Tema 9. pervivencias y transformaciones económicas en el siglo xix

1. IES Vistazul. 2º Bach. Historia de España.
TEMA 9. Pervivencias y transformaciones económicas en el siglo XIX:
un desarrollo insuficiente
0. Introducción.
La situación de la economía española de principios del siglo XIX se caracterizaba por
los siguientes aspectos:
- En primer lugar, la independencia de la antigua América española supuso la
ruptura del eje económico propio del Antiguo Régimen, afectando a los
mercados y el suministro de las materias primas.
- Ante estos cambios la necesidad de un reajuste económico llevó a: la extensión
del área de cultivos, aunque no se introdujeran simultáneamente mejoras en la
técnica agrícola; el inicio de la explotación moderna del subsuelo, con el
relanzamiento de la minería, y los estímulos para la creación de un mercado de
capitales, cuya medida inmediata más importante fue la Bolsa de Madrid en
1831.
- Condicionantes económicos diferentes a las de otros países europeos, en los que
el proceso de transformación hacia la economía industrial ya se había
desarrollado. Tres factores diferenciales deben ser subrayados entre estos países
y el nuestro:
• El factor geográfico: la estructura orográfica española crea graves
obstáculos a las comunicaciones y transportes interiores, con
dificultades técnicas y un coste mucho mayor para salvarlos,
cualquiera que sea la solución adoptada.
• La escasez de fuentes de energía y de materias primas.
• Escasez de capitales. En España, aunque se produjeron beneficios
del sector comercial ultramarino en los últimos años del siglo
XVIII, no bastaron a impulsar el desarrollo industrial. La ruptura
posterior del comercio hispanoamericano cortó esta vía de
capitalización. Sólo en Cataluña hubo una transferencia de
beneficios del comercio colonial al sector industrial ya en el siglo
XVIII.
Las características, pues, de la situación económica española durante los dos primeros
tercios del siglo XIX se pueden definir como las de una economía dual, por la
persistencia de las estructuras arcaizantes de la economía tradicional, mientras aparecen
aisladamente algunas estructuras modernas.
1. El comportamiento demográfico de España en el siglo XIX
A grandes rasgos se puede considerar que el comportamiento demográfico de la
sociedad española durante el siglo XIX se caracterizó por seguir pautas propias de un
régimen demográfico antiguo. Esto hizo que España presentase una importante escasez
de efectivos en relación con el resto de países europeos que ya estaban desarrollando la
Revolución Industrial. Esta escasez de población y la menor demanda a la que se asocia
junto con la escasa población urbana serán aspectos calves para entender el menor
desarrollo socioeconómico del país en el siglo XIX. La población española experimentó
un crecimiento del 0,63% anual en la primera mitad de siglo siendo incluso inferior en
el período correspondiente a la segunda mitad del siglo XIX (0,47%). Las crisis de
mortalidad que afectaron al país, causadas por las guerras, el hambre y las epidemias, y
la emigración al norte de África y sobre todo hacia Ultramar explican los débiles

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crecimientos señalados. Todo ello a pesar que el desastre colonial supuso un ligero
aumento poblacional debido a la repatriación de efectivos.
Las tasas de natalidad (36‰) y de mortalidad (30‰) eran más altas que las europeas,
pero el crecimiento vegetativo era menor. La tasa de mortalidad infantil llegaba al
245‰. La alta mortalidad es debida a crisis de subsistencia, las guerras carlistas
(300.000 muertos), y el deficiente estado de las infraestructuras higiénicas, que hacía
que las enfermedades epidémicas tuviesen consecuencias dramáticas, como el cólera
(600.000 muertes en 1835, 1855 y 1860), el tifus, la gripe y otras especialmente graves
en la infancia, como la viruela, el sarampión, la difteria, y sobre todo la tuberculosis. En
estos momentos la esperanza de vida rondaba los 35 años.
