1. NC-2011-03-13-1
Notas Completas. Domingo 13 de marzo de 2011, entrega 1
Coyuntura
1. (Ardido) Arturo Montiel desnuda a Televisa
Norma Meraz
Cinco años después de haber declinado como precandidato del PRI para contender por la
Presidencia de la República, quien fue gobernador del Estado de México revela los entretelones de
ese hecho en el libro Arturo Montiel, desde Atlacomulco. Testimonio del exgobernador del Estado
de México, escrito por la periodista Norma Meraz a partir de los testimonios del político priista. El
exmandatario estatal sostiene que el presidente Fox y su esposa Marta Sahagún maniobraron para
descarrilarlo mediante golpes mediáticos orquestados por Televisa en los espacios noticiosos de
Carlos Loret de Mola y Víctor Trujillo Brozo. También acusa a Roberto Madrazo de espiarlo y de
filtrar a los medios las informaciones acerca de su “riqueza inexplicable”. En la trama aparece un
personaje inesperado: Bernardo Gómez, vicepresidente de Televisa, que intentó reconciliar a
Montiel y Madrazo. Con la autorización de la autora y de la editorial Temas de hoy, reproducimos
fragmentos del libro que pronto estará en circulación.
¿Por qué abandoné la contienda? Soy político, pero sobre todo un ser humano. Lo que rige la vida
no sólo es la búsqueda del poder, sino los afectos y los sentimientos. Por supuesto que deseaba
ser candidato a la Presidencia, triunfar, ser presidente de la República, había trabajado toda mi
vida para ello, era la culminación de mi carrera y el cumplimiento de un sueño que había nacido en
Atlacomulco, como lo he relatado ampliamente en las partes anteriores. Había apostado por ser
presidente de México, estaba preparado, con proyecto y visión de Estado, me sentía, además,
heredero de la tradición política del Estado de México, del legado de Isidro Fabela, de Alfredo del
Mazo Vélez, de Gustavo Baz y del maestro Carlos Hank; era mi momento y lo consideraba
legítimo.
En octubre de 2005, regresando del estado de Michoacán y de una exitosa y tumultuosa reunión
de apoyo a mi candidatura, mi secretaria, Blanca Ramírez, me informó que de nueva cuenta y
durante todo el día había recibido llamadas telefónicas de personas que no se identificaban y que
pedían hablar personalmente conmigo.
Eran las 11:30 de la noche cuando contesté una llamada de esas voces anónimas, una voz
malsonante y bravucona que con majaderías me amenazó de muerte.
–Si no renuncias, atente a las consecuencias, no estamos jugando –me dijo.
Se me exigía renunciar, si no “se pondrían los muertos y no sólo de tu familia”. Y comenzó el
acoso. Éste fue constante, media docena de llamadas diarias, a mis celulares privados, a mi
oficina, a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, Pablo y Arturo, e incluso a amigos cercanos;
amenazaron a Carlos Rello, Carlos Iriarte, Marco Antonio Nava y Navas y al maestro Lauro
Rendón, entre otros.
Cuando tomé una de las llamadas los enfrenté, les pregunté quién los mandaba, les dije que no
fueran cobardes y que sí me importaba lo que estaban haciendo. Sólo me contestaron:
–Comenzaremos con tu hijo, el más grande (Arturo)… ¡Tienes que renunciar ya!

2. Solicité protección para mi familia y hubo vigilancia día y noche: en casa de mis padres, de mis
hijos y de mi esposa, pero en realidad estaba a merced de esos sicarios. Era imposible defender a
todos o defenderme, terminarían por dañar a alguien. Le informé a Roberto Madrazo, pero él sólo
se asombró y me dijo que “no lo podía creer”. No hizo ninguna declaración pública ni recibí ningún
apoyo.
Estos enemigos ocultos dieron un golpe en los medios el 10 de octubre, en los programas
noticiosos de Brozo (Víctor Trujillo) y Carlos Loret de Mola. Me acusaron de enriquecimiento
inexplicable y de corrupción. Ahí fui juzgado y condenado sin mediar siquiera una presunción de
inocencia. Vino entonces una persecución mediática en la que se exhibieron mi patrimonio “mal
habido” y mostraban historias que a los medios y a ciertos periodistas les encanta distorsionar y
hacer crecer. Era imposible vivir en un clima de amenazas y de cuchicheos, de voces bajas que
nos colgaban, tanto a mi familia como a mí, el “San Benito” de la corrupción.
¿Qué podía hacer? Proteger a mi familia y mi honra.
En el programa televisivo del periodista Joaquín López Dóriga dije que me ponía a disposición de
las autoridades estatales y federales para responder a las acusaciones de mis supuestos ilícitos.
Me dediqué a defenderme durante cuatro años y medio, hasta la fecha.
Volviendo a mi renuncia, sigo pensando que las denuncias en los medios fueron orquestadas. ¿Por
quién? Por Vicente Fox y su esposa, la señora Marta Sahagún. Estaban resentidos por las
diferencias que se habían ido acumulando durante los años de su mandato: el malogrado Proyecto
Nuevo Texcoco (Atenco), mi oposición a su reforma fiscal, el desplegado de los gobernadores
contra Fox, mi liderazgo en la Conago, la denuncia judicial que el PRI estatal le hizo por hacer
proselitismo en etapas electorales, etcétera.
Además, la pareja presidencial sabía que podía complicar la elección: Andrés Manuel López
Obrador (AMLO) llevaba ventaja sobre Felipe Calderón; con mi presencia, la candidatura panista
no tenía viabilidad. Yo podía derrotar a AMLO y a Felipe Calderón, Madrazo era un candidato “a
modo”, con un PRI atomizado en feudos estatales y sin la confianza en las organizaciones
populares.
Por estas razones, se filtró la información sobre mi supuesta corrupción y se aprovecharon de la
ambición de Roberto Madrazo para canalizarlas. A través de sus empleados, Madrazo colocó en
manos de los señores Víctor Trujillo y Carlos Loret de Mola la información de que yo había hecho
depósitos irregulares por 35 millones de pesos y que contaba con una riqueza personal
inexplicable.
