La implantación de los juzgados especializados en violencia contra la mujer no ha resuelto el acceso a la justicia. 21 Noviembre 2010 Noticias de Gipuzkoa

1. Noticias de Gipuzkoa Domingo, 21 de noviembre de 2010 OPINIÓN 5
Colaboración
P O R V I C E N T E Z A R A G Ü E TA L A F F I T T E ( * )
Paz y reconciliación
L
A violencia de género
sigue siendo todavía hoy
un conjunto demasiado
amplio de graves concul-
caciones de derechos humanos. Es
más, posiblemente sea una de las
vulneraciones más extendida,
oculta e impune de cuantas se
cometen tanto a escala mundial
como en nuestro entorno más pró-
ximo. Y es una lacra difícil de
combatir porque a su carácter
polifacético hay que añadir el
hecho de que hunde sus profundas
raíces en estructuras sociales, cul-
turales, económicas y políticas
desde las que se amparan y pro-
mocionan fenómenos como la
negación legal y real de los dere-
chos civiles, políticos, sociales y
culturales de las mujeres –en
igualdad respecto de los hom-
bres–, la trata, la violencia sexual
en la pareja o fuera de ella, el caso,
especialmente lacerante y simbó-
lico, de la mutilación genital feme-
nina, el acoso, y un largo, dema-
siado largo, etcétera.
Pero centrémonos por ahora en
la violencia a manos de la pareja o
expareja. Según informes de la
Organización Mundial de la Salud,
el 70% de las mujeres asesinadas
en el mundo lo son a manos de sus
parejas o exparejas. Esta es la prin-
cipal causa de muerte y discapa-
cidad entre las mujeres de 16 a 44
años de edad. En nuestro entorno
social la situación es asimismo
preocupante. Las cifras reciente-
mente hechas públicas tanto en
Euskadi como en Navarra dejan
claro que hay mujeres que están
recibiendo malos tratos con altas
tasas de impunidad que solo en
casos muy graves o pasados
muchos años acaban por descu-
brirse. La mayor parte de la vio-
lencia contra las mujeres perma-
nece invisible y, hasta hace muy
pocos años, se evitaba incluso su
reconocimiento público.
Aunque se han documentado
gravísimos casos de violaciones
de detenidas por agentes de las
fuerzas de seguridad, la violencia
de género suele producirse en el
ámbito privado, por lo que todos y
todas tendemos a centrarnos en
ese patrón de conducta, olvidán-
donos de que los Estados también
tienen su parte de responsabili-
dad. El derecho internacional es
muy claro en este sentido. La
Declaración sobre la Eliminación
de la Violencia contra la Mujer,
aprobada por la Asamblea Gene-
ral de la ONU en 1993, insta a los
Estados a “proceder con la debida
diligencia a fin de prevenir, inves-
tigar y, conforme a la legislación
nacional, castigar todo acto de vio-
lencia contra la mujer, ya se trate
de actos perpetrados por el Esta-
do o por particulares”. Así pues,
el concepto central de la debida
diligencia sirve de criterio para
determinar si un Estado ha cum-
plido o no con efectividad su obli-
gación de combatir la violencia
contra la mujer. No basta con
haber firmado múltiples tratados
sobre los derechos de la mujer,
empezando por los Protocolos de
Beijing, o haber aprobado leyes,
sino que además el Estado debe
hacer todo lo posible por impedir
de forma eficaz y efectiva la vio-
lencia, con especial atención a una
actuación preventiva que vaya
más allá del estándar habitual de
actuar después del hecho contra
el perpetrador.
La Ley Orgánica de Medidas de
Protección Integral contra la Vio-
lencia de Género (LO 1/2004) pue-
de considerarse un importante
paso para mejorar la respuesta ins-
titucional a la violencia contra las
mujeres en España. Sin embargo,
casi seis años después de su entra-
da en vigor, importantes derechos
garantizados por esta ley no se han
hecho realidad. Su falta de cum-
plimiento y eficacia se debe, entre
otros motivos, a la escasez de
financiación, y a un enfoque que
desconoce la perspectiva de los
estándares de cumplimiento de los
derechos humanos, así como a la
ausencia de una evaluación de las
medidas implementadas, con par-
ticipación de las mujeres sobrevi-
vientes y de sus organizaciones.
