PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO PARA LA CAÑADA REAL

PROPUESTA PARA UN
PLAN INTEGRAL
PARTICIPATIVO PARA
LA CAÑADA REAL
Informe de propuestas participadas
ASOCIACIÓN ALDEA SOCIAL.
MAGÍSTER INVESTIGACIÓN PARTICIPATIVA PARA EL DESARROLLO LOCAL. UCM
2 DE JULIO DE 2012

INFORME CAÑADA REAL GALIANA

Índice

Introducción ........................................................................................................................2

1. Contextualización .........................................................................................................5

1.1 La situación económica global, la ciudad y los asentamientos........................................... 5

1.2 La desigualdad social como punto de partida de los problemas de pobreza y exclusión
en La Cañada ....................................................................................................................... 6

1.3 Contexto actual de La Cañada. ........................................................................................... 7

2. Diagnóstico Integral de la Cañada Real ........................................................................ 10

2.1 Contexto Urbanístico ........................................................................................................ 10

2.2 Contexto jurídico............................................................................................................... 11

2.3 Contexto medioambiental ................................................................................................ 16

2.4 Contexto socio-económico ............................................................................................... 16

3. Por qué un Plan Integral Participativo ......................................................................... 21

4. Descripción del proceso realizado ............................................................................... 25

5. Propuestas Integrales Participativas para la Cañada Real ............................................. 29

5. 1 Propuestas Urbanísticas .................................................................................................... 29

5. 2 Propuestas Jurídicas .......................................................................................................... 34

5.3 Propuestas Medioambientales ........................................................................................... 37

5.4 Propuestas socio-económicas ............................................................................................ 38

5.5 Dignificación de las condiciones de vida en la Cañada Real entre escenarios temporales 41

6. Recomendaciones para el PIP ......................................................................................... 42

7. Documentación utilizada/Bibliografía ......................................................................... 49

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PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO

Sobre los colectivos que redactan este documento:

Asociación Aldea Social. Colectivo multidisciplinar especializado en metodologías
participativas de intervención comunitaria. Desde hace 4 años desarrolla un proceso
participativo en la Cañada Real, dentro del cual se enmarca el proyecto de investigación
participativa que da lugar al presente documento.
El trabajo de campo desarrollado en junio y julio de 2012 cuenta con el apoyo económico de
la D.G. Educación y Cultura de la Unión Europea al haber sido incluido como iniciativa juvenil
en el Programa "Juventud en Acción".

Magíster Investigación Participativa para el Desarrollo Local. Facultad de Sociología UCM.
Este título presenta una trayectoria de más de 15 años tanto en formación en metodologías
participativas, como en investigación participativa en numerosos municipios. Cuenta con
diversos profesores y colaboradores con prestigio internacional en metodologías y
herramientas para la participación.
En los últimos dos cursos académicos viene desarrollando una investigación participativa en
la Cañada Real, movilizando para ello a más de una decena de profesionales de distintas
áreas como la Sociología, Antropología, Psicología, Arquitectura, etc.

PROPUESTA PARA UN PLAN INTEGRAL PARTICIPATIVO PARA LA CAÑADA REAL por Asociación Aldea Social & Magíster
Investigación Participativa para el Desarrollo Local se encuentra bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-
CompartirIgual 3.0 Unported.
Permisos que vayan más allá de lo cubierto por esta licencia pueden encontrarse en
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Introducción

El presente documento recoge las propuestas trabajadas con vecinos, asociados y no
asociados, de sectores 3, 4 y 6 de la Cañada Real de Madrid.

Durante los últimos 6 meses se ha venido trabajando puerta a puerta, en talleres,
grupos de trabajo, reuniones y asambleas abiertas en diversas zonas de Cañada Real, y en
reuniones con expertos temáticos externos. Todo este trabajo ha concluido con la
presentación de una serie de alternativas y propuestas de solución y futuro para la Cañada
Real, construidas en base a las peticiones expresadas por los/as vecinos/as y a la experiencia
de años de trabajo e investigación en la Cañada, y corregidas, ampliadas y terminadas de
construir junto con vecinos/as y los equipos técnicos que redactan y se adhieren al presente
documento.

En los últimos meses, según se han ido cumpliendo etapas hacia la definición de la
solución para la Cañada hemos presenciado los movimientos de un escenario incierto,
dinámico y cambiante. En un momento en que es prioritario dar una solución a la actual
situación de la Cañada que satisfaga a todas las partes se han ido elaborando planes y
propuestas para dar solución a los problemas que se plantean.

En este contexto, creemos importante resaltar que diversas asociaciones vecinales de
distintos sectores han elaborado sus propuestas de planes sociales. Este trabajo parte del
reconocimiento de dichas propuestas, y se ha hecho con el fin de llegar a algunas zonas y/o
colectivos y personas que no se encontraban representadas en las mismas. Por tanto, el
objetivo es complementar estos planes ya trabajados y reforzar la participación vecinal,
contribuyendo a los esfuerzos que se vienen realizando con la intención de que éstos puedan
converger en un plan de actuación conjunto en la Cañada Real.

Durante este trabajo, vecinos/as y técnicos/as pudimos entender y construir
colectivamente la idea de que la solución debe responder a las necesidades específicas de
cada realidad de la Cañada. Para que se tome en cuenta de forma real a los vecinos/as,
defendemos la apertura de un proceso participativo, con implicación y corresponsabilidad
vecinal, política y de los profesionales que trabajan en Cañada, con transparencia, y que
pretenda abordar todas las facetas que necesita un barrio.

En la primera parte de este documento se recogen en los apartados de contexto y
diagnóstico algunas de las principales preocupaciones y problemas que se han detectado con
vecinos y extraído de otras fuentes secundarias como son diversas investigaciones que
colectivos y entidades han realizado sobre La Cañada Real. Además en esta primera parte
exponemos los motivos de por qué se hace necesaria y pertinente la realización de un plan
integral participativo como mejor manera de crear un programa de intervención preventivo
en el que se atajen las problemáticas existentes generando soluciones conjuntas y se trabaje
sobre los aspectos potenciales de La Cañada Real.

Estos primeros apartados fundamentan los siguientes en los que se recogen las
propuestas, peticiones, reclamaciones y necesidades de algunos vecinos de los sectores 3, 4 y

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6, trabajadas participadamente durante los últimos meses, que convergen en un apartado de
propuesta integradora, que intenta responder diversos aspectos de la compleja realidad de la
Cañada (urbanístico, legal, social, económico y medioambiental). Dichas propuestas han ido
siendo validadas y ampliadas con vecinos y vecinas de distintas zonas de la Cañada, en un
proceso que es continuo y que no pretende ser una propuesta cerrada de Plan Social.

Por otro lado, este documento termina con un punto y seguido. En el último apartado
se lanza una propuesta técnica y abierta al debate para un proceso participativo general. Una
propuesta fundamentada en la apuesta por la integralidad en los contenidos, procesos y
procedimientos de las actuaciones que puedan hacer suya tanto las Administraciones, las
entidades que trabajan en Cañada Real así como los propios vecinos y vecinas. Una vía para
hacer posible una solución participada y beneficiosa para todos los actores.


1. Contextualización

1.1 La situación económica global, la ciudad y los asentamientos

Durante los últimos años, investigadores sociales han venido estudiando la
proliferación de asentamientos informales en las grandes ciudades del mundo, en el que
algunos autores estiman que existen más de 250.000 áreas urbanas degradadas,
configurándolo como “planeta de chabolas” (Davis, 2007). La ONU estima que más de un
billón de personas vive en asentamientos o viviendas informales (UN-Habitat, 2003), lo que
representa un sexto de la población mundial, uno de cada tres habitantes urbanos. De hecho,
a pesar de que las tasas de crecimiento de la población en las áreas metropolitanas más
grandes están disminuyendo, los asentamientos informales siguen creciendo (UN-Hábitat,
2006), previéndose que para 2020 la pobreza urbana del mundo alcance entre el 45 y el 50%
del total de la población residente en las ciudades (Observatorio Urbano de las Naciones
Unidas).

La proliferación de asentamientos informales se ha multiplicado especialmente
durante las tres últimas décadas. Según diversas investigaciones, la principal causa de este
fenómeno es la implantación de las políticas neoliberales de los Planes de Ajuste Estructural
impuestos por el FMI en numerosos estados de América Latina, África y Asia, que han
supuesto la reestructuración de sus economías, supeditadas al pago de la deuda externa,
provocando el retraimiento del Estado (UN-Habitat, 2003) a través de la disminución de su
capacidad de gasto en medidas sociales, deterioro y privatización de servicios públicos,
migraciones forzadas del campo a la ciudad como consecuencia de las políticas favorables a
las multinacionales de la agroindustria, supresión de derechos laborales, etc. Como
consecuencia de estas políticas crece incesantemente el número de personas en situación de
exclusión con respecto a los servicios básicos, el mercado laboral y la vivienda. En el Estado
español la implantación de este tipo de políticas se está acelerando en los últimos años,
especialmente desde el estallido de la burbuja inmobiliaria en 2008, si bien se vienen
aplicando desde décadas anteriores.

En las ciudades existe un grave problema de acceso a la vivienda con porcentajes muy
elevados de personas en situación de exclusión residencial debido a su elevado coste,
mientras que paradójicamente un gran número de viviendas se encuentran desocupadas.
Entre 2007 y 2011, según el CGPJ, la cifra de ejecuciones hipotecarias en España supera las
300.000, mientras que se calcula que entre 5 y 6 millones de viviendas podrían encontrarse
desocupadas, el 20% del total de viviendas existentes. En este contexto es inevitable que
surjan asentamientos informales y núcleos chabolistas, consecuencia directa de la
incapacidad o falta de voluntad de los organismos públicos de hacer frente a las reglas
coercitivas de un mercado inmobiliario bajo el paradigma neoliberal, controlar la
especulación y violencia inmobiliaria, y garantizar las necesidades básicas de la población.

Según el Relator Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada (Derechos a
la intemperie, Amninistía Internacional, 2011) entre las causas de la exclusión residencial se
encuentra los elevados precios de la vivienda en España, la insuficiente oferta de vivienda

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pública y en alquiler, la desprotección legal de los inquilinos, la prioridad del modelo de
propiedad inmobiliaria mediante distintos instrumentos legislativos, fiscales, etc., o el
elevado número de viviendas desocupadas, denunciando que a “pesar de que en las
disposiciones de la Constitución se reconoce que la vivienda es un derecho básico, en la
práctica es considerada un simple bien de consumo, que se compra y se vende. En este
contexto, debe recuperarse la función social de la vivienda y aplicarse plenamente el artículo
47 de la Constitución”. La lex mercatoria se impone a los derechos humanos; la propiedad
privada y el beneficio aplastan todas las demás nociones de derechos (Harvey, 2008).

