Políticas Públicas de Convivencia y Seguridad Ciudadana

1. POLICÍA NACIONAL
Dirección General
EL VALOR DE LA VOCACIÓN
www.policia.gov.co
01 8000 910 600
ofpla.dms-jefat@policia.gov.co
PROGRAMA DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS SEGUROS
POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONVIVENCIA
Y SEGURIDAD CIUDADANA
La prevención de la violencia,
delincuencia e inseguridad

2. Bogotá, D. C., Diciembre de 2010
PROGRAMA DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS SEGUROS
POLÍTICAS PÚBLICAS
DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD
CIUDADANA.
La prevención de la violencia, delincuencia
e inseguridad
Cartilla N° 3

3. POLÍTICAS PÚBLICAS DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
La Prevención de la violencia, delincuencia e inseguridad.
Policía Nacional, Primera edición. Diciembre 2008
Doctor JUAN MANUEL SANTOS CALDERÓN
Presidente de la República
Doctor RODRIGO RIVERA SALAZAR
Ministro de Defensa Nacional
General ÓSCAR ADOLFO NARANJO TRUJILLO
Director General Policía Nacional
Mayor General RAFAEL PARRA GARZÓN
Subdirector General Policía Nacional
Mayor General ORLANDO PÁEZ BARÓN
Inspector General Policía Nacional
Brigadier General JOSÉ ROBERTO LEÓN RIAÑO
Director de Seguridad Ciudadana
Brigadier General JANIO LEÓN RIAÑO
Jefe Oficina de Planeación
Coronel LEÓN GUILLERMO BARÓN CALDERÓN
Jefe Oficina Comunicaciones Estratégicas
Coronel GONZALO RICARDO LONDOÑO PORTELA
Coordinador Programa DMS
Textos: CLAUDIA PATRICIA GÓMEZ ROJAS
Asesora Programa DMS
GRUPO DE IMPRESOS Y PUBLICACIONES
Oficina de Comunicaciones Estratégicas
Web: www.policia.gov.co
E-mail: ofpla.dms-jefat@policia.gov.co
Teléfonos: (1) 3159000 exts. 9775 - 9753 - 9509 Bogotá D. C.
Este documento hace parte integral de la Serie de Cartillas del Programa DMS y tiene como objetivo principal dar a
conocer a las autoridades político-administrativas y al personal de policía las funciones y competencias que tienen en
la gestión territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana.
No olvide, todos los documentos de la serie de cartillas del Programa DMS, son documentos de consulta permanente
para las autoridades, que también se encuentran publicados en la página web del Programa: www.policia.gov.co link
Programa DMS.

4. 3
Policía Nacional
CONTENIDO
Pag.
INTRODUCCIÓN........................................................................................................................ 4
OBJETIVO Y CONTENIDOS DEL DOCUMENTO............................................................... 8
1. CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA:
UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS............................................................................. 9
2. EL ROL DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN LA GESTIÓN
TERRITORIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.............................................11
3. ¿QUÉ ES UNA POLÍTICA PÚBLICA DE
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA?...............................................................14
4. LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, LA DELINCUENCIA Y EL DELITO................15
4.1. Prevención situacional y/o ambiental del delito.......................................................... 15
4.2. Prevención social del delito................................................................................................. 17
4.3. Prevención comunitaria del delito..................................................................................... 18
4.4. Aproximación epidemiológica a la violencia.................................................................. 19
4.4.1. Prevención primaria................................................................................................... 20
4.4.2. Prevención secundaria............................................................................................. 20
4.4.3. Prevención terciaria.................................................................................................... 21
5. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA......................................................................22
BIBLIOGRAFÍA...........................................................................................................................23

5. 4
Policía Nacional
INTRODUCCIÓN
En el marco de la política de “Defensa y Seguridad Democrática
2002-2012”, el Programa Departamentos y Municipios Seguros – DMS desde marzo
del año 2004, ha trabajado para fortalecer la gobernabilidad local en materia de
convivencia y seguridad ciudadana, bajo el liderazgo de los Gobernadores y Alcaldes,
que con las demás autoridades locales de seguridad, policía y justicia deben asumir,
de manera coordinada, integral y preventiva, la gestión territorial de la convivencia y la
seguridad ciudadana.
El Programa DMS es liderado por la Dirección General de la Policía Nacional, en asocio
con el Ministerio del Interior y de Justicia, ha contado con el apoyo técnico y financiero
de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID, la Oficina
de Asuntos Narcóticos de la Embajada de los Estados Unidos –NAS, así como de otras
agencias del Estado Colombiano, entre las que se destacan la Agencia Presidencial para
la Acción Social y la Cooperación Internacional.
El Programa fue concebido como una estrategia de trabajo que busca:
Lograr que las autoridades político-administrativas (Gobernadores, Alcaldes,•
Diputados, Concejales, entre otros) el personal de la Policía Nacional, la Fiscalía
General de la Nación, las Fuerzas Militares, el DAS, entre otras, conozcan y den
cumplimiento a la normatividad vigente a nivel nacional para la gestión territorial
de la convivencia, la seguridad ciudadana y el orden público.
Promover que las autoridades político-administrativas y la ciudadanía, de manera•
coordinada e interinstitucional, diseñen, ejecuten y hagan seguimiento a los Planes
integrales de convivencia y seguridad ciudadana.
Incluir en la agenda local de todos los departamentos y municipios del país los•
temas relacionados con la convivencia y la seguridad ciudadana, de forma tal,
que sean objeto de política pública y se les asignen recursos que garanticen la
sostenibilidad de las acciones desarrolladas.
Colombia es uno de los pocos países en América Latina en donde claramente están
consignadas en la Constitución Política y en diferentes leyes y decretos reglamentarios
las funciones y competencias en materia de convivencia, seguridad ciudadana y orden
público, tanto de las autoridades político-administrativas y de Policía, así como de las
agencias del Estado que conforman la fuerza pública. Pese a lo anterior, las acciones
que se desarrollaban por parte de las autoridades en muchas jurisdicciones carecían
de una articulación clara y de un hilo conductor que permitiese que todos trabajaran
bajo los mismos parámetros de eficiencia, eficacia, sostenibilidad, y coordinación. No
funcionaban los Consejos de Seguridad como espacios de coordinación interinstitucional
y no se asignaban recursos para el fortalecimiento de las agencias encargadas de estos
temas, así como para desarrollar estrategias, programas y acciones en la materia.

