1. Ecuador: Manifiesto de las comunidades negras,
nacionalidades y pueblos indígenas de la zona norte de
Esmeraldas por el desastre del medio ambiente,
envenenamiento de los ríos y ataques a la vida
A través de un manifiesto, las comunidades afroesmeraldeñas, Chachi
y de otras nacionalidades, denunciaron y pidieron acciones concretas
a las autoridades competentes para abordar el actual
envenenamiento de los ríos por la minería del oro y otros desastres
ambientales en el norte de Esmeraldas.
29 de Enero de 2013
Comunidades de Esmeraldas exigen a autoridades terminar
con el envenenamiento de sus ríos
En la mañana del 25 de Enero 2013, en el coliseo de la parroquia de
Borbón, cerca de 300 personas de las comunidades del Bajo Borbón y
los ríos Cayapas, Santiago, Bogotá, junto a representantes de la
Federación de Centros Chachi (FECCHE), comunas río Santiago-
Cayapas, Baranjilla y Chillabi del Agua, organización de maestros,
promotores comunitarios de salud, red de catequistas y Vicariato
Apostólico de Esmeraldas participaron de una asamblea convocada
por el Comité Veedor por la Defensa del Agua y Medioambiente para
abordar la problemática del envenenamiento de los ríos de Eloy Alfaro
y San Lorenzo por la minería del oro, industria maderera y palma
africana en la zona. Algunas autoridades provinciales también
estuvieron presentes en la instancia.
Los comuneros identifican que, pese a la presencia de la Empresa
Nacional de Minería (ENAMI EP) en la zona, continúa la contaminación
de los ríos. Por esta razón, se realizó un cuestionamiento al trabajo
de la empresa estatal y las promesas de las autoridades sobre el cese
de la contaminación de los ríos.
Entre las demandas más importantes de la organización se
encuentran una mayor regulación de la minería legal e ilegal, defensa

2. de los territorios ancestrales y de las reservas ecológicas, agua
potable para las comunidades, mayor atención médica y la realización
de estudios epidemiológicos y toxicológicos para diagnosticar la
bioacumulación de metales pesados en las comunidades afectadas
desde hace más de tres años. Para ello, dieron el plazo de un mes
para que las autoridades realicen acciones concretas y dialogar, en
caso contrario, manifestaron evaluar las medidas necesarias.
Manifiesto de las comunidades negras, nacionalidades y pueblos
indígenas de la zona norte de Esmeraldas por el desastre del medio
ambiente, envenenamiento de los ríos y ataques a la vida
El continuo envenenamiento de los ríos de la zona norte y de
nuestras familias desde hace años a la fecha, nos ha obligado a
organizarnos y autoconvocarnos en asamblea con el objetivo de
defender nuestro derecho al agua, la vida y territorio ancestral. A
partir de esta situación, como pueblos y nacionalidades ecuatorianos,
declaramos que:
1. La expansión del cultivo de la palma aceitera en Esmeraldas
alcanza casi las 370 mil hectáreas, entre tierra sembrada, en edad
productiva y cosechada hacia el año 2010 según estadísticas
agropecuarios del ecuador y ANCUPA, y la tala indiscriminada de los
bosques ancestrales de la cual somos testigos día a día, han
provocado un daño irreparable al medio ambiente que pone en
peligro la vida de la naturaleza y de los moradores de la zona. La
débil presencia del Estado se traduce en que no existan medidas
concretas de regulación efectiva de estas grandes empresas
perjudicando al medio ambiente, invadiendo los territorios comunales
y las reservas ecológicas.
2. Pese a la intervención del Estado y los esfuerzos del gobierno del
presidente Rafael Correa a través de operativos militares y decomiso
de maquinaria ilegal, obras públicas realizadas por Plan Ecuador y la
Misión Luis Vargas Torres, y la entrada de Empresa Nacional de
Minería ENAMI EP en el territorio con el objetivo de legalizar esta
actividad extractiva, vemos y vivimos día a día la continuidad e
intensificación de la contaminación de nuestros ríos. Esto es
reafirmado por los estudios de calidad de aguas de los ríos de la zona
norte de Esmeraldas, realizados por la Pontificia Universidad Católica
del Ecuador, Sede Esmeraldas, y la Universidad Central del Ecuador.
3. La entrada e instalación de la ENAMI EP no ha significado un
cambio significativo en el desarrollo de la extracción minera debido a
que tiene una presencia marginal en el territorio, a nivel de los
trabajadores hemos visto que la legalización de las asociaciones de
mineros se realiza sin tomar en cuenta sus antecedentes en la zona y
no se realizan capacitaciones que busquen desarrollar una minería
artesanal y sustentable. Por otro lado, pese a la tecnología de
maquinaria gravimétrica para la extracción del oro, vemos que la