Esas informaciones creo que provenían de dos lugares: la Secretaría de Gobernación y la
Secretaría de Hacienda; venían de acusaciones hechas cuando fui candidato al gobierno del
Estado de México; en ese entonces, afronté un juicio que gané a la Secretaría de Hacienda. Nunca
pensé que “alguien” extrajera las actas de la secretaría tergiversando la realidad de los hechos.
Esta circunstancia me hizo pensar que los documentos oficiales que salen de una dependencia
pública como Hacienda debieron haber sido autorizados desde los más altos niveles del gobierno,
como la Presidencia de la República. Por otra parte, existen grupos de monitoreo que procesan
información que es usada o puede usarse como un instrumento para espiar a enemigos y
adversarios políticos.
En La Jornada de Michoacán se difundió, el 13 de octubre de 2005, que Arnulfo Villegas era un
hombre que había prestado sus servicios de espionaje a Roberto Madrazo en el tiempo en que fue
gobernador de Tabasco, dirigente nacional del PRI y candidato presidencial. Según lo publicado,
Villegas fue el que facilitó la información que después Madrazo filtró y que me orilló a retirarme de
la contienda por la candidatura presidencial. También recibí fuertes presiones de personalidades
de alto nivel político, de compañeros de partido que se prestaron al juego y, por supuesto,
amenazas anónimas mediante las cuales me ponían un plazo de 24 horas para que renunciara a

3. mis aspiraciones; me avisaron que si pasaban esas 24 horas y no declinaba, “me atuviera a las
consecuencias”, lo cual significaba una virtual amenaza de muerte contra mi persona o mi familia.
Por una parte, el escándalo mediático me quitaba credibilidad y legitimidad ante la opinión pública;
por otra, las amenazas de muerte intentaban quebrar mi voluntad política y desestabilizar mi
equilibrio personal. Soltaron el golpe mediático el 10 de octubre, aunque tenía semanas recibiendo
llamadas a mis diferentes teléfonos, fijos y celulares, de voces anónimas que buscaban
amedrentarme, como lo he relatado. A casi cinco años de dichos acontecimientos, sigo
sosteniendo que Roberto Madrazo tuvo una participación determinante en la creación de un
ambiente de enrarecimiento y linchamiento en contra de mi persona, en momentos en que las
principales casas encuestadoras me colocaban por encima de él, presentándome como la mejor
opción para el triunfo del PRI en la elección presidencial.
Antes de declinar a mi precandidatura, Roberto Madrazo me invitó en reiteradas ocasiones a que
nos reuniéramos a tratar futuros asuntos del partido; pero había que zanjar algunos desencuentros
derivados de sus muchas veces postergada renuncia. El cambio de dirigencia se hizo fuera de
contexto estatutario (31 de agosto de 2005), atropelladamente y con algunos desacuerdos de los
integrantes de su comité ejecutivo; sin embargo, se logró conciliar.
Al respecto, propuse a Mariano Palacios Alcocer para sustituirlo en la dirigencia del partido.
Finalmente se dio el relevo. Pero era necesario discutir las consecuencias de esos cambios.
Después de mi renuncia, el 20 de octubre, Madrazo y yo nos reunimos; asistió acompañado por el
presidente del CEN, Mariano Palacios Alcocer; el secretario general de la CNOP, Manlio Fabio
Beltrones, y algunos de sus colaboradores, como Manuel Gurría Ordóñez, César Augusto Santiago
y Carlos Armando Biebrich. En ese encuentro le manifesté la necesidad de incluir a todas las
corrientes del partido en la campaña presidencial. Finalmente hubo compromisos firmados y no
cumplidos, concretamente seis, que a continuación enumero:
• Primero, Arturo Montiel se sumaba a la candidatura de Roberto Madrazo, siempre y cuando se
integrara la estructura y la fuerza político-electoral que tenía (Fuerza Mexiquense).
• Segundo, Madrazo se comprometía a impulsar el acuerdo del Consejo Político Nacional para que
la presidencia interina del Comité Ejecutivo Nacional del PRI recayera en Arturo Montiel a partir de
marzo de 2006.
• Tercero, Roberto Madrazo nombraría a Arturo Montiel coordinador general de su campaña
presidencial.
• Cuarto, Roberto Madrazo se comprometía a impulsar el registro de Arturo Montiel en el primer
lugar de las listas de candidatos a senadores por el principio de representación proporcional que
registraría el PRI a efectos de integrar la LX Legislatura federal.
• Quinto, Roberto Madrazo se comprometía a impulsar la candidatura de diputados federales por el
principio de mayoría relativa, propuestos por la expresión de Arturo Montiel en 33% de los 300
distritos electorales uninominales por el principio de mayoría relativa; 33% de los primeros 10
lugares en las listas de candidatos a diputados federales por el principio de representación
proporcional de las cinco circunscripciones plurinominales; 33% de candidatos a senadores por el
principio de mayoría relativa, y 33% de los 10 primeros lugares de la lista de candidatos a
senadores por el principio de representación proporcional.
• Sexto, Roberto Madrazo se comprometía, si asumía la primera magistratura del país, a integrar
en su gabinete legal a tres secretarios propuestos por la expresión de Arturo Montiel.
Estos acuerdos fueron firmados por Roberto Madrazo y Mariano Palacios Alcocer, presidente del
CEN priista, teniendo como testigos a Manuel Gurría y Manuel Cadena. Como referí antes, ninguno
de esos compromisos se cumplió. Los cinco primeros porque simplemente Madrazo incumplió,

4. como es su costumbre; y el sexto, porque perdió catastróficamente las elecciones presidenciales,
aunque estoy seguro de que tampoco lo habría cumplido. A pesar de que Mariano Palacios Alcocer
no sólo atestiguó el acuerdo, sino que se comprometió a ser el garante de su “estricto”
cumplimiento, no lo logró o no quiso hacerlo. En conclusión: no hubo un cumplimiento de los
acuerdos y se marginó de la campaña presidencial a una gran parte de los liderazgos políticos y
actores representativos del priismo nacional.
