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Empleo público
Personas con
discapacidad

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El artículo 27 de la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad,
- Trabajo y empleo -, establece que los
Estados Partes reconocen el derecho
de las personas con discapacidad a
trabajar en igualdad de condiciones con
las demás; ello incluye el derecho a tener
la oportunidad de ganarse la vida mediante
un trabajo libremente elegido o aceptado
en un mercado y un entorno laborales que
sean abiertos, inclusivos y accesibles a
las personas con discapacidad.

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Y entre las medidas pertinentes que hay
que adoptar para garantizar este derecho,
se incluyen la promoción de oportunidades
empresariales, de empleo por cuenta
propia, de constitución de cooperativas y
de inicio de empresas propias; el empleo de
las personas con discapacidad en el sector
público y en el sector privado mediante
políticas que pueden incluir programas
de acción afirmativa, incentivos y otras
medidas; velando por que se realicen
los ajustes razonables precisos, según
las necesidades, en el lugar de trabajo.

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Las personas con discapacidad pueden
ejercer su derecho al trabajo a través
de los siguientes tipos de empleo:
- Empleo ordinario, en las empresas y
en las Administraciones Públicas,
incluido los servicios de empleo con apoyo.
- Empleo protegido, en centros especiales
de empleo y en enclaves laborales.
- Empleo autónomo.

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Las Administraciones Públicas deben cumplir con Artículo 42 del
Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las
personas con discapacidad y de su inclusión social, sobre la cuota
de reserva de puestos de trabajo para personas con discapacidad:
“Las empresas públicas y privadas que empleen a un número de 50
o más trabajadores vendrán obligadas a que de entre ellos, al
menos, el 2 por 100 sean trabajadores con discapacidad”.

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Con el fin de cumplir este objetivo en el empleo público cada
Administración Pública reserva un porcentaje de plazas en
la Oferta de Empleo Público que aprueba cada año. Esta reserva
ha ido aumentándose con diferentes leyes y normativas hasta
llegar al 7% actual.
Por lo tanto en la Administración Pública debemos diferenciar
cuando hablamos de cumplir el porcentaje mínimo de personas con
discapacidad trabajando en ella (2%) del porcentaje de plazas que
se reservan en las Ofertas de Empleo Público (7% que se divide en
un 5% en general y un 2% para personas con discapacidad intelectual).

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El 46% de las plazas de empleo público
reservadas para personas con
discapacidad quedan desiertas.

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Solo el 53,9% de las plazas destinadas a personas con
discapacidad en las ofertas de empleo público de 2019
y 2020 –últimos años con información disponible– fueron
ocupadas por demandantes de empleo
de este colectivo, mientras que
el resto quedaron desiertas tras la
desestimación de miles de candidatos.
Así se desprende del ‘Informe sobre
acceso de personas con discapacidad
al empleo público en la Administración
General del Estado – ejercicios 2019 y 2020’, presentado en
el Pleno del Consejo Nacional de la Discapacidad y recogido
por Servimedia.
https://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1513396

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En 2020, año marcado por la crisis sanitaria de
la covid-19, el Estado reservó 278 plazas de la
oferta de empleo público (OPE) para personas con
discapacidad. Se presentaron 1.787 candidatos,
pero solo 150 aprobaron, quedando
así el 53,95% de las plazas libres.

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El porcentaje es prácticamente idéntico al de 2019.
Con 563 puestos de trabajo guardados para
personas con discapacidad, solo se seleccionaron
a 304 empleados de los 2.551 que se examinaron,
el 53,99% de las plazas ofertadas.

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Estas cifras difieren de las registradas en
el acceso libre, donde la proporción de
candidatos aprobados por plazas convocadas se
situó en 88,1% en 2019 y en el 83,9% en 2020.

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Así, en la base a los datos del Ministerio de
Hacienda y Función Pública solo el 3% de los
funcionarios que entraron a la Administración
General del Estado durante estos dos años
tenían una discapacidad superior al 33%.

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Cabe recordar que la ley establece que en las
ofertas de empleo público se debe reservar un
cupo “no inferior” al 7% de las vacantes para ser
cubiertas entre personas con discapacidad, “de
modo que progresivamente se alcance el 2% de los
efectivos totales en cada Administración Pública”.

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En estas dos convocatorias, sin embargo, ese objetivo se
incumplió, ya que en ambos años la oferta inicial reservada a
personas con discapacidad fue inferior al 5%. En este sentido,
hay que subrayar que las plazas reservadas para personas con
discapacidad que no se logran cubrir pasan al turno general.

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TENDENCIA
No obstante, Hacienda defiende en su informe que ha mantenido
el “progresivo aumento” de las plazas reservadas a personas con
discapacidad en las ofertas públicas de empleo respecto a ejercicios
anteriores, una tendencia que anticipa que también se ha seguido
produciendo posteriormente entre 2020 y 2021.
Los datos, de hecho, avalan la versión del ministerio liderado por
María Jesús Montero en lo que se refiere a volumen, pero ese
“progresivo aumento” se debe, fundamentalmente, a un
incremento de la oferta de empleo público en todos los ámbitos.

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Así, mientras que las plazas reservadas a
personas con discapacidad representaban
el 5,44% en 2015 o el 5,05% en 2016, este
porcentaje se rebajó hasta el 4,88% tanto
en 2019 como en 2020. En 2017 y 2018
esta proporción fue del 4,87%
y el 4,51%, respectivamente.

