El viernes 7 de abril, el gobierno debía pagar US$3.1 millones de capital e intereses por la deuda previsional que tiene con los trabajadores, que son los dueños del Fondo de Pensiones. Al no haber cumplido con este compromiso el país cayó en impago, una situación que tendrá graves consecuencias para todos los salvadoreños. Para el 20 de abril se necesitan en total US$55.2 millones para pagar esta deuda. Para todo el año, se ha proyectado que este gasto ascenderá a US$220.5 millones, de los cuales el gobierno ya erogó US$41.7 millones en el primer trimestre

1. 1
Posición institucional 65
A b r i l d e 2 0 1 7
FUSADES/Departamento de Estudios Económicos
Urge rectificar el impago de deuda del gobierno
con los trabajadores
la pregunta ¿si tenían el dinero disponible para
cumplir esta obligación, por qué no impidieron
el impago? ¿hicieron las autoridades todo su
esfuerzo para evitar dejar de pagar esa deuda con
los trabajadores? ¿había un plan alternativo para
poder honrar esa deuda? o simplemente se insistió
unilateralmente en una única forma de poder
pagarla, evadiendo implementar un verdadero
programa de ajuste fiscal, y sin tomar en cuenta
otras propuestas.
Las deficiencias y graves vacíos del Presupuesto
de 2017 (P2017) fueron señaladas reiteradamente
por FUSADES en diferentes estudios y ocasiones1
;
asimismo, varios analistas económicos advirtieron
que se debía partir de un presupuesto completo y
transparente para comenzar a ordenar las cuentas
fiscales; de lo contrario, el problema sería cuando
no se pudieran pagar esos gastos, que no tenían
el financiamiento requerido en el presupuesto,
lo que generaría una situación aún más grave
que la experimentada en 2016. Pese a todas las
advertencias y llamados a la razón, el gobierno no
las tomó en cuenta y no corrigió deliberadamente
el P2017, prefiriendo la solución fácil de aprobarlo
con mayoría simple que le permitía no negociar
con la oposición política, y además, lograr el
objetivo de sacar del presupuesto el pago de la
deuda de CIP con los trabajadores, y presionar en
el futuro para que se honrara con deuda y no con
recursos propios.
Ahora, es urgente tomar acciones para rectificar
la falta de pago por la deuda de CIP y recuperar
1
Más detalles en: Alas de Franco, Carolina “Proyecto de
Presupuesto 2017 no transparente y con más fallas”, Análisis
Económico No. 27, noviembre 2016, FUSADES. Alas de Franco
“La necesidad de corregir el presupuesto 2017 y prioridades
para un ajuste fiscal”, Análisis económico 28, febrero de 2017,
FUSADES.
AntecedentesI.
El viernes 7 de abril, el gobierno debía pagar
US$3.1 millones de capital e intereses por la
deuda previsional que tiene con los trabajadores,
que son los dueños del Fondo de Pensiones. Al
no haber cumplido con este compromiso el país
cayó en impago, una situación que tendrá graves
consecuencias para todos los salvadoreños. Para
el 20 de abril se necesitan en total US$55.2 millones
para pagar esta deuda. Para todo el año, se ha
proyectado que este gasto ascenderá a US$220.5
millones, de los cuales el gobierno ya erogó
US$41.7 millones en el primer trimestre (cuadro).
¿Cómo se llegó a este quiebre institucional?
cuando hasta ese momento El Salvador tenía una
trayectoria impecable de haber cumplido siempre
sus obligaciones financieras con sus acreedores;
reputación que había cuidado con esmero. Surge
Servicio de la deuda por emisiones de
Certificados de Inversión Previsional (CIP)
para 2017
(Millones de US$)
Trimestre Intereses Capital
Servicio de la
deuda total
I 23.60 18.18 41.78
II 37.13 18.09 55.22
III 23.39 18.33 41.72
IV 36.63 45.15 81.78
Total 120.75 99.75 220.50
Fuente: ASAFONDOS

2. 2 FUSADES/Departamento de Estudios Económicos
el historial de pago favorable del que siempre ha
gozado El Salvador. Pero sobre todo, es urgente
evitar un mayor deterioro fiscal que impacte
negativamente en el bienestar de los salvadoreños.
