iniciativa presentada al
PADEM, al Subalcalde le pareció una
idea interesante conocer la actividad que
realizaban las diferentes instituciones en
el Distrito 5. Felizmente, el Subalcalde
apoyó la idea, logrando congregar a
diferentes instituciones agrupaciones
y personas que tenían que ver con el
tema”.
Red Distrito 5, Quillacollo, Cochabamba.

“Este proceso dio lugar a la creación
de la red. Nació como una respuesta a
una necesidad que habíamos visto el
2010 respecto a la violencia y que hasta
ese momento se encontraba bastante
dispersa (…) Conformar una red contra
la violencia para aunar esfuerzos y no
dispersar la atención de cada institución
o persona fue el resultado de nuestro
trabajo de incidencia”.
Red Distrito 5, Quillacollo, Cochabamba.

La participación del Subalcalde permitió que la red
se fortalezca y se abra a la participación ciudadana de
representantes de las 36 organizaciones territoriales de
base (OTB) que forman el Distrito 5 de Quillacollo, así
como la adscripción de algunos profesores, profesoras y
juntas escolares.

El proceso de acercamiento y sensibilización de dirigentes
sociales permitió concretar la dotación de un terreno
de parte del gobierno municipal a las juntas vecinales y
solicitar a las autoridades la construcción y funcionamiento
de un SLIM en el Distrito 5.

24

“Vimos que teníamos que hacer algo por
la sociedad, para combatir la violencia.
Es nuestra obligación colaborar y apoyar
este tipo de actividades; estamos
comprometidos con este trabajo. Ambas
autoridades con las que nos ha tocado
trabajar, tienen la idea bien clara de que
esto no tiene ningún tinte político”.
Maestro de Quillacollo, Cochabamba.


Una vez constituida la red se procedió con la difusión, que
logró la adscripción de las OTBs del municipio a través
de una masiva marcha, aspecto que no sólo determinó el
compromiso de dirigentes, sino que también generó una
alta expectativa en el propio gobierno municipal.
Esta marcha no sólo logró comprometer a representantes
vecinales del distrito, profesores, padres de familia y
otros, sino que generó las condiciones para que los
varones sean los principales convencidos del problema y
apoyen la determinación de dotar un predio para el SLIM
y solicitar al gobierno municipal la construcción de una
sede.
A la fecha está pendiente la dotación de un espacio para
la edificación del SLIM, aunque ya está en funcionamiento
desde la gestión 2013. Este SLIM, que es un logro de la
población de este distrito, realiza acciones de información,
prevención y atención a víctimas de la violencia con el
apoyo de la red como brazo operativo.

Otro ejemplo es el de la Red Max Paredes. Desde la
ciudadanía y con procesos de movilización y cabildeo en
su campaña “Sana diversión con mucha precaución”, esta
red logró incidir en la promulgación de una Ordenanza del
Gobierno Autónomo Municipal de La Paz, para impulsar
tareas de prevención en una zona de la ciudad altamente
afectada por la violencia y la inseguridad ciudadana.

“Se está tratando de fortificar esta
subalcaldía para fortalecer el SLIM. Para
la próxima gestión se está buscando
financiamiento y la desconcentración con
personal adecuado para la atención de
las víctimas de violencia”.

“Se han dado avances significativos,
como el hecho de que haya salido una
ordenanza para el tema del Observatorio
de Género y luchar contra cualquier
forma de violencia hacia las mujeres”.

El ejemplo de la Red El Alto también es significativo,
en la medida en que permitió impulsar un programa
denominado PROMUVIF, que contribuyó a la formulación
de una política municipal para la cualificación de personal
que atienda casos de violencia intrafamiliar. Esta red
también logró incidir en políticas municipales para la
creación de más SLIMs en dicho municipio y un mayor
incremento presupuestario en los POAs municipales.

Finalmente, la Red Social Macrodistrital “Cotahuma libre
de la Violencia” de la ciudad de La Paz está en proceso
de movilizar e incluir a las OTBs, a partir del compromiso
del gobierno municipal.

“Yo recuerdo que íbamos a la alcaldía a
las 10 de la mañana, para que el Alcalde
nos escuche y para poder hablar con
él. Eso ayudó a que el municipio tenga
mayor presupuesto para la atención de
los SLIMs y para que se creen nuevos”.
Vecinos de El Alto, La Paz.