En cuanto a la distribución espacial de la población, la tendencia es a concentrarse en la
periferia del país, sobre todo en Cataluña y País Vasco, las regiones más
industrializadas. El interior permanece demográficamente estancado, alimentando
constantemente las corrientes migratorias interiores y exteriores, con la única excepción
de Madrid, que se convierte en el único foco industrial destacable del interior. Este auge
económico especialmente de Cataluña, relacionado con la industria textil y la
fabricación de los tejidos “indianos”, destinados a la exportación (fundamentalmente
gracias al decreto de libre comercio de 1778) y en menor medida del País Vaco y
Madrid, producirá un aumento de las migraciones internas hacia estos focos desde 1878,
a causa de las sucesivas crisis agrícolas que provocaron una fuerte emigración de
cultivadores arruinados hacia las ciudades. Comienza entonces el auténtico desarrollo
urbano. Entre 1877 y 1930 el porcentaje de españoles que vivía en ciudades de más de
10.000 habitantes pasó del 20% al 42%.
2. La agricultura española del siglo XIX
Desde un punto de vista general la agricultura fue durante el siglo XIX español la más
importante de las actividades económicas, al menos desde un punto de vista
cuantitativo. Muestra de ello a finales del siglo dos tercios de la población activa
española trabajaba en la agricultura. Sin duda más de la mitad de la renta nacional se
generaba en este sector. También tenía el sector agrícola y ganadero un peso
preponderante en el comercio de exportación. Por todas estas razones, todo lo que
ocurriera en la agricultura había de ser de fundamental alcance en todo el país y su
economía.
El papel de la agricultura en el escaso desarrollo español en los comienzos del siglo
XIX ha sido puesto de manifiesto por todos aquellos historiadores que relacionan
agricultura con desarrollo de la revolución industrial. Así autores tan destacados como
Nadal, Tortella o Sánchez Albornoz consideran que el crecimiento de la producción
agraria fue siempre por detrás del crecimiento demográfico.
En general se considera que se dan varias fases:
• Un primer periodo (1814-1860) de expansión, posible no tanto por el
crecimiento de la superficie cultivada como por la mejor organización de
la producción, de la especialización y distribución. Las desamortizaciones
y las reformas liberales favorecieron una explotación más intensiva y
sistemática de la tierra.
• Entre 1860 y principios de siglo cambió la tendencia. La finalización de
las desamortizaciones frenó el crecimiento, lo que provocó un cierto
estancamiento. Para cubrir el descenso de los cereales aparecieron nuevos
cultivos (vid, olivo, frutales).

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A grandes rasgos se puede considerar que la agricultura española en torno a 1860
era un 55% de la británica y un 75% de la francesa y alemana mientras que a principios
del s. XX cayó hasta un 40% del promedio de la agricultura francesa, inglesa o alemana.
De este modo la agricultura no consiguió, tal como había sucedido en Inglaterra o
Francia la producción de excedentes alimentarios con los que acabar con las hambrunas,
modernizarse y expulsar población hacia las ciudades como posible mano de obra
industrial o suministrar productos para la industria. El continuo proteccionismo estatal
de los mercados agrícolas facilitó el estancamiento de la producción y la falta de
modernización y tecnificación del sector.
La evolución de la producción agraria del siglo XIX estaría condicionada por la
estructuración del mercado interior y por la incorporación de la producción nacional a
los mercados internacionales, una vez consolidadas las transformaciones jurídicas de la
reforma agraria liberal: la desamortización.
3. Los procesos de desamortización y sus consecuencias.
El proyecto liberal, desarrollando los planteamientos intelectuales de la España
ilustrada, tenía como horizonte el desarrollo de un capitalismo agrario como pieza
angular del desarrollo económico y la riqueza del país. Esto suponía en primer lugar,
más que una revolución en la estructura de la propiedad de la tierra, en la eliminación de
todas las trabas jurídico-institucionales que se oponían a la instauración de la propiedad
perfecta y a la constitución de un mercado nacional. Con la idea de una reforma de la
propiedad de la tierra se aspiraba a la introducción de mejoras técnicas y la expansión
de la producción.
La legislación desamortizadora reproduce los avatares de la revolución liberal, pues su
vigencia y derogación están mediatizadas por la coyuntura política:
- Una primera etapa (1766-1798) comprendió la venta de bienes de los jesuitas y
la denominada desamortización de Manuel Godoy (bienes raíces pertenecientes
a hospitales, hospicios, casas de misericordia o cofradías).
