1. ¿TIENEN LOS LATINOAMERICANOS DERECHO A TENER
DERECHOS?
Ignacio Soleto
DOCUMENTO DE TRABAJO
ESPECIAL FORO XX1(NºI)- LA COHESIÓN SOCIAL EN AMÉRICA LATINA

2. ¿TIENEN LOS LATINOAMERICANOS DERECHO A TENER DERECHOS?
Ignacio Soleto1
Algunos intelectuales y políticos latinoamericanos se han venido preguntando en los últimos
tiempos hasta qué punto la noción de cohesión social puede ser aplicada a la realidad de
América Latina como principio orientador de la acción pública en materia de políticas sociales.
Y buena parte de estas reflexiones consideran de antemano el concepto como una suerte de
“importación” europea que difícilmente se adapta a la realidad de la región, ni en su
conceptualización ni en su instrumentación operativa. Esta polémica en torno al alcance y
definición de la cohesión social y su posible aplicación a América Latina surge como respuesta
a las propuestas lideradas por la CEPAL para asentar el concepto en la agenda pública de la
región. La fuerza con que el tema ha ido surgiendo en las sucesivas Cumbres de Jefes de
Estado y de Gobierno ALC-UE y se ha venido perfilando en los programas de trabajo de otras
instituciones como la Secretaría General Iberoamericana-SEGIB o el BID ha desatado una
reacción extraordinariamente defensiva por parte de aquellos sectores que entienden esta
agenda modernizadora -supuestamente “europeizante”- como ajena a la tradición histórica y
cultural latinoamericana.
Quienes defienden este punto de vista sostienen que las sociedades latinoamericanas en
realidad tienen unos niveles razonables de cohesión social y lo explican basándose en cinco
motivos. Para empezar, dicen que la libertad de credo y el carácter laico de la mayoría de sus
Estados han evitado que surjan conflictos importantes en torno a lo religioso, pues existe una
gran homogeneidad en este ámbito. Según esta visión el segundo gran factor de cohesión social
consistiría en un fuerte sentido de pertenencia a la nación que, sin embargo, no habría
derivado en una gran belicosidad ni en fuertes pugnas por los cambios en las fronteras, al
menos en comparación con otros continentes. El tercer soporte para la cohesión social en
América Latina consistiría en una supuesta neutralización de la diferenciación étnica por medio
del mestizaje, lo cual explicaría que el tema racial no haya provocado grados críticos de
polarización. En cuarto lugar, las redes familiares y otros vínculos como la amistad habrían
1 Jefe del Área Cohesión Social (FIIAPP)
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3. jugado históricamente un rol fundamental frente a la debilidad del Estado, de los mercados, y
de las sociedades civiles, haciendo que los vínculos primarios de familia y amistad compensen la
baja confianza que, en general, sienten los latinoamericanos hacia las demás personas y hacia las
instituciones. Y, por último, la desigualdad endémica en la región quedaría compensada por
unas altas expectativas de movilidad social que, según esta visión tan optimista, propiciarían un
fuerte sentimiento de progreso y mitigarían notablemente los riesgos de estallido social.
El problema de todos estos argumentos no es tanto su cuestionable soporte empírico como su
planteamiento netamente defensivo, ya que surgen como reacción frente a la propia noción de
cohesión social avanzada por la CEPAL y lo hacen contraponiendo a un patrón europeo,
pretendidamente anticuado, una nueva matriz fundada en el modo de vida estadounidense.
¿Cuáles serían entonces las diferencias entre ambos modelos, el europeo y el estadounidense?
Pues bien, más que de diferencias habría que hablar de un enfoque radicalmente distinto.
Mientras que en Europa el eje de la cohesión social pivota en torno a los derechos y deberes
que debe garantizar el Estado a todos los ciudadanos y ciudadanas sólo por el hecho de serlo
(los llamados derechos de ciudadanía), el modelo estadounidense gira alrededor del mercado y
no establece como función principal del Estado garantizar normativamente derechos sociales,
sino facilitar oportunidades y proteger la libertad individual en un esquema que antepone la
propiedad privada a los bienes públicos. Dicho en otras palabras, según este modelo la
sociedad no descansa en la capacidad integradora del Estado sino en la autonomía de los
individuos y el sistema institucional no se encarga de promover la igualdad sino de proteger la
propiedad privada. Es un modelo donde predomina una ética individualista fundada en la
libertad, el consumo y el trabajo. Por el contrario el concepto europeo de cohesión social
tiene como referencia la cultura de derechos sociales. Cohesión social equivale a integración
social mediante el acceso garantizado legalmente a diferentes recursos sociales que provee el
Estado. A diferencia del modelo estadounidense, la cohesión no está dada de antemano sino
que se crea políticamente mediante el aseguramiento de derechos que el Estado tiene la
obligación de garantizar.