Según el Relator especial de la ONU, el censo de 2001 indicaba que para entonces en
España había 112.824 personas que no tenían agua corriente en su vivienda, 13.002 personas
que vivían en edificios en estado de ruina, 13.660 en condiciones deficientes y 25.839 en
malas condiciones. Prevenía asimismo de la insostenible situación provocada por el elevado
endeudamiento hipotecario existente ya en 2006 y denunciaba la elitización de determinadas
zonas anteriormente degradadas dentro de las ciudades, con la segregación resultante, los
desalojos y lo que se ha dado en llamar el “acoso inmobiliario”.

1.2 La desigualdad social como punto de partida de los problemas de pobreza y
exclusión en La Cañada

Desde las teorías de la estratificación social y la desigualdad social, entendida ésta
como el acceso desigual a los recursos y bienes (principalmente de carácter económico), la
pobreza aparece como resultado de la estructuración de la desigualdad social y del reparto
no equitativo de la riqueza. Entendiendo la pobreza como un concepto multidimensional,
ésta presenta una complejidad derivada de la combinación y acumulación de distintas
variables de desfavorecimiento que se refuerzan entre sí. Así nos encontramos en la Cañada
con una situación de imposibilidad o de falta de acceso a recursos necesarios para poder
realizar unas actividades mínimas relacionadas con derechos básicos como la supervivencia,
la salud, las relaciones sociales, el acceso al conocimiento y la participación social.

A la carencia de recursos suelen acompañar otros procesos interrelacionados que
hacen de la pobreza un hecho social complejo: la lucha por sobrevivir, frecuentemente de
forma marginal (la vida en el margen), revela los desajustes en las formas de vida, trabajo y
relación, según las normas sociales. Aparecen así formas de supervivencia al margen del
estilo de vida normalizado de la mayoría del conjunto social (predominan actividades
pertenecientes a la economía sumergida, al igual que los empleos poco estables y de carácter
temporal).

De acuerdo con el sociólogo Víctor Renés, la pobreza, como síntoma, pone al
descubierto dos elementos centrales para la comprensión de un contexto de crisis social más
profunda: por una parte la incidencia del factor trabajo en el proceso de integración y
legitimación social (el desempleo es el eje de la transformación y configuración actual del
fenómeno de la pobreza y la exclusión), y por otra parte la crisis del Estado del Bienestar, no
como una realidad instituida en nuestro país de una forma plena, sino como expresión de la
insolidaridad estructural de nuestro modelo socioeconómico.


Estar situados/as al margen económicamente de esta mayoría social normalizada
implica un enorme nivel de incomunicación hacia dentro (competencia por los recursos) y
aislamiento, que se traduce en un sentimiento de abandono que agudiza la debilidad de los
grupos para hacer frente a la exclusión a la que están sometidos.

Otra de las dimensiones del fenómeno de la pobreza es el factor territorial. Hoy parece
ampliamente aceptado que los problemas sociales (el paro, la droga, la exclusión social, la
crisis de sentido, las carencias personales y colectivas) se encuentren interrelacionadas en la
misma persona, en los mismos grupos humanos (colectivos en situación de exclusión).
Además, estos problemas tienen una configuración territorial, una incidencia mayor en
determinadas zonas y barrios que son como bolsas que “esconden” lo más escandaloso de la
pobreza urbana y pasan a ser caldo de cultivo de la contracultura “marginal”: una forma de
vida dura y agresiva que surge como reacción ante una situación vital difícil, y que se
interioriza en sectores específicos de población que se concentran geográficamente en
determinados espacios (centros de las ciudades, barrios periféricos de viviendas protegidas,
asentamientos chabolistas...). En definitiva, la vida de las personas en situación de pobreza
aparece íntimamente ligada a las características que conforman su hábitat, en un proceso de
adaptación al medio.

En síntesis, la pobreza es la interrelación de factores económicos (carencia de
recursos), sociales (segregación de la sociedad), culturales (desarraigo) y políticos (sujetos-
objeto, dependientes y sin voz ni voto), que tiene una dimensión o expresión territorial y, lo
que es más preocupante, un efecto reproductor perverso: vivir la pobreza en determinadas
situaciones residenciales (infravivienda) y del contexto territorial (degradación física y
medioambiental) incide de nuevo en ellos, perpetuando la espiral de la marginación y la
exclusión social.

1.3 Contexto actual de La Cañada.

Dentro del contexto mundial debe interpretarse la situación de la Cañada Real, uno de
los cientos de miles de asentamientos informales surgidos y mantenidos en el tiempo como
consecuencia de las dinámicas propias del modelo económico vigente, en el que si bien se
dan responsabilidades compartidas (la administraciones por su permisividad y habitantes por
la ocupación de los terrenos) en el anquilosamiento de la situación, son las Administraciones
quienes tienen la obligación y los medios para buscar una solución.

La situación actual de Cañada deriva de un contexto social de vulnerabilidad de los
derechos básicos y sociales, así como una escasez de oportunidades en el panorama global.
En su mayoría, los habitantes de la Cañada Real no ocuparon por el placer de ocupar un
espacio, asumiendo la incertidumbre sobre la pérdida posible de los gastos de compra de
suelo y construcción, en muchos casos mediando ocultación de información sobre su
situación legal (aunque también por elección y no por necesidad en el caso de personas que
fueron ubicando su residencia o doble residencia en la Cañada Real), sino por una cuestión
de supervivencia pues vivir legalmente como indica Hernando de Soto (alquilar o comprar
una vivienda, mantener las cuotas de luz, agua… en una situación de precariedad laboral, etc.)
es demasiado caro e incluso inasequible.

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Es en el momento en que Cañada Real toma interés por parte de los medios de
comunicación de masas cuando este asentamiento se observa como un problema de orden
público (hechos como los accidentes a la población infantil provocados por el paso de los
camiones de basura a la Incineradora y el tráfico de droga en Valdemingómez), diseñándose
una estrategia de estigmatización mediática de la población de Cañada previa a violentos
desalojos forzosos y derribos de viviendas vulneradores de los derechos humanos (Informe
Amnistía Internacional, 2010) que provocaron la reacción de los habitantes de Cañada junto
a organizaciones que trabajan en el territorio, produciéndose distintas movilizaciones
colectivas y acciones de denuncia frente a estas situaciones. Estos hechos junto con que el
crecimiento de la ciudad comienza a limitarse con la Cañada Real, las autoridades públicas
expresan la necesidad de dar respuesta a esta situación tras algunos años de tolerancia,
invisibilización y permisividad, dando los primeros pasos hacia otras vías de solución. Así, en
marzo de 2011 la Comunidad de Madrid aprueba una Ley que abre la puerta a otro tipo de
solución para el asentamiento.

A pesar del nuevo marco de negociación y solución para Cañada, el Ayuntamiento de
Madrid continúa ejecutando derribos de viviendas aunque también se producen resoluciones
judiciales contrarias a los mismos. Al mismo tiempo prosigue la gestión y ejecución de los
planes urbanísticos que afectan a zonas limítrofes a Cañada (Valdecarros, Ahijones, Cañaveral
y Los Cerros), a pesar de que muchos de estos planes fueron anulados en el año 2003 por el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (sentencia 216/2003), sentencia ratificada por el
Tribunal Supremo en 2007 (sentencia de 3 de julio de 2007), por haber sido ilegalmente
recalificados como terrenos urbanizables suelos protegidos en el anterior Plan General de
1985. Por tanto, estos terrenos se encuentran en una situación urbanística similar a la de
Cañada Real, evidenciando que la ocupación de terrenos públicos y protegidos es vista de
una u otra manera dependiendo de los actores que ejecutan los actos, formando parte los
derribos en Cañada de procesos de especulación inmobiliaria que se imponen sobre el
derecho a una vivienda digna. De hecho, ocupaciones en otros tramos de Cañada Real que no
ocasionan conflictos a las dinámicas especulativas, sino al contrario, han sido permitidos,
pasando desapercibidas y siendo incluso legalizadas, como señala el Plan Cañada de Todo por
la Praxis. Concretamente la Cañada ha sido absorbida por los núcleos urbanos de Coslada,
San Fernando de Henares o Ribatejada, o interrumpida por varias urbanizaciones (Jardín de
los Serracines en Fresno del Torote), polígonos industriales (Los Frailes en Daganzo de Arriba
o Las Arenas en Pinto), o la Base Aérea de Torrejón.

Otros intereses urbanísticos chocan con el asentamiento de Cañada, como el proyecto
olímpico de Madrid que pretende ubicar diversas instalaciones y la propia villa olímpica en
zonas próximas a Cañada Real, o más recientemente EuroVegas, cuya ubicación definitiva
aún no se ha revelado públicamente aunque las Administraciones y la empresa promotora
contemplan la posibilidad de construir este proyecto en terrenos próximos a Cañada. Los
derribos de viviendas como consecuencia de intereses económicos se reproducen en todo el
planeta variando las motivaciones según los contextos. En el Estado Español existen ejemplos
de derribos de barrios enteros en situación legal, consumados o en proyecto, como el barrio
marinero de finales de s. XIX del Cabanyal en Valencia o Poble Nou en Barcelona, ambos
objeto de operaciones urbanísticas especulativas, el primero con el pretexto de la ampliación


de una avenida, y el segundo en el marco del Forum 2004. La ilegalidad urbanística de los
barrios no es el motivo de su derribo en muchos casos, sino los enormes beneficios que
proporcionan unas futuras operaciones urbanísticas en esos terrenos a las municipalidades y
grandes corporaciones privadas. “Los poderes públicos, respaldados por el Estado, presionan
para que se produzca un desalojo por la fuerza, con la intención de apropiarse violentamente
de terrenos en algunos casos ocupados durante una generación” (Harvey, 2008).

El derecho al suelo y la propiedad privada generan conflictos tanto para los que la
tienen como para los que no, dependiendo de un coste económico inaccesible en el primer
caso y asumiendo un coste social en el segundo, como el estigma o la imposibilidad de
acceder a la regularización de servicios urbanos básicos. Tal y como proponen Pisarello y
Asens (2011), cuando las vías institucionales para el cumplimiento de derechos humanos se
encuentran fuertemente restringidas, deben reconocerse los mecanismos empleados por la
población para su realización como una garantía social de los derechos humanos y una
cuestión de supervivencia, y entre estas garantías sociales sostenemos que debe incluirse la
autoconstrucción de vivienda en casos como el de la Cañada Real, aún al margen de la
planificación oficial, ya que el cumplimiento de los derechos humanos es un fin superior a las
regulaciones urbanísticas.

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2. Diagnóstico Integral de la Cañada Real

2.1 Contexto Urbanístico

Actualmente, el tramo de la Cañada Real desafectado por la Ley 2/2011, presenta una
configuración lineal, conformando un continuo de edificaciones a ambos lados de la vía
central que recorre todo el trazado. La linealidad de este asentamiento, que se prolonga
durante más de 14 km, provoca una cierta situación de separación de otros núcleos urbanos
y el consiguiente alejamiento a servicios básicos como los centros sanitarios o educativos,
comercios, etc.