Prueba de que el Estado no actúa
con la debida diligencia que le exi-
ge el derecho internacional es que
en general lo menos desarrollado
de la ley integral ha sido todo lo
relativo a prevención y educación,
ejemplo de medidas que se prevén
en abstracto pero que luego no se
concretan ni desarrollan. Conti-
núa asimismo pendiente la puesta
en práctica efectiva del derecho de
las supervivientes a la atención
sanitaria adecuada, prestada por
profesionales con la debida for-
mación.
Persisten los obstáculos de acce-
sibilidad a los recursos de asis-
tencia integral, especialmente
para mujeres con circunstancias
añadidas de riesgo (drogodepen-
dencias, alcoholismo, enfermeda-
des mentales,…). La implantación
de los juzgados especializados en
violencia contra la mujer no ha
resuelto trabas en el acceso a la
justicia. Se sigue juzgando la vio-
lencia puntual, quedando impune
La implantación de los
juzgados especializados
en violencia contra
la mujer no ha resuelto
el acceso a la justicia
-
En los juzgados de la
CAV se deniegan el
40% de las órdenes de
protección solicitadas;
en el Estado es el 30%
A
medida que pasan las
semanas y los días, da la
impresión de que es cierto
que algo se está moviendo
en el escenario político vasco. Si he
sabido interpretar bien las declara-
ciones, los documentos y los pro-
nunciamientos, la situación en la
que a día de hoy nos encontramos es
que le toca a ETA decidir si declara
o no el alto el fuego unilateral, per-
manente y verificable que le deman-
dan los mediadores internacionales
y la propia izquierda abertzale.
Mientras ETA nos sigue mante-
niendo en vilo, creo que no está de
más añadir a ese llamamiento ofi-
cial, por definirlo así, nuestra pre-
sión, la de los ciudadanos, la socie-
dad civil, tan necesitada de vivir en
paz, sin sobresaltos, sin más penas
que las que aporta la vida cotidia-
na. Con todos los respetos para la
interpelación de las personalidades
internacionales implicadas y para
el sorprendente giro protagonizado
por la izquierda abertzale (nunca es
tarde), tengo que recordar que la
ciudadanía vasca hace ya mucho
tiempo que se había manifestado
claramente contra el terrorismo y
contra todas las violencias. Es hora,
pues, de estar alerta y redoblar los
esfuerzos por apoyar cuantas ini-
ciativas se presentan para lograr
una paz definitiva.
Siendo realista, no puedo obviar
que hay conceptos contrapuestos de
lo que debería suponer esa paz defi-
nitiva. Para una parte de nuestra
sociedad, esa paz que dicen estamos
a punto de tocar con los dedos no
será tal si no hay vencedores y ven-
cidos. Es la paz basada en la derro-
ta, en el sometimiento, en la humi-
llación de aquel “cautivo y desar-
mado” de nuestra guerra civil.
ETA ha hecho mucho daño a esta
sociedad. Es un hecho innegable. Ha
protagonizado uno de los capítulos
más negros de nuestra historia. Sin
embargo, nuestra ansia y necesidad
de paz tienen que superar cualquier
tentación de venganza porque sola-
mente podrá ser cierta esa paz defi-
nitiva si se llega a la reconciliación.
Aquí se ha sufrido mucho, cierto.
Un sufrimiento que ha helado
muchos corazones. Pero para devol-
verles la paz es necesario un esfuer-
zo de generosidad solo posible desde
la grandeza de ánimo y el más cris-
tiano de los desprendimientos. Que-
dé profundamente impresionado al
escuchar dos testimonios. Uno de
ellos, el de Montse Lezaun, madre
del guardia civil Diego Salvá, asesi-
nado por ETA en Mallorca el verano
de 2009, quien en un homenaje a las
víctimas reconoció que “cada día
renuevo la decisión de perdonar a
los asesinos de mi hijo”. El otro, la
excandidata a la vicepresidencia de
Colombia, Clara Rojas, que confesó
haber perdonado a Ingrid Betan-
court por algunos episodios que
soportaron juntas durante sus seis
años de cautiverio en manos de las
FARC, y agradeció a la guerrilla que
no la dejara morir cuando dio a luz
a su hijo en la selva.