- La segunda fase (1808-1823) correspondió a la desamortización impulsada
durante la guerra de la Independencia por la administración del rey José I
Bonaparte y por los legisladores reunidos en las Cortes de Cádiz (bienes de la
Inquisición y reducción a un tercio del número de monasterios y conventos), así
como a la efímera obra del Trienio Liberal (prohibición de nuevas
amortizaciones y supresión de los monasterios de órdenes monacales y de los
conventos de órdenes militares).
- En la tercera etapa (1834-1854), conocida como desamortización de Juan
Álvarez Mendizábal, se procedió al sistemático despojo patrimonial de la
Iglesia, y a la desaparición de monasterios y conventos.
- La cuarta fase (1855-1924) se inauguró con la Ley General de 1 de mayo de
1855 (cuyo principal impulsor fue el ministro de Hacienda Pascual Madoz,) y
fue por duración y volumen de ventas la más importante. Se completó la
enajenación de los bienes de regulares y seculares, y sobre todo, se declaró la
venta de los patrimonios de todas las manos muertas (bienes municipales,
instrucción pública y beneficencia).
En lo que se refiere a sus consecuencias, en general podemos decir que en lo que a la
estructura de propiedad se refiere, es evidente que ésta, junto con los cambios legales
que ya hemos visto (mayorazgo, señorío...) significó el triunfo definitivo de la
propiedad liberal y capitalista. Sin embargo la desamortización acentuó la estructura
latifundista (que sería el origen del caciquismo) ya que no se plateó en ningún momento

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como una reforma agraria y que pujaba aquél que más podía. Para entender esto hay que
tener en cuenta que tras la expropiación de las tierras, éstas se subastaban, con lo que en
la práctica, los económicamente poderosos acapararán las mejores tierras, mientras a los
pequeños y medios campesinos se les ponían todo tipo de trabas para acceder a ellas.
Las subastas amañadas, el pago de comisiones a los funcionarios, las facilidades de
pago y el uso de los títulos de deuda, la posibilidad de tasar previamente las fincas a su
conveniencia, etc... favorecieron a los ricos. También el tamaño de las fincas a subastar
perjudicó a los pequeños campesinos, ya que con la excusa de evitar una excesiva
parcelación se hicieron lotes de tamaño medio que quedaban fuera de sus exiguas
posibilidades.
3.1 Los efectos económicos de las desamortizaciones.
Los objetivos financieros que se había propuesto Mendizábal no se consiguieron pues el
problema de la Deuda no fue resuelto. Esto es imputable al conjunto del proceso
desamortizador y no sólo al periodo de Mendizábal. Desde el punto de vista económico,
algunos historiadores han denunciado la absorción de los escasos capitales españoles en
la compra de tierras, apartándolos de la inversión en la economía industrial, muy
necesitada de ellos. Por otra parte, parece que en muchos casos los nuevos propietarios
forzaron sus beneficios a costa de la mano de obra, sin intensificar la capitalización del
campo.
La desamortización contribuyó a sustituir la estructura social señorial campesina,
heredada del Antiguo Régimen, por una estructura capitalista que, salvo modestas
excepciones, no reinvirtió los beneficios en el campo, contribuyendo así a su paulatina
descapitalización, fenómeno que ha proseguido hasta entrado el siglo XX.
3.2 Efectos sociales de las desamortizaciones.
Entre las consecuencias sociales de las desamortizaciones destacan:
- No se aprovechó la ocasión, verdaderamente excepcional, para crear una amplia clase
media agraria, a la manera de lo ocurrido en Francia, que hubiera podido ser un factor
estructural de una sociedad equilibrada. Al no consolidarse esta amplia clase media
rural falló igualmente la posibilidad de que surgiera un sector ahorrativo capaz de
estimular la demanda del mercado y de impulsar las inversiones en el propio campo y
en otros sectores económicos.
