La construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte en la Amazonía brasileña ha estado plagada de problemas laborales, incluyendo trabajadores retenidos en contra de su voluntad y la muerte de obreros. Los trabajadores denuncian condiciones precarias y la violación de sus derechos laborales por parte del consorcio constructor y la presencia de la Fuerza Nacional para reprimir protestas. Además, otras obras financiadas por el BNDES en la región también han estado involucradas en muertes de trabajadores y acusaciones de incu

1. Belo Monte: Trabajadores rehenes en obras millonarias en la
Amazonia
Agência Pública. Adital
La construcción de la central hidroeléctrica de Belo Monte se
construye en Altamira, Pará - Photo Gobierno Federal Divulgación (octubre de 2011)
Por Bruno Fonseca y Jessica Mota
Muertes en Maranhão, trabajadores forzados por soldados de la
Fuerza Nacional a permanecer en obradores de Belo Monte. Acusados
de violar derechos laborales, megaemprendimientos reciben
financiamiento del BNDES
"Nosotros fuimos a alojarnos en el medio de la Amazonia, sin
parientes, sin transporte. Sin nada. El transporte que teníamos era de
la empresa. Pero cuando había una huelga, ellos cerraban
inmediatamente el transporte. Nadie entraba, nadie salía en la
portería. Si alguien salía, se le retenía el carnet, como ocurrió con
nosotros, y era expulsado”, dice Adailson Silva, ex-empleado en la
puerta de entrada de la obra de Belo Monte.
La hidroeléctrica de Belo Monte, en construcción, está ubicada a unos
70 km de la ciudad de Altamira, en el municipio Victoria do Xingú, en
el estado de Pará. El obrador de la obra pública más cara y
controversial de Brasil está constituido por cuatro sitios: Belo Monte,
Canales y Diques, Pimental y Bela Vista. Allí, se forman casi ciudades
paralelas, con transporte y alimentación suministrados por el
Consorcio Constructor Belo Monte (CCBM) y comercios dentro de los
obradores.

2. En la construcción de Belo Monte, hay 20 mil trabajadores (datos de
septiembre de 2013, del Consorcio Norte Energía), oriundos de
lugares cercanos como Belém, y de otros muy lejanos, como Río de
Janeiro, San Pablo, y hasta de Haití. En turnos, los equipos
trabajan24 horas por día para acelerar la conclusión de la obra, con
descanso sólo los domingos. Son personas que viven dentro de la
obra, en los alojamientos, y que pasan meses lejos de sus familias
hasta que reciben el permiso de visitarlas (según Adailson Silva,
trabajadores entrevistado para este reportaje, la empresa sólo
cumple el acuerdo de tres meses mínimos para la visita si los
trabajadores lo exigen con el contrato en la mano).
Las frecuentes protestas –de activistas, de comunidades indígenas,
de ribereños– y las huelgas de los mismos trabajadores crean una
rutina emocionalmente extenuante, que se suma al estrés físico del
trabajo.
Por ello, el 6 de abril de ese año, después de sucesivos
conflictos y cuando otra manifestación eclosionó en el sitio de
Pimental, Adailson Silva, de 32 años, quiso huir. Él había dejado su
ciudad, Belém, su familia y su ocupación de peluquero con la
promesa "de un trabajo bueno y de tener derechos”. Nunca había
trabajado en obras del porte de Belo Monte. Se registró en Belém
mismo, donde la empresa realizaba el reclutamiento.
La comunicación precaria, en esas situaciones de conflicto, como
relata Adailson, era otro agravante. "Cuando hay alguna cuestión ahí
dentro, algo complicado, como una huelga de indios, de empleados,
cortan la señal [del celular] de todo el mundo”, denuncia. "Ellos [el
consorcio] hacen eso pa’ que la gente no se manifieste. No tiene
explicación. Ahí, vea: [la empresa] no se manifiesta pa’ dar un
refugio, pa’ defender a alguien, dar una sugerencia, una opinión,
nada. No aparece pa’ nada. Usted está por causa de los
manifestantes, por causa de los indios, usted queda a su mercé’. Ellos
prohíben que la gente salga de allí porque el transporte del que
dependemos es de la empresa”, denuncia. De acuerdo con el
Consorcio Constructor Belo Monte (CCBM), la situación se produce
por el hecho de que la obra está instalada en un "área remota de la
Amazonia”. "Podemos asegurar que la interrupción de los servicios,
en el 100% de las casos, está motivada única y exclusivamente por
aspectos técnicos”, dice la empresa.

