1. NARCOMENUDEO: PRONTO,
RESPONSABILIDAD ESTATAL
Se acerca el plazo para que este delito pase al ámbito del fuero común; los aparatos de justicia
quintanarroenses se capacitan para combatirlo, aunque hay dudas de que opere correctamente
con los negativos resultados de los exámenes de confianza del personal policíaco
Por Enrique Huerta / Luces del Siglo
Luces del siglo.
Cancún, Qna. Roo., a 2 de agosto de 2012
A partir del próximo 21 de agosto, el aparato de justicia estatal comenzará a investigar y sancionar el
narcomenudeo, para acatar el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de agosto de 2009.
Ese año se reformaron diversas disposiciones de la Ley General de Salud, del Código Penal Federal y del Código
Federal de Procedimientos Penales, que clasifican a este delito como competencia de las autoridades judiciales
de los estados.
Por ello, tanto la policía estatal, las procuradurías y los tribunales superiores de justicia estatal tendrán la facultad
de perseguir los delitos relacionados con tráfico de drogas al menudeo, siempre y cuando las cantidades
involucradas no rebasen ciertos límites, pues en ese caso, la persecución del delito se reserva a las autoridades
del fuero Federal.
Según el procurador de justicia de Quintana Roo, Gaspar Armando García Torres, se necesita que la cantidad de
droga sea mil veces superior a las previstas en la tabla de orientación prevista en el artículo 479 de la Ley
General de Salud, así como cuando el narcótico no esté contemplado en dicha tabla, o bien, así lo solicite el
Ministerio Público de la Federación.
El funcionario lo ejemplifica: será competencia estatal si la persona detenida tiene en su poder de 5 a 5 mil
gramos de mariguana, es decir, de 0.05 hasta menos de 5 kilogramos, o de 500 a 500 mil miligramos de cocaína,
de 0.5 hasta menos de 500 gramos.
La semana pasada inició una capacitación dirigida a agentes del Ministerio Público, peritos y policías judiciales,
a cargo del doctor Roberto Ochoa Moreno, experto del Instituto Nacional de Ciencia Penales (Inacipe).
Hasta el momento se han creado dos fiscalías especializadas en el tema, una instalada en la capital del estado,
Chetumal, y la otra se encuentra en Cancún, que también brindará servicio al municipio de Solidaridad. Se
planea construir una tercera fiscalía para la Riviera Maya, pero esto a futuro.
Por cada fiscalía habrá de 18 a 20 miembros, seis agentes del Ministerio Público en cada una de éstas, aunque
habrá personal que apoyará el trabajo de estas oficinas.

2. Los cuestionamientos
Con la obligación de los aparatos de justicia quintanarroense en la persecución del narcomenudeo, surgen las
dudas sobre si realmente se trabajará de manera eficiente y sin corrupción.
Los quintanarroenses son escépticos sobre el funcionamiento de la justicia, pues en la memoria colectiva se
mantiene todavía fresco el caso de la joven Fernanda García Alto Aguirre, hija de Francisco Javier García
Rosado, del ex magistrado del Tribunal Electoral del estado, quien fue aprehendida por elementos de la policía
municipal junto con otros cinco personas y se les encontró con drogas y armas de fuego, en mayo de 2011.
Días después, sólo se consignaron en la PGR a Mauricio Canto Miru, de 20 años, y los hermanos Cristian y
Miguel Sosa Barragán, de 21 y 35 años. Los demás salieron libres e, incluso, a nivel de la leyenda urbana se
habla de tráfico de influencias para liberar a la joven.
Otra incertidumbre es la selección de personal para estas fiscalías. Si bien en la inauguración de los cursos de
capacitación del personal el procurador estatal Gaspar Armando García dijo haber seleccionado a quienes
integrarían estas oficinas, la decisión se tomó a partir de aquellos que aprobaron los exámenes de control de
confianza y no cuentan con antecedentes penales.
También prometió que se estarán haciendo periódicamente exámenes permanentes, “porque puede ser que más
adelante incurran en alguna cuestión”.
De acuerdo con cifras oficiales, Quintana Roo es el estado más atrasado en materia de confianza a la policía.
Sólo 1.3 por ciento de los 6 mil 904 agentes de la policía estatal acreditaron exámenes de confiabilidad, según
datos de la organización Causa en Común.
De los 6 mil 900 mandos altos, medios, personal operativo y ministeriales de las Direcciones de Seguridad
Pública y Policía Judicial del Estado, sólo 90 han acreditado dos de los cuatro exámenes que corresponden a las
evaluaciones de control y confianza.
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PENAS ESTIPULADAS:
Por comerciar drogas: De 4 a 8 años en términos generales. La pena se amplia en 50 por ciento
en servidores públicos.
Por posesión simple de drogas: De 3 a 6 años
Ley General de Salud.