Recordemos el principio universal de que las deudas se generan cada vez que los gastos exceden a los ingresos, para enjugar un déficit monetario.

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RETIRE VD. LAS AYUDAS DE GUERRA.
Manfred Nolte
Toca hoy recoger la espada del ausente y hacerle frente al dragón que nos acecha: el
alarmante volumen de nuestra deuda nacional. Y tanto más, a eso se refiere lo de
‘ausente’, cuanto que la realidad de esta silenciosa amenaza queda reservada a un
público reducido, sin alcanzar a la conciencia popular.
Me remito, para justificar este temor, a la última encuesta del CIS. Y es que, para la
población española encuestada, el volumen de la deuda nacional no constituye motivo
alguno de inquietud. En el Barómetro de febrero 2023, el CIS formula a los ciudadanos
la habitual pregunta: “¿Cuál es a su juicio el principal problema que existe actualmente
en España?”. Pues bien, en las 69 preocupaciones listadas por nuestros compatriotas,
simplemente no aparece la del tamaño de la deuda. Es cierto que en la cabecera se
recoge una apelación difusa a “la crisis económica y los problemas de índole económica”
que malamente puede traducir un problema de la talla del que aquí consideramos.
Destacan el paro, la sanidad, el mal comportamiento de los políticos, la desigualdad, la
educación, así hasta 69 renglones. Pero la deuda no crea ansiedad, no pone nervioso a
nadie.
Recordemos el principio universal de que las deudas se generan cada vez que los gastos
exceden a los ingresos, para enjugar un déficit monetario.
Pero es como si la deuda del estado no fuera de nadie o fuera de otros, ajena a nuestra
incumbencia. La satisfacción alcanzada con el disfrute de los beneficios que aquella
vuelca en la ciudadanía -sobre todo en materia de subvenciones- no queda compensada
con la prudencia en indagar su tamaño ni su sostenibilidad. En el tomar no hay engaño -
se piensa- y doctores tiene el gobierno para juzgar si están yendo más allá de sus
competencias y posibilidades.

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Nos referiremos aquí a la deuda de las administraciones del estado, a la deuda pública
sin entrar en la consideración de la deuda del sector privado. En este el peligro es menor.
Desde el año 2009, su cifra ha ido reduciéndose. Desde 900.000 millones de euros a los
600.000 de finales de 2022 en el caso de los hogares. Y hasta 1,1 billones en el caso de
las empresas. En total, la deuda privada consolidada alcanzó los 1,7 billones de euros a
finales de 2022, aunque decreciendo.
La deuda pública, por el contrario, no ha hecho sino aumentar vertiginosamente desde
el 90% del PIB en 2010, hasta alcanzar los 1,54 billones de euros, un 113,2% del PIB a
finales del ejercicio pasado. Este porcentaje, dada su magnitud, es motivo de
intranquilidad.
Si el PIB español creciese establemente a tasas significativas, el margen de aumento del
gasto sería mayor. Pero no es el caso. De todos los países de la unión Europa el nuestro
cierra la clasificación con un famélico crecimiento del 0,7% entre 2019 y 2024, en una
lista encabezada por Irlanda con el 38,5%. En consecuencia, hay que mirar fijamente a la
palanca de nuestro gasto público.
Surge la duda de por qué siendo el importe del endeudamiento privado mayor que el
público, hacemos saltar las alarmas sobre este último y somos relativamente
complacientes en relación con el primero. La respuesta es clara en función de sus
tenedores. Un porcentaje muy elevado de nuestra deuda pública – 76,5% incluido el
Banco Central europeo- está en manos de no residentes mientras que la deuda privada
se halla en su práctica totalidad en manos de nacionales. La vulnerabilidad de una y de
otra, su capacidad de refinanciación, o su amortización de emergencia vía nuevos
impuestos, es por lo tanto muy diferente.
Objetivamente, cabe preguntarse sobre la gravedad en términos absolutos del peso de
la deuda actual. La amenaza deriva mucho más de su tendencia que de su fotografía

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estática. La relajación monetaria adoptada por el Banco Central europeo durante los
últimos años ha permitido una arquitectura eficiente en los precios y en los vencimientos
de nuestro stock de deuda: un 1,71% de coste promedio y una duración media de 7,9
años. Una situación relativamente confortable. Nuestros acreedores no nos acechan con
un ultimátum para que les paguemos de golpe lo que les debemos. Hay un cómodo
calendario de diferimiento. Ni el precio de las deudas es escandaloso o de usura. Es
razonablemente bajo.
La amenaza se cierne sobre otros aspectos.
El servicio de una deuda creciente resta financiación de forma progresiva para otras
prestaciones importantes, sean de índole social o de inversión. España pagará 31.275
millones de euros de intereses en 2023, un 2,15% del PIB, el doble del importe destinado
a Investigación, Desarrollo, Innovación y Digitalización, con 16.328 millones de euros, y
supondrá el 36% del presupuesto para Sanidad. Las dotaciones a intereses que
aumentarán cada ejercicio representan, de hecho, un despilfarro en términos de
oportunidad.
El tipo de interés para las nuevas emisiones vendrá fijado por la credibilidad que la
comunidad internacional otorgue a un país para el repago de las mismas, lo que a su vez
viene influenciado por su stock acumulado total. Los inversores institucionales
seleccionarán los países de mayor solvencia, exigiendo tipos más altos para los
préstamos a los países más endeudados. Llegado el caso, como sucedió en el verano de
2012, el mercado puede cerrar el acceso a la financiación de un Estado: una situación
límite con rango de quiebra financiera. Fue el caso de Irlanda, Portugal, Grecia y España.
Adicionalmente, y como es lógico, la pertenencia a un club financiero como es la Unión
Monetaria exige de España que cumpla con las reglas y estatutos de dicha Institución,
una de las cuales es la disciplina presupuestaria, reconduciendo el déficit entre ingresos
a gastos a un máximo del 3% sobre el PIB. La Comisión Europea ha presentado el
miércoles pasado su paquete de primavera. Las reglas fiscales vuelven a activarse en
2024. Un documento en el que insta a España a realizar una mejora del ajuste estructural
de, al menos, el 0,7% del PIB en 2024, lo que se traduce en algo más de 9.700 millones
de euros. Ya en 2023 debería suprimirse el gasto que todavía permanece para combatir
el Covid, y que supone un 0,5% del PIB, unos 6.000 millones de euros, según cálculos de
la Comisión.
La continencia presupuestaria no ha sido precisamente la mayor virtud del ejecutivo de
Sánchez. Algunas paladas de cal han sido de aplaudir, pero muchas otras de arena,
populistas y electoralistas tienen difícil justificación. La relajación fiscal toca a su fin. Pero,
con elecciones generales a finales de este año, ¿toca verdaderamente a su fin?

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