3. El 6 de abril, a la una de
la mañana, cerca de
cumplir seis meses de
trabajo en Belo Monte,
Adailson fue coaccionado
para ser parte de una
caminata organizada por
huelguistas del sitio
donde estaban,
Pimental, hasta el
próximo obrador,
Obras en
Canales y Diques. El
Sitio Pimental hidroeléctrica Belo Monte que
objetivo era convocar a se construye en Altamira, Pará los trabajadores del otro Foto Gobierno Federal sitio a participar en la
Divulgación (diciembre de 2011)
huelga. "Ellos
[huelguistas] llegaron allá diciendo que quien no fuese, iban a
prender fuego a los alojamientos. Que quien no fuese, cuando ellos
volvieran, ellos decían así, bien claro: ‘ustedes van a ser golpeados’.
¿Cómo que no va a ir?”, cuenta con las maneras y el acento peculiar
marcado del norteño paraense.
"Yo y algunos compañeros tomamos algunos bolsos de ropa y
caminamos junto con ellos. ¿Por qué? Pa’ poder pasar donde estaba
cerrado y tomar un ómnibus allá en el frente e ir pa’ la ciudad donde
ya había gente de la primera huelga. No sabíamos nada, lo que iba a
ocurrir, ¿sabe? Nosotros procuramos encontrar un refugio”.
Después de cinco horas de caminata en dirección al sitio de Canales y
Diques, con hambre y sed, Adailson y sus compañeros sólo querían
volver al obrador. Fue cuando la Fuerza Nacional de Seguridad
Pública del Gobierno Federal, presente desde marzo en Belo Monte y
alojada en la obra, paró a los trabajadores que estaban dentro de un
ómnibus de la empresa que venía de Altamira en dirección al obrador
de Pimental.
Fuerza Nacional actúa como seguridad del consorcio de Belo
Monte

4. Funciona en Derivación Canal de la central hidroeléctrica
de Belo Monte se construye en Altamira, Pará - Foto Gobierno
Federal - Divulgación (diciembre de 2011)
En el medio del camino, la Fuerza Nacional bloqueó el paso del
ómnibus y obligó a los trabajadores a descender. "Ahí sacaron
fotografías nuestras. Fotografiaron a todo el mundo. Y nos sacaron el
carnet. Desde el momento en que ponen el carnet en el bolso, listo,
nosotros estamos en la calle, ¿entiende? No querían dejarnos ir a
buscar ni siquiera nuestras pertenencias en la obra. Y había personas
que estaban viniendo del médico, en el mismo ómnibus, porque el
único transporte que hay es el transporte de la empresa”, dijo.
Según el CCBM "contrataciones y desligamientos ocurren
diariamente, en virtud del gran volumen de empleados. Pero no
hubo, en ninguna situación, el desligamiento motivado simplemente
por la salida de empleados de ninguno de los obradores del CCBM”.
"Hubo personas que corrieron, que consiguieron huir, precisando del
empleo, claro, pero fueron pocas personas. Yo no tenía como correr,
ellos [la Fuerza Nacional] estaban armados. Inclusive dispararon
atrás de los que corrieron para no entregar el carnet”, explicó
Adailson.
La Fuerza Nacional, creada en 2004, está subordinada al Ministerio de
Justicia, que en marzo de este año autorizó su presencia en el
obrador para prevenir la invasión de manifestantes. Como