A la raíz del impago no está un problema
de falta de ingresos, si no de exceso de gasto
corriente
Es importante recordar que la grave situación de
las finanzas públicas en el país tiene a la raíz un
exceso de gasto corriente por encima de los ingresos
propios, sobre todo por el rubro de remuneraciones.
Este problema se agrava en un contexto de bajo
crecimiento económico, donde la alta criminalidad,
la incertidumbre jurídica y un clima de inversión
negativo, mantiene deprimida la inversión. No
recordarlo es lo que permite que la atención se
desvíe de las verdaderas causas del deterioro
fiscal, y se concentre en el último eslabón de una
cadena de irregularidades en el manejo fiscal, y se
impulsen soluciones fáciles que lo único que hacen
es posponer medidas, y agravar cada vez más el
problema.
La causa esencial que ha llevado al impago no
ha sido la falta de ingresos, ya que en los últimos
años han aumentado a través de una mayor
fiscalización, pero sobre todo por la imposición de
nuevos tributos y aumento de tasas impositivas
y de servicios (cerca de 33 medidas). En 2016, los
ingresos tributarios netos ascendieron a US$4,166.4
millones, un incremento de US$1,280.6 millones
con respecto a lo recaudado en 2008. Sin embargo,
las remuneraciones en esos años se incrementaron
en US$908.6 millones, absorbiendo un 71% del
aumento en la recaudación. Más empleados,
mejoras salariales y más prestaciones han absorbido
recursos desmesuradamente, comprometiendo
la calidad de los servicios públicos y limitando lo
destinado a educación, medicinas, proveedores,
etc., por lo que no se observa una mejora en los
indicadores de bienestar social.
Presupuestos irreales han facilitado
continuar endeudándose para gasto
corriente, y desde 2009, el país ha sufrido
rebajas en la calificación crediticia
Para mantener este nivel de gasto se ha recurrido
sistemáticamente a presentar presupuestos irreales,
en los que se inflan los ingresos tributarios, y se
subestiman y omiten gastos. En el transcurso del
año se recurre a deuda de corto plazo, que, de
acuerdo con la Constitución, solo debería servir
para descalces temporales de ingresos, pero que
en la práctica, desde alrededor de 2008 se han
utilizado para financiamiento permanente, con
la subsecuente restructuración de deuda cuando
el saldo llega a niveles altos. De esta manera
el gobierno ha logrado endeudarse para gasto
corriente, sin tener que especificar el destino que
tiene esa deuda.
Esta forma de operar ha ido agravando las
finanzas públicas, y a partir de 2009, las distintas
calificadoras internacionales han rebajado la nota
crediticia del país; indicando que cada vez es
menos confiable con respecto a su capacidad de
pagar su deuda (gráfica 1).
En mayo de 2015, el partido en el gobierno perdió
la mayoría calificada que lograba en la Asamblea
Legislativa junto con los partidos pequeños, y la
forma viciosa de usar las Letras del Tesoro (Letes)
se ha dificultado; teniendo las autoridades que
hacer más explícito que la deuda se está ocupando
para gastos tan elementales como remuneraciones,
transferencias a las municipalidades, proveedores,
etc., los cuales deberían ser solventados con
recursos propios.
Ante la iliquidez el gobierno busca
confiscar una parte del Fondo de Pensiones
Ante la situación de iliquidez del gobierno, la
tentación de confiscar el fondo de pensiones de los
trabajadores ha sido grande, cuyo saldo a febrero
de 2017 era mayor a los US$9,000 millones. Se
ha presentado una propuesta gubernamental
de reformar el sistema previsional, a través de
la cual el gobierno puede confiscar una parte de
los ahorros de los trabajadores y borrar deuda a
corto plazo. Los estudios actuariales demostraron
que esta propuesta es insostenible en el tiempo y
agrava el problema fiscal a futuro2
; pero lo más
grave es que atenta contra la propiedad del ahorro
previsional de los trabajadores. Esta reforma,
lesiva a los intereses de los cotizantes y del país,
no ha podido ser concretada por las autoridades,
quienes no por eso han desistido de seguir
intentándolo.