Estas dos visiones enfrentadas conllevan una percepción totalmente distinta de la desigualdad:
mientras que en Europa es vista como una falla del sistema, en Estados Unidos se tiende a
considerar como un problema individual. El 71% de los estadounidenses está convencido de
que los pobres pueden salir por sí solos de la pobreza; sólo el 40% de los europeos está de
acuerdo con esta afirmación. Y esta diferencia de enfoque supone diferentes formas de
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4. enfrentar la problemática. En Estados Unidos el gasto público representa aproximadamente el
30% del Producto Interior Bruto, mientras que en la Europa continental está alrededor del
45% debido a los gastos sociales propios del Estado de Bienestar.
Desde nuestro punto de vista las críticas que están recibiendo los planteamientos de la CEPAL
sobre cohesión social tienen su origen en la preocupación, o incluso el temor, que sienten
determinados dirigentes latinoamericanos ante las nuevas demandas sociales que puede
legitimar y desencadenar. La satisfacción de dichas demandas exigirían a los gobiernos una
reforma profunda de sus políticas públicas para promover el empleo a la vez formal y flexible,
mejorar la equidad en la educación y su cercanía al mundo del trabajo, universalizar el acceso a
la salud, crear un sistema de protección social no contributivo y aumentar la transparencia y la
rendición de cuentas de las instituciones. Todo ello sustentado en el pacto social y fiscal que
propone la CEPAL -un pacto o conjunto de pactos que algunos denominamos Pactos por la
Ciudadanía- que permitiría asegurar los derechos de los ciudadanos latinoamericanos a través
de un compromiso entre generaciones como en su día ocurrió en el caso español.
Algunos políticos y expertos latinoamericanos afirman que las condiciones económicas,
políticas y sociales son tan distintas en América Latina y en Europa que es imposible aplicar en
su región el modelo europeo basado en un enfoque de derechos. No les falta razón, ya que la
historia demuestra que los modelos sociales no son transportables. Pero la historia también
demuestra que las lecciones derivadas del éxito o el fracaso de unas determinadas políticas en
otros contextos son muy útiles para diseñar modelos propios y, al hacerlo, no cometer los
errores que otros cometieron en el pasado. En este sentido, para América Latina podrían ser
muy ilustrativas las reformas aplicadas en las tres últimas décadas en algunos países europeos,
singularmente en España y Portugal. Ambos son países europeos, pero también
iberoamericanos, y comparten en su historia reciente características similares en su desarrollo
económico, político y social a las que tienen los países latinoamericanos: un proceso de
industrialización reciente, un sistema de protección social prácticamente inexistente en la
primera mitad del siglo XX y un reciente desarrollo de la democracia.
América Latina está inmersa en un proceso de construcción de modelos propios y adaptados a
sus diferentes contextos nacionales. Queda claro que, al margen del análisis de las experiencias
europeas mencionadas, cada país tendrá que desarrollar soluciones adecuadas a sus
circunstancias económicas, políticas y sociales. Ahora bien, la pregunta clave que se sitúa en el
centro del debate entre los diferentes modelos aquí expuestos es la siguiente: ¿tienen los
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5. latinoamericanos derecho a tener derechos? Es evidente que cada país debe ser quien determine
cuál es el mejor modelo para avanzar en su desarrollo. Pero sea cual sea la opción elegida,
nuestra opinión es que los ciudadanos latinoamericanos tienen el mismo derecho a tener
derechos que los ciudadanos europeos. Por ello lo que nos parece importante es que todas las
acciones conducentes a elevar los niveles de cohesión en una determinada sociedad deben
partir de una premisa ineludible: reconocer la titularidad de los derechos de ciudadanía y su
efectiva puesta en práctica. Esta es la cuestión clave para avanzar en la lucha contra la pobreza
y las desigualdades de forma sostenida y sostenible, un enfoque ciudadano idóneo para la
consolidación de las instituciones democráticas ante la cual los políticos y académicos
latinoamericanos no deberían tomar una actitud defensiva sino más bien optimista. ¿No es
acaso un síntoma de que la democracia está cobrando arraigo y vigor en sociedades
largamente oprimidas?
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