25

Los varones son protagonistas
Combatir la violencia no es un asunto de mujeres. Todos
y todas debemos aportar a construir una sociedad
equitativa, en la que los derechos de las personas sean
respetados y garantizados. Por tanto, es importante
incorporar una visión integradora e incluyente en las
acciones de lucha contra la violencia.
La red es una construcción social colectiva (de la
comunidad y con los diferentes actores sociales) y con
principios de solidaridad y corresponsabilidad en la
base de su accionar. Representa a todos y todas en el
propósito de construir una sociedad libre de violencia
hacia las mujeres.
De ahí que sea fundamental fortalecer la presencia de
los hombres dentro de ella. En realidad, siempre hubo y
habrá presencia masculina en las instituciones y redes de
prevención y atención a la violencia, pero es un propósito
hacer de esta una participación visible, permanente y
comprometida.
Desde la red se puede concienciar a los varones sobre el
rol esencial que tienen en la lucha contra la violencia.

Construir una mirada integral y diversificada de la
lucha contra la violencia es indispensable para avanzar
en la transformación de los comportamientos de una
comunidad respecto de la violencia. Esta es otra razón
por la que la inclusión de hombres es determinante,
aunque compleja.

“Trabajar con hombres es positivo, pero
es difícil. Aunque el ejercicio de violencia
es una problemática de todos y de
todas, y son los varones los principales
agresores, a ellos les cuesta asumirlo (...)
Pero si no lo hacemos nos quedamos
con la mirada de la mujer víctima; si no
trabajamos con aquel llamado agresor,
no solucionamos el problema”.

Sin embargo, este propósito implica más de un desafío. El
hecho de que los varones reciban mensajes interpeladores
puede más bien generar reacciones contradictorias,
distantes a la sensibilidad y adscripción que se espera
como ciudadanos corresponsables de la resolución de
esta problemática.
Por ello, llama la atención el camino recorrido por la
Red Quillacollo que generó acciones de sensibilidad e
incidencia en los 36 dirigentes de las OTBs del municipio
(de los cuales sólo tres eran mujeres), empoderándolos
como agentes influyentes en la toma de decisiones a nivel
del directorio vecinal y del propio gobierno municipal. Un
elemento determinante para la adscripción de los varones
en esta lucha fue la participación de una autoridad varón,
encabezando la marcha.

“El hecho de que sepas que tus autoridades están comprometidas contigo,
sabes que puedes acudir también a tu
autoridad, porque lo ves comprometido en diferentes cosas que se hace. Es
bien diferente ver a tu primera autoridad
encabezando una marcha, eso te da la
confianza de decir: Bueno, el Subalcalde
conoce de estas cosas, entonces me iré a
quejar de que mi marido me pega; algo
me va a aconsejar”.
Vecina de Red Quillacollo, Cochabamba.

26


Otra experiencia ejemplificadora de los procesos de
inclusión de los varones proviene de la Red Icla, mediante
los promotores comunitarios. Como lo destaca Icla, los
promotores hombres permiten llegar a otros hombres en
la comunidad.

Estos y otros ejemplos demuestran no sólo las
oportunidades que existen para sumar a los hombres en
acciones concretas de lucha contra la violencia, sino la
necesidad de hacerlos corresponsables de sensibilizar a
otros varones para transformar actitudes que naturalizan
la violencia.

“Había sido importante tener una promotora y un promotor en la comunidad.
A veces, las mujeres tienen temor de
quejarse a un hombre, que es vecino y
promotor, tienen miedo de los celos,
pero cuando es mujer la promotora va
con confianza y le avisa todo. También,
aunque los hombres estén acostumbrados al machismo, escuchan a un hombre
y pueden reflexionar”.

Los varones no pueden aparecer únicamente como
agresores, son aliados en este proceso de transformación
y erradicación de la violencia en razón de género.
En todos los espacios, desde la gestión local e
institucional, desde las dirigencias de las organizaciones
sociales y en las redes o el SLIM, el papel masculino debe
ser transformador.

El rol de las autoridades indígenas y
comunitarias
El trabajo de una red de prevención y lucha contra la
violencia es integrador. Y esa visión integradora se plasma
en un permanente cabildeo con todos los actores sociales,
para incorporarlos en acciones de reflexión, movilización
y transformación.
La sociedad y la cultura boliviana ofrecen grandes retos,
puesto que es frecuente encontrarse con espacios en los
que la violencia se ha institucionalizado y es parte casi
natural del relacionamiento entre hombres y mujeres.
Tanto en ámbitos urbanos como rurales esta condición
social se presenta con fuertes características y es
determinante que el trabajo de prevención se concentre
en incidir en la sensibilización e información sobre los
derechos de las mujeres a vivir libres de violencia, por
encima de las convenciones, usos y tradiciones enraizadas
culturalmente.
Por ello, el desafío de llegar a las autoridades es esencial.
En comunidades dispersas, adonde no llega fácilmente el
trabajo del SLIM o de las redes, es importante encontrar
aliados para emprender acciones de lucha contra la
violencia. Las redes y el SLIM han encontrado en los
promotores comunitarios a estos aliados. Ellos y ellas
cumplen un rol central en difundir las leyes y recoger
denuncias que luego son atendidas por ambas instancias.
Pero, además, es necesario sumar a las autoridades
indígenas originarias que ejercen gran influencia en el
comportamiento social de sus comunidades. El trabajo

27

de inclusión y empoderamiento de estos actores puede
resultar determinante para las tareas de prevención y
sanción de los actos de violencia contra las mujeres.