2
http://www.secretariatecnica.gob.sv/cuantificacion-actuarial-
y-financiera-de-la-propuesta-de-reforma-de-pensiones-del-
gobierno-de-el-salvador-al-31-de-diciembre-de-2013/

3. 3 FUSADES/Departamento de Estudios Económicos
No pagar la deuda previsional con recursos
propios es una decisión política
Mientras tanto, el mal manejo de los recursos
públicos ha estrechado la liquidez del gobierno, el
cual ha tomado la decisión política de no pagar el
servicio de la deuda de Certificados de Inversión
Previsional (CIP) con recursos propios, como
siempre se había hecho hasta antes de octubre
de 2016, sino recurrir a deuda; de esta manera
libera en forma ficticia recursos para poder
destinarlos a otras áreas y afrontar el aumento del
gasto en remuneraciones. Por esta razón, en el
presupuesto 2016, se subestimó la partida para el
pago del servicio de esta deuda, lo que ocasionó
que posteriormente se presionara al partido de
oposición para que autorizara la emisión de bonos
para poder pagarla.
Al no conseguir los votos, se recurrió a aprobar
un Decreto Legislativo que reformaba la Ley
del Fideicomiso de Obligaciones Previsionales
(FOP), según la cual se obligaba a los fondos de
pensiones de los trabajadores a prestar recursos
al gobierno, para que este pagara a los mismos
trabajadores el servicio de la deuda de los CIP. Esta
reforma permitió que las autoridades usaran este
mecanismo para realizar el pago de esta obligación
que correspondía al último trimestre de 2016. Sin
embargo, una medida cautelar de la Sala de lo
Constitucional suspendió el Decreto mencionado,
por lo que el gobierno no pudo continuar usando
este mecanismo.
En el presupuesto 2017 la historia se repite pero
agravada; en lugar de corregir esta situación, por
primera vez se omitió completamente el servicio de
la deuda previsional3
; solo se asignaron US$1,000
dólares para este gasto en una partida más que
todo simbólica y claramente insuficiente, ya que
en el mismo articulado del P2017 se establece
que luego se transferirán recursos a esa partida
por un estimado de US$230 millones, cuando se
identificara la fuente de financiamiento.
Es importante tener presente que el gobierno
podía utilizar fondos para efectuar el pago de la
deuda con los trabajadores, ya que a marzo de
2017 registraba depósitos en el sistema bancario y
3
El presupuesto 2017 presentaba varias omisiones importantes, y
solo se estableció una partida de mil dólares para pagar la deuda
previsional, cifra simbólica, ya que el mismo articulado del
Presupuesto 2017 establecía que ascendería a US$230 millones.
Para más detalle ver: Alas de Franco, Carolina “ Incorporación
de US$122 millones al presupuesto 2017 es reflejo de una serie
de irregularidades”, Análisis Económico No. 30. Marzo 2017,
FUSADES.
el Banco Central de Reserva (BCR) por US$1,009.7
millones, y porque en abril se hacen los pagos de
las declaraciones del impuesto sobre la renta, que
normalmente da un flujo estacional de US$300
millones; abriéndose así la posibilidad de contar
con más tiempo para corregir el Presupuesto
2017 y tomar medidas de ajuste fiscal, tendientes
a ordenar las finanzas del Estado y a hacer más
eficiente el gasto público.
Aprobar un presupuesto incompleto para
este año y resistirse a realizar un ajuste
fiscal, ha tenido consecuencias nocivas
El P2017 fue aprobado el 18 de enero de 2017, con
los votos del partido oficialista, ayudado por los
partidos pequeños. El 1 de febrero, catorce días
después de haber aprobado el presupuesto, tal
como se había anticipado, el Ministro de Hacienda
presentaba a la Asamblea Legislativa una solicitud
de autorización para emitir bonos por US$282
millones, de los cuales US$230 millones serían para
pagar la deuda previsional4
, y US$52 millones para
las pensiones del Instituto de Previsión Social de la
Fuerza Armada (IPSFA). El monto solicitado para
pagar la deuda previsional excede la proyección
de gasto anual (cuadro 1). Más tarde, al no haber
podido conseguir los votos, el Ministerio de
Hacienda solicitaba que al menos se aprobara
la emisión de bonos por US$70 millones, de los
cuales US$54 millones serían para las obligaciones
previsionales (CIP), y US$13 millones para pago
de pensiones del IPSFA. En consecuencia, no
incorporar estos gastos en el P2017 ha conllevado
al impago de esta obligación y a la improvisación
para gestionar los recursos necesarios.