6. 5
Policía Nacional
Por este motivo, se requería de una Estrategia Nacional de Convivencia y Seguridad
Ciudadana, que facilitara la articulación de los esfuerzos realizados por Gobernadores,
Alcaldes y las autoridades de seguridad y justicia, para atender las problemáticas de
violencia, delincuencia e inseguridad. Esta estrategia titulada “Programa Departamentos
y Municipios Seguros” –DMS, tiene como principios: la coordinación intra e
interinstitucional, la planeación de las acciones y programas, de forma tal, que desde
un inicio se establezcan las metas y los indicadores, que permitirán establecer el nivel
de impacto de las medidas implementadas.
Gracias al liderazgo de las autoridades político administrativas en la gestión territorial
de convivencia y seguridad ciudadana y al compromiso de los funcionarios que tienen
funciones y competencias en esta materia es posible dar cumplimiento a lo dispuesto
por la Constitución Política 1991, la Ley 62 de 1993, el Código Nacional de Policía,
las Leyes 418 de 1997, y sus posteriores modificaciones Ley 548 de 1999, 782 de
2002, 1106 de 2006, los Decretos 2615 de 1991 y 2170 de 2004, la Política de
Defensa y Seguridad Democrática 2002- 2012, el Plan de Desarrollo “Hacia un Estado
Comunitario 2006-2010” y el CONPES 3460 “Política de Consolidación de la Seguridad
Democrática: Fortalecimiento de las capacidades del sector defensa y seguridad”, así
como al Plan Estratégico de la Policía Nacional 2007-2010.
En este sentido, para hacer realidad lo antes descrito, el Programa cuenta con tres
líneas de trabajo, como se explica a continuación:
Capacitación1. , tiene como objetivo dar a conocer a todas las autoridades
relacionadas con el tema, las funciones y competencias que les otorga la ley para
dar respuesta a las demandas de los ciudadanos en relación con su derecho a la
seguridad.
Comunicación2. , tiene como finalidad generar flujos de información en relación
con la gestión territorial de la convivencia y la seguridad ciudadana, de tal forma,
que las autoridades de todo el país conozcan las últimas disposiciones en la
materia, tengan la oportunidad de conocer experiencias exitosas y estén al tanto
las políticas de las entidades Nacionales sobre temas específicos.
Proyectos Especiales3. , se desarrolla en aquellos entes territoriales en los que se
presentan problemas de gobernabilidad y manejo del orden público, lo anterior
con el fin de prestar una asistencia técnica a las autoridades locales que les
permita asumir sus funciones y competencias de la mano con las autoridades
nacionales. Lo que a largo plazo garantiza el control total por parte Estado de todo
el territorio nacional, así como el monopolio de la fuerza y la justicia. Lo anterior,
es posible gracias a la consecución de una serie de alianzas estratégicas con
entidades nacionales y operadores de agencias de cooperación internacional con
las que se diseñan los procesos específicos de acompañamiento y se acuerda en
la medida de las posibilidades la inversión de recursos en áreas específicas.
Teniendo en cuenta la magnitud de las líneas de trabajo antes mencionadas y la
necesidad de garantizar el despliegue de las mismas en todo el territorio nacional, el
Programa DMS se define a sí mismo como un programa cíclico, que cuenta con tres
fases principales y una interfase que se desarrolla durante el segundo semestre del

7. 6
Policía Nacional
año en el que se eligen gobernadores, alcaldes, diputados, concejales y representantes
a las juntas administradoras locales. En este orden de ideas, cada cuatro años debe
darse inicio de manera inmediata a la fase de Sensibilización como muestra la siguiente
línea de tiempo:
La primera fase “Sensibilización”, tiene como objetivo trabajar con las autoridades
político – administrativas una vez se posesionan con el fin de demostrarles la importancia
de los temas de convivencia y seguridad ciudadana, para garantizar su compromiso en
la inclusión de los mismos en el Plan de Desarrollo de cada jurisdicción, y darles a
conocer las funciones y competencias que la ley les otorga en la materia para que bajo
su liderazgo se pongan en funcionamiento los instrumentos de gestión territorial de la
convivencia y seguridad ciudadana.
La segunda fase “Diseño y elaboración de los Planes Integrales de Convivencia
y Seguridad Ciudadana”, tiene como finalidad construir de la mano con los
Gobernadores, Alcaldes y el personal de Policía de todo el país los Planes integrales de
convivencia y seguridad ciudadana, a fin de garantizar que estos aborden de manera
integral las problemáticas de violencia e inseguridad, de forma tal, que incluyan medidas
preventivas, disuasivas, reactivas y de apoyo a la justicia, que contemplen procesos de
reparación de las víctimas y resocialización de los victimarios.
La tercera fase “Acompañamiento y seguimiento”, tiene como propósito brindar un
acompañamiento especial a las autoridades político-administrativas y de Policía durante
el desarrollo de los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana..
La inter-fase de “Sensibilización a candidatos”, se desarrolla durante el segundo
semestre del año en el que se realizan las elecciones para gobernadores, alcaldes,
diputados y concejales y tiene como finalidad realizar una sensibilización a todos los
candidatos a cargos unipersonales y corporaciones públicas, de forma tal, que los
temas de convivencia, seguridad ciudadana y orden público queden incluidos en los
Planes de Gobierno que presentan los candidatos al momento de inscribirse y que son
la base para los Planes de Desarrollo en caso de ser elegidos.

8. 7
Policía Nacional
De acuerdo con lo anterior, es importante resaltar que el Programa “Departamentos y
Municipios Seguros”, ha sido liderado por la Dirección General de la Policía Nacional, en
particular, por la Oficina de Planeación, y en especial por la Coordinación del Programa
DMS, instancia que de la mano con los Comandos de las Regiones, Metropolitanas,
Departamentos, Distritos y las Estaciones de la Policía, trabaja de manera conjunta con
las autoridades político-administrativas.

9. 8
Policía Nacional
OBJETIVO Y CONTENIDOS DEL DOCUMENTO
Este documento es el tercero de la Serie de Cartillas del Programa Departamentos
y Municipios Seguros, que tiene como público objetivo las autoridades político-
administrativas de todos los departamentos y municipios de Colombia, así como
el personal de la Policía Nacional. La serie de documentos del Programa DMS se
encuentra inscrita en la segunda línea de trabajo del Programa y tiene como objetivo,
generar un flujo de información desde la Policía Nacional hacia los mandatarios locales
sobre las competencias, funciones, herramientas e instrumentos vigentes, con que
cuentan, para atender las demandas de los ciudadanos en relación con su derecho a
la seguridad.
El objetivo del tercer documento, titulado “Políticas Públicas de Convivencia y Seguridad
Ciudadana. La Prevención de la violencia, delincuencia e inseguridad”, es presentarles
a las autoridades político-administrativas y al personal de Policía, de manera didáctica,
qué es una Política Pública de Convivencia y Seguridad Ciudadana, diferentes enfoques
en materia de prevención de la delincuencia y la inseguridad, así como la importancia
de la participación ciudadana en los programas y acciones que se desarrollan en la
materia.
Se espera que este documento motive el trabajo interinstitucional y coordinado entre
las autoridades político-administrativas, la Policía Nacional, las demás agencias de
seguridad y justicia del Estado, así como la ciudadanía en busca de la seguridad
ciudadana.
No lo olvide, todo departamento y municipio, además de contar con un Plan Integral de
Convivencia y Seguridad Ciudadana, debe diseñar una Política Pública de Convivencia
y Seguridad Ciudadana que determine el horizonte estratégico de las autoridades en
estas temáticas más allá de los periodos de gobierno.