Roberto Madrazo ha sostenido que tuvo encuentros conmigo, uno de ellos en casa de Natividad
González Parás, donde Rodríguez Barrera mencionó que se corrían rumores de que alguno de los
precandidatos estaba involucrado en casos de corrupción. Ese encuentro nunca sucedió. Al
respecto, habría que hacer algunas precisiones sobre las diversas etapas en que los gobernadores
priistas dialogábamos y definíamos posiciones ante la presidencia del CEN del PRI. Esta práctica
se consolidó a partir de 2000, con la pérdida de la Presidencia de la República. Entonces nos
planteamos como preocupación central lograr una cohesión interna que permitiera, por una parte,
definir el papel de los gobiernos estatales priistas ante el gobierno encabezado por Vicente Fox, lo
cual dio origen al Foro Nacional de Gobernadores priistas; por otra parte, iniciar una reflexión
Para realizar las declaraciones que desde Coahuila hice al periodista Joaquín López Dóriga, en las
que señalé la participación de Madrazo en las filtraciones al señor Víctor Trujillo, no necesité de la
asesoría de nadie, ni en particular de la maestra Gordillo, quien ya con anterioridad y de manera
directa había hecho diversos señalamientos sobre sus diferendos con Roberto. Lo hice consciente
y vehementemente, nadie meció ninguna cuna.
Cuando Roberto Madrazo fue nombrado candidato del PRI a la Presidencia, Bernardo Gómez nos
invitó a desayunar en su casa. Bernardo buscaba reconciliarnos. Asistí, pero no tenía por qué
reconciliarme con una persona que me perjudicó y dañó mi carrera política. No tenía rencor, pero
tampoco tenía deseos de hacerle el juego a un hombre con el cual no se podía conciliar nada.
La situación para mi familia era muy complicada y decidí marcharme a París. Ahí permanecí siete
meses, hasta que decidí volver para dar seguimiento directamente a las investigaciones, a las
averiguaciones judiciales, y seguir aportando pruebas de mi inocencia.
2. (Gasera irregular se convierte en) Bomba de
tiempo en Ensenada
Ricardo Ravelo
Sempra es una empresa gasera que nunca ha obtenido permisos para trabajar en Estados Unidos
ni en Baja California. Pero en la actualidad opera una gran planta de gas natural licuado en el
municipio de Ensenada y exporta su producto al estado de California. La empresa sigue
funcionando gracias a los apoyos de algunos políticos panistas –que incluso neutralizaron una
clausura legal– y al tráfico de influencias iniciado por Eugenio Elorduy, exgobernador
bajacaliforniano. Lo peor es, señalan especialistas, el riesgo real y latente de una catástrofe de
grandes proporciones.
ENSENADA, BC.- Su operación fue rechazada en Estados Unidos y no tiene permiso para trabajar
en Baja California, pero la regasificadora Sempra Energy sigue funcionando aquí gracias al tráfico
de influencias, a sus vínculos con políticos panistas y al presunto pago de sobornos a las
autoridades federales.

5. Y la empresa opera pese a que se han documentado sus deficientes medidas de seguridad, lo que
conlleva el riesgo de que en sus instalaciones ocurra una explosión o una fuga que, a su vez,
cause una intoxicación masiva.
En 2003, luego de que en Estados Unidos la compañía fue rechazada por ser considerada un
riesgo, los principales impulsores del Consorcio Costa Azul –operador de Sempra Energy–, entre
ellos Donald Sefinger, Gerardo Guanero Push y Ricardo Moreno Tapia, establecieron contacto con
el entonces gobernador Eugenio Elorduy Walther, quien les consiguió los permisos para trabajar en
Baja California.
Informes de la consultora estadunidense Interior INC revelan que Elorduy Walther combinaba los
negocios con la política y se enriqueció en su etapa como gobernador cuando sus hijos y sus
amigos cercanos se relacionaron con el negocio del gas. El arranque de las operaciones de
Sempra fue la oportunidad de Elorduy para hacer negocios con otros empresarios ligados a la
política y al ramo gasero.
Según el alcalde de Ensenada, Enrique Pelayo, y el abogado Enrique Acosta, Elorduy pidió a los
dueños de Sempra que Gastón Luken Garza, actual diputado federal panista, construyera el
gasoducto que va de la zona de Bajamar (donde están las instalaciones de la gasera) a California.
Luego el estado construyó el Bulevar 2000, una autopista bajo la cual pasa toda la red de ductos
que mantiene en riesgo constante a pobladores de al menos tres demarcaciones: Ensenada,
Playas de Rosarito y Tijuana.
Los intereses de la familia Elorduy crecieron en Sempra. La hija del exgobernador, Érika Elorduy
Blackaller, aparece como propietaria de las empresas CMI de México Internacional, Seguridad del
Norte de Mexicali y Wyman Gordon de México, todas vinculadas con la gasera y que se encargan
de la explotación y transmisión de gas a Estados Unidos, donde está la mayoría de sus clientes.
Según denuncias del ayuntamiento de Ensenada, otro personaje clave en la obtención de permisos
y compras de terrenos para Sempra, y vinculado con Gastón Luken Aguilar (padre de Gastón
Luken Garza), es el empresario Francisco Molina Robles, asociado a las empresas Distribuidora de
Gas Natural de Coahuila, Acueducto Baja Norte y Acueducto Ensenada. Éstas participan también
en la conducción de gas.
Bernardo Padilla, secretario de Gobierno en la administración de Elorduy, y Benito Reyes, quien
fue secretario particular del entonces gobernador, son ahora funcionarios de la gasera.
En la ilegalidad
El 12 de agosto de 2003 Sempra obtuvo un permiso –expediente Sempra/U32/1/03, oficio
00583/Vlll/03– de uso de suelo y construcción que firmó el entonces alcalde de Ensenada, Antonio
Catalán Sosa. De acuerdo con la autoridad actual del municipio, el permiso no fue avalado por el
cabildo, por lo que es ilegal.
La planta –con una capacidad de almacenaje de 320 mil metros cúbicos de gas y cuya producción
se envía a Estados Unidos– levantó sus instalaciones en el kilómetro 80 de la carretera Tijuana-
Ensenada –donde un terreno de una hectárea puede costar hasta 200 mil dólares–, una zona de
explotación turística, no industrial.
No es todo: para construir lo que se conoce como zona de amortiguamiento, Sempra se interesó
en un terreno de 100 hectáreas cuya propiedad estaba en disputa. Según Enrique Acosta,

6. abogado de Ramón Sánchez Ritchie, quien se asume como legítimo propietario del terreno, a su
cliente le giraron una orden de aprehensión por presunto despojo, y de esa manera los dueños de
la gasera le compraron el terreno a otra persona: Elodia Gómez Castañón.
