Los integrantes de la guardia comunitaria de San Miguel Aquila, Michoacán, siguen en la cárcel y la comunidad está desperdigada desde agosto de 2013. La razón está en los intereses del gobierno estatal y el crimen organizado en la mina de hierro propiedad de los nahuas, coinciden el comunero Guadalupe Díaz y Leonel Rivero, abogado de los detenidos. A eso y a la discriminación por ser indígenas achacan el “trato diferenciado” con respecto a las autodefensas de Tierra Caliente. Después de conflictos con la empresa que explota el mineral para que pagara por la extracción, llegaron las actividades del crimen organizado.

1. México: En Aquila, la mina está detrás de todo
Desinformémonos, 2 de febrero.- Los integrantes de la guardia
comunitaria de San Miguel Aquila, Michoacán, siguen en la cárcel y la
comunidad está desperdigada desde agosto de 2013. La razón está
en los intereses del gobierno estatal y el crimen organizado en la
mina de hierro propiedad de los nahuas, coinciden el comunero
Guadalupe Díaz y Leonel Rivero, abogado de los detenidos.
A eso y a la discriminación por ser indígenas achacan el “trato
diferenciado” con respecto a las autodefensas de Tierra Caliente.
Después de conflictos con la empresa que explota el mineral para que
pagara por la extracción, llegaron las actividades del crimen
organizado.
Cuando los comuneros decidieron defenderse en 2013 –después de
apelar a los diferentes niveles de gobierno-, vino un operativo
policiaco que dejó 45 detenidos y dos muertos.
Desde entonces, los comuneros indígenas no pueden volver a sus
tierras, la empresa sigue explotando el mineral y el Tribunal Agrario
rechazó la representación comunal y aceptó a personas que los
indígenas denuncian como vinculadas al crimen organizado.
“El gobierno quiere saquear los recursos de las comunidades
indígenas sin dejar nada a cambio”, denuncia Díaz. El tejido
comunitario está roto, relata, por lo que se requerirán acciones más
allá de restablecer la seguridad en esta comunidad nahua.
Y Aquila no está comprendido en los acuerdos que tomó el gobierno
con las autodefensas de Tierra Caliente, precisa Rivero.
En entrevista anterior con Desinformémonos, el analista Carlos Fazio
puntualizó que en Michoacán, “la economía criminal está entrelazada
con los negocios, y me temo que haya grupos empresariales que
tienen grupos armados y están coludidos con funcionarios del Estado.

2. En el discurso oficial todo se centra en Caballeros Templarios, Jalisco
Nueva Generación y autodefensas, pero nunca nos hablan de los
políticos, empresarios, banqueros y aduanales; es decir, toda la
estructura económica y gubernamental que tiene que ver con la
importación-exportación de distintos productos de la economía
nacional por el puerto de Lázaro Cárdenas”. Entre ellos está el hierro.
BBC News publicó recientemente que los empresarios chinos –los
mayores consumidores del hierro michoacano- están enterados de
que la mayor parte de la exportación del mineral la hace el crimen
organizado.
«»Todo empezó en la mina.
La historia de la comunidad indígena de San Miguel Aquila y la minera
Ternium (antes llamada Los Encinos) comenzó hace 30 años. La
empresa pagaba solamente mil 500pesos anuales a cada comunero
por la ocupación de tierras.
Las complicaciones comenzaron cuando la comunidad decidió exigir
un pago de acuerdo con el volumen de mineral extraído. “Mataron a
dos comisariados por eso.
La comunidad detuvo la extracción por cinco años, pero luego regresó
la empresa a seguir sacando el fierro sin pagar”, relató la comunera
Ofelia Alcalá a Desinformémonos en 2013.
En 2011, después de una mesa de negociación en la que el gobierno
estatal actuó como interlocutor y representante de la mina, se logró
acordar un pago de 3.80 dólares por tonelada de material extraído. El
pago convenido duró solamente dos meses.
Los comuneros protestaron y el pago volvió, pero llegaron también
las extorsiones del cártel de los Caballeros Templarios: 2 mil pesos
mensuales por comunero.
La comunidad aguantó la situación un año y medio, pero las
exigencias de los delincuentes aumentaron, así como sus actividades:
robo de autos, levantones y saqueo de materiales minerales en un
lote diferente al que ocupa Ternium. Ni las autoridades ni la empresa
tomaron cartas en el asunto.
La asamblea comunal tomó una decisión: el surgimiento de la guardia
comunitaria. Los criminales y las autoridades municipales ligadas a
ellos fingieron un conflicto intracomunitario, denunciaron los
comuneros, lo que facilitó el golpe policiaco contra los indígenas.
El 14 de agosto de 2013, un operativo coordinado del ejército, la
marina y la policía estatal entró a Aquila y detuvo a 45 integrantes de
la guardia comunitaria; 2 más fueron asesinados. En ese momento,
los pobladores denunciaron que con el ejército llegaron miembros del
crimen organizado.

