1. Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia
24. marzo, 2013 Érika Ramírez @erika_contra Capitales, Portada, Semana, Sociedad
⇒ Parte I: Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia
Parte II: San José del Progreso, explotación y miseria
Parte III: Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema
En el tercer municipio más pobre de Oaxaca, la extracción de oro y plata deja a la trasnacional
canadiense Fortuna Silver Mines –a través de su filial Compañía Minera Cuzcatlán– cientos de
miles de onzas de los minerales preciosos. Sólo por la extracción de oro podría haber ganado
360 millones de pesos en 2012. En contraste, el pago por las concesiones al gobierno
mexicano ascendió apenas a 2 millones de pesos y dejó en el municipio 8 millones de pesos
para “obras públicas”. Los pobladores, en la incertidumbre ante los efectos al medio
ambiente, a la salud y al tejido social
Érika Ramírez, texto y fotografías/ enviada
San José del Progreso, Oaxaca. Las boyas metálicas le impusieron bajar la velocidad del automóvil. Su hermano, el copiloto; su prima,
la acompañante. A la par, un vehículo Tsuru sin placas seguía su curso sin detenerse. Una ráfaga de plomo atravesó los cristales del
automóvil guinda de Bernardo Vásquez Sánchez.
Era el 15 de marzo de 2012, pasaban las 21:00 horas. Bernardo dio un volantazo. “¡Me dieron!”, gritó. El joven, dirigente de la
Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO) –organización opositora a la operación de la Compañía Minera
Cuzcatlán, filial de la canadiense Fortuna Silver Mines–, apenas alcanzó a desviarse de la carretera. Sus últimos respiros quedaban en
las inmediaciones del municipio de Santa Lucía Ocotlán.
El copiloto, Álvaro Andrés Vásquez Sánchez, se resguardó lo más que pudo sobre su asiento, pero igual fue herido. Rosalinda s e dejó
caer sobre el sillón trasero, que terminaría bañado en sangre. El auto de Bernardo se detuvo completamente, su propio resuello estaba
a punto de hacerlo. Las balas que le habían penetrado el cuerpo, ahí se alojaron. Una, en el pulmón derecho, fue letal.

2. A 15 minutos de distancia, las festividades del patrono comenzaban a alistarse. La algarabía religiosa se teñía de rojo. Bernardo
moría, Rosalinda estaba herida en la pierna derecha por una bala que casi le destroza la rodilla, de la que aún no ha podido
reponerse.
“¡Queríamos salvarlo!”, dice ella, en entrevista con Contralínea. Pararon un taxi. El conductor los ayudó a sacar a Bernardo y
trasladarlo a un consultorio médico particular. Murió al llegar al lugar donde se le brindaría atención. “Tenía varios impactos [en
espalda y cadera], había entrada, pero no salida”, recuerda la joven.
Meses antes, señala Rosalinda, “en un video que circuló en YouTube, se amenazaba la vida de Bernardo. En éste se burlaban de las
personas que estaban en el movimiento en contra de la mina. En un vertedero de la presa municipal quedó inscrita la sentencia de
muerte: ‘Te vas a morir, perro Bernardo Vásquez’” (sic).
Él es la segunda víctima perteneciente al movimiento opositor a la Compañía Minera Cuzcatlán. Ingeniero agrónomo de profesión por
la Universidad de Chapingo, fue, como mucha gente de campo, emigrante a Estados Unidos. Allá trabajó como albañil para ayudar
económicamente a su familia, compuesta por nueve hermanos y sus padres.
Cuando regresó a México en 2008, la minera canadiense ya había comenzado los trabajos de explotación de oro y plata en la zona. La
falta de consulta a los integrantes de la comunidad indígena zapoteca puso en alerta al activista. Comenzó, junto con hermanos,
familiares y oriundos del municipio, la defensa de su territorio, relata su hermano y sustituto al frente del CPUVO, Leovigildo Vásquez
Sánchez.
Derechos humanos, violentados
El informe Transición traicionada: los derechos humanos en México durante
el sexenio 2006-2012 –elaborado por el Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh)– indica que “la empresa minera
Cuzcatlán ha violentado diversos tratados internacionales de derechos
humanos, entre ellos el Convenio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo, que estipula el consentimiento previo, libre e informado para la
realización de proyectos en territorios indígenas”.
El Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países
Independientes dice que “los gobiernos deberán consultar a los pueblos
interesados cada vez que prevean medidas susceptibles de afectarles
directamente, y establecer los medios a través de los cuales puedan
participar libremente en la adaptación de decisiones en instituciones
electivas y otros organismos. Asimismo, se reitera que los pueblos indígenas
y tribales deberán tener el derecho de decidir sus propias prioridades en lo
que atañe al proceso de desarrollo, en la medida en que éste afecte sus
vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual y a las tierras que
ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar, en la medida de lo
posible, su propio desarrollo económico, social y cultural. Dichos pueblos
deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y
programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles
directamente”.
El gobierno federal es quien genera los conflictos vinculados a los proyectos
mineros, “ya que ellos otorgan permisos y no consultan con el gobierno de
Oaxaca. El gobierno estatal reconoce que no hubo un proceso de consulta y acepta que no está bien regulada la consulta a nivel

3. federal”, comentó Eréndira Cruzvillegas Fuentes, comisionada de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo de Oaxaca, ante integrantes
de la Misión Civil de Observación Justicia para San José del Progreso, en la que participaron 19 organizaciones civiles estatales,
nacionales e internacionales.
Además, la comisionada reconoció que “el origen de la división social en varias de las comunidades, como en San José del Progreso,
es por el dinero que vienen a ofrecer las empresas trasnacionales a través de los megaproyectos, y que generan una violencia social
en el estado”.
El documento del Centro Prodh afirma que se “ha generado un clima de tensión social y política al interior de la comunidad, mismo que
el gobierno de Oaxaca ha minimizado bajo el argumento de que es un conflicto interno por el control y el poder del municipio.
“La empresa minera no ha asumido su responsabilidad con los pueblos y comunidades del Valle de Ocotlán. En todo momento se ha
deslindado de la problemática de San José del Progreso y de las graves violaciones a los derechos humanos. Esta situación corrobora
la tesis de las comunidades y organizaciones que les acompañan acerca de que en México se protegen los intereses privados de
empresas trasnacionales por encima de la vida de las comunidades y de defensoras y defensores de derechos humanos. En Oaxaca,
esta situación ha cobrado la vida de varias personas, se han vivido enfrentamientos entre pobladores, encarcelamiento y procesos
penales contra quienes se oponen a la mina”, dice el Centro Prodh mediante su informe.
El 18 de enero de 2012 fue asesinado Bernardo Méndez, y herida de gravedad Abigail Vásquez Sánchez, quienes también se oponían
al proyecto de la Compañía Minera Cuzcatlán.
Sin consulta previa
Ante la falta de consulta previa de los pueblos, que establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, Arturo de
Jesús Peimbert Calvo, titular de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, considera que “han sido violados los
derechos de la población de una forma sistemática. No hubo consulta, sino imposición. Hay una estrategia de entregar beneficios de
parte de la empresa. Nos preocupa también la violencia que se ha dado y observamos el desgaste de la comunidad”.

4. En una reunión con integrantes de la Misión Civil de Observación “Justicia para San José del Progreso”, aseguró que no ha habido
una atención integral para este “conflicto complejo”. Esto ha provocado un grave deterioro en la seguridad de las personas que
defienden la causa y no se han visibilizado las violaciones a derechos humanos de comunidades completas.
Peimbert Calvo aceptó que existe una crisis de credibilidad de los organismos públicos en materia de derechos humanos: “Faltan
mecanismos y protocolos para garantizar los derechos humanos de los defensores, pero estamos trabajando en ello. Estamos en un
proceso de implementación y diseño de protocolos en varias áreas”.
Francisco Cravioto, investigador y monitor de políticas públicas relacionadas con industrias extractivas de Fundar, Centro de Análisis e
Investigación, explica que en San José del Progreso existe un conflicto social grave desatado por la presencia de un megaproyecto.
“Aquí vemos cuál es el resultado de que no se haga una adecuada instrumentación de la consulta. Este derecho no es aislado, parte
del reconocimiento que tienen los indígenas al uso y aprovechamiento de su territorio y sus recursos. La consulta surge como un
mecanismo para que siempre que vaya a haber una afectación, el estado tenga la obligación de consultar a las comunidades”, expone
el investigador de Fundar.
Infografía:
Ver infografía estática

