Conflicto social colombiano; centrales hidroeléctricas

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El conflicto social hidroeléctrico oculto
Felipe Pineda Ruiz
Publicista – Activista social
Hoy es relevante en el país que frente a la locomotora minero energética, al
parecer incontenible, avanza un frente social, basado en la autodeterminación
de los pueblos, que lucha en pro de seguir habitando y preservando las riberas
y hábitats de los ríos afectados por la construcción de proyectos
hidroeléctricos.
Hace 4 décadas los habitantes de Prado (Tolima) y hace tres los moradores de
Betania (Huila), recibían por parte de autoridades locales y nacionales, así
como de las empresas constructoras, promesas que parecen cobrar vigencia
en el tiempo: las megaobras traerán empleo y progreso y remplazarán el día a
día poco rentable de la siembra de arroz, sorgo o legumbres, atrás quedará la
incertidumbre económica de quien se dedica a la pesca. Ni lo uno, ni lo otro. La
inundación de predios de manera indiscriminada para convertirlos en embalses
solo trajo como resultado masivos desplazamientos de poblaciones que
terminaron en las grandes urbes.
La problemática social de aquellos años se revive en la actualidad en nuevas
latitudes y ataca a nuevas generaciones: las riberas del río Sogamoso
(Santander), Guarinó (Caldas), Ituango (Antioquia) o El Quimbo (Huila) por
nombrar los más significativos. Sin embargo, algo ha cambiado entre el pasado
y el presente, las luchas sociales realizadas de manera insular hoy cobran vida
en un solo conglomerado que las reúne, el Movimiento Ríos Vivos, expresión
popular que trabaja por la construcción de proyectos alternativos de sociedad y
por la construcción de un proyecto energético de y para los pueblos.
Esta iniciativa plural liderada en diferentes regiones del país por mujeres ha
logrado, mediante un proceso de lucha continua en contra de la construcción
de represas, frenar parcialmente el intento de los consorcios que operan en
Colombia de aumentar la capacidad energética nacional sin medir las
consecuencias de tipo social y ambiental para las comunidades.
Las cifras
De acuerdo a un estudio reciente publicado por la Unidad de Planeación
Minero Energética (UPME) sobre las proyecciones de demanda de energía
eléctrica para el periodo 2014-2028, el crecimiento de esta se estima en un
2.2% en 2014 y un aumento de 3.9% durante los próximos 5 años, consumo
generado en parte por la creciente necesidad de energía de las empresas que
participan en el negocio de la extracción minera (http://alturl.com/57ce6). A su

2. vez, según estimaciones de ACOLGEN, la oferta energética pasará de 14.000
a 18.000 MW entre 2014 y 2018 para un incremento estimado del 5,6% anual,
jalonado principalmente por la construcción de 4 proyectos: Hidroituango,
Hidrosogamoso, El Quimbo y Puerto Libertador.
Si bien en el sector de minería e hidrocarburos es más común que dichos
proyectos sean realizados por consorcios de carácter transnacional (Camargo
Correa de Brasil, Endesa de Brasil, ENEL de Italia por mencionar solo
algunos), la principal obra que se adelanta en el presente la realiza una
empresa nacional perteneciente al sector público. En efecto, el proyecto
Hidroituango, en el departamento de Antioquia, con un costo cercano a los
5.500 millones de dólares, que se calcula generará el 17% de la oferta
energética del país y que incluye la desviación total del río Cauca e
intervención en la desembocadura del río San Andrés, es realizada por
Empresas Públicas de Medellín EPM.
Este proyecto opera bajo parámetros nada amigables con el ambiente:
contaminación de ríos por metales pesados, degradación de los sistemas
acuáticos, daños irreparables a especies de peces migratorios (no pueden
procrear y desovar), sedimentación y proliferación de algas, alteraciones
significativas al clima local perjudicando la agricultura, emisiones desreguladas
de grandes cantidades de Gases Efecto Invernadero, pérdida de tierras fértiles
afectándose la seguridad alimentaria de las regiones, pérdida de bosques
primarios y secundarios con lesión del equilibrio ambiental en las regiones,
aumento de enfermedades tropicales especialmente las transmitidas por la
mala calidad del agua, intervención indebida del bosque.
(http://alturl.com/fuyub9).
El conflicto
HidroItuango es solo la punta del iceberg de una problemática compleja. De
hecho, un informe reciente realizado por el Instituto Cinara de la Universidad
del Valle, en alianza con el Atlas Global de Justicia Ambiental
(http://alturl.com/mahhp), ubica a Colombia en el segundo lugar del planeta con
mayor número de conflictos ambientales, 72 en total, una parte significativa de
estos provenientes del sector Hidroenergético.
El modelo extractivista actual que produce deterioro ambiental sin medir
consecuencias, sumado a la ausencia de desarrollo de fuentes energéticas
alternativas, han conducido a una dinámica social caracterizada por el
desplazamiento masivo y el despojo de comunidades enteras de sus territorios.
La entrega de zonas aledañas a los embalses a quienes realizan las
intervenciones, permitiendo que las empresas mantengan sus propias fuerzas
de seguridad, ha traído consigo para los pobladores amenazas,
hostigamientos, casos de asesinatos selectivos y desapariciones. La muerte de
Nelson Giraldo Posada, líder prominente del movimiento en contra del
asentamiento de la represa de Ituango el 17 de septiembre de 2013, quien fue
encontrado degollado y con impactos de bala en el cuerpo, y de Robinson
Mazo, otro activista importante, el pasado 30 de noviembre, son casos que