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Policía Nacional
1. CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA:
UNA RESPONSABILIDAD DE TODOS
Durante más de cuarenta años la gran mayoría de los Estados Nación abordaron el
tema de la seguridad desde el paradigma de la “Seguridad y la Defensa Nacional”,
propio del periodo denominado la Guerra Fría. Esta tendencia limitaba el tema de la
seguridad a la preocupación por los enemigos internos y externos del Estado e incluía
entre sus categorías de análisis la contraposición entre los dos modelos económicos y
políticos imperantes, el Capitalismo, que tenía su mayor representante en los Estados
Unidos de América y el Socialismo liderado por la Unión de Repúblicas Soviéticas,
URSS. Este enfoque centraba su atención en la carrera armamentista y en el desarrollo
de tecnología para la guerra, dejando de lado las preocupaciones de los ciudadanos
en su vida cotidiana.
En 1990, la Organización de Naciones Unidas dio a conocer una nueva lectura del
tema a partir del paradigma de “Desarrollo Humano Sostenible” y del concepto de
“Seguridad Humana Integral”, que planteó en el informe anual de 1994. Esta nueva
aproximación tuvo gran acogida en América Latina, lo que permitió a su vez desarrollar
diferentes acercamientos al concepto de seguridad ciudadana en la región; a partir de
los aportes que han realizado a través de estos años organismos internacionales tales
como: el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo - PNUD, la Organización
de Estados Americanos - OEA, la Comisión Económica para América Latina - CEPAL, la
Organización Panamericana de la Salud - OPS, que por ejemplo hace una lectura de
la violencia desde la perspectiva de salud pública y la Comisión Andina de Naciones
- CAN. Al respecto es necesario resaltar que esta última logró la firma de la Declaración
de Seguridad Ciudadana en Sudamérica en septiembre de 2005. De igual forma, es
importante resaltar los aportes de la academia y de un grupo de profesionales que en
la región empiezan a construir una línea de investigación en la materia.
Este proceso de transición del paradigma de Seguridad y Defensa Nacional a un
paradigma más amplio e integral se ha venido desarrollando de manera paralela en el
caso de América Latina a otros procesos de gran envergadura tales como la tercera ola
de democratizaciones, la elaboración de nuevos pactos sociales en la mayoría de los
países a través de procesos democráticos, la crisis de partidos políticos, el surgimiento
de fenómenos de outsider y neopopulistas en el poder, la implementación del modelo
neoliberal, los procesos de descentralización, entre otros.
El surgimiento de un concepto de seguridad más integral, que reconoce la
consustancialidad entre las diferentes dimensiones de los ciudadanos, menos centrado
en las armas y más consciente de la dignidad de los seres humanos, de la necesidad
de tranquilidad que estos buscan en su vida cotidiana, así como el liderazgo por parte
de las autoridades locales en los temas de convivencia y seguridad ciudadana, ha
dado como resultado una nueva forma de aproximarse a los problemas de violencia,
delincuencia, inseguridad y crimen.

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Policía Nacional
Esta nueva aproximación tiene como referente varios aspectos:
Las problemáticas de convivencia y seguridad ciudadana deben ser atendidas•
por las autoridades locales en primera instancia, toda vez que son estas quienes
están más cercanas a los ciudadanos y por ende conocen de manera más clara
las necesidades de los mismos.
Es necesario asumir los temas de violencia, delincuencia, inseguridad y crimen•
desde una perspectiva analítica, que permita realizar estudios objetivos de los
fenómenos. En este orden de ideas, resulta claro para todos los actores que
los temas de convivencia y seguridad ciudadana no pueden seguirse manejando
desde la lógica de los caprichos y las percepciones aisladas de la realidad por
parte de algunas autoridades.
Atender las necesidades de los ciudadanos en relación con los temas de inseguridad•
y violencia implica el trabajo coordinado, interinstitucional e intersectorial de las
instituciones que tiene competencias y funciones en la materia.
La aproximación de las autoridades a estas problemáticas debe ser integral toda•
vez que es necesario desarrollar acciones preventivas, disuasivas, reactivas y de
fortalecimiento de la justicia.
Las políticas, programas, estrategias y acciones que se diseñen e implementen•
deben partir de la perspectiva de los derechos humanos y generar dinámicas de
confianza entre los ciudadanos y de estos hacia las instituciones, de forma tal, que
aumenten los niveles de capital social y de credibilidad de las instituciones.
Hoy más que nunca se reconoce la importancia y pertinencia de la participación•
de los ciudadanos en los programas, estrategias y acciones que se desarrollen con
el fin de disminuir las problemáticas de violencia, delincuencia e inseguridad que
se presentan en una jurisdicción.
Atender las problemáticas de violencia e inseguridad requiere la inversión•
de recursos por parte de las autoridades en sus diferentes niveles de gestión
(nacional, departamental y municipal).

