Perú: La Defensoría del Pueblo registró 208 conflictos sociales durante el mes de julio
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La Defensoría del Pueblo registró 208 conflictos sociales en Perú durante julio, según su informe mensual. El documento invita al lector a revisar la página web de la Defensoría para obtener más detalles sobre los conflictos sociales reportados.
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Elaborado por Dr. Palo
Acrtualizado y aumentado por CARRASCO MAMANI SERGIO ANTONIO
Ficha de Registro de Matricula PERIODO ACADEMICO 201(3456789)Organigrama de la Universidad Nacional de San Agustin y Organigrama de la Fac...
Organigrama de la Universidad Nacional de San Agustin y Organigrama de la Fac...Sergio Antonio Carrasco Mamani
Este cuaderno de trabajo, de GRAIN, contiene fragmentos de textos, testimonios y entrevistas para repensar los tratados de libre comercio y señalar sus nocivos efectos sobre la soberanía política, social, económica y jurídica de las naciones.
Buscamos entrever el significado profundo de tales tratados, verdaderos “instrumentos de desvío de poder para otorgarle margen de maniobra a las corporaciones y cerrar las posibilidades de que la gente acceda a la justicia”.
Los tratados internacionales de “comercio, inversión y colaboración” en realidad son marcos “jurídicos” súper poderosos, paralelos a las legislaciones nacionales, que pueden determinar muchísimos aspectos de la vida, con efectos graves y perniciosos para el presente y futuro de las poblaciones afectadas.
Ante el surgimiento global del “libre comercio”, las voces de los pueblos originarios y campesinos fueron las primeras que se alzaron para cuestionar ese modelo: 25 años después sus luchas mantienen viva la esperanza de que otro mundo es posible.GRAIN: "Tratados de libre comercio: Instrumentos de desvío de poder que sojuz...
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UN INFORME PARA EL COMITÉ DE NACIONES UNIDAS PARA LA ELIMINACIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LA MUJER
72da Sesión, Ginebra, Suiza febrero - marzo 2019
En respuesta al IINFORME PERIÓDICO NOVENO DE COLOMBIA
El objetivo de este informe es complementar el informe del Gobierno de Colombia al Comité para la eliminación de la discriminación contra la mujer (“el Comité”). Ofrece recomendaciones específicas para garantizar que el Estado colombiano cumpla adecuadamente con la Convención con respecto a la protección de los derechos humanos de género de los y las afrodescendientes.
La primera sección discute la falta de inclusión adecuada de mujeres afrocolombianas en la implementación de la paz. La siguiente sección detalla la grave situación que enfrentan las mujeres afrodescendientes defensoras de derechos humanos y líderes sociales en Colombia. La tercera sección describe el alcance de la violencia sexual y de género contra los y las afrodescendientes y la necesidad de que el Gobierno consulte con las autoridades afrocolombianas y las organizaciones de mujeres afrodescendientes para desarrollar medidas de protección adecuadas. Las secciones cuatro y cinco cubren la falta de acceso a la justicia y a los servicios de salud para las afrocolombianas sobrevivientes de violencia sexual y de género, respectivamente. La sección final trata sobre las amenazas al acceso a la tierra de las mujeres afrodescendientes.
La información contenida en este informe fue preparada por las siguientes organizaciones locales colombianas e instituciones académicas: el Proceso de Comunidades Negras (PCN), MADRE, y la Clínica de Derechos Humanos y Justicia de Género (HRGJ) de la Universidad de La Ciudad de Nueva York (CUNY). Además de los informes de derechos humanos y las fuentes de noticias, la información en este informe se recopiló a través de entrevistas y documentación de testimonios personales realizados en Colombia.Colombia: Informe sobre violaciones a los derechos humanos basados en el géne...
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Su elaboración se enmarca en el trabajo de colaboración entre la Oficina Regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, y el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe (FILAC), para promover el pleno ejercicio de los derechos de las mujeres indígenas.Informe "Acceso de las mujeres indígenas a la tierra, el territorio y los rec...
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La comisión que visitó el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) en agosto pasado, con base en la amplía información recopilada durante su visita, exhorta al Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza sancionar al gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia por las reiteradas violaciones a los derechos establecidos en la “Declaración Universal de los Derechos de la Madre Tierra”, expedida en Tiquipaya, Cochabamba, Bolivia, el año 2010, y a otros cuerpos jurídicos que le reconocen como sujeto de derechos.
El informe de 44 páginas de la comisión señala que se están afectando y se afectarán aun más los siguientes Derechos de la Madre Tierra: derecho a la vida y a existir; derecho a ser respetada; derecho al agua como fuente de vida; derecho a la regeneración de su biocapacidad y continuación de sus ciclos y procesos vitales libres de alteraciones humanas, así como el derecho a mantener su identidad e integridad como seres diferenciados, auto-regulados e interrelacionados.
Así mismo la comisión constata que se vulneran los derechos de los pueblos indígenas y los derechos de las defensoras y los defensores de la Naturaleza. Violaciones que se ven agravadas por el irrespeto al marco jurídico e institucional del Estado Plurinacional de Bolivia.
Fuente: https://tipnisbolivia.org/?p=4388Informe sobre el caso Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (T...
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Este informe, escrito con ocasión del segundo aniversario del Acuerdo Final de Paz (AFP) en noviembre de 2018, se basa en eventos celebrados por ABColombia en Londres durante el primer aniversario en noviembre de 2017, que incluyeron una conferencia y una mesa redonda de alto nivel. La mesa redonda reunió a representantes de los gobiernos, los parlamentos y la sociedad civil de varios países que han desempeñado un papel clave en el proceso de paz, entre ellos Colombia, el Reino Unido, Irlanda, Suecia, Noruega y la Unión Europea. Las discusiones y recomendaciones de estos dos eventos llevaron a la redacción de este informe que analiza los acuerdos clave que benefician a las mujeres, su nivel actual de implementación y el papel que ellas desempeñan; incorpora los problemas y análisis surgidos de la mencionada conferencia, junto a los avances en la implementación realizados hasta noviembre de 2018, y hace recomendaciones para el nuevo gobierno colombiano, los gobiernos del Reino Unido, Suecia, Noruega e Irlanda y para la Unión Europea.
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Con preocupación, diversas organizaciones defensoras de derechos humanos hemos documentado y denunciado la
forma en la que estas leyes y reglamentaciones buscan de manera reiterada limitar, inhibir y castigar el libre ejercicio
de derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, la protesta, la reunión y la asociación pacífica.
Asimismo, se han documentado actos de represión y agresiones contra quienes se organizan y ocupan el espacio
público para defender sus derechos; y muchos de los casos en los que se han cometido violaciones a derechos quedan en total impunidad.
La resistencia: informe sobre la protesta social y la respuesta estatal 2012-...
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Bajo el supuesto de la lucha contra la criminalidad organizada se han efectuados cambios en la ley penal y procesal penal que vulneran derechos fundamentales como la libertad personal, integridad personal y libertad de expresión.
Así lo destaca el informe elaborado por el Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y que fue presentado a la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones (CEACR) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El documento detalla que entre 1995 y 2018 se suscribieron 145 convenios de servicio policial extraordinario entre la Policía Nacional del Perú y empresas extractivas (minería e hidrocarburos) para proteger intereses corporativos.
En 2017 y hasta junio de 2018 se han declarado o prorrogado 20 estados de emergencia por supuestas causas de conflictividad social en el marco de una estrategia represiva para responder a la conflictividad social.
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