Sin embargo hay que tener en cuenta que el tramo de Cañada Real que transcurre en el
término municipal de Coslada se encuentra totalmente integrado en el núcleo urbano, y
parte del sector 5 bordea la urbanización de Covibar en Rivas Vaciamadrid, siendo posible su
total integración mediante una actuación de remodelación urbana en la zona. A lo anterior
debe sumarse que los planes urbanísticos en ejecución o programados en los municipios de
Madrid (Los Berrocales, Los Ahijones, El Cañaveral y Los Cerros) o Rivas (La Fortuna y El Cristo
de Rivas), absorben casi en su totalidad los sectores 1, 2, 3 y 4, resultando que únicamente el
tramo del sector 4 comprendido entre la línea del AVE Madrid-Barcelona y M-50
mantendrían la configuración lineal. El escenario futuro hace perfectamente viable la
integración de gran parte de Cañada en la trama urbana de barrios ya existentes o en
planificación, dando a la vuelta a la perspectiva del asentamiento como una dificultad
consecuencia de un crecimiento no planificado, a una oportunidad de remodelación e
integración urbana, debiendo los planes urbanísticos futuros adaptarse a la realidad
existente en Cañada, y no al revés.

Otro factor que a considerar en la determinación del espacio físico en Cañada Real es la
fragmentación del territorio y su continuo urbano como consecuencia de las numerosas
infraestructuras de transporte que la atraviesan (A-3, M-50, M-45, R-3, línea del AVE Madrid-
Barcelona), si bien esta misma situación afecta de forma similar a todos los nuevos barrios
planificados en el municipio de Madrid, fruto de una concepción desarrollista de la ciudad,
todos ellos separados del resto de la ciudad por infraestructuras de gran capacidad e impacto
ambiental que determinan generalmente su delimitación espacial. Por citar un ejemplo los
ámbitos urbanísticos de Los Berrocales y Los Ahijones limitan con las autovías M-45, M-50, A-
3 y R-3, y se encuentran separados por la línea 9 de metro.

Pero no sólo la realidad física ha generado esta situación, sino también en buena medida ha
sido provocada por las políticas urbanas tanto del Ayuntamiento de Madrid como de Rivas-
Vaciamadrid, que han planificado al margen de Cañada, sin contemplar sus posibilidades de
integración en el entramado urbano y la dotación de las necesarias infraestructuras viarias,
equipamiento urbano regular (red de alumbrado y saneamiento, asfaltado, red telefónica,
etc.) o servicios públicos necesarios (trasporte público, comercios, plazas y espacios públicos,
escuelas, centros sociales y de salud, etc.).


A la vista de esta realidad, el aislamiento de Cañada resulta reversible mediante una correcta
planificación urbana y social, integrando su viario con el de los barrios próximos, y dotándola
de los equipamientos necesarios de los que hasta ahora se ha visto privada.

En los márgenes de Cañada Real existen terrenos no urbanizados que podrían incorporarse al
proceso de remodelación para la obtención de los suelos necesarios para la ubicación de las
redes viarias, zonas verdes o equipamientos exigidos por la legislación del suelo, así como
para la posible reubicación en la zona de viviendas asentadas en terrenos que deban ser
destinados a la creación de nuevos viales, zonas verdes o equipamientos, o realojadas si se
considerase un cambio de la morfología del actual asentamiento lineal para dotarle de una
mayor integración urbana.

Desde el punto de vista del estado constructivo de las edificaciones, la mayor parte
destinadas a vivienda y en menor medida a pequeñas actividades económicas, si bien nos
encontramos con diferencias en la tipología de las viviendas en función de la calidad de los
materiales empleados en la construcción, la propia cultura de las personas que las habitan,
las dotaciones con las que cuentan las mismas y la superficie de las parcelas en que se
asienten las viviendas, consecuencias de las diferencias socioeconómicas, culturales y
antigüedad en la llegada al asentamiento, la mayor parte de las viviendas cumplen en la
actualidad con los estándares de habitabilidad mínimos reglamentados, siendo muy poco
representativo el porcentaje de viviendas que carece de instalaciones básicas, o bien podrían
alcanzarlos con actuaciones no muy costosas.

2.2 Contexto jurídico

Situación legal de Cañada Real tras la aprobación de la Ley 2/2011

La Ley 2/2011 de la Cañada Real Galiana no es el punto de partida ideal para la resolución de
la situación de Cañada, que requiere de un enfoque integral del que carece la Ley, la cual se
limita básicamente a la aprobación de la desafectación de suelos y la apertura de un proceso
para la consecución de un Acuerdo Marco para la resolución del destino del suelo
desafectado entre Administraciones. La Ley debería haber sido el instrumento que elevase a
rango legal los acuerdos alcanzados durante todo el proceso, en todos los ámbitos
(urbanístico, legal, social, económico y ambiental), no el principio.

Desde un punto de vista jurídico la Ley 2/2011 no es el instrumento adecuado para la
desafectación de suelos, ya que no sigue el procedimiento previsto a tal fin en la Ley 8/1998,
de 15 de junio, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid, que exige con carácter previo a
la desafectación la consulta a Ayuntamientos, organizaciones agrarias, de defensa del medio
ambiente y el sometimiento a un periodo de información pública de un mes. Además obvia
importantes determinaciones exigidas por la legislación sectorial de vías pecuarias para la
desafectación, como la creación de un trazado alternativo o el destino a un fin social del
suelo desafectado, que entendemos deben ser tenidas en cuenta en el acuerdo que se
alcance finalmente.

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En cualquier caso la Ley 2/2011 cambia completamente la situación legal de Cañada Real y
tiene importantes consecuencias que debe atender cualquier intento de regularización de la
Cañada Real.

Desafectación del suelo

La Ley 2/2011, de 15 de marzo de la Cañada Real Galiana desafecta íntegramente el tramo de
aproximadamente 14,2 kilómetros que discurre por los términos municipales de Coslada,
Rivas-Vaciamadrid y Madrid, en sus Distritos de Vicálvaro y Vallecas, de la Cañada Real por no
ser adecuado al tránsito ganadero ni susceptible de los usos compatibles y complementarios
que la vía pecuaria permite.

Tal transformación no es un hecho reciente, aunque se haya intensificado en los últimos
tiempos, sino que data de los años 50 y 60 e incluso antes. Las ocupaciones que se iniciaron
en esa época y el entonces ya escaso tránsito ganadero justificaron la declaración de
innecesaridad de una parte significativa de la Cañada Real Galiana en ese tramo,
reduciéndose la anchura del dominio público de los 75,22 metros entonces propios de una
Cañada Real, a una anchura variable entre 14 y 37,61 metros, según los tramos. En la
actualidad, el tránsito ganadero en el tramo que discurre por los tres mencionados
municipios es nulo, encontrándose la vía pecuaria ocupada en buena parte por edificaciones
de todo tipo y por un vial por el que circulan vehículos a motor. Son estas circunstancias que,
según la Ley 2/2011, justifican la desafectación como vía pecuaria.

Recalificación del suelo

Como consecuencia de la desafectación, los terrenos del tramo de la Cañada Real Galiana
pierden su condición de bienes de dominio público convirtiéndose en bienes patrimoniales
propiedad de la Comunidad de Madrid, lo que permite, por un lado, el cambio de
clasificación urbanística del suelo que hasta la entrada en vigor de la Ley debían tener la
condición de suelo no urbanizable de protección por estar sometido a un régimen de
protección incompatible con usos urbanos (art. 16 de la Ley 9/2001 de de 17 de julio, del
Suelo de la Comunidad de Madrid), lo que abre la puerta a la regularización de las viviendas
cumpliendo con la legislación urbanística ya que hace posible la recalificación del suelo, bien
como suelo urbano no consolidado, bien como suelo urbanizable sectorizado.

Actualmente el Plan General de Ordenación Urbana de Madrid, aprobado en 1997, se
encuentra en fase de revisión, siendo posible integrar en el Plan General resultante una
operación sobre el suelo ocupado de Cañada en dicho término municipal, así como la
incorporación de terrenos colindantes, tanto urbanizables como no urbanizables, ampliando
las posibilidades de actuación de cara a un proceso de remodelación urbanística.

Cambio de la naturaleza jurídica del suelo

Otra consecuencia importante del cambio de naturaleza jurídica de los terrenos de Cañada
Real, de bienes demaniales en bienes patrimoniales, es la pérdida de tres características que
definen a los primeros, inembargabilidad, inalienabilidad e imprescriptibilidad, lo que


permite a la Comunidad de Madrid disponer de ellos, enajenarlos, cederlos, permutarlos o
cualquier otro negocio jurídico, a los Ayuntamientos en cuyos términos municipales se
encuentran o a terceros.

Es importante tener en cuenta que la enajenación puede hacerse mediante adjudicación
directa a los habitantes o mediante subasta o concurso (art. 49.2 de la Ley 3/2001, de 21 de
junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid), lo que implica que el proceso de venta
debe ser abierto pudiendo participar los vecinos junto con otros agentes, colocando a la
mayor parte de la población de Cañada, con una situación económica inestable y precaria, en
posición de desigualdad económica frente a otras personas o sociedades con mucho mayor
capacidad económica, provocando su exclusión del proceso de regularización de sus actuales
viviendas. La venta de los terrenos podría abrir un proceso especulativo en Cañada contrario
a los intereses de sus ocupantes.

Deben estudiarse soluciones que no obliguen a los actuales ocupantes de Cañada al pago por
los terrenos, ya que esto supondría en muchos casos la imposibilidad de hacer frente al coste
económico para buena parte de la población y la exclusión de la regularización de sus
viviendas, o bien la necesidad de acudir a financiación, opción que en el actual contexto de
precariedad, inestabilidad laboral y escasez o supresión de mecanismos de protección social
y prestaciones económicas, podría suponer un grave riesgo de imposibilidad de hacer frente
al pago de la deuda contraída en el futuro y derivar en desalojos de viviendas.

Acuerdo marco de contenido social

La Ley concede a las Administraciones un plazo de dos años para alcanzar un acuerdo marco
para resolver todas las cuestiones derivadas de la ocupación, desafectación y destino de los
terrenos de la Cañada Real Galiana, así como la adaptación de la clasificación del suelo por
los Ayuntamientos en el ejercicio de en sus competencias urbanísticas, plazo que vence el día
15 de marzo de 2013, tras el cual la Comunidad de Madrid podrá realizar los negocios
jurídicos antes citados. Las Administraciones con competencia en la materia deben acordar
los mecanismos e instrumentos de colaboración y cooperación que sean necesarios para
llevar a cabo el acuerdo con la participación en todo el proceso de los afectados
debidamente representados por asociaciones acreditadas.