Pero según Acosta, la operación de compra-venta del terreno se hizo cuando la señora Gómez
tenía dos años de haber fallecido. Y afirma que si bien su cliente demostró ser el dueño del
terreno, éste no ha podido cerrar la operación y tuvo que irse a Estados Unidos debido a los
acosos y amenazas que recibió de los dueños de Sempra.
Dentro del abanico de irregularidades detectadas a Sempra, las autoridades de Ensenada también
encontraron que, a pesar de que la empresa procesa y vende gas a compañías de Estados
Unidos, en México está registrada en el Servicio de Administración Tributaria como maquiladora de
plásticos.
La polémica clausura
El presidente municipal de Ensenada, el priista Enrique Pelayo, dice a Proceso que luego de
revisar la documentación que ampara las operaciones de Sempra en el municipio, se detectó que
la autorización que se le otorgó en 2003 es ilegal.
Explica: “Fue una autorización que no está avalada por el cabildo (...); el entonces presidente
municipal, Antonio Catalán (panista fallecido el 4 de enero de 2008), otorgó la autorización en
forma unilateral, sin que la empresa justificara el giro de su negocio, los riesgos y las medidas de
seguridad indispensables para establecerse.
“Hallamos que el proyecto gasero viola el reglamento de uso de suelo, pues la zona donde se
instaló es (...) turística y no industrial. Además no tiene plan de riesgo. Su operación afectó ya a
muchas empresas comercializadoras de terrenos: sus ventas han caído (...) pues nadie quiere
comprar para construir una vivienda cerca de una bomba de tiempo.”
El alcalde incluso menciona un presunto soborno pagado a funcionarios federales del sector
energético.
Con base en las irregularidades detectadas, las autoridades municipales encontraron fundamentos
legales para cerrar Sempra Energy. El pasado 11 de febrero, Enrique Pelayo ordenó a la Policía
Municipal clausurar las operaciones de la compañía gasera.
Para ello se organizó un operativo que encabezó el general Florencio Cuevas Salgado, titular de la
Secretaría de Seguridad Pública Municipal, quien con decenas de agentes fue a las instalaciones
de Sempra y notificó a sus directivos que la empresa estaba clausurada. Acto seguido se
colocaron sellos en todas las puertas y áreas de acceso.
Dos horas después estalló el conflicto. El secretario de Gobernación, Francisco Blake, telefoneó a
Cuevas Salgado y le ordenó que retirara a los policías de la empresa.
–Yo sólo recibo órdenes del presidente municipal –respondió Cuevas.
Blake llamó entonces al general Alfonso Duarte Mújica, comandante de la Segunda Zona Militar,
quien atendió la orden. Él y el secretario de Gobierno del estado, Cuauhtémoc Cardona, retiraron a
los policías municipales, rompieron los sellos y reactivaron las operaciones de Sempra alegando
que el ayuntamiento de Ensenada no tiene facultades para efectuar la clausura.

7. El pasado 24 de febrero, el caso Sempra confrontó a diputados panistas y priistas en el Congreso
federal, cuando los segundos presentaron un punto de acuerdo para apoyar la clausura de
Sempra, el cual fue boicoteado por los panistas –que no votaron y se retiraron de la sesión–, en
particular por el diputado Luken Garza, quien defendió a la empresa.
Sin embargo, el pasado martes 1 el punto de acuerdo fue votado en San Lázaro, con la oposición
panista.
En sus puntos medulares la resolución apoyó la clausura de la compañía, emitió un extrañamiento
al gobernador de Baja California para que respete la autonomía del municipio, se pidió a Felipe
Calderón que no use al Ejército como fuerza para este caso y se le pidió al Congreso estatal que
siga investigando los riesgos ecológicos que generan las operaciones de la gasera.
Los riesgos de Sempra
A un lado de la carretera Tijuana-Ensenada hay dos enormes tanques de almacenamiento que en
cualquier momento podrían explotar debido a que la zona donde fueron construidos es sísmica y la
empresa Sempra carece de un plan para prevenir una catástrofe, según establece un estudio
elaborado por expertos de la consultora ambiental Servicios Integrales en Capacitación Ambiental
(Sicap).
El análisis –copia del cual tiene Proceso– advierte que el terreno donde se asienta la planta tiene
fallas y fracturas que aumentan el riesgo para las ciudades colindantes (Ensenada, Tijuana y
Rosarito), ya que “el fallamiento se presenta en la zona y confiere a ésta un carácter de riesgo
inducido por la inestabilidad estructural que puede expresarse en su momento de diferentes
maneras, como sismos, deslizamientos y derrumbes”.
De acuerdo con el estudio de impacto ambiental y los análisis realizados por el ayuntamiento de
Ensenada, la operación de Sempra “está propiciando un desequilibrio ecológico: la destrucción de
las especies de flora y fauna marinas.
“En sus procesos productivos, Energía Costa Azul está empleando diariamente millones de litros
de agua de mar y regresándolos al océano contaminados con salmueras, cloro y a una mayor
temperatura, lo que para nada preserva ni restaura el equilibrio ecológico…”
El riesgo de una explosión no está descartado. Dice el estudio: “En caso de incendio y posterior
explosión, la conformación del triángulo de fuego se tiene que tomar en cuenta de manera muy
significativa, en primer lugar por los volúmenes de GNL (gas natural licuado) almacenados, del
orden de 150 mil a 200 mil metros cúbicos.
“Para la conformación del triángulo de fuego falta una chispa que desencadene el incendio, la cual
se puede generar por cualquier fricción de metales, estática, generación de calor por esfuerzo de
metales, corto eléctrico durante sismos (muy frecuentes en esta zona), rayos, expansión de nube
de derrame de GNL a una distancia suficiente para que exista una chispa.”
El estudio advierte que este tipo de gas es más denso por su estado de temperatura ambiente, lo
que quiere decir “que no se dispersará por la atmósfera; en cambio, correrá por la superficie del
suelo y en cualquier momento puede tocar una superficie caliente y elevar la temperatura hasta en
más de 200 grados.
“En caso de prenderse el gas, éste arderá o se propagará el fuego hasta llegar al tanque, el cual
podría arder y posteriormente explotar.”