- Las ventas de bienes eclesiásticos originaron un buen número de nuevos ricos
(políticos profesionales, funcionarios, abogados, comerciantes, etc.) o enriquecieron a
los que ya lo eran (terratenientes, grandes comerciantes, estos últimos estimulados por
razones económicas y psicológicas, como hemos dicho). El enriquecimiento de estos
sectores sociales se completó luego con la desamortización de Madoz; y así se asegura,
con toda razón, que el proceso desamortizador en su conjunto está en el origen del
moderno latifundio no noble.
- A pesar de todo, hubo un número bastante importante de compradores medianos, de
origen rural, que ensancharon la base de la clase media agraria, aunque sin hacerla
prevalecer. En este punto las variantes provinciales y regionales pueden ser importantes.
- Además de algunos campesinos de los pueblos afectados por la desamortización,
intermediarios a veces de las operaciones de compra, otros modestos labrantines y
pegujaleros se beneficiaron con pequeñas adquisiciones, y constituyen un factor
característico en la evolución de la sociedad rural. Desde este punto de vista puede
decirse que la desamortización contribuyó a sustituir la antigua sociedad señorial por la

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nueva “sociedad caciquil”, basada en relaciones personales de patronazgo y cuasi tutela
y en la distribución de bienes repartibles desde la administración o el poder político.
- Con la desamortización de Mendizábal los más perjudicados fueron la mayoría de los
colonos pobres, por el encarecimiento de las rentas y a veces por la desposesión de las
tierras. Más tarde, la desamortización de Madoz vino a ratificar este efecto nocivo, pues
la venta de bienes comunales repercutió en daño sobre todo de los jornaleros y de las
clases rurales desposeídas.
4. Los inicios del desarrollo industrial.
Tras abolir los gremios, se puede considerar que los principales problemas de la
industria española a inicios del siglo XIX eran los siguientes:
- La debilidad de la demanda se acentúa por la pérdida de las colonias americanas en
1824, mientras en España la población continúa siendo mayoritariamente pobre.
- Las comunicaciones son aún peores como consecuencia de la destrucción provocada
por las guerras, al menos hasta que se construya el ferrocarril, por lo que los productos
se encarecen.
- La escasez de inversiones se acentuó tanto por la abundante disponibilidad de Deuda
Pública, como por la oferta de tierras desamortizadas.
Esta situación se traduce en un retraso considerable respecto a los países industriales de
Europa, de los que España dependerá tanto a nivel técnico como de iniciativa y capital.
Este retraso provocará la exportación de nuestras mejores materias primas, e
igualmente, la salida del país de la mayor parte de los beneficios. Además, llevará a la
adopción de medidas proteccionistas para intentar al menos asegurar el mercado
interior.
La industria española apenas ocupa a un 15% de la población activa, de la que sólo la
tercera parte se concentra en sectores modernos, muy concentrados en Cataluña y el
País Vasco. En conjunto, metalúrgicas y químicas no representaban más del 10% de la
industria nacional a mediados de siglo. El sector textil suponía casi un 25%, y la mayor
parte de las industrias (56% del total) estaban englobadas en el tradicional sector
agroalimentario, representado sobre todo por molinos harineros y almazaras muy
tradicionales repartidos por todo el país.
La industria más importante, y la única con una cierta expansión, continúa siendo la
textil algodonera, muy concentrada en Barcelona, que estableció una hegemonía que se
extendió hacia otros sectores textiles, como la lana y la seda, en perjuicio de las
industrias tradicionales de otras zonas del país, e impulsó el crecimiento de otros
sectores industriales, como el químico. Esta región era de hecho la única que podía
englobarse en un mapa de la Europa industrial. Un buen indicador de su desarrollo y
crecimiento está en el dato de que entre 1827 y 1875 las importaciones de tejidos de
todo tipo bajaron del 40% al 7%.
Su desarrollo se basa en la iniciativa de empresarios emprendedores, con capitales
procedentes del comercio y la viticultura, y una organización empresarial moderna, con
un creciente proceso de concentración en sociedades anónimas; una demanda interna
más activa, derivada de una agricultura intensiva y comercial; una mecanización,
aunque obsoleta, al estilo británico a partir de 1844, centrada en la hilatura y mucho
menos en los telares; la práctica del “capitalismo salvaje” que proporciona una mano de
obra barata; y finalmente, el disfrute del monopolio del mercado cubano y una
protección arancelaria casi constante que le aseguró también el monopolio de hecho del
mercado interior. Estas condiciones permitieron un crecimiento continuo de la
producción catalana y una rebaja de precios de casi el 70% a lo largo de este periodo.

