La minería y el extractivismo son dos de los principales elementos de discusión frente al modelo de gobierno, ya que se plantean como pilares del desarrollo para el presidente Santos. Para hacerle frente y detener la llamada locomotora minero-energética, se fundó en diciembre la Coordinadora Nacional Minero Energética. Colombia Informa dialogó sobre este tema con Danilo Urrea de la organización ambientalista Censat Agua Viva - Amigos de la Tierra Colombia.

1. “Que se articulen en una gran propuesta de diálogo nacional
minero energético”
Viernes, 23 de Enero de 2015, Colombia Informa
La minería y el extractivismo son dos de los principales
elementos de discusión frente al modelo de gobierno, ya que
se plantean como pilares del desarrollo para el presidente
Santos. Para hacerle frente y detener la llamada locomotora
minero-energética, se fundó en diciembre la Coordinadora
Nacional Minero Energética.
Colombia Informa dialogó sobre este tema con Danilo Urrea de
la organización ambientalista Censat Agua Viva - Amigos de la
Tierra Colombia.
Colombia Informa: ¿Cuál es el momento real de la minería en
Colombia?
Danilo Urrea: Colombia está exportando al año 75 millones de
toneladas de carbón, de las cuales más o menos 33 millones de
toneladas provienen del Cerrejón, y ahora se dice que para el 2015-
2016, el Cerrejón va a exportar 40 millones de toneladas. Quiero con
eso mostrar que la explotación del carbón no depende de Colombia,
sino depende del mercado internacional, más allá del alza o la baja en
los precios del carbón.
Y esto me lleva entonces al caso que nosotros hemos venido
trabajando y es el de La Guajira. Ese es un excelente escenario para
demostrar que el crecimiento económico no es sinónimo de bienestar
de la población, y para mostrar todas las consecuencias nefastas que
trae un modelo minero y un modelo extractivo como hemos
denunciado en muchos lugares, un modelo que es devastador y

2. privatizador del agua, ha desplazado poblaciones, genera perdida de
la cultura, genera toda una serie de conflictos relativos a la manera
como se ha venido explotando el carbón en el departamento.
Nos dicen que el Cerrejón es mostrado siempre como la minería
responsable, no solamente para Colombia sino para América Latina,
¿responsable de qué? Yo creo que es la minería responsable de la
privatización y desaparición de las fuentes de agua, es la minería
responsable de que comunidades hayan tenido que salir y que hoy no
encuentren los lugares donde poder seguir soñando y manteniendo la
relación con sus creencias y sus sabidurías, que no tienen plantas
tradicionales para tratar sus enfermedades. Es responsable del
intento de desaparición de una cultura como la Wayu.
Pero no es minería responsable en términos de que es sostenible, en
términos de que genere empleo, eso son cosas que podemos
demostrar y ser prueba de que en La Guajira no suceden. Pero
sobretodo el Cerrejón es el mejor ejemplo de lo que sería Colombia
con una locomotora minero-energética como la que se pretende, es
decir, si nosotros tuviéramos una explotación de acuerdo a lo que
proyecta la locomotora del gobierno Santos, tendríamos muchas
explotaciones como el Cerrejón en el departamento de La Guajira.
Entonces significaría una Colombia con mayores problemas de acceso
al agua, una Colombia con mayor brecha entre riqueza y pobreza, y
sobre todo un país que no tendría la capacidad de garantizar el futuro
de las generaciones posteriores porque ese futuro depende del agua,
depende de la garantía de territorios que estén saludables y eso
precisamente es lo que ha acabado el modelo en donde ya se ha
realizado y lo que pasaría sin lugar a duda en muchas partes de
Colombia.
C.I: ¿Cuál sería la forma o la posibilidad de una lucha contra la
minería a gran escala, después de varios años de
movilizaciones y juicios éticos y demás acciones que aún no
frenan esa locomotora?
D.U: Un primer elemento, creo que es la construcción de la política
desde lo comunitario y la construcción de la política de abajo hacia
arriba. Eso puede sonar discursivo y se puede decir que ya todo el
mundo habla de cómo construimos una nueva política, pero yo creo
que se están dando escenarios de participación en el país que implica
que le pongamos atención a cómo también hay mecanismos
constitucionales y legales que permiten decisión soberana sobre el
territorio.