5. San José del Progreso, explotación y miseria
25. marzo, 2013 Érika Ramírez @erika_contra Capitales, Destacadas, Portada, Semana, Sociedad
Parte I: Minera canadiense en Oaxaca: saqueo y violencia
⇒ Parte II: San José del Progreso, explotación y miseria
Parte III: Oaxaca, el octavo productor de oro, el cuarto en pobreza extrema
San José del Progreso, el tercer municipio más pobre de Oaxaca. Paradójicamente, un pueblo rico en oro
y plata, ahora extraídos por la filial de la canadiense Fortuna Silver Mines, Compañía Minera Cuzcatlán.
Érika Ramírez, texto y fotografías/ enviada
San José del Progreso, Oaxaca. El Catálogo de localidades, de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol),
indica que en este municipio habitan 6 mil 579 personas que viven en un alto grado de marginación municipal.
Esta situación lo coloca como el tercero más pobre en todo el estado gobernado, hasta 2010, por el Partido
Revolucionario Institucional y ahora por el aliancista Gabino Cué Monteagudo (partidos de la Revolución
Democrática y Acción Nacional). A nivel nacional ocupa el sitio 481, de los casi 2 mil 500 municipios que
conforman la nación.
Datos de la Sedesol muestran que el 16.67 por ciento de las personas de este municipio viven en muy alto grado
de marginación; el 75 por ciento, en alto grado y sólo 1 por ciento en grado medio.
Andrés Vásquez, padre de Bernardo Vázquez –dirigente opositor a la minera Cuzcatlán, asesinado el 15 de
marzo de 2012– de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán, es uno de los campesinos que ha
padecido las condiciones de pobreza.
Huérfano de padre y madre, don Andrés ha vivido toda su vida del trabajo en el campo. A sus 62 años de edad,
es padre de 10 hijos que ahora viven en un afán de lucha por su tierra. Para él todo ha cambiado desde la llegada

6. de la mina: la división del pueblo, la administración de los programas para aquellos que están a favor del
proyecto extractivo y la amenaza de degradación y contaminación ambiental que ve aproximarse.
Contrario a la pobreza que hay en el lugar, actualmente, la empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines
–representada en México por la Compañía Minera Cuzcatlán– tiene en sus registros la extracción de millones
de onzas de metales preciosos del suelo oaxaqueño.
Incertidumbre en la salud
Los problemas de salud que pueda acarrear la extracción
minera en San José del Progreso es una de las preocupaciones
que crece entre la población. Tal es el caso de Mayra Cruz
López, quien desde hace algunos meses siente un continuo
ardor en los ojos; a su pequeña hija le comenzaron los
problemas en la piel, unas manchas que parecen de resequedad
en sus piernas.
Son máculas en forma de flor que han aparecido en la piel de la
niña de casi 4 años de edad. “Me dicen que es el jabón, pero
antes no pasaba. Le he puesto pomadas pero no se
le quieren quitar”.
Algunos de los pobladores atribuyen este tipo de problemas a la
probabilidad de que se esté contaminando el agua, o al polvo
que hay en la región; sin embargo no tienen certeza de esto,
pues no cuentan con información clara del impacto ambiental
que trae consigo la extracción que hace la minera canadiense.
La organización internacional Hesperian, en su Guía
comunitaria para la salud ambiental, indica que con la minería
“la contaminación del agua y el excesivo uso de los recursos de agua da lugar a muchos problemas de salud.
Además, la destrucción de la tierra da lugar a la escasez de alimentos y al hambre. Y la contaminación del aire,
proveniente de las centrales eléctricas y las fundiciones construidas cerca de las minas, ocasiona enfermedades
graves… El carácter de la industria minera es explotar hasta el último pedazo de tierra y hasta el último
trabajador disponible, sacrificando la salud, los derechos humanos y el medio ambiente de las comunidades”,
entre otros aspectos.
Minería, oscuro panorama
Rurik Hernández, integrante del Frente Amplio Opositor a la Minera San Xavier, en el Cerro de San Pedro, San
Luis Potosí, comenta que actualmente la minería deja un “panorama oscuro” para el país, con más de 26 mil
concesiones en todo el territorio nacional, en su mayoría de oro y plata.
Como lo documentó Contralínea (edición 268), México ha otorgado 26 mil 43 concesiones a mineras para
explotar 51 millones 994 mil 312.7 hectáreas, con base en los padrones de expedición de títulos de concesión
minera, de la Secretaría de Economía. “Se trata de más de una cuarta parte de la superficie de la nación.

7. Trasnacionales canadienses son las principales beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de
oro y plata es el principal objetivo de las empresas extranjeras”.
Hernández, también integrante e investigador de la Red Mexicana de Afectados por la Minería, comenta que
ante las reformas constitucionales en derechos humanos, esta actividad extractiva viola los mismos, así como la
Ley Minera: “garantiza la actividad minera, otorga los recursos naturales a cambio de algunos pesos. No es
posible que se esté otorgando el territorio nacional sin importar nada, que haya despojos y coacción para
despojar a los pueblos de sus territorios”.
—¿Es un nuevo colonialismo? –se le pregunta.
—Es el mismo principio, pero con una capacidad de destrucción mayor. En 10 años, los canadienses han sacado
mucho más de lo que sacaron los españoles en 2 siglos. Los niveles de destrucción y capacidad de trabajo con la
nueva tecnología son impresionantes. Las minas mueven entre 60 y 300 toneladas en un sólo camión, detonan
miles de toneladas de explosivos al año y mueven millones de minerales y de tierra. Son desarrollos gigantes.
“Las minas subterráneas no son diferentes, es todo un enjambre que construyen bajo tierra y luego regresan los
desechos a la mina. El problema más grande que estamos viendo aquí con la actividad minera subterránea (que
no es visualmente tan impactante como con la mina de tajo a cielo abierto) son los impactos a los acuíferos, es
algo muy serio. Toda el agua que se filtra y baja al espejo de agua de las comunidades. También, regresar los
desechos pone en riesgo la integridad por contaminación de todo un acuífero. Esto es espantoso y no vamos a
saber hasta dónde va a llegar toda la contaminación.”
Fortuna Silver Mines extrae riqueza mexicana
La empresa de origen canadiense Fortuna Silver Mines, representada en México por la Compañía Minera
Cuzcatlán, ha extraído del suelo oaxaqueño 1 millón 967 mil 96 onzas de metales preciosos.
De acuerdo con el Reporte anual 2012 de la trasnacional, la producción ese año ascendió a 1 millón 949 mil
178 onzas de plata y a 17 mil 918 onzas de oro. Ésta es una de las 302 compañías, principalmente de capital
canadiense, que tienen concesionada una cuarta parte del territorio nacional.
La trasnacional que inició operaciones de extracción en el tercer municipio más pobre del estado paga
anualmente al erario mexicano 2 millones de pesos por la concesión de 58 mil hectáreas, asegura en entrevista
Juan Carlos Gómez Muñoz, gerente de Administración y Finanzas de la Compañía Minera Cuzcatlán.
Con la producción extraída y la cotización del oro a nivel internacional por el World Gold Council –
organización de desarrollo de mercado para la industria del oro–, la minera canadiense podría haber ganado 360
millones 80 mil 128 pesos ese año, sólo por este metal. La institución cotiza, al 4 de marzo de 2013, la onza de
oro en 1 mil 570 dólares. En tanto, el Banco de México mantiene el precio del dólar en 12.78 pesos.

8. Las desigualdades
En marzo de 2012, Contralínea (edición 274) documentó que las “trasnacionales mineras pagaron a México
sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los recursos obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales
extrajeron recursos minerales por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al
país ‘derechos’ por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses,
australianas y brasileñas sacaron de este país más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata”.
El estudio Minería en México. Referencias generales, régimen fiscal, concesiones y propuestas legislativas –
elaborado por el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados de la recién
saliente legislatura– indica que “la próspera situación de los consorcios minero-metalúrgicos en el país, el auge
internacional del mercado de metales y el favorable escenario de políticas públicas han propiciado –por
ejemplo– que nunca antes en la historia de México se hayan extraído tanto oro y plata como ahora.
“Este bonancible entorno cohabita con otra faceta de la minería mexicana contemporánea, la de los accidentes
que sepultan a decenas de mineros, la de las difíciles condiciones laborales para amplios porcentajes de
trabajadores y la del otorgamiento de enormes concesiones del territorio nacional a empresas mineras que no
están sujetas al pago fiscal de regalías.”

9. Un cuarto del país en poder de mineras extranjeras
22. enero, 2012 Érika Ramírez @erika_contra Portada
Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón han concesionado 51 millones 994
mil 312.7 hectáreas de territorio nacional a la industria minera. Se trata de más de una cuarta
parte de la superficie de la nación. Trasnacionales canadienses son las principales
beneficiarias. Como en la época de la Colonia, la explotación de oro y plata es el principal
objetivo de las empresas extranjeras, revelan documentos de la Secretaría de Economía. “La
minería está viviendo una época de florecimiento”, considera diputado de Acción Nacional
Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas y Coahuila encabezan la lista de entidades donde más proyectos se han concedido a la
industria minera. Son ya más de 26 mil los permisos otorgados para la exploración, explotación y producción de metales preciosos y
minerales desde que el panismo ascendió al poder.
Los padrones de Expedición de títulos de concesión minera –durante el periodo 2000-2009, año hasta el cual están actualizados los
documentos de la Secretaría de Economía– revelan que a esa fecha habían sido concedidas en el país 51 millones 994 mil 312.7
hectáreas, a través de 24 mil 531 concesiones. Los títulos se incrementaron a 26 mil 43 los últimos dos años de la administración de
Felipe Calderón Hinojosa, según indican dos informes más, elaborados por la misma dependencia federal.
El informe Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, realizado por la Secretaría que encabeza Bruno
Ferrari García de Alba, revela que las empresas más beneficiadas ese año fueron: la australiana Azure Minerals, Ltd, que obtuvo 25
concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration, Inc, con 16; Pediment Gold Corp, 14; y
Goldcorp, Inc, con 11 autorizaciones (Contralínea, 179 http://contralinea.info/archivo-revista/index.php/2010/04/25/entregan-oro-y-
plata-de-mexico-a-trasnacionales/
).
La Secretaría encargada de llevar a cabo las políticas económicas del país informa, a través de su documentoEstadísticas sobre
exploración minera, octubre de 2011, que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México”.