En cumplimiento de las previsiones de la Ley para la consecución de un acuerdo marco el 9
de abril de 2012 se firmó un protocolo de intenciones entre la Consejería de Asuntos Sociales
de la Comunidad de Madrid, Delegación de Gobierno y los Ayuntamientos de Coslada,
Madrid y Rivas Vaciamadrid. El citado protocolo tiene como finalidad alcanzar un acuerdo
marco de contenido social para Cañada Real Galiana que tenga por objeto resolver todas las
cuestiones derivadas de la desafectación y destino de los terrenos, estableciendo un plan de
trabajo hasta el día 31 de julio de 2012 a través de reuniones semanales entre las
Administraciones firmantes del protocolo y los afectados representados por asociaciones
debidamente acreditadas.

Derecho de participación

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Como hemos señalado la Ley limita el derecho a la participación a las asociaciones
debidamente acreditadas, requisito de por sí confuso, ambiguo e indeterminado y contrario
al principio de interdicción de la arbitrariedad (art. 9.3 CE), excluyendo indebidamente del
proceso para la elaboración del acuerdo marco que se está desarrollando a todos aquellos
vecinos de la Cañada Real que ejerciendo su derecho constitucional a la libre asociación, no
desean formar parte de una asociación debidamente acreditada, o formando parte de ella
desean participar de manera directa. El derecho fundamental a la libre asociación reconocido
en el artículo 22 de la Constitución Española, comprende tanto la libertad positiva de
asociación como la negativa de no asociarse que protege al sujeto contra la asociación
obligatoria, según ha dictaminado el Tribunal Constitucional en la Sentencia 5/1981, entre
otras, en la que añade que “el derecho de participación reconocido por la Constitución en el
art. 27.7 está formulado sin restricciones ni condicionamientos y que la remisión a la Ley que
haya de desarrollarlo no puede en modo alguno entenderse como una autorización para que
ésta pueda restringirlo o limitarlo innecesariamente, y como esto es lo que indebidamente
hace (…). al exigir el cauce asociativo, hay que declarar que tal precepto es inconstitucional.”

Además el artículo 9 del texto constitucional obliga a los poderes públicos a facilitar la
participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. Más
concretamente, tanto la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid, Ley 9/2001 (art. 3), como
la Ley del Suelo estatal, aprobada por RD-Legislativo 2/2008, así como la Ley 27/2006, de 18
de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, de participación
pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente, reconocen los derechos de
acceso a la información y participación de las personas afectadas por planes, proyectos o
programas de contenido urbanístico y/o ambiental.

En definitiva, los/as habitantes de Cañada Real tienen derecho a participar en el plan de
trabajo que está teniendo lugar, así como cualquier otro proceso tendente a determinar el
destino del terreno que habitan, así como a ser informados de todo el proceso y consultar
todo tipo de informes, diagnósticos, estudios, etc., relativos al mismo.

Censo de fincas y ocupantes

La Ley ordena a los Ayuntamientos la realización, en el plazo de seis meses desde su entrada
en vigor, la realización de un censo de fincas y ocupantes. Tanto el censo de ocupantes y
fincas del tramo de Cañada Real Galiana perteneciente a Madrid, realizado por la Empresa
Municipal de Vivienda, y como a Rivas-Vaciamadrid, realizado por la asociación TRAMA, han
sido elaborados hace meses aunque aún no han sido publicados sus resultados. De esta
manera y de acuerdo a la Ley 12/1995, de 21 de abril, de Estadística de la Comunidad de
Madrid, se incumplen los principios de transparencia, homogeneidad, proporcionalidad,
difusión y publicidad de resultados, la obligatoriedad del suministro de la información así
como el rigor y corrección técnica, además de vulnerarse el derecho de los interesados al
acceso a los datos personales que figuren en directorios estadísticos y obtener la rectificación
de los errores que contengan, reconocido por la Ley 12/1989, de 9 de mayo, de la Función
Estadística Pública estatal, que a su vez dispone que los resultados deberán hacerse públicos
y ser ampliamente difundidos.


Los habitantes de Cañada Real no han podido tener acceso a los datos, que respecto a ellos y
las parcelas que ocupan, que figuren sobre ellos para su validación o rectificación, situación
que puede ocasionar graves perjuicios en caso de que en virtud del censo se adoptasen
acuerdos o resoluciones que no contemplasen sus condiciones reales como ocupantes de la
Cañada Real Galiana.

Requisitos de la legislación sectorial de las vías pecuarias: interés social o público y trazado
alternativo.

Como hemos dicho anteriormente la Ley 2/2011 obvia varios requisitos establecidos en la
Ley 8/1998 de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid a los que debe darse cumplimiento,
por lo que el acuerdo que se adopte finalmente para Cañada debe tenerlos en consideración.

Una de estas exigencias que no han sido tenidas en cuenta en la Ley de la Cañada Real
Galiana viene establecida en el art. 19.2 de la Ley 8/1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad
de Madrid que establece que “cuando no fuese posible la recuperación de los tramos
ocupados en los que se hubiera consolidado una afectación secundaria de dominio público,
diferente al uso pecuario definido en la presente Ley, el restablecimiento de la vía pecuaria
ocupada podrá hacerse preferentemente mediante un trazado alternativo que deberá en
todo caso garantizar el mantenimiento de sus características y la continuidad del tránsito
ganadero y de su itinerario, así como los demás usos compatibles y complementarios con
aquél.”

La creación de un trazado alternativo debería haber sido aprobado a la par que la
desafectación, lo cual no implica que su aprobación en virtud de la Ley 2/2011, exima del
cumplimiento de este presupuesto legal.

Por otro lado el art. 21.2 de la Ley de Vías Pecuarias, obliga a que los terrenos desafectados
sea exclusivamente destinados a actividades de interés social o público, considerando de
interés social o público actividades que redunden en beneficio del medio rural, conservación
de la naturaleza o educación medioambiental.

Derribo de viviendas

Según la información facilitada por el Ayuntamiento de Madrid en su página web, desde el
año 2007 se ha ejecutado el derribo de más de 250 edificaciones, muchas de ellas destinadas
a vivienda, mediante procedimientos de restablecimiento de la legalidad urbanística. El
Ayuntamiento de Rivas ha tramitado igualmente numerosos expedientes destinados al
derribo de viviendas, si bien no ha llegado a ejecutar ninguno de ellos. A pesar de que la Ley
2/2011 cambia completamente la calificación urbanística y naturaleza jurídica de los suelos
ocupados en Cañada Real como hemos visto, el Ayuntamiento de Madrid ha continuado
ejecutando derribos, actuación que choca con el requerimiento contenido en dicha Ley para
la obtención de un Acuerdo Marco entre Administraciones y vecinos, excluyendo además del
mismo a las personas afectadas por la demolición de viviendas que son discriminadas con
respecto al resto, vulnerándose el derecho de igualdad reconocido en el art. 14 de la
Constitución Española.

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2.3 Contexto medioambiental
Los pobladores de la Cañada Real Galiana, enfrentan una variedad de problemas
socioeconómicos que centran la preocupación principal de la mayoría de los vecinos, debido
a las diferentes razones que se han venido exponiendo, además de estos, y no con menos
nivel de importancia y/o magnitud de afectación se encuentran los problemas de carácter
ambiental a los cuales están expuestos los vecinos. Entre los principales se puede exponer:

En el territorio es usual en algunas zonas la presencia de residuos, basuras y escombros.
Algunos de estos son pertenecientes a las casas derribadas, los cuales no se recogen con el
fin de evitar que se pueda reconstruir en la misma parcela. Por otra parte la escasez de
contenedores y del servicio de recogida de las mismas, convierten a cada área derruida en un
foco de contaminación y una amenaza para la salud de todas las personas que se encuentran
allí asentadas.
Como se ha mencionado anteriormente, la mayor parte de La Cañada no está asfaltada, esto
hace que cuando llueve, la vía pecuaria sin asfaltar se convierte en un barrizal y las pocas
zonas asfaltadas, por su pésimo estado, se llenan de charcos profundos que tardan días en
drenarse. Esta situación dificulta la movilidad peatonal y el transito vehicular,
constituyéndose en un foco de suciedad e infecciones, contribuyendo en algunas zonas al
impacto visual degradado de la zona
En las cercanías del sector 6, se encuentra situado el Parque Tecnológico de Valdemingómez
(donde acaban la mayor parte de las basuras y desechos del municipio de Madrid) Recuerdan
sus habitantes, su instalación fue posterior al asentamiento poblacional. A pesar de ser uno
de los centros más sofisticados de la Unión Europea, por su sistema avanzado de
recuperación y reutilización de los desechos, se han producido diversas denuncias y
manifestaciones por parte de las/os vecinas/os por la contaminación del aire y
funcionamiento de las plantas. Al momento no se han realizados estudios sociosanitarios del
impacto de la planta de tratamiento de residuos en la población.
Es importante señalar que el Parlamento Europeo, mediante la Propuesta de Resolución
sobre una Europa que utilice eficazmente los recursos, aprobada recientemente, pide la
implantación gradual de una prohibición general de los vertederos de residuos a escala
europea y la eliminación progresiva hasta finales de esta década, de la incineración de
residuos reciclables y compostables.

2.4 Contexto socio-económico

Población con acceso limitado a los servicios básicos
El acceso a los servicios básicos a lo largo de La Cañada Real Galiana, es limitado y en algunos
casos ausente.

En cuanto al abastecimiento de agua potable y electricidad para las viviendas, no es realizado
por la administración sino que los propios vecinos han sido capaces de superar la
problemática organizándose para proveer de estos servicios a las viviendas de la zona.


En cuanto al transporte público, a lo largo de los 14 km lineales que conforman la Cañada no
hay presencia de ningún tipo de transporte público, la movilización interna la resuelve cada
vecino según sus condiciones (coche, bicicleta, motocicleta, caminando). El uso del
transporte público depende de la proximidad del sector a otros núcleos urbanos y a líneas de
autobuses interubanos, siendo en el caso del camino sin asfaltar del Sector 6 bastante
complicado.

En cuanto a la recolección de desechos y el alcantarillado, no hay suministro de ninguno de
estos servicios, con excepción de la recolección de desechos de una parte de la zona norte de
la Cañada, el resto de la población ha generado actividades propias de la autoconstrucción y
gestión para solventar las demandas de estas necesidades, recurriendo en algunos casos al
apoyo mediante vecinos; sin embargo, en otros casos los desechos son depositados en sitios
baldíos o en los alrededores de las propiedades, convirtiendo en escombreras expuestas,
cercanos a las viviendas y generando problemas ligados a la basura, de manera inmediata a
los vecinos.

Con respecto al alumbrado público, a lo largo de los 14 km de la Cañada Real, hay tendido
eléctrico, sin embargo es en algunos sectores en donde hay alumbrado, los sectores que
tienen más facilidad de este servicio son el 1 y el 2, los sectores 3, 4, 5 cuentan con algunas
farolas, sin embargo no es en todo el trayecto, lo que deja sectores a oscuras. El Sector 6
cuenta con farolas, que funcionan con precariedad, por tanto en la actualidad no hay
alumbrado público en este sector.