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Su principal defecto se encontraba en su dependencia del exterior tanto a nivel
tecnológico como en el abastecimiento de materias primas, que provocó su nula
competitividad en el exterior y una fuerte crisis durante la Guerra de Secesión
norteamericana (1861-1865) por la falta de materia prima.
Otro sector industrial importante fue el siderúrgico, muy concentrado geográficamente
en Andalucía, Asturias y Vizcaya. La siderurgia andaluza se desarrolló aprovechando el
parón de la industria vasca durante la guerra carlista hasta llegar a producir el 80% del
hierro español; pero fracasó por la falta de carbón mineral, que encarecía el producto
final. En el tercer cuarto del s. XIX Asturias será la región siderúrgica más importante
por la modernidad de sus instalaciones, con cinco de los ocho hornos de coque que
había en España en 1866, y por las inversiones francesas. El principal problema de esta
industria era la falta de demanda interna. La agricultura se abastecía en las ferrerías
tradicionales; la escasa industria compraba sus máquinas en el exterior; y cuando se
empieza a desarrollar el ferrocarril, la siderurgia española no puede abastecerlo y tanto
la maquinaria como el material fijo se importarán de Francia e Inglaterra. Sólo el
proteccionismo estatal explica, una vez más, el mantenimiento de este sector. También
hay que destacar en el País Vasco el liderazgo nacional de Guipúzcoa en la producción
de papel. En este caso y en el de la siderurgia vizcaína fue importante la supresión de las
barreras aduaneras con España desde 1841.
4.1 La limitada expansión de la industria en España
Durante el periodo de la Restauración la actividad industrial continuó concentrada y
limitada a los dos focos tradicionales: Cataluña y el País Vasco. A su vez, los sectores
más destacados siguen siendo el textil y el agroalimentario. La fuerte inmigración al
área de Barcelona, y el propio desarrollo urbano de la ciudad, serán otros elementos
indicativos de ese desarrollo.
La industria textil, que ocupa al 70% de la mano de obra y un porcentaje similar en
cuanto a la producción sigue siendo la principal actividad. Gozó de medidas
proteccionistas desde 1891 y del monopolio del mercado ultramarino, que absorbía el
17% de la producción. Por ello, su pérdida en 1898 supuso un durísimo golpe, del que
no se recuperará hasta 1914, a pesar de un nuevo arancel proteccionista en 1906. El
proteccionismo acentuó la dependencia exterior respecto a la tecnología, como atestigua
el hecho de que, a finales de siglo, casi el 98% de los husos que se empleaban en las
fábricas catalanas eran ingleses.
Pero el principal problema que tuvo en esta etapa fue la carestía de la energía. El carbón
español era caro y escaso, por lo que en Cataluña se importaba de Gran Bretaña. Esto
provocaba que el coste energético fuese aproximadamente el doble que el de la industria
británica, cercenando cualquier intento de ser competitiva. Ante esta situación muchas
empresas volvieron a utilizar la energía hidráulica, cuya capacidad energética se triplicó
entre 1880 y 1910; y ello a pesar de que el estiaje de los ríos obligaba a disponer de
motores auxiliares. El desarrollo de la energía eléctrica vendrá a solucionar este
problema.
A pesar del tradicional papel preponderante de Cataluña lo más novedoso de la
economía industrial en este periodo fue el desarrollo del sector siderometalúrgico.
Vizcaya producía el 62% del hierro en España. La exportación de mineral de hierro
proporcionó enormes capitales que, por medio de la iniciativa privada, fueron invertidos
en la creación de altos hornos que funcionaban con carbón de coque británico o
asturiano. Como en Cataluña, una parte importante de los capitales invertidos procedía
también de la agricultura, el comercio marítimo y los negocios coloniales.

