1. Violación al derecho humanitario, ocupación inconsulta del territorio
Emberá por parte de efectivos de la Brigada 17
Nuestra Constancia Histórica ante la realización de ametrallamientos
indiscriminados dentro del Resguardo Emberá, las afecciones a
integrantes de familias indígenas que por temor se niegan a su movilidad
y al desarrollo de las actividades cotidianas de siembra y caza, las
infracciones al derecho humanitario por parte de efectivos de la brigada
17, así como por la instalación de Minas Antipersonal por parte de
efectivos de la guerrilla de las FARC.
Bogotá, D.C. septiembre 25 de 2012
JUAN MANUEL SANTOS
Presidente de la República de Colombia
ANGELINO GARZÓN
Vicepresidente de la República de Colombia
FERNANDO CARRILLO FLÓREZ
Ministro del Interior
RUTH STELLA CORREA
Ministra de Justicia

2. MARÍA ANGELA HOLGUÍN
Ministra de Relaciones Exteriores
JUAN CAMILO RESTREPO
Ministro de Agricultura
JUAN GABRIEL URIBE
Ministro de Ambiente y Desarrollo sostenible
EDUARDO MONTEALEGRE
Fiscal General de la Nación
ALEJANDRO ORDÓÑEZ
Procurador General de la Nación
JORGE ARMANDO OTÁLORA
Defensor Nacional del Pueblo
SANDRA MORELLI
Contralora General de la Nación
Referencia: Violación al derecho humanitario, ocupación inconsulta del
territorio Emberá por parte de efectivos de la Brigada 17, Batallón
Voltígeros del municipio de Carepa.
Nuestra Constancia Histórica ante la realización de ametrallamientos
indiscriminados dentro del Resguardo Emberá, las afecciones a integrantes de
familias indígenas que por temor se niegan a su movilidad y al desarrollo de las
actividades cotidianas de siembra y caza, las infracciones al derecho
humanitario por parte de efectivos de la brigada 17, así como por la instalación
de Minas Antipersonal por parte de efectivos de la guerrilla de las FARC.

3. Antes ustedes la fundamentación fáctica para que se adopten medidas en
conformidad con el derecho humanitario.
* Jueves 16 de agosto aproximadamente a las 7:00 am., territorio Emberá
Resguardo Humanitario Ambiental So Bia Drua, en el punto conocido como
Quebrada Cocalación, ubicada a 15 minutos del lugar de habitación indígena,
desde dos helicópteros se realizaron ametrallamientos indiscriminados.
*Viernes 17 de agosto a las 4:57 p.m. en Bogotá, el gobierno nacional
manifestó que se desarrollaban operaciones del batallón Voltígeros de la
Brigada 17 contra grupos armados ilegales, sin responder por que estas
operaciones se desarrollan en el Resguardo Humanitario Ambiental So Bia
Drua como lo ordena la directiva del Ministerio de Defensa 016 y las normas
que protegen a la población civil y en especial las órdenes emanadas de la
Corte Constitucional en la sentencia T -769/09 – y el Auto 053.
* Jueves 23 de agosto hacia las 6:00 a.m. en la comunidad de Alto Guayabal,
Resguardo So Bia Drua, en los predios de la familia BAILARÍN se escuchó una
fuerte explosión. En el momento de la detonación, en la vivienda se encontraba
la pareja y tres niños que no salieron por temor.
En el lugar de la explosión se encontraba un contingente de efectivos adscritos
a la Brigada 17, que desde el 16 de agosto han militarizado el Resguardo.
De acuerdo con la información recibida durante el día, voceros indígenas,
temen la instalación de minas antipersona en el camino hacia la comunidad de
Coredocito - Jaibia ubicada al pie del Cerro Careperro – Jaikatuma territorio
sagrado.
* Sábado 15 de septiembre aproximadamente a las 8:00 am. un grupo de 135
comuneros de los cabildos de Jaibia, Coredocito, Alto Guayabal, Bidoquera,
Ancadía, Nuevo Cañaveral, Ibudó y Padadó, Apartadocito que integran el
Resguardo Humanitario Ambiental, iniciaron una movilización pacífica a fin de
que cese el uso y militarización del territorio con la instalación de un
campamento principal de la brigada 17 (Ver Anexo 1)
* Domingo 16 de septiembre en el Resguardo So Bia Drua, la autoridad
mayor del Resguardo ARGEMIRO BAILARÍN BAILARÍN dialogó con el general