10. Francisco López Bárcenas –coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México– considera que las concesiones
entregadas a las trasnacionales son “una pérdida de soberanía, porque el otorgamiento de concesiones implica que el Estado ya no
puede entrar a esos lugares”.
Además, el maestro en derecho y desarrollo rural por las universidades Nacional Autónoma de México y la Autónoma Metropolitana,
respectivamente, critica el tiempo que duran las concesiones, de hasta 50 años se puede renovar y llegar hasta los 100. “Sospecho
que esto se hace, también, para especular en el mercado, donde los que salen ganando son los inversionistas extranjeros. El negocio
no sólo es explotar la mina, sino tener la concesión para controlar el precio del mineral a nivel mundial”.
Las cifras
Los padrones de la Dirección General de Minas indican que durante la administración de Vicente Fox Quesada fueron concedidas 30
millones 57 mil 417 hectáreas, a través de 17 mil 629 títulos. Los kárdex del foxismo revelan que 2005 fue el año más beneficioso para
la industria. En ese periodo fiscal fueron palomeados 2 mil 896 títulos que implicaron la concesión de 6 millones 632 mil 537.18
hectáreas.
Antes de concluir el quinto año de la administración calderonista, los permisos concedidos sumaron 8 mil 414, e implicaron el
otorgamiento de 21 millones 936 mil 895.7 hectáreas, que representan el 72 por ciento de lo otorgado un sexenio anterior. Los
informes correspondientes a los ciclos 2010 y 2011 no detallan el número de hectáreas autorizadas en esos años.
Las cifras oficiales indican que 2006 fue el año en que más concesiones se han otorgado –en 11 años de panismo–, al sumar 8
millones 377 mil 896.77 hectáreas. En este periodo se concedieron 2 mil 423 títulos. Al iniciar la actual administración, Sonora fue la
entidad que más licencias registró con 2 millones 226 mil 784.62 de hectáreas y 592 títulos.

11. Luis Enrique Mercado Sánchez –integrante de la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados por el Partido Acción Nacional–
niega que haya tal beneficio a las trasnacionales: “Son extranjeros pero el recurso del suelo, salarios y lo que pagan ellos por la
concesión minera es de los mexicanos. La minería está viviendo una época de florecimiento por los nuevos descubrimientos y, porque
los precios de los metales han subido extraordinariamente. Vemos un proyecto mexicano muy boyante”.
Trasnacionales en México
Los dos últimos informes elaborados por la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía revelan que las empresas de
origen canadiense son las que acaparan las concesiones para la exploración, explotación y producción en las minas mexicanas.
El 25 de abril de 2010, Contralínea documentó que tan sólo en ese año se encontraban en México 187 compañías de origen
canadiense en la búsqueda de oro y plata (este último metal precioso ha colocado al país en el segundo lugar de la producción
mundial). Secundaban las firmas estadunidenses en la búsqueda de la riqueza minera; seguidos por Australia, Reino Unido, India,
Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.
En 2011, la Secretaría de Economía indicó que “existen 293 empresas con capital extranjero operando en México, las cuales manejan
un portafolio de 808 proyectos en total” (esto, durante el periodo fiscal 2011).
Del total de empresas con capital extranjero que operan en el país, 213 tienen sus oficinas centrales en Canadá; 45, en Estados
Unidos; ocho, en la República Popular China; cinco, en Australia; cuatro, en Inglaterra; al igual que en Japón y Corea del Sur; y dos,
en India y Perú. Y una en Luxemburgo, Chile, Italia, Bélgica, España y Holanda, respectivamente, indican las Estadísticas sobre
exploración minera, octubre de 2011.

12. El mismo informe descubre que aproximadamente 506 proyectos están asociados con oro y plata, es decir, el 63 por ciento; 141 son
polimetálicos, 17 por ciento; el cobre con 98 proyectos, 12 por ciento; el hierro alcanza 39 planes, con el 5 por ciento; y los 24
restantes con otros metales y materiales, como el germanio, cobalto, titanio, molibdeno, bismuto, estaño, platino, galio, litio-potasio,
paladio, antimonio, níquel, vanadio, wolframio (tungsteno), mercurio, zeolita-chabazita, barita, pórfidos, boratos, wollastonita y roca
fosfórica, lo que representa el 3 por ciento; sin embargo, en la mayoría de los casos se consideran a estos minerales como
subproductos o asociados con los minerales metálicos.
Mario Di Costanzo Armenta –integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público por el Partido del Trabajo, en la Cámara de
Diputados– opina que el “acaparamiento de las concesiones mineras en manos de trasnacionales es una absoluta pérdida de
soberanía. Además, de que no cumplen con las condiciones mínimas para que sus mineros desempeñen sus trabajos”.
En contraste, el diputado priísta Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, integrante de la Comisión de Economía, dice que no hay que
“satanizar” a las trasnacionales que han obtenido concesiones.
“No hay que decir que son un demonio las empresas extranjeras; lo que debemos tener es un esquema de regulación que permita que
empresas extranjeras o mexicanas cumplan con todos los requisitos.
“Tenemos que preocuparnos por establecer los márgenes en los que se puedan manejar las empresas, no se trata de hacernos
víctimas porque son extranjeros. Lo que debemos hacer como diputados es modificar la ley que permite esto. Si cualquier empresa,
mexicana o extranjera, se aprovecha de los empleados, no paga los suficientes impuestos, hace un uso mayor del que puede hacer de
la mina a la que tiene derecho, el gobierno federal tendrá que actuar en contra de ello, pero no por su nacionalidad sino porque
cumplan o no las leyes mexicanas.”

13. La Auditoría Superior y la Constitución
En el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2008, la Auditoría Superior de la Federación realizó
observaciones en el otorgamiento de las concesiones; 24 de 48 solicitudes hechas por las empresas para obtener los permisos (de
108 expedientes muestra) “carecen de las actas constitutivas que acrediten que las sociedades son de nacionalidad mexicana y [que]
tienen como objeto social la exploración o explotación de minerales”.
El artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos indica que “sólo los mexicanos por nacimiento o por
naturalización y las sociedades mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para
obtener concesiones de explotación de minas o aguas.
“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en
considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se
refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido
en virtud del mismo.”
López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México, expone que la minería es la cuarta fuente de
entrada de divisas al país, superada por el petróleo, la industria automotriz y el sector turístico.
La industria se ha vuelto importante por los recursos que genera, pero los campesinos son los que están rentando sus tierras muy
baratas; son mano de obra barata y padecen un fuerte impacto ambiental en sus comunidades. “Es un saqueo total de los recursos no
renovables. Los estamos, prácticamente, entregando. No le va a quedar nada al país”.

14. El maestro en derecho y desarrollo rural agrega que “el abandono de este sector por parte del Estado mexicano tiene que ver c on la
firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, así como con los intereses de una burguesía trasnacional. Se debe
recuperar el espíritu del artículo 27 de la Constitución que dice, en síntesis, que los bienes y su explotación son de la nación y su
desarrollo, que se debe dar el reparto equitativo de los recursos entre los mexicanos y cuidar que no se agote”.
Violaciones a los DH
Coahuila, la segunda entidad con más concesiones autorizadas en todo el país, al llegar a 6 millones 213 mil 305.67 hectáreas, a
través de 2 mil 183 títulos, también es donde más violaciones a los derechos humanos se registran en la industria minera.
El Informe especial sobre las condiciones de seguridad e higiene en la zona carbonífera del estado de Coahuila, elaborado por la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, evidencia que “las condiciones en las que se realizan los trabajos de explotación del
carbón distan mucho de ser las idóneas para asegurar un trabajo digno”.
Documenta que “conforme a lo establecido en el artículo 123 constitucional y los diversos instrumentos internacionales en que el
Estado mexicano es parte, en tanto que no se da cumplimiento a las medidas de seguridad e higiene indispensables para efectuar
dicha actividad, además de que las acciones emprendidas por el Estado no son suficientes para garantizar la integridad de los
trabajadores, lo que contraviene sus derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica, personal e incluso, a la vida”
Destaca que Coahuila registra el índice más alto de incapacidades laborales del tipo parcial permanente en todo el país. En 2008,
obtuvo el primer lugar en incapacidades permanentes por accidente de trabajo, que dañaron a 797 trabajadores; también ocupó el
primer lugar por incapacidades permanentes por enfermedades de trabajo, que afectaron a 705; y el primer lugar en enfermedades de
trabajo, que perjudicó a 723 mineros, de los 3 mil 681 del registro nacional.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó entrevista con la coordinadora general de Minería de la Secretaría de Economía, Jimena
Velarde Altamirano. Al cierre de edición no se obtuvo respuesta.