Articulación entre justicia indígena y justicia
ordinaria
El reconocimiento de un Estado Plurinacional en la Constitución Política del Estado reafirma la interculturalidad.
Las naciones y pueblos indígena originario campesinos
gozan del derecho de aplicar sus normas y procedimientos propios que conllevan en sí saberes, conocimientos,
valores, espiritualidades y cosmovisiones (Art. 30, Art. 98,
inc. II).
Por otro lado, la Constitución reconoce entre las
entidades territoriales a la autonomía indígena originaria
campesina que ejerce su autogobierno como ejercicio
de la libre determinación (Art. 289) y otorga a sus
autoridades indígena originario campesinas un conjunto
de responsabilidades para hacer justicia desde usos
y prácticas ancestrales, amparadas y legalizadas por
la Ley de Deslinde Jurisdiccional. Sin embargo, existe
desconocimiento respecto a los alcances y roles de
los secretarios de justicia cuando se trata de casos de
violencia hacia la niñez y las mujeres.
Este elemento en un sistema patriarcal que privilegia a los
varones de la familia y a las autoridades locales hombres a
la hora de tomar decisiones, así como prácticas culturales
respecto al rol y posición de la mujer en la comunidad,
representa un riesgo latente para la constante y
naturalizada vulneración de los derechos individuales de
las mujeres, subordinados al discurso de los derechos
colectivos y la sobrevaloración de algunos usos y
costumbres al momento de ejercer justicia comunitaria.

La Ley 348 y las autoridades indígena originario campesina
Artículo 52. (AUTORIDADES INDÍGENA ORIGINARIO CAMPESINAS).
I. A los efectos de la presente ley serán aplicables los ámbitos de vigencia establecidos en la Ley de Deslinde
Jurisdiccional, en casos de surgir conflictos de intereses se remitirá el caso a la jurisdicción ordinaria.
II. En caso de conflicto de competencias entre la jurisdicción indígena originario campesina y la ordinaria, este
se resolverá según lo dispuesto en el Código Procesal Constitucional.
III. La conciliación se podrá realizar en el marco de lo establecido en el artículo 46 de la presente ley.

La experiencia desarrollada en Icla, impulsada desde el
gobierno municipal, permite ver cómo una red puede
encarar la aplicación de la justicia comunitaria de una
manera diferente, responsable y efectiva respecto a la
articulación entre justicia ordinaria y comunitaria.
El SLIM del municipio de Icla tropieza con varias dificultades
para que un caso de violencia intrafamiliar pueda acceder

28


a la justicia ordinaria, sobre todo por la larga distancia a
recorrer, el tiempo y los recursos económicos que implica.

Uno de los factores para generar acciones de incidencia
y movilización ciudadana para mejorar el acceso a la
justicia es involucrar y comprometer a representantes de
este sector en la red, desde una mirada intersectorial y
multidisciplinaria.

“No tenemos juzgado. Para cualquier
proceso legal tenemos ir al municipio de
Zudañez, a 2 ó 3 horas de distancia. Esto
implica movilidad, alimento; no nos dan
ni viáticos. A veces vamos con víctimas
de violencia intrafamiliar que no tienen
recursos”.
Red Icla, Chuquisaca

Mecanismos de coordinación entre justicia
ordinaria y originaria
En el ámbito rural los SLIMs y las redes tienen que elaborar
estrategias, para que la comunidad pueda acceder a la
justicia ordinaria en casos de violencia intrafamiliar. Si
bien se ha visto que contar con un representante del
sector justicia en la red puede ser clave, para poder
ejercer presión sobre las autoridades municipales con
el fin de mejorar el acceso a la justicia, otra estrategia
es comprometer a este o estos representantes en el
trabajo de prevención de la violencia intrafamiliar, para
que el sector justicia se relacione con las bases y pueda
contribuir a identificar y prevenir los problemas en el
terreno, y evitar que las víctimas de violencia tengan que
desplazarse para encontrar una solución a su problema.