3. Los comuneros intentaron dialogar pero fueron recibidos a tiros. Las
armas de la guardia fueron decomisadas y los comunitarios detenidos
fueron enviados a penales de alta seguridad. El presidente municipal
volvió.
Después de la desarticulación de la guardia comunitaria, “vinieron
cinco asesinatos, tres desapariciones forzadas y levantones por parte
del crimen organizado de los que todavía se quedaron en la
comunidad”, relata Díaz.
La comunidad se desplazó y sus integrantes se fueron principalmente
a Colima, el Distrito Federal y Jalisco. Un ex integrante de la guardia
–que pidió mantener su nombre en el anonimato- afirmó en semanas
anteriores a Desinformémonos que muchos comuneros viven en los
cerros, huyendo de las fuerzas del orden y de los Templarios.
Díaz afirma que en la actualidad, todas las familias indígenas tuvieron
que desplazarse del estado y hoy ya sólo viven en Aquila los
avecindados. El crimen organizado aumentó la cuota a los
avecindados del municipio, para recuperar sus “pérdidas” por el
desplazamiento de los comuneros.
Los comuneros están también inmersos en una disputa por la
titularidad del comisariado de Bienes Comunales, pues las
autoridades reconocieron a personas que los indígenas rechazan por
su involucramiento con el crimen organizado.
“Y tan real es, que la Policía Federal los detuvo la semana pasada por
delincuencia organizada”, confirma Rivero. La mina sigue explotando
el mineral y se lo lleva “sin dejar beneficio alguno a la comunidad.
La regalía que dan no es la que convenimos, pero aprovechando la
situación de desplazamiento, ellos hacen lo que quieren”, informa el
comunero. La Jornada reportó que a principios de la década de 1990,
el gobierno federal otorgó a la empresa minera una concesión por
300 hectáreas, con un área de explotación de 73 de ellas, pero a la
fecha Ternium ha invadido 200 hectáreas.
«»Los presos.
La guardia comunitaria de Aquila no tuvo tiempo para conformarse
bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo
(OIT), pues el operativo policiaco para disolverla llegó a pocas
semanas de su nacimiento.
De los 45 detenidos en agosto de 2013, 40 siguen procesados por
violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos. En el penal de alta
seguridad de Villa Aldama, Veracruz, se encuentran 16 de ellos, y
tres en la cárcel de Morelia.
Los otros 21 siguen su proceso en libertad bajo caución. “Los tienen
segregados, sujetos a castigos y a más de mil kilómetros de su

4. comunidad, con la posibilidad de enfrentar condenas de hasta 40
años de prisión”, denuncia Leonel Rivero.
“El Estado utilizó a San Miguel Aquila para dar un mensaje de mano
dura a las otras guardias comunitarias”, considera el experimentado
abogado. El proceso judicial está en la etapa de apelación al auto de
formal prisión, lo que significa que no se ha desahogado aún ni una
sola prueba.
La defensa de los comuneros, encabezada por Rivero, se acogerá a
una estrategia novedosa, que es demostrar que si la guardia
comunitaria cometió un delito contra el principio de Seguridad Pública
–al no respetar el monopolio de la fuerza del Estado-, lo hizo para
preservar derechos mayores, como el de la vida, la integridad física y
el patrimonio.
El elemento principal será un peritaje por medio del cual demostrarán
que hubo un “estado de necesidad” que obligó a los comuneros a
constituirse como grupo de autodefensa.
“El argumento de la defensa es que al proteger los derechos
superiores, hay una excluyente de responsabilidad, pues se debe
preservar el principio más alto, el de la vida y la integridad, porque
¿de qué sirve preservar el principio de seguridad pública si no hay
ciudadanos a los cuales aplicárselo? Por ejemplo, si el crimen
organizado mata a todos los habitantes”, explica el abogado.
Aunque la guardia comunitaria de Aquila no está vinculada a las
autodefensas de Tierra Caliente ni su argumento legal lo hace, los
discursos del gobierno en la legalización de éstas reconocen
expresamente que el principio de seguridad pública falló, puntualiza
Leonel Rivero.
«»El largo camino de la reconstrucción de una comunidad.
En este momento no hay un diálogo con el gobierno, confirma Díaz.
Los comuneros no tienen información sobre la llegada de las
autodefensas de Tierra Caliente a Aquila, pues los únicos que quedan
habitando son los avecindados y no saben si se unieron o no a ellos.
Los comuneros están concentrados en la liberación de su guardia y ni
siquiera pueden discutir si es pertinente acogerse a la legalización
ofrecida por las autoridades.
La minera ha vulnerado los acuerdos con la comunidad y pretende
expandir la explotación, en lo que están coludidas tanto autoridades
estatales como el crimen organizado, explica el abogado. “Por eso se
requiere una solución más integral” que la mera legalización de la
guardia, explica
La primera acción necesaria para restablecer la normalidad en la
comunidad de San Miguel Aquila es la libertad de los presos,

5. coinciden Guadalupe Díaz y Leonel Rivero, así como el desistimiento
de las órdenes de aprehensión que existen.
En la última semana de enero de 2014, los comuneros y otras
organizaciones campesinas iniciaron la “Campaña Nacional e
Internacional por la Libertad y la Justicia”, entre cuyas demandas
está la liberación de la guardia comunitaria.
También se debe recomponer el tejido social, lo que implica atender
toda la conflictividad que se dio dentro de la comunidad a partir del
problema con la mina, que llevó a que se constituyera un comisariado
ejidal que no representaba los intereses de la comunidad y que
siempre fue señalado como aliado con el crimen organizado, agrega
el defensor.
“Debe reconocer a las autoridades comunales desconocidas por el
Tribunal Agrario y atender el tema de la explotación minera que
Ternium hace fuera de su concesión”, detalla.
“Lo que queremos es la liberación de presos para vivir en paz, que el
gobierno estatal y el federal brinden seguridad a la comunidad para
que existan las condiciones de que se pueda reintegrar al municipio
de manera tranquila”, finaliza Guadalupe Díaz.
Desinformémonos: http://desinformemonos.org
URL: http://desinformemonos.org/2014/02/en-aquila-la-mina-estadetras-de-todo/