La Ley de Aguas pretende mantener privatizado el recurso vital del agua contra los deseos de los pueblos indígenas y organizaciones. Los pueblos indígenas se oponen a la privatización y acaparamiento del agua y exigen una redistribución justa y la participación comunitaria en las decisiones sobre el agua. También piden la eliminación de la privatización del agua y la creación de un consejo plurinacional e intercultural del agua como autoridad única. Existen desacuerdos sobre estos temas entre los grup

1. La Ley de Aguas pretende mantener privatizado el líquido vital
23/06/14 Por Amparo Sigcha. Ecuador
“Si no se defiende el agua, no tiene sentido la defensa de la vida”
Gerónimo Yantalema La redistribución, los sistemas comunitarios y la
desprivatización del agua fueron los principales “nudos críticos” o
desacuerdos legislativos que forzaron a las movilizaciones
masivamente del sector indígena y que detuvieron la aprobación de la
Ley de Aguas en el 2010, a pesar de la mayoría parlamentaria
oficialista de entonces. Luego de cuatro años se retoma el análisis de
la cadente propuesta que se tropieza con los antiguos disensos, de
modo que la fuerza de la movilización contra el poder legislativo,
aparentemente nuevamente se hará presente. En defensa de la tesis
del gobierno, Miguel Carvajal, asambleísta de Alianza País, en su
intervención en la sesión del jueves 5 de junio, dijo que desde el
2010 a mayo del 2013 la Comisión de Soberanía Alimentaria mantuvo
22 audiencias con un total de 1.500 organizaciones nacionales y 115
de segundo orden, como muestra de que el proceso ha sido
participativo y democrático.
El informe, dijo Carvajal, recoge los consensos y disensos, como es el
tema de la autoridad única, que necesariamente debe ser el Estado el
órgano rector, la realización de un inventario y el manejo de
recursos; el derecho al acceso del agua, y la imposibilidad de la
gratuidad en los sistemas comunitarios ya que el mantenimiento y
otros gastos deben ser autosustentables. Recalcó que se ha cumplido
con la Constitución, que prohíbe la privatización de este recurso, y
con la consulta prelegislativa dispuesta en el 2010.

2. Según el asambleísta se requiere 3 mil millones de dólares para el
plan de riego y un total de 6 mil millones para el programa de acceso
de agua segura y potable.
Previo a esta sesión legislativa, el 30 de mayo en la Universidad
Andina Simón Bolívar, en Quito, las organizaciones indígenas se
reunieron para analizar sus requerimientos en cuanto a la aprobación
de la Ley de Aguas anunciada por el régimen, concluyendo en 7
exigencias como parte de un Mandato de los pueblos indígenas.
Los mandatos hacen referencia al pedido de liberación de las
concesiones de agua que se han entregado para las actividades
extractivas, a la inequidad en la tenencia y administración del agua,
reflejadas en la privatización, acaparamiento, mal uso, negocio y
contaminación; por lo que se busca la desprivatización y una
redistribución justa. Se menciona también la necesidad de la
participación comunitaria en la toma de decisiones políticas, sociales,
económicas y culturales sobre el agua, por lo que proponen la
creación del Consejo Plurinacional e Intercultural del agua como
autoridad única y suprema.
Plantean que cese la persecución del Estado a los sistemas
comunitarios y la intromisión de los entes gubernamentales en
asuntos comunitarios; así como la dotación de recursos económicos
para la protección y preservación del agua, construcción y reparación
de canales de riego y sistemas de agua para consumo humano.
Exigen el ejercicio pleno de los derechos colectivos a “ser consultados
antes de la adopción de una medida legislativa que pueda afectar
cualquiera de sus derechos colectivos”, y se declaran en movilización
y sesión permanente por la aprobación inmediata de la Ley de Aguas,
en el marco de los derechos y garantías establecidas en la
Constitución, en los Convenios y Tratados Internacionales, así como
en acciones y reuniones previstas para este 13 de junio del 2014.
Gerónimo Yantalema, ex asambleísta Pachakitik, manifiesta que en el
informe del 2010 ya quedaron establecidas varias propuestas, como
la eliminación de toda forma de privatización del agua, y se establece
la terminación del contrato con Interagua. La conformación del
Consejo Plurinacional del Agua que sería parte de la autoridad única
del agua; también que el aprovechamiento del agua para el consumo
humano sea una prioridad, sin embargo el negocio del
embotellamiento continúa con el control. Está también la prohibición
de actividades extractivas en las fuentes de agua.
El segundo informe de la Comisión de Soberanía, dice que al no
conseguir el apoyo de Pedro de la Cruz de Alianza País, Gerónimo
Yantalema de PK, ni Ramiro Terán del MPD, Alia nza País pactó con

