1. Los 9 desafíos en la lucha contra la corrupción en Colombia1
En el Índice de Percepción de Corrupción de
Transparencia Internacional del 20082, Colombia presentó
una calificación de 3,8 (en una escala de 1 a 10, donde Página | 1
10 es ausencia de corrupción y 0 mucha corrupción) muy
por debajo de países de la región como Chile, Uruguay,
Costa Rica, Cuba y El Salvador. Esta calificación se ha
mantenido en niveles similares durante los últimos cinco
años, reflejando un claro estancamiento.
Consecuente con el anterior, en el estudio de opinión
realizado por la Misión de Observación Electoral (MOE) a
las élites estratégicas del país sobre los temas de agenda
pública en el segundo semestre del 2009, la corrupción se
ubicó en primer lugar entre nueve temas propuestos, con
el 25%3.
Se entiende por corrupción la actuación de personas
naturales o jurídicas, tanto del sector público como
privado, que en busca de beneficios personales o de
terceros realizan u omiten acciones que van en contravía
o afectan el patrimonio y bienestar público. Lo anterior
puede darse mediante promesas, tráfico de influencias,
ofrecimientos, concesiones, solicitudes y aceptaciones
ilícitas por parte de funcionarios públicos para el beneficio
propio o de terceros.
Los efectos que la corrupción produce sobre la sociedad y
la institucionalidad son nefastos para la efectividad y
legitimidad de las instituciones. Las prácticas corruptas
impiden lograr los objetivos deseados por el Estado y la
sociedad; reducen y ponen en manos de unos pocos los
recursos disponibles para fines colectivos; distorsionan el
proceso de decisiones a favor de intereses particulares;
contaminan el ambiente en el cual opera el sector
privado; aumentan los costos de administración de bienes
y servicios públicos y privados; debilitan el respeto por la
autoridad y deterioran la legitimidad de las instituciones y
la confianza ciudadana, entre otros efectos nefastos.
Si bien se ha avanzado en la visibilización del fenómeno
de la corrupción, especialmente por las denuncias
realizadas por los medios de comunicación y el apoyo
1
Documento de Transparencia por Colombia y enriquecido con los aportes de la Misión de
Observación Electoral y Foro Nacional por Colombia.
2
Ver Índice de Trasparencia del 2008 en www.transparenciacolombia.org.co.
3
Ver Estudio de Opinión completo en www.moe.org.co.

2. que brindan las nuevas tecnologías, este fenómeno se ha complejizado,
dinamizado y extendido. Todo ello plantea DESAFIOS importantes, algunos
recurrentes, otros sobrevinientes de acuerdo con las características que ha
adquirido recientemente el problema.
Para las entidades convocantes a este Foro, éstos son los desafíos en Página | 2
materia de corrupción a los que se enfrenta el país:
1. Vencer el círculo perverso entre violencia, narcotráfico y
delincuencia organizada como escenarios para corrupción. La relación
entre el narcotráfico, los grupos armados ilegales y funcionarios públicos han
conducido al debilitamiento de la gobernabilidad. En consecuencia, han
generado un escenario propicio para el auge de la corrupción, donde estas
mismas relaciones son el obstáculo principal para combatirla desde las
instituciones públicas.
Los fenómenos de violencia, narcotráfico y grupos armados ilegales, con la
intensidad que los vive Colombia, han presionado una mutación mucho más
peligrosa de la corrupción: la captura y la reconfiguración cooptada del Estado.
2. Comprender y actuar con decisión y audacia para cerrar las
puertas a la captura y la reconfiguración cooptada del Estado. Estudios
recientes de diversas organizaciones de la sociedad civil dan cuenta de que la
corrupción en el país ha evolucionado a formas más sofisticadas y complejas,
con actores más diversos, organizados, y con frecuencia vinculados a redes
delincuenciales con objetivos de largo plazo que buscan afectar aspectos
neurálgicos del Estado en sus distintos niveles y poderes.