5. afirma el propio consorcio, en respuesta a la Pública, por e-mail. "Lo
que motivó la decisión ministerial fue la secuencia de acciones
violentas promovidas por: 1) Instituciones sindicales ajenas a los
empleados del CCBM; 2) ONGs; 3) Indígenas. Desde 2011, diferentes
grupos promovieron decenas de actos de vandalismo contra bienes
móviles e inmuebles bajo responsabilidad del CCBM. No es raro que
esas acciones pongan en riesgo la seguridad de nuestros empleados –
que es prioridad número uno para el Consorcio Constructor Belo
Monte”.
En julio de este año, la autorización fue prorrogada hasta enero
de 2014. En febrero, según el movimiento Xingú Vivo para
Siempre el Consorcio Constructor Belo Monte había infiltrado un exempleado en el movimiento, que primero había sido readmitido con la
propuesta de detectar a líderes obreros que podrían organizar
huelgas dentro de los obradores.
Hasta el cierre de este reportaje (8 de noviembre), el Ministerio de
Justicia no se pronunció sobre el hecho de que la Fuerza Nacional sea
usada para reprimir manifestaciones de trabajadores en la
construcción de la hidroeléctrica de Belo Monte.
En razón del despido sin justa causa, de daños morales causados por
el uso de la Fuerza Nacional y otros incumplimientos legales –como
desvío de función y horas extras– Adailson y otros siete
trabajadores accionaron en la Justicia del Trabajo de Pará
contra el Consorcio Constructor Belo Monte. De los ocho reclamos
laborales, seis ya fueron juzgados en primera instancia y tres
ganaron la causa de daños morales. Todos fueron exitosos en
relación con los pedidos de horas extras.
"Cuando hubo personas que reivindicaron, que reclamaron alguna
cosa en contra de eso, contra la Fuerza Nacional, contra la seguridad,
de la gente, que nosotros no estábamos recibiendo nada, que
estábamos lejos de los parientes, lejos de casa, lejos de todo, que
estábamos a su mercé’… En ese momento la empresa te da la
espalda. Estoy diciendo la verdad”, dice Adailson todavía con
indignación en la voz. "Pero si hoy salen 300, mañana llegan 400.
Para ellos eso es normal”.
Justicia condena préstamo del BNDES para Belo Monte
La megaoperación de Belo Monte es la principal pieza en una
estrategia millonaria de inversiones del BNDES en la Amazonia. Son
más de R$ 25.000 millones acordados sólo para la hidroeléctrica a
través de contratos firmados entre los años 2011 y 2012. Belo Monte,
inclusive, sólo es realidad gracias al dinero del BNDES –el banco