15. Coahuila: mineros en calidad de servidumbre
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos retoma la información contenida en el V Informe Pasta de Conchos. Dime desde allá
abajo, elaborado por la organización Familia Pasta de Conchos, sobre la situación de la minería de carbón en Coahuila. Destaca las
condiciones laborales en estos centros de trabajo: la mayoría de las minas no cumplen con las normas de seguridad e higiene; los
pozos no cuentan con una salida de emergencia; no se han constituido comisiones de seguridad e higiene como marca la ley; los
trabajadores no tienen capacitación para el trabajo ni equipo de seguridad mínimo, como metanómetros, botas, lámparas, cascos,
etcétera; tienen que utilizar su propio equipamiento, ya que la empresa o los contratistas no se los proporcionan; el minado de los
pozos y de muchas minas se hace restringiendo los materiales para su construcción y forzándolos al máximo; en lugar de poner cuatro
ademes (soportes), se ponen dos y no se emparrillan los techos de los túneles; y el empleo que generan los pocitos es inseguro,
subregistrado y altamente peligroso.

17. Mineras pagan a México 1% de lo que extraen
4. marzo, 2012 Érika Ramírez @erika_contra Portada
Trasnacionales mineras pagaron a México sólo un equivalente al 1.18 por ciento de los
recursos obtenidos del territorio nacional. Las multinacionales extrajeron recursos minerales
por más de 552 mil millones de pesos entre 2005 y 2010, pero sólo pagaron al país “derechos”
por 6 mil 500 millones. Tan sólo en 2008, las empresas canadienses, estadunidenses,
australianas y brasileñas sacaron de México más de 50 toneladas de oro y 2 mil 600 de plata
Mineras trasnacionales pagan a México poco más del 1 por ciento del valor total de lo que extraen del territorio nacional, del cual las
administraciones panistas les han concesionado alrededor del 25 por ciento de los 2 millones de kilómetros cuadrados que lo
conforman, hasta por 50 años.
Tan sólo por la extracción de oro y plata las multinacionales se llevaron a sus arcas el 90 por ciento del valor de los metales preciosos.
A México le dejaron un equivalente de menos del 10 por ciento de esos recursos, durante el último lustro. De documentos de la
Dirección General de Minas, dependiente de la Secretaría de Economía, y de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) se
desprende la disparidad entre los beneficios obtenidos por las empresas y los montos que se retribuyen al erario.
Del análisis de las estadísticas de producción y valor de los metales, publicadas por la Dirección General de Minas para el periodo
2005-2010, y del Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta Pública 2010 (presentado el 15 de febrero pasado),
resulta que la mayor utilidad para México por la extracción de oro fue de apenas 10.61 por ciento, en 2008.
Los documentos revelan que de los 15 mil 698 millones 429 mil 400 pesos en que se evaluaron los 50 mil 365 kilos de oro extraídos
ese año, entraron al erario 1 mil 667 millones 42 mil 800 pesos por el concepto de pago de cuotas para explotar minas.

18. En tanto, por plata ?metal que coloca a México como el productor más importante a nivel mundial? la “ganancia” para el país fue del
11.93 por ciento del valor total de lo extraído, en ese mismo periodo fiscal. Ese año la producción del metal precioso fue de 2 millones
668 mil 28 kilos, lo que implica un valor de 13 mil 972 millones 569 mil pesos. La ganancia para las trasnacionales fue del 88.07 por
ciento.
El año en el que inició la administración de Felipe Calderón Hinojosa fue el que más pérdidas representó para México en este rubro:
registró un pago de cuotas de tan sólo 322 millones 696 mil 600 pesos. No obstante, el oro se cotizó, en ese año, en 7 mil 628 millones
188 mil 800 pesos. El “beneficio” para México fue de 4.23 por ciento de los valores mercantiles.
El avalúo de la plata llegó a los 9 mil 777 millones 994 mil 200 pesos, por la extracción de 2 mil 413.147 toneladas. Durante ese mismo
año, el pago por derechos, en más de 320 millones de pesos, dejó utilidades a las compañías extranjeras por 96.7 por ciento, contra el
3.30 por ciento aportado al fisco.
Francisco López Bárcenas, coautor del libro El mineral o la vida. La legislación minera en México, asegura que las disposiciones
“relativas a las actividades mineras no regulan derechos a favor de la nación ni de los propietarios de las tierras donde los minerales
se encuentran, sino para favorecer a las grandes mineras”.

19. Cuotas simbólicas
En México las compañías dedicadas a la extracción de minerales no pagan al gobierno por el valor de los recursos extraídos, sino por
hectárea concesionada. En enero pasado, Contralínea documentó que las cuotas estipuladas van de 5 a 111 pesos semestrales, por
cada hectárea concesionada.
Esta situación ha motivado iniciativas para reformar la Ley Federal de Derechos, que establece los montos de cobranza. Sin embargo,
éstas permanecen en la congeladora de la Cámara de Diputados (Contralínea 268).
El informe de la ASF, correspondiente al ejercicio fiscal 2010, precisa que los pagos por explotación y exploración de minas son
“simbólicos” y “contrastan” con el valor de los recursos extraídos del territorio nacional.
En cuatro años de administración calderonista y el último de Vicente Fox (periodo analizado en la Cuenta Pública 2010) sólo se aportó
poco más del 1 por ciento de los beneficios obtenidos por las compañías.
La Auditoría Superior de la Federación, encabezada por Juan Manuel Portal, indica que el valor de la producción en ese lustro
ascendió a 552 mil 422 millones 429 mil 300 pesos, y el de los derechos cobrados a 6 mil 543 millones 417 mil 400, los cuales
equivalieron al 1.2 por ciento de la producción.

20. Concesiones sin beneficio a la nación
De acuerdo con el informe de fiscalización, los requisitos para el otorgamiento de concesiones mineras son “mínimos y de fácil
cumplimiento, por lo que no se encuentra garantizado el correcto uso y aprovechamiento de los recursos naturales y de proporcionar
un beneficio a la nación”.
Los auditores del máximo órgano de fiscalización del país detectaron “deficiencias en la integración y datos del padrón de
concesionarios y asignaciones mineras, así como en el contenido de los expedientes”.
Igualmente, documentaron que la Secretaría de Economía, que encabeza Bruno Ferrari García de Alba, “carece de manuales de
procedimientos o lineamientos específicos para el control de pagos de los derechos de solicitud y trámites diversos al título de
concesión minera, de asignaciones mineras, así como de los adeudos”.

21. López Bárcenas, maestro en derecho y desarrollo rural, expone que los problemas de la minería “se agravan cuando los propietarios
de las tierras son los pueblos o comunidades indígenas, por la relación especial que mantienen con la tierra y en general con la
naturaleza [...]. Esto genera conflictos, porque los campesinos, pueblos o comunidades indígenas saben que tienen derechos, aunque
la legislación minera no los contemple, y no están dispuestos a que les sean violados”.
De acuerdo con información de la Secretaría de Economía, las principales beneficiarias de las concesiones son la australiana Azure
Minerals, Ltd y las canadienses Almaden Minerals, Ltd; Dia Bras Exploration, Inc; Pediment Gold Corp; y Goldcorp, Inc.
Efectos nocivos
Una de las iniciativas que permanece congelada en la Cámara de Diputados es la promovida por el legislador petista Jaime Cárdenas
Gracia, quien hace énfasis en el impacto ambiental que producen las mineras en el país.

22. Presentada el 6 de septiembre de 2011, solicita se realicen modificaciones a la Ley de Minería para “garantizar los derechos colectivos
que se reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los convenios internacionales, ratificados por el
Senado, a pueblos y comunidades indígenas, así como de los núcleos agrarios, ejidales y comunales, y para restringir la minería a
cielo abierto y el uso de técnicas basadas en el cianuro”.
Éste también fue uno de los aspectos observados por la Auditoría Superior, pues señala que los costos son significativos para la
sociedad y que perduran en el tiempo: incendios en las venas de carbón mal selladas o restauradas, emanaciones de monóxido de
carbono, fracturas y colapso de la superficie de la tierra.
El listado de la ASF contempla, también, “filtraciones de agua freática de las minas abandonadas, las cuales pueden tener un alto nivel
de acidez o estar contaminadas con metales peligrosos; alteración de los acuíferos debido a su removimiento o la fracturación
causada por trabajos de extracción. Éstas pueden provocar la pérdida o degradación de las fuentes locales de agua freática”.
Mientras que los minerales residuales peligrosos expuestos en las minas superficiales o esparcidos en pilas de desechos, pueden ser
causantes de enfermedades en la comunidad y los trabajadores.
Actualmente México cuenta con reservas oficiales de oro por 105.9 toneladas. El oro extraído por las trasnacionales representaría el
50 por ciento de ese valor. Contralínea solicitó entrevista con la coordinadora general de Minería de la Secretaría de Economía,
Jimena Velarde Altamirano. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.

