1. POR UNA TARIFA SOCIAL, EN BENEFICIO DEL PUEBLO
Y EN CONTRA DE LOS COBROS EXCESIVOS DE LUZ.
Con la participación entusiasta y combativa de cientos de representantes de las
Casas del Movimiento en defensa de la economía popular, del petróleo y la
soberanía, de organizaciones sindicales y sociales de todo tipo, así como de
agremiados, representantes y miembros de la dirección del Sindicato Mexicano
de Electricistas, encabezados por su Secretario General, Martín Esparza
Flores, el pasado 29 y 30 de agosto, en el auditorio del SME se realizó el
primer Encuentro Nacional por una Tarifa Social y en contra de los cobros
excesivos de luz.
México atraviesa por uno de los momentos más críticos de su historia. Más que
una crisis económica temporal, se trata de la prueba más clara del fracaso del
modelo neoliberal que se basa en la concentración de la riqueza en unos
cuantos, a costa de la miseria de los otros muchos. Esta política nos ha llevado
a la debacle, a la degradación progresiva en todos los órdenes de la vida
pública y de la convivencia social.
Son tiempos aciagos para la mayoría de los mexicanos que viven agobiados
por la pobreza, el desempleo y la inseguridad. Pero estos males tienen
responsables: han sido causados por una oligarquía que se apoderó del Estado
para imponer una política de pillaje del saqueo del erario público, los recursos
naturales y el patrimonio nacional, a costa del sufrimiento del pueblo.
Desde hace más de 26 años, al amparo de las falacias del libre mercado,
Carlos Salinas (1988-1994), entregó empresas públicas, bancos y otros bienes
nacionales, a especuladores, traficantes de influencias y políticos corruptos.
Este grupo acumuló riquezas como en pocos lugares del mundo y fue
adquiriendo poder político hasta convertirse en una élite dominante que se
colocó por encima de las instituciones constitucionales. Además, son dueños y
controlan los principales medios de comunicación que utilizan para desinformar
al pueblo. Hoy esta oligarquía es el principal obstáculo para establecer la
democracia y la justicia social en México.
Como es obvio, a esta mafia no le importa el destino del país y mucho menos
el bienestar de la gente. Durante más de dos décadas, México ha sido uno de
los países con menor crecimiento en el mundo; desde 1983 se desmanteló la
política de fomento económico y de generación de empleos; se dejó sin apoyo
a los productores del campo, y se descuidó de manera deliberada el sector
energético para arruinarlo y justificar la privatización de la electricidad y de la
industria petrolera.
El saldo del vandalismo y de esta absurda política es realmente lamentable:
1

2. nuestro extraordinario pueblo ha sido condenado a la sobrevivencia o al
destierro. A los jóvenes se les ha cancelado el futuro pues no tienen
oportunidades de trabajo ni de estudios. Ya no hay movilidad social y ahora
para salir adelante sólo han dejado el camino de la migración y el de las
conductas antisociales. Millones de mexicanos viven hacinados, abandonados,
enfermos y sin seguridad social.
La política de privatización de la industria eléctrica ha sido la principal causa de
que se hayan elevado sin justificación financiera ni económica las tarifas
eléctricas. El gobierno ha eliminando el subsidio de la tarifa DAC y disminuido
los subsidios a las tarifas domésticas y agrícolas, dejando en la indefensión a
millones de mexicanos que no pueden pagarla. A diario vemos como crece el
descontento y las protestas contra los abusos en los cobros por uso de la
electricidad. Y hoy con el apoyo del PRI y del PAN amenaza con eliminar por
completo los subsidios a la electricidad que consumen las familias y los
campesinos.
Analizar las causas que han posibilitado que la electricidad en México sea una
de las más caras del mundo, implica necesariamente conocer del proceso de
desnaturalización-desnacionalización de la prestación del servicio público de
energía eléctrica en México. Tal empeño supone necesariamente conocer, a
grandes rasgos la génesis del artículo 27 constitucional, en cuyo párrafo sexto
se asienta, con meridiana claridad, el concepto de la Exclusividad Nacional en
materia energética.
En el caso que nos ocupa, el papel injerencista, la falta de planeación acorde al
desarrollo nacional, el pésimo servicio y las altísimas tarifas que imponían las
empresas eléctricas extranjeras en México, llevo en 1960 a la Nacionalización
de la industria eléctrica, elevándola a rango constitucional con una reforma
adición al párrafo sexto del artículo 27, que estableció:
“Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar,
distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de
servicio público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares
y la Nación aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para
dichos fines.”
Sin embargo, al amparo del nefasto Tratado de Libre Comercio y de los
compromisos ahí asumidos, en 1992, el Carlos Salinas de Gortari, impuso una
contrarreforma a la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, violentando la
Constitución y abriendo de par en par las puertas para la inversión de capital
privado en la generación eléctrica.
Mediante un artilugio legal, consistente en una modificación-supresión del
concepto de generación del artículo 3 de la LSPEE, se desnaturalizó y mutiló el
concepto de prestación del servicio público de energía eléctrica y con ello la
contrarreforma de Salinas de Gortari dio un paso fundamental en la
desnacionalización-privatización de la industria eléctrica nacionalizada.
Colocando a la prestación del servicio público de energía eléctrica como una
mercancía más en el circuito de acumulación del capital en México. A tal grado
2