8. A lo largo de casi 100 páginas del estudio sobre los riesgos que representa la operación de
Sempra Energy para Baja California, se hace hincapié en otros colapsos que pueden ocurrir:
“La empresa presenta riesgo de explosión en grado 8. Según la jerarquización de riesgos, esto
significa que dentro de los próximos 20 años sucederá un siniestro que, por las estadísticas de
derrames a nivel mundial, podría ser letal o fatal para vidas humanas y construcciones dentro de
un radio de dos kilómetros.
“No se descartan quemaduras de segundo grado y daño estructural en casas en un radio de 2.7
kilómetros y ruptura de vidrios en casas, así como lastimaduras en oídos y cuerpo a cuatro
kilómetros de distancia. Los predios que se encuentran dentro de estos radios de afectación, que
tengan uso habitacional o turístico, o que tengan personal laborando, están expuestos a estos
riesgos.
“La explosión de un solo tanque traerá como consecuencia la explosión del tanque adjunto; el
efecto no es directamente acumulativo de afectación, pero sí se crearán al menos dos efectos
iguales de la onda de choque y bola de fuego uno tras otro, y por tanto los efectos ya descritos
para un tanque sobre el entorno sucederán dos veces con diferencia de segundos. Las personas
que habiten cerca de la planta morirían inmediatamente en caso de una explosión.”
Hasta ahora, y pese a la clausura ordenada por las autoridades de Ensenada, la empresa Sempra
Energy no ha presentado la documentación que avala la seguridad de sus operaciones.
Según el alcalde Enrique Pelayo, en el expediente de la empresa “ni siquiera pudimos encontrar el
mapa de la red de ductos, los cuales atraviesan tres municipios (Ensenada, Playas de Rosarito y
Tijuana), cuyos habitantes pueden estar asentados sobre una bomba de tiempo”.
Aún más: el pasado martes 8, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente anunció que ya
realiza una inspección en la planta de Sempra para verificar si cumple con los estándares de
seguridad e impacto ambiental.
Esta revisión –la primera que se le hace– es consecuencia de las denuncias que hizo Rodolfo
Michelón, excontralor de la trasnacional, quien dijo que la planta opera al margen de la ley.
Ya desde 2004 Greenpeace denunció que la planta de gas natural licuado de Costa Azul
representaba un grave riesgo para la población de Ensenada y el ecosistema de la región por su
alto nivel de explosividad.
Sección “vamos ganando la guerra… aunque
no lo parezca”
3. “Con el ejército llego la tortura”
Patricia Dávial
Desde el exilio, dos defensoras juarenses de los derechos humanos, ambas amenazadas de
muerte, hablan para Proceso: “En Ciudad Juárez la lucha del Estado contra las activistas nunca
había sido tan intensa como en los últimos tres años, cuando empezó la militarización. Con el

9. Ejército llegó la tortura. El pretexto del narcotráfico le ha servido al gobierno para amedrentar y
asesinar a activistas sociales y de derechos humanos. Más de 20 han muerto”.
Habla Cipriana Jurado, perseguida por denunciar la desaparición de personas a manos del
Ejército. Dice estar segura de que el gobierno de César Duarte mantiene una campaña de
desprestigio en su contra. El pasado 3 de enero asesinaron a su compañera activista Josefina
Reyes. Acaba de solicitar asilo político a Estados Unidos.
“No pensaba pedir asilo político, pero estando fuera del país me entero de que matan a Rubén
Reyes, hermano de Josefina, la activista asesinada en enero del año pasado.
“Después hostigaron a Lidia Sandoval, de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos
Humanos; luego mataron a Marisela y a Susana Chávez. Antes asesinaron a Paz Rodríguez, a su
esposa y a su hijo, defensores de derechos humanos en Nuevo Casas Grandes. Siguió Flor Alicia
Gómez, activista de Justicia para Nuestras Hijas, y Benjamín Le Barón.”
Se le pregunta si piensa que esos asesinatos son una cacería contra los activistas.
Responde: “¡Claro que sí! La situación contra los líderes sociales se ha agravado en esta
administración. Es contra los activistas, sobre todo contra las mujeres. El gobernador César Duarte
está peor que José Reyes Baeza. Está el asesinato de Marisela Escobedo afuera del Palacio de
Gobierno. También iniciaron una campaña mediática en mi contra por haber pedido la renuncia del
fiscal de la zona norte, Jorge González Nicolás”.
El domingo 6, Cipriana Jurado publicó una carta en el portal de internet MexicoRojo en la que dice
que ni González Nicolás ni su equipo han dado buenos resultados en la Subprocuraduría. Dos días
después la Fiscalía inició una campaña en su contra: en una carta publicada por otro portal, La
Polaka, Lourdes Armendáriz Macías defiende al fiscal y acusa a Cipriana de explotar sexualmente
a trabajadoras de las maquilas.
Afirma que cuando la detuvo el Ejército llevaba droga y obtuvo su libertad gracias al chantaje
político de los perredistas. La llama “ignorante”, “vulgar” “cobarde”. También dice que los familiares
de Josefina Reyes huyeron como “delincuentes que delatan a sus prójimos”.
–¿Duarte está enterado del hostigamiento de que es víctima?
–Por supuesto. Los amigos cercanos de Duarte y de González Nicolás son los que escriben esas
cartas en mi contra. Esta carta es un desprestigio muy fuerte, porque todo es una mentira.
–¿Quieren acabar con el activismo o con Cipriana?
–Con el activismo social. Creen que amenazando y desprestigiando el movimiento se va a acabar
en Ciudad Juárez. Pueden acabar con Cipriana, con Marisela, con Josefina o con Malú, pero hay
más jóvenes que quieren justicia.
–¿Responsabiliza al gobierno del asesinato de Marisela Escobedo?
–Y del homicidio de Josefina Reyes y de sus hermanos y su cuñada… Ella fue amenazada varias
veces por el Ejército y lo denunciamos en su tiempo. Pina y Marisela estaban amenazadas, el
gobierno lo sabía. Son responsables por omisión o por complicidad.
–Si regresa a México, ¿qué le pasaría?
–Lo mismo que a mis compañeras.
–¿La matan?

