1. ENSAYO
IMPORTANCIA DE LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA
POR
SANDRA ELENA CÁRDENAS
UNIVERSIDAD POPULAR DEL CESAR
VALLEDUPAR-CESAR
10 MARZO DE 2017

2. IMPORTANCIA DE LA SOCIOLOGÍA JURÍDICA
Dada la naturaleza del presente estudio, no es posible analizar exhaustivamente todo lo que
los diversos países se ha escrito sobre el tema que nos ocupa, la situación general de las
ciencias sociales, en relación a las ciencias naturales, es la de que presentan una penuria
respecto a la delimitación de su esfera u objeto de estudio. La sociología del derecho no
podía constituir una excepción en relación a la situación de referencia. La sociología se
define, de modo general, como la ciencia de la sociedad. De un modo más concreto. La
sociología examina el comportamiento humano en el ámbito social, dado que
particularmente se interesa por los modelos de comportamientos de toda la sociedad. El
estudio de las relaciones sociales y de la interacción entre las personas requiere del análisis
de las reglas de organización social, de los conflictos y cambios sociales. La imposición de
un orden social no se realiza sin que surjan conflictos relativos de las reglas sociales, esos
conflictos conllevan a una alteración de las organizaciones de la sociedad, ósea un cambio
social.
Las instituciones sociales están organizadas para establecer modelos de conducta, de
comportamiento. Estas instituciones tienen cierto grado de compulsión, el acento se pone
en reglas, leyes y posible recriminación y pena, sus mejores ejemplos son la ley y la
administración. Norma, proceso y sanción son tres componentes fundamentales de
cualquier institución de control social, orientadas a asegurar la disciplina social, afianzando
las pautas de conducta que el poder reclama. La última autoridad. Las normas jurídicas,
sociales, éticas y religiosas, que todas las sociedades tienen, así como la práctica corriente
de las mismas, evidencian criterios para la evaluación de las acciones sociales. De
conformidad con estos criterios, cada acción se calificará como legítima, ética mente
valiosa, ajustada a la praxis y racional en el contexto social, si se ajusta a las normas
establecidas. Una conducta racional así determinada es realizable para los miembros de la
sociedad porque corresponde a las normas de acción y a la praxis usual que ofrece para
todos los mundos de la experiencia y no sólo para personas que puedan colocarse en
situaciones excepcionales. La relatividad de la desviación depende de los diferentes
contextos sociales; como dicen algunos criminólogos de izquierda (Spitzer, 1980), la
desviación no puede ser entendida independientemente de una dinámica del control, el
estatus de desviado debe ser entendido en el contexto del conflicto político económico, de
lo contrario, quedaría dentro de la psicología individual ocultando la naturaleza política
social de esta definición y las relaciones injustas que se desarrollan en la sociedad, las
cuales generan ideas e intereses opuestos, así como en los conflictos políticos que
precipitan su condensación y las subsiguientes prácticas violentas de castigo. La producción
de la desviación envuelve todos los aspectos del proceso a través del cual la población está
estructural mente generada; para un análisis objetivo de la desviación necesitamos
examinar las características estructurales y las dimensiones económicas y políticas de la
sociedad en la cual surgen estas definiciones e imágenes.
Uno de los temas más polémicos dentro del derecho penal es la respuesta a la pregunta de
qué hechos convierte en delito, o sea el proceso de selección de lo que debe y puede
proteger, de acuerdo con la naturaleza instrumental del derecho penal el cual está dedicado

3. a la protección de los valores fundamentales del orden social, esto es lo que se ha dado en
llamar la salvaguarda de los bienes jurídicos. Es opinión muy extendida que éstos no
reciban, ni deban recibir, una protección absoluta y uniforme del derecho, sino selectiva,
fragmentaria. Sólo se protege los bienes más valiosos para la convivencia; lo hace, además,
exclusivamente frente a los ataques más intolerables de que pueden ser objeto, esto es lo
que caracteriza la naturaleza de la intervención penal por lo cual sólo debe sancionar
algunas modalidades de conducta que lesionen o pongan en peligro bienes jurídicos, es
decir, los comportamientos más peligrosos y repudiados por la sociedad. El
intervencionismo estatal en el ámbito punitivo no debe significar que el derecho a castigar
del Estado se ejercite con una extensión máxima respecto a cualquier bien jurídico y
cualquiera que sea la entidad del ataque a los mismos, sino que debe limitarse a una
intervención mínima indispensable. En consecuencia, el derecho penal realiza una función
insustituible, porque la vida en común de los seres humanos sólo es viable si se garantizan
eficazmente estos bienes jurídicos. Si no existiera una instancia superior que asegurase la
inviolabilidad de la vida, la salud, la libertad, etc., no habría convivencia posible al menos
en el estadio actual del desarrollo social.
Los criterios de limitación del legislador en la tarea de configurar bienes jurídicos sólo se
pueden encontrar en una fuente jerárquica superior que se imponga por su propia
naturaleza; así, la norma constitucional aparece como el instrumento más idóneo para
orientar la selección de los bienes jurídicos que deben ser protegidos. Se ha aducido la
existencia de bienes jurídicos de tutela penal que se deben obtener a partir de los bienes que
la constitución reconoce, o sea a partir de los valores e intereses reconocidos por ella,
bienes llamados constitucionales y que llegan a establecer una jerarquía en cuanto al valor
que se les da. Otros autores han preferido establecer en lugar de valores constitucionales
criterios inspiradores provenientes de la constitución para tratar de encontrar en sus normas
el contenido material respecto de los bienes jurídicos y con base en ellos intentar
determinar las reglas y los elementos esenciales de convivencia.
Los criterios de limitación del legislador en la tarea de configurar bienes jurídicos sólo se
pueden encontrar en una fuente jerárquica superior que se imponga por su propia
naturaleza; así, la norma constitucional aparece como el instrumento más idóneo para
orientar la selección de los bienes jurídicos que deben ser protegidos. Se ha aducido la
existencia de bienes jurídicos de tutela penal que se deben obtener a partir de los bienes que
la constitución reconoce, o sea a partir de los valores e intereses reconocidos por ella,
bienes llamados constitucionales y que llegan a establecer una jerarquía en cuanto al valor
que se les da. Otros autores han preferido establecer en lugar de valores constitucionales
criterios inspiradores provenientes de la constitución para tratar de encontrar en sus normas
el contenido material respecto de los bienes jurídicos y con base en ellos intentar
determinar las reglas y los elementos esenciales de convivencia. En materia de su ubicación
teórica, para algunos la sociología del derecho es simplemente un sector de la investigación
sociológica caracterizado por la peculiaridad de su objeto. Para otros, como lo
mencionamos anteriormente, es el marco genérico de estudio de la interacción entre la
sociedad y el Derecho; mientras que para otros se circunscriben al ámbito de los análisis

