1. Los gobiernos toleraron el lucro
en las universidades privadas
Por : Patricio Herman
Publicado: 30.08.2011
La LOCE, publicada el día anterior al fin del régimen de Pinochet en 1990,
determinó que las universidades privadas sólo pueden ser corporaciones y
serían regidas únicamente por el Ministerio de Educación, en abierta
contradicción con la legalidad que rige a todo el resto de esas instituciones
obligadas a entregar sus cuentas al Ministerio de Justicia, que acredita que
no tienen fines de lucro. El autor rescata esa normativa y plantea que quienes
fueron cómplices del lucro de las universidades deben dar explicaciones y
cómo deben funcionar una vez que se sancione el fin del negocio de la
educación.
En 1981, durante la dictadura militar de Pinochet, a través de ciertas disposiciones se estableció
que las nuevas y competitivas universidades obligatoriamente tenían que ser fundaciones o
corporacionesde derecho privado. Aunque el lector no lo crea, en aquel entonces se decía que
dichas universidades gozarían de personalidad jurídica por el simple hecho de depositarse en la
División de Educación Superior del Ministerio de Educación una copia de la escritura pública
en que constara el acta de constitución y los estatutos por los cuales se regiría.
Enseguida, en marzo de 1990, la Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) instituyó
que tales casas de estudios superiores solo podían ser corporaciones, dejando la posibilidad que
continuaran como tales las fundaciones de la Universidad Gabriela Mistral, la Universidad
Bernardo O’Higgins, ambas muy ligadas a ese régimen, y otras pocas hoy inexistentes.
Todos sabemos que las personas jurídicas denominadas fundaciones y corporaciones son
autorizadas y fiscalizadas por el Ministerio de Justicia y el Consejo de Defensa del Estado
interviene en la tramitación de sus solicitudes de aprobación, las que en todo caso deben ser
publicadas en el Diario Oficial. Estas personas jurídicas no se pueden vender ni traspasar y, de

2. acuerdo al Código Civil, no pueden perseguir fines materiales, sino tan solo objetivos ideales,
tales como la cultura, la educación, la religión, etc.
En las escrituras de tales personas jurídicas -fundaciones y corporaciones- se señala que su
asamblea (compuesta por los socios activos que eligen el directorio, la comisión revisora de
cuentas y el tribunal de disciplina), debe estar integrada por personas naturales o personas
jurídicas sin fines de lucro, que es lo que ha existido en nuestro país desde hace más de 150
años.
Ahora bien, y yendo al fondo de nuestro planteamiento, lo novedoso es que la LOCE, publicada
el día anterior del término del gobierno de Pinochet, al disponer que las universidades privadas
sólo pueden ser corporaciones, también dijo, en nuestra opinión en forma inconcebible y
acomodaticia, que van a estar regidas únicamente por el Ministerio de Educación. Quien ejercía
el cargo de ministro el 10 de marzo de 1990 era René Salamé, uno de los actuales dueños de la
Universidad Mayor, siendo Ricardo Lagos su sucesor a partir del 11 de marzo de 1990.
El Ministerio de Educación, desatendiendo
a don Andrés Bello, ha dicho que esa asamblea puede estar integrada por personas naturales o
jurídicas que persigan fines de lucro. Entonces ocurre que los socios activos de
lascorporaciones universitarias son diversas sociedades comerciales o inmobiliarias,
vulnerándose abiertamente así la sana doctrina fijada en el Código Civil y por la
institucionalidad chilena. Como vemos, el díscolo Ministerio de Educación ha ido elaborando
una doctrina totalmente distinta de lo establecido por el Código Civil y por el Ministerio de
Justicia para las corporaciones.
Recordemos que, por un período de tiempo, bajo el actual gobierno ejerció ese cargo público un
político que era socio, y posiblemente lo sigue siendo, de una sociedad inmobiliaria que obtuvo
lucro arrendándole uno de sus inmuebles a la Universidad del Desarrollo. Tampoco podemos
olvidar que en el dolo de la becas Valech, detectado en el gobierno de Bachelet, intervinieron,