10. –Sí. Durante 20 años que he sido luchadora social, he sido una piedra en el zapato, pero desde
que Calderón declaró esta guerra los activistas tuvimos más problemas. Nunca había sido tan dura
la lucha del Estado contra nosotras como en los últimos tres años. Calderón ha sido irresponsable
en sostener una guerra en la que no detiene a los delincuentes ni a los lavadólares ni a los
narcopolíticos. Y sólo matan gente en las colonias pobres.
El próximo miércoles 16 Cipriana tendrá la primera entrevista con el juez de migración, previa al
juicio para que el gobierno de Estados Unidos le conceda asilo político.
Denuncias incómodas
El jueves 10, Marisela Ortiz, una de las fundadoras de la organización Nuestras Hijas de Regreso a
Casa, fue alertada de una manta con amenazas que apareció en la secundaria 60 de Ciudad
Juárez, donde trabajaba:
“Si querías seguir apoyando a la pinche culera de la licenciada Malú, maestrita de mierda Marisela
Ortiz, vamos a chingarnos a tu familia empezando por tu hijo El Chapulín del Rowe, que ya lo
tenemos en la lista”, decía. Horas después Marisela se fue a Estados Unidos con todo y su familia.
Un mensaje igual había sido colgado frente a la secundaria 15 de la misma ciudad, donde estudian
los hijos de María Luisa García Andrade, directora jurídica de aquella organización: “No entendiste,
nosotros (te) vamos a enseñar a callarte el ocico Malú García Andrade, sabemos que estás fuera,
querías saber de qué se trata, serás la responsable de que nos chinguemos a tu familia, pronto
tendrás noticias nuestras”.
Ambos mensajes estaban firmados por “el JL”, líder de La Línea, brazo armado del cártel de
Juárez.
Pero María Luisa, Malú, había salido de la ciudad desde febrero, cuando un grupo armado incendió
su casa.
El pasado 6 de enero García Andrade presentó una denuncia en la Subprocuraduría de Justicia de
Juárez contra una red de trata de personas y tráfico de menores que desde 2008 opera en esa
ciudad.
Días antes, cuando María Luisa solicitaba a Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía
Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra),
resultados de la investigación sobre una denuncia interpuesta hace tres años, ésta acusó a
Marisela Ortiz de amenazar a otra activista. Se le exigieron pruebas que la fiscal no aportó.
“Este es un antecedente extraño: después de que hay una acusación insolente por parte de la
titular de la Fevimtra aparecen las mantas. No me gustan las coincidencias de este tipo.
“Aquí en Chihuahua el gobierno se ha visto copado por organizaciones de derechos humanos
desde el asesinato de Marisela Escobedo, y ahora me da la impresión de que están desatando una
guerra contra los activistas”, dice a Proceso Gustavo de la Rosa, visitador de la Comisión Estatal
de Derechos Humanos de la Zona Norte, quien también ha sufrido amenazas.
En entrevista con Proceso, Marisela Ortiz trata de explicar el significado de las mantas: “El 6 de
enero, Malú puso una denuncia en la Subprocuraduría Zona Norte, en Ciudad Juárez, sobre una
red de trata de personas, de prostitución infantil asentada en esta ciudad pero que pudiera ser

11. nacional. Por seguridad fuimos muy discretas, incluso sólo se mencionan unos tres nombres. Esto
sólo lo conoce la mamá de una de las chicas desaparecidas, quien acudió con Malú a presentar la
denuncia”.
Afirma que la red de trata y prostitución empezó a trabajar en Juárez al mismo tiempo que se puso
en marcha el Operativo Conjunto Chihuahua:
“La mayoría de las chicas que han desaparecido son, en promedio, de 17 años de edad. Este
fenómeno de las desapariciones se da desde los noventa, pero de este corte tendrá unos tres
años. A partir de 2008 es cuando empiezan las desapariciones en el centro de la ciudad, de chicas
con rasgos similares, que fueron a pedir trabajo y después no se supo más de ellas. Esta
investigación de Malú integra a más de 20 jovencitas desaparecidas, sin pretender que esa cifra
sea la real.”
Aclara: “Ésta puede ser la causa que molestó a alguien, aunque por otra parte han sido asesinadas
muchas defensoras de derechos humanos en los últimos años; incluso el ataque también pudo
deberse a que mi compañera apoyaba a la familia Reyes Salazar, en el campamento que tenían
frente a la Fiscalía Zona Norte, para exigir la localización de los hermanos Magdalena y Elías
Reyes Salazar, así como de la esposa de este último, los tres levantados por un comando el
pasado 7 de febrero.
“El 17 de febrero, cuando Malú García estaba en ese plantón, un grupo armado incendió su casa.”
Marisela ha sido amenazada o acosada desde 2001. Sobre todo, afirma, durante la gestión de
Patricio Martínez, quien le suspendía su cheque como maestra u ordenaba descuentos salariales
por cada entrevista que daba a la prensa: “Fueron muchas cosas las que vivimos mi familia y yo.
En 2004, a punta de pistola me bajaron de mi vehículo y me dijeron que „era momento de callar‟.
Alejé a mis hijos del país durante dos años”.
Sin embargo lo fuerte de las amenazas, reconoce, empezó en 2008.
–¿Quieren acabar con los activistas o con usted y Malú?
–Leí un escrito de la periodista Diana Washington que señala que en México existe la intención de
terminar con el activismo en el norte del país. Y dos días después me topo con esta situación... me
alarmó porque se habla de que este año habrá más asesinatos de alto impacto: asesinatos
masivos de jóvenes y la intención de terminar con las activistas sea cual sea la situación que
defiendan. ¡Estoy estupefacta! No puedo pensar que esto venga de parte del gobierno.
Gustavo de la Rosa afirma: “Siento que hay un clima adverso contra los defensores de derechos
humanos. Las amenazas hacia Marisela Ortiz son preocupantes. Estoy reuniendo información que
me permita ver si la agresión viene de alguna autoridad, ya que dos días antes la titular de la
Fevimtra hizo señalamientos graves en su contra. Marisela me pidió que investigara porque sintió
que la fiscal la estaba agrediendo.