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Policía Nacional
2. EL ROL DE LAS AUTORIDADES LOCALES EN LA GESTIÓN
TERRITORIAL DE LA CONVIENVIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
El liderazgo que algunos gobernadores, alcaldes y demás autoridades locales han
ejercido en relación con los temas de convivencia y seguridad ciudadana en diferentes
municipios y ciudades de América Latina, entre los que se destacan la ciudad de
Bogotá, Medellín, Quito, Santiago de Chile, Naucalpan, Guayaquil, Cuenca, Querétaro,
Lonja, entre otros, ha dado paso a una nueva aproximación a las problemáticas de
violencia y delincuencia, en la que el rol de las autoridades locales es fundamental.
En el caso específico de Colombia, la Constitución Política de 1991 otorga claramente
funciones y competencias a las autoridades político-administrativas en el tema, además
de establecer de manera clara la jerarquía para el manejo del orden público. En este
sentido, la Constitución reconoce la importancia de las autoridades locales del orden
departamental y municipal en la gestión territorial de la convivencia y la seguridad
ciudadana, así como en el manejo del orden público, motivo por el que establece el
rol de agentes del Presidente en esta materia para los gobernadores, y determina que
los alcaldes son los encargados del orden público en sus municipios y son la primera
autoridad de Policía en la jurisdicción.
Lo anterior, unido a los principios que rigen a la administración municipal en
Colombia: Eficiencia, eficacia, publicidad y transparencia, moralidad, responsabilidad
e imparcialidad; así como los principios rectores de la competencia: La coordinación,
la concurrencia y la responsabilidad, dispuestos en la Constitución Política y en la Ley
136 de 1994, por la cual se dictan “Normas tendientes a modernizar la organización y
el funcionamiento de los municipios”, determina de manera explícita la importancia del
trabajo coordinado e integral por parte de las entidades del Estado para garantizar los
derechos de los ciudadanos y el cumpliendo de sus deberes.
En este orden de ideas, el rol de las autoridades locales en la gestión territorial de la
convivencia y la seguridad ciudadana tiene sentido al estar en coordinación con las
entidades del nivel nacional, que también tienen funciones en el tema y de manera
específica con los miembros de la Fuerza Pública y las entidades que hacen parte de
la rama de justicia en Colombia. De acuerdo con lo anterior, debe existir una sinergia
total entre las autoridades locales y nacionales, puesto que las primeras son las que
están más cerca de la vida cotidiana de los ciudadanos, mientras que las autoridades
nacionales son las encargadas de fijar las líneas de acción generales a desarrollarse en
todo el territorio.
Siguiendo los planteamientos anteriormente enunciados, resulta lógico afirmar que son
las autoridades locales en representación del Estado a las que en un primer momento
les corresponde dar respuesta a las problemáticas que afectan la convivencia y la
seguridad de los ciudadanos, toda vez que estas están más cercanas a la ciudadanía,
motivo por el cual pueden percibir de manera más rápida sus necesidades; de igual
forma, conocen las redes de ciudadanos presentes en una jurisdicción y las dinámicas

13. 12
Policía Nacional
socioculturales y económicas de mejor manera, lo que les permite tomar decisiones más
acertadas, toda vez que tienen mayor información y mejor conocimiento del terreno.
Siendo uno de los derroteros más importantes de las autoridades locales detectar a
tiempo las problemáticas de violencia y delincuencia con el fin de implementar medidas
de carácter preventivo, de manera complementaria con las acciones que se desarrollan
en diferentes ámbitos: transporte, vías, planificación urbana, educación, salud, cultura,
recreación y demás que generen un verdadero desarrollo humano sostenible.
En este orden de ideas, el rol de las autoridades locales en relación con la seguridad y
la convivencia ciudadana se centra en dos ejes principales:
Primero, liderazgo y compromiso: Sugiere la necesidad e importancia que los
gobernadores y los alcaldes articulen esfuerzos con las demás instituciones encargadas
del tema en su jurisdicción, de forma tal, que se brinden soluciones integrales y
sostenibles a las problemáticas que afectan a los ciudadanos.
Segundo, ser jefes de Policía y garantes del orden público: lo que sugiere dar
cumplimiento a lo dispuesto por la normatividad vigente en la materia, así como dar
ejemplo a los ciudadanos del cumplimiento de la norma.
De lo anterior se infiere la importancia de desarrollar estrategias de seguridad acordes
con los principios de una sociedad democrática, que garanticen los derechos humanos
como pilar del Estado Social de Derecho.
Para lograr asumir con éxito y dar soluciones apropiadas a los problemas de violencia
e inseguridad que hoy enfrentan la mayoría de los ciudadanos, las autoridades deben
tener en cuenta la complejidad y variedad de manifestaciones de inseguridad que
muchas veces varía en intensidad y formas de expresión según la región o el momento
histórico.
Frente a los retos de generar condiciones de seguridad ciudadana, es cada vez más
evidente la necesidad que Gobernadores y Alcaldes acojan de manera prioritaria
y seria sus responsabilidades constitucionales y legales para el diseño, ejecución y
seguimiento de Políticas Públicas de Convivencia y Seguridad Ciudadana, de manera
conjunta con la Policía Nacional y las demás entidades relevantes en su respectiva
jurisdicción.
En este sentido, es necesario que las autoridades formulen y ejecuten Políticas Públicas
de Convivencia y Seguridad Ciudadana, así como Planes Integrales, que logren poner
en funcionamiento los instrumentos de la gestión territorial de la convivencia y la
seguridad ciudadana, tal es el caso de los Consejos de Seguridad, Comités de Orden
Público, Comités de Vigilancia Epidemiológica, Sistemas de Información, Fondos
Cuenta, entre otros.

14. 13
Policía Nacional
De acuerdo con lo anterior es importante que Gobernadores y Alcaldes:
Asuman las funciones constitucionales y legales que tienen en relación con la1.
convivencia, seguridad ciudadana y manejo del orden público, como primeras
autoridades de Policía.
Concreten Planes Integrales Departamentales y Municipales de Convivencia2.
y Seguridad Ciudadana, de acuerdo con los resultados de los diagnósticos
elaborados de manera conjunta con las entidades que tienen presencia en la
jurisdicción y con la participación de los ciudadanos sobre las problemáticas de
violencia e inseguridad que los aquejan.
Destinen recursos para el diseño, implementación y evaluación de programas y3.
actividades en pro de la convivencia y la seguridad ciudadana, así como para el
fortalecimiento de las instituciones encargadas del tema.
Creen o fortalezcan los sistemas de información de conflictividad, violencia y4.
delincuencia, como instrumentos de apoyo en la definición, implementación y
monitoreo de impacto de las acciones desarrolladas para dar respuestas a las
problemáticas de violencia, delincuencia e inseguridad ciudadana.
Fortalezcan la estructura administrativa de las Secretarías de Gobierno del5.
respectivo ente territorial, o de la instancia que haga sus veces, con el fin de
que estas tengan la capacidad de coordinar, elaborar y hacer seguimiento a las
acciones, actividades, programas y planes integrales que existan en materia de
convivencia y seguridad ciudadana.
Garanticen la participación de los ciudadanos en las soluciones a los diferentes6.
problemas.
Difundan los Planes Integrales de Convivencia y Seguridad Ciudadana entre las7.
diferentes entidades y la sociedad civil, de tal forma, que las políticas sean acogidas
por diferentes sectores.
Formalicen y lideren el funcionamiento mensual del Consejo de Seguridad como8.
escenario privilegiado de discusión, análisis y toma de decisiones en relación con
los temas de convivencia y seguridad ciudadana.