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En este contexto, Hacienda reconoce en el documento que quedan
“aspectos susceptibles de mejora”, como el porcentaje de aprobados
en determinadas convocatorias de plazas, como las del subgrupo A1,
por lo que debe realizarse “un esfuerzo para conseguir en el futuro
una mayor participación en estos procesos selectivos”.
Por otro lado, el informe pone en valor que, en paralelo a la actuación de
la Administración General del Estado (AGE), las comunidades autónomas
muestran “una creciente preocupación y esfuerzo” para la incorporación
de personas con discapacidad a sus respectivos ámbitos de competencia.

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LOGRO DEL CERMI
Por su parte, el presidente del Comité
Español de Representantes de Personas con
Discapacidad (Cermi), Luis Cayo Pérez Bueno,
declaró a Servimedia que el acceso al empleo
público de personas con discapacidad “no
alcanza todo el potencial que podría tener,
aunque haya mejorado la presencia y el
progreso de éstas” en la AGE y en
el sector público estatal.

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A su juicio, está siendo “especialmente
positiva” la incorporación de personas
con discapacidad intelectual a partir de
la creación de la subcuota específica
del 2%, un “logro” del Cermi que “debe
generalizarse en todas las administraciones,
como las autonómicas y locales”.

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Como mejoras para seguir favoreciendo el acceso de las personas
al empleo público, el responsable de la plataforma representativa de
la discapacidad en España subraya la renovación del marco normativo
reglamentario, “ya antiguo”, pues data de 2004. Igualmente, pide el
establecimiento, por parte de las administraciones convocantes, de
bolsas de ayudas económicas a aspirantes con discapacidad para
que puedan prepararse las oposiciones, “sin que la desigualdad
de recursos las castigue”.

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“Además, y haciendo algo de autocrítica,
el movimiento social de la discapacidad
debe involucrarse más activamente, como
principal operador de empleo que es en
esta esfera, en desarrollar iniciativas de
acompañamiento al empleo público
de personas con discapacidad”.

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Casi el 4% de los empleados de la
Agencia Tributaria tiene discapacidad.

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El 3,95% de los efectivos totales de la Agencia Tributaria del ministerio
de Hacienda y Función Pública son empleados públicos con discapacidad,
según datos a 31 de diciembre de 2021 proporcionados por este organismo
al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi)
y a la Fundación ONCE, en el marco del convenio institucional de
colaboración que estas tres entidades tienen suscrito.

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Ascienden a 1.014 trabajadores con discapacidad, sobre un total de 25.677
empleados globales que trabajan para la Agencia Tributaria a esa fecha.
Este índice del 3,95% supera en casi el doble al establecido legalmente, que
dispone que las administraciones públicas reservarán un 7% de las plazas que
convoquen para ser cubiertas por personas con discapacidad en sus ofertas
de empleo público para alcanzar al menos un 2% de sus efectivos totales.

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Los centros territoriales con más empleados con discapacidad son las
delegaciones especiales de la Agencia Tributaria de Cataluña, con 176;
la de Madrid, con 127; la de Andalucía, con 113, y la de Valencia, con 105.
La Agencia Tributaria incluyó esta información social en su ‘Plan de
actuaciones para las personas con discapacidad’ correspondiente al
balance del año 2021, presentado en la comisión de seguimiento del convenio
marco de colaboración que tiene firmado con el Cermi y la Fundación ONCE.

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El Gobierno eleva al 10 por 100 las plazas
para personas con discapacidad en las
ofertas de empleo público en el ámbito
de la Administración del Estado.

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El Anteproyecto de Ley de la Función Pública de la Administración
del Estado, aprobado por el Consejo de Ministros la penúltima semana
del año, pretende reservar “un porcentaje no inferior al diez por ciento”
de las plazas convocadas en las ofertas de empleo público para ser
cubiertas por personas con discapacidad frente al 7 % mínimo actual.

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El texto, al que ha tenido acceso Servimedia, incluye también la creación
en cada uno de los departamentos ministeriales de una unidad de inclusión
del personal con discapacidad, medidas ambas que eran reclamadas por el
Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).
En las ofertas de empleo público, las personas con discapacidad podrán
acceder a las plazas “siempre que superen las pruebas selectivas,
acrediten su discapacidad y que esta es compatible con el desempeño
de las tareas y funciones” con el objetivo de alcanzar progresivamente
el 2 % de los efectivos totales de la Administración.

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La norma mantendrá que “al menos” el 2 % de las plazas ofertadas sean
cubiertas por personas que acrediten discapacidad intelectual y el resto
para personas que acrediten “cualquier otro tipo de discapacidad”.
La reserva se hará sobre el número total de las plazas incluidas en la
respectiva oferta de empleo público, “pudiendo concentrarse las plazas
reservadas para personas con discapacidad en aquellas convocatorias
que se refieran a cuerpos, escalas o categorías que se adapten mejor
a sus capacidades y competencias”.

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Por otro lado, a las unidades de inclusión, que se desarrollan en la
disposición adicional novena del anteproyecto, les corresponderá
prestar al órgano directivo del que dependan el “apoyo administrativo
especializado que precise en materia de inclusión del personal con
discapacidad” y asegurar las “medidas de adaptación de puesto
de trabajo” recogidas también la norma.

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Además, deberán velar por la “plena incorporación y desarrollo
profesional de dicho personal en su ámbito laboral, el seguimiento y
evaluación de las medidas en favor de las personas con discapacidad
en las ofertas de empleo público, así como la elaboración de estadísticas
relativas a la efectiva ocupación de plazas en su correspondiente ámbito”.
Estas unidades se integrarán “en la estructura orgánica de cada
departamento ministerial” y quedarán adscritas a la Subsecretaría a través
de alguno de sus órganos directivos dependientes, de acuerdo con “lo que
disponga el real decreto por el que se desarrolla la estructura orgánica
básica del departamento ministerial”.

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