“También es cierto que en Chihuahua el gobierno nos está viendo muy mal a los defensores. Ahí
está el desprestigio al que están sometiendo a Cipriana Jurado. Las cosas se nos van a complicar
con la llegada de Julián Leyzaola Pérez como director de Seguridad Pública de Ciudad Juárez. Él
fue jefe de la policía en Tijuana y cuenta con un largo historial de violaciones a los derechos
humanos.”

12. 4. Ahora, las muertas de Nuevo León
Arturo Rodríguez García
A todas horas y en cualquier lugar del país, las mujeres son víctimas de delitos de género. Pero
este riesgo se incrementa en estados como Nuevo León, donde la delincuencia organizada y las
fuerzas de seguridad elevan los niveles de violencia a extremos nunca antes vistos. El año pasado
se registró el récord de 74 feminicidios en la entidad, y 2011 pinta peor.
MONTERREY, NL.- “Esto es un mugrero”, escupió Lucila Quintanilla, refiriéndose a la inseguridad
que se vive en el estado y a la ineficacia de las autoridades, horas después de reconocer a su hija
Lucila Quintanilla Ocañas, universitaria de 21 años asesinada en medio de un tiroteo el 6 de
octubre de 2010 en el centro de esta ciudad.
Estudiante de artes, Lucila hablaba con su novio por teléfono celular mientras caminaba por el
pasaje comercial Morelos, muy cerca de la avenida Juárez, un enclave comercial de la zona
metropolitana de Monterrey.
Eran como las siete de la tarde. De repente, dos pistoleros bajaron de una pick up y comenzaron a
disparar. Su objetivo era asesinar al custodio penitenciario Onésimo González Ruiz. Éste corrió
rumbo a la calle Garibaldi y los sicarios fueron tras él, disparando a diestra y siniestra. Lograron
herirlo, pero también alcanzaron a otras cuatro personas. Lucila murió en el tiroteo, atravesada por
balas calibre 9 milímetros.
Además de Lucila, en 2010 alrededor de 74 mujeres murieron en Nuevo León por la persistente
violencia, ejecutadas por el narco o abatidas en el fuego cruzado. Hasta el 8 de marzo, este 2011
sumaba una veintena de asesinatos de mujeres, con lo que está a punto de igualarse apenas en
dos meses el récord de 22 feminicidios registrados en 2007. La brutalidad también va en aumento,
pues el año pasado tres mujeres fueron mutiladas y otras dos calcinadas.
De acuerdo con los registros de Artemisas por la Equidad –organismo civil dedicado a combatir la
violencia de género–, en 2010 este tipo de crímenes aumentó 370% respecto de 2008. El año
pasado duplicó los registros de 2009, cuando 39 mujeres fueron asesinadas.
La estadística de Artemisas por la Equidad, presentada por la activista Irma Alma Ochoa en
Nosotras, revista de temas de género que se edita en Monterrey, muestra que el incremento de la
violencia contra las mujeres en los últimos 10 años ha escalado en cantidad y en brutalidad.
En 2000 hubo 23 feminicidios; en 2001 la cifra bajó a 17, y en 2002 a 14. Volvió a subir a 28 en
2003, fueron 27 en 2004, 22 en 2005, 28 en 2006 y 24 en 2007.
Es decir, de los 322 asesinatos de mujeres registrados entre 2000 y 2010, sólo en este último año
se registró 23% de los casos, con el aumento de la violencia por parte del crimen organizado y de
las fuerzas gubernamentales.
El sábado 13 de noviembre de 2010, Olga Lidia Limón Hernández y María Mayela Contreras
fueron ejecutadas en calles de la colonia Acero, de Monterrey. De acuerdo con informes policiacos,
ambas se dedicaban al narcomenudeo cerca de la central de autobuses.
El 15 del mismo mes, Nancy Rubí Maldonado Pérez fue abatida por el Ejército en un
enfrentamiento en General Terán. Oficiales indicaron que la joven formaba parte de una célula

13. delictiva y abrió fuego contra los soldados junto con su pareja, Julio César Castañeda García,
también muerto en la refriega.
De acuerdo con la información que difundieron las autoridades sobre cada uno de esos crímenes,
de los 74 registrados en 2010, grupos de la delincuencia organizada participaron en alrededor de
40. Entre estos últimos figura el de María Magdalena Gallegos García, acribillada junto a su pareja,
Julio César Fuentes Alemán, cuando transitaban en una camioneta Ford Lobo en la colonia
Burócratas Municipales, en el sur de Monterrey.
Gallegos García era madre de Francisco Martín Zapata Gallegos, El Billy, quien fue detenido el 27
de agosto en Benito Juárez, Nuevo León, acusado de ser el jefe de Los Zetas en Monterrey.
Otro de estos casos es el de Gabriela Elizabeth Muñiz Tamez, La Pelirroja, quien el 31 de
diciembre apareció colgada de un puente en Monterrey. Cuatro días antes la mujer había sido
liberada por un comando en una bien coordinada operación, ya que estaba presa por secuestro y
era trasladada del penal de Topo Chico a un hospital.
Hacienda Calderón
El 30 de junio de 2010, Sonia Clara Villalobos llamó por teléfono a su mamá. La joven, de 18 años
de edad, se escuchaba alterada. Había tenido un percance automovilístico en el bulevar
Constitución, el más transitado de Monterrey y su zona metropolitana en hora pico.
Colgó precipitadamente y no se volvió a saber de ella. El vehículo, el percance y los participantes
en éste se volvieron humo. Más allá de la llamada de Sonia Clara, nadie registró el accidente, a
pesar de que ocurrió en hora pico.
Durante semanas la familia de Sonia Clara buscó en todas partes. Preguntó en agencias del
Ministerio Público, acudió a todos los hospitales y recorrió oficinas gubernamentales, pero nadie
les dio respuestas.
El 29 de julio, un mes después de su desaparición, el Ejército localizó una fosa con 51 cuerpos en
Juárez, Nuevo León. Macabra ironía, el predio se llama Hacienda Calderón. Ahí estaba el cuerpo
de Sonia Clara, que, según la procuraduría estatal de justicia, no parecía tener vínculos con
delincuencia organizada ni contaba con historial delictivo.
Fuentes policiacas atribuyen la muerte de la joven, vecina del municipio de Guadalupe, a un
percance vial con un comando de La Familia Michoacana.
Entre los cuerpos localizados en la Hacienda Calderón estaban los de otras cinco mujeres que
hasta ahora todavía no han sido identificadas.