3. ENAMI EP no trata las aguas utilizadas en el proceso de lavado, las
que posteriormente terminan en los ríos una vez que son tapadas ya
que esta tecnología no contempla las condiciones climáticas y
geográficas de la zona. La ruptura de estas piscinas ha contaminado
más el estero maría y otros ríos. Como comunidades nos
preguntamos: ¿Es ahora la ENAMI EP la responsable de la
contaminación de los ríos?
4. Como consecuencia de la actividad minera han crecido los
problemas de salud de la zona norte: aumento del paludismo, el
envenenamiento de los ríos nos trajo enfermedades a la piel y la
instalación de campamentos mineros nos trajo enfermedades
venéreas y SIDA. La exposición continua a esta contaminación y alto
niveles de metales pesados por años, nos aseguran una catástrofe
humanitaria sin precedentes en el norte de nuestra provincia y en
nuestro país.
5. Las autoridades técnicas y políticas competentes no han cumplido
la promesa de desarrollar una minería artesanal y sustentable, con
todos los beneficios que esta actividad traería a la localidad. Es más,
constatamos que ha empeorado nuestra situación y el
envenenamiento de los ríos desde la entrada de la ENAMI EP al
territorio.
6. No se han garantizado los derechos de participación y veeduría
local en torno a la ENAMI EP, según lo establece la ley de minería en
sus artículos 58, 59, 60 y 62. Esto ha creado desinformación y
división entre las comunidades beneficiadas, que representan a la
minería de la población, frente a las comunidades afectadas que
representan a la gran mayoría de la zona norte.
Ante estos hechos, la Constitución de nuestro país nos dice
que:
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: Garantizar sin
discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en
la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la
educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua
para sus habitantes”.
Art. 12.- El derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable.
El agua constituye patrimonio nacional estratégico de uso público,
inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida.
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya
realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el
derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, el
trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que
sustentan el buen vivir.

4. Art. 318.- El agua es patrimonio nacional estratégico de uso público,
dominio inalienable e imprescriptible del Estado, y constituye un
elemento vital para la naturaleza y para la existencia de los seres
humanos. Se prohíbe toda forma de privatización del agua. La gestión
del agua será exclusivamente pública o comunitaria.
Además de los artículos 13, 66, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 264, 275,276,
317, 411 y 41 de la constitución, los cuales protegen los derechos de
la población, su identidad cultural y social, y derechos de la
naturaleza.
Bajo este amparo constitucional, las comunidades afectadas por la
contaminación de los ríos de la zona norte de Esmeraldas producto de
la minería del oro, manifestamos que:
1. No a la minería porque el envenenamiento de las aguas sigue y
crece cada día más. No existen tecnologías que nos garanticen
mantener limpias las aguas de nuestros ríos con explotación minera.
2. No al desastre ecológico del patrimonio ancestral y ambiental de la
zona norte de Esmeraldas. Pedimos que: a) se realicen controles
ambientales de partes del Ministerio del Ambiente en la zona, b) se
frene la expansión del monocultivo de la palma aceitera en tierras
comunales. Que se proteja el bosque primario y que no se destruyan
los bosques dentro de las reservas naturales.
3. Como pueblos indígenas y afroecuatoriano, reafirmamos nuestro
derecho a los territorios ancestrales y pedimos que el Estado nos
proteja, así como está en la Constitución del Ecuador:
Art. 60.- Los pueblos ancestrales, indígenas, afroecuatorianos y
montubios podrán constituir circunscripciones territoriales para la
preservación de su cultura. La ley regulará su conformación. Se
reconoce a las comunas que tienen propiedad colectiva de la tierra,
como una forma ancestral de organización territorial.
A partir de lo anterior, exigimos:
1. Remediación y reparación ambiental de todas las cuencas de los
ríos envenenados y de los manglares afectados ya que, posiblemente,
la contaminación minera producida en el alto de los ríos llegue a los
manglares extendiendo la contaminación de metales pesados en uno
de los lugares de extracción más importantes de todo el Ecuador.
2. Acceso permanente al agua potable y alcantarillado
3. Mejoramiento de la atención de parte del MINSAL hacia los
habitantes del la zona norte: que en los subcentros haya atención
todo el mes, que estén abastecidos de medicinas, que en los
hospitales de la zona haya especialistas para atender los casos
graves.

5. 4. Ante el ingreso y aumento de las enfermedades descritas,
exigimos que, definitivamente después de dos años, se realice lo que
el juez de San Lorenzo dispuso en la “Causa No. 58-2.011” del
24.03.2011:
Tercero.- Se dispone que el señor Ministro de Salud Pública a través
de la Dirección Provincial de Salud ordene el envío inmediato de
brigadas médicas hasta las zonas afectadas por la contaminación
minera generada en los Cantones San Lorenzo y Eloy Alfaro de la
provincia de Esmeraldas, con la finalidad de que se haga un
diagnóstico rápido del estado de salud de los miembros de las
comunidades mencionadas en este proceso constitucional y se
disponga la intervención de salud adecuada al mencionado
diagnóstico. El mismo que deberá presentar en el plazo de 90 días.
Junto con ello, exigimos estudios epidemiológicos para diagnosticar
enfermedades transmitidas por vectores atraídos por la actividad
minera, y estudios toxicológicos para diagnosticar enfermedades
asociadas a la exposición de las comunidades a metales pesados.
5. Pedimos que se promueva la actividad agrícola de la zona, a través
de una mayor facilidad para el crédito, caminos y puentes estables
para el transporte de productos, comercio justo y manufactura local
de las materias primas locales.
6. Inversión de recursos en la educación de la zona rural ya que
todavía hacen falta infraestructuras en muchas comunidades y la
recalificación de los profesores.
7. Disminución del aislamiento de las comunidades y acceso a la
comunicación telefónica y digital.
Los habitantes de la zona norte estamos cansados de tantas
promesas incumplidas. Estamos cansados de esperar, por eso
pedimos que las Autoridades tomen medidas concretas a favor de la
zona norte. Vigilaremos que ello se cumpla y damos un plazo de un
mes a partir del día de hoy, 25 de enero de 2013. En caso de no
concretar estas medidas, evaluaremos medidas necesarias.
PLATAFORMA POR LA DEFENSA DEL AGUA Y EL MEDIO AMBIENTE
Fuente: OLCA