Debe destacarse que el pago de la deuda
previsional con los trabajadores correspondiente al
primer trimestre de 2017 ya fue realizado, lo que
demuestra que existían recursos para tal fin. El
mecanismo que permitió efectuar ese pago, es que
en ese momento todavía no había sido aprobado
el presupuesto 2017, por lo que el gobierno estaba
operando con el del año anterior que sí incluía la
mayor parte de los fondos para pagar esta deuda.
Posteriormente se aprobó el presupuesto 2017,
4
La suma de US$230 millones que solicita el gobierno para
pagar la deuda de los CIP en 2017, es superior a la proyección
del servicio de esta deuda, que se calcula será igual a US$220.5
millones; además, de este monto, el Estado ya pagó US$41.7
millones con recursos propios en los primeros meses de 2017, por
lo que faltarían únicamente US$178.8 millones para asegurar el
pago de la deuda previsional de este año.

4. 4 FUSADES/Departamento de Estudios Económicos
pero no se incluyeron los fondos que se necesitan
para pagar los CIP, irrespetando la medida cautelar
que ha establecido la Sala de lo Constitucional.
Demandas de inconstitucionalidad en
contra del presupuesto
Por la manera tan burda como se aprobó el
presupuesto, donde en el mismo articulado queda
explícito que se han omitido gastos importantes;
y por la manera como se están usando las Letes,
contrario a lo que ordena la Constitución, no es de
extrañar que a la fecha, se hayan presentado tres
demandas de inconstitucionalidad.
En dos de estas demandas se encontró mérito
sobre la posible inconstitucionalidad y han sido
admitidas por la Sala de lo Constitucional de
la Corte Suprema de Justicia; la primera está
relacionada con la forma como se está usando
la deuda de corto plazo para financiamiento
permanente y no temporal como lo manda la
Constitución, y la segunda, por la manera como
se formuló y fue aprobado el presupuesto 2017,
con omisiones importantes de gastos ineludibles y
totalmente previsibles –como el pago de la deuda
previsional– que significan un monto millonario
que no fue contemplado y al que habrá que
buscarle financiamiento.
No hay voluntad política para resolver
el pago de la deuda previsional con
reasignaciones presupuestarias resultado de
la aplicación de medidas de austeridad
La aparente tranquilidad de los funcionarios
ante el impago, implica o un desconocimiento de
las consecuencias y de las responsabilidades del
Estado, o una medida irresponsable que no tiene
en cuenta el bienestar de la población y del país,
y puede ser un camino para forzar una reforma
de pensiones precipitada, sin sustento técnico,
sin análisis y discusión suficiente. Sin embargo,
el impago, que es un atropello a los trabajadores
en detrimento de sus pensiones futuras, no debe
ser excusa para permitir una mayor violación a
sus derechos más elementales, como apropiarse
del ahorro que legítimamente les pertenece a los
trabajadores. Esta medida, además, no resolvería
el problema fiscal del país, y lo agravaría en el
mediano y largo plazo.
No se han buscado otras alternativas para pagar
con recursos propios esta deuda, a través de un
ajuste fiscal; no se quiere implementar un programa
de austeridad que efectivamente reduzca el gasto
corriente y evitar el despilfarro. Además, se asegura
el pago para los deudores internacionales, pero
los trabajadores que son acreedores del Estado son
tratados de forma diferente, como si se tratara de
inversionistas de segunda categoría.
El impago es producto no de la polarización
política, sino del mal manejo de los fondos públicos,
apoyado en presupuestos incompletos, que se han
aprobado con la ayuda de los partidos pequeños,
y de una decisión política de pagar la deuda
de pensiones con más deuda y no con recursos
propios.
Seis consecuencias del impago deII.
la deuda con los trabajadores
Los continuos problemas de las finanzas públicas
–exceso de gasto, déficit recurrente, endeudamiento
creciente, presupuesto público incompleto y la falta
de voluntad política– fueron el detonante para que
el pasado 7 de abril, el gobierno incumpliera su
obligación de pago del servicio de la deuda (capital
e intereses) de los CIP con los trabajadores, quienes
son los propietarios de los fondos de pensiones.
Este impago de la deuda desencadena una serie
de consecuencias negativas para el gobierno
y los salvadoreños, como las que se indican a
continuación.