El marco teórico elaborado por Transparencia por Colombia y un grupo de
investigadores sobre Captura y Reconfiguración Cooptada del Estado evidencia
que los objetivos de los actores ilegales son estructurales y ambiciosos, ya que
van más allá de lo económico para buscar la consolidación de poder político y
territorial, así como la legitimación social4.
Los hallazgos de una investigación reciente de Foro Nacional por Colombia
sobre la forma como los actores armados ilegales han afectado la gestión
municipal, que cubrió 18 municipios de diversas zonas del país, corroboran lo
anterior5. Según esta investigación:
i) Además de las guerrillas y los paramilitares, actores tradicionales, deben
sumarse los narcotraficantes, las bandas criminales, grupos desmovilizados
rearmados y personas o clanes familiares. Aunque su capacidad de incidencia y
las estrategias varían, muchos cuentan con una estructura de poder, capacidad
4
Ver: La Captura y la Reconfiguración Cooptada del Estado en Colombia. Fundación Avina, Fundación
Método y Transparencia por Colombia, 2008.
5
Velasquez Fabio (Coordinador), Las otras Caras del Poder: Territorio, Conflicto y Gestión Pública en
Municipios Colombianos. Bogotá: GTZ. Foro Nacional por Colombia, 2009.

3. económica, seguridad privada, influencia política y reconocimiento social, que
les otorga poder en el territorio y un alto nivel de incidencia en las decisiones
locales.
ii) Los actores ilegales tienen presencia en zonas estratégicas, con
predominio de explotaciones mineras y agropecuarias, megaproyectos y obras Página | 3
de infraestructura, las cuales por su atractivo para los actores ilegales pueden
convertirse en focos de corrupción.
iii) Se observa en los municipios y en las regiones de las cuales hacen parte
un nuevo proceso de acumulación originaria de capital que implica no solo la
captura de rentas públicas, sino la concentración de la propiedad de la tierra,
en muchos casos producto de la expulsión violenta de pequeños propietarios, y
la inserción en proyectos productivos de gran envergadura (algunos de ellos
patrocinados por el Estado).
iv) Hay un evidente interés en cooptar la institucionalidad política municipal
e incidir en las elecciones, como puerta de ingreso para acceder a la gestión
local.
v) Se detectaron dos modalidades de incidencia en la gestión municipal,
una externa, a través del amedrentamiento y la presión armada y otra interna
consistente en “insertarse” en el aparato municipal para obtener beneficios
económicos o políticos derivados de la gestión local.
Combatir este fenómeno creciente de Captura y Reconfiguración Cooptada del
Estado en todos sus niveles (nacional, regional y local), que produce efectos
corrosivos sobre la sociedad colombiana en sus distintos ámbitos, requiere
comprender cómo y dónde se manifiesta para diseñar reformas y medidas más
complejas, más profundas y más integrales que aquellas convencionalmente
aplicadas a la lucha contra la corrupción.
3. Romper con la cultura del atajo y la ilegalidad. Algunos avances a
favor de la transparencia y en contra de la corrupción conviven con una cierta
tolerancia social de parte de los colombianos a la corrupción. Con frecuencia,
los comportamientos no éticos (legales o ilegales) siguen siendo vistos como
actos de audacia y astucia. La cultura del atajo, entendida como la obtención
de resultados mediante la utilización de métodos ilegales o antiéticos sin
considerar sus consecuencias, tiende a prevalecer en distintos escenarios de la
vida pública y privada de los colombianos.
Se han movido las fronteras éticas de los colombianos. Una proporción
importante de nacionales justifica la corrupción en función de los fines
perseguidos; desconfían de las actuaciones de sus conciudadanos y justifican
sus comportamientos no éticos (legales o ilegales) en el inadecuado
comportamiento de la mayoría.

4. 4. Ser más estrictos en el cumplimiento de la legislación existente.
Colombia ha ratificado convenciones internacionales anti-corrupción y cuenta
con un conjunto amplio de lineamientos constitucionales, leyes y normas para
avanzar en la lucha contra la corrupción.
Si bien es necesario afinar la legislación existente en algunos aspectos, la tarea Página | 4
inaplazable consiste en ser más estrictos en su cumplimiento, y cerrar la brecha
que tradicionalmente caracteriza al país entre la existencia de normas y leyes y
su poca aplicación en la práctica.