Sin embargo, en el área rural los SLIMs tropiezan muchas
veces con distancias largas y caminos difíciles para llegar
a las diferentes comunidades. Para mejorar el acceso a la
justicia, el SLIM decidió conformar una red de promotores/
as comunitarios/as que se constituyeron en sus brazos
operativos.

“Es el primer fiscal que ha venido,
la justicia se está acercando más a la
sociedad. Antes los fiscales estaban
en su oficina, esperando que lleguen
las denuncias. Ahora él no quiere
eso, quiere salir a las comunidades a
ver y conocer a la gente. Él quiere ir a
prevenir, a conocer los delitos. En este
sentido, ha presentado un proyecto al
gobierno para que los fiscales salgan a
las comunidades”.

“La red comunitaria y la red de promotores
surge porque son 34 comunidades que
no tienen acceso al camino carretero. El
tema logístico y el transporte son muy difíciles. Muchas veces esas comunidades
se quedan abandonadas, pues sólo se
puede ir por una vez al año.
En cada comunidad tenemos un promotor
comunitario y en las comunidades más
grandes son dos: una mujer y un varón.
(…) se los ha elegido como una red
comunitaria para que nos apoyen, porque
la red institucional municipal trabaja
más en el poblado y las necesidades y
problemas de las comunidades aledañas
quedan sin seguimiento. Una vez que
una o un promotor detecta un problema
de violencia, lo remite a la defensoría y
al SLIM”.

29

Formación de promotoras y promotores
comunitarios
Para que el trabajo que realicen promotoras y promotores
comunitarios complemente la labor de las instancias
públicas de atención a la violencia intrafamiliar –como el
SLIM o la red– se requiere de una formación que involucra
varias etapas.
A partir de la experiencia de la Red Icla, podemos destacar
las siguientes etapas.
1.

Cada comunidad elige su(s) promotor(es/as) como
parte de su mesa directiva, en función a algunos
criterios emitidos por el SLIM o la defensoría
para garantizar que sea una persona adecuada y
comprometida con esta función:

El proceso de elección de los/as promotores/as
comunitarios/as, según los usos y costumbres de
las propias autoridades originarias, legitima su rol y
naturaliza este cargo en dichas instancias. Además,
el hecho de formar parte de la mesa directiva
permite a los/as promotores/as representar
legalmente al SLIM o a la defensoría.

2.

Los/as promotores/as están capacitados/as para
conocer cuál es su rol, qué casos pueden atender y
de qué forma.

Garantizar una capacitación de calidad a promotores/as comunitarios/as requiere movilizar estrategias para buscar otras fuentes de financiamiento.
La experiencia de Icla muestra que se puede recurrir a instancias no gubernamentales y encontrar
intereses comunes para la capacitación de la comunidad.

Por otro lado, para que los/as promotores/as
asistan a los talleres de capacitación es necesario
realizarlos en las comunidades, lo que implica que
el SLIM y otros facilitadores/as hagan el esfuerzo de
desplazarse hacia estos lugares.

3.

Los/as promotores/as asumen su rol de brazos
operativos del SLIM

Para trabajar en las comunidades, los/las
promotores/as siguen procedimientos similares
a los que aplica el SLIM y tienen la posibilidad
de dictar sanciones a los agresores y realizar el
seguimiento al cumplimiento de las decisiones que
se adoptan en las denuncias de violencia.

Sin embargo, los/as promotores/as no atienden
todos los casos de violencia intrafamiliar. Tienen
más que todo un rol preventivo e intervienen en
las primeras peleas de pareja.

30


Como lo destaca la Red Icla, el hecho de que el/
la promotor/a realice un trabajo conjunto con el/la
dirigente/a y el/la secretario/a de justicia permite
reforzar su legitimidad dentro de la comunidad
y realizar un mejor seguimiento de las sanciones
dictadas.

Finalmente, para poder constituirse de forma
plena en los brazos operativos del SLIM hacia la
comunidad y ayudarlo en la prevención, detección
y derivación de casos de violencia intrafamiliar
en lugares de difícil acceso, los/as promotores/
as comunitarios/as disponen de una mochila con
algunas herramientas de trabajo indispensables,
como libros de acta de diferentes colores para los
diferentes casos atendidos y cartillas educativas
para replicar los temas aprendidos en los talleres
de capacitación, entre otros.

4.

El SLIM y la red buscan mecanismos para fortalecer
a la red comunitaria
A partir de la conformación de una red de promotores/
as comunitarios/as y de sus primeras experiencias
de trabajo, el SLIM y la red interistitucional de Icla
identificaron algunas debilidades en su accionar.
Ahora, el desafío es encontrar mecanismos para
subsanarlas y fortalecer a la red comunitaria, por
ejemplo mediante la elaboración de sus estatutos.
Sin embargo, la migración hacia las zonas urbanas
requiere una elección constante de nuevos/
as promotores/as para no dejar el puesto vacío
en algunas comunidades. Esto supone buscar
permanentemente fuentes de financiamiento para
ofrecerles talleres de capacitación y motivación
que refuercen su compromiso.
Para que este trabajo sea sostenible y no dependa
de la ayuda externa, es imprescindible que el
gobierno municipal asigne presupuesto en su POA
para la red comunitaria.