Degradación de la calificación de riesgo del1)
país
La noticia sobre el incumplimiento de pago
del gobierno provocó que tres de las agencias
calificadoras de riesgo soberano, Fitch Ratings, S
& P Global Ratings, y Moody´s Investors Service,
de manera inmediata, degradaran la calificación de
riesgo del país. La primera redujo la nota de B– a
CCC, la segunda de B– a CCC– y la tercera lo hizo
de B3 a Caa1. Con esta rebaja, El Salvador pasó del
segmento de países “altamente especulativo” al
bloque de “riesgo sustancial” (gráfica 1). La agencia
S & P, colocó las calificaciones del país en estatus de
Revisión Especial (CreditWatch) con implicaciones
negativas, según su comunicado espera resolver

5. 5 FUSADES/Departamento de Estudios Económicos
dicho estatus en los próximos cinco días hábiles (a
partir del 11 de abril) con base en el resultado de
las negociaciones políticas sobre una asignación
presupuestaria indispensable para cumplir con
estas obligaciones –ya que la partida de gasto en el
presupuesto público de 2017 únicamente incorporó
US$1,000, como se mencionó anteriormente–.
El grave deterioro de la calificación de riesgo del
país ha sucedido en pocos años, como muestra la
gráfica 1. Hace solo ocho años, El Salvador gozaba
de grado de inversión, junto a países como Chile y
México, por su buen desempeño macroeconómico
y su estabilidad. Sin embargo, desde 2009, las
tres agencias calificadoras han rebajado, en
varias ocasiones, la nota del país, aduciendo el
quebranto en una serie de indicadores fiscales,
el bajo crecimiento económico, la inseguridad
y la polarización. Según la rebaja más reciente,
actualmente El Salvador es comparado con
Grecia, Venezuela y República del Congo, por el
riesgo que representa como deudor, una posición
completamente diferente de la que gozaba en 2009.
Incremento de la tasa de interés para el sector2)
público, el sector privado y los hogares
La consecuencia en el incremento de la tasa de
interés que se requiere a los deudores salvadoreños
que demandan dinero prestado es inmediata,
tanto para el sector público como privado, en
un entorno internacional de alza de tasas de
interés que también presiona las tasas locales. El
aumento del riesgo país se evidenció en el EMBI5
;
dicho indicador, pasó de 538 puntos básicos (pb)
el 5 de abril (antes del impago) a 600 pb el 17
de abril (cuando se había concretado la falta de
pago) lo que significa un incremento de 62 pb,
muy por encima del promedio observado en los
países de América Latina. Esto significa que si El
Salvador hubiese emitido bonos en los mercados
internacionales en la última fecha indicada, hubiera
tenido que pagar una tasa de interés más alta a los
inversionistas por alrededor de 62 pb (gráfica 2).
Del lado de las cuentas públicas, el gasto anual
en concepto de pago de intereses por deuda se
incrementa cada año; en 2016, alcanzó US$705.3
millones, equivalente a un incremento anual
de 10.2%, esta erogación resta recursos que
son necesarios para atender el gasto social,
infraestructura básica y otras necesidades
ciudadanas, ya que es un monto superior al
presupuesto asignado a cada ministerio para
2016 (excepto Educación); por ejemplo, para el
Ministerio de Salud se presupuestó un gasto de
US$628 millones para el año indicado, siendo un
sector donde el servicio es deficiente.
5
El EMBI es el principal indicador de riesgo país y está
calculado por JP Morgan. Es la diferencia de tasa de interés que
pagan los bonos denominados en dólares, emitidos por países
subdesarrollados, y los Bonos del Tesoro de Estados Unidos, que
se consideran “libres” de riesgo.
Gráfica 1
La calificación de riesgo de El Salvador se situó en el bloque de países de “Riesgo Sustancial”
http://www.datosmacro.com/ratings
Fuente: Elaboración propia con información de cada una de las calificadoras.
