Estamos a menos de 10 días de la admisión de planes nacionales para fondos destinados a inversiones y reformas bajo el proyecto Next Generation EU, ¿Está España preparada para gestionar la petición y uso de estas ayudas?

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LAS AYUDAS DE EUROPA.
Manfred Nolte
A medida que pasan las semanas y todos, Gobierno, Administraciones locales,
lobbies empresariales y ciudadanos en general, se van concienciando de la
trascendencia que reviste la decisión de Bruselas de volcar importantes sumas de
dinero en la economía española, surgen espontáneamente dos preguntas
cruciales. Se refiere la primera a qué tipo de proyectos serán elegibles y cual será
la condicionalidad aplicada a los mismos para su aprobación. Porque, y esto es
decisivo, no todo proyecto será elegible para disponer de los fondos teóricamente
asignados. Adicionalmente cabe cuestionarse si estamos preparados técnica y
motivacionalmente para gestionar las sustanciales sumas de dinero que se nos
han adjudicado.
El estallido de la pandemia ha afectado de lleno a la Unión europea y a su poder
económico. En la cumbre de julio de los jefes de estadoy de gobierno quedó claro
que la Unión precisaba de inversiones y reformas para asegurar su convergencia
e impulsar su recuperación, siempre bajo el común denominador de que
surgieran de las prioridades comunes de la Unión. Las estrategias de los países
miembros debían identificarse con las tipificadas en el llamado ‘semestre
europeo’ que no es sino la planificación económica y financiera guiada y
consensuada desde Bruselas para todos los países miembros de la Unión. En
general, los retos globales del semestre europeo comunitario son los
concernientes a la competitividad, la productividad, la educación, el empleo y la
cohesión económica, social y territorial, la transición verde y digital, el
crecimiento sostenible y el logro de una Unión más resiliente, eseneologismo que
significa la capacidad de algo o de alguien para afrontar la adversidad. Es por eso
por lo que el plan global de ayudas europeas que lleva por nombre
‘GeneraciónProxima UE’ de 750.000 millones de euros, contiene un fondo

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titulado ‘Facilidad de recuperación y resiliencia’ (672.500 millones), con el que
Bruselas ayudaráa los países miembros a abordar las aludidas reformas. El fondo
concederá ayudas por 312.500 millones de euros y créditos por otros 360.000
millones más. En el caso de España hasta 140.000 millones de los cuales 77.000
a fondo perdido.
Junto a otras partidas presupuestarias europeas, el aumento de la inversión
descrito podría acercarse a los 200.ooo millones de euros, que deben ser
ejecutados antes de 2026. Siendo estoasí estaríamos hablando de inversiones de
procedencia europea del orden del 16% del PIB español de un año,
aproximadamente un 2,2% del PIB de cada año de la duración del programa. Se
trata de un hito sin precedentes en el legado europeo.
Volviendo al inicio, la ayuda europea se concretará en los ‘Planes de recuperación
y resiliencia’ nacionales que deberán someterse a la Comisión.
Por si los principios básicos del Consejo europeo fuesen insuficientes o poco
claros, la Comisión europea viene de publicar en setiembre una guía o
procedimiento para orientar las solicitudes de los países con sus Planes de
recuperación y resiliencia y agilizar la resolución de los casos. En ella se establece
que “los planes de recuperación y resiliencia deben reflejar un esfuerzosustancial
de reforma e inversión. Tanto las reformas como las inversiones deben ser
coherentes y abordar adecuadamente los desafíos de cada Estado miembro.”
Recordemos: proyectos de reformas y de inversión creíbles.
En la introducción de los planes de recuperación y resiliencia los países miembros
describirán los principales desafíos a los que se enfrentan y cómo el plan
contribuirá a la consecución de los siguientes cuatro objetivos generales:
promover la cohesión económica, social y territorial de la Unión; fortalecer la
resiliencia económica y social; mitigar el impacto social y económico de la crisis;
y apoyar las transiciones verde y digital.
Al final del resumen ejecutivo, se invita a los Estados miembros a proporcionar
información sobre qué componentes de su plan nacional de recuperación y
resiliencia contribuirán a las siete iniciativas emblemáticas europeas
identificadas en la Comunicación sobre la Estrategia anual de crecimiento
sostenible de 2021: arrancar; renovar;recargar y repostar; conectar; modernizar;
escalar y rehacer y mejorar, vocablos todos de ambicioso contenido en la jerga
comunitaria.
Para nuestro recetarioparticular ¿en qué consisten las inversiones y las reformas
que se nos aconsejan? Nada que no hayamos oído. Las mismas que de forma
inveterada figuran en las recomendaciones sucesivas del semestre europeo, y en
particular las que se nos proponen para 2020 y 2021. Combatir eficazmente la
pandemia, reforzando la capacidad y resiliencia del sistema sanitario en lo
relativo a sus trabajadores y a las infraestructuras esenciales; cuando las
condiciones lo permitan, aplicar políticas fiscales destinadas a garantizar la
sostenibilidad de la deuda; respaldar el empleo mediante incentivos eficaces a la
contratación y mejora de las políticas activas de empleo así como reformas del
mercado laboral impulsando la contratación indefinida, reduciendo su dualidad
y corrigiendo la fragmentación de las ayudas al desempleo; mejorar la cobertura

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y la adecuación de los regímenes de rentamínima y de apoyo a la familia; facilitar
el acceso al aprendizaje digital; garantizar la sostenibilidad de nuestro sistema de
pensiones; asegurar la liquidez a las pequeñas y medianas empresas y a los
trabajadores autónomos; centrar la inversión en la transición ecológica y digital,
y particularmente en el fomento de la investigación e innovación, en la
producción y utilización de fuentes de energía limpias y eficientes, mejorando la
infraestructura energética, la gestión de los recursos hídricos y de los residuos y
el transporte sostenible; mejorar la coordinación entre los distintos niveles de
gobierno y reforzar el marco de contratación publica para respaldar la
recuperación de forma eficiente.; aplicar la ley de garantía de la unidad de
mercado; mejorar la educación luchando contra el abandono escolar prematuro
y mejorar la cooperación entre administraciones.
Después quedará el segundo desafío que consiste en cerciorarse de que estamos
preparados como país para tramitar las ingentes sumas de dinero a nuestra
disposición, asignándolos y ejecutándolos de forma ágil y en plazos. No hay
mucho tiempo que perder ya que los estados miembros deberán remitir sus
planes a partir del próximo 15 de octubre, y hasta el 30 de abril de 2021. Y el 70%
de los 77 mil millones en ayudas a fondo perdido deberá estar comprometido
antes de finales de 2022.
Para conseguir diseñar y ejecutar este ambicioso conjunto de reformas e
inversiones, la Comisión Europea anima en la guía arriba citada a los estados
miembros a implicar a interlocutores sociales, administraciones territoriales,
grupos parlamentarios de oposición y organizaciones de la sociedad civil en el
diseño de las reformas e inversiones incluidas en el plan.
¿Cómo se va a acometer esto en España? La magnitud de la potencial inversión
requerirá́ del esfuerzo y talento en su gestión al objeto de no perder la
oportunidad que representa. Sin embargo, España, según distintas fuentes, no se
ha distinguido en el pasado por realizar una buena gestión de los fondos
europeos.
¿Será la administración del Estado capaz de gestionar esta oportunidad única de
forma eficiente?