En cuanto al asfaltado y mantenimiento de los caminos, no hay participación de ninguna
administración competente en pro de tratar estos problemas en la zona. A lo largo de los 14
km el estado de la calle varía mucho según el sector y hay tramos más deteriorados que otros,
sin embargo, conforme se va acercando hacia el sur de la vía pecuaria, el camino está más
deteriorado.

Tráfico de drogas y delincuencia
A la luz de la opinión pública este se presenta como el principal problema presente en La
Cañada Real Galiana, pero es necesario acotar que es un problema presente en el Sector 6, a
lo largo de aproximadamente 1km. En los demás sectores de la Cañada Real Galiana (del 1 al
5), difiere significativamente a la situación que enfrentan los vecinos del Sector 6. Los vecinos
de este sector, se ven expuestos a las consecuencias que engloba esta actividad delictiva en
una zona muy puntual. En su diagnóstico, ACCEM y Secretariado Gitano (2010) exponen que
“el deterioro del espacio público […], la sensación de malestar, inseguridad y riesgo, la
percepción de vivir en un medio hostil y agresivo, son evidentes en este tramo de la Cañada.
Todo ello contribuye de manera clara al aislamiento y segregación social y territorial de la
misma”.

En la Comunidad de Madrid históricamente han existido núcleos de venta de droga que han
ido desplazándose territorialmente y que explican su llegada a Valdemingómez en el año
2005. Entendemos la cuestión de la droga como un problema general de la comunidad
autónoma al margen del territorio donde se ubique espacialmente el punto de su venta, pues
no es sólo la acción de venta el problema sino el consumo por parte de la población

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madrileña con sus repercusiones a la salud. Así pues, observando la movilidad de los puntos
de venta de droga a lo largo de los años de zonas como Villaverde (La Celsa), la Rosilla,
Barranquillas y ahora tras el paulatino desmantelamiento de estos, su ubicación en
Valdemingómez, observamos que las que esto provoca (tránsito continuo de vehículos que
acceden al lugar desde otros puntos de la región, la ubicación de los servicios de "Metabus" e
"Isidrobus" para la atención a las personas con problemas de drogodependencia en
Valdemingómez, inseguridad e insalubridad, conflictos personales derivados del síndrome de
abstinencia, restricción del uso del espacio público por parte de los habitantes y en especial
la población infantil, etc.) afectan sobre todo a los habitantes anteriores del asentamiento, y
se hace relevante en estos tiempos atender este problema social para determinar
actuaciones eficaces que atiendan el problema y no simplemente lo trasladen a otras zonas
como previamente ha sucedido.

Uso de las fuerzas por parte de los cuerpos de seguridad del Estado

Es a partir del año 2005 que dan inicio los procesos judiciales para derribos de casa,
realizándose el primero en el año 2007 correspondiente a la vivienda de un ciudadano
magrebí de nombre Abdul. Acontecimiento que ha venido repitiéndose constantemente
hasta la fecha.

Estos actos de derribos, no sólo son una carga emocional y física de las familias que los
enfrentan, sino también de sus vecinos que acompañan al afectado ante la situación, además
de que se encuentran en espera de que les llegue el turno de derribo de su vivienda, puesto
que la mayoría de los vecinos de la Cañada posee carta de notificación, motivo que provoca
la incertidumbre, ansiedad y malestar psicológico en los afectados, transmitiéndose a todos
los miembros de la familia, inclusive a los más pequeños, quienes ven sus estudios afectados
como parte del estrés emocional que les implica la situación.

Acompañado a esta carga psicológica, se suma el maltrato físico, que reciben las víctimas de
los derribos por parte de los agentes de seguridad del Estado que se encargan de realizar los
derribos. Se reportan casos de agresión y abuso del poder; tal como lo reseña Amnistía
Internacional en su portal 1 donde muestra diversas noticias informado acerca de los
procesos de derribo en la Cañada y el proceder de las autoridades al respecto.

Imagen estigmatizada de la población de la Cañada

Los medios de comunicación han dado a conocer la existencia de este asentamiento, sin
embargo fomentan en la sociedad una imagen negativa y generalizada para toda la Cañada,
indicando entre otras cosas, que corresponde al lugar principal de venta de droga de toda
Europa, situación que se aleja de la realidad y perjudica considerablemente a los pobladores
de la Cañada, ya que no sólo las personas externas al asentamiento se han creado un
concepto de peligrosidad y delincuencia de sus vecinos, sino que estos mismos han
interiorizado que esa imagen estigmatizada sobre ellos mismos, les limita para poder tener
acceso a derechos y condiciones básicas mínimas.


La diversidad de la población de la Cañada Real

La población de la Cañada Real se caracteriza por una gran diversidad que debe ser tenida en
cuenta en la concreción de la solución a la problemática de la zona. Las principales variables
que caracterizan esta diversidad poblacional se recogen a continuación.

La variedad de grupos étnicos y culturales es característico de la zona ya que conviven
personas españolas, magrebíes, gitanas españolas, gitanas portuguesas, gitanas rumanas,
“mercheras”, rumanas, latinoamericanas y otros países de África y la antigua Yugoslavia. Esta
variedad es una oportunidad de intercambio que se manifiesta en la convivencia. Los
vínculos sociales que predominan son los familiares aunque también existen vínculos
culturales y religiosos. La interreligiosidad viene marcada por la presencia de dos Mezquitas
(en los sectores 5 y 6) y que además son Centros Culturales Islámicos, dos Cultos Evangélicos
(sectores 3 y 6) y la Iglesia de Santo Domingo de La Calzada (sector 6).

Los reasentamientos en la zona han sido determinados en ocasiones por la presencia de
parientes en el lugar de destino por lo que las parcelas son compartidas por varios núcleos
familiares con parentesco entre sí. La participación en las asociaciones vecinales ha
favorecido la superación de las problemáticas de la zona, sin embargo la mayor parte de la
población no está asociada.

La gran mayoría de las construcciones de la Cañada tienen un uso residencial. Encontramos
diferentes tipos de viviendas como son los conjuntos de casas distribuidas en torno a un
patio interior en una misma parcela, casas bajas con puerta a la vía, edificaciones de 2 y 3
pisos, chalets, casas de campo rodeadas de finca y una pequeña minoría de chabolas. Así
mismo, la mayoría de las viviendas disponen de los servicios básicos (agua, luz, saneamiento,
etc.) aunque otras no.

Respecto a las formas de tenencia de las parcelas, la mayoría de la población se considera
propietaria de la vivienda ya que muchos han pagado grandes cantidades por la parcela a su
anterior ocupante y construido su propia vivienda. También existen casos de alquiler de la
vivienda o de cesión. Hay personas que teniendo casa en la Cañada ahora residen en otros
barrios de Madrid y personas que tienen varias viviendas bien dentro de la Cañada o fuera.

La situación económica de las familias es diversa ya que en algunas trabaja un miembro de la
familia, en otras los dos progenitores y en otras ninguno. La gran mayoría de ellos está en
situación de desempleo, y la minoría restante sobrevive trabajando en empleos mal
remunerados o bajo situación de precariedad laboral. Muchas personas expresan no poder
pagar una vivienda en barrios de Madrid; otras proceden de desalojos o núcleos chabolistas
de Madrid (La Quinta, Pitis, Barranquillas, El Salobral, etc.). Esto hace que algunas personas
se sientan capaces de comprar su vivienda en Cañada y otras no.

Un alto porcentaje de familias que habitan la Cañada, principalmente de los sectores 3, 4, 5 y
6, reciben la Renta Mínima de Inserción (RMI) u otras prestaciones sociales, siendo en
algunos casos la única fuente de ingreso familiar (ACCEM y FSG, 2010).

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Hay personas que trabajan en actividades vinculadas a la economía sumergida, como son la
venta ambulante, recolección y venta de chatarra, servicio doméstico, constructores y
albañiles, y el narcotráfico en el tramo de Valdemingómez.

Esta variedad de situaciones socioeconómicas se refleja también en el acceso a recursos
jurídicos, ya que hay familias que no pueden asumir los costes de los procesos jurídicos
abiertos para el derribo de las casas.

La experiencia laboral de muchas personas residentes en Cañada se vincula principalmente a
actividades como la construcción y el cuidado del hogar, aunque también a talleres
mecánicos, hostelería, pocería, peluquería,…Muchas personas proceden de entornos rurales
por lo que tienen amplios conocimientos en el ámbito de la agricultura y la ganadería que se
reflejan en la existencia de numerosos huertos y el cuidado de animales en la Cañada.

Con respecto a la educación formal nos encontramos con diversidad en cuanto al nivel
educativo alcanzado por las personas. Hay zonas en las que hay altos índices de
analfabetismo entre la población adulta, sin embargo hay muchas personas que han tenido
acceso a la educación obligatoria y algunas han estudiado bachillerato y carreras
universitarias. La población en edad escolar está en su mayoría escolarizada aunque hay
casos de absentismo escolar.

Estas variables van a determinar los intereses de la población con respecto a la Cañada, por
lo que deberían ser tenidas en cuenta a través de la participación de la población de la
Cañada en la elaboración del plan social que defina una solución integral a la problemática
de la Cañada Real.


3. Por qué un Plan Integral Participativo

En este apartado explicaremos la relevancia que tiene el enfoque de las metodologías
participativas en los procesos de intervención social, y las razones por las cuales la
consideramos más adecuadas a un contexto complejo como el de La Cañada Real. Partimos
con un acercamiento al concepto de participación, luego reseñaremos las razones de por qué
es este tipo de intervención la que resulta más idónea para plantear las soluciones a las
distintas dificultades que se presentan en La Cañada Real, para finalmente señalar algunos de
los aspectos positivos, consecuencia de la aplicación de estas metodologías.

¿Qué es participación?

Sobre el concepto participación existen múltiples definiciones, sin embargo a continuación
señalaremos aquellas que para la propuesta presente nos parecen más pertinentes.

En términos generales se puede decir que participar es formar parte de algo y que
participación es el proceso mediante el cual la ciudadanía interviene, individual o
colectivamente, en las instancias de toma de decisiones sobre asuntos públicos que le afectan
en lo político, social o económico (Cunill, 1997). Ernesto Ganuza (et al, 2010) define un
proceso participativo como la toma de decisiones por parte de los afectados por un
determinado problema en vistas a una acción colectiva para actuar sobre dicho problema
desde la racionalidad y la sencillez superando la mera negociación de intereses o la
propuesta.

Se consideran cuatro niveles sobre los que hay que trabajar y avanzar para conseguir un
proceso de desarrollo auténticamente participativo:

 Información
 Consulta
 Decisión
 Corresponsabilidad

Es relevante señalar que la participación está orientada a la transformación social. Son los
propios afectados por la problemáticas, los que mediante su acción producen cambios que
con llevan a un aumento de calidad de vida, al construir propuestas de solución para
satisfacer sus necesidades e influir en la respuesta de sus problemas.