31

La comunicación suma y multiplica
Junto a la corresponsabilidad ciudadana y el compromiso
de las autoridades locales, originarias y dirigencias de
organizaciones sociales, la lucha contra la violencia precisa
de la comunicación.
Esto es: difusión de información, sensibilización, movilización y socialización de experiencias. Cada una de estas
tareas comunicacionales incide enormemente en el posicionamiento de las acciones de prevención y lucha contra
la violencia.
La difusión es importante, pues permite la circulación
de información relevante que “educa” los criterios y
convenciones de las y los ciudadanos, orientando y
cualificando sus demandas.
No se puede pretender que una sociedad se empodere
de sus derechos si no los conoce, si no está al tanto de la
normativa vigente, de sus alcances y de los servicios que
deben existir para asistirla. También el estar informada,
posibilita a la sociedad demandar a sus autoridades
la ejecución de tareas para luchar contra la violencia
y exigir recursos para hacer posible, por ejemplo, la
implementación de un SLIM.
La sensibilización y la movilización social no podrían
convocar a las y los ciudadanos si no fuera por los medios
de comunicación. Estos, además de informar, crean
espacios de reflexión e interpelación, y alientan debates
que enriquecen la visión y los comportamientos de una
comunidad. Las campañas de comunicación, resultado
de alianzas entre medios de comunicación, instituciones,
organizaciones y población en general, son muy útiles en
este ámbito.
Es por ello que entre los actores sociales centrales
en la lucha contra la violencia se ubican los medios de
comunicación y los periodistas. Son estos “agentes de
cambio” aliados esenciales en el combate a la violencia.

Las redes hacen tareas de comunicación
Las redes de prevención y lucha contra la violencia tienen
entre sus objetivos generar espacios para la difusión
de campañas educativas e informativas, destinadas a la
concienciación sobre la temática.

Efectivamente, una gran mayoría de las redes (80%)
buscan, dentro de sus objetivos, sensibilizar, informar y
capacitar a la población sobre la violencia. La prevención es
el objetivo más mencionado por las redes y todas afirman
realizar actividades de prevención y sensibilización. Sin
embargo, es todavía una tarea pendiente para muchas

32

Para prevenir la violencia intrafamiliar y
doméstica, la Ley 348 confiere al Estado
tres competencias vinculadas con los medios de comunicación, en el artículo 3:
h) Realizará campañas de sensibilización a través de medios grupales
interactivos y masivos de comunicación hacia la comunidad en su conjunto, para fortalecer el rechazo de la
violencia en la familia.
i) Realizará campañas comunicacionales sectorizadas por regiones, edades y situación socioeconómica, a
través de los medios tradicionales y
alternativos de comunicación para
difundir los derechos de las mujeres
y el convencimiento de que la violencia familiar es un atentado contra los
derechos humanos.
j) Incorporará en el lenguaje y el discurso de los medios masivos de comunicación la difusión permanente
del rechazo a la violencia familiar y
el ejercicio pleno de los derechos, a
través de programas especiales, participación en entrevistas y corrientes
informativas regulares.


de ellas, consolidar un mejor relacionamiento con los
medios de comunicación o periodistas a su alrededor,
sensibilizarlos y convertirlos en sus aliados para la
prevención de la violencia.
Actividades de prevención y
sensibilización realizadas por la RED

“La presencia en los diferentes medios
de comunicación (…) es una de las
estrategias que se ha tenido en la red”.
Red Max Paredes, La Paz