24. Trasnacionales pagan 5 pesos por concesión minera
24. enero, 2012 Érika Ramírez @erika_contra Capitales
La extracción de cualquier metal precioso o mineral mexicano cuesta de 5 a 111 pesos a las
compañías del sector, por hectárea concesionada. Lejos de los precios del mercado
internacional de oro, plata, cobre, carbón, estas empresas –trasnacionales, la mayoría de
capital canadiense– encuentran en México una fuente de enriquecimiento, con un marco
jurídico laxo. El país está regalando su riqueza minera, señalan legisladores
Compañías extranjeras dedicadas a la exploración y explotación de metales preciosos en México pagan al gobierno federal entre 5 y
111 pesos cada semestre, por hectárea concesionada. La recaudación por este concepto alcanza poco más de los 500 millones de
pesos por año. Iniciativas para reformar la Ley Federal de Derechos, que establece los montos de cobranza, permanecen en
la congeladora de la Cámara de Diputados.
Las iniciativas de reforma congeladas en el Congreso de la Unión se refieren a los artículos 262 y 263, pues son los que,
principalmente, marcan los montos que deben de aportar los concesionarios de las minas mexicanas, así como sus obligaciones. El
primero de éstos obliga a pagar los derechos sobre la minería a aquellas compañías que desempeñen trabajos relacionados con la
exploración o explotación de sustancias o minerales sujetos a la aplicación de la Ley Minera.
El artículo 263 indica que los titulares de concesiones y asignaciones mineras pagarán cada semestre por cada hectárea o fracción
concesionada o asignada el derecho sobre minería, de 5 a 111 pesos de forma progresiva. Las cuotas durante el primer y segundo

25. año de vigencia son de 5.08 pesos; el tercero y cuarto año, 7.60 pesos; el quinto y sexto, 15.72 pesos; séptimo y octavo, 31. 62 pesos;
el noveno y onceavo, 63.22; y a partir del décimo, 111.27 pesos.
Cifras de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público indican que la actividad minera recaudó 575 millones 828 mil 700 pesos, de
enero a septiembre de 2011, de acuerdo con el documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda
pública, al tercer trimestre de 2011.
Claudia Edith Anaya Mota, secretaria de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en la Cámara de Diputados, indica que esta ley
“está regalando un recurso no renovable como es el minero. El cobrar por hectárea y no por el valor de la extracción, como se hace en
los demás países del mundo, habla de un entreguismo del Estado mexicano”.
Luis Enrique Mercado Sánchez, integrante de la Comisión de Economía por el Partido Acción Nacional, comenta que es necesario
realizar reformas a la Ley Minera para hacer más eficientes a las empresas y establecer mecanismos de protección al medio ambiente,
así como actualizar los trámites y las tarifas que cada concesión debe cubrir ante el Estado mexicano.
Las concesiones
Datos de la Dirección General de Minas –dependiente de la Secretaría
de Economía– indican que de 2000 a 2009 se han concesionado 51
millones 994 mil 312.7 hectáreas para la exploración y explotación de
minas mexicanas. Con estas cifras se puede calcular que los pagos por
este concepto podrían ir de 264 millones 131 mil 108.51 pesos a 5 mil
785 millones 407 mil 174.12 pesos por semestre.
Los datos oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
muestran que el cobro por las concesiones fue de 575 millones 828 mil
700 pesos, de enero a septiembre de 2011. Así lo indica el listado de
Recaudación del Gobierno Federal por sector económico, publicado en
el documento Informes sobre la situación económica, las finanzas públicas y la deuda pública, al tercer trimestre de 2011.
Anaya Mota, del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, urge a que sean aprobadas las iniciativas presentadas
ante la Comisión de Hacienda, para que el cobro del derecho sea proporcional al valor de la extracción. Éste, explica, puede ir del 3 al
7 por ciento, según el metal que se extraiga. La época de La Colonia, agrega, “fue más generosa con México; en esos tiempos se
construyeron haciendas, templos; ahora sólo queda devastación”.

26. Guillermo Raúl Ruiz de Teresa, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, señala: “Los pagos son
bajos, sí. Hay que modificarlos, así como los derechos. Olvidémonos de que sean extranjeras o mexicanas; tratemos de que cumplan
la ley”.
Mario Di Costanzo Armenta, integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, considera que “el atractivo que han tenido las
trasnacionales es el marco jurídico laxo que hay en nuestro país: pagan muy poco en derechos, las normas ambientales no son
respetadas y las condiciones laborales para los mineros son mínimas, esto hace que sin lugar a dudas haya mucho interés por
invertir”. El legislador, integrante de la fracción del Partido del Trabajo en la Cámara de Diputados, agrega que “desde el gobierno de
Carlos Salinas de Gortari la minería dejó de ser un sector reservado a la nación; ahora, está abierto a la inversión mixta y privada y es
un potencial que se está desperdiciando”.
Las iniciativas
El 19 de mayo de 2010, los perredistas Agustín Guerrero Castillo y Claudia
Edith Anaya Mota presentaron ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público
la iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas
disposiciones de las leyes Federal de Derechos, y de Coordinación Fiscal.
En ésta se propone “la creación de un derecho adicional sobre la minería, que
se fijaría en una tasa de 3 por ciento sobre el valor nominal anual de la
producción minera total. La base de cálculo sería el último dato anual
disponible que haya calculado la Secretaría de Economía a través de la
Dirección General de Minas. Este valor ascendió, en 2006, a 100 mil 633
millones de pesos, lo que significa que se podrían recaudar por este nuevo
derecho unos 3 mil millones de pesos”.
Además, promueve la creación del Fondo de Participaciones en el Derecho
Adicional a la Minería, para distribuir los recursos de esta actividad a todas las
entidades federativas, con énfasis en las que lleva a cabo
“predominantemente la actividad minera nacional”.
Jaime Cárdenas Gracia, del grupo parlamentario del Partido del Trabajo,
también presentó una iniciativa el 6 de septiembre de 2011, en la que solicita
se hagan las modificaciones de Ley de Minería para “garantizar los derechos
colectivos que se reconocen en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y en los convenios internacionales, ratificados por el Senado, a los
pueblos y comunidades indígenas, así como de los núcleos agrarios, ejidales y comunales y, para restringir la minería a cielo abierto y
el uso de técnicas basadas en el cianuro”.

27. El panista Luis Enrique Mercado adelanta que será en este periodo de sesiones en que su partido presentará una iniciativa para
realizar reformas a la Ley Minera.
Minas, atractivo trasnacional
De acuerdo con la Secretaría de Economía, las compañías con mayor presencia en México son la australiana Azure Minerals, Ltd; y
las canadienses Almaden Minerals, Ltd; Dia Bras Exploration, Inc; Pediment Gold Corp; Goldcorp Inc, entre otras.
Almaden Minerals se estableció en el país en 1992, después de haber trabajado en México en la década de 1970. Entre los proyectos
de esta empresa, se encuentra la adquisición de la mina de oro en La Trinidad, Sinaloa. Actualmente realiza perforaciones en la
llamada zona Ixta, en Puebla, para la extracción de oro y plata, indica el portal de internet de la compañía.
Dia Bras Exploration es otra de las empresas canadienses interesadas en la búsqueda de plata, cobre y oro, así como de metales
básicos como el zinc y el plomo. El atractivo que encuentra es que en la actualidad México es el primer productor de plata en el nivel
mundial, con un registro histórico de producción de más de 10 millones de onzas de plata y de cierre actual producción anual de sobre
100 millones de onzas. “La mayoría de los depósitos son de alta calidad y susceptibles de bajo costo”.
De acuerdo con su página de internet, políticamente, el país es uno de los más estables de América Latina, “con estructuras fiscales
favorables y un firme compromiso del gobierno para el desarrollo de los recursos naturales”.
Pediment Gold Corp es otra de las trasnacionales interesadas en extraer metales preciosos de las minas nacionales. Entre sus
proyectos se encuentran la mina de El Castillo, en Durango; el proyecto de San Antonio, en Baja California Sur, y La Colorada y La
Fortuna, en Sonora. Esta empresa se constituyó en 1983, y tiene su sede en Vancouver, Canadá.
Goldcorp indica en su información corporativa que mantiene cuatro proyectos importantes en el país: El Sauzal, productor de oro, en
Chihuahua; la mina Peñasquito, que espera se produzca un promedio anual de 500 mil onzas de oro, 28 millones de onzas de plat a,
450 millones de libras de zinc y 200 millones de libras de plomo; El Camino Rojo, productora de oro y plata, y Los Filos, actualmente la
mayor mina de oro en México.
La Revista Mexicana de Estudios Canadienses estima que “casi todo el territorio mexicano se encuentra mineralizado, y se calcula que
el 85 por ciento de las reservas minerales aún no han sido explotadas”.
México, indica la publicación, “continúa siendo un país líder en la economía internacional en la producción de plata, estroncio, celestita,
bismuto y sulfato de sodio […] La industria minera es, además, proveedora de insumos para un gran número de ramas productivas de
la economía, y un factor importante en la promoción del desarrollo regional”.