3. que hoy un puñado de trasnacionales eléctricas controlan el 23 % de la
capacidad instalada de generación y más de un 34 % de la generación bruta en
nuestro país.
En el marco de esta reforma inconstitucional y privatizadora de 1992
comenzó a operar, de manera acentuada, un incremento desmedido en el
precio de la tarifa doméstica, pues en la búsqueda de una tasa de ganancia
elevada, el capital privado internacional priorizo la construcción de plantas de
generación eléctrica basadas en el uso de gas, que es importado y cuyo precio
internacional continua al alza.
Como remate, 10 años después, en febrero de 2002, el presidente de
empresarios para los empresarios, Vicente Fox Quesada, decreto una reforma
estructural tarifaria, disminuyendo brutalmente el subsidio a la tarifa doméstica
y por su fuera poco creando la llamada Tarifa Doméstica de Alto Consumo
(DAC), cuya aplicación agredió desde ese año el exiguo salario de millones de
trabajadores mexicanos, con un incremento brutal de más de un 60% a la tarifa
doméstica. Las cifras están a la vista y forman parte de la memoria de agravios
del pueblo de México. De diciembre de 2001 a julio de 2009, en tan solo 8 años
la Tarifa Doméstica se ha incrementado en promedio arriba de un 117 % y por
encima de 419% si consideramos los incrementos de precios de la tarifa DAC.
Sin embargo, en el mismo periodo los salarios mínimos solo se han
incrementado en un 35.8%.
Enfrentar y resolver el enorme problema social que implican los cobros
excesivos de la luz, requiere propuestas y soluciones de corto y mediano plazo.
En primer lugar, restablecer la Legalidad Constitucional en materia energética
(petróleo y electricidad) y establecer una Tarifa eléctrica socialmente justa,
echando al bote de la basura histórica al criminal modelo neoliberal y a su clase
política y organizarnos para alcanzar un gobierno que gobierne para el pueblo,
desde el pueblo y con el pueblo. Para ello se requiere unidad, organización y
movilización y este es uno de los principales consensos alcanzados en este
Encuentro Nacional.
Asimismo acordamos las siguientes medidas:
No a la privatización de la industria eléctrica nacionalizada.
Por una Tarifa Social al alcance del Pueblo de México.
Electricidad gratuita en los consumos de 1 a 150 KWh a los mexicanos en
extrema pobreza.
Disminución de un 15% en el precio de la Tarifa Doméstica y congelamiento
durante todo el tiempo que dure la recesión y la crisis económica.
Desaparición la Tarifa DAC.
Por un Tarifa Agrícola, cuyo precio permita la recuperación del campo
mexicano.
3

4. Incremento del 15% a las tarifas de alta y mediana tensión.
No a la suspensión del suministro de energía eléctrica a quienes pierdan su
empleo.
Libertad inmediata a nuestros compañeros presos políticos de Candelaria,
Campeche y Puerta Grande en Chiapas.
No a la pretensión de Calderón y Carstenz de reducir el subsidio a la tarifa
doméstica.
Participación en las Jornadas de lucha del 1º de septiembre.
Movilización el 21 de septiembre, a la Cámara de Diputados.
Marcha al Zócalo el 27 de Septiembre, Aniversario de la Nacionalización de la
Industria Eléctrica.
Jornada Nacional de Protesta el 29 de septiembre, con acciones en los 31
estados de la República y en las 16 delegaciones del D.F. Ese día, en todas las
oficinas de LFC, de CFE y de la SHCP, millones de mexicanos expresaremos
nuestro rechazo a los cobros excesivos y demandaremos un Tarifa Social.
Campaña Nacional de millones de firmas demandando lo aquí acordado.
MOVIMIENTO NACIONAL EN DEFENSA DE LA ECONOMIA POPULAR,
EL PETROLEO Y LA SOBERANIA.
SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS
Responsables de la publicación: Fernando Amezcua Castillo, Secretario del Exterior del SME
y José A. Almazán González, Coordinador Nacional del Movimiento
4