1. Diseño de una Administración
Pública para los nuevos tiempos:
Propuestas
Con el uso de las TIC en las administraciones públicas se pueden corregir las funciones
llevadas a cabo por las instituciones públicas para que éstas tengan más calidad y
capacidad de innovar y sean más eficaces. Para saber si ahora los ciudadanos tienen
una mejor opinión personal sobre las actividades de las organizaciones públicas, en
este trabajo se comparará la evolución de la administración electrónica en los últimos
años, utilizando los casos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y la
Dirección General del Catastro.
Palabras clave: TIC, interoperabilidad, trámites, DNI-e, seguridad, acceso, ciudadanos,
servicios, AAPP, administración-e.
Pablo Galán Manso
Correo-e: pab.galan@estudiante.uam.es.
Linkedin: http://es.linkedin.com/in/pablogalmanso/
Revista digital: http://www.scoop.it/t/diseno-de-una-administracion-publica-para-los-nuevos-
tiempos-propuestas
Slideshare: http://www.slideshare.net/PabloGalnManso
Twitter: @frompolit
Informe preparado para:

2. Pablo Galán Manso
En los últimos años ha habido cambios tecnológicos que han afectado a la vida diaria de
las personas. En las instituciones públicas se han implantado multitud de sistemas para
facilitar trámites burocráticos y complejos a los ciudadanos. Pero es importante saber si
éstos utilizan las nuevas tecnologías en sus relaciones con la Administración Pública y
si ésta debe ampliar sus servicios ofrecidos a través de internet.
Introducción
Las TIC han aportado a los ciudadanos:
Mejora en la calidad de vida, ya que les evita desplazamientos, eliminan tiempos
de espera, evitan tener que aportar información ya en poder de la
Administración, permiten realizar trámites las 24 horas, los 365 días del año.
Transparencia de las administraciones, ya que permiten el acceso de los
ciudadanos a la información pública, a través de los portales web (información,
legislación y recursos disponibles). Además, las TIC permiten a los ciudadanos
participar de forma más activa a través de las cada vez más implantadas
consultas públicas, mejorando la “accountability” o rendición de cuentas.
Las TIC dentro de la Administración Pública han permitido:
Mejorar la eficiencia: gracias a las TIC la Administración puede tratar de forma
más eficiente el gran número de datos de ciudadanos que gestiona y mejorar
sensiblemente todas las funciones relacionadas con la gestión de impuestos, las
prestaciones de la seguridad social, las pensiones, las becas, etc.
Mejorar la eficacia de la Administración: gracias a las TIC es posible para la
Administración realizar funciones complejas. Así resulta mucho más eficaz
realizar labores como la lucha contra el fraude, etc.
Mejorar la economía: gracias a las TIC los empleados públicos pueden acceder a
la información que necesitan de forma más rápida y sencilla, reduciendo la
sobrecarga de las tareas administrativas, lo que aumenta la productividad del
sector público y permite la optimización de los recursos públicos.
Evolución de la Administración Pública con las TIC
Las TIC han cambiado la forma de relación de los ciudadanos y las empresas con la
Administración. Poco a poco los departamentos ministeriales más importantes han ido
ofreciendo el acceso electrónico a los servicios públicos y la presión sobre el resto de la
Administración fue incrementándose para que el resto de Ministerios ofrecieran sus
servicios.
Ahora los ciudadanos no sólo demandan el acceso electrónico a todos los
procedimientos sino que también los servicios se diseñen desde su punto de vista. Las
nuevas demandas ciudadanas han cambiado el paradigma sobre cómo debe ser la
Administración en el futuro, antes la misión de ésta era garantizar que se cumplía la ley
y ahora se pide que ésta se ponga al servicio de los ciudadanos y empresas para que
éstos puedan llevar a cabo mejor sus trabajos. Con el objetivo de atender mejor estas
demandas y enfrentarse al cambio de paradigma, el Parlamento español aprobó, en junio
de 2007, la Ley 11/2007 de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios
Públicos (LAECSP).