Justicia pronta, oportuna y efectiva. La celeridad y certeza en la aplicación de
justicia por parte de los entes judiciales y organismos de control son los
mecanismos indicados para la reducción de los delitos y conductas generadoras
de corrupción. La falta de aplicación de estos principios tiene como
consecuencia la impunidad y la incredulidad ciudadana hacia los organismos
responsables de brindar justicia.
5. Estimular una sociedad civil vibrante y motivada por el cuidado
a lo público. Los ciudadanos cada vez creen menos que es posible derrotar la
corrupción. Esto genera un cierto desaliento por parte de los colombianos a
exigir mayores compromisos y resultados de los gobernantes y empresarios
frente al combate a la corrupción.
Por otro lado, si bien la ciudadanía tiene una alta percepción de que la
corrupción es extensa, no la consideran como uno de los problemas prioritarios
que afecta sus vidas de manera directa y contundente, probablemente debido a
que no establecen vínculos causales entre la gran corrupción e incluso la
amenaza de captura del Estado, y los daños causados a sus vidas en particular
o a los bienes y servicios a los cuales tienen derecho al acceder.
Asimismo, es necesario hacer esfuerzos orientados a crear conciencia colectiva
sobre el impacto adverso de la corrupción y rechazo social a este fenómeno. Es
esencial no ahorrar esfuerzos para incentivar la actuación de la sociedad civil
organizada en torno al cuidado de lo público, en especial mediante ejercicios de
control social y político. Para que esta actuación sea realmente efectiva se
requiere una mayor transparencia, publicidad y claridad en la información sobre
las acciones del estado en todos sus ámbitos.
6. Los empresarios deben asumir un fuerte y claro liderazgo en la
lucha contra la corrupción. El sector privado tiene el reto de asumir un
papel protagónico en la búsqueda e implementación de soluciones individuales
y colectivas. La condición básica de una empresa socialmente responsable es la
conducción de sus negocios con principios éticos y de transparencia. Una forma
concreta para que los empresarios asuman su corresponsabilidad en la lucha
contra la corrupción es la puesta en marcha de programas de ética
organizacional y la implementación de esquemas de autorregulación para

5. prevenir el soborno en la gestión empresarial y en las relaciones con
funcionarios públicos.
El Estado, a su vez, debe impulsar medidas para incentivar a las empresas a
adoptar y cumplir estándares y prácticas de transparencia e integridad y de
prevención del soborno, especialmente entre aquellas empresas que contratan Página | 5
con él, así como limitar o evitar que estas últimas hagan contribuciones a las
campañas electorales. Por su parte, los consumidores deben asumir una actitud
responsable en sus prácticas de consumo, así como premiar las actuaciones
éticas y responsables del empresariado6, y castigar las contrarias. Estas
condiciones, impulsadas desde el entorno, pueden afectar de fondo la manera
en que se relacionan y hacen negocios las empresas con el estado.
El empresariado debe asumir también su corresponsabilidad en la corrupción en
la política. De acuerdo con una encuesta diseñada por Transparencia por
Colombia y la Universidad de Estocolmo, y aplicada a más de 300 directivos de
empresas de todo el país en agosto de 2009, los intereses particulares de los
empresarios son la razón principal para adjudicar donaciones a campañas
electorales (un 38.4% mencionó que prevalecen los vínculos familiares o de
amistad para favorecer a cierto candidato). De igual forma, el 77,1% de las
compañías sondeadas aseguraron no tener políticas institucionales sobre la
financiación electoral, tan solo el 56% de las empresas registran las
contribuciones efectuadas, y sólo un 51.4% se cerciora de que el beneficiario
registre debidamente la donación.
Resultó altamente preocupante que un 15,8% de los empresarios encuestados
afirmaron que con las donaciones buscan recibir apoyo o una compensación
expresada en contratos, puestos, regulaciones favorables, entre otros.