6. financia el 87% del total previsto para la usina, según datos del
Ministerio de Planeamiento.
Todo ese dinero llegó a ser congelado recientemente por la Justicia
que, el 25 de octubre de este año, ordenó que el BNDES no
enviara más ningún centavo a Belo Monte. El motivo: la obra no
cumplió las condiciones de la Licencia Previa, emitida por el Ibama.
La decisión fue del juez de apelación Antonio Souza Prudente, del
Tribunal Regional Federal de la 1ª Región (TRF1), en Brasilia, a partir
de una presentación del Ministerio Público Federal (MPF), de
2011.Mientras tanto, cinco días después, la Abogacía General de la
Unión (AGU) hizo caer la medida cautelar, las obras fueron
reiniciadas y el envío de fondos fue nuevamente autorizado.
Bajo la justificación de secreto bancario, el BNDES se rehusó a
divulgar la cantidad ya enviada a Belo Monte, postura que se repite
para cualquier obra ejecutada por agentes privados.
La lista de financiamientos del BNDES en obras de infraestructura en
la Amazonia sigue con otros varios emprendimientos millonarios
acusados de infringir la legislación laboral; algunos inclusive
involucran muertes de obreros. Uno de los ejemplos emblemáticos es
la construcción de una unidad productora de celulosa en la zona rural
del municipio de Imperatriz, en Maranhão, obra que va a consumir
sola más de R$ 3.200 millones sólo de contratos con el BNDES. Por lo
menos tres personas murieron en la construcción de la unidad,
propiedad de la Suzano, la segunda mayor productora de celulosa de
eucalipto del mundo y líder en papeles blancos en América del Sur.
En Maranhão, obreros mueren y MPT procesa a obra de miles
de millones
El 13 de julio de este año, el obrero Jeferson Hugo Souza, de 23
años, fue herido durante el retiro de un equipamiento metálico de
un container en la construcción de la unidad productora de celulosa
de la Suzano. Llevado al hospital, murió por shock hipobolémico
(hemorragia) y lesión cardíaca. En aquella época, la Suzano divulgó
una nota de pésame en la que afirmaba que la empresa Imetame
Metalmecánica, responsable de la contratación de Jeferson, tomaría
todas las medidas para dar asistencia a la familia del obrero y que
ambas empresas se solidarizaban con los familiares, los compañeros
de trabajo y la comunidad de Imperatriz.
La muerte de Jeferson no fue la única en el obrador de la Suzano. En
septiembre de 2012, durante el montaje de una caldera de más de
100 metros de altura, varios trabajadores fueron apretados por una
pieza metálica cargada por una grúa. Murieron Gilmar Pereira
Norberto, de 26 años, y Jornande Pereira, de 31, empleados

7. de Irmãos Passaúra, contratada por la Metso, empresa finlandesa y
una de las prestadoras de servicio en la construcción de la usina.
Otros tres trabajadores también quedaron heridos después de la
caída de otra pieza. Nuevamente, las empresas involucradas
divulgaron una nota afirmando que tomarían las medidas necesarias.
Las sucesivas muertes de trabajadores fueron uno de los motivos que
llevaron al Ministerio Público del Trabajo de Imperatriz a ingresar una
Acción Civil Pública, en agosto de este año, contra la Suzano, la
Imetame y la Metso. La Suzano y la Metso fueron condenadas a una
multa de R$ 50 millones por daño moral colectivo. Imetame, que se
había rehusado a firmar un Término de Ajuste de Conducta con el
MPT, fue obligada a resolver diversas fallas de seguridad y corregir
infracciones a la legislación laboral bajo una multa de R$ 50 mil por
día por ítem incumplido. En una nota, la Suzano afirmó que "está a
disposición de las autoridades para ofrecer las aclaraciones
necesarias” y cree "que todas las exigencias legales serán
debidamente cumplidas por sus contratadas.” La empresa también
afirmó que las "prestadoras de servicio fueron elegidas al final de un
riguroso proceso de selección y los contratos prevén la ejecución de
las obras en estrecha observancia de la legislación vigente.”
De hecho, los problemas en la usina de la Suzano ya eran conocidos
desde hace casi dos años. En febrero de 2012, el MPT ya había
constatado irregularidades que iban desde la ausencia de señalización
y aislamiento en áreas de movimiento de cargas hasta la falta de
utilización de equipos de protección individual. Había además
problemas de jornadas de trabajo prorrogadas más allá del límite
legal o falta de respeto de asuetos y feriados. En noviembre de 2012,
una segunda fiscalización del MPT encontró más fallas, como la
utilización de cables de acero que produjeron quebradura de piernas,
precariedad en el entrenamiento contra accidentes y, nuevamente,
ausencia de señalización en áreas de riesgo. En total, sumando una
tercera fiscalización realizada en julio de 2013, se registraron 57
irregularidades en el obrador de la Suzano, buena parte relacionada
con la seguridad laboral. El emprendimiento llegó a tener 13 mil
trabajadores y está previsto que se inaugure en 2014.
El problemático tablero de inversiones del BNDES en la
Amazonia