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Policía Nacional
3. ¿QUÉ ES UNA POLÍTICA PÚBLICA DE
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA?
Una Política Pública de Seguridad Ciudadana es un conjunto organizado y estructurado
de acciones, que buscan generar situaciones, bienes y servicios públicos, para
satisfacer las demandas de los ciudadanos, transformar condiciones de vida, modificar
comportamientos, generar valores o actitudes que correspondan con la ley, la moral
y la cultura propios de una comunidad1
. De acuerdo con lo anterior, es coherente
precisar que la seguridad es un bien que apunta a la calidad integral de vida de los
ciudadanos y no solo a la disminución o ausencia de delitos y hechos de violencia.
En este sentido, toda Política Pública de Seguridad Ciudadana debe por principio
responder a los problemas de inseguridad ciudadana, violencia, delincuencia y crimen
que afectan a una comunidad, entendiendo estos como problemas públicos, que
como tal demandan una intervención desde el espacio público. Intervención que,
como sugiere Subirats, requieren la toma de decisiones por parte de un gran número
de actores que deben decidir “que existe un problema, que deben resolverlo de la
mejor manera posible y con los instrumentos (recursos humanos, físicos, económicos
y legislación, entre otros) adecuados”.
En este orden de ideas, “Una Política Pública de Seguridad Ciudadana debe tener
los criterios orientadores para guiar el accionar de las autoridades, dar a conocer el
horizonte estratégico de las estrategias y acciones que se diseñan e implementan y los
objetivos del Estado en la materia, de forma tal, que se diferencie de las políticas sociales
y urbanas. Siempre en la elaboración de los criterios orientadores los funcionarios
encargados de elaborar Políticas Públicas de Seguridad Ciudadana, deben evitar caer
en el error de partir del supuesto de la sociedad como un todo homogéneo que
comparte valores, tradiciones y costumbres, así mismo deben reconocer las diferencias
propias de cada zona o región”2
.
1 GÓMEZ ROJAS, Claudia Patricia. “Elementos para la construcción de políticas públicas de seguridad ciudadana -Ponencia en el “Congreso Internacional de
Participación Ciudadana en la Prevención del Delito y la Seguridad Pública” Políticas y Estrategias a nivel local México, Canadá, Colombia y Chile. Seminario
organizado por la Red Jalisco Interinstitucional de Prevención del Delito. Zapopa, Jalisco - México 25 al 27 de octubre de 2006.
2 Ibíd.

16. 15
Policía Nacional
4. LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA,
LA DELINCUENCIA Y EL DELITO
En Colombia son múltiples los estudios, investigaciones e indagaciones que se han
realizado en los últimos veinte años acerca de las causas y motivos de la violencia.
De igual manera, se han presentado importantes avances en la forma de abordar las
problemáticas de narcotráfico, terrorismo y corrupción en el entendido de la magnitud
de estas. Producto de lo anterior y de acuerdo con las investigaciones del Departamento
Nacional de Planeación - DNP, resulta claro para los colombianos, que la pobreza y la
violencia no tienen una sola relación proporcional, sino que muy por el contrario
existen múltiples correlaciones; así mismo, es claro que no todos los homicidios en
Colombia ocurren por motivos políticos, finalmente, cada día que pasa autoridades y
los ciudadanos toman mayor consciencia sobre la importancia de invertir en prevención
y encontrar salidas negociadas a los múltiples conflictos que las afectan.
En este orden de ideas, son las autoridades locales las llamadas a desarrollar
diferentes estrategias, programas y acciones en materia de prevención, a sabiendas
de que los resultados de impacto no se presentan de manera inmediata, sino a largo
plazo, siendo mucho más sólidos que los resultados producto de la aplicación de
medidas coyunturales. No hay que olvidar que las estrategias de prevención, además
de promover la solidaridad, fortalecen las prácticas democráticas y de defensa de
los derechos humanos, generan en el futuro la consolidación de la gobernabilidad.
Hoy más que nunca se reconoce que la atención de los problemas de violencia y
delincuencia no puede quedar de manera exclusiva en manos de la Policía, sino que se
requiere la participación y atención de la comunidad. De igual forma, las autoridades y
los ciudadanos cada día toman más consciencia de la necesidad de realizar inversiones
acertadas en prevención y participación, toda vez que está demostrado que los costos
son mucho menores que los generados por los dispositivos de reacción, justicia penal
y los procesos de resocialización y reparación de las víctimas.
A continuación se explican las diferentes aproximaciones a los temas de prevención,
haciendo la salvedad que ninguna de ellas por sí sola genera resultados y que la mejor
solución es implementar acciones que correspondan con cada uno de los enfoques de
manera complementaria.
4.1. Prevención situacional y/o ambiental del delito
Este enfoque en materia de prevención surge desde la teoría de actor racional muy
difundida por las corrientes norteamericanas de pensamiento, que aplicada para los
temas de crimen y delincuencia, sugiere que todos aquellos que están interesados en
infringir la ley, antes de cualquier acción, miden las consecuencias y posibles costos
de su accionar, lo que denota un cálculo absolutamente racional de sus actos. Así
mismo, este enfoque reconoce la importancia de la organización y distribución de

17. 16
Policía Nacional
los espacios públicos, entendiendo que de acuerdo a las condiciones del entorno se
facilita o dificulta la actuación de aquellos que buscan infringir la ley.
En este orden de ideas, algunos de los argumentos que se presentan en relación con
la necesidad de trabajar en el espacio público son las dinámicas de estigmatización
territorial que se vive en ciertas zonas de las ciudades debido a los procesos
desorganizados de urbanización y a la relación que se suele establecer entre población
vulnerable y niveles de violencia, el abandono, la desolación, el continuo deterioro
y descuido de los espacios públicos, lo que aumenta las posibilidades de que los
ciudadanos se conviertan en víctimas de diferentes delitos, el diseño urbano inadecuado
que facilita dinámicas de desorden, genera percepción de inseguridad y temor en los
ciudadanos.
De acuerdo con lo anterior, es correcto plantear que la prevención situacional del delito
da importancia a los factores del ambiente físico que conceden oportunidades para
que ocurran hechos delictivos. La distribución adecuada del espacio público, mejorar la
iluminación, desarrollar espacios de recreación y esparcimiento, que generen corredores
de vigilancia natural por parte de aquellos que los utilizan, así como la implementación
de dispositivos tecnológicos tales como cámaras, sensores de metales, movimiento,
escáneres, bandas de control, entre otros, son medidas propias de este enfoque.
No obstante, es importante llamar la atención acerca de la necesidad de reconocer
que la utilización de dispositivos tecnológicos de no estar complementada con
otras medidas de prevención y reacción suele generar factores adversos como el
desplazamiento de la actividad delincuencial o su transformación temporal. De
igual forma, la inexistencia de una política integradora de los espacios públicos y
privados en relación con la prevención del delito puede generar consecuencias
negativas, tales como la marginalización y criminalización de ciertas zonas a costa
del mejoramiento urbano y el desarrollo de otras áreas y la no construcción de
pautas de convivencia compartidas para todos, sino para unos pocos que han sido
beneficiados con las transformaciones en el espacio.
Así mismo, es necesario reconocer la relación que existe entre el enfoque de
prevención situacional y la existencia de políticas urbanas integradoras y preventivas en
los diferentes entes locales. Prueba de esta clara relación es la existencia de arquitectos
y urbanistas de profesión trabajando en temas de prevención del delito.
Experiencia en Italia3
En la Provincia de Padua, ubicada en el noreste de Italia, desde 1990, las
autoridades locales vienen asumiendo los temas de seguridad, pese a la
inexistencia de una política nacional de seguridad urbana. No obstante la
existencia de este vacío en los últimos 15 años se ha venido produciendo una
serie de avances normativos, así como un liderazgo importante por parte de
los alcaldes en estos temas, lo que ha permitido la firma de más 124 acuerdos
3 ZÚÑIGA, Liza. Participación comunitaria en la prevención del delito: experiencias de América Latina y Europa. En Seguridad y violencia - desafíos para la
ciudadanía. Editado: Lucía Dammert y Liza Zúñiga. Santiago de Chile: FLACSO 2007. Págs. 135 - 188.