Otras 20
Difusión de
materiales 75

Ferias 80

Campañas 50

Foro debates
25
Talleres 85

Marchas 50

Al momento de escoger el tipo de actividades de
prevención y sensibilización a realizar, las redes priorizan
los talleres de capacitación y sensibilización (85%), las
ferias educativas (80%) y la difusión de materiales de
sensibilización mediante afiches, volantes, cuñas radiales,
etc. (75%). Luego se mencionan las campañas (50%)
y marchas (50%). Finalmente, algunas redes realizan
foro debates (25%) y otras actividades (20%) como ser
movilizaciones grandes, visitas a medios de comunicación,
obras de teatro y murales con unidades educativas.
Los talleres de capacitación y sensibilización representan
la metodología de prevención más expandida entre las
redes. Generalmente, estos espacios están destinados
a las mujeres, padres y madres de familia, juntas
escolares, organizaciones sociales, operadores de justicia,
funcionarios públicos y periodistas. Por otra parte, los
temas desarrollados en los talleres abordan directamente
la violencia intrafamiliar y sexual, o, indirectamente
mediante los derechos humanos, los derechos y deberes,
la equidad de género, las relaciones humanas entre padres
e hijos, alumno/a y profesor/a, la cultura del buen trato,
la salud sexual y reproductiva, el consumo de alcohol y la
autoestima.
Las redes cuentan, además, con fechas emblemáticas para
sus actividades de sensibilización y movilización, como
ser el 9 de agosto “Día nacional de solidaridad con las
víctimas de agresiones sexuales y en contra de la violencia
sexual a niños, niñas y adolescentes”, el 25 de noviembre
“Día nacional e internacional de la eliminación de la
violencia contra la mujer” o en torno a días municipales
contra la violencia que fueron establecidos en ordenanzas
municipales gracias a la incidencia política de las mismas
redes.

33

Movilizarse en fechas emblemáticas responde a una
estrategia de mayor visibilización de la temática de
la violencia, ya que las autoridades suelen estar más
dispuestas a apoyarlas en este contexto y los medios de
comunicación se suman a sus iniciativas.
Sin embargo, es importante que estas fechas no se
conviertan en el único momento de movilización de las
redes. Para que la problemática de la violencia reciba
la atención que merece durante todo el año y no sea
considerada como un problema menor, es necesario que
cada red establezca su propia estrategia comunicacional
y establezca cada vez más alianzas con medios de
comunicación y periodistas.
Realizar actividades comunicacionales de forma
permanente, permite lograr una mayor convocatoria
y así una mayor difusión de los servicios e instituciones
dedicadas a la lucha contra la violencia, lo que repercute
en un incremento de las denuncias de violencia.

Realizar actividades de prevención conjuntas tiene un
efecto multiplicador, contribuyendo en algunos casos
a encontrar nuevos financiamientos y aliados en la
lucha contra la violencia. Al unir esfuerzos entre varias
instituciones, se visibiliza la integralidad del trabajo de
lucha contra la violencia intrafamiliar y esta integralidad
tiene un impacto en la población.

Recomendaciones para las acciones
comunicacionales de una red
•

SLIM Cotahuma, La Paz

Junto a los medios de comunicación, realizar
campañas contra la violencia en razón de género y
difundir las actividades de la red

•

“La comunicación ayuda a visibilizar
nuestro trabajo con una integralidad que
antes no se veía. Antes el SLIM estaba
solito, con su carpa; ahora uno va y está
la Policía, están varias instituciones, cada
uno con un rol asignado.

Ponerse en contacto con los medios de
comunicación o periodistas para sensibilizarlos en
la temática y convertirlos en sus aliados para la
prevención de la violencia.

•

Red Icla, Cochabamba.

Difundir el trabajo de la red entre las autoridades,
población, medios de comunicación, etc. para que
sea reconocida dentro de la comunidad. La falta
de visibilización del trabajo de las redes puede
volverse un obstáculo para su sostenibilidad, ya
que sin conocerlas las instancias municipales no se
van a comprometer a apoyarlas.

•

“Ahora en el municipio ya todos conocen
sus derechos y comienzan a denunciar en
la defensoría y el SLIM. Antes no había
atención de casos. Hay mucha demanda
desde que se ha realizado estas
actividades de difusión y movilización”.

Intentar integrar a los medios de comunicación
dentro de la red.

34


•

El contacto e involucramiento con medios de
comunicación que difundan las acciones de la red,
es muy importante para posicionar a la red y a la
temática de la violencia en el municipio.

•

Finalmente, las redes deben contar con memorias
institucionales (que más allá de ser impresas,
permiten acceder a las lecciones aprendidas,
dificultades, logros e incidencia) que contengan
información sobre las actividades realizadas y
recojan las lecciones aprendidas, con el fin de
fortalecer y mantener el accionar de la red.

