Este documento discute un proyecto de ley colombiano que limitaría la inversión extranjera en el sector de vigilancia y seguridad privada. Cuatro empresas de seguridad multinacionales se oponen a dos artículos que eliminarían la inversión extranjera, argumentando que esto pondría en riesgo 60,000 empleos y $400 millones en inversiones. Sin embargo, algunos congresistas argumentan que esto es necesario para no dejar las armas en manos de extranjeros. El gobierno advierte que esto podría violar tratados com

1. Proyecto de ley limitaría la inversión
¿Freno a empresas extranjeras de vigilancia en Colombia?
Mientras cuatro multinacionales de seguridad privada dicen que dos
artículos de la normatividad las sacaría del mercado, la bancada del
Polo Democrático argumenta que es cuestión de no dejar las armas
en manos de extranjeros.
Por: Édinson Arley Bolaños ECONOMÍA 12 ABR 2016 EL
ESPECTADOR
El proyecto de ley que pretende modificar la regulación del sector de
vigilancia y seguridad privada en Colombia, vigente desde 1994, tiene
enfrentadas a cuatro empresas extrajeras y a las más de 700
nacionales que operan en el mercado. La razón: dos artículos que en
el Senado ya fueron aprobados y que ahora están debatiéndose en la
Cámara de Representantes, los cuales textualmente eliminan la
inversión de capitales extranjeros en el sector.
En general, todos coinciden en que la actualización de la
normatividad es necesaria de cara a los nuevos cambios tecnológicos
que ha modificado las formas de vigilar en el mundo. Sin embargo, el
escollo salió a relucir ayer en la Comisión Segunda de la Cámara,
donde tanto el Gobierno, las empresas privadas extranjeras, las
nacionales privadas y los congresistas sentaron su posición frente a lo
que puede suceder en ese recinto del Congreso de aquí a junio
cuando deberá estar aprobada la ley, sólo faltando ese debate y uno
en plenaria de Cámara.
La cuestión con las multinacionales que ya operan en el país es que
de aprobarse esa norma, tal como hoy está redactada, las sacaría del
mercado una vez se venza la licencia de operación que es por cinco

2. años. Prosegur Vigilancia y Seguridad Privada, G4s Secure Solutions
Colombia S. A., Securitas Colombia S. A., y la transportadora de
valores Brinks de Colombia S. A., tendrían los días contados de pasar
el proyecto en la Cámara baja.
El argumento de los representantes de las empresas extranjeras, que
por ahora hablan sin revelar nombres, es que el proyecto 072 atenta
gravemente contra la estabilidad jurídica de la inversión extranjera y
por eso alistan artillería jurídica para hacer cumplir tratados
internacionales que ha firmado el país. Además, aseguran, “estarían
en riesgo más de 60.000 empleos que generamos y cerca de US$400
millones de inversión”.
María Camila Agudelo, representante de la Asociación Nacional de
Industriales (Andi), dijo que dicha prohibición “estaría debilitando
nuestras relaciones con socios de otros países de la región que sí
consagran ese tipo de inversión. Solicitamos que se elimine ese
artículo del proyecto de ley”.
Mientras tanto, Evaristo Rafael Rodríguez, uno de los voceros de las
empresas nacionales, explicó la la desigualdad del país frente a los
tratados de libre comercio en este sector. Según él, Colombia permite
que empresas internacionales operen en el territorio, pero que, por
ejemplo, la Unión Europea lo restringió desde 2014.
Y justo este punto es el argumento de la bancada del Polo
Democrático para mantener el parágrafo que tiene molestas a las
empresas internacionales. Uno de los ponentes, el representante
Alirio Uribe, así lo hizo saber: “El tema de fondo es el manejo de las
armas en el interior de un país. La Corte Constitucional ya dijo que
era legítimo limitar la inversión extranjera de seguridad privada y
vigilancia. Hemos dicho que los dineros externos, lejos de generar
empleos, han desindustrializado el país y no vamos a dejar que
cuando este sector lo maneja el 90 % de empresas nacionales, ahora
vaya a abrirse un boquete para que lleguen en desbandada las
externas”. Según la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, en 2014 la facturación total del sector fue de $7,5 billones,
de los cuales, el 7 % correspondió a las cuatro multinacionales.
Pero del lado de empresas colombianas también hay defensores de la
inversión exterior. Felipe Molinares, representante de Seguridad de
Occidente, manifestó que eso sería cerrarles la puerta a las
nacionales que tienen negocios en otros países como la de él y otras
cuatro compañías.
La ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, también hizo una defensa
enérgica a los recursos que provienen del extranjero. “Colombia se ha
distinguido por cumplir los compromisos internacionales que han
pasado por este Congreso. No renovar las licencias a esas empresas
va a dejar en el limbo a muchos empleados. Y de otro lado, ¿qué va a

3. pasar con los tratados y la confianza inversionista, que significa no
cambiar las reglas de juego? Al prohibir la inversión extranjera
quedaríamos como el hazmerreír del comercio mundial”.
En ese mismo tono Guillermo Botero, presidente de Fenalco, volvió a
tocar un tema que por estos días se ha puesto de moda entre las
empresas mineras extranjeras, a las que les revocarían sus títulos
que estén en los páramos, es decir, demandar al Gobierno por no
cumplir con los TLC.
“Nosotros no somos partidarios de una inversión extranjera a
ultranza. Puede ser gradual durante los años, pero tal como dice el
artículo, se excluye a las extranjeras y seguramente va a haber
retaliación en el exterior donde Colombia empieza a hacer pinitos
para invertir. Además, son normas acordadas en tratados
internacionales y ya tenemos varias quejas por incumplimiento. Esta
sería una más”, dijo.
En total son 740 empresas registradas ante la Superintendencia de
Vigilancia y Seguridad Privada, las cuales se dividen en compañías de
servicios de vigilancia, capacitación, cooperativas, blindadoras,
empresas asesoras, transportadoras de valores y arrendadoras. Pero
sin duda la puja está concentrada entre las que manejan las armas
en todo el territorio nacional, y quienes dicen desde el Congreso que
eso debe ser de autonomía de colombianos.
Por ahora los defensores de dichos artículos tienen la mirada puesta
en las 7.553 armas en manos de las cuatro multinacionales, de las
85.359 que están distribuidas entre todas las empresas que prestan
los servicios de seguridad y vigilancia en el país.