El documento propone objetivos para reducir los índices de pobreza a través de la identificación y penalización de organizaciones políticas corruptas, educación a la población sobre políticas electorales, y concienciar a los ciudadanos sobre delitos electorales. Estos objetivos se lograrían mediante una mejor infraestructura comunitaria, acceso al sistema educativo y de salud, oportunidades laborales, recuperación de fondos públicos y buena administración de recursos, con el fin de reducir la compra de votos.