8. Los
problemas
laborales no
son
exclusividad
de Belo Monte
y de la usina
de la Suzano
en Imperatriz.
Al contrario:
si
Unidad
seleccionamo de celulosa Suzano productor en ImperatrizMaranhão s sólo los 20 Photo Divulgación Suzano
mayores
financiamientos del BNDES en infraestructura en la Amazonia desde
2008, es posible encontrar acciones judiciales de los MPT en por lo
menos 12 de esos 20 emprendimientos, según relevamientos
preliminares de los MPT estaduales.
La hidroeléctrica de Ferreira Gomes (R$ 470 millones del BNDES), en
Amapá, por ejemplo, precisó firmar un Término de Ajuste de
Conducta para regularizar el pago de horas extras, adicionales por
insalubridad y peligrosidad, regularizar el transporte para los
trabajadores de otros municipios y hasta dejar de lado prácticas de
asedio moral. La empresa responsable de la construcción de la
hidroeléctrica fue incluso blanco de una Acción Civil Pública con
pedido de indemnización por daños morales colectivos después de
accidentes.
Sólo las hidroeléctricas de Jirau (R$ 9.540 millones del BNDES) y
Santo Antônio (R$ 6.130 millones del BNDES), en Rondonia,
acumulan, juntas, 22 procesos juzgados por la Procuraduría del
Trabajo de la 14ª Región contra gigantes como Odebrecht y
Camargo Correa, entre otras. Desde 2008, cuando las obras
comenzaron, hasta octubre de 2012, 13 hombres murieron en la
construcción de Jirau y Santo Antônio.
La Odebrecht también fue blanco de dos Acciones Civiles Públicas
durante la construcción de la usina de Dardanelos (R$ 480 milones
del BNDES) y una acción relacionada con la hidroeléctrica de Teles
Pires (R$ 2.860 millones del BNDES), ambas en Mato Grosso. En la
hidroeléctrica de Estrecho (R$ 2.690 millones del BNDES), entre
Tocantins y Maranhão, el MPT procesó tres procedimientos.
Y no son sólo las obras de las hidroeléctricas las que provocan
acciones de MPT entre los emprendimientos financiados por el

9. BNDES. La construcción del gasoducto Coari-Manaus, de la
Transportadora Asociada de Gas (TAG) (R$ 691 millones del BNDES),
tiene un procedimiento abierto en el MPT/AN para investigar posibles
irregularidades de pagos, duración de la jornada de trabajo y
descanso semanal, entre otras cuestiones. Las Centrales Eléctricas de
Pará – Celpa (R$ 449 millones del BNDES para el plan de inversiones
2009-2011) fueron blanco de tres Acciones Civiles Públicas del MPT
de la 8ª región, que representa a Pará y Amapá. América Latina
Logística (R$ 691 millones del BNDES para expansión y
modernización de la red ferroviaria) fue blanco de una acción civil
pública del MPT/MT. El puente sobre el Río Negro, en el Amazonas,
comenzó a ser investigado en 2011 para averiguar condiciones
sanitarias y de comodidades en el lugar de trabajo. El proceso fue
archivado.
La lista de problemas laborales puede ser todavía mayor, ya que
algunos MPT no ponen sus acciones a disposición de sistemas de
indexación, como por ejemplo el MPT del Maranhão. Hasta el cierre
de este artículo, la asesoría del MPT no había conseguido filtrar las
informaciones de diversos emprendimientos financiados por el BNDES
en el Estado, como las inversiones en la Compañía Energética del
Maranhão (Cemar) o las obras de la Eneva (antigua MPX, de Eike
Batista) en las termoeléctricas de Parnaíba y Puerto de Itaqui.
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tienen acciones de MPs
Traducción: Daniel Barrantes - barrantes.daniel@gmail.com