2. LEY ESPECIAL CONTRA LOS DELITOS
INFORMÁTICOS
Objeto de la ley, se encuentra explanado en el
art. 1: “ La presente ley tiene por objeto la
protección integral de los sistemas que utilicen
tecnologías de información, así como la
prevención y sanción de los delitos cometidos
contra tales sistemas o cualquiera de sus
componentes o los cometidos mediante el uso
de dichas tecnologías, en los términos
previstos en esta ley”.
3. El delito informático implica actividades criminales que en un primer momento los países han tratado de
encuadrar en figurar típicas de carácter tradicional, tales como robos o hurto, fraudes, falsificaciones,
perjuicios, estafa, sabotaje, etcétera. Sin embargo, debe destacarse que el uso de las técnicas informáticas
ha creado nuevas posibilidades del uso indebido de las computadoras lo que ha propiciado a su vez la
necesidad de regulación por parte del derecho.
A nivel internacional se considera que no existe una definición propia del delito informático, sin embargo
muchos han sido los esfuerzos de expertos que se han ocupado del tema, y aún cuando no existe una
definición con carácter universal, se han formulado conceptos funcionales atendiendo a realidades
nacionales concretas.
4. DELITOS CONTRA LOS SISTEMAS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.
a) El acceso indebido a un sistema, penado con prisión de uno a cinco años y multa de 10 a 50
unidades tributarias (UT);
b) El sabotaje o daño a sistemas, incluyendo cualquier acto que altere su funcionamiento,
penado con prisión de cuatro a ocho años y multa de 400 a 800 UT, que aumentará a prisión
de cinco a diez años y multa de 500 a 1.000 UT si para su comisión se utiliza un virus o medio
análogo. Si se trata de sabotaje o daño culposo, la pena se reduce entre la mitad y dos tercios.
Si se trata de sabotaje o acceso indebido a sistemas protegidos, la pena aumenta entre la
tercera parte y la mitad;
c) La posesión de equipos o prestación de servicios para actividades de sabotaje, penado con
prisión de tres a seis años y multa de 300 a 600 UT;
d) El espionaje informático, que incluye la obtención, difusión y revelación de información,
hechos o conceptos contenidos en un sistema, penado con prisión de tres a seis años y multa
de 300 a 600 UT. Si el delito se comete para procurar un beneficio para sí o para otro, la pena
aumenta entre un tercio y la mitad. El aumento será de la mitad a dos tercios si se pone en
peligro la seguridad del Estado, la confiabilidad de la operación de las personas afectadas o si
como resultado de la revelación alguna persona sufre un daño; y
e) La falsificación de documentos mediante el uso de tecnologías de información o la creación,
modificación o alteración de datos en un documento, penado con prisión de tres a seis años y
multa de 300 a 600 UT. Si el delito se comete para procurar un beneficio para sí o para otro, la
pena aumenta entre un tercio y la mitad. Si el hecho resulta en un perjuicio para otro, el
aumento será de la mitad a dos tercios
5. LEY SOBRE ARMAS Y EXPLOSIVOS.
Son armas de guerra todas las que se usen o puedan usarse en el Ejército, la Guardia
Nacional y demás Cuerpos de Seguridad, para la defensa de la Nación y resguardo
del orden público, tales como: cañones, obuses, morteros, ametralladoras, fúsiles-
ametralladoras, fusiles, carabinas y mosquetones; pistolas y revólveres de largo
alcance; y, en general, todas aquellas armas que pudieren ser útiles en la guerra, de
todas clases y calibres, de un tiro, de repetición, automáticas y semiautomáticas y
sus respectivas municiones y aparejos para ponerlas en actividad; sables, espadas,
espadines, lanzas y bayonetas; aparatos lanzallamas; bombas, granadas de mano;
gases y sustancias agresivas, así como las armas y dispositivos que puedan arrojarlos
o los envases que puedan contenerlos. Quedan comprendidas entre las armas de
guerra a que se refiere este artículo, todas las que sean de la misma especie de las
que son actual propiedad de la Nación y de las que figuran en armamentos de guerra
de otras Naciones, aún cuando no existan en el Parque Nacional.
Sanciones. El porte, la detentación o
el ocultamiento de las armas se
castigarán con pena de prisión de 3 a
5 años; de conformidad con lo
establecido en el art. 277 del Código
Penal Venezolano.