La calificación de riesgo de El Salvador se situó
en el bloque de países de “Riesgo Sustancial”
2008E
M
M
J
S
N
2009E
M
M
J
S
N
2010E
M
M
J
S
N
2011E
M
M
J
S
N
2012E
M
M
J
S
N
2013E
M
M
J
S
N
2014E
M
M
J
S
N
2015E
M
M
J
S
N
2016E
M
M
J
S
N
2017E
M
M
J
S
Fitch Ratings (Eje izquierdo)
Standard & Poor's (Eje izquierdo)
Moody's (Eje derecho)
BB
BB+
Ba3
Ba2
Ba1
Baa3
Baa2
BBB-
BBB
Degradada
Dic. 2010 S&P
BB-
Degradada
Abril 2011 Moody´s
Degradada
Nov. 2012 Moody´s
Degradada
16 Jul. 2013 Fitch
Degradada
15 Dic. 2009 Moody´s
B+ B1
Degradada
Dic. 2014 S&P
B Degradada
9 Jul. 2015 Fitch
Disminuye
Nov. 2009 S&P
Bajó calificación
11 Agosto 2016
Moody´s
B-
CCC+
B2
Degradada
13 Oct. 2016
S&P
Bajó calificación
7 Nov. 2016 Moody´s
Degradada
01 Feb. 2017
Fitch
Degradada
8 Dic. 2016 S&P
Bajó calificación
13 Abr. 2017
Moody´s
CCC
CCC-
Degradada
Dic. 2009 Fitch
Caa2
Caa3
CC Ca
Degradada
10 Abr. 2017
Fitch
Degradada
11 Abr. 2017 S&P
Caa1
B3

6. 6 FUSADES/Departamento de Estudios Económicos
El aumento del riesgo país implica que el costo que
se tendrá que pagar para obtener financiamiento se
incrementará. Un ejercicio realizado para estimar
el gasto por intereses para 2017, considerando
que el saldo de la deuda pública a febrero de
2017 alcanzó US$17,453 millones, excluyendo
los eurobonos ya emitidos que son a tasa fija y
los CIP, un incremento de 1% sobre el resto de
la deuda elevaría el gasto anual por intereses en
US$138.6 millones6
adicionales en 2017, con lo cual
la erogación en este concepto alcanzaría US$843.9
millones7
, incrementándose el doble del año
pasado, a una tasa de 20%.
Por otra parte, los intermediarios financieros
salvadoreños y empresas de diferentes sectores
económicos que obtienen préstamos del exterior,
también verán incrementado el costo de su
financiamiento por el aumento en la percepción
de riesgo del país. Hasta diciembre de 2016,
según datos del BCR, el financiamiento de bancos
no radicados en el país a empresas ascendía a
US$2,378 millones y los bancos locales exhibieron
préstamos recibidos del exterior por US$2,129.88
millones, por lo que el impacto no es despreciable.
El encarecimiento de los préstamos para los
6
Se asume un cambio aún conservador en la tasa total implícita de
intereses sobre la deuda de 4.4 a 4.8%.
7
El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI, 2016), “El
Salvador: Consulta del Artículo IV”, estima que el servicio por
intereses del Sector Público No Financiero (SPNF) en 2017 sería
de US$842 millones, sin tomar en cuenta el incremento adicional
que se va a experimentar por la caída en la calificación de riesgo.
intermediarios financieros del país, presionará
al alza las tasas de interés del financiamiento
que otorgan a usuarios de crédito en el mercado
financiero local, aumentando el costo de fondos de
las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas
de los diferentes sectores productivos, lo que
incidirá en su competitividad.
Pero, lo más grave, es que esto también tendrá
impactos directos e indirectos sobre los hogares
e individuos. El impacto directo se dará en
aquellas personas que usan el crédito para
financiar la adquisición de vivienda, vehículos
(carros o motocicletas), y enseres domésticos, ya
que las tasas de interés se verán afectadas por
el incremento de la incertidumbre en el país,
reduciendo su ingreso disponible para otras
necesidades.
Menor crecimiento económico, menos3)
empleos y menor recaudación de impuestos
El impacto indirecto se dará en una disminución
en las oportunidades de empleo, ya que al
haber mayor tasa de interés la inversión se va a
deprimir aún más, obstaculizando la creación de
nuevos empleos. La afectación a la estabilidad
macroeconómica del país por el deterioro fiscal, se
manifiesta entre otros, en tasas de interés más altas,
como ya se comentó, lo que incidirá directamente
en los costos de las empresas, restándoles
Gráfica 2
Spread-EMBI Global: puntos básicos (pb*)
5.38
6.00
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
5.5
6.0
6.5
1-Dec-16
5-Dec-16
7-Dec-16
9-Dec-16
13-Dec-16
15-Dec-16
19-Dec-16
21-Dec-16
23-Dec-16
28-Dec-16
30-Dec-16
4-Jan-17
6-Jan-17
10-Jan-17
12-Jan-17
17-Jan-17
19-Jan-17
23-Jan-17
25-Jan-17
27-Jan-17
31-Jan-17
2-Feb-17
6-Feb-17
8-Feb-17
10-Feb-17
14-Feb-17
16-Feb-17
21-Feb-17
23-Feb-17
27-Feb-17
1-Mar-17
3-Mar-17
7-Mar-17
9-Mar-17
13-Mar-17
15-Mar-17
17-Mar-17
21-Mar-17
23-Mar-17
27-Mar-17
29-Mar-17
31-Mar-17
4-Apr-17
6-Apr-17
10-Apr-17
12-Apr-17
17-Apr-17
América Latina Brasil Colombia Argentina México Chile El Salvador
* Cien puntos básicos equivalen a uno por ciento.