¿Por qué intervenir desde el enfoque de las metodologías participativas en la problemática
existente en la Cañada Real Galiana?

En apartados anteriores se hace referencia a la multiplicidad de variables que inciden en la
complejidad de las problemáticas sociales de La Cañada Real. La tarea de solventar un tema
complejo como es el futuro de la Cañada es multidimensional ya que implica problemáticas y
soluciones a nivel urbanístico, legal, social, medioambiental, educativo, de desarrollo
económico, sanitario, comunitario, etc. Es por ello que es necesaria “una intervención de
carácter integral e integradora, donde cada problema no obtendrá resolución satisfactoria si

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no se resuelven otros problemas de forma simultánea. La perspectiva holística y sistémica
incide en que los problemas que sufre una comunidad, como los recursos que
potencialmente posee para hacer frente a esos problemas, no puede ser considerados de
forma parcial o sectorializada, sino integral, transversal y estructurante". (Alguacil et. Al)

Se trata de, más que introducir exclusivamente elementos externos con el fin de modificar la
realidad del barrio, aprovechar las propias energías internas para crear sinergias con las
aportaciones externas, y originar procesos emergentes, nuevas formas y resultados en los
que el todo sea más que la suma de las partes. Desde esta forma de trabajar se propone un
encuentro entre dos tipos de conocimiento: el conocimiento técnico, y el saber de la
comunidad. Es decir, que la construcción de las soluciones no viene determinada solo por
expertos o técnicos, sino también por los demás actores conocedores de la situación, desde
su cotidianidad.

El concepto de proceso, imprescindible en el paradigma de la participación y la complejidad,
aporta numerosas estrategias encaminadas a la construcción de redes de apoyo, conexiones
de compromiso y corresponsabilidad entre los distintos niveles de compromiso, orientación a
la praxis, y trabajar el sentimiento de pertenencia -"orgullo" de barrio-. Por lo tanto, los
procesos participativos arrancan de la red de actores implicados, ya sean miembros de la
comunidad sin organizar, asociaciones, entidades externas presentes en el territorio y
administraciones con competencias. Éstas deben coordinarse y colaborar en la intervención
para el cambio, desde la planificación, programación, ejecución y evaluación. Nos
planteamos, por tanto, un enfoque metodológico dirigido hacia la transformación y la
superación de problemas sociales locales que exige implicación y compromiso desde todo el
conjunto social. "Se trata de establecer procedimientos en los que el conjunto de los actores
cooperan en el aprendizaje para controlar y gobernar los procesos en los que se encuentran
sumergidos" (Algualcil et. Al)

La metodología participativa conduce a la comunidad con el fin de conocerse a analizarse y
reflexionar sobre sí misma. El proceso parte desde preocupaciones que dan cuenta de una
problemática que afecta, ocupa y preocupa a los diferentes agentes implicados a lo largo de
todo el proceso; se trata de inducir a una participación activa de todos aquellos actores
implicados.

Los procesos de este tipo son de reflexión sobre las causas de las problemáticas a través de la
implicación en situaciones en las que todos aprendan de todos para así plantear soluciones
coherentes. Es importante destacar el carácter dinámico de las problemáticas que se
presentan en la sociedad y, por tanto, la necesidad de redefinirlas de forma participada, en
cuanto a que de esta forma se trata de atender a la complejidad de intereses, actores y
relaciones. Lo anterior nos lleva a enfatizar la importancia de la continuidad del proceso
participativo. Para conseguirlo, un proceso participativo requiere de distintos momentos
claves, donde los miembros de la comunidad afectada deben tomar parte activa.

Esta metodología se ha mostrado muy efectiva para implicar a los ciudadanos en procesos
comunitarios, reduciendo la resistencia a los cambios, ya que genera un "gran sentimiento de
satisfacción en las intervenciones resultantes" (Alguacil et al.). Por ello, es importante tener
en cuenta la complejidad social de la Cañada, y la diversidad de colectivos y grupos. Una


correcta implicación de miembros activos de la comunidad en la toma de decisiones del
futuro del barrio es clave para la prevención de conflictos sociales, tanto dentro del barrio,
como en los posibles lugares que acojan a actuales habitantes de la Cañada. Y a su vez, esta
implicación puede constituir una buena política preventiva de dinámicas de exclusión y
empobrecimiento de los colectivos más vulnerables socialmente.

La lógica subyacente a todo proceso participativo indica que conseguir hacer partícipes a los
vecinos pronostica mayor implicación con el desarrollo y el mantenimiento del barrio.
Partiendo de la premisa de que los mayores conocedores de la realidad de un barrio son las
personas que lo viven y habitan, las soluciones que tengan en cuenta en todo momento sus
opiniones, puntos de vista y necesidades, conseguirán un mayor éxito. Y esto, sin duda, es un
sano ejercicio de la democracia y de las políticas públicas, en materia de intervención,
prevención e implementación de planes.

¿Qué beneficios se obtienen con la participación?

La aplicación de esta metodología vendría además justificada por los mejores resultados que
se observan en los criterios de evaluación de proyectos de desarrollo. Así, distintos autores
provenientes de diversas disciplinas de las ciencias sociales, como el antropólogo Norman
Uphoff, el sociólogo Julio Arnanz defienden la aplicación de esta metodología por los
resultados que genera en base a los siguientes criterios: eficiencia, equidad, delegación del
poder, pertinencia, eficacia, impacto, viabilidad y sostenibilidad y coherencia.

La participación crea un mayor empoderamiento de la comunidad, multiplicando la
efectividad de los proyectos. Las personas deben estar implicadas en todo el proceso desde
su definición, planificación hasta su ejecución, basándose problemáticas locales. Esto
fomenta el sentido de pertenencia y apropiación haciéndose participes y corresponsales del
proceso. "Los objetos de investigación pasan a ser sujetos pensantes y negociadores de la
acción" (Alguacil et al.).

La participación disminuye los niveles de resistencia a la intervención, que al ser considerada
como propia, reduce las trabas para poder diseñar políticas eficaces y sostenibles en el
tiempo.

Por otra parte, la práctica continua de la participación da resultados positivos como la
elevación de la autoestima individual y colectiva, potencia a los grupos desfavorecidos, hace
crecer su confianza en sus propias capacidades, y contribuye a su articulación, facilitando el
surgimiento potencialidades de la comunidad, contribuyendo a superar niveles de exclusión
social en contextos de vulnerabilidad.

Las comunidades pueden no tener recursos económicos, pero tienen un capital social, esto
es: valores compartidos, cultura, tradiciones, sabiduría acumulada, redes de solidaridad y
expectativas de comportamiento. Cuando se logra poner en marcha este capital social los
resultados pueden ser productivos, y pueden suponer un importante ahorro de recursos a la
administración cuando se contemplan desde la perspectiva del desarrollo local.

En resumen, los principales beneficios que se obtendrían con una intervención social con
metodologías participativas serían las siguientes:

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 Identificación más ajustada de los intereses, necesidades, preocupaciones de los/as
afectados/as por la problemática.
 Movilización de los recursos propios de la comunidad (conocimientos, tiempo, capital
social, etc.) repartiéndose las responsabilidades entre los distintos agentes
implicados en la toma de soluciones.
 Diseños más adaptados y sostenibles por la apropiación de los programas por parte
de los/as afectados/as como suyos.
 Prevención de consecuencias desfavorables que aparecen posteriormente en las
fases de ejecución y mantenimiento de programas de intervención no participativos.
Además, esto supone una inversión mayor a largo plazo para paliar las problemáticas
surgidas por llevar a cabo una intervención sectorializada y no integral.
 Con respecto a esto último, pero también relacionado con los puntos anteriores, una
intervención participativa conlleva una disminución de costos, principalmente de
recursos económicos y técnicos.

Por último, creemos importante señalar que los apartados que aparecen a continuación,
relacionados con las propuestas demuestran que sería la intervención con metodologías
participativas la más pertinente para el establecimiento de las soluciones para la Cañada
Real. Este informe resulta un ejemplo de que existen colectivos organizados (entidades
externas y asociaciones de vecinos/as) y colectivos no organizados que a través de distintas
iniciativas de planes sociales han estado implicándose en la construcción de las diversas
soluciones para la Cañada Real.

Organismos internacionales que validan la participación y otros procesos que han resultado
con éxito

En actualidad gran parte de los organismos internacionales incluyen la participación también
como elemento de desarrollo y en algunos casos ha sido institucionalizada como política
oficial. El departamento de políticas del Banco Mundial ha diseñado estrategias a largo plazo
en las que incluye a las comunidades afectadas por los planes de desarrollo aplicados,
alegando que deben ser incluidas en la toma de decisiones. Por otra parte la Organización de
Naciones Unidas fomenta la participación como eje fundamental para la cooperación técnica;
el PNUD destaca en el año 1993 que “la participación es un elemento esencial en el
desarrollo humano” y que la gente “desea avances permanentes hacia una participación
total”.


4. Descripción del proceso realizado

La Aldea Social es una asociación que viene trabajando en la Cañada Real desde el año 2008
en intervención social y desarrollo local con un enfoque basado en metodologías
participativas y empoderamiento comunitario. Ha realizado diversas actividades:
diagnósticos comunitarios, capacitación en cuestión de derechos poblacional, gestión de
trámites, acompañamientos jurídicos y psicológicos de la población, como también difusión
en diversos espacios (Universidades, Centros Sociales, etc.) de la situación de la Cañada Real.

A raíz del nuevo escenario que se abre con la aprobación de la ley en Marzo de 2011 que
marca el establecimiento de un acuerdo marco entre los agentes implicados, y en base al
trabajo realizado por Aldea Social de escucha de las inquietudes, preocupaciones y deseos de
los/as vecinos/as de distintos sectores en estos últimos años, se decide junto al máster de
participación de la UCM abrir un proceso de trabajo conjunto orientado a dar inicio a un plan
integral participativo, con la finalidad de facilitar la implicación de la base poblacional en la
toma de decisiones en torno a la situación de la Cañada Real y su incorporación en la mesa
de negociaciones. De esta manera se abre un trabajo entre:
 vecinos/as asociados y no asociados de los sectores 3, 4 y 6
 entidades que trabajan en la Cañada
 expertos/as en diversas áreas (urbanismo, medioambiente, economía, etc.)

El objetivo principal del inicio de este proceso era debatir y crear propuestas viables que den
solución a las diversas problemáticas, inquietudes e intereses que nos encontramos en estas
zonas.