3. coludidos, altos funcionarios del Ministerio de Educación con autoridades de la muy privada
Universidad UNIACC.
En Chile, país que curiosamente es miembro de la muy seria y conspicua OCDE, se ha llegado a
un escenario fantasmagórico: mientras el Ministerio de Justicia establece que los directores de
lascorporaciones no pueden recibir retribuciones económicas, el Ministerio de Educación dice lo
contrario. Si en una corporación regida por el Ministerio de Justicia, como en rigor corresponde,
se contraviene alguna de las disposiciones de esas personas jurídicas sin fines de lucro, entra a
tallar el Consejo de Defensa del Estado en resguardo del cumplimiento de la legalidad y del
Estado de Derecho.
Las universidades privadas, por ser corporaciones, están exentas del impuesto a la renta y del
IVA. En varias de ellas las inmobiliarias succionan las utilidades, vía arriendo de edificios, en
otras son los familiares de los dueños quienes por la vía de contratos de servicios u otras figuras
retiran las utilidades y con esta simulación, tolerada por todos los que han ejercido el poder
político, se configura el fraude.
Toda la clase dirigente sabe lo que estamos afirmando y por ello sería interesante conocer ahora
la opinión del actual ministro de Educación respecto del momento que estamos viviendo. La
opinión pública tiene el deber de estar al tanto de lo acontecido después de la LOCE y espera
conocer las explicaciones de aquellos que han ejercido el cargo de ministro de Educación
durante los 20 años de la Concertación.
Dos ministras eran dueñas de colegios particulares subvencionados y ambas, especialistas en el
tema, no hicieron nada para revertir lo que acontecía con el lucro mal habido en las
universidades privadas. Los estudiantes, quienes con sus intensivas marchas pusieron en el
tapete público este escándalo, esperan las explicaciones de todos aquellos que han tenido
responsabilidades en el aparato público.
El ministro Bulnes, arrinconado por las evidencias de los millonarios fraudes cometidos, ha
dicho que bajo su administración se empezará a fiscalizar para que las ganancias que tengan las
universidades privadas sean efectivamente reinvertidas en las actividades propias, es decir,
pedagógicas, de esascorporaciones hasta ahora muy lucrativas.

4. Desde esta tribuna le señalamos al
ministro que tal fiscalización es innecesaria ya que solo basta la modificación precisa para que
las corporaciones universitarias estén bajo la tutela y control del Ministerio de Justicia y del
Consejo de Defensa del Estado. Si ello ocurre, ninguna de estas universidades privadas se va a
atrever a cometer las trampas que la periodista María Olivia Monckeberg denunció años atrás
con lujo de detalles, sin que nadie se diera por aludido. Todos miraron para el lado porque este
negocio era muy bueno. Lo mismo sucedió con los derivados financieros que ocasionaron en el
2008 la crisis hipotecaria subprime en EE.UU.: como todos ganaban a raudales, todos
enmudecieron a sabiendas del timo.
El gobierno de Piñera ha anunciado que está dispuesto a reunirse con los dirigentes estudiantiles
en La Moneda, lo que es necesario para resolver en debida forma las legítimas demandas de una
ciudadanía joven cada día más consciente que Chile puede llegar al desarrollo sólo si se cuenta
con una educación igualitaria de calidad y erradicándose los ardides en la estructura de nuestra
institucionalidad.
Finalmente, estamos de acuerdo en que existan universidades privadas con fines de lucro porque
hay mercado para ellas y porque nuestro país es un devoto del sistema neoliberal llevado al
extremo. Estas universidades deberían estar constituidas como sociedades privadas, tales como
anónimas abiertas o cerradas, colectivas, de responsabilidad limitada u otras, pero no deberán
estar exentas del impuesto a la renta, ya que sus socios u organizadores han ingresado al giro
educacional estimando que obtendrán utilidades.
Asimismo, estas universidades no deberían recibir aportes del Estado y obviamente no tendrán
las restricciones respecto a las inhabilidades para contratar profesores, directivos o
administrativos. En estas universidades mercantiles debería operar la libertad más absoluta y
nadie podría exigir ningún tipo de regulación, tal como le gusta a quienes concentran la riqueza
en Chile. Luego, los alumnos que dispongan del dinero suficiente para pagar sus aranceles no
podrán reclamarle al Estado por sus eventuales insatisfacciones que tengan mientras allí
estudien.