Fuente: Elaborado con datos de JP Morgan.
Spread-EMBI Global: puntos básicos (pb*)

7. 7 FUSADES/Departamento de Estudios Económicos
competitividad; además, aumenta la incertidumbre
sobre el rumbo de las finanzas públicas, lo que
empeora el ya deteriorado clima de inversión
que se percibe en el país y que actúa como un
desincentivo a la inversión –que ya es muy baja,
13.6% del PIB en 2016–, restando posibilidades de
generación de empleo y de mejorar el bienestar
de los salvadoreños, ya que si la inversión futura
es inferior, las posibilidades de aumentar el
ritmo de crecimiento económico son inexistentes,
y las posibilidades de mejorar la recaudación
tributaria son inferiores ante un menor crecimiento
económico.
Impacto negativo en los ahorros de los4)
trabajadores y las futuras pensiones
El impago de la deuda con los trabajadores tiene
serias consecuencias para los fondos de pensiones
y las pensiones futuras. En primer lugar, tiene
un impacto directo en el precio de los títulos
valores que conforman el Fondo de Pensiones,
particularmente CIP y eurobonos salvadoreños.
Ante lo sucedido, es relevante preguntarse ¿cómo
queda el valor de los CIP series “A” y “B”?,
inversión que alcanzó US$5,606.6 millones a
diciembre de 2016, equivalentes al 61% de la cartera
de inversiones de los fondos de pensiones, cuyo
servicio de la deuda no se ha cumplido (gráfica 3).
En segundo lugar, el aumento del riesgo país
y la rebaja de la calificación soberana, tiene un
impacto inmediato en la caída de los precios
de los eurobonos, en los cuales los fondos de
pensiones habían invertido aproximadamente
US$1,597.2 millones (17% del fondo) a la fecha
antes indicada; en consecuencia, disminuye el
ahorro para pensiones de los cotizantes cuando
las inversiones de los fondos de pensiones se
valorizan a precios de mercado. Según los registros
de los precios de los bonos emitidos por el país,
la caída de los precios osciló entre 1.2% y 5.3%
entre el 5 y el 12 de abril (gráfica 4). Por ejemplo,
si estos precios se consideraran para valorizar la
cartera de inversiones de los fondos de pensiones,
dependiendo de la concentración de estas
inversiones en cada emisión de bonos salvadoreños
efectuada, la pérdida en la valorización (no
realizada) de los fondos de pensiones por la
tenencia de dichos instrumentos podría rondar
entre US$19.20 y US$84.6 millones, lo cual podría
tener efecto sobre las futuras pensiones de no
recuperarse a futuro.
Potencial impago de las pensiones a5)
jubilados del ISSS e INPEP
Por otra parte, el mecanismo de financiamiento de
las pensiones del ISSS e INPEP desde 2006, implica
Gráfica 3
Composición del Fondo de Pensioness, diciembre de 2016
(Millones de US$ y porcentajes)
Composición del Fondo de Pensión, diciembre 2016
Fideicomiso de
Obligaciones
Previsionales,
5,606.60, 61%
Dirección General de
Tesorería, 1,597.20,
17%
Fondo Social para la
Vivienda, 220.8, 2%
Fondos de
Titularización, 567.7,
6%
Valores Extranjeros,
521.3, 6%
Bancos Nacionales,
606.5, 7%
1%
Fuente: Superintendencia del Sistema Financiero

8. 8 FUSADES/Departamento de Estudios Económicos
un préstamo del fondo de pensiones al gobierno,
por medio de los CIP que emite el Fideicomiso de
Obligaciones Previsionales (FOP), si los fondos de
pensiones no han recibido el pago correspondiente,
se complica la posibilidad de que estos continúen
invirtiendo en un instrumento financiero cuyo
servicio de la deuda se ha incumplido, como
es el caso de los CIP; esta situación dificulta la
posibilidad de que el Estado continúe obteniendo
el financiamiento que requiere para pagar las
pensiones a los actuales jubilados que están a cargo
del Estado. Hasta la fecha, los CIP para pagar las
pensiones de abril de 2017 del ISSS y el INPEP ya
se emitieron, pero se plantea la pregunta ¿cómo se
van a pagar las pensiones que dichas instituciones
tienen que honrar en mayo del presente año y
en adelante, si se interrumpe este mecanismo?,
o ¿qué alternativas se piensan llevar a cabo para
cumplir con esta obligación? Por estas personas, es
de suma importancia que se corrija el error de no
honrar la deuda que se tiene con los trabajadores;
al corregirlo, se facilita la búsqueda de soluciones
para resolver el problema del pago de la deuda
previsional, y continuar pagando las pensiones en
curso del sistema público.
