Este documento discute la necesidad de normas para garantizar la calidad en la educación superior virtual. Señala que las instituciones educativas y el gobierno deben definir métodos de evaluación externa que consideren factores como la accesibilidad, competencia de docentes y costos asociados con la educación en línea. También argumenta que se requiere un marco regulatorio flexible que se adapte a las características cambiantes de los entornos virtuales y los estudiantes.