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de seguridad urbana entre los Alcaldes y el Ministerio del Interior italiano. En
Padua, el gobierno provincial ha puesto en marcha varias iniciativas entre las
que se destacan, desde el enfoque de prevención situacional, el Proyecto
Piloto Regional 2004, cuyo objetivo era la activación de una central operativa,
de un centro de análisis que conectara las demandas con las respuestas
temáticas de seguridad, para que tanto las entidades privadas como públicas
fueran beneficiadas de los sistemas de monitoreo y evaluación. Así mismo, se
puso en marcha el Proyecto Dobermann que es complementario al anterior,
pues apunta a la instalación de un sistema de videovigilancia. De esta forma,
se pretenden disuadir delitos y vandalismo contra las personas y bienes, dar
mayor seguridad a los ciudadanos y crear una red de videovigilancia público-
privada con cámaras internas y externas.
Experiencia en Bogotá D. C.4
En la ciudad de Bogotá, durante la administración del Alcalde Enrique Peñalosa,
se dió importancia a las políticas de renovación y mejoramiento del espacio
público, toda vez que el Alcalde consideraba que la mala calidad del entorno
físico en la ciudad determinaba la percepción negativa y hasta el rechazo de
los bogotanos a la misma. En este orden de ideas, a través de diferentes
instituciones tales como el Instituto de Desarrollo Urbano - IDU; la Defensoría del
Espacio Público; el Fondo de Ventas Populares; el Departamento Administrativo
de Planeación Distrital y el Departamento Administrativo del Medio Ambiente
desarrollaron una gran cantidad de acciones con el fin de recuperar el espacio
público y darles la oportunidad a los bogotanos de encontrarse en él. Entre las
acciones más importantes se destaca la recuperación y construcción de nuevos
parques “Con una inversión de 212.000 millones de pesos se recuperaron,
mejoraron y mantuvieron 1.034 parques, es decir, el 54% del área verde de
la ciudad. Se plantaron 68.688 árboles y 183.651 plantas de jardín, y con el
programa de arborización se intervinieron 202 kilómetros de ejes viales y 80
hectáreas de parques”. Paralelo a lo anterior se inició la recuperación de los
andenes, lo que favoreció la descontaminación y desafinamientos de muchos
espacios, generando a su vez mayores sentimientos de seguridad. Así mismo,
se dio total impulso a la construcción de 291 kilómetros de ciclorrutas, que a
juicio de muchos es uno de los escenarios más seguros de la ciudad.
4.2. Prevención social del delito
De acuerdo con el estudio de los factores estructurales que generan mayores niveles de
violencia y delincuencia, tales como la falta de educación, la carencia de oportunidades
en el mundo laboral por parte de ciertos sectores de la población, la existencia de
4 CEBALLOS, Miguel; MARTÍN, Gerard. Bogotá: Anatomía de una transformación. Políticas de seguridad ciudadana 1995-2003. Pontificia Universidad
Javeriana. Primera edición Año 2004 págs. 263 - 330.

19. 18
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múltiples necesidades básicas insatisfechas, entre otros, conduce a algunos especialistas
a plantear la importancia de las medidas de prevención social, toda vez que estas
buscan atacar estos factores. La implementación de estas medidas requiere un ejercicio
de planeación riguroso por parte de las autoridades que les permita diseñar programas
dirigidos a poblaciones especiales. Normalmente, la inversión en este tipo de iniciativas
es mucho mayor y requiere mayor tiempo para su desarrollo, los frutos suelen verse
en periodos de tiempo largos, no obstante, las consecuencias influyen de manera más
clara en la disminución de los indicadores de violencia.
Un ejemplo de lo anterior son los programas de educación sexual y prevención de la
violencia intrafamiliar que se desarrollan desde la etapa preescolar, que en el futuro
garantizan que sectores importantes de la población no propicien o se conviertan en
víctimas o victimarios de la violencia en los espacios privados; de igual forma, como
externalidad positiva, la mayoría de los ciudadanos que son beneficiarios de estas
acciones suelen preferir la resolución pacífica de conflictos a las salidas violentas. Así
mismo, se destacan los programas de educación en estas temáticas que se desarrollan
con gran parte de la población.
Experiencia en Cali5
En la ciudad de Cali, en 1991, durante la administración del Alcalde Rodrigo
Guerrero, se inició el Programa Desepaz (Desarrollo, Seguridad y Paz), que
buscó promover el desarrollo social y la gestión democrática de la policía. En
este sentido, el objetivo del mismo era buscar el desarrollo de soluciones
sostenibles frente a los problemas de criminalidad y violencia, dando prioridad
a iniciativas relacionadas con la salud, vivienda, rehabilitación social de jóvenes
y el desarrollo de pequeñas empresas. En este orden de ideas, el Programa
contemplaba la existencia de un grupo de promotores de paz, conformado por
jóvenes voluntarios capacitados en mecanismos alternativos de resolución de
conflictos, cursos para padres de familia y parejas sobre relaciones conyugales
y prevención de la violencia intrafamiliar, la adopción de una serie de medidas
relacionadas con la venta de alcohol en establecimientos públicos, entre otras.
4.3. Prevención comunitaria del delito
Esta aproximación combina acciones de los dos enfoques anteriormente descritos,
con la característica fundamental de que la comunidad es percibida como sujeto y
objeto de las acciones, lo anterior con el fin de generar procesos de empoderamiento
y compromiso por parte de los ciudadanos. A partir de este acercamiento lo que se
busca es que la misma comunidad genere mecanismos de control.
Una de las ventajas más importantes de las medidas y acciones que se implementan a
partir de esta aproximación es que permite generar mayores niveles de confianza entre
5 CHALOM, Maurice; LÉONARD, Lucie; VANDERSCHUEREN, Franz, y VÉZINA, Claude. Seguridad ciudadana, participación social y buen gobierno: el papel de
la Policía. Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos HABITAT, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, CIPC, ciudades
más seguras. Ediciones SUR.