28. Entregan oro y plata de México a trasnacionales
25. abril, 2010 Érika Ramírez @erika_contra Portada No comments
Desde diciembre de 2000 y hasta la fecha, los gobiernos panistas han otorgado más de 24 mil concesiones para la
explotación de minas. Tan sólo en lo que va del año, la administración de Felipe Calderón ha autorizado la explotación de
oro, plata y cobre a 231 compañías extranjeras. Azure Minerals y Almaden Minerals encabezan la lista de trasnacionales
beneficiadas. La mayoría de los corporativos favorecidos tienen sus sedes en Canadá, Estados Unidos, Australia y el Reino
Unido. La Auditoría Superior de la Federación pone en duda la legalidad de la explotación, pues las leyes sólo la prevén para
mexicanos, ejidos, comunidades agrarias y pueblos indígenas
Oro, plata, cobre, hierro y zinc son extraídos de territorio mexicano por compañías de Canadá, Estados Unidos, Australia, Reino Unido,
Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile, revelan informes oficiales. Lo anterior, a pesar de que el artículo 27 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos señala que la explotación de minas sólo puede realizarse por mexicanos.
Tan sólo en lo que va de este año, 231 trasnacionales han obtenido concesiones de la Secretaría de Economía (SE) para desarro llar
más de 704 proyectos en todo el país. Los trabajos de exploración, extracción y producción se palomean sin que la administración de
Felipe Calderón Hinojosa cuente con una política pública en materia minera que ponga a salvo los derechos de la nación sobre sus
recursos, revela la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Del documento Proyectos mineros operados por compañías de capital extranjero 2010, elaborado por la SE y del
cual Contralínea posee copia, se desprende que las empresas más beneficiadas en este año son la australiana Azure Minerals, Ltd,
que obtuvo 25 concesiones mineras; las canadienses Almaden Minerals, Ltd, con 17; Dia Bras Exploration Inc, con 16; Pediment Gold
Corp, 14; y Goldcorp Inc, con 11 autorizaciones.
El mismo informe indica que de las más de 230 trasnacionales, el 81 por ciento de los “permisos” gubernamentales fue en beneficio de
filiales con oficinas centrales en Canadá. El resto de las autorizaciones se distribuyeron entre Estados Unidos, Australia y el Reino
Unido, y, en menor medida, Luxemburgo, Corea, Japón, Perú y Chile.
“Socio comercial” de México en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, Canadá tiene en el país 187 compañías en la
búsqueda de oro y plata, metal precioso que ha colocado al país latinoamericano en el segundo lugar en su producción mundial.
Los empresarios estadunidenses tienen a 31 de sus firmas en búsqueda de la riqueza nacional; los australianos cuentan con cuatro de
sus filiales; Reino Unido, tres. El resto de las concesiones está en manos de India, Japón, Corea, Luxemburgo, Perú y Chile.
La suma de minas mexicanas concesionadas a las trasnacionales supera los 2 millones de hectáreas. De acuerdo con los “permisos”
entregados por el gobierno de Felipe Calderón, las compañías extranjeras podrán explotar este territorio mexicano hasta 2050.
Inconsistencias legales: ASF
La Ley de Minas precisa en su artículo 10 que “la exploración y explotación de los minerales o sustancias (…) sólo podrá realizarse por
personas físicas de nacionalidad mexicana, ejidos y comunidades agrarias, pueblos y comunidades indígenas (…)”.
En este contexto, el Informe del resultado de la fiscalización superior de la Cuenta pública 2008 indica que 24 de 48 solicitudes para
obtener concesiones –de 108 expedientes de la muestra– “carecen de las actas constitutivas que acrediten que las sociedades son de
nacionalidad mexicana y tienen como objeto social la exploración o explotación de minerales”.
La observación hecha a la Dirección General de Minas, órgano dependiente de la SE, es contundente: “No revisó los requisitos que
deben cumplir los solicitantes, antes de la expedición del título de concesión, en incumplimiento del artículo 10 de la Ley Minera”.

29. En tanto, el artículo 27 constitucional dice que “sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades mexicanas
tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y sus accesiones o para obtener concesiones de explotación de minas o
aguas.
“El Estado podrá conceder el mismo derecho a los extranjeros, siempre que convengan ante la Secretaría de Relaciones en
considerarse como nacionales respecto de dichos bienes y en no invocar por lo mismo la protección de sus gobiernos por lo que se
refiere a aquéllos; bajo la pena, en caso de faltar al convenio, de perder en beneficio de la nación, los bienes que hubieren adquirido
en virtud del mismo.”
24 mil concesiones en 10 años
Otros 10 listados del documento Expedición de títulos de concesión minera, publicados por la Dirección General de Minas, muestran
que en lo que va de las administraciones panistas se han concedido 24 mil 586 permisos de exploración de minas en todo el territorio
nacional.
Las concesiones, que anualmente rebasan unas 2 mil, fueron palomeadas sin que la SE cuente con una política pública en la materia.
Según el informe del máximo órgano de fiscalización, correspondiente a 2008, “la dependencia no cumplió con las disposiciones
normativas aplicables a impulsar la creación, el desarrollo y la consolidación de empresas mineras y el otorgamiento de concesiones
mineras”.
Del análisis de la Expedición de Títulos de Concesión Minera, de 2000 a 2010, se desprende que la mayor beneficiaria de estos
permisos es la Compañía Minera La Parreña (filial de Industrias Peñoles), con 1 mil 130 autorizaciones.
Peñoles forma parte de Grupo BAL, un grupo privado y diversificado integrado por compañías como el Grupo Palacio de Hierro
(tiendas departamentales); Grupo Nacional Provincial (seguros); Profuturo GNP (Afore); Valores Mexicanos-Casa de Bolsa (servicios
financieros); Crédito Afianzador (fianzas); y negocios agropecuarios.
A la filial de Peñoles le siguen, en número de concesiones: Industrial Minera México, 647; Exploraciones Mineras Parreña, 367; Minera
Penmont, 199; Minera Pecobre, 182; Minera Tayahua, 181; Minera María, 158; Minerales Monclova, 157; Minera de Cordilleras, 137, y
Minera Largo, 109; como las 10 principales autorizadas para explorar en las minas nacionales.
Auditoría reprobada
Según la fiscalización de la Cuenta Pública 2008, la SE reprobó la auditoría de desempeño que aplicó el máximo órgano de
fiscalización a consecuencia de que las autoridades encargadas del ramo “no fijaron un indicador para medir el cumplimiento del
objetivo de impulsar la creación, desarrollo y consolidación de las empresas mineras”.
La SE “omitió” verificar los requisitos de la concesión minera; se excedió en los plazos para la emisión de las propuestas; no verificó
las obligaciones de presentar informes estadísticos, técnicos y contables, de comprobación de obras; no certificó el pagó de derechos
por solicitud de concesión minera, ni el de concesión minera, consigna el informe de la ASF.
La auditoría de desempeño muestra que la secretaría que encabeza Gerardo Ruiz Mateos no actualizó las cuotas de inversión en
obras y trabajos mineros; no se realizaron visitas a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios, los
procedimientos de cancelación de los permisos se iniciaron de forma extemporánea y no se incluye, en el Sistema de Evaluación del
Desempeño de la SE, la totalidad de los indicadores de la Coordinación General de Minería.
Se solicitó entrevista con el titular de la SE para conocer la respuesta a las observaciones planteadas por la ASF. También se solicitó
entrevistas con los directivos del Fideicomiso del Fomento Minero y de la Cámara Minera, que representa a la industria en México. Al
cierre de esta edición, no hubo respuesta.
Resistencia contra la minería
La resistencia de las comunidades afectadas por la minería en Chiapas se ve cada vez con más fuerza, ya que se están vinculadas
con luchas que se dan en otros estados de la república y otros países, como Guatemala, dice el Informe sobre la situación de los
derechos humanos en Chiapas 2008, elaborado por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas.