3. han prendido las alarmas sobre los peligros que corren los activistas pro
ambientales.
Muchos son los activistas que se encuentran en la actualidad bajo presiones y
hostigamientos continuos por parte de grupos al margen de la ley. Contra ellos
se emplean también mecanismos amañados de judicialización, persecución
voraz que afecta al presente a 12 militantes del movimiento, entre los que se
destaca Isabel Cristina Zuleta perteneciente a Ríos Vivos Nacional.
Según estadísticas de esta misma organización, el número de líderes, críticos y
opositores a este modelo energético, asesinados asciende a 9, 5 de ellos en
Hidrosogamoso, dos en Urrá y los dos mencionados en Ituango, más una
persona desaparecida en Hidrosogamoso.
El desplazamiento
Las estrategias utilizadas por parte de los consorcios, en connivencia con
autoridades de carácter local y nacional, para destruir los procesos
emancipatorios es la de fomentar el divisionismo entre las organizaciones que
se oponen a este tipo de proyectos, vedando cualquier tipo de auxilios a
quienes pertenezcan a los movimientos de resistencia a la construcción de
represas.
Al fracturar el tejido social, lo que se ha conseguido es ejecutar todo sin
consultar con los pobladores. Los procedimientos para desalojar a los
históricos habitantes de extensos territorios incluyen: acciones que tienen lugar
antes de adquirida la propiedad declarada de utilidad pública, coerción
paramilitar en muchos casos.
Las familias aparceras, en arriendo, o que simplemente se encuentran en las
cercanías del río -como barequeros y pescadores- son acusadas de
usurpadoras de la propiedad privada por parte de los consorcios quienes, al
mismo tiempo, ejercen presión sobre los alcaldes locales para que efectúen el
desalojo en la mayoría de los casos utilizando el uso indebido de la fuerza.
La existencia de los llamados Batallones Energéticos (sic), 18 en total, que
operan en 11 departamentos, indica que la preservación de los intereses del
gran capital figura en el primer renglón de la agenda gubernamental por encima
de la suerte de amplias capas de la población afectadas directamente.
Negar de todas las maneras posibles el status de desplazados a los afectados
por esta problemática por parte de los entes gubernamentales, es una
tendencia que se repite una y otra vez a lo largo y ancho del territorio nacional.
Según el Artículo 284A de la Ley 589 de 2000, se tipifica como desplazamiento
forzado "El que de manera arbitraria, mediante violencia u otros actos coactivos
dirigidos contra un sector de la población, ocasione que uno o varios de sus
miembros cambie el lugar de su residencia". Referidos específicamente al caso
Hidroituango, la gobernación de Antioquia ha negado tajantemente la situación
de desalojo de las comunidades afectadas aduciendo que la legislación vigente
en Colombia, y de manera específica la Ley 1448 de 2011 (Ley de Víctimas y

4. Restitución de Tierras), establece que las víctimas de desplazamiento forzado
son aquellas personas a las que se le han vulnerado sus derechos
fundamentales por efectos del “conflicto armado interno”.
Bajo la frase sofística de “Por ser una obra realizada por una empresa estatal,
no se puede hablar de desplazamiento” la gobernación ha querido intentar
concluir lacónica y erróneamente que simplemente no hay lugar a reclamo
alguno ya que “El estado no desplaza”. Mediante múltiples argucias jurídicas,
los entes gubernamentales y las empresas transnacionales han desconocido la
sentencia T-135 de la Corte Constitucional, que ampara la participación de las
comunidades en la construcción de represas; según la Corte, se revierte el
cargo de la prueba, es decir, es la empresa quien debe demostrar por qué la
persona no es afectada.
Si bien la locomotora minera es en la actualidad uno de los sectores que más
aporta al PIB nacional (aproximadamente 2%), la realidad es que, a mediano y
largo plazo, el extractivismo desaforado se convierte en una bomba de tiempo
con estragos irreversibles a nivel social y ambiental, externalidades no
contabilizadas contrarias a los intereses nacionales. Solo la lucha permanente
de las comunidades afectadas permitirá la permanencia de los ciclos de vida
centenarios de la naturaleza y de quienes habitan los territorios.
Edición N° 00397 – Semana del 2 al 8 de Mayo – 2014