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El aspecto más importante de esta Ley es el nacimiento del derecho de los ciudadanos a
relacionarse electrónicamente con la Administración y la obligación por parte de ésta de
dotarse de los medios necesarios para garantizar este derecho. Lo que se pretende con
esta Ley no es sólo reconocer el derecho de acceso de los ciudadanos a los servicios
electrónicos sino que también obliga a las Administraciones a cooperar entre ellas y
facilitar dichos datos (interoperabilidad), respetando la Ley Orgánica de Protección de
Datos de Carácter Personal, evitando que el ciudadano sea él que tenga que ir de
ventanilla en ventanilla para aportar una información que de hecho ya la posee la
Administración. Los derechos que reconoce la LAECSP pueden ser ejercidos por los
ciudadanos a través de las distintas sedes electrónicas que tienen los distintos
organismos de la Administración Pública.
Cómo las sedes electrónicas de la Administración reflejan relaciones no presenciales
existe una necesidad de identificación electrónica de la persona, así la LAECSP
estableció el DNI electrónico (DNI-e) como medio para demostrar la identidad personal
y así poder pedir certificados digitales, realizar firma electrónica, etc, a través del
microchip que lleva integrado. El DNI-e es expedido en las comisarias de la policía de
todo el territorio del Estado español reflejando la información de identidad de la que
disponen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Registro Civil.
La seguridad de la información en el ámbito de la Administración electrónica es una
necesidad indudable. Se tiene que garantizar el derecho de los ciudadanos para acceder
a la información y realizar gestiones con la Administración Pública a través de internet
pero a la vez, se debe garantizar la privacidad de las personas, así como la protección de
los datos de carácter personal. La Ley 11/2007 tiene muchas referencias a la seguridad,
además de respetar la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, sobre Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), así como el Reglamento de desarrollo de la LOPD.
Primer caso: Agencia Estatal de Administración Tributaria
La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) considera que el uso de
las TIC es necesario para cumplir su misión, reducir las cargas administrativas, hacer
transparentes y eficaces las relaciones con los contribuyentes e impulsar el desarrollo
tecnológico de la sociedad (MEH, 2009:107). La AEAT implantó su primer portal Web
en 1996 y en 1999 se estableció, para las grandes empresas, la obligación de presentar
declaraciones mensuales por internet. Para verificar la información se estableció el
Número de Referencia Completo (NRC), como un primer certificado digital;
actualmente existen 21 tipos de certificados que han servido para presentar 770.214
declaraciones informativas y 2.494.850 declaraciones de la Renta. En 2003 se ofreció el
primer borrador de datos de Renta. Desde mayo de 2008 se han producido 528 millones
de consultas y presentaciones de declaraciones, un aumento del 67% desde 1998.
La AEAT más que una Oficina Virtual es una Ciudad Virtual porque hay multitud de
páginas, se pueden realizar gran cantidad de servicios, se puede utilizar en cuatro
idiomas cooficiales, etc. Todo esto se puede hacer las 24 horas del día, los 365 días del
año, es por esto que más que una oficina es una Ciudad Virtual.
En 2008, han sido presentadas 46.904.455 declaraciones por internet, se han atendido
más de 326.000 llamadas de los contribuyentes, se han enviado 241. 891 mensajes a
móviles, registrando más de 245.000 documentos en su registro electrónico. En una
sociedad en la que más del 50% de la población estará a menos de 30 segundos de la
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Administración, las barreras del tiempo y del espacio se habrán difuminado, así nos
encontraremos con un nuevo paradigma en la relación con la Administración, “always
on, never alone”, “quién está siempre conectado nunca está solo”. La AEAT buscará
siempre ofrecer servicios de calidad y transparentes mediante el uso de las TIC.