30. Entre las acciones que enumera se encuentran:
· Los habitantes del Barrio Las Nubes, del ejido Toquián, municipio de Siltepec, dijeron que “no permitirán que una empresa
canadiense explote mineral en su territorio”.
· En septiembre de 2008, habitantes del municipio de Chicomuselo protestaron por la explotación de barita, realizada por la
canadiense Blackfire Exploration.
· El Frente Regional Contra las Privatizaciones, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, organizó distintas marchas
para exigir detener la explotación minera en Siltepec, La Grandeza, Bejucal de Ocampo, Porvenir, Amatenango de la Frontera,
Mazapa de Madero, Motozintla y otros municipios de la entidad.
· Los pobladores de la comunidad de Cruztón, municipio de Venustiano Carranza, se negaron a la explotación minera en su territorio,
ya que “la extracción de oro a cielo abierto dañará irremediablemente las tierras y contaminará el aire y el agua con residuos tóxicos”.
· En junio de ese año, representantes de comunidades y organizaciones sociales de 10 estados de la república decidieron conformar la
Red Mexicana de Afectados por la Minería. Su principal objetivo es frenar y eliminar la minería a cielo abierto.
· Luego, en diciembre de 2008, “25 organizaciones de México y Guatemala consolidaron un movimiento binacional contra la minería y
acordaron rechazar las políticas que pretenden “despojar a las nuestras comunidades de sus recursos naturales”. (ER)
Primeros 50 “Proyectos Mineros Operados por Compañías de Capital Extranjero, 2010”, muestra de 231
Lugar Empresa Concesiones País de origen
1. Azure Minerals, Ltd 25 Australia
2. Almaden Minerals, Ltd 17 Canadá
3. Dia Bras Exploration Inc 16 Canadá
4. Pediment Gold Corp 14 Canadá
5. Goldcorp Inc 11 Canadá
6. Macmillan Gold Corp 11 Canadá
7. Soltoro, Ltd 11 Canadá
8. Mag Silver Corp 10 Canadá
9. Canasil Resources Inc 10 Canadá
10. Chesapeake Gold Corp 10 Canadá
11. First Gold Exploration Inc 9 Canadá
12. Golden Goliath Resources, Ltd 9 Canadá
13. Oremex Resources Inc 9 Canadá
14. Remstar Resources, Ltd 9 Canadá
15. Us Gold Corporation 9 Canadá
16. Mexivada Mining Corp 8 Canadá
17. Silvermex Resources, Ltd 8 Canadá
18. Timmins Gold Corp 8 Canadá

31. 19. Tumi Resources, Ltd 8 Canadá
20. Coeur D’alene Mines Corp 8 Estados Unidos
21. Cotton & Western Mining Inc 8 Estados Unidos
22. Hochschild Mining Plc 7 Perú
23. Lake Shore Gold Corp 7 Canadá
24. Nwm Mining Corporation 7 Canadá
25. Oro Gold Resources, Ltd 7 Canadá
26. Sterling Mining Co 7 Estados Unidos
27. Arco Resources Corp 7 Canadá
28. Blackcomb Minerals Inc 7 Canadá
29. Riverside Resources Inc 7 Canadá
30. High Desert Gold Corporation 6 Canadá
31. Linear Gold Corp 6 Canadá
32. Qrs Capital Corp 6 Canadá
33. Cardero Resource Corp 6 Canadá
34. Tara Gold Resources Corp 6 Estados Unidos
35. Ternium 6 Luxemburgo
36. Xtierra Inc 6 Canadá
37. Cronus Resources, Ltd 5 Canadá
38. Great Panther Resources, Ltd 5 Canadá
39. Newstrike Capital 5 Canadá
40. Oro Silver Resources, Ltd 5 Canadá
41. Paramount Gold & Silver Corp 5 Canadá
42. Premium Exploration Inc 5 Canadá
43. Solitario Exploration & Royalty Corp 5 Estados Unidos
44. Zinco Mining Corp 5 Canadá
45. Arian Silver Corporation Plc 5 Reino Unido
46. Minefinders Corporation, Ltd 5 Canadá

32. 47. Quaterra Resources Inc 5 Canadá
48. Yale Resources, Ltd 5 Canadá
49. Galena Capital Corp 4 Canadá
50. Geologix Explorations Inc 4 Canadá
Fuente: Dirección General de Minas, Secretaría de Economía
Las 30 compañías más beneficiadas con concesiones mineras 2000-2010
Empresa Concesiones
Compañía Minera La Parreña 1,130
Industrial Minera México 647
Exploraciones Mineras Parreña 367
Minera Penmont 199
Minera Pecobre 182
Minera Tayahua 181
Minera María 158
Minerales Monclova 157
Minera De Cordilleras 137
Minera Largo 109
Minera Del Norte 100
Minera Kennecott 100
Minas de Celestita 96
Minera Rarámuri 89
Exploraciones del Altiplano 84
Compañía Minera La Valenciana 77
Minera San Francisco del Oro 75
Compañía Minera Ameca 74
Abelardo Garza Hernández 73
Compañía Minera Las Torres 67
Jorge Preisser Rivera 65

33. Minera Cascabel 63
Minera Hecla 63
Plata Panamericana 63
Las Encinas 60
Minera Gavilán 60
Minera Teck Cominco 60
Minera Mexicana La Ciénaga 59
Minera Phelps Dodge México 59
David Alejandro Espinosa Dueñas 58
Fuente: Dirección General de Minas, Secretaría de Economía
Países en la explotación de minas mexicanas en 2010
País Empresas Concesiones
Canadá 187
Estados Unidos 31 88
Australia 4 28
Reino Unido 3 8
India 1 2
Japón 1 1
Corea / Canadá 1 1
Luxemburgo 1 6
Perú 1 7
Chile/ México 1 4
231 704
Concesiones mineras por entidad, 2008
Entidad federativa Concesiones Superficie
otorgadas (hectáreas)
Aguascalientes 7 137.095
Baja California 66 131.565
Baja California Sur 10 91.398

34. Coahuila 152 620.353
Colima 18 35.994
Chiapas 1 29.700
Chihuahua 228 628.965
Durango 289 707.898
Guanajuato 31 188.380
Guerrero 72 351.101
Hidalgo 33 10.711
Jalisco 116 121.808
México 16 29.262
Michoacán 92 135.456
Morelos 11 16.599
Nayarit 28 24.368
Nuevo León 33 225.417
Oaxaca 44 403.272
Puebla 14 70.879
Querétaro 26 42.642
San Luis Potosí 81 304.444
Sinaloa 123 167.816
Sonora 486 887.139
Tamaulipas 13 98.103
Veracruz 1 19.431
Yucatán 1 49.522
Zacatecas 160 618.029
Total Acumulado 2.152 6.147.361
Fuente: Dirección General de Minas

35. Participación de México en la Producción Minera Mundial, 2008
Lugar Producto
Segundo Plata
Fluorita
Bismuto
Tercero Celestita 3/
Cuarto Diatomita
Wollastonita
Quinto Plomo
Sexto Cadmio
Molibdeno
Séptimo Zinc
Grafito
Sal
Octavo Barita
Manganeso
Décimo Feldespato
Doceavo Oro
Cobre
Fuente: Dirección de Control Documental, Informática y Estadística, Secretaría de Economía

36. Megaminería tóxica en México: muerte y saqueo 500 años
después
1. abril, 2012 Opinión Opinión
Jorge Peláez Padilla*
En memoria de Bernardo Vázquez Sánchez
(…) Si ahora los muertos hablan
con sus voces de sangre
y sus cuerpos sumidos,
que, en el coro de los vivos,
nadie guarde silencio
Ledo Ivo,Hora de hablar
El 15 de marzo de 2012, cuando muchas familias (en realidad las pocas que pueden) se preparaban para escapar del puente,
Bernardo Vázquez Sánchez, líder de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán (CPUVO), fue asesinado por sicarios.
También fueron heridos Rosalinda Canseco y Andrés Vázquez Sánchez. Los asesinos –claramente identificados por la comunidad–
fueron enviados por el presidente municipal de San José del Progreso, Oaxaca, Alberto Mauro Sánchez, acusado del asesinato de
otro opositor al proyecto minero, perpetrado el 18 de enero de 2012, y por ese motivo prófugo de la justicia. Pero al dirigir los dedos
que dispararon las armas se encuentran, de manera directa, la minera canadiense Fortuna Silver Mines (que opera en México con el
nombre de Compañía Minera Cuzcatlán) y la impunidad y el desdén que reinan en la administración de Gabino Cué Monteaguado,
gobernador de la entidad.
La lucha de los pobladores de San José del Progreso contra la Minera Cuzcatlán comenzó en 2008, cuando se enteraron que el
presidente municipal, de espaldas a la población, otorgó los permisos para que la empresa operara en el territorio del municipio. El
proceso de resistencia llevó a que los pobladores inconformes pidieran a las autoridades información. Como ésta nunca llegó, y en su
lugar sólo encontraban mentiras y dilaciones, decidieron en una asamblea comunitaria oponerse a la nueva explotación minera y tomar
acciones. Se ampararon en que como pueblos originarios debieron de ser consultados. Entre las medidas tomadas destacó el bloqueo
a los accesos a la mina (que en esos momentos estaba en construcción). Esta acción se llevó a cabo entre el 16 de marzo y luego el 6
de mayo de 2009. Ese último día fueron violentamente desalojados.
La resistencia detonó en la comunidad todo un proceso organizativo y autogestivo por parte de los opositores a la Minera Cuzcatlán.
También se generaron formas autónomas de financiamiento para la resistencia y los pobladores se empoderaron a contrapelo de las
formas tradicionales de hacer política. La complicidad de las autoridades municipales con la empresa minera, las amenazas
constantes a los pobladores y la ingobernabilidad e inseguridad en que habían sumido al municipio, llevó a que los opositores
organizados y empoderados, solicitaran, en varias ocasiones, la desaparición de poderes en el municipio, petición que nunca fue
tomada en cuenta por el Congreso de Oaxaca.
Todas las acciones coordinadas de resistencia no pudieron impedir que la mina se instalara, pero sí lograron retrasar el inicio de
operaciones hasta el 1 de septiembre de 2011 (www.fortunasilver.com/s/home.asp). No obstante, el trabajo de la minera continuó
encontrando obstáculos, ya que los opositores se han negado sistemáticamente a que extraiga agua de un pozo profundo en las
cercanías de la comunidad, en una zona donde el propio estado ha reconocido la escasez del vital líquido.
El conflicto escaló cuando, en un supuesto acto de instalación de agua potable para la comunidad, el 18 de enero de 2012, policías
municipales e integrantes del Cabildo abrieron fuego contra los pobladores, lo que causó la muerte de Bernardo Méndez Vásquez y