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los ciudadanos. Un ejemplo de los programas que se desarrollan en este sentido son
los Frentes Locales de Seguridad - FSL, los Frentes Empresariales de Seguridad y las
Escuelas de Seguridad Ciudadana, entre otros.
El enfoque comunitario reconoce la importancia de los líderes locales toda vez que
cuando son acertadamente guiados ayudan a organizar y estimular la formación de
coaliciones de socios, generando a su vez mayores prácticas democráticas.
Experiencia en Santiago de Chile
En la Comuna de San Joaquín ubicada en la zona sur de Santiago de Chile, a
partir del año 2004, se ha desarrollado el Programa “Comuna Segura”, producto
del apoyo del gobierno central. En el marco de este Programa se elaboró un
diagnóstico comunal de seguridad y se creó un Consejo Comunal de Seguridad
Ciudadana. De igual forma, el alcalde de la comuna, Sergio Echeverría, dio
total relevancia a la participación de los ciudadanos. “La participación es una
forma de involucrar a la comunidad para resolver los problemas porque no
existe ningún alcalde que tenga una varita mágica para resolver todo porque
los recursos son escasos..., si nosotros no incentivamos la participación de la
comunidad no vamos a poder resolver ciertos problemas básicos...”.
Bajo el contexto anteriormente descrito y desde el enfoque de prevención
comunitaria se desarrolló el Programa Vecinos Vigilantes, que va más allá
de la participación comunitaria, puesto que se trata de vecinos de la tercera
edad que son pagados por el municipio para que realicen labores de vigilancia.
Programa que además de aportar en los temas de prevención de la violencia
y la delincuencia, ayuda a solucionar un problema de cesantía y pobreza de la
población adulta.
4.4. Aproximación epidemiológica a la violencia
Este enfoque entiende los problemas de violencia a partir de la perspectiva de salud
pública, propia de los profesionales dedicados a la medicina, lo que les permite
trabajar en relación con los factores generadores de riesgo, o con aquellos factores que
determinan una situación específica. En este orden de ideas, los promotores de esta
aproximación clasifican los factores generadores de violencia en varios tipos:
Proximidad:1. acceso a armas de fuego y factores contingentes
Estructurales:2. relacionados con la pobreza y la marginalidad
Individuales:3. relacionados por ejemplo con el abuso y la agresión en la infancia
Familiares:4. tales como abandono de los padres o violencia intrafamiliar
Contextuales:5. falta de oportunidades.

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En este sentido, se plantean tres tipos de aproximación.
4.4.1. Prevención primaria
Busca atacar los factores generadores de violencia desde la prevención más básica,
esto quiere decir que asume los factores tales como el consumo de alcohol, el porte
de armas, el porte de implementos que garanticen la seguridad vial como el cinturón
de seguridad, el casco, los chalecos refractivos, entre otros.
4.4.2. Prevención secundaria
A partir de este enfoque se intervienen de manera específica grupos de riesgo, esto
quiere decir que con base en estudios objetivos sobre las poblaciones que tienen mayor
probabilidad de ser víctimas o victimarios se determinarán programas de intervención
a mediano plazo, que permitan disminuir la probabilidad. Un ejemplo de lo anterior,
son los programas que se desarrollan con jóvenes de zonas vulnerables con limitadas
posibilidades educativas, o las acciones que se desarrollan para la población femenina
en ciertas condiciones socioeconómicas, que las hacen más proclives a ser víctimas de
violencia sexual o intrafamiliar.
Experiencia en Francia6
En Francia, los Ministerios de Asuntos Sociales, Salud de la Ciudad, Interior y
de Justicia, Juventud y el Deporte adoptaron a partir de 1994 una política de
prevención. Entre los aspectos desarrollados por esta se destacan la importancia
dada a coordinar mejor la prevención especializada en ámbitos prioritarios, por
lo que se implementó una serie de estrategias que tenían como finalidad lograr
que los adultos asumieran su responsabilidad como educadores y autoridades.
De igual forma, se desarrollaron múltiples acciones para la prevención de la
drogadicción y la atención a aquellos que reincidían en el consumo de drogas,
la ayuda y apoyo a las víctimas, entre otros.
Experiencia en Brasil7
En Sao Pablo Brasil en 1983, el Consejo Estatal sobre el Estado de las Mujeres
informó que una gran cantidad de mujeres brasileñas eran víctimas de la
violencia. Mientras que los delincuentes violaban las sanciones producto de
la falta de eficacia de la Policía. Como consecuencia de lo anterior, el gobierno
central financió la mayor parte del proyecto y por su parte el gobierno local
de Sao Pablo invirtió en las plantas físicas y el personal, para la creación de las
Estaciones de Policía solo para mujeres. Estas estaciones tienen como objetivo
6 CHALOM, Maurice; LÉONARD, Lucie; VANDERSCHUEREN, Franz, y VÉZINA, Claude. Seguridad ciudadana, participación social y buen gobierno: el papel de
la Policía. Centro de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos HABITAT, Centro Internacional para la Prevención de la Criminalidad, CIPC, Ciudades
más seguras. Ediciones SUR. Tomado de Browm, Mark and Kenneth Polo, 1996. Taking fear of crimen seriously: The Tasmania Approach to Community
Crimen Prevention, Crimen & Delinquency. Vol. 42. Nº 3.
7 BANCO MUNDIAL. Guía didáctica de municipios: prevención de la delincuencia y la violencia a nivel comunitario en las ciudades de América Latina. 2003.

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reducir y prevenir la violencia contra las mujeres, disuadiendo a los delincuentes
y proporcionando servicios de atención a las víctimas. Como consecuencia de
lo anterior, la primera estación recibió un aumento del número de informes de
violencia contra mujeres, de 2.000 quejas en 1985 a 7.000 en 1989. De igual
forma, la Estación ubicada en Río de Janeiro logró una reducción del 37% en el
número de violaciones notificadas.
4.4.3. Prevención terciaria
Este enfoque busca atender a las víctimas y victimarios de hechos de violencia con el
fin de rehabilitar o reinsertar a delincuentes, y atender o reparar el daño causado en
las víctimas, de forma tal que en el futuro se disminuyan los niveles de temor y apatía
a ciertos lugares y en general a relacionarse con otros ciudadanos, como consecuencia
de los hechos de violencia.
La mayoría de programas y acciones que se desarrollan desde este enfoque son
producto o motivan las asociaciones público-privadas, toda vez que estos garantizan
la inversión en recursos, en programas de rehabilitación en drogas, resocialización de
presos, capacitación laboral para jóvenes en riesgo, entre otras.
Experiencia en Tasmania Australia8
En Tasmania representantes de los tribunales de justicia, las instituciones
correccionales, la Policía, la comunidad y de manera especial los jóvenes y
los representantes del sistema educativo, desarrollaron un proyecto de
reestructuración del sistema judicial, con el fin de disminuir el nivel de
población recluida en centros de detención. Para tal efecto, basados en los
principios enunciados por los grupos de Conferencias Familiares realizadas en
Nueva Zelanda en la década de los 80, iniciaron un proceso de reunión del
delincuente, la víctima y sus respectivos grupos de apoyo, a fin de buscar una
solución satisfactoria para todas las partes.
8 Ibíd.