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Por otra parte, una serie de medidas políticas potenciaron el desarrollo del sector
siderúrgico vizcaíno. Entre 1865 y 1887 se anulan los privilegios de importación de
material ferroviario y se decide que todos los pedidos de la Marina deben hacerse a
empresas españolas. Además gozó de la consabida protección arancelaria. Este
desarrollo se vio apoyado por la modernización tecnológica, con el uso de los
convertidores Bessemer para fabricar acero desde 1885, y por la concentración
empresarial que da lugar a la constitución de la empresa Altos Hornos de Vizcaya en
1902.
A pesar de todo, no hay que olvidar que en 1900 sólo se fundía en España el 8% del
hierro que se extraía de las minas vizcaínas, teniendo que importar casi la misma
cantidad que se produce en España. Todas las medidas que se tomaron, además de
estimular la producción siderúrgica, provocaron un desarrollo de la metalurgia de
transformación en el País Vasco, especialmente en los sectores navales y ferroviario,
aunque con notables limitaciones.
Especialmente destacable es el importante y variado sector industrial guipuzcoano,
basado en empresas familiares muy diversificadas en los sectores papelero, químico,
metal-mecánico, agroalimentario, textil, etc... Otros sectores industriales que se
desarrollaron en estos años fueron las industrias químicas en Cataluña, estrechamente
relacionadas con el sector textil; las de superfosfatos vinculadas a la agricultura; y las de
explosivos, muy relacionadas con el desarrollo minero.
4.2 El proteccionismo estatal
La intervención del Estado fue notable en esta etapa, y no sólo por su política
arancelaria. Además de las inversiones en infraestructuras y comunicaciones hubo
numerosas intervenciones políticas para favorecer la inversión y reducir el riesgo, y
ventajas para la industria nacional que culminan con la Ley de Protección de la Industria
Nacional (1907), que priorizaba los productos españoles en los contratos con el Estado.
Al margen de favorecer los intereses de la oligarquía empresarial, existía una voluntad
política de crear una industria nacional fuerte, destinada sobre todo al mercado interior.
Pero en algunos sectores, como el ferroviario, mecánico, naval, siderúrgico y textil, la
protección administrativa derivó en la creación de auténticos oligopolios que
restringieron la competencia.
El proteccionismo, al que recurrió el gobierno en muchas ocasiones atendiendo las
demandas de los empresarios, tuvo como principal efecto el encarecimiento del trigo y
el carbón, que son elementos básicos para el crecimiento general de la industria. La
energía derivada del carbón elevaba los costes de producción y transporte, mientras la
carestía del trigo reducía la demanda de productos industriales.
5. La minería española.
Los recursos mineros españoles siempre han sido aceptables, siendo especialmente
atractiva, no solo la calidad y cantidad de las reservas de mercurio, hierro, cobre, plomo,
cinc, wolframio, etc. sino la cercanía de los yacimientos a los puertos. Por ello serán los
yacimientos costeros los primeros que se exploten.
No obstante la minería española permaneció estancada hasta mediados del siglo por
varias razones:
• La falta de capital y de conocimientos técnicos no impulsaban la oferta.
• El subdesarrollo del país impedía que estos minerales se situasen en los
mercados adecuados.

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• La legislación excesivamente regalista: la Corona tenía un dominio
eminente sobre las minas (Ley de Minas de 1825). De hecho una
sucesiva legislación de regulación de minas cada vez más abierta (1849,
1859 y 1868) desencadenó una auténtica fiebre minera a final de siglo.
El ejemplo más sobresaliente es la minería del hierro. El interés inglés por dicho
mineral coincidió con la apertura que en las leyes mineras hicieron los liberales tras la
Revolución del 68. A partir del 1871 se fundaron en España más de veinte compañías
británicas dedicadas a la explotación de minas de hierro.
Para hacer frente a este comercio se crearon ferrocarriles mineros, muelles de carga en
los puertos y lavaderos de mineral. La mayor parte se exportaba por Bilbao y salía dos
tercios hacia Inglaterra.