37. heridas de bala a Abigaíl Vásquez Sánchez. A partir de ese momento las múltiples advertencias respecto a las amenazas por parte de
los pobladores afines a la minera –armados y nucleados en torno a la organización SanJosé Defendiendo sus Derechos, AC– cayeron
en oídos sordos y en las redes de la indolencia y la pasividad del gobierno de Oaxaca. El resultado: el reciente asesinato de Bernardo
Vázquez Sánchez.
¿Cómo es posible que se pueda atentar de esa manera contra las comunidades y personas que lo único que intentan es defender sus
derechos y hacer escuchar su voz?
Una de las posibles respuestas podemos rastrearla en la impunidad que reina en Oaxaca (como en el país). El caso del sistemático y
selectivo proceso de aniquilamiento de los integrantes del Municipio Autónomo de San Juan Copala –que llevó incluso al ataque de
una caravana de paz que culminó con el asesinato de los activistas por los derechos humanos Beatriz Alberta Cariño y Jiri Jaakkola,
en 2010–, es sólo uno de los tantos ejemplos en el estado. En éste, como en otros casos, la impunidad ha sido la regla. En el resto del
país los ejemplos sobran: piénsese en el ataque impune a los derechos de la periodista Lydia Cacho por parte del empresario Kamel
Nacif, en complicidad con el exgobernador de Puebla Mario Marín y el gobernador en turno de Quintana Roo (2006), Félix González
Canto; la brutal represión a los pobladores de San Salvador Atenco, Estado de México, arengada desde los medios de comunicación y
contemplada por millones como un reality show (mayo de 2006); los feminicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua, y en el Estado de
México, y el exterminio de los defensores de derechos humanos que exigen justicia: el de Mariano Abarca, opositor a la implantación
de ingenios por parte de empresas extranjeras en Chiapas, en la localidad de Chicomuselo (noviembre de 2009); el asesinato en 2011
de los activistas del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, en Ostula, Michoacán (Pedro Leyva, Trinidad de la Cruz
Crisóstomo, entre otros), y Sonora (Nepomuceno Moreno)… La lista sería interminable.
Con este clima de impunidad que el Estado genera por omisión y muchas otras veces por su acción directa represora, es
perfectamente entendible que las mineras tengan licencia para dividir y matar de cara a la opinión pública.
Otra vía de respuesta a la pregunta formulada la encontramos si nos asomamos a todo el entramado institucional y jurídico,
conformado a modo para garantizar la expansión de empresas mineras trasnacionales en el país. La puerta a todo el proceso de
despojo y venta del país la abrió la modificación al artículo 27 constitucional, en 1992, y la entrada en vigor, en 1994, del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte(TLCAN). A ello se suma la conversión en ley de los pliegos petitorios de los empresarios
mineros, a través de la aprobación de la Ley Minera de 1992 y sus subsiguientes reformas.
A todo lo antes referido hay que agregar la debilidad de la legislación internacional (el Convenio 169 de laOrganización Internacional
del Trabajo Sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes y elPacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales) que, ante la parcialidad de las instituciones del Estado y la ignorancia o indolencia de los jueces, no ha podido hacer
frente a la capacidad de corromper que tienen las empresas del ramo.
Con sólo poner algunos ejemplos de esta complicidad jurídica con la situación de muerte y despojo que generan las mineras, basta
mencionar que la Ley Minera le otorga a esta actividad privada el carácter de “utilidad pública y preferente” (artículo 6). Esto permite
expropiar en caso de que los particulares o los pueblos no quieran vender o rentar sus tierras o territorios, y exenta a las empresas
mineras del pago de impuestos estatales y municipales. Además las concesiones son otorgadas por 50 años, prorrogables a otros 50
más (Francisco López Bárcenas y Mayra Montserrat Eslava Galicia, El mineral o la vida. Legislación minera en México, Colegio Oficial
Agentes de la Propiedad Industrial, México, Distrito Federal, 2011).
Por si todo lo anterior fuera poco, las empresas del ramo están exentas de pagar el impuesto sobre la renta, ya que éste se lo tributan
en sus países de origen (http://www.jornada.unam.mx/2011/11/14/min-privilegios.html). Gracias al TLCAN empresas canadienses y
estadunidenses no pagan impuesto alguno por la extracción del mineral o sobre el valor de las ventas. Al final, sólo sufragan el 2 por
ciento por concepto de nóminas, el impuesto sobre el valor agregado y un risible –como si no fuera indignante– impuesto anual que
oscila entre 5 y 111 pesos por hectárea concesionada, que no distingue en el tipo de mineral que se extrae.
Este saqueo encuentra en los mercados internacionales otro motivo de expansión. Al día de hoy, la tendencia del oro y la plata se
reporta, como balance, al alza. La onza de oro se vende a 1,660.5 dólares, mientras la de plata se cotiza en 32.62. Para tener una idea
de lo que esto significa, sólo Peñasquito (mina propiedad de Goldcorp, en Zacatecas) producirá este año 425 mil onzas de oro y 28

38. millones de onzas de plata (www.milenio.com/cdb/doc/impreso/9128251), lo cual representa en términos monetarios una ganancia de
705 millones 712 mil 500 dólares y 912 millones 800 mil dólares, respectivamente. El resultado se expresa en que hoy casi el 30 por
ciento del territorio nacional se encuentra concesionado para la explotación minera. Además, entre 2001 y 2010, se extrajo el doble de
oro y la mitad de plata que se produjo en 300 años de explotación colonial (www.jornada.unam.mx/2011/11/14/minera.pdf).
Por si no fuera suficiente con el saqueo de nuestra riqueza, estas empresas, que se presentan como “ecológicas” y “socialmente
responsables”, dejan tras de sí una estela de muerte y destrucción ambiental: contaminación de las aguas con cianuro y metales
pesados y en el agotamiento de sus fuentes hídricas, debido a que la minería es una actividad altamente consumidora del vital líquido
(una mina consume como promedio 250 mil litros diarios de agua, el equivalente a lo que una familia campesina consumiría en 20
años).
Para ir en búsqueda de esta riqueza ya tienen, como hemos señalado, gran parte de la normatividad a su favor. Si se les atraviesan
individuos, pueblos o una sociedad organizada en el camino del saqueo, tienen la suficiente capacidad económica para sobornar a
funcionarios, quebrantar la justica y crear conflictos inter e intracomunitarios que debiliten el tejido social y dividan a las familias y
pueblos. Si a pesar de ello la oposición continúa, recurren a los asesinatos selectivos de líderes sociales, sea directamente o a través
de sicarios de las propias comunidades, como en el caso de la asociación San José Defendiendo sus Derechos.
Luchar contra esos monstruos del despojo, el ecocidio y la corrupción fue lo que le costó la vida a Bernardo Vázquez. En ello, el
Estado mexicano es corresponsable por permitir el saqueo y la impunidad de estos nuevos conquistadores, y cómplices son todos los
que con indolencia miran y callan.
El 17 de marzo de 2012, mientras la familia de Bernardo y más de 600 personas asistían al sepelio, y lloraban, con rabia y enojo, otra
muerte más, los paseantes llenaban playas, balnearios y salones de baile; los políticos seguían alistándose para el inicio de otra
campaña electoral más de nuestra hueca democracia; y los aviones Hércules continuaban cargando el oro y la plata y elevando vuelo
hacia Canadá, llevándose además de la riqueza nacional, la vida de Bernardo y de muchos otros, la tierra que da cobijo a las plantas y
animales que hacen posible que el planeta respire, los hogares y calles donde nos relacionamos con otros y construimos eso que
llamamos humanidad.
*Profesor-investigador adscrito a la Academia de Derecho de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México; integrante del
Colectivo de Estudios Críticos en Derecho