3. Me refiero a esa construcción de la política basada en la decisión
popular y para eso tenemos consultas populares, tenemos escenarios
de referendo, mecanismos de participación popular en última
instancia, que permiten que sean las comunidades y los pueblos
quienes decidan qué hacer con sus territorios y esa decisión tiene que
llevarse a otro escenario de discusión.
Creo que lo que hacen el Congreso de los Pueblos y las
organizaciones que se juntan alrededor de la construcción de una
coordinadora minero energética es precisamente dar un paso hacia
ese camino. El camino de juntar a los pueblos no se trata de unos
dirigentes que hoy quieran construir desde lo discursivo, sino se trata
de una relación de los procesos históricos que están territorializados
en la defensa y en la lucha por el territorio y que van encontrando
escenarios de discusión para construir entre todos esa política.
Entonces creo, también, lo que está pasando con la cumbre nacional
y la discusión con el gobierno colombiano donde lo minero energético
es el principal punto de negociación o por lo menos el primero que se
está trabajando en la discusión con el gobierno, muestra que hay
claridad en que, primero se deben revisar toda la actualidad de
licenciamiento, de la entrega de títulos; de todo lo que tiene que ver
con lo minero energético. Tiene que estar enmarcado esto en la
legalidad, la explotación de los bienes naturales debe tenerse en
cuenta dentro de la legalidad, lo que no, pues no se puede hacer
porque está en paramos, en parques naturales, etcétera.
Luego de eso, hay que pasar a la propuesta con la decisión popular
de qué se quiere hacer con los territorios y yo creo que nada de eso
funciona si no hay al tiempo un escenario de movilización. Sin la
movilización popular correlativa a la negociación con el gobierno, a la
construcción de propuestas locales que se articulen en una gran
propuesta de diálogos nacional minero energético, creo que no
tendríamos mucho. Pero combinando esas formas de organización es
probable que tengamos la posibilidad de presentarle, a un gobierno
que no tiene la más mínima intención de negociar el modelo minero
energético, la voluntad de los pueblos y por lo menos plasmar que
hay una propuesta de cómo se debe administrar el territorio nacional
y que la soberanía de sus territorios está por encima de la entrega de
esos bienes comunes al modelo corporativo trasnacional.
C.I: ¿El gobierno no está dispuesto a esa negociación minero
energética, cómo se analiza eso en el marco de la construcción
de paz en Colombia?

4. D.U: Si el gobierno no está dispuesto a la negociación de la política
minero energética, el gobierno tiene serias contradicciones en la
posibilidad de construir paz en el país porque es justamente la
política minero energética, entre otras razones históricas en
Colombia, la que ha llevado a que haya enfrentamiento entre
diferentes sectores de la población y que haya enfrentamiento con los
gobiernos históricos en Colombia. Porque el despojo de tierras ha
sido una de las condiciones necesarias para poder instalar el modelo,
quiero decir, sí damos datos bien sabidos por la población
colombiana, entre el año 2002 y el año 2010 se desplazaron 4
millones de personas en Colombia y se despojaron a sangre y fuego 8
millones de hectáreas.
¿Qué hay dentro de esos 8 millones de hectáreas y donde salieron 4
millones de personas de sus tierras? Ahí están los principales
proyectos minero-energéticos. Entonces hay una relación directa
entre la violencia estructural, paramilitar y estatal con el despojo de
tierras para la instalación de mega proyectos. Entonces si el modelo
no se negocia, no se está negociando la reparación a quienes fueron
víctimas de esos despojos de tierra y quienes tuvieron que salir para
garantizar el modelo, supuestamente de beneficio económico para el
país; ese es un primer elemento.
Y yo creo que, y para no hablar en el aire, solamente como
proyección teórica, miremos lo que pasó en Salvador y en Guatemala
luego de las firmas de los Tratados de Paz de la década de los 90. Se
firma la paz, hay un fin del conflicto en Guatemala y Salvador y
posteriormente llegan todas las empresas y obtienen todos los
marcos regulatorios, obtienen todas las facilidades para la
explotación.
No queremos que eso pase en Colombia, por eso si el gobierno quiere
tener una posibilidad de construcción de paz, lo primero es la
posibilidad de escucha para los pueblos, respecto a qué quieren en
sus territorios y qué tipo de alternativas tienen frente a la producción
de energía, al manejo del agua, a la alimentación, a la producción de
alimentos, etcétera; sin esa condición no hay posibilidad de paz en
Colombia, es la condición necesaria.
La paz no significa la firma de un acuerdo con un agente armado o
entre dos agentes armados. La paz significa la construcción de
posibilidades de construir una vida digna con todos los sectores de la
población.
Y si se quiere paz hay que escuchar a todos los sectores y hay que
poner en discusión si se quiere o no la minería en determinados

5. territorios, si se quiere o no la distribución de las rentas de
determinadas formas, pero no es una paz condicionada a la
contradicción que, a mi juicio, es falaz que nos está llevando el
gobierno y es desarrollo o guerra, esa no es la contradicción, es
construcción de vida digna para construir paz en Colombia.