Las rápidas exportaciones de mineral de hierro convirtieron a España en la principal
exportadora de hierro de finales del siglo XIX. Esta exportación tuvo sobre la economía
española, además de una expoliación y un saqueo, indudables beneficios. La siderurgia
vizcaina tuvo una importante capitalización; aumentó la demanda de mano de obra;
estimuló el desarrollo de bienes de equipo que ocasionaron considerables inversiones en
infraestructura.
Si tenemos en cuenta el valor de las exportaciones de mineral español, el plomo era
superior al valor del hierro. Y no es por que fuesen mayores las cantidades sino porque
el plomo se exportaba ya beneficiado en barras, y por tanto, tenía mayor valor añadido.
El plomo español abundaba en el sur (Granada, Almería, Córdoba, Jaén, Murcia).
A su vez destacó la minería del cobre. Explotada desde tiempos inmemoriales, los
yacimientos más importantes estaban entre el Tinto y el Odiel: Riotinto y Tharsis
(Huelva). Durante gran parte del XIX las minas de Riotinto fueron explotadas
ineficientemente por concesionarios con pocos beneficios para el Estado. Las de Tharsis
estuvieron abandonadas hasta que en 1855 las explotó una compañía francesa para
obtener cobre.
Otro mineral importante era el mercurio que se explotaba desde siempre y que en
Almadén tenía los yacimientos más importantes del mundo. Su tecnología no era
demasiado complicada. Si a principios se utilizó para la amalgama, con el desarrollo de
la R. Industrial cada vez fue más importante este metal: fotografía, electricidad,
explosivos, espejos... Aunque la explotación pertenecía al Estado, su comercialización
la tuvo durante todo el siglo XIX, de una forma u otra la familia Rothschild.
6. El problema del transporte
La carretera era en España la vía de comunicación preferente en los transportes
interiores, tanto para las mercancías como para los viajeros. No se daban en la península
ibérica las condiciones hidrográficas precisas para la navegación fluvial, y la
construcción de canales de navegación, demasiado cara y difícil.
Durante la primera mitad del siglo XIX se prosiguió en España la construcción de
caminos. Tras la guerra de la Independencia hubo de atenderse a la reparación de las
destrucciones y deterioros ocasionados. Luego, las alteraciones políticas del período
final de Fernando VII y la guerra carlista, así como los apuros de la Hacienda pública,
mantuvieron a ritmo lento las construcciones. Pero terminada la guerra carlista se
reactivaron las obras, resultado de ello fue que en 1868 existía una red de carreteras de
18.000 kilómetros, de ellos 9.500 construidos durante el reinado de Isabel II.
Hasta los años sesenta todas las mejoras en las comunicaciones y transportes interiores
se debieron al progreso de los caminos y carreteras. Especialmente afectaron al

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transporte de viajeros, con la multiplicación de las líneas de diligencias, desde que en
1836 se reorganizó la Real compañía de Diligencias.
Complemento de la red de carreteras en el transporte interior fue la navegación de
cabotaje en las zonas litorales. Durante el gobierno de Bravo Murillo en 1852 se preparó
la Ley de Puertos.
6.1. La importancia del ferrocarril
El desarrollo del ferrocarril se había demostrado indispensable en los países europeos ya
industrializados para modernizar la industria y desarrollar las actividades agrarias. A
pesar de ello, la inestabilidad política y los graves problemas económicos del Estado
retrasaron su construcción. De hecho, el primer ferrocarril español se construye en Cuba
en 1838, y diez años después se construye la primera línea en la península, entre
Barcelona y Mataró, seguido años después por otros similares en Asturias (Gijón-
Langreo) y el centro (Madrid-Aranjuez).
Para construir una red más densa el Estado aprobó en 1855 la Ley de Ferrocarriles, que
definía el papel del Estado y de la iniciativa privada en el desarrollo de la red. En 1856
la Ley de Sociedades de Crédito liberalizó el sistema bancario para facilitar las
inversiones extranjeras en el ferrocarril. Esto hizo que un grupo de empresas francesas
se lanzase a este negocio, obteniendo enormes beneficios con la construcción de 5000
kms de vías férreas.