El trabajo de campo realizado desde noviembre de 2011 en los sectores 4 y 6 ha consistido
en:
 Reuniones informativas con vecinos/as sobre el proceso de ley y negociación en el
que se encontraba la Cañada.
 Acompañamiento a vecinos/as a reuniones con administraciones,
 Reuniones informativas y acompañamiento en el proceso de empadronamiento de la
población del sector 4.
 Grupos de conversación informal acerca de las preocupaciones e intereses sobre el
futuro de La Cañada.
 Reuniones de coordinación entre entidades
 Entrevistas a expertos/as temáticos.
 Sistematización de las reuniones tenidas con la administración, y
 Sistematización de la información secundaria que se ha ido recopilando a través de
Informes-diagnósticos realizados.

Como continuación de este proceso se planteó la presentación de la información recopilada y
el esbozo de propuestas acerca de los temas relevantes para la solución integral de La
Cañada, (urbanísticos, económicos, legales, medioambientales y sociales).

25


Ante la publicación del Protocolo de intenciones entre la Consejería de Asuntos Sociales, la
Delegación del Gobierno en Madrid y los Ayuntamientos de Madrid, Coslada y Rivas-
Vaciamadrid sobre el plan de trabajo para alcanzar un Acuerdo Marco de contenido social en
la Cañada Real Galiana que establece como fecha límite de negociación el 31 de Julio de 2012,
se remarcó la necesidad inmediata de empezar a crear espacios que pudieran propiciar la
construcción vecinal de propuestas que fueran consideradas por parte de las
administraciones en el proceso de negociación. Esto se concretó en dos líneas de acción:

 Trabajo con técnicos de entidades externas que se inició con la presentación de esta
iniciativa realizada en la reunión de técnicos/as que tuvo lugar el mes de abril en la
Parroquia de Santo Domingo de la Calzada (Valdemingómez), estableciendo un plan
de trabajo entre las entidades para llevar a cabo los siguientes meses.

 Trabajo con la población de la Cañada en los sectores IV y VI para lo que se optó por
realizar unas jornadas de devolución de la información clasificándola por áreas
temáticas.

A continuación se detalla el proceso seguido:

1. Jornadas informativas y de debate de las problemáticas y las propuestas presentadas:

Los días 9, 10, 14 y 18 de Junio se realizaron las presentaciones de los estudios recopilados y
de las distintas propuestas. En base a éstas se estableció un debate que concluyó con la
formación de grupos de trabajo de propuestas.

Ejemplo de diagnóstico tratado en los talleres


Ejemplo de propuestas presentadas

2. Grupos de trabajo de reflexión y de construcción de propuestas

- 12 de Junio: Grupo de trabajo de Titularidad del Suelo en el S.IV.

- 13 de Junio: Grupo de trabajo de Titularidad del Suelo en el S. IV.

- 14 de Junio: Grupo de trabajo de Titularidad del Suelo en el s. IV.

- 14 de Junio: Grupos de trabajo sobre la remodelación y realojo in situ del camino asfaltado
del sector VI.

- 15 de Junio: Grupo de trabajo de remodelación en el S. IV.

- 18 de Junio: Grupo de realojo en el camino sin asfaltar del S. VI.

3. Jornadas de presentación y debate de las conclusiones preliminares

16 de junio: se realizaron las jornadas de presentación y debate de las conclusiones extraídas
de los grupos de trabajo de debate y construcción de propuestas, en los sectores IV y VI
(camino asfaltado).

27


Jornada de presentación en el camino sin asfaltar

4. Jornada de presentación en el Foro Social de Rivas

23 de junio: Se organizó una presentación pública de estas propuestas en un acto que tuvo
lugar en la Casa de Asociaciones de Rivas, inscrito en el marco del Foro Social de Rivas. Los
objetivos de esta convocatoria eran:
 Presentar públicamente (a las Administraciones, a los vecinos y vecinas de los
municipios aledaños y a la propia comunidad vecinal de Cañada Real) las
conclusiones preliminares acerca de las jornadas realizadas en La Cañada
 Propiciar espacios de debate comunitario.

A continuación, se establece una descripción acerca de las diferentes propuestas temáticas
que se trabajaron con la comunidad, que no pretenden ser definitivas, sino que como se
mencionó anteriormente son el inicio de un proceso que incluye diversas propuestas que
requieren de una continuidad en su elaboración, reflexión y priorización a través de la
constitución de estos grupos de trabajo, y la posterior puesta en común en asambleas
abiertas a todas las personas interesadas.


5. Propuestas Integrales Participativas para la Cañada Real

5. 1 Propuestas Urbanísticas

 Remodelación del asentamiento, construyendo un eco-barrio

Desde todos los enfoques analizados, la regularización de las viviendas existentes en Cañada,
al menos de su mayor parte, es la opción más viable, sostenible, satisfactoria y demandada
por la población de Cañada. A su vez debe atenderse las preferencias de otro número de
habitantes de Cañada que se manifiestan favorables a otras alternativas como el realojo,
demanda que hay que resolver, además de permitir la obtención de suelo para la opción de
remodelación, ya que quedarían vacantes esas parcelas para otros usos.

No obstante, entendemos la regularización dentro de un proceso de remodelación
urbanística que debe ser planificada, gestionada y ejecutada con participación de las
Administraciones implicadas y los habitantes de la Cañada. Esta propuesta goza de la
aceptación de habitantes, colectivos y entidades que actúan en Cañada, como refleja la
propuesta vecinal de rehabilitación urbana de los sectores 1, 2, 3, 4 y 5 el Plan Cañada
elaborado por Todo por la Praxis, o el Plan Social Integral Participativo de la Asociación
vecinal Al Shorok-Amanecer diseñado urbanísticamente por Arquitectos Sin Fronteras.

El Plan Cañada (Todo por la Praxis, 2012) cifra en un coste muy inferior la remodelación
urbanística de la Cañada Real y rehabilitación de las viviendas, en relación con las inversiones
necesarias para el desmantelamiento del asentamiento que incluiría, el coste de derribo de
edificaciones, desescombro, recuperación del suelo y reforestación y realojo en nuevas
viviendas. El presupuesto estimativo calculado para 400 viviendas del coste de
desmantelamiento y realojo ascendería a más de 66 millones de euros, mientras que la
remodelación y recuperación urbana supondría 30 millones de euros.

Además, en el coste total de la operación deben considerarse las compensaciones o
indemnizaciones que corresponderían a los actuales ocupantes de Cañada en resarcimiento
de los derechos adquiridos sobre el territorio como consecuencia de la tolerancia y pasividad
de las Administraciones durante décadas, permitiendo la construcción de viviendas y los
gastos derivados de vivir en la Cañada Real, evidenciado en prácticas como el reconocimiento
de la condición de suelo urbano de Cañada en el Impuesto de Bienes Inmuebles y que se ha
venido recaudando a parte de los habitantes, o indemnizaciones que se han venido
concediendo a otros habitantes por la expropiación de terrenos para la construcción de
infraestructuras como la vía de alta velocidad Madrid-Barcelona o la M-50. La inacción
pública abre la vía al ejercicio de acciones legales de reclamación de responsabilidad
patrimonial contra las Administraciones, que dentro de un acuerdo participado con los
habitantes de la Cañada Real podrían ser compensadas con la regularización o facilitación de
realojos en otras viviendas.

29


La Rehabilitación

La opción de remodelación requiere de una fase previa de estudio detallado sobre el terreno
para cada vivienda y parcela, que diagnostique la viabilidad y coste de la remodelación de
cada unidad dentro de su contexto espacial y en función de diferentes criterios como el
grado de idoneidad constructiva actual o alcanzable mediante la rehabilitación de las
mismas, los niveles de cumplimiento con las condiciones de habitabilidad exigidas, o la
superficie actual de las viviendas y parcelas en que se asientan y su proyección futura en
función de los parámetros que se estipulen para el territorio.

Teniendo en cuenta estos factores, se propone la rehabilitación de las viviendas para dotarlas
de las condiciones exigidas por la normativa urbanística y de edificación, bajo criterios socio-
urbanos (distinción de tipologías y usos, especificación de parámetros de parcelas mínimas y
máximas, alturas máximas, etc.), de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética.

Atendiendo al diagnóstico de partida, el asentamiento requiere a su vez la dotación de
equipamiento urbano (red de alumbrado y saneamiento, asfaltado de la vía y dotación de
redes públicas, red telefónica, etc.) y servicios públicos (trasporte público, comercios, plazas
y espacios públicos, escuelas, centros sociales y de salud, etc.) necesarios. El viario central
existente en la actualidad requiere a su vez una adaptación que permita la circulación de
vehículos y viandantes en condiciones óptimas (Todo por la Praxis, 2012).

Reordenación y remodelación del barrio

En función de las diferencias morfologías que presentan los distintos tramos de Cañada
descritos en el diagnóstico, se observan actuaciones de integración del territorio
perteneciente a la Cañada a través de la trama viaria (mediante accesos como calles,
rotondas, pasarelas u otras infraestructuras) de los núcleos colindantes ya consolidados o
futuros, como es el caso de El Cañaveral y Los Cerros en el término municipal de Madrid, o
Covibar, El Cristo de Rivas y La Fortuna en el municipio de Rivas.

La remodelación de los nuevos viales de conexión requiere un estudio previo que atienda en
la medida de lo posible el suelo desocupado o que resulte libre por los habitantes que deseen
acogerse a la opción de realojo. La creación de un vial lateral a la actual línea de
edificaciones, como el que se está construyendo en el municipio de Rivas-Vaciamadrid
(barrio de la Fortuna) permitirá la conexión e integración con las tramas urbanas
consolidadas, además de facilitar la regulación de diferentes direcciones de circulación
atendiendo a la vía central de la Cañada Real.

Los espacios libres mencionados, a su vez, permitirán ubicar los equipamientos y dotaciones
públicos futuros así como las zonas verdes requeridas (Todo por la Praxis, 2012)

Los tramos de Cañada que quedan separados de áreas urbanas próximas (tramo del sector 4
entre la línea del AVE y M-50, tramo del sector 5 colindante con la A-3 y el sector 6), cuentan
con menos facilidades sobre el terreno para lograr el acceso a los servicios necesarios para
una vida plena ya establecidos en otros entornos, requiriendo de medidas encaminadas a la
dotación de equipamientos públicos en el terreno (centros de salud y educativos,
equipamientos culturales, de ocio y deportivos, bibliotecas, espacios sociales –ya sean en


edificación o al aire libre-, etc.), así como de espacios destinados al pequeño comercio de
proximidad (locales comerciales, mercados o mercadillos al aire libre).

Sin embargo estas zonas, al situarse en el margen de entornos no urbanizados, presentan dos
grandes oportunidades de actuación estratégica. Por un lado, la existencia de suelo no
urbanizado en sus márgenes permite la ampliación del ancho que ocupa la Cañada para un
reordenamiento no lineal del nuevo barrio, creando líneas de edificación paralelas que
posibilitarían reubicar las viviendas (realojo in situ) que se vean afectadas en el
reordenamiento (viviendas cuya demolición fuese aconsejable como consecuencia de su
reducido tamaño o por la construcción de viales u otras infraestructuras o servicios sobre su
suelo, etc.), así como equipamientos y servicios.