Puede agudizarse la crisis fiscal con impactos6)
negativos para la población
Se podría agudizar el deterioro financiero de las
cuentas fiscales y las deficiencias de liquidez,
particularmente durante el segundo semestre,
cuando se deben pagar vencimiento de Letes por
aproximadamente US$638.9 millones (de mayo a
diciembre) y también el servicio de la deuda de
CIP que rondará US$123.4 millones en ese período,
ya que se encarece el costo del financiamiento,
como se indicó anteriormente. Esta situación
agravaría la crisis fiscal y podría derivar en otros
incumplimientos de pago con proveedores de
bienes y servicios, salarios, etc., y por lo tanto,
los servicios públicos se deteriorarían o dejarían
de ofrecerse. Existe, entonces, el peligro que de
no respetarse la institucionalidad del proceso
presupuestario y de no hacer un reordenamiento
de las finanzas públicas y la atención del servicio
de la deuda, se haga un ajuste desordenado, con
alto costo para la población, siendo así uno de los
problemas más serios que afectan la estabilidad
macroeconómica del país y el bienestar de la
población. Países que han sufrido crisis fiscales
graves, han registrado incremento en la pobreza
por los impactos negativos para la población.
Gráfica 4
Trayectoria de precios de los Eurobonos de El Salvador
Trayectoria de precios de los Eurobonos
80
85
90
95
100
105
SV 2019 SV 2025 SV 2027 SV 2032 SV2034 SV2035 SV2041
SV 2019 -3.2%
SV 2025 -3.1%
SV 2027 -3.2%
SV 2032 -4.6%
SV2034 -1.2%
SV2035 -5.3%
SV2041 -5.3%
Fuente: Bloomberg
Disminución de valor 5 al 12 de abril

9. 9 FUSADES/Departamento de Estudios Económicos
Urge rectificarIII.
Si bien el país afronta una situación crítica de impago selectivo en la deuda1.
con los trabajadores propietarios de los fondos de pensiones, es urgente
rectificar esta situación y honrar esta deuda con prontitud, para preservar
el prestigio de buen pagador que hasta hoy ha tenido el país y evitar la
espiral de consecuencias negativas que dañarían profundamente a todos
los ciudadanos.
Cumplir con lo estipulado en el “Acuerdo Marco para la Sostenibilidad2.
Fiscal, Desarrollo Económico y Fortalecimiento de la Liquidez al
Gobierno de El Salvador”, firmado por el gobierno y el principal partido
de oposición; especialmente respecto a que se aprobaría la Ley de
Responsabilidad Fiscal, y que se haría el Presupuesto congruente con las
metas establecidas en la misma Ley.
El Estado es el responsable de preservar la estabilidad fiscal y3.
macroeconómica del país, por lo que debe realizar todos los esfuerzos
que sean necesarios para ejecutar las acciones requeridas para
normalizar los pagos de la deuda de CIP con los trabajadores, quienes
son los propietarios de los fondos de pensiones. Actualmente existe
la oportunidad para realizar verdaderas medidas de austeridad que
permitan pagar esta deuda con recursos propios.
Esto se puede acompañar con una reforma del sistema de pensiones que4.
libere de obligaciones al Estado, pero que respete la propiedad de las
cuentas individuales y mejore las pensiones, como la presentada por la
Iniciativa Ciudadana para las Pensiones (ICP); de esta forma se podría
comenzar a ordenar las cuentas fiscales.
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Tel.: (503) 2248-5600, www.fusades.org