¿Por qué tejer nuestra red?
Hasta acá hemos visto cómo la prevención y la lucha
contra la violencia forman parte de un trabajo en red.
De esas redes que construyen las y los ciudadanos que
buscan el bien común, de ciudadanos que asumen su
corresponsabilidad con la construcción de una sociedad
libre de violencia contra las mujeres y que entienden que
esta problemática no es un asunto privativo de ellas sino
un lastre para el desarrollo de todos y todas.
Idealmente, estas redes son el germen de las otras: las
redes institucionales, que son un conjunto de instituciones,
ONG y/u organizaciones sociales comprometidas con los
derechos humanos, particularmente, los derechos de las
mujeres.
Las redes institucionales de prevención y lucha contra
la violencia son el puente para incidir en las gestiones
gubernamentales nacionales y locales, y movilizar a
grandes grupos de la población en acciones de difusión,
empoderamiento ciudadano y transformación de usos y
costumbres que naturalizan la violencia o la esconden en
el ámbito de lo íntimo, contribuyendo al silencio cómplice
que permite la reproducción permanente de la violencia.
Pero también las redes son el pilar para el posicionamiento
y mejor funcionamiento de la instancia destinada a prestar
servicios de atención, seguimiento de casos, prevención y
movilización en torno a la violencia: el SLIM.
Redes y SLIM se complementan, se apoyan y fortalecen,
incidiendo en una mejor atención y prevención de la
violencia, e incluyendo en sus acciones a todos los actores
sociales e institucionales del municipio.
Estas son razones por demás suficientes para apostar,
desde nuestros espacios locales, a la conformación de
redes o la participación en las mismas.
Esta visión integral y comprometida con la lucha contra la
violencia, expresada por el trabajo de las redes y el SLIM,
es preciso que impregne a toda la sociedad; de ahí que
las y los ciudadanos tienen un mandato claro en apoyar su
conformación y sostenibilidad.

35

Capítulo 2

UNA NUEVA
LEY (348) Y UNA
REALIDAD QUE HAY
QUE CONSTRUIR

Vivimos una etapa de transición de alta complejidad en la
construcción de una sociedad equitativa, en la que mujeres
y hombres puedan desarrollar sus potencialidades en
igualdad de condiciones y oportunidades. Los cambios
operados en esta dirección tienen efectos diversos en el
desarrollo económico, social, político y cultural del país,
y un impacto visible en la naturaleza de las relaciones
sociales y humanas.
A pesar de los avances logrados en esta materia en el
marco normativo legal en nuestro país, en la práctica
continuamos reproduciendo una estructura de dominación
y subordinación de las mujeres que produce y legitima
la violencia contra ellas, violencia alentada y tolerada
socialmente. Por ello, no sorprende que Bolivia tenga
actualmente uno de los índices de violencia y feminicidio
más altos de América Latina y el Caribe.
Desde la recuperación de la democracia, el movimiento
de mujeres en Bolivia ha ido impulsando cambios y
avances normativos para mejorar la situación de la mujer
boliviana y construir una sociedad más equitativa. Desde
la aprobación de la nueva Constitución Política del
Estado (2009) que estipula que “todas las personas, en
particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir violencia
física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en
la sociedad” (artículo 15, inciso II), este proceso ha sido
muy alentador y tiene su más importante concreción
en la aprobación de la Ley 348 contra la violencia hacia
la mujer, promulgada por el presidente del Estado
Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, el 9 de marzo de
2013. La aprobación de esta nueva ley implica –además
de un proceso de reglamentación y adecuación normativa
e institucional–, un trabajo de empoderamiento del
conjunto de mujeres sobre sus derechos y la socialización
en todas las instancias de la sociedad.

36


La Ley integral para garantizar a las mujeres una vida libre
de violencia, Ley Nº 348, aporta con una mirada integral
y profunda a la problemática de la violencia en razón
de género. Por una parte, incorpora una tipificación de
los tipos de violencia que se practican en la sociedad;
dispone intervenciones sectoriales en diversos ámbitos
(salud, educación, laboral y otros) y adopta medidas
de protección, sanción, formación, institucionalización,
comunicación y otros.