4. VALLEJO para acordar el retiro inmediato de las tropas de los lugares de
habitación indígena.
Ese día se firmó un acuerdo del retiro del Resguardo a más tardar el viernes 21
de septiembre.
* Lunes 17 de agosto a las 10:00 am nuestra Comisión de Justicia y Paz fue
informada que un contingente de la brigada 17 atravesó el caserío de la
comunidad de Alto Guayabal y se estableció a unos 100 metros de la
comunidad.
Dos aguaciles del cabildo local se acercaron al campamento de los militares
preguntando la razón de su presencia y recordándoles la firma del acuerdo y
exigiendo el retiro inmediato.
Los uniformados responden que ellos se encuentran de retirada tal y como reza
en el acuerdo firmado el 16 de septiembre.
A las 11:10 el contingente militar se retira del lugar.
Hasta el pasado 21 de septiembre los militares se retiraron del lugar.
Nuestra Censura Ética ante la continuidad de infracciones al derecho
humanitario por operaciones militares indiscriminadas que reviven en la
comunidad indígena los graves efectos de la militarización territorial. En el
pasado reciente esta población ha sido afectada por la militarización con
bombardeos indiscriminados, amenazas permanentes, operaciones con abusos
de autoridad bajo el pretexto de perseguir a la guerrilla de las FARC y con
ocasión de proteger la exploración de la Muriel Mining Corporation. Si las
actuaciones militares continúan desconociendo los principios básicos de
distinción y de proporcionalidad, los Autos de la Corte y las medidas
internacionales de protección, la deslegitimación de la fuerza pública continuará
ahondándose pues la frecuencia, la recurrencia de sus abusos vuelven a
generar zozobra, crisis psicosociales.
Nuestra Censura Ética ante la impunidad en que se encuentran los abusos
empresariales de la Muriel Mining, el bombardeo indiscriminado que deja un
joven indígena con daños irreparables, el desarraigo de una familia, la

5. desaparición forzada de GUILLERMO NIAZA CANO y del niño de 11 años
IBANIEL NIAZA MAJURE en enero de 1999 y de REGINA RUBIANO
BARINQUIRÚ, PABLO EMILIO DOMICÓ, y la niña de 15 años BLANCA LINA
DOMICÓ el 4 de mayo del 2000 y los dos desplazamiento forzados de la
comunidad indígena en el año de 1996 y 2000, el asesinato de RAFAEL
CASAMA, cometido por la guerrilla de las FARC. Si hubiera existido una
investigación eficaz y con prontitud, por lo menos, el aleccionamiento
preventivo hacia integrantes de estructuras armadas regulares responsables de
estas situaciones, hubieran hecho creíble para la comunidad indígena la
existencia de un Estado de Derecho. La continuidad de abusos en el uso de la
fuerza hace más distante la posibilidad de legitimidad de las fuerzas estatales.
En conformidad con el artículo 23 de la Constitución Nacional y sus
responsabilidades institucionales, solicitamos respuesta a las siguientes
preguntas:
1. ¿Cuándo se desarrollan operaciones para enfrentar actores ilegales, en esta
caso las Farc, que protocolos se adopta para prevenir daños irreparables a la
vida e integridad de las personas, sus bienes muebles y bienes de
subsistencia?
2. ¿En tanto el lugar donde habitan las comunidades hace parte de una Zona
de Reserva Forestal, qué medidas se toman para que las operaciones que se
desarrollan dentro de estas áreas no generen daños en los ecosistemas y la
riqueza biológica?
3. ¿En relación a las desapariciones forzadas, los desplazamientos y
asesinatos vividos por estas comunidades en los que son responsables
agentes Estatales y las guerrillas de las Farc, cuál es el estado de estas
investigaciones?
4. ¿Una vez conocida la desaparición forzada de estas personas, que
actividades se han realizado por parte de la Comisión de Búsqueda de
Personas Desaparecidas?
5. ¿En qué estado se encuentran investigaciones sobre estructuras armadas
de tipo paramilitar que operan en Jiguamiandó y Curvaradó afectando a las
comunidades indígenas?

6. De toda consideración,