El 20 de abril de 2010, al menos siete personas desaparecieron del hotel Holiday Inn en el centro
de Monterrey. Un comando se llevó a empleados y huéspedes, entre los que se encontraba Arely
Hernández, originaria de Reynosa, Tamaulipas, de quien no se volvió a saber nada.
De acuerdo al monitoreo de desapariciones y levantones que lleva a cabo la organización
Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos en Nuevo León (CADHAC), los cuales publican
medios de comunicación locales, al menos seis mujeres desaparecieron en 2010, cuatro de ellas
junto con sus parejas u otros familiares.

14. Por ejemplo, el 12 de agosto un comando a bordo de dos camionetas atacó de 18 balazos a un
auto Nissan Altima que transitaba a las 6:15 de la mañana por la avenida San Nicolás, en San
Nicolás de los Garza. De acuerdo con las versiones de testigos recabadas por la Policía Ministerial,
sujetos armados se llevaron a una pareja con un bebé, pero no pudieron identificar a las víctimas.
Varios asesinatos de mujeres en Nuevo León fueron producto de tiroteos imprecisos, del fuego
cruzado o de errores en los que se ha denunciado como responsables a las fuerzas de seguridad.
Con sólo transitar por las calles, salir del trabajo o recoger a sus hijos en la escuela, estas víctimas
se han convertido de pronto en “bajas civiles” de la guerra contra la delincuencia organizada.
Esto sucedió en el tiroteo del 4 de diciembre de 2009 en Juárez, Nuevo León. Los marinos
atacaron una finca donde dieron muerte a Ricardo Almanza, El Gori 1, pero un convoy de sicarios
logró escapar. Militares que patrullaban la zona se toparon de frente con el comando, que empezó
a disparar. Estaban en pleno centro de la ciudad y era la hora de salida de las escuelas. Ahí murió
la señora Sonia Hernández Ovalle, que acababa de recoger a sus hijos.
El jueves 3 de marzo de este año, en el municipio de Anáhuac, Juan Carlos Peña Chavarría y su
esposa, Rocío Romely Elías Garza, murieron en un tiroteo. Las autoridades los “identificaron” como
sicarios, incluso a Rocío le atribuyeron el alias de La Gata. En realidad iban saliendo de su turno
en la maquiladora.
Días después, en Monterrey, Julio César Peña Rodríguez y su esposa, Sandra de la Garza
Morales, se encontraron con un tiroteo y trataron de huir de ahí, convirtiéndose en blanco de los
militares. Sandra recibió un balazo en la cabeza.
“Dejemos de contar”
Causa alarma la brutalidad de esos asesinatos. El 16 de febrero de 2010, Jesús Villanueva Silva
llegó borracho a casa de Juany Guadalupe Silva, con quien estaba en trámites de divorcio en el
municipio de Galeana. Arremetió contra su esposa a puñaladas. Su hija Alondra, de un año, no
paraba de llorar, por lo que el sujeto la apuñaló también hasta matarla.
La mañana del 8 de octubre, también del año pasado, Margarita Isabel Castro López, de 24 años,
salió de su casa en la colonia Jardines de La Silla en Guadalupe, Nuevo León. Desde hacía cinco
años había denunciado varias veces a su pareja, Eduardo Agustince López, por violencia
intrafamiliar, pero volvía con él. Como a las siete de la mañana Eduardo se dirigía a su trabajo
como albañil y encontró a Margarita platicando con un vecino. De acuerdo con la confesión que
rindió el 8 de diciembre, cuando fue detenido, jaló del brazo a Margarita y la golpeó dos veces en el
rostro. Luego la llevó a un terreno baldío, donde la golpeó con los puños cerrados y, ya en el suelo,
la pateó hasta dejarla inconsciente. Horas después la mujer murió.
Al respecto la coordinadora de la asociación civil Alternativas Pacíficas, Alicia Leal Puerta, asegura
que en los casos de violencia de género hay factores que alertan sobre el riesgo de muerte
inminente, y que cuando ésta se consuma es evidencia de la ausencia de políticas públicas de
prevención.
E Irma Alma Ochoa, de Artemisas por la Equidad, explica que el entorno de violencia generado por
la delincuencia organizada y los cuerpos de seguridad al combatirla sólo se agrega a la violencia
preexistente: “No cabe duda de que en toda la geografía mexicana persiste la violencia, ni de que
cada día se agrede con saña a las mujeres. (Pero) la conducta violenta se gesta lo mismo en la
cocina que en las calles de cualquier poblado”.

15. En 2010, más de 25 mujeres han muerto baleadas; ocho fueron calcinadas; siete fueron
acuchilladas; cuatro mujeres fueron golpeadas hasta la muerte y cuatro perecieron por asfixia; tres
fueron lapidadas y otras dos estranguladas; una degollada, otra ahorcada y una mutilada. Una
mujer murió en un choque automovilístico contra sicarios, y en tres casos no se dio a conocer la
causa de muerte.
Aunque en 40 casos se asume que las muertes estuvieron relacionadas con delincuencia
organizada, una cantidad semejante fue producto de violencia de género, y en muchos casos
intrafamiliar.
Si se exceptúan las muertes supuestamente relacionadas con enfrentamientos o acciones
violentas del narco y los cuerpos de seguridad, los 34 casos restantes de 2010 casi igualan la cifra
de feminicidios registrados en 2009 (39).
No obstante el récord de asesinatos de mujeres en 2010, la estadística oficial muestra una
tendencia a la baja en denuncias por violencia intrafamiliar: según la directora del Instituto Estatal
de las Mujeres (IEM), María Elena Chapa, para octubre de 2010 se habían registrado 6 mil 856
denuncias, en comparación con 9 mil 369 registradas durante 2009 (Milenio, 25 de octubre de
2010).
Juana María Nava, editora de la revista Nosotras y también activista de género, destaca las
declaraciones de la funcionaria para explicarse la indiferencia gubernamental ante la creciente
violencia de género. Llama la atención que en la citada entrevista con el diario Milenio, ante el
aumento exponencial de feminicidios María Elena Chapa sólo comentó: “Es necesario dejar de
contar muertas para tratar de ponerle remedio a la relación abusiva que viven muchas mujeres”.