3. Madera de Guerrero, socialcristiano para aprobarlo y es lo que
actualmente se discute.
Ninguna solución han dado los oficialistas sobre la injusta y desigual
distribución del líquido vital, es así que el 64% del caudal del agua
está siendo usufructuada por el 1% de propietarios privados,
mientras que el 80% de unidades productivas o productores
campesinos eindígenas apenas acceden al 12% del agua; la relación
es similar en la tenencia de la tierra cultivable, dijo el dirigente
indígena.
Para Yantalema el retraso de la aprobación de la Ley del Agua es de 5
años, y 2 de la auditoría integral del agua, es un manejo político que
ha violentado la Constitución ecuatoriana en la Disposición Transitoria
Primera que establece que: “en el plazo máximo de 365 días se
aprobará la ley que regule los recursos hídricos, usos y
aprovechamiento del agua y todo lo que conlleva”. También han sido
vulnerados el Arts. 12: el derecho humano al agua es fundamental e
irrenunciable, y muchas comunidades no tienen agua; el Art. 318,
que instituye que “el agua es patrimonio nacional estratégico de uso
público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la
vida, y se prohíbe toda forma de privatización del agua”. En este
tiempo el beneficio sigue siendo para los empresarios y las
transnacionales embotelladoras como la Coca Cola que es la que
controla el 80% del agua, y para las mineras, negocios legalizados en
los últimos años y que prácticamente se habrían fortalecido, según
los datos del Foro de Recursos Hídricos”, cuenta Yantalema.
“Solo se ha recogido temas de forma pero de no de fondo, lo que es
una contradicción, la inversión para el sector agropecuario bajó a 300
millones de dólares y al inicio del gobierno se bordeaba los 500, pero
sí se consignan 2 mil millones para seguridad”, señala.
Para Yantalema, el sector indígena tiene dos planteamientos claros:
la aprobación inmediata de la Ley del Agua, y el segundo exigir a la
Asamblea que en el marco de la Constitución se establezcan estos
cinco ejes propuestos que principalmente exigen se termine con la
privatización y acaparamiento del agua, e iniciar un proceso de
redistribución que vaya en beneficio de los proyectos de agua de
riego en algunas provincias que están parados por más de 7 años por
falta de decisión política y de recursos económicos, como es el es el
caso de Pesillo-Imbabura que requiere 19 millones de dólares,
Osogoche 70, y Yasipan 80 que cuentan con todos los estudios pero
no con el dinero gubernamental. El apoyo solamente se da a la
agroindustria y minería como parte de su propuesta de cambio de la
matriz productiva.

4. Lourdes Tibán, asambleísta Pachakutik, lamenta que la sesión dada el
5 de junio se haya abierto con el mismo discurso de que la Consulta
NO es vinculante, y lo que es más, hoy la asamblea continuará con
los mismos cinco puntos de disenso, razón de la negativa para que se
apruebe dicha Ley en el 2010.
“El destino de estos cinco disensos está hoy en manos del pleno de
la Asamblea Nacional, y dependerá ya de las órdenes que tengan los
100 verdes desde el Ejecutivo”. Tibán aclara que los cinco puntos que
fueron a la Consulta Prelegislativa el presidente no podrá vetarlos
porque los acuerdos serían producto de una consulta que está sobre
la potestad del Presidente de la República.
Carlos Pérez, presidente de la Ecuarunari, anunció acciones para este
viernes 13 de junio, como resultado de asambleas y otras reuniones
que se han dado en todo el país; “los pueblos defenderán la Pacha
Mama, el agua y la vida”, declara. Cree necesario que los resultados
de la consulta prelegislativa deben ser vinculantes, si no no tiene
sentido, opinión que coincide con la de Gerónimo Yantalema y
Lourdes Tibán.
En la comisión de Soberanía Alimentaria las reuniones aún se
mantienen con los representantes de organizaciones indígenas.
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