Segundo caso: Dirección General del Catastro
La Dirección General del Catastro (DGC) ha avanzado muchos gracias a la
implantación de las TIC. En el campo de la interoperabilidad el Catastro tiene mucha
importancia porque todas las Administraciones tienen que compartir datos catastrales
(los ayuntamientos cobrar el IBI mediante referencia catastral, etc). La Oficina Virtual
del Catastro (OVC) comenzó a funcionar en mayo de 2003 y ahora permite el acceso
libre y gratuito a ciudadanos y organizaciones a la información catastral, mediante
identificación. Los Puntos de Información Catastral (PIC), creados en 2005, permiten
que un empleado de la administración pero no del Catastro acceda a la DGC en nombre
y representación de un ciudadano para obtener los productos y servicios de la OVC
evitando excluir a todos aquellos que se encuentran dentro de la brecha digital. Esto
último implica una relación de interoperabilidad entre la OVC y los PIC.
En 2008, el número de usuarios individuales de la OVC era de 58.175 (2.391 en 2003) y
12.303 organizaciones (1.936 en 2003). En 2008, se hicieron 2.999.954 de
certificaciones digitales (17.387 en 2003) y 8.991.000 consultas (25.137 en 2003). Las
visitas a oficinas oficiales han disminuido de 1.928.773 en 2003 a 1.000.892 en 2008, el
número de certificados en papel ha disminuido en el mismo período (de 913.114 a
204.307). Los certificados de los PIC también han aumentado desde 2005, año en que se
crearon, de 24.611 a 395.668 en 2008.
Bibliografía
España, Ministerio de Economía y Hacienda: MEH. (2009). La Administración
electrónica y el servicio a los ciudadanos. Madrid: e-publicaciones del MEH.
España, Ministerio de Política Territorial y Administración Pública, Secretaría
de Estado para la Función Pública (2011). Resumen ejecutivo del informe
presentado al Consejo de Ministros el 16 de septiembre de 2011 sobre la
situación de la Administración electrónica en la AGE. Madrid.
Página Web oficial de la Agencia Estatal de Administración Tributaria,
disponible en: http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio.shtml
Página Web oficial del Portal de Administración electrónica, disponible en:
http://www.administracionelectronica.gob.es/
Portal Web de la Dirección General de Catastro, disponible en:
http://www.catastro.meh.es/
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5. Pablo Galán Manso
Cuarta página
El informe está elaborado por una consultoría que trabaja en los campos de tecnología,
gobierno abierto, administración pública, etc. El nombre de esta empresa es Public
Tecnology Consulting S.L.
El informe fue encargado por la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la
Información, con el objetivo de evaluar cómo está funcionando la Administración
electrónica en la actualidad, si deben ampliar los servicios ofrecidos por internet, etc.
El trabajo se encargó a una empresa privada para que ésta evaluase desde el exterior de
la Administración Pública, para auditar los datos públicos externamente.
En este caso Public Tecnology Consulting S.L. ha llevado a cabo una función de
auditoría externa de la Administración Pública, para observar la evolución de los
servicios administrativos ofrecidos a través de internet desde los años 90 a la actualidad.
La Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información, pertenece a la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información,
perteneciente a su vez al Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
La máxima persona responsable de la Subdirección General de Servicios de la Sociedad
de la Información (el Subdirector/a General), que encargó el estudio personalmente,
manifestó su interés a Public Tecnology Consulting S.L para que el informe evaluase
concretamente a la Agencia Estatal de Administración Tributaria porque es el
organismo público que más avanzando se encuentra en Administración electrónica. La
Subdirección General dejó libertad a la empresa de consultoría para la elección de otro
organismo público para su posterior evaluación.
Como consejo a la Subdirección General de Servicios de la Sociedad de la Información,
sería muy bueno mejorar aún más la interoperabilidad en la Agencia Tributaria con
otras administraciones, como la Seguridad Social, para aumentar la lucha contra el
fraude. En cuanto a la Dirección General de Catastro, sería muy positivo mejorar la
interoperabilidad con los Ayuntamientos para que estos puedan cobrar el Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI), no tengan problemas en ningún caso y los ciudadanos no sufran
errores administrativos.
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