Por otro lado su baja densidad edificatoria e integración en entornos no urbanizados,
convierten a estos tramos en potenciales espacios de transición y conexión entre los núcleos
urbanos y el entorno rural, abriendo la posibilidad de intervenir en la recuperación de zonas
que se han visto dañadas durante décadas de agresiones ambientales.

 Realojo voluntario participativo

El realojo es otra propuesta a tener contemplada para la toma de solución de la Cañada Real
por varios motivos, el primero de ellos es porque así lo solicitan algunos/as vecinos/as de los
distintos sectores de Cañada; el segundo porque para que la reordenación y remodelación
urbana de Cañada que se propone según zonas sea viable será necesario contar con espacios
en los que existen casas y por tanto, las personas afectadas tendrán que ser participes de la
solución que se dé a su reubicación o realojo; y tercero, a nivel estructural existen distintos
condicionantes físicos en el territorio que dificultan la habitabilidad en algunas zonas.

En relación al primer motivo, son distintos los discursos escuchados a la gente con respecto a
la propuesta de realojo en los talleres realizados en el Sector 4, en el camino asfaltado del
Sector 6 y el camino sin asfaltar del Sector 6. Estos discursos además se hallan relacionados
con los condicionantes físicos de cada zona de Cañada. Así existe una relación directa entre
peores condiciones de habitabilidad de la zona y mayor porcentaje de población que solicita
un realojo fuera de Cañada. De esta manera nos encontramos que la proporción de personas
que solicitan el realojo en el sector 4 es menor que en el camino asfaltado del sector 6 y a su
vez en esta zona es menor que en el camino sin asfaltar del sector 6. En este sentido sólo nos
hemos encontrado con una tendencia mayoritaria a querer ser realojados en el camino sin
asfaltar debido a distintos factores, las condiciones de habitabilidad de las casas: “vivo en una
casa que no tiene tejado”; “mi casa es de chapa y madera y tengo muchas goteras”, “no
tengo ni luz, ni agua”; las condiciones físicas de la zona como el aislamiento: “estamos muy
lejos del metro”, “para poder ir al médico o a recoger el correo tengo que tener coche o
andar durante horas”; la planta de tratamiento de residuos: “algunas tardes es imposible
salir a la calle por el olor que se desprende”, y las condiciones urbanas “con el barrizal que se
forma en el camino a veces ni podemos caminar”, “el cableado de la luz va por el suelo y es
peligroso para los niños”. Con respecto a la zona asfaltada, los principales motivos que
manifiestan para querer marcharse son el trafico de drogas “la zona de la droga hace que no

31


puedas pasar por allí a determinadas horas”, “yo no quiero que mis hijos crezcan en este
entorno”. Aunque un porcentaje alto de personas que acudió a los talleres manifestó su
deseo de quedarse, remodelando la zona. Con respecto al sector 4, el porcentaje de personas
que manifestó su deseo de ser realojado era minoritario. Las razones que se dieron para
solicitar el realojo hacían referencia a las condiciones de poca habitabilidad de las viviendas
en las que residían.

Valoraciones a considerar en un proceso de realojo: ¿Por qué no es recomendable un
realojo sin la participación en el diseño de este de las personas implicadas en este proceso?

Con respecto a la propuesta de realojo que en este informe se realiza, es importante aclarar
que esta ha sido trabajada tanto con expertos/as en esta materia (entrevistas realizadas a ex
trabajadores del IRIS, trabajadores sociales de la C.A.M y entrevista y participación en los
talleres de un abogado especialista en materia de urbanismo), técnicos/as que trabajan en
Cañada y vecinos/as de las zona antes mencionadas.

En este sentido se han podido extraer algunas conclusiones preliminares a tener en cuenta
en el proceso de realojo que se ponga en marcha en la Cañada Real.

En primer lugar, los expertos/as consultadas en esta materia así como estudios revisados1,
señalan que algunos de los fracasos de los realojos de estas últimas décadas están ligados a
problemas no previstos dentro de la fase de planificación del realojo. Encontrándose
posteriormente con consecuencias negativas de diversa índole que hacen que el proceso de
realojo sea más costoso. Algunas de las consecuencias mencionadas son las siguientes:

 Mal uso de espacios comunes
 Falta de civismo
 Denuncias y agresiones físicas y verbales.
 Ruptura de redes familiares y de confianza
 Imposibilidad de ejercer sus actividades económicas
 Pérdida de libertad de movimiento
 Problemas de distancia con la familia
 Inserción laboral dificultada
 Conflictos con el vecindario
Todo esto ha conllevado a largo plazo una inversión económica mayor por parte de las
administraciones para paliar las consecuencias negativas de los errores que no se han previsto
en la fase de planificación. Estos errores se deben en una parte importante a la no inserción y
participación durante esta fase de la población afectada por el realojo. En este sentido, la
involucración por parte de los vecinos/as en las condiciones del realojo es una cuestión
fundamental para un mayor éxito de éste, ya que así lo demuestran experiencias de realojo
como Palomeras (Vallecas) en los años 1980. Además, así se ha realizado en algunas
ocasiones en las que se han negociado los criterios de los “convenios-programa” de los
realojos con vecinos/as involucrados.

1
Tesis Doctoral: Nogués Sáez, Luis (2010). “Exclusión residencial y políticas públicas: El caso de la
minoría gitana en Madrid 1986-2006”


En esta dirección se ha trabajado principalmente con vecinos/as las siguientes condiciones en
base a los criterios no negociables que se establecen para ser o no beneficiario de un realojo
(ej.: tener otra propiedad inmueble, haber sido adjudicatario de una vivienda de realojo en
los últimos años, etc.). En base a estos criterios se han trabajado las siguientes cuestiones a
tener en cuenta a la hora del realojo:
- Tipología de vivienda: Unifamiliar o piso.
- Lugar del realojo: Se han contemplado distintas opciones de realojo en zonas aledañas
que podrían ser viables, sobre todo en cuestiones de participación en el diseño y
planificación de las viviendas:
Los Cerros: al estar siendo revisado el plan parcial de este desarrollo urbanístico
puede ser una oportunidad para llevar a cabo un desarrollo y planificación
urbanísticas en el que sean partícipes todos los actores involucrados en el realojo
(Vecinos/as, Administraciones y técnicos/as)
Valdecarros: El desarrollo urbanístico al contemplar distintas tipologías de
vivienda (unifamiliar, pisos en altura) y su cercanía tanto a Cañada como a los
centros de salud y enseñanza de las unidades convivenciales supone otra zona a
valorar.

- Tipo de realojo: Disperso vs. En comunidad.
En este sentido, las investigaciones citadas previamente coinciden en afirmar que
tanto los realojos dispersos como en los que se ha realojado en comunidad han
traído consecuencias negativas. En el primero de ellos las consecuencias
negativas que se producen se han comentado al comienzo de este epígrafe y
principalmente están referidos a la ruptura de lazos de supervivencia y familiares
que conlleva otra serie de problemáticas asociadas. En el segundo de los casos se
ha observado la amenaza de la formación de guetos. Los discursos recogidos de
vecinos/as en los talleres señalarían que hay personas que prefieren un tipo de
realojo disperso y otras en familias extensas o comunidades pequeñas. Un
modelo mixto e integrado en el que se tengan en cuenta también junto a que
unidades convivenciales se querría ser realojado y por qué sería otro criterio a
tener en cuenta.
- Ubicación de los colegios de los/as hijos/as: Este es un criterio que han señalado los
vecinos/as a tener en cuenta a la hora de elegir la zona del realojo, ya que por algunas
familias se considera una prioridad el poder mantener a sus hijos/as en los colegios que
están matriculados

- Inserción laboral: En este sentido se ha señalado importante para la tipología de la
vivienda que se tenga en cuenta las profesiones que desarrollan las personas realojadas, así
por ejemplo, en el caso de chatarreros, que las viviendas donde sean realojados tengan
lugares donde puedan depositar ésta, para por tanto poder seguir desarrollando su
profesión. Además, se señala como importante crear un plan de inserción socio-laboral para
aquellas que se encuentren en paro.

33


- Flexibilidad en los pagos: En este sentido se ha solicitado que se acoten los pagos a la
renta.

- Junta de compensación: Que consistiría en indemnizar económicamente a aquellas
personas que de una casa unifamiliar pasan a vivir en pisos, puesto que supone un agravio.

En último lugar, con respecto a esta propuesta es importante señalar que uno de los
problemas de la ausencia de acompañamiento posterior al realojo, son las limitaciones
económicas de las personas, y que al estar en condiciones de formalidad habitacional deben
de cubrir los gastos de su vivienda, y existen casos en los que no se cuentan con ingresos que
permita satisfacer esos gastos. Por tanto un programa de vivienda aislado de un plan de
acompañamiento social no es sostenible y puede llevar a la población a tener complicaciones
socioeconómicas en el proceso que puede desembocar en la pérdida de la vivienda por
incumplir con pagos establecidos.

5. 2 Propuestas Jurídicas

 Modelo de cogestión público-vecinal

Titularidad mixta de los terrenos

Se propone la coexistencia de varios modelos de tenencia legal del suelo, pública, privada y/o
comunitaria, atendiendo a las diferencias socioeconómicas y de usos existentes en el
territorio, que garantice la accesibilidad e igualdad a la vivienda de los actuales habitantes.

Las amenazas y dificultades detectadas en el diagnóstico en relación a la venta de los
terrenos de Cañada Real a sus ocupantes son, que podría excluir a una buen número de
habitantes actuales de Cañada del proceso de regularización así como propiciar fenómenos
especulativos en beneficio de inversores ajenos a Cañada, por lo que nos obliga a buscar
fórmulas que eviten tanto la especulación como la exclusión de los propios habitantes de la
Cañada de la futura vivienda en la zona, especialmente aquellos que se encuentran una
situación económica más inestable o precaria.

La posibilidad de venta de terrenos a ocupantes se tiene en cuenta pues es una opción
demandada por un sector de la población de la Cañada que se ha manifestado a favor de la
misma, si bien no es la única opción que proponemos ni la que observamos como más
adecuada. En cualquier caso, esta opción no puede ser la única por los motivos ya expuestos
y, de producirse, los ingresos obtenidos por la venta de algunas parcelas o tramos deberían
revertir en la financiación de la operación de remodelación para generar equidad en el
proceso a favor del común de los habitantes.

Otra opción, que tanto el Plan Cañada (Todo por la Praxis, 2012) como el Plan Social Integral
Participativo (Al Shorok-Amanecer, 2012), por la que se posicionan en favor habitantes de la
Cañada en la regularización de la situación legal de las viviendas es mediante el derecho de
superficie, una modalidad de propiedad pública del suelo que coexiste con la propiedad
privada de la construcción por sus actuales ocupantes.

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