Desmond Tutú decía que sin per-
dón no hay futuro. En la medida en
que una persona se queda ahí, ata-
da al pasado, se cierra a un mañana
de liberación.
Mahatma Gandhi decía: “No quie-
ro mis ventanas cerradas, porque
me niego a ser barrido”.
Nelson Mandela se entrevistó más
de sesenta veces con el jefe de sus
torturadores para lograr la recon-
Consejo General del Poder Judi-
cial, en los juzgados de la Comu-
nidad Autónoma Vasca se denie-
gan el 40% de las órdenes de pro-
tección solicitadas, cuando la
media estatal es del 30%. Sería pre-
ciso estudiar qué factores hacen
que esto sea así y aplicar, en su
caso, las medidas correctoras
oportunas.
En la Asociación pro Derechos
Humanos Argituz mantenemos
que a igual vulneración, iguales
derechos. Y cuando decimos igua-
les derechos nos referimos a igua-
les derechos en verdad, justicia y
reparación, de acuerdo con el
derecho internacional. Por des-
gracia la traducción jurídica y la
aplicación práctica de esos dere-
chos a través del marco legal
vigente y de la praxis de los tri-
bunales adolece de un mal que, no
por extendido, deja de ser espe-
cialmente sangrante en esta dra-
mática realidad: la falta de medios
económicos. Las leyes de papel
son brindis al sol, guiños a la ciu-
dadanía que si no se acompañan
de medios materiales y humanos
derivan en más frustración y en
que la igualdad de todos y todas
ante la ley se quede asimismo en
el papel. El empuje simbólico de
las grandes causas necesita no
sólo de proyectos legales, sino de
un empuje real que pasa por la
prioridad presupuestaria y la eva-
luación rigurosa como verdadera
prueba de que la materia sobre la
que se legisla se toma en serio. Eso
es lo que exige la “diligencia debi-
da” cuando hay tantas vidas de
mujeres en peligro.
* En representación de la Asociación Pro
Derechos Humanos Argituz
Tribuna Abierta
P O R B E R T H A G A Z T E L U M E N D I Y A N D R É S K R A K E N B E R G E R ( * )
¿Diligencia debida o despreocupación indebida?
ciliación y la paz. “Ninguna rela-
ción humana puede durar mucho
tiempo si no existe una cultura de
perdón”.
Seguramente será pedir a muchas
víctimas un esfuerzo heroico, pero
es necesario insistir en que no es
posible un escenario auténtico de
paz mientras persistan sentimien-
tos de odio y de venganza. La paz, esa
paz que dicen se encuentra tan cer-
ca, tiene que estar basada en la
reconciliación. Hagamos entre todos
ese difícil, incierto pero necesario
camino.
Un abrazo fraterno para todos los
que estamos sufriendo.
Eskerrik asko eta besarkada haun-
di bat.
* Miembro de la Sociedad Bascongada de
Amigos del País. Miembro de Eusko
Ikaskuntza
la habitual, y casi la mitad de las
denuncias interpuestas se archi-
van sin una investigación diligen-
te. A las víctimas se les insta de
manera directa o indirecta a acu-
dir al procedimiento penal habien-
do recabado ellas las pruebas, cosa
que no ocurre con otros delitos.
Otro apartado especialmente
importante en nuestro entorno es
el de la protección a las víctimas.
No siempre es una realidad por-
que a menudo se deniega la orden
de protección a mujeres en ries-
go, y cuando ésta se concede, exis-
ten dificultades para garantizar
su cumplimiento por parte de los
agresores debido a la insuficien-
te dotación de efectivos policiales.
Además, es especialmente preo-
cupante la desigualdad que se pro-
duce dependiendo del hecho de
que la víctima tenga la suerte o no
de tratar con jueces o fiscales con
mayor o menor sensibilidad con
respecto a este tipo de delitos.
En relación con nuestro entorno
inmediato resulta además preocu-
pante que, según cifras del propio