7. Consolidar un sistema de pesos y contrapesos. Es necesario
revertir en el país la tendencia de concentración de poder en el ejecutivo y
alcanzar un mayor equilibrio e independencia entre los poderes, como condición
indispensable para el adecuado funcionamiento de un sistema de integridad
basado en pesos y contrapesos, en el que cada actor vigila y es vigilado.
La lucha contra la corrupción en Colombia requiere que estos controles operen
de forma efectiva y que la interacción entre los actores se ciña a reglas
democráticas y transparentes. La concentración del poder y la existencia de
modelos autoritarios de relación entre gobierno y ciudadanía favorecen la
corrupción
8. Sellar las fisuras de la institucionalidad estatal, que expresan los
escenarios de riesgo de corrupción en la gestión administrativa de las entidades
del orden nacional, departamental y municipal. Lo anterior se refleja en las
6
De acuerdo con el Barómetro Global de la Corrupción 2009 de Transparencia Internacional, el
59% de los consumidores colombianos encuestados estarían dispuestos a pagar más por un
producto de una compañía libre de corrupción.

6. mediciones del Índice de Transparencia Nacional7 de Transparencia por
Colombia, que para el periodo 2007-2008 midió 138 entidades públicas y cuyo
promedio general fue de 69.5/100, señalando un deficiente nivel en la
implementación de medidas que sirvan de barreras de contención a la
corrupción administrativa. El 41% de las entidades evaluadas se ubicó en riesgo
medio y 17% en riesgo alto y muy alto de corrupción. Sólo cuatro (4) de las Página | 6
138 entidades públicas evaluadas se ubican en bajo riesgo de corrupción. Esto
indica que las condiciones institucionales del 56% de las entidades públicas
nacionales no brindan garantías para la transparencia y la lucha contra la
corrupción.
Vale la pena señalar que los dos riesgos de corrupción administrativa que
presentan mayores alertas están relacionados con la selección meritocrática de
servidores públicos y la contratación pública. Sobre éste último aspecto, El
Índice de Transparencia Nacional hace especial énfasis en el reto que enfrenta
la contratación pública: modalidades de excepción, mecanismos que no
requieren publicidad ni pluralidad de oferentes, así como el hecho de que sólo
el 62% de las entidades evaluadas publican en el Portal Único de Contratación,
son algunas de las más frecuentes.
Estas fisuras institucionales, si bien están presentes en todos los niveles del
Estado, tienen sus expresiones más agudas en el nivel territorial. Los resultados
de la medición correspondiente a la vigencia 2005 y 2006 del Índice de
Transparencia Municipal de Transparencia por Colombia, señala que los
municipios colombianos son las entidades estatales en mayor riesgo de
corrupción8.
A todas luces, las administraciones municipales evidencian un rezago en su
desarrollo institucional que ha dado como resultado un desequilibrio en el
proceso de la modernización del Estado, el cual explica en gran medida la
incapacidad de la Nación para afrontar los retos del desarrollo, y que pone a los
gobiernos locales en franca desventaja frente al accionar de los corruptos. Es
urgente entonces equilibrar el desarrollo institucional del país, profundizar la
descentralización tanto administrativa como política y posicionar en ella la lucha
contra la corrupción como una de las primeras tareas para el logro de la
autonomía local.
7
El Índice es una herramienta diseñada por Transparencia por Colombia para identificar las
condiciones institucionales y prácticas de los actores gubernamentales, y a partir de ello definir
el riesgo de corrupción a los que se enfrentan las entidades nacionales en desarrollo de sus
procesos de gestión. Busca ser un instrumento que le permita a las entidades públicas evaluar
sus características institucionales, la visibilidad que dan a sus actos y el nivel de sanción y
autorregulación de dichas entidades, esto con el fin de contribuir con la prevención de la
ocurrencia de hechos de corrupción.
8 En el 2005 las entidades nacionales obtienen un promedio de 75.77, en el mismo año los
departamentos obtienen un promedio de 57.78/100 puntos y los municipios de 55.26/100
puntos. En el 2006 los gobiernos departamentales obtienen 59.64/100 y los municipios
57.98/100 puntos en promedio.

