Las Administraciones públicas deben contribuir a garantizar el ejercicio efectivo de los derechos humanos para todos los ciudadanos, a través de políticas públicas, que aseguren su plena inclusión en la comunidad, su pleno desarrollo vital, calidad de vida, autonomía personal y vida independiente, con condiciones
de igualdad de oportunidades y no discriminación, y de accesibilidad universal.