Desde que el principal río de la región fue represado y su agua privatizada por la industria agrícola y por la mayor explotación de mina de carbono a cielo abierto del mundo, la mayor comunidad indígena de Colombia, compuesta por los pueblos Wayúu, muere de hambre y sed. Situada en el extremo norte del país, en la península desértica de La Guajira, la población sufre por desnutrición, contabilizando por lo menos 37 mil niños indígenas desnutridos. Datos señalan que cerca de 14 mil niñas y niños ya murieron de inanición.

1. Privatización de río provoca 14 mil muertes de indígenas por
inanición
Principal población indígena de Colombia no tiene acceso al único río
de la región. Foto: Reproducción.
Marcela Belchior 2 abril 2015. Adital
Desde que el principal río de la región fue represado y su agua
privatizada por la industria agrícola y por la mayor explotación de
mina de carbono a cielo abierto del mundo, la mayor comunidad
indígena de Colombia, compuesta por los pueblos Wayúu, muere de
hambre y sed. Situada en el extremo norte del país, en la península
desértica de La Guajira, la población sufre por desnutrición,
contabilizando por lo menos 37 mil niños indígenas desnutridos.
Datos señalan que cerca de 14 mil niñas y niños ya murieron de
inanición.
Según entidades que acompañan a la población, es difícil dimensionar
la tragedia que ha acometido a los Wayúu. Esto es así porque esa
comunidad, de origen pre-hispánico, carece de la presencia estatal
colombiana efectiva. Datos divulgados por el diario digital
alternativo Las 2 Orillasseñalan que la mayor parte de los niños
indígenas que mueren en la región no consigue llegar a los centros de
salud más cercanos para ser atendida. Sin medios de transporte,
ellas tendrían que caminar enormes distancias por el desierto.
Por igual motivo, más de la mitad de ellos ni siquiera son inscriptos
en el registro civil al nacer, tampoco generan declaraciones de óbito,
al fallecer. Lo que imposibilita al gobierno obtener estadísticas reales
de la situación en La Guajira.
Los Wayúu viven sin acceso al agua desde que el río Ranchería, único
en la región, se secó en su totalidad. Su caudal está hoy destinado,

2. exclusivamente, a las grandes haciendas del sur de la región y a las
operaciones industriales de las minas de carbono. Actualmente, en su
lecho transitan automóviles y animales de carga. Con esto, la etnia
vive en condiciones de miseria, careciendo de alimentos y servicios
básicos, como un acueducto y salud, además de electricidad y
educación.
Desigualdad social y degradación ambiental
La región de La Guajira, con una población de 500 mil personas,
recibió en los últimos 20 años más de 1.000 millones de dólares de
incentivo para la extracción de sus recursos naturales (carbono y
gas), además de un monto anual que deviene del Presupuesto
Federal de Colombia. No bastando el destino desigual de recursos
para las poblaciones, de acuerdo con Las 2 Orillas, la mayor parte de
esos recursos termina siendo desviada en esquemas de corrupción
que dominan las administraciones públicas locales.
Según el medio alternativo, el gobierno colombiano destina recursos
del Presupuesto Federal para la etnia Wayúu. Sin embargo, los
fondos no llegan a los indígenas. El Programa de Alimentación y
Nutrición (PAN) para La Guajira, por ejemplo, destinado a mejorar la
seguridad alimentaria y nutricional de poblaciones en condiciones de
extrema pobreza, tiene una inversión anual de más de 15 millones de
dólares, pero se encuentra enganchado a redes de corrupción, que
detienen ese dinero ilegalmente. Denuncias de portavoces de los
indígenas señalan que esos fondos terminan siendo utilizados en la
captación de votos en campañas políticas.
37 mil niños de los Wayúu sufren por desnutrición.
Foto: Reproducción.
En medio de todo este contexto, la Defensoría del Pueblo, órgano
gubernamental encargado de la defensa de los derechos humanos de
la población, llegó a calificar la situación como "crisis humanitaria”. El
último mes de febrero, representantes del pueblo Wayúu recurrieron

3. a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la
Organización de Estados Americanos (OEA), para que tutele la
garantía de sus derechos fundamentales.
Los indígenas reivindican que la CIDH establezca medidas cautelares
urgentes que permitan recuperar el uso del único río que hay en la
región y, con esto, contener la actual mortandad por inanición,
principalmente de niños y ancianos. La pretensión es que la
comunidad vuelva a tener acceso al recurso natural y disfrute, de
manera segura, prioritaria y exclusiva, del agua. Para ello, requieren
la apertura inmediata de las compuertas de la represa para la
población y que la industria utilice otras fuentes públicas de agua,
como las subterráneas.
Sepa más sobre el contexto del pueblo Wayúu a través del
documental inédito "El río que se robaron”, del periodista colombiano
Gonzalo Guillén. La producción, con imágenes y testimonios de las
víctimas, será utilizada como prueba judicial ante la CIDH sobre los
hechos denunciados.
Marcela Belchior
Es periodista de Adital. Maestra en Comunicación y Semiótica en
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), investiga las
relaciones culturales en América Latina.