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5. LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS
DE CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
Colombia se define como un Estado Social de Derecho y una democracia participativa
en la que los ciudadanos que conforman la nación son sujetos de derechos y de
deberes. En este sentido, la participación de los ciudadanos es fundamental toda vez
que permite la generación de capital social. Ahora bien, un ciudadano participa cuando
asiste al desarrollo de una actividad diseñada por alguna de las entidades del Estado,
cuando colabora en el desarrollo de una actividad y cuando se involucra de manera
crítica y proactiva en las acciones desarrolladas por los diferentes niveles del Estado. Lo
anterior da cuenta de que existen momentos para la participación de los ciudadanos,
por ejemplo: los ciudadanos pueden participar en la elaboración de diagnósticos y en
la definición de necesidades, también pueden participar en el diseño de estrategias,
programas y acciones, o directamente participar en la ejecución e implementación de
las acciones y, finalmente, es fundamental la participación de los ciudadanos en el
control social a través, por ejemplo, de las veedurías.
De acuerdo con lo anterior, es fundamental entender que la participación no se
enseña teóricamente, no se ordena, ni mucho menos es producto de decisiones no
planeadas, la participación se aprende practicándola, toda vez, que participar implica
por naturaleza tomar decisiones y tener compromiso con las decisiones y acciones que
se desarrollan.
En este orden de ideas, es importante que las autoridades locales entiendan que la
participación de los ciudadanos debe obedecer a un proceso de planeación, organizado
y liderado de manera clara por las autoridades, de lo contrario puede generar impactos
negativos como crisis de expectativas de la comunidad, renuencia a participar toda
vez que los ciudadanos se pueden sentir burlados, lo que a su vez puede generar
radicalización de las posiciones a tal punto de considerar legítimo y necesario tomar
justicia por su propia mano y promover el ajusticiamiento de delincuentes.
La participación planificada requiere como mínimo dar respuesta a dos preguntas
básicas: ¿Quiénes participan? y ¿Qué tipo de participación se espera de ellos? Para la
primera pregunta pueden existir dos tipos de respuestas, participar directamente todos
los ciudadanos, o participar indirectamente por intermedio de sus representantes y
líderes. Para el segundo interrogante existen dos opciones, una participación pasiva de
los ciudadanos, en calidad de beneficiarios o receptores de las ofertas del gobierno, o
una participación que supone un rol específico de los ciudadanos, por ejemplo como
veedores. Unido a lo anterior es necesario determinar si se privilegia la participación
masiva por parte de los ciudadanos o si se prefiere una participación mucho más
cualificada de los ciudadanos y por ende menos masiva.

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BIBLIOGRAFÍA
BANCO MUNDIAL.1. Guía didáctica de municipios: prevención de la delincuencia y la
violencia a nivel comunitario en las ciudades de América Latina. 2003.
CHALOM2. , Maurice; LÉONARD, Lucie; VANDERSCHUEREN, Franz, y VÉZINA, Claude.
Seguridad ciudadana, participación social y buen gobierno: el papel de la Policía. Centro
de Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos HABITAT, Centro Internacional
para la Prevención de la Criminalidad, CIPC, Ciudades más Seguras. Ediciones SUR.
ESCOBAR,3. Santiago; MUNIZ, Jacqueline y otros. La seguridad ciudadana como política
de estado. PROSUR y FESCOL. 2004.
GÓMEZ ROJAS,4. Claudia Patricia. Elementos para la construcción de políticas públicas
de seguridad ciudadana. Ponencia presentada en el “Congreso Internacional de
Participación Ciudadana en la Prevención del Delito y la Seguridad Pública” Políticas y
Estrategias a nivel local México, Canadá, Colombia y Chile. Seminario organizado por
la Red Jalisco Interinstitucional de Prevención del Delito. Zapopa, Jalisco – México 25
al 27 de octubre de 2006.
LUNEKE,5. Alejandra y RUIZ, Juan Carlos. Capital social y violencia: análisis para la
intervención en barrios urbanos críticos. Seguridad y violencia - desafíos para la
ciudadanía. Editado: Lucía Dammert y Liza Zúñiga. Santiago de Chile: FLACSO 2007.
Págs. 225-252.
SAGANT6. , Valerí y DEMERS, Brigitte. Desarrollo “Paso a paso” de una metodología para el
diseño, ejecución y evaluación de planes locales de seguridad ciudadana” en Seguridad
y violencia - desafíos para la ciudadanía. Editado: Lucía Dammert y Liza Zúñiga. Santiago
de Chile: FLACSO 2007. Págs. 213- 224.
SALAZAR,7. Felipe. La prevención situacional del delito espacios públicos urbanos: rol
del gobierno local. En Seguridad y violencia - desafíos para la ciudadanía. Editado: Lucía
Dammert y Liza Zúñiga. Santiago de Chile: FLACSO 2007. Págs. 189 – 213.
ZUÑIGA,8. Liza. Participación comunitaria en la prevención del delito: experiencias de
América Latina y Europa. En Seguridad y violencia - desafíos para la ciudadanía. Editado:
Lucía Dammert y Liza Zúñiga. Santiago de Chile: FLACSO 2007. Págs. 135 – 188.
RECOMENDACIÓN
Señores Gobernadores, Alcaldes, Comandantes de Policía y demás autoridades con funciones
y competencias de policía: no olviden revisar continuamente las disposiciones que sobre las
materias aquí expuestas se expiden en el ámbito nacional, departamental y municipal, a fin
de dar cumplimiento a las mismas en el marco del Estado Social de Derecho. Para tal efecto
consulten con frecuencia las siguientes páginas web.
http:/www.presidencia.gov.co
http:/www.secretariasenado.gov.co
http:/www.constitucional.gov.co

25. www.imprenta.gov.co
PBX (0571) 457 8000
Diagonal 22 B No. 67-70
Bogotá D. C., Colombia

26. POLICÍA NACIONAL
Dirección General
www.policia.gov.co
01 8000 910 600
ofpla.dms-jefat@policia.gov.co
INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN
TERRITORIAL DE LA CONVIVENCIA
Y LA SEGURIDAD CIUDADANA
PROGRAMA DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS SEGUROS