El ferrocarril español contó desde el principio con numerosos problemas de carácter
técnico y económico. El distinto ancho de vía respecto a Europa impidió un comercio
exterior fluido y eficaz y continuó realizándose básicamente por mar. El trazado radial,
salvo en Cataluña, refleja una voluntad de centralismo y una economía orientada hacia
la exportación, más que un deseo de relacionar y articular las relaciones económicas
entre las distintas regiones, quedando muchas zonas de España al margen de las líneas
férreas. Por ello, como se ha indicado, los medios de transporte tradicionales se
mantuvieron vigentes durante muchos años más, al menos en ámbitos municipales y
provinciales.
Los efectos del ferrocarril en la economía española no fueron todo lo positivos que
podrían haber sido debido a la casi total intervención del capital extranjero.
7. El sistema financiero, la moneda y el sistema bancario.
7.1. El sistema monetario.
La situación monetaria en España hacia 1820 era muy confusa y resultaba la más
heterogénea de Europa. Durante la guerra de la Independencia el gobierno de Cádiz
había autorizado la circulación de moneda inglesa y portuguesa. Las tropas francesas
habían hecho circular moneda de aquel país y el propio José I acuñó moneda. Hacia
1842 se estimaba que la mitad de las monedas circulantes en España eran extranjeras.
La escasez de dinero metálico, el insuficiente desarrollo del crédito y la casi nula
circulación de papel moneda obstaculizaban el comercio y la vida económica en
general. Para afrontar este problema se tomaron las disposiciones legislativas de 1856
respecto a la Banca, autorizándose entonces a la Banca privada la emisión de papel
moneda; y se regularon las sociedades de crédito que contribuyeron a la expansión
posterior, hasta la crisis de 1866.
7.2. El sistema financiero.
En cuanto al crédito, la banca y la bolsa, desde 1808 el Estado echó mano de los
empréstitos exteriores para salvar sus necesidades de tesorería, con el correlativo

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endeudamiento exterior. Al ocurrir la Revolución de 1868, los gobiernos echaron mano
de una nueva fuente de recursos para salir de apuros, las riquezas del subsuelo, para lo
cual se promulgó la nueva Ley de Minas de 29 de diciembre de 1868, que abría la
puerta a la explotación colonial de este sector por compañías extranjeras. En realidad, el
rescate de la Deuda exterior no fue posible hasta comienzos del siglo XX, con la
repatriación de capitales de América.
Las bases de la moderna Banca española no se crean tampoco hasta 1874, todo el
proceso anterior que arranca de las disposiciones legales de 1856 sobre bancos privados
de emisión y sociedades de crédito se caracterizó por la poca consistencia de esas
primeras instituciones bancarias.
Mediante la ley de 1856, se fundó el Banco de España, regulando las actividades de las
sociedades bancarias, autorizando la pluralidad de los bancos de emisión privados a
razón de uno por plaza, en concurrencia con el Banco de España y sus sucursales. A raíz
de esta ley se crearon dieciocho nuevas instituciones bancarias, algunas de las cuales
han sobrevivido hasta nuestros días, como los bancos de Bilbao y Santander, fundados
en 1857. En general, la actividad de las nuevas empresas bancarias no pasó de niveles
mediocres. Pero esta incipiente banca nacional no estuvo en condiciones de cubrir las
exigencias de inversión que requería el desarrollo español, y la mayor parte de estas
sociedades no pudieron resistir la crisis de 1864-1874.
Paralelamente a la Ley de sociedades bancarias se promulgó la de Sociedades
financieras o de crédito, que constituyeron los canales para la inversión extranjera,
fundándose filiales de fuertes sociedades internacionales. Así, se creó por ejemplo la
Sociedad del Crédito General Mobiliario, filial de la sociedad francesa del mismo
nombre. Además de seleccionar sus inversiones hacia los ferrocarriles, estas sociedades
invirtieron en actividades comerciales y en servicios públicos: Gas Madrid, fundada en
1856 por el Crédito Mobiliario; la sociedad de seguros El Fénix, fundada en 1864 con
capital francés y que algunos años más tarde se fusionó con La Unión, sociedad
aseguradora del grupo Prost. Por otra parte, el mercado del dinero se agilizó con las
operaciones bursátiles iniciadas en Madrid en 1831.