Tipos de violencia contra las mujeres en la Ley 348
En el marco de las formas de violencia física, psicológica, sexual y económica, de forma enunciativa, no limitativa,
se consideran formas de violencia:
1. Violencia física. Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o ambos, temporal
o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el largo plazo, empleando o no fuerza física,
armas o cualquier otro medio.
2. Violencia feminicida. Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y causa la
muerte de la mujer por el hecho de serlo.
3. Violencia psicológica. Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y control
del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como consecuencia la disminución de su
autoestima, depresión, inestabilidad psicológica, desorientación e incluso el suicidio.
4. Violencia mediática. Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de publicaciones,
difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven la sumisión y/o explotación de mujeres,
que la injurian, difaman, discriminan, deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su
imagen.
5. Violencia simbólica y/o Encubierta. Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones
sociales, económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y consolidan
relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y discriminación, naturalizando la subordinación de las
mujeres.
6. Violencia contra la dignidad, la honra y el nombre. Es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto,
difamación, calumnia, amenaza u otras, tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, desvaloriza,
degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de la mujer.
7. Violencia sexual. Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en el acto sexual
como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no genital, que amenace, vulnere o restrinja el
derecho al ejercicio a una vida sexual libre, segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la
mujer.
8. Violencia contra los derechos reproductivos. Es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho
de las mujeres a la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el embarazo o pérdida,
parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos;
a ejercer su maternidad segura, y a elegir métodos anticonceptivos seguros.
9. Violencia en servicios de salud. Es toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite,
niega o restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna por parte del
personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las mujeres.
10. Violencia patrimonial y económica. Es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales
de la mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla o limita sus ingresos
económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los medios indispensables para vivir.
11. Violencia laboral. Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de cualquier
persona de superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, amenaza o intimida a las mujeres;
que obstaculiza o supedita su acceso al empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus
derechos.
12. Violencia en el sistema educativo plurinacional. Es todo acto de agresión física, psicológica o sexual
cometido contra las mujeres en el sistema educativo regular, alternativo, especial y superior.
13. Violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la mujer. Entiéndase lo establecido en el artículo 7 de la
Ley N° 243, contra el Acoso y la Violencia Política hacia las Mujeres.
14. Violencia institucional. Es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos o de personal de
instituciones privadas, que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, humillante y deshumanizada
que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a las mujeres el acceso y atención al servicio requerido.
15. Violencia en la familia. Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el cónyuge
o excónyuge, conviviente o exconviviente, o su familia, ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos,
parientes civiles o afines en línea directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado.
16. Violencia contra los derechos y la libertad sexual. Es toda acción u omisión, que impida o restrinja el ejercicio
de los derechos de las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena, o que vulnere su
libertad de elección sexual.
17. Cualquier otra forma de violencia que dañe la dignidad, integridad, libertad o que viole los derechos de las
mujeres

37

Además, la Ley 348 dispone competencias obligatorias
a las autoridades y servidores públicos de todas las
instituciones públicas, entidades territoriales autónomas
y sociedad civil. En este sentido, centra en el municipio
una gran cantidad de oportunidades y desafíos.
El municipio, como el espacio más próximo a los
problemas y necesidades ciudadanas, asume con la Ley
348 un rol protagónico en la lucha contra la violencia; esto
implica, además de una serie de tareas de concienciación
(de la población civil y de las autoridades locales), la
adopción de una nueva lógica para enfrentarla.

El municipio, actor central en la nueva ley
Para la aplicación de la Ley 348, los órganos del Estado, las entidades territoriales autónomas e instituciones
públicas, en el marco de sus competencias y responsabilidades respectivas deberán:
1.
2.
3.
4.
5.

Adoptar, implementar y supervisar protocolos de atención especializada, en las diferentes instancias de
atención, para el restablecimiento de los derechos de mujeres en situación de violencia.
Crear, fortalecer y sostener servicios de atención y protección para mujeres en situación de violencia.
Crear y sostener servicios de atención y reeducación integral especializada para los agresores, así como
otras medidas destinadas a modificar su comportamiento.
Adoptar medidas concretas de acción y responsabilidades claras y específicas, con el nivel de atención
y prioridad que requiere la preservación de la vida, la seguridad y la integridad de las mujeres.
Articular los instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales vinculadas, para la
prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En otras palabras, la gestión municipal debe realizar tareas
de planificación y diseño de políticas sectoriales, en el marco
de sus respetivas competencias, atribuciones, funciones y
capacidades. Ello supone incorporar en sus estrategias,
planificación operativa anual y presupuestaria, acciones y
recursos suficientes y necesarios para la aplicación de la
ley, y personal idóneo para su implementación.
Asimismo, adoptar medidas específicas destinadas a
erradicar toda forma de violencia contra las mujeres
y establecer un nuevo marco social para garantizar el
respeto y una vida digna y libre de violencia.
Para ello, la nueva norma propone desarrollar programas de
prevención; de formación, especialización, sensibilización
y capacitación de todas aquellas personas que realicen la
atención a mujeres en situación de violencia; de orientación
e información a las mujeres para su revalorización como
sujetos de derechos y acceso a instancias de atención
y protección; de atención y protección a mujeres en
situación de violencia, y a los integrantes de su familia
en situación de riesgo; de comunicación para deconstruir
los estereotipos sexistas y los roles asignados socialmente
a las mujeres, promoviendo la autorregulación de los
medios de comunicación en cuanto a la publicidad que
emiten, el uso irrespetuoso y comercial de la imagen de
las mujeres, y de orientación, atención y rehabilitación
a los agresores para promover los valores que adopta
esta ley y lograr cambios de comportamiento para el
respeto efectivo de los derechos de las mujeres y evitar
la reincidencia.

38


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