4. empíricos de actitudes o comportamientos jurídicos y finalmente, para otros tantos ella se
extiende hasta abarcar cuanto atañe a las funciones del Derecho, sí como sus mecanismos
de producción y aplicación. Hoy en día marcar una frontera entre la sociología jurídica y
otras disciplinas sociales resulta inocuo, también sabemos que es necesario establecer
alguna identidad epistémica entre las diferentes disciplinas. Lo ciertos es que la sociología
jurídica posee una vocación interdisciplinaria y transdiciplinaria. Situación positiva ya que
a través de ella se promueve un abordaje del conocimiento integral que da cabida a un
espacio más abierto para la creación del conocimiento.
La sociología jurídica, tiene como otra de sus características, la crítica al positivismo
jurídico. La positivización del derecho entiende que la norma jurídica como producto que
emana exclusivamente del Estado y que ese es su objeto, desde esta postura, deja a un lado,
los efectos del derecho en las relaciones sociales y por otro, el positivismo jurídico no
reconoce el surgimiento de espacios sociales no regulados por el ordenamiento jurídico, el
llamado pluralismo jurídico. Esta mirada fue la que se validó por la academia.
La sociología jurídica posee unos rasgos distintivos que la diferencia de otras disciplinas
sociales y del derecho, alrededor del significado de la sociología jurídica se ha desarrollado
importantes debates, que tienen como finalidad delimitar el sentido y el concepto de esta
disciplina. El punto central gira en torno al reconocimiento de la sociología del derecho
como una disciplina autónoma, perteneciente al campo de la sociología general, que aporta
importantes elementos para la comprensión del fenómeno del derecho y su relación con los
fenómenos sociales.
La sociología del derecho es la parte de la sociología que se encarga de estudiar lo jurídico
como resultado de la interacción social. La preocupación por establecer la relación entre
Derecho y Sociedad es muy vieja y se concretó en la antigüedad griega en un interés sobre
las formas de gobierno, de ejercerlo y de aplicar las leyes, cuestionando o justificando de
entrada la legitimidad de los seres humanos que ejercen la autoridad o que tienen la
potestad de elaborar leyes que serán obedecidas por todos los miembros de una
comunidad1 . El origen formal de la sociología del derecho se deriva del boom de la
filosofía positivista.
Todo sistema jurídico eficaz supera cierto umbral de integración de conflictos y regulación
de conductas. Ahora bien, el problema que se puede plantear es que procediendo de este
modo se corre el riesgo de sustituir una tesis que pretendía ser sintética (es decir, verdadera
por contraste con una realidad empírica) por otra que es analítica (es decir, verdad
simplemente por definición). Si para que sirva como mecanismo de integración y
regulación de conductas un sistema jurídico requiere que se cumplan sus normas de manera
general, entonces necesita tener algún grado de eficacia. Pero como eficacia significa
cumplimiento de normas, entonces no es conceptual mente posible que exista un sistema
jurídico con una cierta eficacia sin que se dé el correspondiente grado de cumplimiento, y
por tanto, de regulación de conductas. Por definición, pues, todo sistema jurídico eficaz
cumple con la función de control social y sólo cumplen con tal función los sistemas
jurídicos eficaces. Los estudios de sociología jurídica deberían contestar al primer

5. interrogante, mientras que responder al segundo tal vez sea más propio de la teoría del
Derecho. Así, puede decirse, en una primera aproximación, que tiene sentido que la teoría
del Derecho aborde el tema de las funciones del Derecho siempre que lo haga a un nivel
abstracto como el citado. Dicho esto, sin embargo, no desaparecen los problemas
conceptuales implicados en esta cuestión.

6. interrogante, mientras que responder al segundo tal vez sea más propio de la teoría del
Derecho. Así, puede decirse, en una primera aproximación, que tiene sentido que la teoría
del Derecho aborde el tema de las funciones del Derecho siempre que lo haga a un nivel
abstracto como el citado. Dicho esto, sin embargo, no desaparecen los problemas
conceptuales implicados en esta cuestión.