7. 9. Recuperar la legitimidad y confianza en la institucionalidad
democrática y en la política. La falta de transparencia y rendición de
cuentas de los sistemas políticos en Colombia ha llevado a que el Congreso de
la República, las asambleas departamentales, los concejos municipales y
distritales y los partidos políticos no gocen de la confianza ciudadana y sean Página | 7
percibidos como los más proclives a la corrupción.
Según el Barómetro Global de la Corrupción 2009 de Transparencia
Internacional, el 41% de los ciudadanos colombianos considera que los partidos
políticos son el primer sector en corrupción, seguido por el poder legislativo con
el 26%. Así, Colombia reporta la segunda cifra más alta de percepción de
corrupción en los partidos políticos entre ocho países de Latinoamérica,
antecedida solo por El Salvador con un 53%. En las últimas cuatro mediciones,
la opinión sobre los políticos y el congreso se mantiene como negativa.
Estos órganos son escenarios institucionales por excelencia de la democracia, y
en esta medida su falta de legitimidad deslegitima la democracia misma. Es
necesario impulsar en estos cuerpos mayor transparencia y rendición de
cuentas, regulación del lobby y manejo adecuado del conflicto de intereses,
implantación del voto nominal sin excepciones, cierre de las posibilidades a la
filtración de intereses indebidos de grupos legales e ilegales en la formación de
las leyes. Y por otro lado, hacer más transparente los ingresos y gastos de
campañas electorales y partidos, y reformar el sistema electoral colombiano.
Los partidos y movimientos políticos deben ser fortalecidos institucionalmente y
deben abrirse a la inspección pública y asumir responsabilidad por las
actuaciones de sus candidatos y representantes en cargos de elección popular,
de manera que se restablezca la confianza ciudadana en el ejercicio ético de la
política.
BOGOTÁ, OCTUBRE DE 2009

8. Página | 8
* Transparencia por Colombia: es una organización sin ánimo de lucro cuya misión es
“liderar”, desde la sociedad civil, esfuerzos sistemáticos de lucha contra la corrupción,
centrados en la transformación de las instituciones públicas y privadas para que en Colombia
se pueda contar con organizaciones efectivas y confiables; con ciudadanos y empresas
íntegros y con servidores públicos probos, que antepongan siempre el interés colectivo y rindan
cuentas de sus actos.
* Misión de Observación Electoral – MOE: es una organización de la sociedad civil,
independiente del Gobierno y de los partidos políticos, que promueve el reconocimiento y
respeto del derecho ciudadano a participar en la conformación, ejercicio y control del poder
político. Tiene como objetivo efectuar una observación de calidad, rigurosa, objetiva y
autónoma de las elecciones de Colombia.
* Corporación Viva la Ciudadanía: es una organización de la sociedad civil, no
gubernamental, que impulsa la celebración de pactos democráticos, de negociación de
intereses y de resolución pacífica de los conflictos. Trabaja en el terreno de la cultura política,
con el propósito de contribuir a formar ciudadanos y ciudadanas autónomos (as), responsables
social y políticamente, con base en una ética civil.
* Foro Nacional por Colombia: es une entidad civil no gubernamental, sin ánimo de lucro,
creada en 1982 con el propósito de contribuir a la democratización de la sociedad y el Estado
colombianos, buscando profundizar la descentralización, la paz y la convivencia ciudadana.
Para ello ha propiciado la formación de un pensamiento crítico y una opinión pública
democrática, crítica de su entorno y propositiva en diversos ámbitos de la vida local y nacional.
* Cumbre Social y Política Proceso político que invitó a pensar, construir y movilizar una
agenda política, económica y social para el país en el marco de una gran discusión nacional,
amplia, democrática, propositiva y concertada, que se llevó a cabo los días 20, 21 y 22 de
agosto en la Universidad de La Salle, sede Chapinero. Allí participaron 1.100 representantes de
más de 150 organizaciones sociales, sindicales, académicas, comunales y campesinas, las
cuales generaron un documento conjunto: Agenda País, donde se consigna la visión amplia,
incluyente y real de la verdadera problemática nacional, así como las posibles propuestas para
enfrentar la crisis.